Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02623-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02623-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-02623-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
25 de agosto de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación (Acumulados): 2022-02623-00,
2022-02728-00, 2022-02618-00, 2022-02770-00, 2022-02754-00,
2022-00614-01, 2022-02662-00, 2022-02749-00, 2022-02812-00,
2022-02751-00, 2022-02817-00, 2022-02744-00, 2022-02746-00,
2022-02752-00, 2022-02755-00, 2022-02747-00, 2022-02847-00,
2022-02666-00, 2022-02748-00, 2022-02753-00, 2022-02796-00 y
2022-02743-00.
Referencia: Acción de tutela
ACTORES: FREDY ESTEBAN RESTREPO TABORDA Y OTROS.
TESIS: SE DECLARA LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR
PASIVA DE LOS ACTORES, TODA VEZ QUE NO SON LOS TITULARES
DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES INVOCADOS.
SE DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO FRENTE A LAS PRETENSIONES DEL SEÑOR DANIEL
QUINTERO CALLE.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y ELEGIR Y SER ELEGIDO.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
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NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN (ACUMULADOS): 2022-02623-00, 2022-02728-
00, 2022-02618-00, 2022-02770-00, 2022-02754-00, 2022-00614-01, 2022-
02662-00, 2022-02749-00, 2022-02812-00, 2022-02751-00, 2022-02817-00,
2022-02744-00, 2022-02746-00, 2022-02752-00, 2022-02755-00, 2022-
02747-00, 2022-02847-00, 2022-02666-00, 2022-02748-00, 2022-02753-00,
2022-02796-00 y 2022-02743-00.
ACTORES: FREDY ESTEBAN RESTREPO TABORDA.
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por los
actores contra la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN1 y la
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
Los señores FREDY ESTEBAN RESTREPO TABORDA, JHON
JAMES PARRA MONSALVE, DANIEL QUINTERO CALLE, JOSÉ
LIBARDO VALLEJO BETANCUR, MATEO VÉLEZ SÁNCHEZ
LORENZO ANTONIO BONILLA BALLESTEROS, JASMÍN
ALEJANDRA SÁNCHEZ BARRERA, JULIAN ANDRÉS RAMÍREZ
QUINTERO, JUAN CARLOS RESTREPO ESCOBAR, JUAN PABLO
RAMÍREZ ÁLVAREZ y JUAN CARLOS UPEGUI VANEGAS; ALEXIS
ÁLVAREZ MEJÍA, ANA MARÍA BALLESTEROS LONDOÑO, JUAN
DAVID ORTIZ TABORDA, YHONY JOSÉ HENAO GRANJA, DAVID
CORREA GIRALDO, DANIELA GIRALDO JARAMILLO, KEVIN
1
En adelante PGN.
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NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN (ACUMULADOS): 2022-02623-00, 2022-02728-
00, 2022-02618-00, 2022-02770-00, 2022-02754-00, 2022-00614-01, 2022-
02662-00, 2022-02749-00, 2022-02812-00, 2022-02751-00, 2022-02817-00,
2022-02744-00, 2022-02746-00, 2022-02752-00, 2022-02755-00, 2022-
02747-00, 2022-02847-00, 2022-02666-00, 2022-02748-00, 2022-02753-00,
2022-02796-00 y 2022-02743-00.
ACTORES: FREDY ESTEBAN RESTREPO TABORDA.
JOHAN CONTRERAS VELÁSQUEZ, IGNACIO ESNEIDER
JARAMILLO TAMAYO, LEONILDA ORREGO VIERA, DUVÁN
ALBERTO GRACIANO GIRALDO y WILLIAM RICARDO FLÓREZ
MORALES; ALEJANDRO SIERRA URREGO y JAVIER ALFONSO
IBAÑEZ ROMERO, actuando en nombre propio y algunos a través
de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en
el artículo 86 de la Constitución Política, solicitaron la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a elegir y ser elegido, entre otros, los
cuales consideran vulnerados por la PROCURADURÍA GENERAL DE
LA NACIÓN2 y la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA al haber
expedido el auto de 10 de mayo de 20223, dentro del proceso
disciplinario identificado con el número único de radicación IUS E-
2022154858 - IUC D-2022-2342904; y el Decreto 723 de 11 de mayo
del presente año5, “Por el cual se hace efectiva la suspensión
provisional del alcalde del Distrito Especial de Ciencia,
2
En adelante, la PGN.
3
Suscrito por el Viceprocurador (E) General de la Nación.
4
Al cual le fue acumulado el expediente núms. IUS E 2022-202555 – IUC D-2022-2356749.
5
Suscrito por el Ministro del Interior de la República de Colombia, Delegatario de Funciones
Presidenciales.
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NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN (ACUMULADOS): 2022-02623-00, 2022-02728-
00, 2022-02618-00, 2022-02770-00, 2022-02754-00, 2022-00614-01, 2022-
02662-00, 2022-02749-00, 2022-02812-00, 2022-02751-00, 2022-02817-00,
2022-02744-00, 2022-02746-00, 2022-02752-00, 2022-02755-00, 2022-
02747-00, 2022-02847-00, 2022-02666-00, 2022-02748-00, 2022-02753-00,
2022-02796-00 y 2022-02743-00.
ACTORES: FREDY ESTEBAN RESTREPO TABORDA.
Tecnología e Innovación de Medellín, ordenada por la
Viceprocuraduría General de la Nación, y se hace un encargo”,
respectivamente.
I.2.- Hechos
I.2.1. Hechos comunes de los expedientes acumulados
De la lectura de los expedientes acumulados se advierten como
hechos relevantes, los siguientes:
Señalaron que el 1o. de mayo de 2019, el señor DANIEL QUINTERO
CALLE anunció la creación del MOVIMIENTO INDEPENDIENTES
con el fin de dar a conocer su aspiración a ser mandatario del Distrito
de Medellín, por lo que mediante la recolección de firmas y el apoyo
ciudadano se conformó el Grupo Significativo de Ciudadanos
Independientes -en adelante GSC Independientes-, el cual fue
inscrito como una iniciativa independiente a los sectores políticos
tradicionales.
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NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN (ACUMULADOS): 2022-02623-00, 2022-02728-
00, 2022-02618-00, 2022-02770-00, 2022-02754-00, 2022-00614-01, 2022-
02662-00, 2022-02749-00, 2022-02812-00, 2022-02751-00, 2022-02817-00,
2022-02744-00, 2022-02746-00, 2022-02752-00, 2022-02755-00, 2022-
02747-00, 2022-02847-00, 2022-02666-00, 2022-02748-00, 2022-02753-00,
2022-02796-00 y 2022-02743-00.
ACTORES: FREDY ESTEBAN RESTREPO TABORDA.
Manifestaron que en su condición de ciudadanos residentes del
Distrito de Medellín, en ejercicio de su derecho al voto, participaron
en las elecciones de Alcalde llevadas a cabo el 27 de octubre de 2019,
en las que apoyaron al candidato DANIEL QUINTERO CALLE.
Indicaron que como resultado de la citada contienda electoral, el
señor DANIEL QUINTERO CALLE fue elegido como Alcalde del
Distrito de Medellín para el período 2020-2023, a través del
movimiento GSC INDEPENDIENTES con 304.420 votos, siendo la
votación más alta de la historia de dicho distrito.
Adujeron que el día 9 de mayo de 2022, el Alcalde de Medellín publicó
en su cuenta de twiter un video: “[…] en el que se observa al
mandatario dentro de un vehículo mientras pone su mano izquierda
en el volante y su mano derecha en la palanca de cambios,
manifestando “el cambio en primera”, sin hacer alusión a sector,
partido, movimiento o candidato político alguno […]”.
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NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN (ACUMULADOS): 2022-02623-00, 2022-02728-
00, 2022-02618-00, 2022-02770-00, 2022-02754-00, 2022-00614-01, 2022-
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2022-02744-00, 2022-02746-00, 2022-02752-00, 2022-02755-00, 2022-
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2022-02796-00 y 2022-02743-00.
ACTORES: FREDY ESTEBAN RESTREPO TABORDA.
Afirmaron que el 10 de mayo de 2022, sin que se hubiese notificado
previamente al señor QUINTERO CALLE del inicio de alguna
actuación disciplinaria en su contra, la Procuradora General de la
Nación, doctora MARGARITA CABELLO BLANCO, anunció en
medios de comunicación la apertura de la investigación y suspensión
provisional del cargo del Alcalde de Medellín, por la “presunta y
reiterada intervención en actividades y controversias políticas”,
desconociendo así los derechos y garantías de los sujetos dentro de
los procesos disciplinarios, pues las redes sociales o los medios de
comunicación no son los legalmente establecidos para notificar
providencias o inicio de investigaciones.
Sostuvieron que al señor QUINTERO CALLE le fue remitida la
citación para notificación personal el 11 de mayo de 2022, esto es,
posterior al anuncio realizado por la Procuradora, quien comunicó la
decisión sin habérsela notificado al destinatario.
Precisaron que a pesar de que la orden de suspensión no le había
sido notificada al investigado, no había transcurrido el trámite de la
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NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN (ACUMULADOS): 2022-02623-00, 2022-02728-
00, 2022-02618-00, 2022-02770-00, 2022-02754-00, 2022-00614-01, 2022-
02662-00, 2022-02749-00, 2022-02812-00, 2022-02751-00, 2022-02817-00,
2022-02744-00, 2022-02746-00, 2022-02752-00, 2022-02755-00, 2022-
02747-00, 2022-02847-00, 2022-02666-00, 2022-02748-00, 2022-02753-00,
2022-02796-00 y 2022-02743-00.
ACTORES: FREDY ESTEBAN RESTREPO TABORDA.
consulta y, además, la dictó un órgano netamente administrativo, el
11 de mayo de 2022, el Presidente IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
designó como Alcalde encargado a JUAN CAMILO RESTREPO
GÓMEZ, decisión adoptada por medio del Decreto 723 del 11 de
mayo de 2022.
A juicio de los actores, como grupo significativo de ciudadanos “[…]
hemos sido activos en la defensa de nuestro derecho a elegir, y en
la defensa de nuestro Alcalde a ser elegido, máxime cuando los
resultados en el cumplimiento del programa de gobierno y el Plan de
Desarrollo son ostensibles, pues en ejercicio de nuestros derechos
políticos y del principio democrático que rige en nuestro Estado de
Derecho, los mandatos de los alcaldes en Colombia son por un
período de cuatro años y esa garantía debe ser continua e
ininterrumpida, salvo por orden de un juez imparcial y autónomo que
garantice la salvaguarda de los derechos que le asiste de
conformidad con las normas superiores y el bloque de
constitucionalidad […]”.
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2022-02744-00, 2022-02746-00, 2022-02752-00, 2022-02755-00, 2022-
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2022-02796-00 y 2022-02743-00.
ACTORES: FREDY ESTEBAN RESTREPO TABORDA.
Resaltaron que la anunciada medida se generó sin que, previo a ello,
se hubiese notificado el inicio de la investigación disciplinaria al señor
QUINTERO CALLE como directo afectado de la decisión, lo que, en
su sentir, contraría lo previsto en el artículo 217 de la Ley 1952 de
20196.
Destacaron que “[…] ha hecho carrera en la praxis que ciertos
funcionarios que deben adoptar decisiones dentro de procesos
debidamente reglados desconozcan las etapas propias establecidas
en la ley y opten por vulnerar los derechos y garantías de los sujetos,
al realizar prejuzgamientos y anunciar decisiones a través de medios
de comunicación, previo a ser proferidas y notificadas a las partes
[…]”.
Señalaron que como se indica en el auto proferido por la PGN, la
orden de suspensión del señor Alcalde de Medellín no es susceptible
de recurso alguno y, a juicio de estos, el trámite de la consulta no es
6
“Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de
2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho
disciplinario”.
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NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN (ACUMULADOS): 2022-02623-00, 2022-02728-
00, 2022-02618-00, 2022-02770-00, 2022-02754-00, 2022-00614-01, 2022-
02662-00, 2022-02749-00, 2022-02812-00, 2022-02751-00, 2022-02817-00,
2022-02744-00, 2022-02746-00, 2022-02752-00, 2022-02755-00, 2022-
02747-00, 2022-02847-00, 2022-02666-00, 2022-02748-00, 2022-02753-00,
2022-02796-00 y 2022-02743-00.
ACTORES: FREDY ESTEBAN RESTREPO TABORDA.
garantía de objetividad o imparcialidad de conformidad con las
manifestaciones de dicha entidad, razón por la que, ante la ausencia
de mecanismos judiciales, estiman que procede la acción de tutela
para la protección de sus derechos fundamentales.
Advirtieron que pese a los argumentos señalados en el precitado auto
y lo expuesto en las leyes 1952 de 2019 y 2094 de 20217, las cuales
le otorgan funciones jurisdiccionales a la PGN para poder realizar
este tipo de actuaciones y tomar decisiones contra funcionarios de
elección popular, en su sentir, resulta evidente que en la teoría y en
la práctica las normas son totalmente inconstitucionales y violatorias
no solo de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos
Humano, en el caso GUSTAVO PETRO URREGO vs COLOMBIA, sino
de la Convención Americana, por lo que se debería adoptar la
excepción de inconstitucionalidad.
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“Por medio de la cual se reforma la Ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones”.
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00, 2022-02618-00, 2022-02770-00, 2022-02754-00, 2022-00614-01, 2022-
02662-00, 2022-02749-00, 2022-02812-00, 2022-02751-00, 2022-02817-00,
2022-02744-00, 2022-02746-00, 2022-02752-00, 2022-02755-00, 2022-
02747-00, 2022-02847-00, 2022-02666-00, 2022-02748-00, 2022-02753-00,
2022-02796-00 y 2022-02743-00.
ACTORES: FREDY ESTEBAN RESTREPO TABORDA.
Señalaron que con su decisión el Presidente de la Republica inaplicó
el artículo 32 de la Ley 1617 de 20138, el cual establece de manera
imperativa que en reemplazo del alcalde, deberá escogerse a un
ciudadano que pertenezca al mismo partido o movimiento político del
titular, por lo que al ser de conocimiento público que el señor JUAN
CAMILO RESTREPO GÓMEZ no es afín ni pertenece al movimiento
o partido del señor DANIEL QUINTERO CALLE, se demuestra una
violación flagrante y desproporcionada de la citada norma
estatutaria.
Pusieron de presente que se debía tener en cuenta la sentencia de 8
de julio de 2020, proferida por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el caso de la violación de los derechos políticos del
doctor GUSTAVO PETRO por parte de la PGN, que de manera
arbitraria lo suspendió de su cargo de Alcalde de Bogotá.
Subrayaron que en dicha sentencia, la Corte resaltó que de
conformidad con el artículo 23 de la Convención Americana de
8
“Por la cual se expide el Régimen para los Distritos Especiales”.
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00, 2022-02618-00, 2022-02770-00, 2022-02754-00, 2022-00614-01, 2022-
02662-00, 2022-02749-00, 2022-02812-00, 2022-02751-00, 2022-02817-00,
2022-02744-00, 2022-02746-00, 2022-02752-00, 2022-02755-00, 2022-
02747-00, 2022-02847-00, 2022-02666-00, 2022-02748-00, 2022-02753-00,
2022-02796-00 y 2022-02743-00.
ACTORES: FREDY ESTEBAN RESTREPO TABORDA.
Derechos Humanos, de la que Colombia hace parte, no se permite
que un órgano administrativo pueda aplicar una sanción que implique
una restricción a los derechos políticos de un funcionario público
democráticamente electo y, así mismo, señaló que al apartar de su
cargo al doctor GUSTAVO PETRO, vulneró los derechos de aquellas
personas que lo eligieron, como está ocurriendo ahora en el caso del
doctor QUINTERO CALLE.
I.2.2. Hechos del expediente identificado con el número de
radicación 2022-02618-00, presentado por el señor DANIEL
QUINTERO CALLE
Indicó que fue elegido democráticamente como Alcalde de Medellín
para el período 2020 - 2023, producto de lo cual se posesionó el 1o.
de enero de 2020.
Señaló que el 10 de mayo de 2022, se emitió un video desde la
cuenta institucional de Twitter de la PGN, @PGN_COL, en el que la
Procuradora anunciaba la apertura de investigación disciplinaria en
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NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN (ACUMULADOS): 2022-02623-00, 2022-02728-
00, 2022-02618-00, 2022-02770-00, 2022-02754-00, 2022-00614-01, 2022-
02662-00, 2022-02749-00, 2022-02812-00, 2022-02751-00, 2022-02817-00,
2022-02744-00, 2022-02746-00, 2022-02752-00, 2022-02755-00, 2022-
02747-00, 2022-02847-00, 2022-02666-00, 2022-02748-00, 2022-02753-00,
2022-02796-00 y 2022-02743-00.
ACTORES: FREDY ESTEBAN RESTREPO TABORDA.
su contra y la suspensión provisional de su cargo como Alcalde de
Medellín.
Sostuvo que la anterior decisión fue proferida por el Viceprocurador
General de la Nación (E), en quien no se podía desplazar la
competencia según lo previsto en el artículo 102 de la Ley 1952 de
2019.
Afirmó que el 11 de mayo de 2022, a través de la red social de Twitter
“@Ivan Duque”, se enteró que el Presidente de la República ejecutó
la suspensión provisional de su cargo como Alcalde, decisión que no
le fue comunicada y, además, nombró como alcalde encargado en el
Distrito de Medellín a un ciudadano que no hace parte del mismo
movimiento o partido político al cual pertenece, vulnerando así lo
dispuesto en el artículo 32 de la Ley Estatutaria 1617 de 2013.
A juicio del actor, la decisión del Viceprocurador General de la Nación
desconoció el debido proceso, por cuanto desplazó la competencia
para la investigación y juzgamiento del disciplinable, la cual
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00, 2022-02618-00, 2022-02770-00, 2022-02754-00, 2022-00614-01, 2022-
02662-00, 2022-02749-00, 2022-02812-00, 2022-02751-00, 2022-02817-00,
2022-02744-00, 2022-02746-00, 2022-02752-00, 2022-02755-00, 2022-
02747-00, 2022-02847-00, 2022-02666-00, 2022-02748-00, 2022-02753-00,
2022-02796-00 y 2022-02743-00.
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corresponde a la Sala Especial de Instrucción y a la Sala Especial de
Juzgamiento de funcionarios elegidos popularmente.
Precisó que el procedimiento adelantado por la PGN desconoció los
principios de independencia y autonomía que rigen los procesos
disciplinarios, pues tratándose de una entidad con una estructura
jerárquica no es posible dar cumplimiento a los mencionados
principios, de ahí que las disposiciones de la Ley 2094 de 29 de junio
de 2021 sobre dicha materia no sean aplicables a la investigación que
se sigue en su contra.
Adujo que se desconoció la sentencia C-450 de 2003 de la Corte
Constitucional, habida consideración que la medida de suspensión
decretada por la demandada no satisface los requisitos exigidos en la
citada providencia, en tanto los hechos materia de investigación no
están causando un perjuicio a la Administración Pública ni guardan
relación con el ejercicio del cargo de alcalde.
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00, 2022-02618-00, 2022-02770-00, 2022-02754-00, 2022-00614-01, 2022-
02662-00, 2022-02749-00, 2022-02812-00, 2022-02751-00, 2022-02817-00,
2022-02744-00, 2022-02746-00, 2022-02752-00, 2022-02755-00, 2022-
02747-00, 2022-02847-00, 2022-02666-00, 2022-02748-00, 2022-02753-00,
2022-02796-00 y 2022-02743-00.
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Resaltó que el Presidente de la República desconoció el mandato del
artículo 32 de la Ley 1617 de 5 de febrero de 20139, por cuanto a
través del Decreto 723 de 11 de mayo de 2022, encargó como Alcalde
del Distrito de Medellín a una persona que no pertenece a su mismo
movimiento político.
Finalmente, aseguró que en los procesos disciplinarios solo se puede
sancionar con suspensión del ejercicio del cargo a los funcionarios de
elección popular cuando se trate de hechos de corrupción definidos en
la Ley 412 de 6 de noviembre de 1997, “Por la cual se aprueba la
"Convención Interamericana contra la Corrupción”, como lo sostuvo la
Sala Plena del Consejo de Estado10 en la sentencia de 15 de noviembre
de 2017, por lo que, a su juicio, la PGN violó dicha norma
convencional, además del artículo 23.2 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, que fue objeto de análisis en la citada
sentencia del Consejo de Estado.
9
“Por la cual se expide el Régimen para los Distritos Especiales”.
10
Cita para el efecto la sentencia de 15 de noviembre de 2017, número único de radicación 11001-03-
25-000-2014-00360-00.
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00, 2022-02618-00, 2022-02770-00, 2022-02754-00, 2022-00614-01, 2022-
02662-00, 2022-02749-00, 2022-02812-00, 2022-02751-00, 2022-02817-00,
2022-02744-00, 2022-02746-00, 2022-02752-00, 2022-02755-00, 2022-
02747-00, 2022-02847-00, 2022-02666-00, 2022-02748-00, 2022-02753-00,
2022-02796-00 y 2022-02743-00.
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I.3.- Pretensiones
I.3.1. Pretensiones comunes de los expedientes acumulados
De la lectura de los expedientes acumulados, la Sala advierte que
pretenden lo siguiente:
“[…] Con fundamento en lo expuesto anteriormente, en las
pruebas presentadas y las que se pudieran practicar en el
trámite, en forma respetuosa, solicito al Honorable Tribunal
como Juez de lo constitucional se sirva dictar sentencia de tutela
en la cual se amparen los derechos vulnerados y se hagan las
respectivas declaraciones y condenas así:
1.- Se amparen los derechos constitucionales vulnerados por la
Procuraduría General de la Nación y el Presidente de la República
relacionados en el capítulo II de la acción de tutela.
2.- Como consecuencia de la anterior declaración se ordene la
suspensión y la revocatoria de la decisión u orden de suspender
al alcalde de Medellín por el termino inicial de 3 meses de su
cargo dictada por la Procuraduría General de la Nación.
3.- Se revoquen los actos y el Decreto 723 de 2022 de la
Presidencia de la Republica que ordena encargar como alcalde
de la ciudad de Medellín al señor Juan Camilo Restrepo.
4.- Se declare la excepción de inconstitucionalidad de las normas
acá denunciadas como violatorias de la constitución y la
convencionalidad
5.- Compulsar copias ante la Corte Suprema de Justicia contra
la servidora pública y Procuradora General de la Nación, señora
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00, 2022-02618-00, 2022-02770-00, 2022-02754-00, 2022-00614-01, 2022-
02662-00, 2022-02749-00, 2022-02812-00, 2022-02751-00, 2022-02817-00,
2022-02744-00, 2022-02746-00, 2022-02752-00, 2022-02755-00, 2022-
02747-00, 2022-02847-00, 2022-02666-00, 2022-02748-00, 2022-02753-00,
2022-02796-00 y 2022-02743-00.
ACTORES: FREDY ESTEBAN RESTREPO TABORDA.
Margarita Cabello, por la presunta comisión de los delitos de
prevaricato por acción y omisión, señalado en el artículo 413 del
Código Penal […]”.
I.3.2. Pretensiones del expediente identificado con el número
de radicación 2022-02618-00
El señor DANIEL QUINTERO CALLE, solicitó lo siguiente:
“[…] Con fundamento en lo expuesto, en forma respetuosa, solicito
se ordene a la Procuraduría General de la Nación revocar todas las
actuaciones desarrolladas en el proceso en contra del alcalde de
Medellín, Daniel Quintero Calle y así mismo, se ordene al Presidente
de la República revocar los actos administrativos tendientes a la
ejecución de la medida cautelar anunciada por la Procuradora
General de la Nación […]”.
I.4.- Defensa
I.4.1. Escritos de contestación dentro del expediente principal
identificado con el número de radicación 2022-02623-00
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00, 2022-02618-00, 2022-02770-00, 2022-02754-00, 2022-00614-01, 2022-
02662-00, 2022-02749-00, 2022-02812-00, 2022-02751-00, 2022-02817-00,
2022-02744-00, 2022-02746-00, 2022-02752-00, 2022-02755-00, 2022-
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I.4.1.1. La PGN, a través de apoderada judicial11, afirmó que existe
falta de legitimación en la causa por activa del señor FREDY
ESTEBAN TABORDA para alegar la presunta vulneración de
derechos fundamentales que están en cabeza del señor DANIEL
QUINTERO CALLE, toda vez que el actor no acreditó la calidad de
apoderado judicial o agente oficioso de este último.
Manifestó que no se pueden confundir los derechos del accionante
como Co–Director Ejecutivo Nacional del Movimiento
Independientes, que inscribió al señor QUINTERO CALLE como
candidato a la Alcaldía de Medellín y los que están en cabeza del
alcalde electo, quien por demás, ya ejerció su propia defensa, pues
interpuso acción de tutela ante la Sección Segunda del Consejo de
Estado que, mediante auto de 13 de mayo de 2022, la remitió al
despacho de la Magistrada que conoce del presente asunto, para que
fueran acumuladas y decidas en un solo fallo.
11
La doctora ANDREA LIZETH LONDOÑO RESTREPO.
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00, 2022-02618-00, 2022-02770-00, 2022-02754-00, 2022-00614-01, 2022-
02662-00, 2022-02749-00, 2022-02812-00, 2022-02751-00, 2022-02817-00,
2022-02744-00, 2022-02746-00, 2022-02752-00, 2022-02755-00, 2022-
02747-00, 2022-02847-00, 2022-02666-00, 2022-02748-00, 2022-02753-00,
2022-02796-00 y 2022-02743-00.
ACTORES: FREDY ESTEBAN RESTREPO TABORDA.
Advirtió que no se cumplen los requisitos de procedibilidad de la
acción de tutela contra las decisiones proferidas por la entidad dentro
de sus facultades jurisdiccionales, pues en el proceso disciplinario
que se adelanta contra el señor DANIEL QUINTERO CALLE aún no
se ha proferido fallo sancionatorio, en tanto la suspensión es un
medida cautelar de trámite y no una decisión definitiva.
Precisó que, teniendo en cuenta lo anterior, en el presente caso no
se acredita el requisito de subsidiariedad, toda vez que el grado de
consulta frente al auto de 10 de mayo de 2022, proferido por el
Viceprocurador (E), será resuelto por la Sala de Juzgamiento de
Servidores Públicos de Elección Popular, mecanismo que, a su juicio,
resulta idóneo para atender la situación aquí cuestionada, máxime si
no se advierte la existencia de un perjuicio irremediable, pues insistió
en que la suspensión decretada es una medida cautelar que pretende
evitar que la conducta investigada se siga ejecutando, por lo que, en
principio, va hasta el momento en que culmine la actual contienda
electoral.
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00, 2022-02618-00, 2022-02770-00, 2022-02754-00, 2022-00614-01, 2022-
02662-00, 2022-02749-00, 2022-02812-00, 2022-02751-00, 2022-02817-00,
2022-02744-00, 2022-02746-00, 2022-02752-00, 2022-02755-00, 2022-
02747-00, 2022-02847-00, 2022-02666-00, 2022-02748-00, 2022-02753-00,
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Informó que el Viceprocurador General de la Nación (E), haciendo
uso de las facultades conferidas mediante el parágrafo 3 del artículo
17 del Decreto Ley 262 de 2000, modificado por el artículo 7º del
Decreto Ley 1851 de 2021, en concordancia con el numeral 6 del
artículo 277 de la Constitución Política y el artículo 2º de la Ley 1952
de 2019, modificado por el artículo 1º de la Ley 2094 de 2021,
decidió asumir, en ejercicio de la competencia preferente, los dos
procesos disciplinarios que cursan contra el señor QUINTERO
CALLE, en calidad de Alcalde de Medellín, por supuesta intervención
en política, así como el conocimiento de oficio de los hechos que, al
parecer, tuvieron lugar en redes sociales referentes a los comicios
electorales que se llevarán a cabo para la elección del próximo
Presidente de la República, acumulando toda la actuación
disciplinaria en el radicado IUSE-2022-154858 - IUC-D-2022-
2342990.
Señaló que la decisión de suspender provisionalmente al señor
CALLE, estuvo debidamente motivada en los siguientes hechos: “[…]
(i) el funcionario se encontraba en ejercicio de sus funciones para el
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02662-00, 2022-02749-00, 2022-02812-00, 2022-02751-00, 2022-02817-00,
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momento en que se cometió la conducta investigada; (ii) la conducta
investigada puede ser constitutiva de la falta gravísima establecida
en el numeral 1 del artículo 60 de la Ley 1952 de 2019; y, (iii) el
Despacho cuenta con serios elementos de juicio que permiten
concluir que el disciplinable, de no ser suspendido, razonablemente
reiteraría la comisión de la falta investigada, tomando en
consideración que sus manifestaciones tendientes a intervenir en
política no se han hecho de manera aislada y han sido repetitivas
(declaraciones públicas en redes sociales y medios de comunicación),
incluso, a sabiendas de la prohibición que tienen los servidores
públicos de inmiscuirse en la contienda electoral […]”
Sostuvo que en el presente asunto es importante tener en cuenta
que según lo manifestado por la Corte Constitucional en la Sentencia
C-146 de 2021, “[…] la apertura al DIDH y el bloque de
constitucionalidad en ningún caso implican la existencia de normas
superiores a la Constitución Política pues, a lo sumo, las normas del
bloque de constitucionalidad servirán para interpretar los derechos y
deberes constitucionales. En otras palabras, las normas de DIDH
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incorporadas al bloque de constitucionalidad, ya sea en sentido
estricto o amplio, sirven para interpretar la Constitución y para
determinar si una Ley en particular se ajusta al texto constitucional,
pero no es un parámetro autosuficiente para analizar la validez de la
legislación nacional. De allí que, para la Corte “tales tratados [no son]
un referente autónomo y supraconstitucional para juzgar el
contenido material de una reforma de la Carta […]”.
Adujo que, en virtud de lo anterior, no se puede pretender que en el
caso sub examine el juez de tutela aplique el control de
convencionalidad de forma directa, toda vez que ello implicaría un
desconocimiento directo de la Constitución Política, pues es esta
misma la que mediante la figura del bloque de constitucionalidad,
establece la forma de hacer compatible el texto constitucional con las
disposiciones de los tratados internacionales, en tanto se requiere
una armonización para no desconocer el principio de supremacía
constitucional.
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Resaltó que carece de fundamento el hecho de cuestionar la
suspensión provisional impuesta al señor DANIEL QUINTERO
CALLE con base en la apreciación subjetiva de que su proceso
disciplinario equipara los mismos presupuestos fácticos y jurídicos
que sustentaron la decisión adoptada por la CIDH en el Caso Petro
Urrego Vs. Colombia, toda vez que la suspensión provisional
ordenada dentro del proceso disciplinario objeto de tutela, no se
traduce en una situación de carácter definitivo o en una sanción
equiparable con la destitución.
Agregó que la medida cautelar decretada busca la prevalencia de
valores constitucionales superiores ante una situación que podría
comprometer la independencia de la función pública, la cual fue
impuesta por autoridad competente en plena observancia de los
requisitos legalmente exigidos para efectos de garantizar el derecho
al debido proceso.
Por último, solicitó denegar el amparo solicitado o, en su defecto,
declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, por cuanto
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02662-00, 2022-02749-00, 2022-02812-00, 2022-02751-00, 2022-02817-00,
2022-02744-00, 2022-02746-00, 2022-02752-00, 2022-02755-00, 2022-
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de una parte, al accionante no le asiste legitimación en la causa por
activa y, de otra, no se configuró vulneración alguna a derechos
fundamentales en el marco del proceso jurisdiccional disciplinario que
se adelanta contra el señor DANIEL QUINTERO CALLE.
I.4.1.2. El Ministerio del Interior, a través de la Jefe de la Oficina
Asesora Jurídica, solicitó declarar su falta de legitimación en la causa
por pasiva y, en consecuencia, ser desvinculado del presente trámite,
toda vez que, a su juicio, no existe un nexo de causalidad entre la
presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados y una
acción u omisión ejecutada por dicha cartera ministerial.
Sostuvo que de los hechos narrados en el escrito de tutela, se
advierte que no es la entidad que emitió los actos administrativos
cuestionados, ni tiene injerencia alguna sobre las decisiones
proferidas por la PGN, órgano de control perteneciente al Ministerio
Público, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 de
la Constitución Política, ninguna autoridad del Estado podrá ejercer
funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley.
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00, 2022-02618-00, 2022-02770-00, 2022-02754-00, 2022-00614-01, 2022-
02662-00, 2022-02749-00, 2022-02812-00, 2022-02751-00, 2022-02817-00,
2022-02744-00, 2022-02746-00, 2022-02752-00, 2022-02755-00, 2022-
02747-00, 2022-02847-00, 2022-02666-00, 2022-02748-00, 2022-02753-00,
2022-02796-00 y 2022-02743-00.
ACTORES: FREDY ESTEBAN RESTREPO TABORDA.
Aunado a lo anterior, solicitó declarar improcedente el amparo
solicitado por no cumplir el requisito de la subsidiariedad, por cuanto
el actor cuenta con otros medios de defensa judicial, como lo son los
medios de control de nulidad simple y nulidad y restablecimiento del
derecho, dentro de los cuales puede formular solicitud de medidas
cautelares.
Sostuvo que la acción de tutela es inviable para controvertir las leyes
y pretender la declaratoria de nulidad de un acto administrativo, toda
vez que ello sería desconocer la autonomía de los jueces
competentes para tal fin y el principio de seguridad jurídica, a menos
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable, situación que no se acredita en el presente caso.
I.4.1.3. La Procuraduría Quinta Delegada ante el Consejo de
Estado solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por activa
del accionante o, en su defecto, denegar el amparo solicitado, toda
vez que, a su juicio, no se configuró vulneración alguna de los
derechos fundamentales invocados con ocasión de la expedición del
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00, 2022-02618-00, 2022-02770-00, 2022-02754-00, 2022-00614-01, 2022-
02662-00, 2022-02749-00, 2022-02812-00, 2022-02751-00, 2022-02817-00,
2022-02744-00, 2022-02746-00, 2022-02752-00, 2022-02755-00, 2022-
02747-00, 2022-02847-00, 2022-02666-00, 2022-02748-00, 2022-02753-00,
2022-02796-00 y 2022-02743-00.
ACTORES: FREDY ESTEBAN RESTREPO TABORDA.
auto de 10 de mayo de 2022, mediante el cual se ordenó la
suspensión provisional del ejercicio del cargo de Alcalde de Medellín,
al señor DANIEL QUINTERO CALLE.
Asimismo, pidió acceder a la acumulación solicitada dentro de la
acción de tutela identificada con el número único de radicación
11001-03-15-000-2022-02618-00, al existir identidad de supuestos
fácticos, de autoridades accionadas y de causa petendi.
Resaltó que el accionante carece de legitimación en la causa por
activa, comoquiera que no acreditó la calidad de representante o
apoderado judicial del señor DANIEL QUINTERO CALLE,
suspendido en el ejercicio del cargo de Alcalde de Medellín mediante
la providencia cuestionada y a quien presuntamente se le vulneraron
sus derechos fundamentales al debido proceso y elegir y ser elegido.
Por último, indicó que la providencia que dispuso la suspensión
provisional del señor QUINTERO CALLE fue emitida por la PGN en
ejercicio de sus funciones y con fundamento en lo dispuesto en la
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2022-02744-00, 2022-02746-00, 2022-02752-00, 2022-02755-00, 2022-
02747-00, 2022-02847-00, 2022-02666-00, 2022-02748-00, 2022-02753-00,
2022-02796-00 y 2022-02743-00.
ACTORES: FREDY ESTEBAN RESTREPO TABORDA.
ley; tiene un fin constitucionalmente legítimo, puesto que,
presuntamente, el citado funcionario incurrió en la falta gravísima
relacionada con la intervención en política y; la medida respeta el
debido proceso, es razonable, proporcional y estuvo debidamente
motivada.
I.4.1.4. La Presidencia de la República, a través de apoderado
judicial, solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por activa
del accionante o, en su defecto, declarar improcedente la acción de
tutela de la referencia por carecer del requisito de la subsidiariedad.
Señaló que pese a que la acción de tutela se caracteriza por su
informalidad, uno de los requisitos mínimos para su procedencia es
que el accionante demuestre que es el directamente afectado con las
acciones u omisiones de las autoridades accionadas, situación que no
ocurre en el presenta caso, comoquiera que el actor no demostró de
forma siquiera sumaria circunstancia alguna que lo habilite para
interponer la presente acción constitucional, máxime si actualmente
ante el Consejo de Estado bajo el radicado número 2022-02618-00,
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2022-02744-00, 2022-02746-00, 2022-02752-00, 2022-02755-00, 2022-
02747-00, 2022-02847-00, 2022-02666-00, 2022-02748-00, 2022-02753-00,
2022-02796-00 y 2022-02743-00.
ACTORES: FREDY ESTEBAN RESTREPO TABORDA.
el señor DANIEL QUINTERO CALLE promovió en nombre propio
solicitud de amparo bajo similares hechos y pretensiones.
Sostuvo que tampoco se cumple el requisito de la subsidiariedad,
pues para controvertir los actos administrativos aquí cuestionados,
el actor cuenta con los medios de control que el legislador ha
dispuesto para tal fin, mecanismos que prevén la posibilidad de
solicitar la suspensión provisional de los mismos. Además, indicó que
en el presente caso no se acreditó la configuración de un perjuicio
irremediable que permita la procedencia excepcional de la presente
acción de tutela.
Aseguró que no se han vulnerado los derechos fundamentales al
debido proceso y a elegir y ser elegido, toda vez que el Ministro del
Interior, delegatario de funciones presidenciales, en estricto
cumplimiento a las normas que regulan la materia, expidió el Decreto
723 de 11 de mayo de 2022, mediante el cual: “[…] de un lado,
suspendió provisionalmente del ejercicio del cargo de alcalde de
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
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2022-02796-00 y 2022-02743-00.
ACTORES: FREDY ESTEBAN RESTREPO TABORDA.
(Antioquia), al señor Daniel Quintero Calle y, de otro, designó en
encargo como alcalde del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín (Antioquia), al señor Juan Camilo Restrepo
Gómez, esto sin perjuicio de señalar que, una vez se produzca la
designación de uno de los ternados, inmediatamente concluirá el
encargo que por el citado decreto se realizó […]”.
Finalmente, advirtió que en el citado Decreto se señaló expresamente
que la designación de alcalde encargado se hace: “[…]
exclusivamente, mientras el movimiento político "Independientes",
que inscribió la candidatura del alcalde del Distrito Especial de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, presenta la terna
requerida y el Gobierno nacional verifica el cumplimiento de los
requisitos de los ternados y se nombra y posesiona el mandatario
designado por terna, el presidente de la República debe designar un
alcalde encargado, quien tendrá vocación estrictamente temporal
[…]”.
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ACTORES: FREDY ESTEBAN RESTREPO TABORDA.
I.4.1.5. El señor LUÍS EDUARDO PELÁEZ JARAMILLO, vinculado
como tercero con interés directo por ser quejosos dentro del proceso
disciplinario objeto de la presente acción, solicitó declarar
improcedente el amparo solicitado.
Afirmó que el actor FREDY ESTEBAN RESTREPO TABORDA carece
de legitimación en la causa por activa para presentar la acción
constitucional de la referencia, por cuanto pese a que señala que es
el Director Ejecutivo Nacional del Movimiento Independientes, al
revisar los Estatutos de dicho movimiento, se advierte que no existe
el cargo que el mencionado señor dice representar y tampoco se
encuentra establecida la facultad para representar los intereses del
movimiento, ni se allega acta del máximo órgano que faculte al
accionante para tal fin.
Sostuvo que en el escrito de tutela se realizan juicios de
inconstitucionalidad frente a la Ley 2094 de 2021 de manera general
y ambigua, sin presentar argumento alguno, por lo que, a su juicio,
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02662-00, 2022-02749-00, 2022-02812-00, 2022-02751-00, 2022-02817-00,
2022-02744-00, 2022-02746-00, 2022-02752-00, 2022-02755-00, 2022-
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ACTORES: FREDY ESTEBAN RESTREPO TABORDA.
se debe tener en cuenta que actualmente la Corte Constitucional se
encuentra realizando el examen de constitucionalidad de dicha ley.
Finalmente, aseguró que en el presente caso no se cumple con el
requisito de la subsidiariedad, toda vez que se encuentra pendiente
de resolver por parte de la PGN la consulta de la decisión de
suspensión, la cual es un acto de trámite, provisional, preventivo,
transitorio y temporal, no un acto definitivo, por lo que la presente
acción de tutela procedería excepcionalmente sólo si se hubiese
logrado demostrar un perjuicio irremediable, lo cual no fue
debidamente argumentado ni demostrado en el caso concreto.
I.4.1.6. El señor SIMÓN MOLINA GÓMEZ, vinculado como tercero
con interés directo por ser quejoso dentro del proceso disciplinario
objeto de la presente acción, solicitó denegar las pretensiones.
Afirmó que en el presente caso no resulta procedente la acción de
tutela, toda vez que la suspensión provisional aquí cuestionada no es
un acto definitivo y, además, el disciplinado cuenta con todas las
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2022-02744-00, 2022-02746-00, 2022-02752-00, 2022-02755-00, 2022-
02747-00, 2022-02847-00, 2022-02666-00, 2022-02748-00, 2022-02753-00,
2022-02796-00 y 2022-02743-00.
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garantías para ejercer la defensa de sus derechos a través de los
medios judiciales idóneos, esto son, la consulta de la medida de
suspensión y, en el momento de obtener una decisión final por parte
de la PGN, puede acudir a la jurisdicción contencioso administrativo
mediante la acción de nulidad o nulidad y restablecimiento del
derecho.
Aseguró que permitir la continuidad del señor QUINTERO CALLE en
el ejercicio del cargo como suprema autoridad administrativa del
Distrito de Medellín, pese a la existencia de indicios serios que
demuestran su intervención en política, lo cual fue acreditado en las
denuncias, significaría un gran daño a la democracia de forma
irremediable, pues las elecciones presidenciales no se pueden
repetir.
Adujo que existen pruebas suficientes de que el señor DANIEL
QUINTERO ha transgredido de manera recurrente la normatividad
asociada a la prohibición expresa que le asiste a los funcionarios
públicos de participar en política, incluidos los de elección popular,
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ACTORES: FREDY ESTEBAN RESTREPO TABORDA.
debido a que ha utilizado no solo los perfiles de sus redes sociales
personales, sino que se ha servido de su condición de primera
autoridad administrativa de la ciudad, así como de superior
jerárquico de las dependencias y entidades que hacen parte del
conglomerado de la Alcaldía de Medellín, para favorecer la campaña
del candidato GUSTAVO PETRO URREGO a la Presidencia de la
República.
Resaltó la importancia de la medida provisional de suspensión
impuesta por parte de la PGN, toda vez que el ejercicio de las
funciones de Alcalde, por parte del funcionario suspendido, a su
juicio, podría vulnerar las garantías electorales de otras campañas
presidenciales, así como poner en riesgo la imparcialidad que debe
predicarse de los entes territoriales para estos ejercicios
democráticos.
Puso de presente que el artículo 2º de la Ley 2094 de 2021, le
atribuye a la PGN funciones jurisdiccionales para vigilar la conducta
oficial de quienes desempeñan funciones públicas, incluso los
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ACTORES: FREDY ESTEBAN RESTREPO TABORDA.
funcionarios de elección popular, y adelantar las investigaciones
disciplinarias e imponer las sanciones de destitución, suspensión e
inhabilidad y las demás establecidas en la ley.
Arguyó que la decisión de suspensión se profirió en el marco de unos
procesos disciplinarios en los que se investiga si el funcionario violó
el artículo 60 del Código General Disciplinario, que tipifica como falta
gravísima la intervención en política y, de manera concreta, usar el
cargo para participar en las actividades de las bancadas o en las
controversias políticas, el cual, en su sentir, ha sido transgredido de
forma recurrente por el alcalde suspendido.
I.4.2. Escritos de contestación dentro de los expedientes
acumulados
I.4.2.1. La PGN, a través de apoderado judicial12, solicitó declarar
improcedente la acción de tutela de la referencia, por cuanto, a su
juicio, de una parte, no les asiste a los accionantes facultad sustancial
12
El doctor JUAN CAMILO POLANÍA BOBADILLA.
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02747-00, 2022-02847-00, 2022-02666-00, 2022-02748-00, 2022-02753-00,
2022-02796-00 y 2022-02743-00.
ACTORES: FREDY ESTEBAN RESTREPO TABORDA.
para solicitar la protección inmediata de derechos ajenos sobre la
base de apreciaciones personales que resultan ajenas al titular de los
mismos y, de otra, en general, no se configuró vulneración alguna a
derechos fundamentales en el marco del proceso jurisdiccional
disciplinario que se adelanta en contra del señor DANIEL
QUINTERO CALLE en su calidad de Alcalde de Medellín.
Afirmó que los derechos fundamentales que se invocan
presuntamente vulnerados están en cabeza del señor QUINTERO
CALLE, por lo que los actores carecen de legitimación en la causa
por activa, por cuanto no acreditaron la calidad de representantes
legales, apoderados judiciales o agentes oficiosos del titular de los
mismos, máxime si se tiene en cuenta que el citado funcionario
interpuso acción de tutela, ejerciendo así la defensa de sus derechos.
Por lo demás, reiteró los mismos argumentos expuestos en la
contestación allegada al expediente principal.
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02662-00, 2022-02749-00, 2022-02812-00, 2022-02751-00, 2022-02817-00,
2022-02744-00, 2022-02746-00, 2022-02752-00, 2022-02755-00, 2022-
02747-00, 2022-02847-00, 2022-02666-00, 2022-02748-00, 2022-02753-00,
2022-02796-00 y 2022-02743-00.
ACTORES: FREDY ESTEBAN RESTREPO TABORDA.
I.4.2.2. La Presidencia de la República, a través de apoderado
judicial, solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por activa
de los accionantes o, en su defecto, declarar improcedente la acción
de tutela de la referencia por carecer del requisito de la
subsidiariedad, para lo cual reiteró los mismos argumentos
expuestos en la contestación allegada al expediente principal.
I.5.- Solicitud de coadyuvancia
Los señores NIXÓN TORRES CÁRMACO y MÁXIMO NORIEGA
RODRÍGUEZ, mediante memorial visible en el índice 9 del
expediente digital, presentaron escrito conjunto en el que
coadyuvaron en su totalidad las pretensiones de la acción de tutela
de la referencia, por considerar que la decisión de la PGN de
suspender provisionalmente de sus funciones al señor DANIEL
QUINTERO CALLE como Alcalde de Medellín, transgredió el numeral
2 del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Dicha solicitud será estudiada por la Sala en la parte motiva de la
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00, 2022-02618-00, 2022-02770-00, 2022-02754-00, 2022-00614-01, 2022-
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2022-02744-00, 2022-02746-00, 2022-02752-00, 2022-02755-00, 2022-
02747-00, 2022-02847-00, 2022-02666-00, 2022-02748-00, 2022-02753-00,
2022-02796-00 y 2022-02743-00.
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presente providencia, por tener una relación sustancial con el fondo
del asunto.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de
11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y
del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma
Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de
tutela.
Cuestiones previas
Antes de resolver la presente acción de tutela, la Sala considera
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2022-02744-00, 2022-02746-00, 2022-02752-00, 2022-02755-00, 2022-
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necesario pronunciarse respecto de los siguientes aspectos
concernientes a: i) la solicitud de desvinculación presentada por el
MINISTERIO DEL INTERIOR; ii) el recurso de reposición y, en
subsidio, de apelación presentado por el señor LUÍS EDUARDO
PELÁEZ JARAMILLO, contra el auto de 8 de junio de 2022; y iii) la
solicitud de desistimiento presentada por la señora JASMÍN
ALEJANDRA SÁNCHEZ BARRERO.
i) De la solicitud de desvinculación presentada por el
MINISTERIO DEL INTERIOR
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la
sentencia.
La Sala advierte que el MINISTERIO DEL INTERIOR, solicitó su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva en la
presente acción de tutela.
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Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
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autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que el MINISTERIO DEL INTERIOR, como Delegatario
de Funciones Presidenciales, suscribió el Decreto 723 de 11 de mayo
de 2022, aquí cuestionado, y fue vinculado como parte demandada
en el presente proceso, la Sala concluye que a dicha cartera
ministerial, le asiste interés en la decisión de la acción constitucional
de la referencia, razón por la que se denegará su solicitud de
desvinculación, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva
de la presente providencia.
ii) Del recurso de reposición y, en subsidio, de apelación
presentado por el señor LUÍS EDUARDO PELÁEZ JARAMILLO
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ACTORES: FREDY ESTEBAN RESTREPO TABORDA.
Mediante escrito de 14 de junio de 2022, el señor LUÍS EDUARDO
PELÁEZ JARAMILLO, presentó recurso de reposición y, en subsidio,
de apelación, contra el auto de 8 de junio de 2022, por medio del
cual se admitieron las acciones de tutela acumuladas, identificadas
con los números únicos de radicación 2022-02728-00, 2022-02618-
00, 2022-02770-00 y 2022-02754-00, entre ellas, la promovida por
el señor DANIEL QUINTERO CALLE.
Como fundamento de lo anterior, sostuvo que el señor QUINTERO
CALLE no cumplió con lo establecido en el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991, en relación al deber de manifestar juramento en el
escrito de tutela, por lo que, a su juicio, el Despacho sustanciador
debió requerirlo en su momento, máxime si se tenía en cuenta que
por los mismos hechos se habían instauraron múltiples solicitudes de
amparo ante esta Corporación, en las que aquel también funge como
parte demandante.
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NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN (ACUMULADOS): 2022-02623-00, 2022-02728-
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02662-00, 2022-02749-00, 2022-02812-00, 2022-02751-00, 2022-02817-00,
2022-02744-00, 2022-02746-00, 2022-02752-00, 2022-02755-00, 2022-
02747-00, 2022-02847-00, 2022-02666-00, 2022-02748-00, 2022-02753-00,
2022-02796-00 y 2022-02743-00.
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Al respecto, cabe señalar que el objetivo de prestar el juramento
previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, es de tipo
disuasivo y su ausencia no implica la inadmisión o rechazo de la
acción de tutela.
Así lo dispuso la Sala en una reciente oportunidad, mediante
sentencia de 1o. de julio de 2022, dentro del expediente identificado
con el número único de radicación 2022-02027-0113, en el que se
sostuvo lo siguiente:
“[…] De otro lado, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
señalado que el objetivo de prestar el juramento previsto por el
inciso segundo del artículo 3714 del Decreto 2591 de 1991 es de
tipo disuasivo, para “impedir el ejercicio abusivo de la acción. Así
mismo tiene como propósito evitar que el juez asuma la imposible
tarea de comprobar si se han interpuesto ante otros jueces, por los
mismos hechos y derechos, otras tutelas”15.
Igualmente, ha explicado que la falta de manifestación del
juramento no implica la inadmisión o el rechazo de la acción de
tutela16:
13
Consejero ponente Oswaldo Giraldo Lopéz.
14
“[…] ARTICULO 37. PRIMERA INSTANCIA (…) El que interponga la acción de tutela deberá
manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha presentado otra respecto de los mismos
hechos y derechos. Al recibir la solicitud, se le advertirá sobre las consecuencias penales del falso
testimonio (…)”.
15
Corte Constitucional. Sentencia T – 919 del 9 de octubre de 2003. M.P.: Marco Gerardo Monroy
Cabra.
16
Corte Constitucional. Sentencia T – 556 del 29 de noviembre de 1995. M.P.: Hernando Herrera
Vergara.
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00, 2022-02618-00, 2022-02770-00, 2022-02754-00, 2022-00614-01, 2022-
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“[…] Aún en el evento de no haberse hecho tal
manifestación de manera expresa, si bien es cierto que
el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 impone como
deber del demandante hacer tal declaración bajo
juramento, no corresponde esta situación a ninguna de
las causales de improcedencia de las consagradas de
manera taxativa en el artículo 6o. del mismo Decreto,
cuando la acción se ejerza contra autoridades públicas.
Tampoco se encuentra como una causal de inadmisión
de la acción para su aclaración o corrección, según el
artículo 17 del referido Estatuto, ya que dicha disposición
consagra que la corrección de la solicitud deberá hacerse en
el término de tres días, cuando el juez de tutela así lo
disponga, en el evento de que "no pudiere determinarse el
hecho o la razón que motiva la solicitud de tutela", porque de
lo contrario, de no obtenerse por parte del juez la suficiente
claridad respecto a los hechos alegados por el actor o de los
derechos cuya protección solicita, la correspondiente acción
se rechazará de plano […]”. [Destacado por la Sala]
En este punto, cabe mencionar que el artículo 3 del Decreto 2591
de 1991 establece que el trámite de la acción de tutela se
desarrollará de acuerdo con los principios de publicidad,
prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia.
En ese sentido, la Corte Constitucional ha manifestado que se
desconoce el principio de la prevalencia del derecho sustancial
cuando el juez rechaza la petición de amparo con fundamento en
que el accionante no manifestó bajo la gravedad de juramento que
no ha interpuesto otra tutela por los mismos hechos y
pretensiones, así17:
“[…] La consagración de dicha prevalencia en el mencionado
decreto, constituye una reiteración del mismo principio que ya
se encuentra previsto en el artículo 228 de la Constitución
Nacional.
Corte Constitucional. Sentencia T – 191 del 12 de mayo de 1993. M.P.:
17
Antonio Barrera Carbonell.
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En consecuencia, se desconoce el principio de “la prevalencia
del derecho sustancial” dentro del trámite de la acción de
tutela, cuando el juzgado, sin entrar a considerar la cuestión
de fondo y sin darle el trámite procesal correspondiente, esto
es, pretermitiendo por completo la instancia, la rechaza, con
el argumento de que no se manifestó bajo la gravedad del
juramento, que no se ha presentado otra acción de tutela
respecto de los mismos hechos y derechos.
La prevalencia del derecho sustancial se pone de manifiesto,
además, cuando el parágrafo del art. 29 del decreto 2591 de
1991 prohíbe los fallos de contenido inhibitorio, esto es, que
no contengan un pronunciamiento de fondo en cuanto a la
procedencia o improcedencia de la protección de los derechos
fundamentales, que se impetra.
(…)
Por consiguiente, el deber del juez, dentro del proceso de
tutela de la referencia, no debió fincarse en el exámen de
formalismos, sino en el análisis enderezado a establecer si se
vulneró o no el derecho fundamental del accionante, y en caso
de ser así, en la consideración de las medidas idóneas para
proteger de manera inmediata ese derecho.
Considera esta Sala de Revisión, que con la aplicación del
principio del informalismo procesal, que inspira la institución
de la tutela y, del principio de la prevalencia del derecho
sustancial sobre el derecho procesal, que adquiere mayor
fuerza y vigencia, tratándose de la protección de los derechos
fundamentales, ha debido el juzgado dar por satisfecho el
referido requisito, pues en caso de actuación temeraria, la
apoderada del petente, corre con las contingencias
sancionatorias, previstas en el artículo 38 del decreto 2591 de
1991 […]”.
Conforme con lo señalado, la Sala considera que, aunque la
accionante guardó silencio frente al requerimiento hecho por
el a quo en el sentido que manifestara bajo la gravedad de
juramento que no había interpuesto otra acción de tutela por
los mismos hechos y pretensiones, dicha circunstancia no está
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prevista en el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991 como uno
de los eventos en los que procede el rechazo, puesto que,
como quedó visto, el rechazo solo cabe cuando de la petición
de amparo no sea posible para el juez de tutela desprender
los hechos o la razón que motiva su presentación y, pese a
que se requiera al interesado, éste guarda silencio.
Adicionalmente, la omisión de prestar el juramento tampoco
corresponde a una causal de inadmisión para que la tutela sea
aclarada o corregida […]”.
Ahora bien, una vez revisado el escrito de tutela instaurado por el
señor DANIEL QUINTERO CALLE, a través de su apoderado
judicial, el doctor HÉCTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO,
obrante en el índice 8 del expediente digital núm. 2022-02618-00,
se observa con claridad el acápite que echa de menos el señor
PELÁEZ JARAMILLO. Como se observa a continuación:
“[…] VI.JURAMENTO
Bajo la gravedad del juramento afirmo que ni mi cliente ni el
suscrito abogado hemos presentado acción similar a la presente
y con los mismos fines de protección de los derechos
fundamentales que aquí se invocan y bajo los mismos
presupuestos de hecho.
En la fecha se tiene conocimiento de la existencia de otra acción
de tutela que cursa en el Despacho de la Dra. Nubia Margoth Peña,
bajo el radicado, pero esta no ha sido instaurada por mi
poderdante sino por el Movimiento Independientes para buscar el
amparo de los derechos de dicha colectividad, los que difieren de
los subjetivos del aquí accionante […]”.
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Finalmente, una vez revisadas todas las acciones de tutela que
fueron instauradas por los hechos aquí ventilados y que fueron
acumuladas en su momento por el Despacho sustanciador, no se
observa que el señor DANIEL QUINTERO CALLE haya hecho uso
del presente mecanismo de amparo en varias oportunidades y, por
el contrario, promovió solamente la que corresponde al radicado
número. 2022-02618-00, ya que las demás fueron instauradas por
personas ajenas a éste.
Por lo anterior, la Sala denegará los recursos interpuestos por el
señor LUÍS EDUARDO PELÁEZ JARAMILLO contra el auto de 8 de
junio de 2022, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
la presente providencia.
iii) De la solicitud de desistimiento presentada por la señora
JASMÍN ALEJANDRA SÁNCHEZ BARRERO
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00, 2022-02618-00, 2022-02770-00, 2022-02754-00, 2022-00614-01, 2022-
02662-00, 2022-02749-00, 2022-02812-00, 2022-02751-00, 2022-02817-00,
2022-02744-00, 2022-02746-00, 2022-02752-00, 2022-02755-00, 2022-
02747-00, 2022-02847-00, 2022-02666-00, 2022-02748-00, 2022-02753-00,
2022-02796-00 y 2022-02743-00.
ACTORES: FREDY ESTEBAN RESTREPO TABORDA.
Mediante memorial obrante en el índice 85 del expediente digital, la
señora JASMÍN ALEJANDRA SÁNCHEZ BARRERO, a través de
apoderado judicial, solicitó que le sea aceptado su desistimiento de
la acción constitucional de la referencia, por cuanto actualmente el
señor DANIEL QUINTERO CALLE se encuentra ejerciendo sus
funciones como Alcalde de Medellín, luego de que la PGN levantara
la medida provisional de suspensión impuesta en contra de aquél.
Frente a lo anterior, teniendo en cuenta que en el caso sub examine
se dan los presupuestos del artículo 26, inciso 2º, del Decreto Ley 2591
de 19 de noviembre de 199118, que prevé la figura del desistimiento
de la demanda dentro de las acciones de tutela, la Sala aceptará la
referida solicitud, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva
de esta providencia.
18
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
[…]
Artículo 26. Cesación de la actuación impugnada. Si estando en curso la tutela, se dictare resolución,
administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará
fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes.
El recurrente podrá desistir de la tutela, en cuyo caso se archivará el expediente […]”.
(Resaltado fuera del texto original).
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00, 2022-02618-00, 2022-02770-00, 2022-02754-00, 2022-00614-01, 2022-
02662-00, 2022-02749-00, 2022-02812-00, 2022-02751-00, 2022-02817-00,
2022-02744-00, 2022-02746-00, 2022-02752-00, 2022-02755-00, 2022-
02747-00, 2022-02847-00, 2022-02666-00, 2022-02748-00, 2022-02753-00,
2022-02796-00 y 2022-02743-00.
ACTORES: FREDY ESTEBAN RESTREPO TABORDA.
Precisado lo anterior, la Sala procede a examinar el asunto que ahora
ocupa su atención.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
259119 de 19 de noviembre de 1991. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no dispone de otros medios de defensa judiciales, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Análisis del caso concreto
19
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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02662-00, 2022-02749-00, 2022-02812-00, 2022-02751-00, 2022-02817-00,
2022-02744-00, 2022-02746-00, 2022-02752-00, 2022-02755-00, 2022-
02747-00, 2022-02847-00, 2022-02666-00, 2022-02748-00, 2022-02753-00,
2022-02796-00 y 2022-02743-00.
ACTORES: FREDY ESTEBAN RESTREPO TABORDA.
En el presente asunto, la Sala advierte que los actores pretenden que
se dejen sin efecto el auto de 10 de mayo de 202220, dentro del
proceso disciplinario identificado con el número único de radicación IUS
E-2022154858 - IUC D-2022-23429021; y el Decreto 723 de 11 de
mayo del presente año22, “Por el cual se hace efectiva la
suspensión provisional del alcalde del Distrito Especial de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, ordenada por la
Viceprocuraduría General de la Nación, y se hace un encargo”,
expedidos por la PGN y la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,
respectivamente.
A las citadas decisiones se les atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y a elegir y ser elegido, entre otros, por cuanto, a juicio de los
actores, en su condición de ciudadanos residentes del Distrito de
Medellín, ejercieron su derecho al voto en favor del señor DANIEL
20
Suscrito por el Viceprocurador (E) General de la Nación.
21
Al cual le fue acumulado el expediente núms. IUS E 2022-202555 – IUC D-2022-2356749.
22
Suscrito por el Ministro del Interior de la República de Colombia, Delegatario de Funciones
Presidenciales.
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02662-00, 2022-02749-00, 2022-02812-00, 2022-02751-00, 2022-02817-00,
2022-02744-00, 2022-02746-00, 2022-02752-00, 2022-02755-00, 2022-
02747-00, 2022-02847-00, 2022-02666-00, 2022-02748-00, 2022-02753-00,
2022-02796-00 y 2022-02743-00.
ACTORES: FREDY ESTEBAN RESTREPO TABORDA.
QUINTERO CALLE, en las elecciones de Alcalde del Distrito Especial
de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín llevadas a cabo el 27
de octubre de 2019.
Por su parte, el señor DANIEL QUINTERO CALLE, como titular de
los derechos fundamentales que se invocan como vulnerados,
aseguró que la PGN desconoció el debido proceso, por cuanto en los
procesos disciplinarios solo se puede sancionar con suspensión del
ejercicio del cargo a los funcionarios de elección popular cuando se
trate de hechos de corrupción, lo cual no ocurrió en su caso.
Además, advirtió que el Presidente de la República desconoció el
mandato del artículo 32 de la Ley 1617 de 5 de febrero de 2013, por
cuanto a través del Decreto 723 de 11 de mayo de 2022 procedió a
encargar como alcalde del Distrito de Medellín a una persona que no
pertenece a su mismo movimiento político.
Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala
consiste en: i) establecer si a los actores les asiste legitimación en la
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ACTORES: FREDY ESTEBAN RESTREPO TABORDA.
causa por activa como requisito de procedibilidad de la acción de
tutela y, ii) determinar si las autoridades accionadas vulneraron los
derechos fundamentales del señor DANIEL QUINTERO CALLE o, si
en el presente caso, se configura la carencia actual de objeto por
hecho superado.
• De la legitimación por activa en las acciones de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona
podrá ejercer la acción de tutela en nombre propio o mediante
apoderado para obtener la protección inmediata de sus derechos
fundamentales.
En relación con la legitimación en la causa por activa, el artículo 10°
del Decreto 2591 de 199123, preceptúa:
“Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá
ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona
vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales,
23
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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2022-02744-00, 2022-02746-00, 2022-02752-00, 2022-02755-00, 2022-
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ACTORES: FREDY ESTEBAN RESTREPO TABORDA.
quien actuará por sí misma o a través de representante. Los
poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de
los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa.
Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la
solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales”.
De las citadas normas, se desprende que quien promueve acción de
tutela puede hacerlo i) en nombre propio, actuando por sí mismo o
mediante apoderado, o ii) a través de la figura de la agencia oficiosa,
caso en el cual se debe manifestar expresamente tal circunstancia,
además de demostrar las razones por las cuales el agenciado no está
en capacidad de ejercer su propia defensa.
La Corte Constitucional ha establecido que la legitimación en la causa
por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la
medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto
del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela, de modo
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ACTORES: FREDY ESTEBAN RESTREPO TABORDA.
que el derecho cuya protección se persigue debe ser propio del
demandante y no de otra persona24.
En el presente caso, la Sala advierte que los señores FREDY
ESTEBAN RESTREPO TABORDA, JHON JAMES PARRA
MONSALVE, JOSÉ LIBARDO VALLEJO BETANCUR, MATEO
VÉLEZ SÁNCHEZ LORENZO ANTONIO BONILLA BALLESTEROS,
JULIAN ANDRÉS RAMÍREZ QUINTERO, JUAN CARLOS
RESTREPO ESCOBAR, JUAN PABLO RAMÍREZ ÁLVAREZ y JUAN
CARLOS UPEGUI VANEGAS; ALEXIS ÁLVAREZ MEJÍA, ANA
MARÍA BALLESTEROS LONDOÑO, JUAN DAVID ORTIZ
TABORDA, YHONY JOSÉ HENAO GRANJA, DAVID CORREA
GIRALDO, DANIELA GIRALDO JARAMILLO, KEVIN JOHAN
CONTRERAS VELÁSQUEZ, IGNACIO ESNEIDER JARAMILLO
TAMAYO, LEONILDA ORREGO VIERA, DUVÁN ALBERTO
GRACIANO GIRALDO y WILLIAM RICARDO FLÓREZ MORALES;
ALEJANDRO SIERRA URREGO y JAVIER ALFONSO IBAÑEZ
ROMERO, promueven la presente solicitud de amparo en nombre
24
Sentencia T-086 de 2010; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Caljub.
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2022-02744-00, 2022-02746-00, 2022-02752-00, 2022-02755-00, 2022-
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propio; no obstante, del escrito de tutela se desprende que los
derechos invocados están en cabeza del señor DANIEL QUINTERO
CALLE.
En efecto, con las acciones constitucionales de la referencia se
pretende lo siguiente: “[…] 1.- Se amparen los derechos
constitucionales vulnerados por la Procuraduría General de la Nación
y el Presidente de la República relacionados en el capítulo II de la
acción de tutela. 2.- Como consecuencia de la anterior declaración
se ordene la suspensión y la revocatoria de la decisión u orden de
suspender al alcalde de Medellín por el termino inicial de 3 meses de
su cargo dictada por la Procuraduría General de la Nación. 3.- Se
revoquen los actos y el Decreto 723 de 2022 de la Presidencia de la
Republica que ordena encargar como alcalde de la ciudad de Medellín
al señor Juan Camilo Restrepo […]”.
De lo anterior se infiere que las solicitudes de amparo están
encaminadas a que se restablezcan los derechos del citado
mandatario, quien como titular de los derechos fundamentales que
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se invocan transgredidos, presentó acción de tutela con identidad de
hechos y pretensiones, razón por la cual fue acumulada a la acción
constitucional de la referencia y, por ende, la Sala más adelante
estudiará su solicitud.
En este orden de ideas, para la Sala no se cumple con los requisitos
exigidos en el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991, pues no está
demostrada la facultad de los actores para actuar en representación
del señor DANIEL QUINTERO CALLE, por cuanto no manifestaron
ni probaron la calidad de agentes oficiosos y tampoco allegaron los
poderes que los facultara para promover la presente acción de tutela,
en defensa de los derechos fundamentales de aquél. Máxime, si como
ya se dijo, el citado funcionario presentó una acción constitucional
con el objeto de agenciar en nombre propio sus derechos
fundamentales presuntamente vulnerados, lo que descarta que
estuviera imposibilitado para promover la defensa de sus derechos.
Se resalta que tampoco es admisible que la presente acción hubiese
podido ser instaurada por los accionantes en nombre propio, debido
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a que no son los titulares de los derechos cuya protección reclaman,
lo que significa, en términos del artículo 86 Superior, que no son las
personas afectadas en sus derechos y, por ende, no son las
llamadas a reclamar por sí mismas la protección de estos.
En consecuencia, no pueden los actores alegar que se encuentran
legitimados para promover la presente acción de tutela, con
fundamento en la vulneración de sus derechos a elegir y ser elegidos,
materializada en el voto otorgado al señor DANIEL QUINTERO
CALLE, al estimar que el hecho de hacer parte del censo electoral
que dio lugar a la elección, los acredita como interesados, toda vez
que, como se explicó en líneas anteriores, no son los titulares de los
derechos reclamados.
Sobre el particular, en sentencia de 31 de enero de 201925, esta Sala
sostuvo:
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de enero
de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López, identificada con número único de radicación 73001-23-33-000-
2018-00517-01.
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02662-00, 2022-02749-00, 2022-02812-00, 2022-02751-00, 2022-02817-00,
2022-02744-00, 2022-02746-00, 2022-02752-00, 2022-02755-00, 2022-
02747-00, 2022-02847-00, 2022-02666-00, 2022-02748-00, 2022-02753-00,
2022-02796-00 y 2022-02743-00.
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“[…] En ese orden, y según lo señalado por la Corte Constitucional,
una persona se encuentra legitimada por activa para presentar una
acción de tutela “[…] cuando demuestra que tiene un interés
directo y particular en el proceso y en la resolución del fallo
que se revisa en sede constitucional, el cual se deriva de que
el funcionario judicial pueda concluir que el derecho
fundamental reclamado es propio del demandante. […]”26. En
consecuencia, la legitimación en la causa por activa constituye un
presupuesto esencial de la procedencia de la acción de tutela por
lo que el juez debe analizar la calidad subjetiva de las partes
respecto del interés sustancial que se discute en el proceso, de
manera que fácilmente pueda establecer que el derecho
fundamental reclamado es propio del demandante.
Así las cosas, si bien se reconoce el carácter informal que rige el
trámite de la acción de tutela, no por ello el juez constitucional se
encuentra autorizado para presumir las condiciones de legitimación
en la causa por activa, cuando el accionante ni siquiera hace
mención a ello en su escrito de tutela, pues, salvo en eventos en
los que el peticionario se encuentre en una evidente condición de
indefensión, la carga de la prueba incumbe al accionante27. Por
consiguiente, en el asunto bajo examen no resulta procedente
inferir, sin más, que quienes intervienen como parte actora son
estudiantes de la Universidad del Tolima y tener por demostrado,
a partir de esa circunstancia hipotética, la vulneración a sus
derechos fundamentales a la educación, igualdad y dignidad
humana […]”.
En consecuencia, la Sala declarará la falta de legitimación en la causa
por activa del señor FREDY ESTEBAN RESTREPO TABORDA, así
como en los radicados 2022-02623-00, 2022-02728-00, 2022-
02770-00, 2022-02754-00, 2022-00614-01, 2022-02662-00,
26
Corte Constitucional. Sentencia T-511 de 2017. M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado.
27
Corte Constitucional. Sentencia T-571 de 2015. M.P.: María Victoria Calle Correa.
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57
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN (ACUMULADOS): 2022-02623-00, 2022-02728-
00, 2022-02618-00, 2022-02770-00, 2022-02754-00, 2022-00614-01, 2022-
02662-00, 2022-02749-00, 2022-02812-00, 2022-02751-00, 2022-02817-00,
2022-02744-00, 2022-02746-00, 2022-02752-00, 2022-02755-00, 2022-
02747-00, 2022-02847-00, 2022-02666-00, 2022-02748-00, 2022-02753-00,
2022-02796-00 y 2022-02743-00.
ACTORES: FREDY ESTEBAN RESTREPO TABORDA.
2022-02812-00, 2022-02751-00, 2022-02817-00, 2022-
02744-00, 2022-02746-00, 2022-02752-00, 2022-02755-00,
2022-02747-00, 2022-02847-00, 2022-02666-00, 2022-
02748-00, 2022-02753-00, 2022-02796-00 y 2022-02743-
00, por cuanto no acreditaron el cumplimiento de los requisitos
previstos en el artículo 10º del Decreto 2591 de 1991, como en efecto
lo dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En este punto, cabe resaltar que mediante memorial obrante en el
en el índice 9 del expediente digital, los señores NIXÓN TORRES
CÁRMACO y MÁXIMO NORIEGA RODRÍGUEZ, manifiestan
coadyuvar las pretensiones de la demanda, a quienes le aplica la
misma postura aquí expuesta, teniendo en cuenta que no acreditan
un interés directo en el resultado del proceso, pues no son los
titulares de los derechos que reclaman, razón por la que la Sala
denegará su solicitud, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de la presente providencia.
• De la solicitud de amparo presentada por el señor
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NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN (ACUMULADOS): 2022-02623-00, 2022-02728-
00, 2022-02618-00, 2022-02770-00, 2022-02754-00, 2022-00614-01, 2022-
02662-00, 2022-02749-00, 2022-02812-00, 2022-02751-00, 2022-02817-00,
2022-02744-00, 2022-02746-00, 2022-02752-00, 2022-02755-00, 2022-
02747-00, 2022-02847-00, 2022-02666-00, 2022-02748-00, 2022-02753-00,
2022-02796-00 y 2022-02743-00.
ACTORES: FREDY ESTEBAN RESTREPO TABORDA.
DANIEL QUINTERO CALLE
La Sala observa que en el presente caso el señor DANIEL
QUINTERO CALLE interpuso acción de tutela con la finalidad de
obtener el amparo a sus derechos fundamentales al debido proceso,
al acceso a la administración de justicia, a la participación política y a
elegir y ser elegido, entre otros, para lo cual solicitó dejar sin efecto
el auto de 10 de mayo de 202228, dentro del proceso disciplinario
identificado con el número único de radicación IUS E-2022154858 -
IUC D-2022-23429029; y el Decreto 723 de 11 de mayo del presente
año30, expedidos por la PGN y la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,
respectivamente.
El actor atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales al
hecho de haber sido suspendido del ejercicio de su cargo como
Alcalde del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Medellín, por lo que al ser el titular de los derechos fundamentales
28
Suscrito por el Viceprocurador (E) General de la Nación.
29
Al cual le fue acumulado el expediente núms. IUS E 2022-202555 – IUC D-2022-2356749.
30
Suscrito por el Ministro del Interior de la República de Colombia, Delegatario de Funciones
Presidenciales.
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NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN (ACUMULADOS): 2022-02623-00, 2022-02728-
00, 2022-02618-00, 2022-02770-00, 2022-02754-00, 2022-00614-01, 2022-
02662-00, 2022-02749-00, 2022-02812-00, 2022-02751-00, 2022-02817-00,
2022-02744-00, 2022-02746-00, 2022-02752-00, 2022-02755-00, 2022-
02747-00, 2022-02847-00, 2022-02666-00, 2022-02748-00, 2022-02753-00,
2022-02796-00 y 2022-02743-00.
ACTORES: FREDY ESTEBAN RESTREPO TABORDA.
invocados como vulnerados, sería del caso entrar a estudiar sus
pretensiones.
No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta que el objeto de la
presente solicitud es que se dejen sin efecto el auto de 10 de mayo y
el Decreto 723 de 11 de mayo de 2022, la Sala advierte que se
configura la carencia actual de objeto por hecho superado, toda
vez que dichas decisiones no están surtiendo efectos jurídicos en estos
momentos.
En efecto, mediante auto de 21 de junio de 2022, expedido por la
PGN dentro de la actuación disciplinaria identificada con los números
de radicación IUS E 2022-154858 y IUC D 2022-2342990
(acumulados), levantó de forma inmediata la medida
disciplinaria de suspensión provisional del cargo impuesta a
DANIEL QUINTERO CALLE, en su condición de Alcalde de
Medellín, Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación, en los siguientes términos:
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00, 2022-02618-00, 2022-02770-00, 2022-02754-00, 2022-00614-01, 2022-
02662-00, 2022-02749-00, 2022-02812-00, 2022-02751-00, 2022-02817-00,
2022-02744-00, 2022-02746-00, 2022-02752-00, 2022-02755-00, 2022-
02747-00, 2022-02847-00, 2022-02666-00, 2022-02748-00, 2022-02753-00,
2022-02796-00 y 2022-02743-00.
ACTORES: FREDY ESTEBAN RESTREPO TABORDA.
Así las cosas, al desaparecer las circunstancias fácticas que
generaron la solicitud de amparo, junto con la presunta vulneración
de los derechos fundamentales alegados por el actor, teniendo en
cuenta que el señor DANIEL QUINTERO CALLE actualmente se
encuentra ejerciendo sus funciones como Alcalde de Medellín, cargo
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NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN (ACUMULADOS): 2022-02623-00, 2022-02728-
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02662-00, 2022-02749-00, 2022-02812-00, 2022-02751-00, 2022-02817-00,
2022-02744-00, 2022-02746-00, 2022-02752-00, 2022-02755-00, 2022-
02747-00, 2022-02847-00, 2022-02666-00, 2022-02748-00, 2022-02753-00,
2022-02796-00 y 2022-02743-00.
ACTORES: FREDY ESTEBAN RESTREPO TABORDA.
que retomó desde el 21 de junio de 2022, se entiende que se ha
configurado la carencia actual de objeto, por hecho superado.
Sobre el particular, cabe traer a colación el concepto de la carencia
actual de objeto desarrollado por la Corte Constitucional en la
sentencia T-653 de 2017, que lo define como «la imposibilidad
material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna
orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han
sido encomendados»31. Y en la misma sentencia se precisó que el
fenómeno previamente descrito puede materializarse a través de las
siguientes figuras:
“[…] (i) Daño consumado, consiste en que, a partir de la
vulneración que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o
afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de
forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o
impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez
constitucional dé una orden al respecto.
El daño consumado supone que no es posible hacer cesar la
violación o impedir que se concrete el peligro y, por ello, tan solo
es procedente el resarcimiento del daño originado por la
violación del derecho. Cuando al momento de la interposición de
la acción de tutela el daño ya está consumado, por regla general,
esta resulta improcedente, puesto que dicha acción tiene una
finalidad preventiva y no indemnizatoria.
31
Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo.
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02662-00, 2022-02749-00, 2022-02812-00, 2022-02751-00, 2022-02817-00,
2022-02744-00, 2022-02746-00, 2022-02752-00, 2022-02755-00, 2022-
02747-00, 2022-02847-00, 2022-02666-00, 2022-02748-00, 2022-02753-00,
2022-02796-00 y 2022-02743-00.
ACTORES: FREDY ESTEBAN RESTREPO TABORDA.
(ii) Hecho superado, comprende el supuesto de hecho en
el que, entre el momento en que se interpone la demanda
de amparo y el fallo se evidencia que, como producto del
obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a
los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar
la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y,
por tanto, se superó la afectación y resulta inocua
cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela
para lograr la protección de unos derechos que, en la
actualidad, no se encuentran afectados ni amenazados
(regulada en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991) .
(iii) Acaecimiento de una situación sobreviniente, se presenta en
casos en que como producto del acaecimiento de una situación
sobreviniente cuyo origen no está en el accionar de la parte
demandada, la vulneración predicada ya no tiene lugar, ya sea
porque el actor asumió la carga que no le correspondía, porque
a raíz de dicha situación perdió interés en el resultado de la litis,
o por cualquier otro hecho que haga inútil o innecesaria la
intervención del juez de tutela […]”32. (Se resalta).
En el mismo sentido, esta Sala, en relación con eventos en los cuales
se ha dado cumplimiento a lo perseguido por el actor, ha indicado lo
siguiente:
“[…] La acción de tutela se concibió para obtener la protección
efectiva y oportuna de los derechos fundamentales amenazados
o vulnerados. Ello permite entender que si durante su trámite
cesan o desaparecen los motivos que generan la amenaza o la
vulneración, o su consumación impide el ejercicio del derecho,
el objeto o la pretensión perseguida deja de ser exigible o pierde
su efecto necesario, al punto de no existir el motivo u objeto que
justifica la intervención preferente del juez constitucional. Se
sigue de lo dicho, que la carencia actual de objeto se presenta a
través de dos eventos, a saber: el hecho superado y el daño
32
Ibídem.
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00, 2022-02618-00, 2022-02770-00, 2022-02754-00, 2022-00614-01, 2022-
02662-00, 2022-02749-00, 2022-02812-00, 2022-02751-00, 2022-02817-00,
2022-02744-00, 2022-02746-00, 2022-02752-00, 2022-02755-00, 2022-
02747-00, 2022-02847-00, 2022-02666-00, 2022-02748-00, 2022-02753-00,
2022-02796-00 y 2022-02743-00.
ACTORES: FREDY ESTEBAN RESTREPO TABORDA.
consumado. El primero acaece cuando se supera la afectación
de tal manera que el pronunciamiento del juez pierde su
finalidad constitucional por cuanto la decisión que pudiere
adoptar sería inocua y contraria al objetivo de protección
inmediata y efectiva constitucionalmente previsto, o en el evento
en que ya no hay lugar a ordenar lo pretendido por cuanto con
ello no se va a lograr el amparo solicitado. La jurisprudencia
constitucional lo explica así: La carencia actual de objeto por
hecho superado se da cuando entre el momento de la
interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se
satisface por completo la pretensión contenida en la demanda
de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial en tal
sentido se torna innecesaria, En otras palabras, aquello que se
pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido
antes de que el mismo diera orden alguna […]”33.
Consecuente con lo anterior, comoquiera que tal hecho ha sido
superado, la Sala declarará la carencia actual de objeto frente a las
pretensiones del señor DANIEL QUINTERO CALLE, como en efecto
se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente:
Roberto Augusto Serrato Valdés. Bogotá, D.C., 14 abril de 2016. Radicación número: 54001-23-33-
000-2016-00061-01(AC). Actor: Yorman Mauricio Tobos Peñaranda. Demandado: Ministerio de Defensa
Nacional - Ejército Nacional - Dirección de Sanidad.
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00, 2022-02618-00, 2022-02770-00, 2022-02754-00, 2022-00614-01, 2022-
02662-00, 2022-02749-00, 2022-02812-00, 2022-02751-00, 2022-02817-00,
2022-02744-00, 2022-02746-00, 2022-02752-00, 2022-02755-00, 2022-
02747-00, 2022-02847-00, 2022-02666-00, 2022-02748-00, 2022-02753-00,
2022-02796-00 y 2022-02743-00.
ACTORES: FREDY ESTEBAN RESTREPO TABORDA.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por el MINISTERIO
DEL INTERIOR, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: DENEGAR los recursos interpuestos por el señor LUÍS
EDUARDO PELÁEZ JARAMILLO contra el auto de 8 de junio de
2022, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente
providencia.
TERCERO: ACEPTAR el desistimiento de la acción de tutela
instaurada por la señora JASMÍN ALEJANDRA SÁNCHEZ
BARRERA, expediente identificado con el número único de
radicación 2022-02749-00, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva del presente proveído.
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00, 2022-02618-00, 2022-02770-00, 2022-02754-00, 2022-00614-01, 2022-
02662-00, 2022-02749-00, 2022-02812-00, 2022-02751-00, 2022-02817-00,
2022-02744-00, 2022-02746-00, 2022-02752-00, 2022-02755-00, 2022-
02747-00, 2022-02847-00, 2022-02666-00, 2022-02748-00, 2022-02753-00,
2022-02796-00 y 2022-02743-00.
ACTORES: FREDY ESTEBAN RESTREPO TABORDA.
CUARTO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa
del señor FREDY ESTEBAN RESTREPO TABORDA, así como en los
radicados 2022-02623-00, 2022-02728-00, 2022-02770-00,
2022-02754-00, 2022-00614-01, 2022-02662-00, 2022-
02812-00, 2022-02751-00, 2022-02817-00, 2022-02744-00,
2022-02746-00, 2022-02752-00, 2022-02755-00, 2022-
02747-00, 2022-02847-00, 2022-02666-00, 2022-02748-00,
2022-02753-00, 2022-02796-00 y 2022-02743-00, por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
QUINTO: DENEGAR la solicitud de coadyuvancia presentada por los
señores NIXÓN TORRES CÁRMACO y MÁXIMO NORIEGA
RODRÍGUEZ, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
la presente providencia.
SEXTO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR
HECHO SUPERADO frente a las pretensiones solicitadas por el señor
DANIEL QUINTERO CALLE, expediente identificado con el número
único de radicación 2022-02618-00, de conformidad con lo
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00, 2022-02618-00, 2022-02770-00, 2022-02754-00, 2022-00614-01, 2022-
02662-00, 2022-02749-00, 2022-02812-00, 2022-02751-00, 2022-02817-00,
2022-02744-00, 2022-02746-00, 2022-02752-00, 2022-02755-00, 2022-
02747-00, 2022-02847-00, 2022-02666-00, 2022-02748-00, 2022-02753-00,
2022-02796-00 y 2022-02743-00.
ACTORES: FREDY ESTEBAN RESTREPO TABORDA.
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SÉPTIMO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
OCTAVO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de agosto de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Salva voto parcial
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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