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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02640-00

Fecha
4 de agosto de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02640-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- DECLÁRASE LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO en la acción de tutela presentada por el señor Nelkin Giovanny Hurtado Niño, quien actúa a nombre propio, en contra de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la Nación y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados. TERCERO.- De no ser impugnada la decisión, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO.- REGÍSTRASE la providencia en la plataforma SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-02640-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

4 de agosto de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C. cuatro (04) de agosto de dos mil veintidós (2022).

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02640-00
Accionante: NELKIN GIOVANNY HURTADO DELGADO
Accionado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTRO

Tema: Tutela por presunta vulneración del derecho
fundamental de petición / Generalidades del derecho
de petición / Ley 1755 de 2015 / Carencia actual de
objeto por hecho superado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala de Subsección decide la acción de tutela instaurada por el señor
Nelkin Giovanny Hurtado Niño, quien actúa a nombre propio, en contra
de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, la
Procuraduría General de la Nación y el Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario – INPEC.

I. ANTECEDENTES

La solicitud de protección del derecho fundamental de petición se
fundamenta en los siguientes:

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ACCIÓN DE TUTELA
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1. HECHOS

El 7 de febrero de 2022 el accionante presentó petición ante la
Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República en la cual solicitó que se iniciara «una
investigación, y en coordinación del ministerio de justicia, la
superintendencia de industria y comercia; la comisión reguladora de
telefonías, lograran que los minutos no se nos cobren a un precio
superior de cincuenta pesos».

De igual modo, pidió que se estudien las posibilidades de entregarle la
comunicación de toda la población privada de la libertad de Colombia a
empresas de telefonía móvil reconocidas, las cuales tienen las debidas
medidas de seguridad y la tecnología para la vigilancia.

2. PRETENSIONES

Solicita la parte accionante lo siguiente:

«5.1. Le solicito a su honorable señoría que ampare mis derechos a los
cuales estoy pidiendo protección constitucional, y en consecuencia
ordenar en primer lugar a la secretaría de transparencia de la presidencia
de la república, que como les corresponde hacer prevalecer nuestro
derechos lleven a cabo las pretensiones que fueron vulneradas en el
petitorio constitucional de amparo elevado el 07-febrero-2022 y en
coordinación con el procurador general ordene a la comisión reguladora
de telefonías, a la superintendencia de industria y comercio, para que
regulen los excesivos cobros de los minutos, advirtiéndoles las sanciones
disciplinarias y penales que les conllevan un tráfico de influencias y la
corrupción, ya que los altos jerárquicos usaran sus mejores influencias,
prestigiosos abogados y sus mejores recursos económicos, sin dejar
pasar por alto que en febrero el Congreso de la República y derechos
humanos del senado les envió comunicados a las superintendencias para
que tomaran cartas en el asunto, por solicitudes que envié en febrero-
07-2022 que los minutos se deben regular a un precio no superior de

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cincuenta pesos, que carros (sic) les salga el minuto a cinco pesos, los
otros 45 pesos son muchísima ganancia.

5.2. Que por ser un derecho vulnerado por parte de los accionados, y
por ser una tiranía arbitraria que perjudica a más de 150.000
colombianos privados de la libertad, hombres, mujeres y sus vínculos
familiares, en art. 20 y 29 y 95 C.N. como lo solicité y lo reintegro
añadiendo un poco más, para que los accionados, tanto de la
presidencia, como procuraduría y dirección inpec, deleguen una comisión
de funcionarios, convocando las reconocidas empresas de la telefonía
celular, para que expongan sus mejores proyectos de la telefonía, con
las mejores medidas de seguridad y vigilancia en las grabaciones de
todas las comunicaciones, de los ppl y que expongan las mejores
proposiciones para una posible venta de telefonías celulares con las
debidas medidas de vigilancia a los imei y llamadas, ya como se
estableció sentencia, con la posibilidad que la ppl puedan tener telefonías
celulares al interior de los establecimientos y en una mesa de
coordinación entre la presidencia, procuraduría y dirección general del
inpec sea sus delegados, puedan escoger que empresa reconocida de
telefonía representará los servicios de la ppl, que nos garanticen las
debidas condiciones de calidad y economía en los minutos que utilicemos
sin que seamos expuesto a las estafas obligatorias a los que actualmente
estamos sometidos.

[…]». (sic en toda la cita)

3. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

Sostiene la parte accionante que «se me vulnera a mí y a la ppl de
Colombia, recibir protección para que los altos jerárquicos y el inpec
(sic), no se sigan aprovechando de nuestro estado de sujeción y
vulnerabilidad, tomando ventaja por la necesidad de la integración al
vínculo familiar, para someternos a una nueva forma y modalidad de
estafa y extorsión, obligándonos a pagarles los minutos más caros de
Latinoamérica y quizás del mundo. […] se me vulnera el derecho por
parte de la presidencia y de la procuraduría […] al omitir dar
trascendencia a lo peticionado en los derechos de petición».

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4. TRÁMITE PROCESAL

4.1. Mediante auto de 17 de mayo de 2022, esta Subsección admitió la
acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a la Secretaría de
Transparencia de la Presidencia de la República, a la Procuraduría
General de la Nación y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –
INPEC, como accionados, para que ejercieran su derecho de defensa.

Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado para que, de considerarlo necesario, interviniera en el
presente asunto.

4.2. Posteriormente, por tener interés directo en las resultas del
proceso, a través de auto de 14 de julio de 2022 se vinculó a la
Superintendencia de Industria y Comercio para que ejerciera su
derecho de defensa e informara si ya había respondido a la petición
interpuesta por la parte accionante.

5. INTERVENCIONES

5.1. La Presidencia de la República, mediante apoderado, solicitó su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva.

5.2. La Procuraduría General de la Nación, a través de la asesora
de la Oficina Jurídica, pidió que se declare la carencia actual de objeto
por hecho superado, por cuanto la Procuraduría Segunda Distrital de
Bogotá dio trámite a la petición interpuesta por la parte accionante
remitiéndola por competencia a la Superintendencia de Industria y
Comercio, por ser la entidad encargada de dar respuesta a lo solicitado.

5.3. La Superintendencia de Industria y Comercio, por medio del

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coordinador del Grupo de Gestión Judicial, solicitó la desvinculación de
la entidad por no haber vulnerado ningún derecho fundamental de la
parte accionante.

Realizó un recuento de las actuaciones administrativas efectuadas
frente a las peticiones interpuestas por el señor Hurtado Delgado e
informó:

«En el precitado radicado, el 08 de abril de 2022, se emitió respuesta
al señor HURTADO NIÑO, señalándole que esta Superintendencia no
estaba facultada para pronunciarse de fondo, al no resultar aplicable el
Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios
de Comunicaciones, toda vez que la controversia no se centraba en un
contrato de prestación de servicios de comunicaciones. Sobre el
particular, pese a que la prestación del servicio de telecomunicaciones
en los establecimientos penitenciarios, no le es aplicable el mencionado
Régimen, el 17 de marzo y el 21 de junio del presente año, se efectuó
requerimiento de información al Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario –INPEC- en atención de lo dispuesto en la sentencia del 9 de
febrero de 2017, proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo
• Sección Primera del H. Consejo de Estado, que exhortó a esta
Superintendencia “para que verifique el cumplimiento de las tarifas
establecidas por la Comisión de Regulación en Comunicaciones para la
prestación del servicio de telefonía al interior de las cárceles en el país”,
con el fin de que aportaran copia del contrato que actualmente rige la
prestación del servicio. No obstante, hasta la fecha el INPEC no ha dado
respuesta a los mencionados requerimientos.

Ahora bien, el 21 de junio de 2022 se envió comunicación al señor
HURTADO NIÑO, reiterándole que esta Superintendencia no cuenta con
las facultades para conocer del caso en concreto, dado que la prestación
de los servicios de comunicación a la población privada de la libertad,
no se realiza mediante un contrato de adhesión, todo lo contrario, la
prestación de estos servicios presupone la existencia de un contrato
estatal celebrado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –
INPEC- por lo que la totalidad de las condiciones técnicas, económicas
y jurídicas han sido previamente pactadas por las partes,
encontrándose está relación jurídica reglada por las disposiciones de la
Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007. La anterior comunicación fue
enviada en la misma fecha al correo electrónico:

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direccion.epcpicota@inpec.gov.co.

Por otra parte, en el segundo radicado (22-221124), el Procurador
Segundo Distrital de Instrucción de la Procuraduría General de la
Nación, trasladó solicitud presentada por el señor HURTADO NIÑO, en
la cual puso en conocimiento su inconformidad con las tarifas del
servicio de telefonía móvil en los establecimientos penitenciarios del
país. Sobre el particular, se emitió respuesta el 21 de julio de 2022, allí
se le informó que por los mismos hechos expuestos en el traslado, el
señor HURTADO NIÑO ya había presentado petición ante esta Entidad,
bajo el Radicado No 22-77484, por lo anterior, se le comunicó
nuevamente todas las actuaciones desplegadas por mi prohijada bajo
el precitado radicado, además de reiterarle que, no se contaba con las
facultades legales para conocer del caso en concreto, dado que la
prestación de los servicios de comunicación a la población privada de la
libertad, no se realizaba mediante un contrato de adhesión, razón por
la cual, no era aplicable el Régimen de Protección de Usuarios de
Servicios de Comunicaciones. La anterior comunicación fue enviada en
la misma fecha al correo electrónico: direccion.epcpicota@inpec.gov.co
y e-lsiatama@procuraduria.gov.co».

Así, expuso que no se refleja prueba alguna de violación o amenaza de
los derechos fundamentales mencionados por la parte accionante, ni
tampoco considera que la Superintendencia sea la llamada a proteger
los mismos, dado que la situación que motivó la presentación de la
acción constitucional recae exclusivamente en el INPEC.

5.4. Las demás partes guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política:

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«Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces,
en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».1

2. PROBLEMA JURÍDICO

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder si:

 ¿Las entidades accionadas, con ocasión del trámite impartido
frente a la solicitud presentada el 7 de febrero de 2022,
incurrieron en una vulneración del derecho fundamental de
petición del señor Nelkin Giovanny Hurtado Delgado

Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) las generalidades de la acción de tutela, ii) las generalidades
del derecho de petición, iii) la carencia actual de objeto por hecho
superado y iv) el caso concreto.

3. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

3.1. GENERALIDADES DE LA ACCIÓN DE TUTELA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 2591 de
1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política, «toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario,

1
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.

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por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala
este decreto».

Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o
vulneración, de los derechos fundamentales, por la acción u omisión de
las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y
excepcionales.

La acción, sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales
que permitan proteger los derechos fundamentales del tutelante, salvo
que se interponga como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable.

3.2. GENERALIDADES DEL DERECHO DE PETICIÓN

La carta política en su artículo 23, faculta a toda persona para presentar
peticiones respetuosas ante las autoridades o ante las organizaciones
privadas, en los términos que señale la ley y, principalmente, el derecho
a obtener pronta resolución a su petición; en tal sentido, este derecho
comprende no sólo la prerrogativa de obtener una respuesta por parte
de las autoridades, sino también, a que éstas resuelvan de fondo, de
manera clara, precisa y oportuna2. El núcleo esencial del derecho de
petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues
de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta
no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.

2
Ver, entre otras, la sentencia de la Corte Constitucional T-481/92, MP: Jaime Sanín Greiffenstein.

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Así las cosas, el derecho de petición se garantiza cuando la
administración responde (i) de fondo, de manera clara y precisa,
(ii) dentro del plazo otorgado por la ley, esto es, dentro del término
de quince (15) días cuando se trate de derecho de petición de
información general, diez (10) días cuando se trate de solicitud de
información o documentos y treinta (30) días cuando se eleve una
consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo
(numerales 1, 2 y 3 del artículo 14 de la Ley 1755 de 2015,
respectivamente), y (iii) cuando es puesta en conocimiento del
peticionario.

En cualquier evento, de no ser posible antes de que se cumpla con el
término dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho
lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar
el término en el cual se realizará la contestación, el cual no podrá
exceder del doble del principal, y; en caso de petición de
informaciones, de excederse el término previsto, se entenderá que la
solicitud ha sido aceptada y la documentación deberá ser entregada en
el término de tres (3) días siguientes.

Por ende, no queda satisfecho el derecho de petición con respuestas
evasivas o informes acerca del trámite de las peticiones de los
particulares; la omisión o el silencio de la administración en relación
con las solicitudes de los ciudadanos, no son más que manifestaciones
de autoritarismo que van en contra del cumplimiento de los deberes de
los funcionarios públicos de responder y resolver de manera oportuna
las peticiones provenientes de los particulares, es decir, que la
obligación debe entenderse cumplida con la manifestación
adecuada a la solicitud planteada, con la respuesta efectiva para
la solución del caso y con la oportuna comunicación de ésta al
interesado.

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Es necesario aclarar, que la respuesta a la petición elevada por el
accionante no exige necesariamente una resolución favorable a sus
intereses, pues en reiterada jurisprudencia se ha insistido que no puede
asimilarse el derecho fundamental de elevar peticiones respetuosas a
las autoridades, con el derecho a lo que se pide.

3.3. CARENCIA ACTUAL DE OBJETO EN LA ACCIÓN DE TUTELA

La figura de la carencia actual de objeto opera cuando la orden del juez
de tutela, relacionada con las pretensiones de la demanda, no generaría
ningún efecto en el plano jurídico, ni surtiría ninguna consecuencia.
Generalmente, este fenómeno se produce a partir de dos eventos: el
hecho superado y el daño consumado.

En primer lugar, la carencia actual de objeto por hecho superado tiene
lugar cuando al momento de dictar la sentencia de tutela, los supuestos
fácticos que originaban la vulneración o amenaza de derechos
fundamentales, ya se han superado.

«La carencia actual de objeto por hecho superado se da cuando entre
el momento de la interposición de la acción de tutela y el momento del
fallo se satisface por completo la pretensión contenida en la demanda
de amparo -verbi gratia se ordena la práctica de la cirugía cuya
realización se negaba o se reintegra a la persona despedida sin justa
causa-, razón por la cual cualquier orden judicial en tal sentido se torna
innecesaria. En otras palabras, aquello que se pretendía lograr
mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que el mismo
diera orden alguna.»3

Cuando se produzca este evento, se debe demostrar que el hecho que
generaba la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales del
accionante en un caso concreto ya cesó, es decir, que se pruebe la

3
Corte Constitucional. Sentencia T 358 de 2014. Magistrado Ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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satisfacción completa de lo que se pretendía con la acción de tutela, tal
como lo ha establecido la Corte Constitucional:

«En estos casos, se debe demostrar que en realidad se ha satisfecho
por completo lo que se pretendía mediante la acción de tutela, esto es,
que se demuestre el hecho superado, lo que autoriza a declarar en la
parte resolutiva de la sentencia la carencia actual de objeto y a
prescindir de orden alguna, con independencia de aquellas que se
dirijan a prevenir al demandado sobre la inconstitucionalidad de su
conducta y a advertirle de las sanciones a las que se hará acreedor en
caso de que la misma se repita, al tenor del artículo 24 del Decreto
2591 de 1991.»4

En segundo lugar, la carencia actual de objeto por daño consumado se
presenta cuando lo que se pretendía evitar con la interposición de la
acción de tutela ya sucedió, lo cual genera que no sea posible cesar el
perjuicio o impedir que se concrete el peligro, con lo cual la vulneración
o amenaza del derecho fundamental generó el daño y lo procedente es
su resarcimiento.

«(…) en este orden de ideas, en caso de que presente un daño
consumado, cualquier orden judicial resultaría inocua, lo que es lo
mismo, caería en el vacío pues no se puede impedir que se siga
presentando la violación o que acaezca la amenaza. La única opción
posible es entonces la indemnización del perjuicio producido por causa
de la violación del derecho fundamental, la cual, en principio, no es
posible obtener mediante la mencionada vía procesal.»5

4. CASO CONCRETO

En el presente asunto, se resuelve la acción de tutela interpuesta por
el señor Nelkin Giovanny Hurtado Niño, quien actúa a nombre propio,
en contra de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la

4
Ibídem.
5
Ibídem.

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República, la Procuraduría General de la Nación y el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario – INPEC, por la presunta vulneración de su
derecho fundamental de petición.

Para resolver, esta Sala de Subsección advierte lo siguiente:

i. La parte accionada interpuso petición radicada con núm. E-2022-
074187 ante la Procuraduría Segunda Distrital, bajo el siguiente
asunto:

«EL SEÑOR NELKIN GIOVANNY HURTADO NIÑO CON CC NO
1010182583 INTERPONE QUEJA CONTRA EL CENTRO PENITENCIARIO
YA QUE LOS FUNCIONARIOS NO PERMITEN QUE LOS PRESIDIARIOS
SE COMUNIQUEN CON SUS FAMILIAS Y LOS QUE VENDEN MINUTOS
LOS VENDEN EN UN PORCENTAJE ALTO Y SE LES DIFICULTA PAGAR
ESE MONTO TAN ALTO AL QUE SE VE OBLIGADO A SOLICITAR AYUDA
PARA QUE EL PRECIO DE LOS MINUTOS SEA CÓMODO A SU
BOLSILLO».

ii. Mediante oficio de 2 de junio de 2022, la entidad remitió por
competencia el radicado E-2022-074187 a la Superintendencia de
Industria y Comercio.

iii. A través de correo electrónico de 3 de junio de 2022, la Procuraduría
Segunda Distrital comunicó a la remisión por competencia.
iv. Por medio de oficio de 3 de junio de 2021, se le comunicó la remisión
al accionante, en los términos de la Ley 1755 de 2015.

v. La Superintendencia de Industria y Comercio en Oficio núm. 22-
222535-3-0 de 10 de junio de 2022 contestó a la petición en los
siguientes términos:

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«Sobre el particular, le manifestamos que de acuerdo con las
atribuciones conferidas por mandato legal a esta Superintendencia,
bajo el decreto 4886 de 2011, corresponde a esta entidad, entre otras
funciones, velar por el cumplimiento de las normas sobre protección del
consumidor, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1480 de 2011 –
Estatuto del Consumidor, dar cumplimiento a las disposiciones relativas
a la calidad, la idoneidad, las garantías, las marcas, las leyendas, las
propagandas y la fijación pública de precios de bienes y servicios y la
responsabilidad de sus productores, expendedores y proveedores; así
como a la protección de la competencia y prácticas comerciales
restrictivas; de igual forma administrar el sistema nacional de la
propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la
misma.

En ese sentido, verificando nuestro sistema de trámites se evidencia
que bajo los mismos hechos usted presentó la petición número 22-
077650-3, a la que se emitió respuesta el día 08 de abril de 2022. Así
las cosas, nos permitimos reiterar nuevamente la respuesta brindada,
por lo cual la adjuntamos».

vi. Al respecto, la entidad reiteró el contenido de la respuesta brindada
mediante Oficio núm. 22-077650--00003-000 de 8 de abril de 2022,
en la cual le informó lo siguiente:

«De la citada norma [artículo 2.1.1.1. de la Resolución CRC 5050 de
2016, modificado por el artículo 1o de la Resolución CRC 5111 de 2017
y posteriormente modificado por el artículo primero de la Resolución
CRC 5930 de 2020, que a su vez desarrolla la Ley 1341 de 2009] se
desprende que, en materia de servicios de comunicaciones, el Régimen
de Protección de Usuarios, contenido en la citada Resolución, resulta
aplicable siempre y cuando se trate de controversias surgidas con
ocasión del ofrecimiento y durante la celebración y ejecución del
contrato de prestación de servicios de comunicaciones, con un operador
de telecomunicaciones.

Por lo tanto, en el presente caso y a la luz de las disposiciones
comentadas párrafos atrás, no resulta aplicable el Régimen de
Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios de
Comunicaciones, si se tiene en cuenta que la controversia no se centra
en un contrato de prestación de servicios de comunicaciones.

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Ac c i o n a n t e : N e l k i n G i o v a n n y H u r t a d o
Delgado

Así las cosas y de acuerdo a lo manifestado por Usted, es preciso
informarle que este Despacho, carece de facultades legales para
pronunciarse sobre la pretensión de su queja, en consideración a que
la controversia versa sobre los cobros de las llamadas en el
establecimiento carcelario».

vii. De igual modo, mediante Oficio núm. Rad. 22-77484, la entidad le
informó al accionante que:

«De acuerdo con lo anterior, es oportuno señalar que la competencia
de esta Dirección se ve restringida para adelantar alguna investigación
administrativa para el caso en concreto, en razón a que el suministro
de los servicios de comunicaciones en lo que respecta a la telefonía
móvil celular, se encuentra regulado de manera especial, debido a la
celebración de un contrato estatal directamente con el Instituto
Penitenciario y Carcelario –INPEC-.

Es importante aclarar que, en los contratos estatales, la totalidad de las
condiciones técnicas, económicas y jurídicas son el resultado del
acuerdo particular entre las partes y, se encuentran regladas por las
disposiciones de la Ley 80 de 19935 y Ley 1150 de 20076, en atención
a la naturaleza jurídica de una de las partes, por ende, están sometidas
a un régimen de contratación reglado, es decir que para la celebración
y ejecución de los contratos se deben observar los principios,
procedimientos y disposiciones legales establecidos en la citada
normatividad.

Por lo tanto, en el caso concreto expuesto por usted, se reitera respecto
de la validación de los costos involucrados en la prestación de un
servicio de comunicaciones a la población privada de libertad en un
centro de reclusión, que esta Dirección no cuenta con la competencia
para investigar ni resolver los conflictos de esta naturaleza, pues es una
controversia que se deberá resolver teniendo en cuenta las condiciones
en las que esté previsto en el contrato estatal. Así las cosas, mal haría
esta Dirección en pronunciarse sobre ese tipo de controversias sin tener
la competencia legal ni constitucional para resolverlas».

En atención a lo descrito, estamos en presencia de un evento en el cual
la acción de amparo carece de objeto, por existir una circunstancia que
hace inocua la orden de satisfacer la pretensión de la tutela, puesto que

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Delgado

los hechos que originaron la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales de la parte accionante ya cesaron, haciendo imposible
cualquier orden contra las partes accionadas, pues no son ellas las
competentes para dar respuesta a lo pretendido por el señor Hurtado
Delgado.

En ese sentido, es importante indicar que un hecho superado puede
presentarse cuando la circunstancia que reporta la conculcación del
derecho desaparece, frente a lo cual, cualquier decisión emitida carece
de efecto, pues nada contrariaría más la lógica que proferir una decisión
frente a un supuesto que en la actualidad se torna en inexistente, por
lo que esta Sala de Subsección considera que los supuestos fácticos
que originaban la vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales cuya protección solicita la parte accionante, ya se han
superado y se ha satisfecho por completo lo que se pretendía mediante
la demanda de la referencia.

En conclusión, se configura una situación en la cual el amparo
constitucional sería inocuo, razón por la que en el presente asunto se
declarará la carencia actual de objeto en la acción de tutela presentada
por el señor Nelkin Giovanny Hurtado Niño, quien actúa a nombre
propio, en contra de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia
de la República, la Procuraduría General de la Nación y el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

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Delgado

IV. FALLA

PRIMERO.- DECLÁRASE LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO en la
acción de tutela presentada por el señor Nelkin Giovanny Hurtado Niño,
quien actúa a nombre propio, en contra de la Secretaría de
Transparencia de la Presidencia de la República, la Procuraduría
General de la Nación y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –
INPEC, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.

SEGUNDO.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30
del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.

TERCERO.- De no ser impugnada la decisión, REMÍTASE el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO.- REGÍSTRASE la providencia en la plataforma SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
de la fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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