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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02583-01

Fecha
1 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02583-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la providencia del 9 de junio de 2022 dictada por la Sección – Sección Segunda – Subsección “A” del Consejo de Estado que DECLARÓ IMPROCEDENTE y NEGÓ la acción de tutela promovida por el señor Michael Andrés Mahecha Leyton y otros, de conformidad con la parte motiva de este proveído. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 12 Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia del 29.11.2018. M.P. 29 de noviembre de 2018. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, Rad.: 54001-23-3 1-000-2003-01282-02. 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Demandados: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección “B” Radicado: 11001-03-15-000-2022-02140-01 TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-02583-01

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

1 de septiembre de 2022

Demandante: Michael Andrés Mahecha Leyton y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera - Subsección “C” y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02583-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., primero (1°) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02583-01
Demandante: MICHAEL ANDRÉS MAHECHA LEYTON Y OTROS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA -
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “C” Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
del 9 de junio de 2022, dictada por el Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección “A” que rechazó por improcedente el cargo referido al defecto fáctico
y negó la solicitud de amparo en lo que tiene que ver con el desconocimiento del
precedente.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito presentado el 10 de mayo de 2022 por medios electrónicos, los
señores Michael Andrés Mahecha Leyton, María Teresa Leyton Bueno y Leidy
Paola Mahecha Leyton, actuando a través de apoderada judicial, ejercieron acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección “C” y el Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, con
el fin de que les sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso
e igualdad.

2. La parte accionante consideró vulneradas las referidas garantías
constitucionales con ocasión del auto de 8 de julio de 2021 dictado por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “C”, mediante
el cual confirmó la decisión de primera instancia que rechazó de plano la demanda
por caducidad, proferida por el Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá el 22 de noviembre de 2019, en el curso del medio de control de reparación
directa, con radicado 11001-33-36-035-2019-00264-01, instaurado por el señor

1
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Michael Andrés Mahecha Leyton y otras1 contra la Nación – Ministerio de Defensa
– Armada Nacional.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó la protección de sus garantías
fundamentales y, en consecuencia, pidió:

“SEGUNDA: REVOCAR el auto del Juzgado Treinta y Cinco (35)
Administrativo de Bogotá proferido en noviembre 22 de 2019 y providencia
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
C, notificada en noviembre 11 de 2021, mediante las cuales se rechazó la
demanda por conteo del término de caducidad, dentro de la acción de
reparación directa Radicado No.11001-33-36-035-2019-00264-00 y 11001-
33-36-035-2019-00264-01.

TERCERA: DEJAR SIN EFECTO las decisiones proferidas en primera y
segunda instancia por el Juzgado Treinta y Cinco (35) Administrativo de
Bogotá proferida en noviembre 22 de 2019 y por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, notificada en noviembre 11
de 2021, en el proceso de reparación directa contra la NACIÓN –MINISTERIO
DE DEFENSA – ARMADA NACIONAL. Radicados No. 11001-33-36-035-
2019-00264-00 y 11001-33-36-035-2019-00264-01.

CUARTA: ORDENAR al Juzgado Treinta y Cinco (35) Administrativo de
Bogotá, que emita nuevo auto admitiendo la demanda dentro del proceso de
acción de reparación directa, interpuesto por los ciudadanos MICHAEL
ANDRES MAHECHA LEYTON, MARIA TERESA LEYTON BUENO y LEIDY
PAOLA MAHECHA LEYTON contra la Nación – Ministerio de Defensa−
Armada Nacional, radicado 11001-33-36-035-2019-00264-00, teniendo en
cuenta el computo de la caducidad desde el conocimiento cierto del daño
(noviembre 11 de 2018) aplicando la excepción del cómputo del tiempo de
caducidad al no existir fecha cierta de la ocurrencia del hecho, el cumplimiento
de los requisitos de transparencia, suficiencia, interpretación favorable”.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para
la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El 18 de septiembre de 2019 el señor Michael Andrés Mahecha Leyton, en
compañía de su grupo familiar2, instauró demanda en ejercicio del medio de
control de reparación directa con el fin de que se declarara administrativa y
patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Armada
Nacional por los perjuicios ocasionados como consecuencia de las lesiones
padecidas en su piel al haber contraído Leishmaniasis cutánea mientras prestaba
el servicio militar obligatorio, afectación que le generó un 13% de pérdida de
capacidad laboral.

1 Las demás accionantes son las señoras María Teresa Leyton Bueno y Leidy Paola Mahecha

Leyton.
2 Ibidem

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5. El proceso de reparación directa fue conocido en primera instancia por el
Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, autoridad judicial que
mediante auto del 22 de noviembre de 2019 rechazó la demanda al considerar
que operó el fenómeno de la caducidad3. Adujo que el señor Mahecha Leyton fue
diagnosticado con Leishmaniasis en julio del 2016, en ese orden de ideas, para la
fecha de la realización de la Junta Médico Laboral del 27 de febrero de 2019, ya
tenía conocimiento de su diagnóstico y por ende conocimiento del daño. Concluyó
que el término para demandar vencía en julio de 2018 mientras que la solicitud de
conciliación prejudicial fue presentada el 9 de abril de 2019.

6. En contra de la anterior providencia, la parte demandante interpuso recurso de
apelación, el cual fue desatado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección “C”, que mediante proveído del 8 de julio de 2021
confirmó la decisión del a quo.

7. Como fundamento indicó que con la realización de la Junta Médico Laboral el
señor Mahecha Leyton conoció las secuelas y magnitud que dejó en su cuerpo el
incidente, más no el daño, del cual tuvo certeza con anterioridad, esto es, en el
mes de julio de 2016, fecha en la que fue tratado para la enfermedad de
Leishmanisis y se recuperó satisfactoriamente.

8. Concluyó que, los demandantes confundieron el conocimiento del daño con la
magnitud del mismo que se conoce a través de la notificación del dictamen
proferido por una Junta de Calificación de Invalidez, frente a la cual la
jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que no puede constituirse,
en ningún caso, como parámetro para contabilizar el término de caducidad.

9. El auto que resolvió el recurso de apelación fue notificado el 11 de noviembre
de 2021.

1.4. Sustento de la vulneración

10. La parte actora consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad con ocasión de la providencia del 8 de julio de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección “C”, mediante la cual se confirmó la decisión del a quo, que rechazó
la demanda de reparación directa al considerar que operó el fenómeno jurídico de
la caducidad.

11. Arguyó que en el caso concreto el término de caducidad no puede estudiarse
de manera simple, si se tiene en consideración que el afectado directo no tiene
certeza de cuando fue picado por el zancudo que transmite la enfermedad, lo que

3Con fundamento en el numeral 2 del literal i) del artículo 164 Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

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indica que no se tiene un daño cierto a partir de ese momento, incluso en algunos
de los casos se supera la Leishmaniasis sin compromiso alguno de la piel.

12. Insistió en que solo hasta el 11 de noviembre de 2018 fue revisado por
dermatología y en ese momento conoció el daño. El concepto de dicha
especialidad fue el único fundamento para realizar la Junta Médico Laboral el 27
de febrero de 2019, por lo que el momento en el que le indican que las cicatrices
son permanentes, es aquel en el que se configura el conocimiento y la certeza del
daño.

13. Destacó que en otros casos la enfermedad no generó pérdida de capacidad
laboral para quienes la padecieron, mientras que en el actor ocasionó un 13% de
disminución, lo que evidencia que es solo hasta la Junta Médico Laboral que se
adquirió la certeza de la ocurrencia del daño, por cuanto “la picadura de un zancudo
no genera certeza de la existencia de un daño, ya que no se está hablando de una
amputación o perdida de un órgano”. En virtud de lo expuesto consideró que se
incurrió en los siguientes yerros:

14. Desconocimiento del precedente: pese a que la parte actora lo denominó
defecto sustantivo, en dicho acápite indicó que se desconoció el precedente
vertical del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional relativo a la
responsabilidad del Estado por daño a los soldados conscriptos durante la
prestación del servicio militar obligatorio, de igual manera, las decisiones
horizontales proferidas en casos análogos.

15. Defecto fáctico: afirmó que para sustentar la decisión de rechazo no se
realizó un análisis juicioso de las pruebas ni el impacto de la enfermedad, lo que
generó que los autos fueran adoptados sobre suposiciones acerca de la fecha en
la que debe iniciarse el conteo de la caducidad, en virtud de que la picadura del
zancudo no puede ser considerada como conocimiento del daño, aunado a que
no existe certeza de la fecha en que ocurrió este suceso.

16. Continuó su línea argumentativa, verificando el cumplimiento de cada uno de
los requisitos generales de la acción de tutela contra providencia judicial y
mencionó que la discusión tiene relevancia constitucional porque se desconoce la
responsabilidad del Estado frente a los daños antijuridicos ocasionados a los
accionantes, ya que debe asumir el deber de reparar los daños sufridos durante
la prestación del servicio militar obligatorio.

17. De igual manera, adujo que se desconoció el régimen de responsabilidad
aplicable a los conscriptos por el rompimiento del equilibrio de la igualdad ante las
cargas públicas que se genera al ser incorporado a la prestación del servicio
militar, evento en el cual solo está obligado a soportar la restricción relativa a los
derechos y libertades que resultan inherentes a la actividad militar.

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18. Consideró que se agotaron todos los recursos ordinarios y extraordinarios y
se cumple con el requisito de la inmediatez. Igualmente, refirió:

“En el presente caso se presenta un defecto de orden procesal, que se
evidencia en el contenido de las providencias proferidas por el Juzgado Treinta
y Cinco (35) Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, dentro de la
acción de reparación directa referido al defecto fáctico por valoración defectuosa
del material probatorio y por indebida valoración probatoria, error que incidió en la
determinación desfavorable de las pretensiones, pues:
a) Las accionadas se apartaron por completo de los hechos debidamente probados
y no realizó análisis objetivo de la evidencia probatoria presentada omitiendo su
valoración integral dando como cierta una fecha para el conteo de caducidad de la
acción, sin tener en cuenta que hay una excepción a la regla en casos especiales
como el que nos ocupa.
b) Conforme al material probatorio aportado se evidencia la incongruencia entre lo
probado y lo resuelto por parte del Juzgado Treinta y Cinco (35) Administrativo de
Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
C.
c) Se dieron por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro
del proceso, como el aseverar que por la simple picadura de un zancudo se puede
inferir que existe un daño que deberá ser reparado por el Estado Colombiano”.

19. Refirió apartes de la sentencia T -011 de 2017 en la que la Corte Constitucional
estableció que el hecho de que una persona se encuentre reclutada permite
concluir que realiza una tarea directamente relacionada con la obligación de
prestar el servicio militar. Adujo que las accionadas incurrieron en la violación del
debido proceso al apartarse de las reglas establecidas por el máximo tribunal de
lo Contencioso Administrativo respecto de la excepción para el conteo del término
de caducidad en temas de responsabilidad del estado por lesiones ocasionadas a
conscriptos y también erró en la valoración de las pruebas incumpliendo a su vez
los requisitos de transparencia y suficiencia.

20. Resaltó que, si bien, el Consejo de Estado no tiene sentencia de unificación
en temas de conscriptos si ha establecido un precedente judicial cuyas reglas para
resolver asuntos como el propuesto son las siguientes:

“T-011/2017:
(i) Los requisitos constitutivos de la responsabilidad del Estado son:
a. La existencia de un daño antijurídico.
b. La acción u omisión desplegada sea imputable a las entidades públicas.
c. La relación de causalidad material entre el daño antijurídico y el órgano estatal.
(ii) Tal responsabilidad se extiende a todos los ámbitos en los cuales el Estado
intervenga y la graduación de la misma dependerá de la relación que establezca
con los sujetos. En algunos eventos la responsabilidad se determinará con arreglo
a lo pactado por la partes situación en la cual existe una igualdad relativa entre los
sujetos de derecho, pero en otros casos la responsabilidad surge por el
desequilibrio que se genera ante la imposición (y no negociación) de una función
sobre una persona, con el propósito de contribuir al bienestar general.
(iii) La prestación del servicio militar es una obligación ciudadana para los hombres,
que genera “obligaciones para el Estado toda vez que el vínculo que genera surge
debido al cumplimiento del deber constitucional de defensa de la soberanía y la
independencia de las instituciones públicas.”.

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(iv) En relación con el título de imputación aplicable a los daños causados a
soldados conscriptos, el Consejo de Estado ha determinado que puede ser: (i) de
naturaleza objetiva –tales como el daño especial o el riesgo excepcional–, y (ii) por
falla del servicio, siempre y cuando de los hechos y de las pruebas allegadas al
proceso se encuentre acreditada la misma.
(v) Cuando el daño se produjo como consecuencia del rompimiento de la igualdad
frente a las cargas públicas, el régimen de responsabilidad es: daño especial.
(…)
21. La parte actora también realizó algunas consideraciones respecto a la falla del
servicio, daño especial, teoría del depósito para concluir que es obligación del
Estado reintegrar a la vida civil en las mismas condiciones en las que ingresan las
personas a prestar su servicio militar obligatorio.

1.5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia

22. A través de auto del 13 de mayo de 2022, el magistrado ponente de la Sección
Segunda – Subsección “A” del Consejo de Estado admitió la tutela y ordenó: i) la
notificación de la parte accionante, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Tercera – Subsección “C” y del Juzgado 35 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá como autoridades accionadas y ii) la vinculación de la Nación
– Ministerio de Defensa – Armada Nacional en calidad de tercero con interés
legítimo.

23. A su vez, mediante dicha providencia se solicitó el envío del expediente
ordinario de reparación directa.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.6.1. Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá

24. El ponente de la decisión de primera instancia cuestionada realizó un recuento
de todas las actuaciones surtidas en el expediente de reparación directa No. 2019-
00264-00/01, que en su sentir demuestran la ausencia de vulneración o quebranto
de derechos fundamentales, de manera que solicitó negar la acción de la
referencia. De otra parte, remitió el proceso requerido como prueba.

1.6.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección “C”

25. Por medio de escrito enviado el 27 de mayo de 2022, al correo electrónico de
la Secretaría General del Consejo de Estado, la magistrada ponente de la decisión
censurada manifestó que, si bien se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, no ocurre lo mismo
con los específicos, frente a los que no se acredita su configuración.

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26. Advirtió que lo pretendido por los actores es evidenciar un error en la aplicación
de las normas que fijan la oportunidad de ejercicio del medio de control de
reparación directa y el desconocimiento del precedente en el que no se exigió el
conocimiento del daño para ejercer la acción ordinaria y como supuesto
determinante para el conteo del término de caducidad. No obstante, destacó que
la providencia censurada contiene los suficientes argumentos que permitieron
iniciar la contabilización desde el diagnóstico de la enfermedad y no desde el
dictamen de la Junta Médico Laboral.

27. Sostuvo que al no ser una enfermedad compleja pero sí notoria se conocía de
su existencia desde el tratamiento suministrado, de manera que como quedó
consignado en el Acta de Junta Médico Laboral N.° 052 del 27 de febrero de 2019,
expedida por la Dirección de Sanidad de la Armada Nacional “En Julio de 2016,
mientras se encontraba en Turbo Antioquia presenta picadura de zancudo y posterior
aparición de lesiones en muslos, por lo que realizaron examen directo con positividad
para leishmaniasis, posteriormente realizaron tratamiento con Glucantime por 20 días con
mejoría de las lesiones”. Razón por la cual, el término para iniciar el conteo de la
caducidad inició con el diagnóstico.

1.6.3. Armada Nacional

28. A través de mensaje de datos remitido el 12 de julio de 2022, la auxiliar
administrativa de la Dirección de Gestión Jurídica de la Armada Nacional
únicamente indicó que el escrito de tutela y sus anexos se remitieron al Grupo
Contencioso del Ministerio de Defensa.

1.7. Sentencia de primera instancia

29. Por medio de sentencia proferida el 9 de junio de 2022, la Sección Segunda –
Subsección “A” del Consejo de Estado declaró la improcedencia del amparo
solicitado al considerar que no se cumplió con la subsidiaridad como requisito
general de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial, en relación con
el cargo de configuración del defecto fáctico y, en lo que respecta al
desconocimiento del precedente, negó la petición.

30. Advirtió que, los argumentos que traen los accionantes en relación con el inicio
del cómputo del término de caducidad, no fueron puestos en conocimiento del juez
ordinario, por lo que, si consideraban que el momento a partir del cual se configuró
el daño fue la consulta por dermatología, así debió plantearse en el recurso de
apelación contra el auto que rechazó la demanda en primer grado, por lo que
dichos cargos no cumplían el requisito de subsidiaridad.

31. Agregó que la situación de los actores no evidencia la configuración de un
perjuicio irremediable que permita utilizar la acción de tutela como mecanismo
transitorio.

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32. Respecto al cargo de desconocimiento del precedente afirmó que no
señalaron concretamente cuál pronunciamiento resulta obligatorio para el Tribunal
por haber sido proferido en un caso de idénticas características. Ahora, los
tutelantes afirmaron que se desconoció la sentencia del 25 de febrero de 2009,
radicado 1995-05743-01 (15.793), proferida por el Consejo de Estado y las
sentencias T-011/17 y T-713/13 dictadas por la Corte Constitucional, sin embargo,
estas providencias no previeron ni interpretaron la existencia de alguna excepción
para la contabilización del término de caducidad en casos como el que aquí se
estudia, por lo cual no se denota una regla jurisprudencial desconocida por la
autoridad judicial accionada, razón suficiente para negar la configuración de este
yerro.

1.8. Impugnación

33. A través de correo electrónico enviado el 24 de junio de 20224 al buzón web
de la Secretaría General del Consejo de Estado, la apoderada judicial de los
actores impugnó la sentencia de primera instancia y resaltó que tratándose de
temas de soldados regulares el término de la caducidad siempre se toma a partir
de la notificación de la Junta Médico Laboral y que ello lo confirman innumerables
pronunciamientos de jueces y magistrados que al realizar el estudio de la
caducidad han tomado tal documento como el punto de partida para dicho
cómputo.

34. Reiteró los argumentos expuestos en su escrito inicial principalmente el
concerniente a que solo hasta el 11 de noviembre de 2018 el lesionado adquirió
certeza de que la enfermedad generaba un daño, fecha en la que fue suministrado
el concepto médico por dermatología. Lo anterior, sumado al hecho que no todos
los casos presentan afectaciones cutáneas.

35. Para reforzar sus consideraciones refirió las siguientes providencias:

• Sentencia del 29 de noviembre de 2018, Magistrada Ponente: Velásquez
Rico.
• Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca. Sección Tercera.
Subsección B. Magistrado Ponente: Carlos Alberto Vargas Bautista.
Radicación No. 11001333603720150059701. Demandado: La Nación
Ministerio de Defensa Ejército Nacional. 13 de diciembre de 2011. Caso
Leishmaniasis.
• Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Segunda. Subsección A. Consejero Ponente: Gabriel Valbuena
Hernández. Radicación No. 11001-03-15-000-2015-02978-01(Ac).
Demandado:
• Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Primera. Consejera Ponente: María Elizabeth García González. Radicación

4 La sentencia fue notificada el 21 de junio de 2022, a través de medios electrónicos.

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Demandados: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección “B”
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No. 11001-03-15-000-2014-01604-00. Demandado: Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Sincelejo y Tribunal Administrativo de Sucre.
14 de agosto de 2014.
36. Destacó que en las providencias referidas el afectado o interesado en
demandar puede que tenga una referencia de la fecha de cuándo se produjo
el hecho que a la postre terminó originándole un daño, pero como en ese
momento no hay certeza de su concreción o magnitud, el término de caducidad
no podría contarse sino hasta que dicha situación se determine, esto en aras de
garantizar el debido proceso y el derecho al acceso a la administración de justicia,
máxime si se trata de conscriptos, frente a los cuales el Estado asume una
posición de garante respecto de su vida y seguridad durante su estadía en la
Institución Castrense.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

37. Esta Sala es competente para resolver la impugnación interpuesta por la
parte actora contra la sentencia del 9 de junio de 2022, dictada por el Consejo de
Estado – Sección Segunda – Subsección “A” de conformidad con lo establecido
en el artículo 86 de la Constitución Política, artículo 37 del Decreto Ley 2591 de
1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así
como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.

2.2. Problema jurídico

38. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión
de primera instancia proferida el 9 de junio de 2022, por el Consejo de Estado –
Sección Segunda – Subsección “A”, a través de la cual se declaró la
improcedencia respecto del defecto fáctico y se negó el amparo en lo que
corresponde al desconocimiento del precedente reclamado, para lo cual se
deberán resolver los siguientes interrogantes:
• ¿Se superan en este asunto los requisitos de procedibilidad de la tutela?

39. De ser positiva la respuesta a la anterior pregunta, se resolverá el siguiente
problema

¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “C”
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad por
presuntamente incurrir en el defecto por desconocimiento del precedente y
defecto fáctico al proferir la providencia del 8 de julio de 2021, por medio de la cual
se confirmó la decisión del a quo, que rechazó la demanda por haber operado la
caducidad del medio de control de reparación directa?

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40. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los
siguientes temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de
la acción de tutela contra providencia judicial; ii) de los requisitos de procedibilidad
adjetiva; iii) análisis del caso en concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

41. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
5
2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema6 y declaró su
procedencia.7

42. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como
parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i)
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

43. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que
la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

44. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Relevancia Constitucional

45. Para la Sala es necesario precisar que, este requisito se encuentra
superado, en primer lugar, los accionantes cuestionan la razonabilidad de la

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.

María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
7 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”

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providencia del 8 de julio de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B, pues en su sentir, incurrió en
un desconocimiento del precedente y defecto fáctico, lo que va más allá de un
análisis de juez ordinario.

46. En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el
titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión,
pues en efecto, la parte actora considera vulnerados sus derechos fundamentales
al debido proceso y a la igualdad por cuanto la autoridad judicial accionada, al
confirmar la providencia de primera instancia que rechazó la demanda por haber
operado el fenómeno de la caducidad, incurrió en un defecto por desconocimiento
del precedente y fáctico ya que inaplicó la jurisprudencia pacifica del Consejo de
Estado que, en su sentir, establece que el término de caducidad del medio de
control de reparación directa cuando involucra lesiones a conscriptos, debe iniciar
su conteo desde la Junta Médico Laboral lo que permitía admitir la demanda, pues
en su caso, el cómputo de la caducidad debía efectuarse a partir de la firmeza de
dicho documento que fue aportado con la demanda.

47. En ese sentido, los argumentos que, en sentir de la parte tutelante, son
irrazonables y contrarios al ordenamiento jurídico, fueron analizados
erróneamente por la autoridad judicial accionada, desconociendo el alcance y
aplicación de su derecho fundamental al debido proceso y omitiendo el deber del
juez ordinario de actuar tanto como juez de legalidad, como de constitucionalidad
y de convencionalidad en la causa ordinaria.

48. Luego, es de relevancia constitucional cuando subsiste violación o
amenaza al derecho fundamental, después de haber agotado el procedimiento
legal administrativo o judicial establecido por la ley para su protección, lo que
implica que el mecanismo constitucional no fue utilizado como una instancia
adicional que busque reabrir el debate procesal.

49. Ello quiere significar que el asunto de la acción de tutela de la referencia
tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación,
eficacia y determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales
y libertades públicas, concretamente el debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.

2.4.2. Tutela contra tutela

La Sala observa frente al mencionado aspecto, que no se trata de una tutela
contra una decisión de la misma naturaleza8, pues las providencias

8Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección

Quinta, Sentencia 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00014-00; Sentencia 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00400-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-

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cuestionadas fueron proferidas en el trámite del medio de control de reparación
directa con radicado N.º 11001-33-36-035-2019-00264-01, instaurado contra la
Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional.

2.4.3. Inmediatez9

50. En relación con el acatamiento del referido requisito, no se advierte ningún
reproche, en vista que la providencia acusada fue proferida el 8 de julio de 2021,
notificada el 11 de noviembre de 2021, de manera que cobró ejecutoria el 18 del
mismo mes y año, mientras que la acción de tutela se presentó el 10 de mayo de
2022, esto es, dentro del término prudencial establecido para el efecto.

51. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 10,
en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
200511, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra
providencia judicial y reiteró que seis (6) meses es el término razonable para
acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen
vulnerados con ocasión de providencias judiciales.

2.4.4. Subsidiariedad

52. Es de advertir que el juez constitucional de primera instancia no encontró
satisfecho este requisito, en relación con el defecto fáctico por cuanto la actora
únicamente plasmó la tesis de que el conteo del término de caducidad debió iniciar
a partir de la consulta de dermatología, donde obtuvo el diagnóstico de la
Leismhaniasis. Ahora bien, en el recurso de impugnación la parte actora reiteró
que el conteo del término de caducidad debió iniciar a partir de la valoración
dermatológica, que data del 11 de noviembre de 2018, fecha en la cual se otorgó
un concepto médico sobre el padecimiento de la enfermedad.

2020-00092-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00179-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00141-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-
04788-01; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00;
Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-00; Sentencia
06.02.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 06.02.20,
M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-05202-00.
9 Al respecto, consultar, entre otras, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 3.2.2022, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-
15-000-2021-06564-01.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11 c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en

un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas
las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

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53. Revisado el expediente ordinario, la Sala encontró que, en efecto, tal como
lo indicó el a quo, dicho argumento no fue expuesto al interior del proceso
ordinario. Concretamente, en la demanda de reparación directa el cargo se centró
en derivar la responsabilidad del Estado a partir del resultado de la Junta Médica
Laboral, al respecto indicó:

54. De igual manera, en el recurso de apelación se insistió en que el término
de la caducidad debió computarse desde la Junta Médico Laboral N.º 052 del 27
de febrero de 2019. Así, en la alzada se refirieron algunas providencias judiciales
y se resaltó:

55. En virtud de lo referido, no se satisface este requisito respecto de dicho
argumento. No obstante, frente a los demás argumentos que controvierten la
providencia que resolvió en segunda instancia el proceso de reparación directa,
es evidente el agotamiento de los recursos ordinarios. Del mismo modo, no
proceden los recursos extraordinarios de revisión y unificación de jurisprudencia,
comoquiera que la inconformidad señalada por la parte actora no se adecúa a las
causales establecidas en los artículos 250 y 257 de la Ley 1437 de 2011.

56. Así pues, superado el cumplimiento de los anteriores requisitos, esta Sala
entrará a estudiar el caso concreto.

2.5. Caso concreto

57. La parte accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso y a la igualdad con ocasión de la providencia del 8 de julio de
2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera

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– Subsección “C”, por medio de la cual se confirmó la decisión del 22 de noviembre
de 2019 del Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que
rechazó la demanda al considerar que operó el fenómeno de la caducidad.

58. La Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia, toda vez
que no se encontró la configuración del desconocimiento del precedente invocado
sobre el cómputo del término de caducidad en el medio de control de reparación
directa alegado por la parte actora. En efecto, el señor Mahecha Leyton indicó en
su escrito de alzada que el conteo de la caducidad debió iniciar desde el acta de
la Junta Médico Laboral N.º 052 del 27 de febrero de 2019, pues fue a partir de
esta fecha que pudo tener certeza del daño y su existencia. De igual manera,
refirió algunas sentencias que a su juicio fueron desconocidas en las providencias
censuradas.

59. Ahora bien, en lo relacionado con los argumentos expuestos en el escrito
de impugnación frente al presunto desconocimiento de precedente judicial
alegado por la parte demandante, particularmente de las providencias
consignadas en el numeral 35, la Sala resalta que dichos argumentos se
trajeron a colación a partir de la impugnación, por lo que no le es dable a esta
colegiatura proferir un pronunciamiento al respecto por tratarse de hechos nuevos,
pues lo contrario vulneraría los derechos de contradicción y defensa de la parte
opositora.

60. Respecto del momento en el debe iniciarse el conteo del término de
caducidad cuando de lesiones de conscriptos se trata, el tribunal accionado estimó
que, contrario a lo afirmado por la parte actora, los demandantes conocieron de la
existencia del daño derivado de las lesiones cutáneas del señor Mahecha Leyton,
desde el diagnóstico y tratamiento de la enfermad circunstancias que ocurrieron
en el año 2016 y no desde la Junta Médico Laboral del 27 de febrero de 2019.

61. La Sala destaca que el cómputo del término de caducidad del medio de
control de reparación directa, en el caso concreto, fue razonable comoquiera que
este debía plantearse desde cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento del daño cuya indemnización se pretende, de conformidad con el
literal i) del numeral 2º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, es decir, a partir
del diagnóstico médico y no desde el acta de la Junta Médico Laboral.

62. Lo anterior, se encuentra en consonancia con la jurisprudencia del órgano
especializado del asunto, que en sentencia de unificación y en relación con la
caducidad en caso de soldados conscriptos estableció lo siguiente:

“El dictamen proferido por una junta de calificación de invalidez no comporta
un diagnóstico de la enfermedad o de la lesión padecida por una persona,
pues la junta se limita a calificar una situación preexistente con base en las
pruebas aportadas, entre las cuales se destaca la historia clínica del

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interesado; además, la junta puede ordenar la práctica de exámenes
complementarios para determinar aspectos necesarios que inciden en la
valoración de cada caso concreto.

Su función es la de calificar la pérdida de capacidad laboral, el estado de
invalidez y determinar su origen, es decir, establecer la magnitud de una
lesión respecto de la cual el afectado directo tiene conocimiento previo, en
función de la capacidad laboral de la víctima, por tanto, no constituye criterio
que determine el conocimiento del daño, elemento que importa para el
cómputo del término de la caducidad, pues se resalta que debe diferenciarse
el daño de su magnitud, porque la caducidad tiene relación y punto de partida
con el conocimiento del primero12”.

64. Lo anterior permite concluir que no se incurrió en el desconocimiento del
precedente alegado por la parte actora.

2.6. Conclusión

65. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección
“C” al proferir la providencia del 8 de julio de 2021 no incurrió en el defecto de
desconocimiento del precedente; en consecuencia, no vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad toda vez que, de conformidad
con lo expuesto resulta razonable la decisión controvertida, mediante la cual
rechazó la demanda al considerar que había operado el fenómeno de la
caducidad, teniendo en cuenta que la parte actora tuvo pleno conocimiento del
daño a partir del diagnóstico médico y su tratamiento.

DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia del 9 de junio de 2022 dictada por la
Sección – Sección Segunda – Subsección “A” del Consejo de Estado que
DECLARÓ IMPROCEDENTE y NEGÓ la acción de tutela promovida por el señor
Michael Andrés Mahecha Leyton y otros, de conformidad con la parte motiva de
este proveído.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.

12 Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia del 29.11.2018. M.P. 29 de

noviembre de 2018. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, Rad.: 54001-23-3 1-000-2003-01282-02.

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TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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