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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02587-01

Fecha
28 de julio de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02587-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de 9 de junio de 2022 de la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, que negó la acción presentada por el señor Carlos Edinson Henao Colina, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. SEXTO: TERCERO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-02587-01

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

28 de julio de 2022

Demandante: Carlos Edinson Henao Colina
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Rad: 11001-03-15-000-2022-02587-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación N.º: 11001-03-15-000-2022-02587-01
Demandante: CARLOS EDINSON HENAO COLINA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Temas: Tutela contra providencia judicial – Confirma negativa

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala la impugnación formulada por el señor Carlos Edinson Henao
Colina contra la sentencia de 9 de junio de 2022, proferida por la Sección
Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, que negó la petición de amparo
constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. Mediante escrito enviado por correo electrónico el 10 de mayo de 2022 al buzón
web del aplicativo de Tutelas y Habeas Corpus de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, el señor Carlos Edinson Henao Colina, a través de
apoderado judicial, instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, con el fin de obtener la protección de su derecho fundamental al
debido proceso.

2. Tal garantía la consideró vulnerada con ocasión de la sentencia de 28 de
octubre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que
modificó el fallo de primera instancia1 proferido en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho2, en el sentido de declarar la nulidad de los decretos
N.º 4110.20.0928 de 31 de diciembre de 20143 y 4110.20.00106 de 13 de marzo
de 20154, y confirmar en lo demás el fallo recurrido.

1 Dictado por el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, el 17 de julio de

2019 en el que se declaró la nulidad del Decreto N.º 4110.20.00106 de 13 de marzo de 2015 y
negó las demás pretensiones de la demanda.
2 Identificada con el radicado N.º 76001-33-33-014-2015-00262-01.
3 “Por medio del cual se toman medidas para el mejor ordenamiento del tránsito de vehículos

particulares y de servicio público colectivo urbano de pasajeros en las vías públicas del municipio
de Santiago de Cali, para el año 2015”.
4 “Por medio del cual se modifica el Decreto No. 4110.200928 de 31 de diciembre de 2014”.

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1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
invocados y, en consecuencia, pidió:

“PRIMERO: Que se DECLARE vulnerado por parte del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, en cabeza de la Magistrado VÍCTOR ADOLFO HERNÁNDEZ
DÍAZ, el DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO, con ocasión a la
sentencia de Segunda Instancia No. 089 del veintiocho (28) de octubre del 2021.

SEGUNDO: En consecuencia de lo anterior, se DEJE SIN EFECTOS dicha
providencia.

TERCERO: Se ORDENE proferir un fallo apegado a la realidad fáctica y jurídica
del caso en concreto y sean valoradas correctamente las pruebas allegadas al
proceso”.

1.3. Hechos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la presente sentencia:

4. El 31 de diciembre de 2014 el alcalde municipal de Santiago de Cali expidió el
Decreto 4110.20.0928, mediante el cual implementó la medida de pico y placa
para vehículos particulares, así como, restringió la circulación de vehículos de
transporte publico tipo bus, micro bus y campero de lunes a viernes entre las 5:00
a.m. y las 10:00 p.m., de acuerdo con el último dígito de la placa.

5. Por medio del Decreto 4110.20.00106 del 13 de marzo de 2015, se modificó el
Decreto 4110.20.0928 de diciembre de 2014 y se extendió la restricción de
circulación en un día de más únicamente a los vehículos de transporte público.

6. El señor Carlos Edinson Henao Colina presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Distrito Especial de
Santiago de Cali, con el fin de que se estudiara la legalidad de los Decretos N.º
4110.20.0928 de 2014 y 4110.20.00106 de 2015, y se resarcieran los perjuicios
causados por la limitación injustificada de la operación de vehículos de servicio
público que le impedía poner en funcionamiento los de su propiedad.

7. En primera instancia, el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Cali, mediante sentencia de 17 de julio de 2019, declaró la nulidad
solamente del Decreto N.º 4110.20.00106 de 2015 y negó las demás pretensiones
de la demanda.

8. Por su parte, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de fallo
de 28 de octubre de 2021, modificó parcialmente la decisión en el sentido de
declarar la nulidad de ambos actos administrativos y confirmó en lo demás la
providencia recurrida, tras considerar que:

“Con lo visto hasta aquí, para la Sala es claro que se debe declarar la nulidad de
los actos acusados porque fueron expedidos con falsa motivación, pues quedó
suficientemente claro que aun cuando la Administración Municipal de Cali en la
determinación final del Decreto 4110.20.00106 del 13 de marzo de 2015 impuso la

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medida de pico y placa a todos los buses, busetas y microbuses con el propósito
de restringir su circulación temporal en el área urbana, lo cierto es que la medida
no se impuso para alcanzar ese objetivo, sino para evitar el paralelismo del
servicio de transporte masivo con las rutas del transporte público colectivo
tradicional; vicio que da sustento a la declaratoria de nulidad que aquí habrá de
ordenarse.

(…)

Así las cosas, al no aportar la parte actora los documentos necesarios que
soporten los ingresos que percibía el vehículo automotor adscrito a la empresa de
transporte público la Ermita, es imposible para la Sala calcular lo dejado de percibir
por concepto de lucro cesante, así como tampoco lo solicitado por perjuicios
morales, que devienen de la supuesta utilidad económica dejada de percibir
durante el tiempo en que se implementó la medida del pico y placa a través del
acto acusado en la ciudad de Cali”.

9. Dicha decisión fue notificada el 8 de noviembre de 2021.

1.4. Fundamentos de la vulneración

10. El apoderado de la parte actora argumentó que la autoridad judicial accionada
no tuvo en cuenta los perjuicios ocasionados al señor Henao Colina por no poder
utilizar su vehículo de transporte público con ocasión de las medidas impuestas
por el Distrito de Santiago de Cali.

11. Frente a ello aseguró que, se probó la relación del accionante como propietario
del vehículo y la empresa de transporte La Ermita a través de los contratos de
vinculación. Además, indicó que los ingresos económicos se encontraban
discriminados en la liquidación que se incluyó en el escrito de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, donde se podía observar el daño
ocasionado.

12. Por ello, expresó que no era posible asegurar, tal y como lo hizo el tribunal,
que no se allegaron medios de prueba que permitieran evidenciar la utilidad
dejada de percibir. En gracia de discusión, si lo anterior fuera cierto, señaló que la
autoridad judicial demandada debió proferir condena en abstracto.

13. Por consiguiente, puso de presente que se desconocieron las siguientes
providencias, en las cuales se condenó en abstracto para que posteriormente se
allegaran los valores, discriminaciones y días para establecer la proporcionalidad
en la que se proyectaron los costos, pues se reconocía que los propietarios de los
vehículos afiliados a empresas transportadoras habían sufrido un daño al no poder
circular en tiempos determinados:

 Juzgado Segundo Administrativo de Cali, M.P. César Augusto Saavedra
Madrid, Sentencia 13.09.19, Rad. 76001-33-33-002-2015-00230-00.
 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección “A”, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, Sentencia
16.08.16, Rad. 25000-23-26-000-1994-00427-01.

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1.5. Trámite de la acción de tutela

14. Mediante auto de 13 de mayo de 2022, el magistrado ponente de la Sección
Segunda, Subsección “B” admitió la demanda de tutela y dispuso su notificación al
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y al accionante.

15. De igual forma se vincularon como terceros interesados al Distrito Especial,
Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali y al
Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, que conformaron
el extremo pasivo y el juez de primera instancia del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado N.º 76001-33-33-014-
2015-00262-01.

16. Asimismo, reconoció personería al abogado Hernando Morales Plaza, como
apoderado de la parte actora.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en el expediente, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

17. Por medio de documento remitido el 18 de mayo de 2022, el magistrado
ponente de la decisión recurrida argumentó que el derecho fundamental alegado
por el accionante no fue transgredido, pues luego “de valorarse las pruebas
aportadas por los sujetos procesales, se concluyó que al plenario no se allegaron medios
de prueba que permitieran evidenciar la utilidad que presuntamente dejó de percibir el
demandante, producto de la restricción en la movilidad del vehículo del que es propietario,
sino solo lo enunciado en el título “IX ESTIMACIÓN RAZONADA DE LA CUANTÍA”, y
reiterado en el recurso de apelación, que era la suma de $ 79.555.000”.

18. Así pues, indicó que al no aportar los documentos necesarios que soportaran
los ingresos que percibía el vehículo automotor adscrito a la empresa de
transporte público La Ermita, resultaba imposible calcular lo dejado de percibir por
concepto de lucro cesante, así como tampoco lo solicitado por perjuicios morales.

19. Por ende, adujo que se resolvió dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 167
del Código General del Proceso y, en consecuencia, negar los pedimentos del
accionante relacionados con el reconocimiento de perjuicios.

20. Así las cosas, manifestó que se garantizó el derecho al debido proceso del
señor Henao Colina y lo prendido por este era reabrir el debate ya zanjado ante el
juez ordinario.

1.6.2. Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali

21. El juez que profirió la decisión de primera instancia al interior del medio de
control, expuso que las actuaciones realizadas por el despacho no vulneraron el
derecho fundamental del actor.

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1.6.3. Distrito de Santiago de Cali

22. Mediante memorial allegado el 18 de mayo de 2022, el apoderado expuso que
la decisión del tribunal de no acceder a las pretensiones económicas pedidas
estuvo correcta, en tanto no se acreditó el carácter de cierto y determinable del
daño con ningún medio probatorio. Razón por la cual solicitó no dar trámite a la
acción de tutela.

1.7. Fallo impugnado

23. Mediante sentencia de 9 de junio de 2022, la Sección Segunda, Subsección
“B” del Consejo de Estado, negó el amparo solicitado.

24. Frente al defecto fáctico, indicó que de lo observado en la decisión censurada
se podía advertir que se efectuó un estudio de los medios de prueba allegados del
cual se concluyó que, a pesar de la ilegalidad de los actos demandados, no se
aportaron mayores elementos de convicción que permitieran concluir la existencia
de un daño cierto y de los perjuicios con este causados.

25. Señaló que “(…) la autoridad judicial accionada efectuó una interpretación normativa
y fáctica coherente, que se compadece con la realidad procesal evidenciada dentro del
curso de este, lo cual no comporta una razón para acudir a la acción constitucional, a
pesar de que ello resulte contraria a sus intereses”.

26. Asimismo, mencionó que el hecho de que el tribunal le hubiera negado el
reconocimiento de los perjuicios al señor Henao Colina, no comportaba un acto
lesivo al derecho al debido proceso invocado y, por el contrario, la decisión
obedeció exclusivamente a la conducta omisiva del apoderado judicial, toda vez
no observó la carga probatoria requerida para demostrar la existencia del daño
alegado, a pesar de contar con la oportunidad procesal para ello.

27. Finalmente, en relación con la posibilidad de la condena en abstracto, puso de
presente que dicho argumento no podía ser tenido en cuenta, puesto que,
conforme con el artículo 193 de la Ley 1437 de 2011, esas condenas únicamente
procedían ante la certeza del daño, no ante la imposibilidad de tasar los perjuicios
causados.

28. Respecto al defecto por desconocimiento del precedente, explicó frente a la
sentencia de la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado, que no
constituía una sentencia de unificación que obligara en forma vertical a los
tribunales y juzgados de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para su
aplicación, pues no todo pronunciamiento de las altas cortes podía ser entendido
como un criterio unificador.

29. De igual forma, advirtió que “(…) revisada la sentencia mencionada, la Sala
considera que no existe identidad fáctica, pues en el caso objeto de estudio, en la
providencia traída a colación por el accionante, se determinó la aptitud probatoria de
ciertos documentos declarados como nulos, en la medida que se profirieron dentro de un
proceso de licitación, en el que, dentro de los actos enjuiciados se contenía la expectativa

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legítima de ganancia de los oferentes participantes; situación que dista de lo debatido en
este asunto, que recae de forma exclusiva en la legalidad de unos Decretos expedidos
por un alcalde Distrital, en ejercicio de su facultad como autoridad policiva”.

30. Por su parte, frente a la sentencia dictada por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Cali, adujo que no había lugar a hacer algún
pronunciamiento sobre esta, dado que no se podía imponer un criterio jurídico
expuesto por un Despacho que, dentro de la jerarquía de la Rama Judicial, estaba
en una situación de inferioridad jerárquica y funcional, situación que riñe con la
lógica jurídica que debía observarse en el asunto.

1.8. Impugnación

31. La parte actora impugnó el fallo de tutela5 mediante escrito radicado el 17 de
junio de 2022 y ampliado el 11 de julio siguiente, en el cual reiteró el argumento de
la condena en abstracto, citando de nuevo como desconocido el fallo del 13 de
septiembre de 2019 del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Cali y la sentencia T- 416 de 2016 de la Corte Constitucional.

32. Con estas, puso de presente que la condena en abstracto se podía aplicar
cuando el daño material no estaba cuantificado específicamente, ya que solo se
necesitaba demostrar que del acto demandado originó un daño y que no podía
verse subsanado simplemente con la nulidad del acto.

33. Así, indicó que “(…) no se trata de que el daño no se derive de los actos proferidos y
de su posterior declaratoria de nulidad por ser abiertamente contrarios a la ley, argumenta
la misma que para el reconocimiento de cualquier indemnización a título de
restablecimiento del Derecho no se probó cual fue el monto en específico por el que
podríamos decir que se generó un daño efectivo a la parte demandante. Lo anterior,
partiendo de que, si dichos actos administrativos no causaron un daño a mi mandante, no
se podrían haber decretado nulos como lo están al día de hoy, por consiguiente, si no se
hubiese demostrado debidamente el daño causado por los actos administrativos
demandados, no se hubieran decretado su nulidad”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

34. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por el señor
Carlos Edinson Henao Colina contra la sentencia proferida por la Sección
Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, de conformidad con lo
establecido en el Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021 y en el artículo 2º del Acuerdo 80 de 2019
de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

35. Corresponde a la Sala determinar si se confirma, modifica o revoca la
providencia de 9 de junio de 2022, dictada por la Sección Segunda, Subsección

5 El fallo de primera instancia constitucional fue notificado el 16 de junio de 2022.

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“B” del Consejo de Estado, en la acción de tutela del vocativo de la referencia,
instaurada por la parte actora con el fin de reclamar el amparo de su derecho
fundamental al debido proceso.

36. En ese sentido, se debe resolver si ¿la sentencia de 28 de octubre de 2021
proferida el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca adolece de los defectos
fáctico y por desconocimiento del precedente judicial, tras no acceder a la
condena del Distrito Especial de Santiago de Cali por los presuntos perjuicios
causados con ocasión de la medida impuesta en los decretos N.º 4110.20.0928 de
2014 y 4110.20.00106 de 2015?

37. Por razones de orden metodológico, se analizarán los siguientes asuntos: i)
criterio de la Sección sobre procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales; ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva; y de superarse, iii)
generalidades del defecto alegado y; iv) caso concreto.

2.3. Razones jurídicas de la decisión

2.3.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

38. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de
20126, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las
distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas
sobre el tema7. Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada
Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte
resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales8. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué
parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente
se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.

39. Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 9, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, adoptó los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200510, para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la
tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales, como lo señala el artículo 86 Constitucional, y, por ende, el
amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.

40. Sobre el tema, la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia 11 a unos
requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P. María

Elizabeth García González, Sentencia 31.07.12, Rad. 2009-01328-01.
7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
8 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta M. P. Jorge

Octavio Ramírez Ramírez, Sentencia 05.08.14, Rad.11001-03-15-000-2012-02201-01.
10 Corte Constitucional, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11 Entre otras sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-

590 de 2005.

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distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho de amparo –
procedencia sustantiva – y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo
del asunto – procedencia adjetiva -.

41. Esta Sección ha determinado que, en primer lugar, se debe verificar que la
solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad
adjetiva, esto es: i) que sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de
tutela contra tutela; iii) subsidiariedad, es decir, el agotamiento de los recursos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado; e iv) inmediatez. De modo que, de
no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la
improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

42. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que
la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

43. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.3.2. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.3.2.1. Relevancia constitucional

44. Para la Sala es necesario precisar que este requisito se encuentra superado
por cuanto, en primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad de la
sentencia de 28 de octubre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con radicado N.º 76001-33-33-014-2015-00262-01.

45. En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el
titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión,
pues en efecto, la parte actora considera vulnerado su derecho fundamental al
debido proceso, en tanto, a su juicio, resulta irrazonable que pese a que la
autoridad judicial accionada declaró la ilegalidad de los actos administrativos, no
accedió a las pretensiones pecuniarias.

46. En ese sentido, los argumentos que, en sentir de la parte tutelante, son
irrazonables y contrarios al ordenamiento jurídico, fueron analizados erróneamente
por la autoridad judicial accionada, desconociendo el alcance y aplicación de su
derecho fundamental al debido proceso y omitiendo el deber del juez ordinario de
actuar tanto como juez de legalidad, como de constitucionalidad y de
convencionalidad en la causa ordinaria.

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47. Luego, es de relevancia constitucional cuando subsiste violación o amenaza a
los derechos fundamentales, después de haber agotado el procedimiento legal
administrativo o judicial establecido por la ley para su protección, lo que implica
que el mecanismo constitucional no fue utilizado como una instancia adicional que
busque reabrir el debate procesal.

48. Ello quiere significar que el asunto de la acción de tutela de la referencia tiene
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, para su
eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales y libertades públicas, concretamente el debido proceso.

2.3.2.2. Tutela contra decisión de tutela

49. En el caso objeto de estudio, es imperioso concluir que no existe reparo
alguno en cuanto hace referencia a este requisito de procedibilidad, toda vez que
no se trata de una tutela contra una decisión de la misma naturaleza, pues la
providencia de 28 de octubre de 2021 fue proferida al interior del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con radicado N.º 76001-33-
33-014-2015-00262-01.

2.3.2.3. Inmediatez

50. No se advierte reproche alguno frente a este requisito, puesto que la
providencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca fue proferida el 28 de
octubre de 2021 y notificada el 8 de noviembre siguiente, quedando ejecutoriado
el 16 del mismo mes y año. Mientras que la solicitud de tutela fue presentada el 10
de mayo de 2022, es decir menos de 6 meses, tiempo que esta Sala ha
considerado razonable para uso de este mecanismo excepcional12, con ocasión de
los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200513.

2.3.2.4. Subsidiariedad

51. Este requisito se encuentra superado, pues la providencia dictada por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que se cuestiona en sede de tutela
puso fin al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y frente a tal
providencia no procede recurso ordinario alguno.

52. Tampoco los extraordinarios, pues los motivos que sustentan esta solicitud de
amparo no se enmarcan en las causales que hacen procedente el recurso
extraordinario de revisión ni el de unificación de jurisprudencia.

53. Analizados los requisitos adjetivos de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, la Sala advierte que los mismos han sido superados,
motivo por el cual se realizará el estudio del caso concreto.

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta, M. P: Jorge

Octavio Ramírez Ramírez, Sentencia 05.09.14, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01.
13 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Demandante: Carlos Edinson Henao Colina
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Rad: 11001-03-15-000-2022-02587-01

2.4. Generalidades del desconocimiento del precedente

54. La Sala precisa que el precedente es aquella regla creada por una Alta
Corte para solucionar un determinado conflicto jurídico, sin que sea necesario un
número plural de decisiones en el mismo sentido para que aquella sea
considerada como precedente. También se considera que constituyen precedente
las sentencias de constitucionalidad y las de unificación, expedidas tanto por la
Corte Constitucional, como por el Consejo de Estado.

55. Sin embargo, resulta necesario advertir que “(…) debe aceptarse que no todas
las decisiones judiciales que profieren las Altas Cortes generan una regla o subregla,
pues son el resultado de la aplicación al caso concreto de la norma que viene al caso, sin
una actividad creadora del juez14”.

2.5. Caso concreto

56. El señor Carlos Edinson Henao Colina presentó acción de tutela por
intermedio de apoderado judicial, alegando la configuración de los defectos fáctico
y por desconocimiento del precedente en la sentencia de 28 de octubre de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

57. Lo anterior, sobre la base de que la autoridad judicial accionada no tuvo en
cuenta los perjuicios sufridos por no poder utilizar su vehículo de transporte
público con ocasión de las medidas impuestas por la Alcaldía de Santiago de Cali.
Puntualmente indicó que a través de los contratos de vinculación se comprobaba
la relación del accionante como propietario del vehículo y la empresa de transporte
La Ermita, además de encontrar discriminados los ingresos generados que
demostraban el daño que se le ocasionó.

58. Por otro lado, indicó que se desconocieron dos providencias en las cuales se
condenó en abstracto para que posteriormente se allegaran los valores,
discriminaciones y días para establecer la proporcionalidad en la que se
proyectaron los costos, pues se reconocía que los propietarios de los vehículos
afiliados a empresas transportadoras habían sufrido un daño al no poder circular
en tiempos determinados. Estas fueron:

 Juzgado Segundo Administrativo de Cali, M.P. César Augusto Saavedra
Madrid, Sentencia 13.09.19, Rad. 76001-33-33-002-2015-00230-00.
 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección “A”, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, Sentencia
16.08.16, Rad. 25000-23-26-000-1994-00427-01.

59. En primera instancia, la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de
Estado, por medio de fallo de 9 de junio de 2022, negó el amparo solicitado tras no
encontrar configurados los defectos alegados, al sustentar que:

“En efecto, la Sala encuentra que la sentencia cuestionada, mediante la cual el
Tribunal Administrativo de Valle del Cauca negó el reconocimiento de los perjuicios

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Alberto Yepes

Barreiro, Sentencia 19.02.15, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-02690-01.

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Demandante: Carlos Edinson Henao Colina
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
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reclamados por el señor Henao Colina, no comporta un acto lesivo al derecho al
debido proceso invocado.

Así las cosas, se advierte al actor que la decisión del Tribunal tutelado, obedeció
exclusivamente a la conducta omisiva de su apoderado judicial, toda vez no
observó la carga probatoria requerida para demostrar la existencia del daño
alegado, a pesar de contar con la oportunidad procesal para ello.

(…)

Sin perjuicio de lo anterior, revisada la sentencia mencionada, la Sala considera
que no existe identidad fáctica, pues en el caso objeto de estudio, en la
providencia traída a colación por el accionante, se determinó la aptitud probatoria
de ciertos documentos declarados como nulos, en la medida que se profirieron
dentro de un proceso de licitación, en el que, dentro de los actos enjuiciados se
contenía la expectativa legítima de ganancia de los oferentes participantes;
situación que dista de lo debatido en este asunto, que recae de forma exclusiva en
la legalidad de unos Decretos expedidos por un alcalde Distrital, en ejercicio de su
facultad como autoridad policiva”.

60. Inconforme con la decisión, la parte actora la impugnó mediante escrito en el
cual solamente se refirió frente al desconocimiento del precedente, reiterando la
providencia del 13 de septiembre de 2019 proferida por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Cali, así como también señaló como
desconocida la sentencia T-416 de 2016 de la Corte Constitucional15.

61. En relación con lo anterior, argumentó que la condena en abstracto se podía
aplicar cuando el daño material no estaba cuantificado específicamente, ya que
solo se necesitaba demostrar que el acto demandado originó un daño y que no
podía verse subsanado simplemente con la nulidad del acto.

62. En consecuencia, esta Sala de Decisión advierte que, dado que la parte actora
solamente se refirió frente al defecto por desconocimiento del precedente en el
escrito de impugnación presentado, es posible inferir que su inconformidad con el
fallo dictado por la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado
se dirige únicamente frente a este punto, razón por la cual no será estudiado el
defecto fáctico alegado en el libelo introductorio.

63. Al respecto, se indica que el planteamiento relacionado con el precedente
fijado en la sentencia T-416 de 2016 de la Corte Constitucional, no fue expuesto
en la acción de tutela, por lo que no se efectuará pronunciamiento en particular
pues, de lo contrario, se estarían lesionando derechos fundamentales de la
contraparte quien no tuvo la oportunidad de ejercer su defensa frente al
mencionado argumento.

64. Ahora bien, se puede colegir que el accionante reiteró sobre la aplicación de la
providencia del 13 de septiembre de 2019 proferida por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Cali, en atención a que este constituía un
caso similar al presente en el que se había hecho uso de la figura de la condena
en abstracto.

15 Corte Constitucional, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, Sentencia T-416 de 09.08.16.

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65. Sin embargo, dicha sentencia no puede ser objeto de estudio, en atención a
que proviene de un juez de inferior jerarquía que no tiene la facultad de crear
interpretaciones vinculantes, porque la función de unificación solo compete al
órgano de cierre.

66. Cabe recordar que el precedente es obligatorio porque proviene de los Altos
Tribunales u órganos de cierre, y lo es para los jueces de inferior jerarquía,
quienes conociendo el precedente vertical están llamados a aplicarlo. Por ende, es
el precedente vertical el que tiene la capacidad de vincular las decisiones
judiciales futuras sobre casos análogos.

67. De igual forma, es pertinente aclarar que la nulidad de los actos
administrativos en el medio de control respectivo se decreta por su contradicción
con el ordenamiento jurídico, no por el perjuicio que pueda causar a un particular.

2.6. Conclusión

68. Así las cosas, se observa que en el caso que nos ocupa hay lugar a confirmar
la decisión del a quo, en atención a que no se encuentran configurados los
defectos alegados.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de 9 de junio de 2022 de la Sección Segunda,
Subsección “B” del Consejo de Estado, que negó la acción presentada por el
señor Carlos Edinson Henao Colina, de acuerdo con las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

SEXTO: TERCERO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su
eventual revisión, en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

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(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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