Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02596-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02596-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-02596-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
23 de junio de 2022
Demandantes: Luz Adiela Ciro Arias y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02596-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02596-00
Demandantes: LUZ ADIELA CIRO ARIAS Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas: Tutela contra providencia judicial – Análisis de los defectos
fáctico y sustantivo – Razonabilidad, proporcionalidad y
necesidad de la medida de aseguramiento.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la acción de tutela ejercida por los señores Luz Adiela Ciro
Arias, Carlos Alirio Pardo Correa y otros, con fundamento en el artículo 86 de la
Constitución Política y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 26
de mayo de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. El 10 de mayo de 2022, los señores Luz Adiela Ciro Arias, Carlos Alirio Pardo
Correa, Julián Mauricio Uribe Ciro, Jaime Alejandro Uribe Ciro y Rosalba Arias
Cardona, actuando a través de apoderado judicial1, ejercieron acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con el fin de que les sean
amparados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.
2. Los accionantes consideraron vulneradas las referidas garantías
constitucionales con ocasión de la sentencia de segunda instancia, proferida el 29
de noviembre de 2021 por la autoridad judicial mencionada que revocó el fallo del
16 de enero de 2018, dictado por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Buenaventura, en el proceso de reparación directa que
instauraron contra La Nación - Rama Judicial - Ministerio de Defensa Nacional -
Armada Nacional, que se tramitó bajo el radicado 76109-33-33-002-2016-00067-
00.
1 Los demandantes le confirieron poder especial al abogado Javier Andrés Chingual García, con el
lleno de los requisitos legales.
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Demandantes: Luz Adiela Ciro Arias y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
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1.2. Pretensiones
3. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó:
“-DEJAR sin efectos la sentencia de segunda instancia de fecha de 29 de
octubre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca-
M.P Dr. JHON ERICK CHAVESBRAVO, en el proceso con Radicación
76109-33-33-002-2016- 00067-01.
Como consecuencia de lo anterior, se ordenen al Tribunal Administrativo del
Valle DEL CAUCA – M.P Dr. JHON ERICK CHAVEZ BRAVO, en el proceso
con Radicación 76109-33-33-002-2016-00067-01, para que se profiera una
nueva sentencia teniendo en cuenta los lineamientos que considere su
Despacho en la sentencia de tutela, en procura de la protección de los
derechos fundamentales del actor.”
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
4. Los señores Luz Adiela Ciro Arias, Carlos Alirio Pardo Correa, Julián Mauricio
Uribe Ciro, Jaime Alejandro Uribe Ciro y Rosalba Arias Cardona, presentaron
demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra de la
Nación - Rama Judicial - Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional, con
el fin de obtener la indemnización de los perjuicios patrimoniales y
extrapatrimoniales ocasionados por la privación de la libertad del señor Carlos
Felipe Uribe Ciro (fallecido), quien fue capturado en flagrancia el 26 de marzo de
2009 y acusado de los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes2.
5. Previo agotamiento del trámite procesal correspondiente, el Juzgado Segundo
Administrativo de Buenaventura dictó sentencia el 16 de enero de 2018 en la que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo
cual condenó a la Nación – Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación por
los perjuicios ocasionados. Así mismo, dispuso la desvinculación de la Armada
Nacional, por considerar que no existía prueba que determinara su participación
en los hechos que ocasionaron el daño.
6. Contra la anterior sentencia interpusieron recursos de apelación i) la Fiscalía
General de la Nación; ii) la Rama Judicial; y iii) el apoderado judicial de la parte
demandante, este último por cuanto se negó el reconocimiento de los perjuicios a
los padres de crianza y la condena en costas a la parte demandada.
2 El tiempo de privación de la libertad en el establecimiento penitenciario y carcelario de
Buenaventura se extendió entre el 31 de marzo y el 9 de octubre de 2009. Finalmente, el señor
Carlos Felipe Uribe Ciro falleció el 19 de agosto de 2010 y, mediante auto interlocutorio No. 16 del
8 de mayo de 2014 el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Buenaventura decretó la preclusión
de la investigación en su favor.
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7. Los recursos fueron resueltos por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
en sentencia dictada el 29 de octubre de 2021 que revocó el fallo de primera
instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda y condenó en
costas a la parte vencida en el juicio, fijando como agencias en derecho el
equivalente a 0.5 S.M.L.M.V.
1.4. Sustento de la vulneración
8. La parte actora afirmó que la presente acción cumple con todos los requisitos
generales de procedibilidad, incluida la relevancia constitucional del caso.
9. Como causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial, alegó que se configuraron los defectos i) fáctico y ii) material o
sustantivo.
10. Con respecto al defecto fáctico, alegó que se tuvieron por probados hechos
que no cuentan con soporte en el expediente. Se refirió al trámite que se adelantó
en el proceso penal, incluida la audiencia de legalización de captura que se llevó a
cabo en el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de Control de
Garantías y a la providencia que declaró precluida la investigación en favor del
señor Carlos Felipe Uribe Ciro.
11. Afirmó que el tribunal encontró que la medida de aseguramiento se impuso
conforme a los requisitos legales y probatorios exigidos, de conformidad con el
informe del investigador de campo y la declaración rendida por el señor Luis
Gabriel Riscos Orejuela, “sin analizar el testimonio el cual al escucharlo es incoherente
y poco creíble.”
12. Señaló que en la sentencia no se dijo a qué informe de policía se refería ni lo
establecido en este y no se contrastó con los audios de la audiencia de
legalización de captura, por lo que “no se encuentra por ningún lado, sustento
probatorio para determinar que la decisión preventiva en contra de Carlos Felipe Uribe
Ciro (QEPD), se ajustó a los requisitos contemplados en los artículos 308 numerales 2 y 3
en concordancia con el artículo 310 inciso 1 numeral 1 del C.P.P., ni tampoco el tribunal
establece conforme al material probatorio cuáles eran los indicios de responsabilidad en
contra del perjudicado.”
13. Agregó que el defecto también se configuró por la omisión en la valoración del
acervo probatorio porque no se apreció el expediente penal aportado, en especial
la audiencia de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de
medida de aseguramiento y que si dicha prueba se hubiera valorado, se habría
concluido que no existían elementos probatorios ni evidencia física que
demostraran que el detenido almacenó o transportó droga, que son los verbos
rectores de los tipos penales imputados.
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14. El defecto sustantivo lo fundamentó en que la autoridad judicial accionada no
aplicó de manera correcta el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal,
precepto que exige la existencia de elementos materiales probatorios y evidencia
física, en concordancia con el artículo 310 ídem (peligro para la comunidad) para
inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe de la conducta
delictiva que se investiga y tal prueba no existía.
1.5. Actuaciones procesales relevantes
1.5.1. Auto admisorio
15. Mediante auto de ponente, dictado el 23 de mayo de 2022, se admitió la
demanda de tutela y se ordenó notificar a los magistrados del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, como autoridad judicial accionada.
16. En la misma providencia se ordenó vincular como terceros con interés jurídico
en el resultado del proceso al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Buenaventura, al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Buenaventura,
a la Fiscalía General de la Nación y a la Nación – Rama Judicial, al Ministerio de
Defensa Nacional – a la Policía Nacional3 y a la Armada Nacional. También se
dispuso la notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en
los términos y para los efectos del artículo 610 del Código General del Proceso.
17. Se decidió publicar en las páginas web del Consejo de Estado y del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca copia digital del libelo introductorio, de los
anexos que la acompañan y del auto admisorio, con el fin de que cualquier
persona que tenga interés conozca de los referidos documentos y pueda intervenir
en el trámite constitucional de la referencia.
1.5.2. Intervenciones de la autoridad accionada y de los terceros vinculados
1.5.2.1. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
3 Esta institución fue vinculada por cuanto fue mencionada en la sentencia dictada por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca como integrante de la parte pasiva de la litis, según se desprende de los
siguientes apartes:
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18. El magistrado ponente de la decisión censurada se opuso a la prosperidad de
las pretensiones de la demanda. Afirmó que el juez de primera instancia había
resuelto el caso aplicando el régimen objetivo de responsabilidad, con fundamento
exclusivamente en la preclusión de la investigación.
19. Por el contrario, el tribunal fundamentó su decisión en el precedente de la
Corte Constitucional, contenido en la Sentencia SU-072 de 2018, acogido por el
Consejo de Estado, que se refirió a la necesidad de valorar los criterios de
legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida de aseguramiento.
20. Agregó que a partir de lo señalado el caso se analizó desde el título de falla
probada del servicio porque la preclusión se decretó por la imposibilidad de
desvirtuar la presunción de inocencia. Advirtió que valoró las pruebas allegadas al
proceso incluidos los audios de las audiencias que obran en el DVD (fl. 551 del
cuaderno número 1).
21. Manifestó que ello quedó plasmado en la sentencia, al señalar que “en su
momento el Juzgado de Garantías, en la audiencia de formulación de imputación y
medida de aseguramiento, encontró razonable y proporcional la imposición de la medida
de aseguramiento impuesta al señor Carlos Felipe Uribe Ciro (QEPD), teniendo en cuenta
los elementos materiales probatorios aportados (informe del investigador de campo y el
testimonio del señor Luis Gabriel Riascos Orejuela vigilante de la bodega, quien indicó
que el señor Luis Jairsiño Villan Solano, quien vestía uniforme de la Policía, en compañía
del señor Carlos Felipe Uribe Ciro, quienes se encontraban en un vehículo de la Policía, le
pidieron que los dejaran ingresar a la bodega y una vez estuvieron adentro, lo obligaron a
descargar las cajas de cartón que contenían aproximadamente 750 kilos de marihuana.”
22. Las pruebas que obraban en la foliatura, en especial la audiencia de
legalización de la captura, formulación e imputación e imposición de medida de
aseguramiento, permitían inferir razonablemente la intervención del señor Carlos
Felipe Uribe Ciro en la comisión de los hechos, por lo que en la sentencia la
valoración se realizó frente a la razonabilidad de la medida de aseguramiento
dejando intacta la presunción de inocencia.
23. Consideró que la alegación de los accionantes se presenta como una tercera
instancia, porque pretenden una nueva apreciación de las pruebas que obraban
en el proceso penal.
1.5.2.2. Fiscalía General de la Nación
24. Por intermedio de una profesional especializada de la Unidad de la Dirección
de Asuntos Jurídicos, la entidad solicitó que se declarara improcedente la acción
de tutela porque “(i) el apoderado de los accionantes no da cuenta de por qué a pesar
de existir otro mecanismo judicial idóneo para ventilar la controversia objeto de esta
acción, no hizo uso del mismo, (ii) no sustentó las causales específicas de procedibilidad
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para que la acción de tutela sea procedente y (iii) pretende recuperar oportunidades
procesales perdidas.”
25. Afirmó que los accionantes no acreditaron la existencia del defecto fáctico y
que la decisión cuestionada no desbordó los criterios de proporcionalidad
inherentes a la adopción de la decisión y que el tribunal contó con los elementos
suficientes para considerar que la medida de aseguramiento impuesta a la víctima
directa de la privación fue razonable y se sustentó en la prueba legalmente
allegada hasta esa etapa procesal.
26. Argumentó que tampoco aparece acreditado el defecto sustantivo porque los
tutelantes no cumplieron con la carga argumentativa mínima exigida para su
configuración, la cual es mucho más estricta para habilitar la competencia del juez
constitucional, ya que la providencia aquí controvertida se sustentó en la sentencia
SU-282 de 2019, dictada por la Corte Constitucional.
27. Afirmó que no se desvirtuó la interpretación de la norma de conformidad con la
Constitución y la ley y tampoco aparece vulnerado alguno de los elementos que
configuran el debido proceso desde la perspectiva del artículo 29 Constitucional.
28. Se refirió ampliamente a la sentencia SU-072 de 2018, que le sirvió de
fundamento al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para tomar la decisión,
destacando que en “i) el estudio de una privación de la libertad debe determinarse si
esta es razonada y proporcionada y ii) el juez administrativo, en aplicación del principio
iura novit curia, debe determinar el régimen de imputación a partir de las particularidades
de cada caso”.
29. Agregó que los argumentos del apoderado de los accionantes se fundamentan
en la discrepancia con el análisis y decisión de la segunda instancia, que fue
desfavorable a sus pretensiones, y que no se evidencia que la decisión tomada en
el proceso de reparación directa con radicado No. 2016-00067-00, sea arbitraria o
irracional, por el contrario, se ajusta a derecho, el análisis probatorio fue razonado
y coherente bajo las reglas de la sana crítica y sus argumentos, hacen parte de la
independencia y autonomía con la cual cuentan los jueces.
30. Consideró igualmente que la presente acción no supera el requisito de
subsidiariedad, por cuanto existen otros mecanismos judiciales a los cuales no
acudieron los accionantes.
1.5.2.3. Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
31. El jefe del Área Jurídica de la Policía Nacional solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, por
considerar que la parte actora contaba con el recurso extraordinario de revisión del
cual no hizo uso.
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32. Formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, con
respecto a la institución que representa porque “en relación a la Policía Nacional
nunca se efectuó un análisis de fondo sobre su responsabilidad por los hechos objeto de
demanda, así como tampoco en el escrito de tutela jamás se cuestiona algún tipo de
actuación u omisión de la institución policial.”
33. Precisó que el motivo de la presunta vulneración está encaminado a que el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones incoadas en el
medio de control con radicado número 76109-33-33-002-2016-00067-01,
indicando que la Policía Nacional no fue demandada en el referido proceso.
1.5.2.4. Las demás personas vinculadas como terceros con interés -Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Buenaventura, Juzgado Tercero
Penal del Circuito de Buenaventura y Armada Nacional– guardaron silencio, pese
a que fueron debidamente notificados del auto admisorio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
34. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por
los señores Luz Adiela Ciro Arias, Carlos Alirio Pardo Correa y otros, con
fundamento en los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley
2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
35. Lo anterior, por cuanto esta se dirige contra el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca y, por ende, le corresponde el conocimiento al superior funcional, en
virtud de lo consagrado en el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069
de 2015.
2.2. Cuestión previa – Legitimación en la causa por pasiva
36. En la oportunidad para contestar la demanda, la Policía Nacional pidió ser
desvinculada del proceso por considerar que no tiene legitimación en la causa por
pasiva, con fundamento en que no es la causante de la vulneración de los
derechos fundamentales invocados por la parte actora, los que se atribuyen
exclusivamente a la actuación judicial desplegada por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca.
37. Señaló que en la sentencia de primera instancia dictada en el proceso de
reparación directa no se estudió la responsabilidad de la institución, por cuanto la
demanda se dirigió contra el Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional.
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38. Al respecto, la Sala precisa que la Policía Nacional fue vinculada al presente
proceso en calidad de tercero con interés, por haber sido mencionada como parte
pasiva de la litis por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la sentencia
de segunda instancia dictada el 29 de noviembre de 2021, que corresponde a la
decisión censurada, en la que se incluyó el siguiente texto:
39. Sin embargo, al revisar las pruebas obrantes en la foliatura, en especial la
demanda y la sentencia de primera instancia se evidencia que la institución no fue
incluida como parte pasiva ni vinculada al proceso ordinario como tercero o
llamado en garantía y su mención en el fallo de segunda instancia censurado
obedece a un error en el que incurrió el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, al citar a los demandados.
40. En consecuencia, al no haber intervenido en el proceso de reparación directa,
es evidente que no le asiste interés alguno en el resultado del proceso,
debiéndose declarar la falta de legitimación por pasiva y desvincularla de la
presente actuación.
2.3. Problemas jurídicos
41. Con fundamento en la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material
probatorio recaudado y los cargos invocados en la demanda de tutela, el primer
problema jurídico que subyace al caso concreto consiste en establecer si
concurren los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando
se dirige contra providencia judicial.
42. En el evento de encontrar superados tales requisitos, se establecerá si la
autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia de la parte actora, con ocasión
de la decisión de negar las pretensiones indemnizatorias al haber encontrado que
la decisión de imponer medida de aseguramiento en el proceso penal fue
razonable y proporcional.
43. Por razones de orden metodológico, se analizarán los siguientes temas i)
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; ii) cumplimiento de
los requisitos de procedibilidad adjetiva; y iii) el caso concreto, con fundamento en
los argumentos expuestos en el libelo introductorio y las intervenciones de la parte
accionada y la tercera interesada.
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2.4. Razones jurídicas de la decisión
2.4.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
44. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
20124 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema5 y declaró su
procedencia.6
45. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que no se
trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento
de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos
y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado; y iv) de
relevancia constitucional. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno
de estos presupuestos, se deber declarar la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
46. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que
la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.
47. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4.2. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.2.1. Relevancia constitucional7
4 Ref.: No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery
Germania Álvarez Bello. M.P.: María Elizabeth García González.
5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
6 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
7 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00;
Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-
15-000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia
13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-
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48. La Sala entiende superado este requisito, por cuanto al realizar el test de
procedibilidad de la acción en relación con los supuestos fácticos de la demanda y
las pretensiones, se advierte que la parte actora solicitó la protección de las
garantías del debido proceso8 y del acceso efectivo a la administración de justicia.
49. La parte tutelante alegó la vulneración del derecho al debido proceso, desde la
perspectiva constitucional consagrada en el artículo 29 de la Carta, lo que implica
que la misma trascienda el ámbito meramente legal, en la medida en que alega la
configuración de los defectos fáctico y sustantivo.
50. En consecuencia, no se trata de un debate de orden exclusivamente legal, el
cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el titular de la garantía o el
interesado legítimo quede en un estado de indefensión, de tal manera que al
existir la eventualidad de que no haya obtenido la protección ante el juez
contencioso administrativo, natural de la causa ordinaria, quien tenía la obligación
de constituirse en protector de estos asumiendo el rol de juez de
constitucionalidad y/o de convencionalidad, puede comparecer al juez de tutela,
quien deberá analizar el caso de acuerdo con los postulados del Estado Social de
Derecho.
51. La conclusión anterior deviene de la consideración de que el asunto es de
relevancia constitucional cuando resulta necesario verificar si subsiste la violación
o amenaza, después de haber agotado el procedimiento judicial establecido por la
ley para su protección.
52. Adicionalmente, la relevancia constitucional implica que el asunto de la acción
de tutela tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su
aplicación, para su eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales y libertades públicas9-10
2019-05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20,
Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-
00; Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
8 Según el artículo 86 de la Constitución, la finalidad de la acción de tutela es conjurar aquellas
situaciones en que la decisión de la autoridad judicial incurre en graves falencias, de relevancia
constitucional, que conllevan una decisión incompatible con la Constitución (Sentencia T-817 de
2012 de la Corte Constitucional). Por tal razón, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que
uno de los requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencias
judiciales es que el asunto tenga evidente relevancia constitucional; esto es, que se oriente a la
protección de derechos fundamentales (Sentencia SU-573 de 2017, reiterando las consideraciones
expuestas en la C-590 de 2005) esto se refiere a que “involucre garantías superiores y no sea de
competencia exclusiva del juez ordinario”(Sentencia SU-050 de 2018).
9 Ver al respecto: Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate: sentencia del
27.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00004-00; sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-
000-2019-05258-00; sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05291-00; sentencia
del 13.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00137-00; sentencia del 13.02.2020, Exp. 11001-03-
15-000-2019-05354-00; sentencia del 6.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05153-00; sentencia
del 30.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05121-00; sentencia del 30.01.2020, Exp. 11001-03-
15-000-2019-05167-00; sentencia del 23.01.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
sentencia del 23.01.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
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2.4.2.2. Tutela contra tutela
53. La Sala observa que no existe reparo alguno en cuanto hace referencia al
juicio de procedibilidad, porque no se trata de una tutela contra decisión de la
misma naturaleza, pues el trámite cuestionado corresponde a un proceso de
reparación directa instaurado por los señores Luz Adiela Ciro Arias, Carlos
Alirio Pardo Correa y otros contra la Nación – Rama Judicial – Fiscalía General
de la Nación y otros11.
2.4.2.3. Inmediatez
54. En relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, no se advierte
ningún reproche, porque la parte actora considera vulnerados los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia con ocasión de la
providencia dictada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca el 29 de octubre de 2021, la cual se notificó el 30 del mismo mes y año,
por lo que cobró ejecutoria el 7 de diciembre de la citada anualidad y la demanda
de tutela se radicó el 10 de mayo de 2022, por lo que la Sala considera razonable
el plazo transcurrido.
55. Lo anterior porque se evidencia que se presentó en un plazo inferior a seis (6)
meses que se considera adecuado, de acuerdo con la posición unificada del
Consejo de Estado.
2.4.2.4. Subsidiariedad
56. En lo referente a la existencia de otro mecanismo de defensa judicial para
obtener la protección del derecho fundamental que la parte actora considera
vulnerado, la Sala precisa que la sentencia censurada fue dictada en sede de
apelación, sin que contra tal decisión procedan recursos ordinarios adicionales,
habiendo puesto la providencia fin al proceso.
10 Sobre la relevancia constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse esta Sección en varias
sentencias de tutela, de las cuales cabe destacar la sentencia del 5.12.2019, M.P. Rocío Araújo
Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-04724-00.
11 En igual sentido, se encuentran las siguientes: Consejo de Estado, Sección Quinta: sentencia del
27.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00014-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez;
sentencia del 27.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00400-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra;
sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00092-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra;
sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00179-00, M.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio; sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00141-00, M.P. Luis Alberto Álvarez
Parra; sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-04788-01, M.P. Rocío Araújo Oñate;
sentencia del 13.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00137-00, M.P. Rocío Araújo Oñate;
sentencia del 13.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00037-00, M.P. Rocío Araújo Oñate;
sentencia del 6.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05346-00, M.P. Rocío Araújo Oñate;
sentencia del 6.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05202-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.
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57. En el presente caso no es posible tener como mecanismos idóneos de
defensa judicial los recursos extraordinarios de revisión y el de unificación de
jurisprudencia, porque los argumentos expuestos no se ajustan a alguna de las
causales taxativas consagradas en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 y no se
invoca como desconocida una sentencia de unificación de jurisprudencia.
58. Al encontrarse superados los requisitos de procedibilidad adjetiva,
corresponde a la Sala analizar el fondo del asunto, con fundamento en los cargos
propuestos en la demanda.
2.4.3. Examen del caso concreto
2.4.3.1. Perspectiva de análisis de los cargos
59. La parte actora consideró que la providencia censurada incurrió en defecto
fáctico porque i) se tuvieron por probados hechos que no cuentan con soporte en
el expediente; ii) se omitió valorar el acervo probatorio, por no haberse tenido en
cuenta el expediente penal aportado, en especial la audiencia de legalización de
captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento que
obra en DVD en el expediente penal arrimado al juicio de responsabilidad; y iii) no
se tuvo en cuenta que la declaración rendida por el señor Luis Gabriel Riscos
Orejuela “es incoherente y poco creíble”.
60. Alegó, igualmente, la existencia de un defecto sustantivo que fundamentó en
que la autoridad judicial accionada no aplicó de manera correcta los artículos 308
y 310 del Código de Procedimiento Penal, preceptos que exigen la existencia de
elementos materiales probatorios y evidencia física, para inferir razonablemente
que el imputado es autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga y
que es un peligro para la sociedad y -reafirmó- que tales pruebas no existían.
61. La Corte Constitucional ha considerado como un supuesto de configuración
del defecto fáctico, cuando los hechos del caso “no se subsumen adecuadamente en
el supuesto de hecho que legalmente la determina”12.
62. Por lo expuesto, en consideración a que el fundamento de los dos defectos
alegados se encuentra inescindiblemente ligados, en torno a la inexistencia de la
prueba exigida por el precepto que se consideró indebidamente aplicado, la Sala
realizará un examen conjunto de los dos, desde la perspectiva del defecto fáctico.
2.4.3.2. Análisis de los defectos en el caso concreto
63. En la sentencia censurada, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca fijó el
marco normativo13 y jurisprudencial con fundamento en el cual se deben resolver
12 Corte Constitucional, Sentencia T-045 del 25.02.2021, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
13 Se refirió al contenido del artículo 68 de la Ley 270 de 1996.
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las demandas en las que se reclaman perjuicios derivados de la privación injusta
de la libertad, la cual sustentó en las siguientes sentencias:
i) Sentencia C-037 de 1996, en la que la Corte consideró que el artículo 68 de
la Ley 270 de 1996 encuentra su sustento en normas constitucionales
(artículos 6º, 28,29 y 90 de la Constitución) y que el término “injustamente”
“se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los
procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la
libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino
abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que
en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase
en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en
forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el
patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la
aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la
responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe
contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en
consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que
se ha producido la detención.”
ii) La SU-072 de 2018 dictada por la Corte Constitucional, en la que se
argumentó que la libertad podía ser restringida por razones de prevención y
persecución de delitos, protección a las víctimas, comparecencia de
presuntos infractores ante la justicia, entre otras razones de interés general,
circunstancias que en nada afectan el principio de presunción de inocencia.
Agregó que la privación no era injusta si se respetaban los criterios de
legalidad, necesidad y proporcionalidad.
iii) Precisó la evolución jurisprudencial en la Sección Tercera del Consejo de
Estado y las principales consideraciones de la sentencia dictada el 6 de
agosto de 2020, con ponencia del magistrado José Roberto Sáchica
Méndez, en cumplimiento del fallo de tutela dictado el 15 de noviembre de
201914, por la Subsección “B” de esta que reiteró la necesidad de aplicar los
parámetros referidos para determinar que la privación de la libertad no
obedeció a la arbitrariedad del juzgador.
64. A continuación el tribunal realizó un recuento de los hechos que dieron lugar a
la captura de los imputados (incluido el señor Carlos Felipe Uribe Ciro) e hizo
referencia al contenido de los artículos 30615, 308 y 310 numeral 1º16 del C.P.P,
14 Fallo de tutela que fue confirmado por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-363 del
22.10.2021, oportunidad en la que reiteró que indicó que “no toda medida de aseguramiento
impuesta a una persona que es declarada posteriormente inocente conlleva a una responsabilidad
estatal pues, en cada caso, es necesario tener en cuenta las razones por las cuales se impone esa
medida. En ese sentido, no puede predicarse como regla general una responsabilidad objetiva por
el hecho de privar a una persona de su libertad precautelativamente, y luego ordenar su libertad,
sino que es necesario revisar, si la medida fue manifiestamente irrazonable y desproporcionada.”
15 Precepto que establece que “El fiscal solicitará al Juez de Control de Garantías imponer medida
de aseguramiento, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para
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pronunciándose ampliamente sobre los requisitos exigidos y el examen que le
corresponde realizar al juez penal para imponer una medida restrictiva de la
libertad.
65. La segunda de las normas citadas, que la parte actora considera
indebidamente aplicada al caso concreto, en la redacción que tenía para la época
de los hechos (año 2009)17 establecía:
“El juez de control de garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o
de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los
elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados
o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente
que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se
investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos:
1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar
que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia.
2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o
de la víctima.
3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que
no cumplirá la sentencia.”18
66. En la sentencia se precisaron, con fundamento en la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia, los conceptos de “información legalmente obtenida” y de
“elementos materiales probatorios o de la evidencia física”, y se realizó una amplia
valoración de la providencia que impuso la medida de aseguramiento consistente
en privación de la libertad.
67. Con fundamento en esa valoración, en la sentencia de segunda instancia
dictada en el proceso de reparación directa, se concluyó:
“En la solicitud de imposición de medida de aseguramiento fue puesto en
conocimiento de la Juez de Control de Garantías19 informe del investigador
de campo y el testimonio del señor Luis Gabriel Riascos Orejuela vigilante de
la bodega, quien indicó que el señor Luis Jairsiño Villan Solano, quien vestía
uniforme de la Policía, en compañía del señor Carlos Felipe Uribe Ciro,
quienes se encontraban en un vehículo de la Policía, le pidieron que los
dejaran ingresar a la bodega y una vez estuvieron adentro, lo obligaron a
descargar las cajas de cartón que contenían aproximadamente 750 kilos de
sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la defensa
la controversia pertinente.”
16 El precepto se refiere a la posible continuidad de la actividad delictiva o la posible vinculación
con organizaciones criminales.
17 En el año 2015 se le adicionó un parágrafo en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley
1760 de 2015.
18 El aparte subrayado fue declarado exequible por la Corte Constitucional, por el cargo analizado
frente al presunto desconocimiento de los artículos 28, 29 y 250 numeral 1º de la Constitución
Política, en sentencia C-695 del 25.09.2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla
19 Se incluyó como nota al pie de página “Escuchar DVD audiencias preliminares obrante a folio
551 del cuaderno 1ª”
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marihuana. También se tuvo en cuenta la gravedad y modalidad de la
conducta.
Por lo anterior y teniendo en cuenta la declaración del testigo y el informe
presentado por la Policía20 en la audiencia de imposición de medida de
aseguramiento, no solo la Fiscalía sino también el Ministerio Público
solicitaron que se impusiera medida de aseguramiento contra los acusados,
ya que a partir de lo anterior, era razonable inferir que el señor Carlos Felipe
Uribe Ciro (QEPD), podía ser autor o partícipe del delito que se le imputaba
y, en consecuencia, la medida de aseguramiento de detención preventiva
proferida contra él se ajustó al derecho penal adjetivo y se revela razonable,
estando respaldada en el título legal acorte con el ordenamiento
constitucional y las disposiciones convencionales.”
68. La autoridad judicial aclaró que la medida de aseguramiento no estaba
condicionada a la existencia de prueba que ofreciera certeza sobre la
responsabilidad penal sino a la existencia de indicios y a que se muestre como
necesaria para impedir la obstrucción a la justicia, lo que se encontró acreditado
en este caso, por cuanto el testimonio incluyó como posible coautor del delito a un
integrante de la Policía Nacional.
69. De la apreciación de las consideraciones expuestas por el Juez de Control de
Garantías que impuso la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía
General de la Nación y por el representante del Ministerio Público, concluyó que
“estuvo precedida de una valoración adecuada de los elementos de convicción, de
acuerdo con el momento procesal en que se encontraba la actuación penal y con
el tipo de delito investigado, que en principio permitía inferir, al menos de manera
probable, que el procesado podía haber participado en el delito que se le
imputaba”.
70. Advirtió que esta circunstancia no quedó desvirtuada por la pleclusión que
posteriormente se decretó en su favor, pues este análisis obedece a exigencias
probatorias disímiles.
71. De lo expuesto en precedencia se puede concluir que no se tuvieron por
probados hechos que no encontraran soporte en el expediente, por cuanto la
valoración se realizó precisamente sobre la providencia que decretó la medida de
aseguramiento, para descartar que la misma fuera “abiertamente arbitraria”, esto
es, que respetara los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad y
que se cumpliera alguno de los fines expuestos en los artículos 308 y 310 del
Código de Procedimiento Penal, que no son concurrentes, en la medida en que es
suficiente que uno de ellos aparezca demostrados, los que quedaron ampliamente
expuestos.
20El informe dio cuenta de la forma como aprehendió al señor Uribe Ciro en cercanías de la
bodega donde ocurrieron los hechos.
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72. Tampoco se dejó de valorar la providencia que decretó la preclusión, con
respecto a la cual se aclaró que fue proferida en una oportunidad posterior y
obedeció a que la Fiscalía no allegó elementos de convicción adicionales que
permitieran edificar la acusación, frente al un mayor requerimiento probatorio.
73. Cabe destacar que el proceso de reparación directa, cuyo objeto lo constituye
la comprobación de la concurrencia de los elementos de la responsabilidad del
Estado, no puede implicar, como lo pretende la parte actora, que se valoren
nuevamente las pruebas que militaron en el proceso penal, es decir, el informe del
investigador de campo y el testimonio del vigilante de la bodega, pues esa labor es
propia del juez de control de garantías y frente a ella el de la responsabilidad no
realiza un juicio de corrección sino de razonabilidad y proporcionalidad de la
decisión.
75. Tampoco le correspondía a la autoridad accionada determinar la configuración
de los ilícitos que tienen como verbos rectores el transporte y/o almacenamiento
de sustancias psicoactivas, en la medida en que lo que se pretendía era acreditar
la concurrencia de los requisitos para proferir medida de aseguramiento al inicio
del proceso penal y con los elementos probatorios que para ese momento obraran
en la foliatura, no determinar que efectivamente incurrió en tales conductas.
76. En consecuencia, al revisar las consideraciones expuestas en la sentencia
cuestionada, se advierte que no es cierto que se tuvieron por probados hechos
que no cuentan con soporte en el expediente, pues -se reitera- la valoración se
realizó frente a la decisión que impuso la medida de aseguramiento con
fundamento en los criterios de legalidad, necesidad, razonabilidad y
proporcionalidad, parámetros ampliamente superados.
77. Tampoco se omitió valorar el acervo probatorio, porque la decisión se adoptó
sobre la revisión de las audiencias preliminares, especialmente sobre la de
imposición de medida de aseguramiento que era aquella sobre la que cabía
realizar el análisis en sede de reparación directa según los criterios
jurisprudenciales establecidos por la Corte Constitucional y por el Consejo de
Estado y se destacó tanto su contenido como su ubicación en el expediente.
76. En la sentencia también se aplicaron las exigencias probatorias contenidas en
los artículos 308 y 310 del Código de Procedimiento Penal, de tal manera que
tales preceptos no fueron indebidamente aplicados ni sus criterios desconocidos
para efectos de determinar la responsabilidad extracontractual del Estado, no la
penal del imputado, perspectiva que alega la parte actora.
77. En consecuencia, la Sala no puede entender configurados los defectos fáctico
y sustantivo, que fueron alegados desde lo que los actores consideran ausencia
de prueba para edificar la medida de aseguramiento.
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2.5. Conclusión
78. La Sala no encontró acreditados los defectos alegados por la parte actora,
toda vez que la autoridad accionada realizó una valoración de la providencia que
restringió la libertad del señor Carlos Felipe Uribe Ciro encontrando que la misma
atendió los criterios exigidos por la jurisprudencia en cuanto a que fue legal,
necesaria, proporcional y razonable y que se aplicaron las normas procesales
vigentes.
79. En virtud de lo expuesto, no es posible la intervención excepcional del juez
constitucional, por lo que se negará la petición de amparo constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva de la Policía Nacional y, en consecuencia, desvincularla de la
presente actuación.
SEGUNDO: NEGAR la petición de amparo constitucional invocada por los
señores Luz Adiela Ciro Arias, Carlos Alirio Pardo Correa, Julián Mauricio Uribe
Ciro, Jaime Alejandro Uribe Ciro y Rosalba Arias Cardona, por no encontrar
configurados los defectos alegados, por las consideraciones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: Si no fuere impugnada, REMITIR el presente asunto a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el
inciso 2º del artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Los interesados pueden consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http//relatoria.consejodeestado.gov.co.8081
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