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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02650-01

Fecha
10 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-02650-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

10 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá D. C., diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02650-01
Demandante: Daniel Gómez Fonseca
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial / Prima de actividad / Reconocimiento
del Incremento salarial del 20% a los soldados profesionales

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación que formula la parte demandante contra la sentencia
del 25 de julio de 2022, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, declaró improcedente el amparo deprecado.

1. La acción de tutela

El señor Daniel Gómez Fonseca a través de apoderado, promueve acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E
y el Juzgado 52 Administrativo de Bogotá, por estimar vulnerado su derecho
fundamental al debido proceso.

1.1. Pretensiones

En protección de los derechos reclamados solicita:

1. Se declare que el Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA -SUBSECCIÓN “E” y el JUZGADO CINCUENTA Y DOS (52) ADMINISTRATIVO DE
ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C., SECCIÓN SEGUNDA, ha vulnerado el
derecho fundamental aquí invocado al señor DANIEL GÓMEZ FONSECA, identificado con
cédula de Ciudadanía 1.116.788.493 de Arauca, con la expedición de las respectivas
providencias judiciales, esto es, las sentencias de primera instancia y de segunda
respectivamente.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02650-01
Demandante: Daniel Gómez Fonseca

2. Se declare que los falladores, en la sentencia de la diferencia salarial del 20%, el
momento de motivar las respectivas sentencias incurren en un error, pues la motivación
que presentaron en las providencias es un Motivación insuficiente, lo que comporta una
violación del derecho fundamental del debido proceso y el derecho a obtener una
decisión motivada, así imposibilidad de ejercer el derecho de contradicción, situación
que estructura la causal “decisión sin motivación” por motivación insuficiente o precaria.

3. Se declare que los falladores incurrieron en un error al aplicar la Sentencia De Unificación
del HONORABLE CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN
SEGUNDA. Consejera Ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ. Cartagena de Indias D. T. y
C., 25 de agosto de 2016 No. de referencia: CE-SUJ2 85001333300220130006001 No.
Interno: 3420-2015, al presente caso, y por tal razón se estructura, de forma principal, la
causal especifica de tutela contra providencia judicial denomina, DEFECTO SUSTANTIVO,
por aplicación errónea del precedente.

4. Se declare que Los falladores incurren en desconocimiento del precedente constitucional
aplicable al presente caso, y con ello se configura de forma principal la CAUSAL DE
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL, y/o de forma subsidiaria la causal
“vulneración directa de la Constitución”.

5. Se declare que Los juzgadores en la sentencia, incurren en una Violación directa de la
constitución, de forma especial el artículo 29, pues falla el proceso con una norma
derogada, al momento de suponer la existencia de dos regímenes jurídicos diferentes
que gobiernen la relación laboral de los dos sujetos compararos; y tergiversa el contenido
de la norma, en el caso de suponer un régimen de transición, de forma especial esto
último el juzgado de primera instancia.

6. Se declare que Los falladores incurrieron en las sentencias en una violación directa de
la constitución política por falta de aplicación de los “principios mínimos fundamentales”
del artículo 53 de la Constitución política.

7. Se declare que Los falladores incurren, en la sentencia, en un Defecto sustantivo porque
se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador a la
norma jurídica que contempla la prima de actividad, al momento de realizar el juicio de
igualdad rogado en la demanda.

8. Se declare que Los falladores, en la sentencia, incurren una violación del debido proceso
y el derecho a obtener una decisión motivada, pues incurren en una motivación falaz,
específicamente la motivación está viciada por la falacia “ignoratio elenchi”, lo que
estructura la causal directa de violación de la constitución política en su artículo 29.

9. Se declare que Los falladores, en la sentencia de la prima de actividad, el momento de
motivar las respectivas sentencias incurren en un error, pues la motivación que
presentaron en las providencias es un Motivación insuficiente, lo que comporta una
violación del derecho fundamental del debido proceso y el derecho a obtener una
decisión motivada, así imposibilidad de ejercer el derecho de contradicción, situación
que estructura la causal “decisión sin motivación” por motivación insuficiente o precaria.

10. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, le ruego encarecidamente al
Honorable Despacho, que proceda a dejar sin efectos la SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
del diez (10) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) proferida por el Honorable
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “E”
Magistrado Ponente: Ramiro Ignacio Dueñas Rugnon, dentro del proceso de radicación
11001-33-42-052-2020-00179-01.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02650-01
Demandante: Daniel Gómez Fonseca

11. Así mismo le ruego que proceda a dejar sin efectos SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA del
quince (15) de abril de dos mil veintiuno (2021) proferida por el JUZGADO 52
ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. SECCIÓN SEGUNDA,
dentro del proceso 110013342-052-2020-00179-00, donde el demandante es el señor
DANIEL GÓMEZ FONSECA, y el demandado es la NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
-EJÉRCITO NACIONAL.

12. Se ordene al JUZGADO 52 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
D.C. SECCIÓN SEGUNDA, que profiera nueva sentencia teniendo en cuenta los
planteamientos y cargos señalados en la presente acción de tutela. (transcripción
literal)

1.2. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, la parte accionante señaló los siguientes:

i) El señor Daniel Gómez Fonseca es soldado del Ejército Nacional, incorporado al
régimen de carrera y estatuto del personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas
Militares en desarrollo del Decreto 1793 de 2000 en calidad de soldado profesional sin
haber tenido la condición de soldado voluntario.

ii) El 31 de agosto de 2018, solicitó el reconocimiento y pago del reajuste del salario
en actividad de conformidad con lo establecido en el Decreto 1794 de 2000 y el pago
de la prima de actividad.

iii) A través de apoderado radicó el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación -Ministerio de Defensa Nacional -Ejército Nacional, con el
propósito de que fuera declarado nulo el acto ficto por haber operado el silencio
administrativo negativo de la solicitud de reconocimiento y pago de la diferencia salarial
del 20%, en los términos de la Ley 131 de 1985, así como de la prima de actividad que
devengan los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares; a título de
restablecimiento del derecho se había solicitado ordenar i) reconocer y pagar la
diferencia salarial del 20% dejada de percibir, por el no pago de la asignación básica
conforme a la Ley 131 de 1985 y el Decreto 1794 de 2000, ii) reliquidar todas las
prestaciones sociales y factores salariales devengados, de acuerdo con el salario
básico conformado por el mínimo aumentado al 60% y iii) reconocer y pagar la prima
de actividad, de acuerdo con los porcentajes establecidos para los oficiales y
suboficiales de las Fuerzas Militares.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02650-01
Demandante: Daniel Gómez Fonseca

iv) El 15 de abril de 2020, el Juzgado 52 Administrativo de Bogotá negó las
pretensiones de la demanda

v) El 10 de diciembre de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, confirmó en su integridad el fallo del juez a quo.

1.3. Fundamentos jurídicos del accionante

De un texto extenso y reiterativo, el accionante centró su reproche constitucional en
los siguientes requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales:

1.3.1. Defecto por ausencia de motivación

Se incurrió en un error en las providencias objeto de litis por cuanto su motivación
resulta insuficiente lo que comporta una violación del derecho fundamental al debido
proceso y del derecho a obtener una decisión motivada e imposibilita ejercer el derecho
de contradicción, situación que estructura la causal de decisión sin motivación, de
modo que, así se comparta que la diferencia salarial del 20% se sustente, respecto de
los soldados que fueron voluntarios, en la garantía de los derechos adquiridos, resulta
inexplicable que al demandante, quien cumple las mismas funciones, reciba un salario
inferior al percibido por estos.

Argumentó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca omitió explicitar que el
acto administrativo demandado vulneraba el derecho a la igualdad y el principio de
remuneración igual a trabajo igual, pues la remuneración de los soldados profesionales
que realizan las mismas labores encomendadas a los soldados voluntarios, no se
corresponde con la que estos últimos reciben.

Consideró que tiene derecho a que se le reconozca y pague el 20% de la diferencia
de salario a pesar de nunca haber sido soldado voluntario y señala que se le está
vulnerando el principio laboral que garantiza la primacía de la realidad sobre las
formas, ya que desarrolla idénticas labores a las desempeñadas por los soldados que
se vincularon con anterioridad a la expedición del Decreto 1793 de 2000.

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Demandante: Daniel Gómez Fonseca

Respecto a la prima de actividad indicó que así los soldados profesionales no se
encuentren en la misma jerarquía de mando que los oficiales y suboficiales, en garantía
del principio de igualdad -por pertenecer unos y otros a las Fuerzas Militares- ante la
inexistencia de un criterio objetivo que sustente la diferencia salarial, se revela
injustificada la negativa de reconocer la prima de actividad en favor del accionante.

1.3.2. Improcedencia del precedente aplicado

La aplicación del precedente contenido en la Sentencia de Unificación CE-SUJ2
85001333300220130006001 del 25 de agosto de 2016 se estima errónea tras
considerar que como en la demanda nunca se pretendió el reajuste salarial por tratarse
de un derecho adquirido del demandante, la fecha de vinculación deja de ser un criterio
objetivo para convertirse en un criterio formal y, por lo tanto, la providencia en mención
resulta improcedente en el presente caso.

Así las cosas, señaló que limitar los alcances de la sentencia de unificación para «LOS
SOLDADOS VOLUNTARIOS QUE POSTERIORMENTE FUERON INCORPORADOS COMO

PROFESIONALES y no para los soldados profesionales ex novo», implica que el Tribunal

«tergiversó» su contenido.

Además, indicó que se configuró el desconocimiento del precedente constitucional
contenido en las Sentencias T-230 de 1994, T-079 de 1995, T-097 de 2006, T-247 de
2010 y T-863 de 2011, al darse un trato desigual en materia salarial a los soldados
profesionales que de manera previa fueron soldados vinculados y reciben un 60%
adicional al SMMLV frente a los que no tuvieron tal condición y que por tanto reciben un
incremento de salario de solo un 40% máxime cuando todos se encuentran regidos
por los decretos 1793 y 1794 de 2000.

1.3.3. Violación directa de la Constitución

Porque se falló con fundamento en una norma derogada -Ley 131 de 1985-, pues «al
momento de suponer la existencia de dos regímenes jurídicos diferentes que
gobiernan la relación laboral de los dos sujetos comparados y tergiversar el contenido
de la norma, en el caso de suponer un régimen de transición”, se incurre en falta de
motivación o motivación insuficiente y no se da aplicación a los principios

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contemplados en el artículo 53 de la Constitución Política -igualdad de oportunidades
para los trabajadores, primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los
sujetos de las relaciones laborales y remuneración mínima vital y móvil, proporcional
a la cantidad y calidad de trabajo».

1.4. Actuación procesal

La tutela de la referencia, admitida por auto del 17 de mayo de 2022, ordenó notificar
como demandados a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E y al titular del Juzgado 52 Administrativo de Bogotá,
y como tercero interesado al Ministerio de Defensa Nacional – Ejercito Nacional, para
que dentro del término de dos días y en uso de su derecho de defensa, rindieran el
respectivo informe.

1.5. Intervenciones

1.5.1. El magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E1 Ramiro Ignacio Dueñas Rugnon, advirtió que la decisión
confirmatoria de segunda instancia del 10 de diciembre de 2021 se sustentó en el
régimen salarial y prestacional aplicable -Decreto 1794 de 2000- de manera
argumentada y agregó, que al no poder ser utilizada la acción de tutela como una
tercera instancia, resulta improcedente la solicitud de amparo.

1.5.2. La titular del Juzgado 52 Administrativo de Bogotá,2 Angélica Alexandra
Sandoval Ávila, precisó que no incurrió en vulneración de derechos fundamentales ni
en vías de hecho, porque su decisión fue motivada y se sustentó en que el accionante
no cumplía con los requisitos para ser acreedor del reajuste salarial del 20%
comoquiera que el Decreto 1794 de 2000 determinó que los soldados profesionales
que se vincularan a las Fuerzas Militares a partir de su expedición, devengarían un
salario mensual equivalente al salario mínimo legal vigente incrementado en un 40%,
supuesto dentro del que se encontraba el señor Gómez Fonseca por haberse
vinculado el 1.° de enero de 2001.

1Expediente digital de tutela.
2 Expediente digital de tutela.

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Tampoco era acreedor de la prima de actividad porque los soldados profesionales no
estaban en la misma situación de hecho que los oficiales y suboficiales. En
consecuencia, solicitó negar las pretensiones de la tutela.

1.5.3. La coordinadora del grupo contencioso constitucional del Ministerio de
Defensa3 Diana Marcela Cañón Parada, solicitó no acceder a las pretensiones de la
acción de tutela porque, como lo determinaron las autoridades judiciales accionadas,
la asignación básica del accionante se debía calcular a partir de un salario mínimo
legal mensual vigente incrementado en un 40% y no en un 60%, aspecto que no
trasgrede el derecho a la igualdad, pues existe un criterio de razonabilidad que justifica
que dos personas con un mismo grado tengan asignaciones distintas.

Adicionalmente, el accionante no tiene derecho a recibir una prima de actividad porque
el Decreto 1794 de 2000 no la contempló y el Consejo de Estado en Sentencia de 27
de marzo de 2014, señaló que dicha exclusión no configuraba una vulneración del
derecho a la igualdad.

Por lo expuesto, solicitó mantener los efectos de las sentencias enjuiciadas y, de
considerarse procedente, remitir copias al Consejo Superior de la Judicatura por una
posible conducta temeraria del tutelante ante la interposición de varias acciones de
tutela, las cuales no fueron identificadas.

1.6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en fallo del 25 de julio de 2022,
al declarar improcedente el amparo deprecado señaló que el accionante i) no cumplió
con la carga argumentativa necesaria para determinar los motivos por los cuales este
asunto tenía trascendencia constitucional y ii) pretende revivir un debate de mera
legalidad, propio del juez natural, a saber, relacionado con el reconocimiento y pago
del reajuste salarial del 20% y de la prima de actividad como soldado profesional,
aspecto ya resuelto en sede ordinaria y, por tanto, ajeno al ámbito de la acción de
tutela.

3 Expediente digital de tutela.

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Demandante: Daniel Gómez Fonseca

Destacó, de otra parte, que a la fecha está pendiente de decisión el recurso
extraordinario de revisión interpuesto por la parte actora contra la providencia aquí
enjuiciada, a saber, la Sentencia del 10 de diciembre de 2021.

1.7. Impugnación

El accionante manifestó que el argumento de la improcedencia por falta de relevancia
constitucional no es de recibo en tanto la pretensión del reconocimiento de la diferencia
del 20% está relacionada con el reconocimiento del salario como derecho fundamental
consagrado en la Constitución.

En relación con la prima de actividad, alega la violación del derecho fundamental a la
igualdad en materia de prestaciones salariales, razón por la cual está en su búsqueda
no solo desde el plano formal sino también material.

Consideró que si bien se encuentra en trámite el recurso extraordinario de revisión,
este fue interpuesto en virtud de la configuración de la causal 5.ª del artículo 250 del
CPACA por existir incongruencia en los fallos, es decir, un error in procedendo y no in

udicando, como los expuestos en la acción de tutela.

Concluyó que se encuentran configuradas las causales de procedibilidad contra
providencia judicial expuestas inicialmente en el libelo tutelar.

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, interpuesta contra
el fallo de tutela proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del
artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019,4 según el cual «las tutelas que sean de
competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso

4 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado

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Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el
magistrado a quien le haya correspondido el reparto».

2.2. Cuestión previa

Antes de proceder al estudio de la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados por el accionante, la Sala aclara que solo realizará el análisis
de la decisión adoptada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, órgano de cierre en el presente
asunto.

2.3. Problema jurídico

Se contrae a determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, quebrantó el derecho fundamental al debido proceso del
accionante al proferir la providencia del 10 de diciembre de 2021, dictada dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 11001 33 42 052 2020
00179 01, que confirmó la sentencia proferida el 15 de abril de igual anualidad por el
Juzgado 52 Administrativo de Bogotá, que negó las pretensiones de la demanda.

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

2.4.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución como un medio a
través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la
protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, estableció en sus artículos 11, 12
y 40 la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales
ejecutoriadas, artículos que posteriormente fueron declarados inexequibles por la
Corte Constitucional en la sentencia C-543 de 1992, al considerarse que atentaban

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contra los principios de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, además de trasgredir
la autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas
por la Constitución.

Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad de
manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la acción
de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones
de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda
causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no puede
hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.

En este criterio, la jurisprudencia constitucional ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial, y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la
sentencia C-590 de 2005,5 en la que se hace distinción entre causales genéricas,
aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la
acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la
procedencia misma del amparo una vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes:
(i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que
se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al
alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir
del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad
procesal, se señale de manera clara que esta tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que ésta identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración así como los derechos vulnerados y que se hubiere alegado en el
proceso judicial siempre que hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias
de tutela.

5 Reiteradas en la sentencia SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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El Consejo de Estado en sentencia del 31 de julio de 2012,6 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y admitió que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados
por la ley y la jurisprudencia.

Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia de 5 de
agosto de 2014,7 acogió un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la notificación
o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, término de
inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los
parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

2.4.2. La procedencia de la acción de tutela de la referencia

Conforme a la Sentencia SU-157 de 2022, es indispensable verificar que la acción de
tutela no sea utilizada como una instancia adicional para remplazar las vías judiciales
ordinarias, parámetro conforme al cual, contrario a lo expuesto por el juez a quo de
tutela, el caso objeto de estudio reviste suficiente relevancia constitucional, toda vez
que el debate gira en torno a la presunta vulneración del derecho fundamental al
debido proceso y fueron desarrollados los argumentos para respaldar dicho cargo, así
como los defectos que, en su criterio, se configuraron en la decisión objeto de litis.

La Sala considera que el presente asunto cumple con el requisito de subsidiariedad,
debido a que se dirige contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que resolvió la apelación propuesta
contra la decisión adoptada en providencia del 15 de abril de 2021 por el Juzgado 52
Administrativo de Bogotá, de modo que la parte accionante agotó todos los medios
ordinarios de defensa, es decir, acudió al juez constitucional de forma subsidiaria.

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González.
Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
7 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente

radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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Al respecto, la Sala debe aclarar que se aparta de lo expuesto por la Sección Tercera,
Subsección B de esta corporación, en el sentido de precisar que, a pesar de que en la
actualidad está en trámite el recurso extraordinario de revisión por la configuración de
la causal 5 del artículo 250 del CPACA, no se evidencia que el señor Daniel Gómez
Fonseca haya reiterado los argumentos allí expuestos en la acción de tutela, pues allí
predicó la falta de congruencia de lo pedido en el recurso de apelación y lo resuelto en
la providencia del 10 de diciembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E.

De otra parte, se encuentra satisfecho el requisito de inmediatez, en cuanto la
providencia acusada fue dictada el 10 de diciembre de 2021y notificada por correo
electrónico el 15 de igual mes y año,8 mientras que la acción de tutela de la referencia
fue radicada el 13 de mayo de 2022,9 es decir, dentro de los 6 meses siguientes,
término que ha sido acogido por esta corporación como prudencial para acudir al medio
de amparo constitucional.

La solicitud de tutela identifica razonablemente los hechos y los argumentos con
fundamento en los cuales se cuestiona la vulneración de derechos fundamentales en
la sentencia enjuiciada.

El asunto no se refiere a una sentencia de tutela, toda vez que la decisión objeto de
litis se profirió dentro del trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.

2.5. Hechos probados

De conformidad con los elementos de juicio que obran dentro del proceso se puede
establecer lo siguiente:

2.5.1. A través de apoderado se radicó el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación -Ministerio de Defensa Nacional -Ejército
Nacional con el propósito de que fuera declarado nulo el acto administrativo ficto por
haber operado el silencio administrativo de la solicitud de reconocimiento y pago de la

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diferencia salarial del 20% en los términos de la Ley 131 de 1985, así como de la prima
de actividad que devengan los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares; a título
de restablecimiento del derecho se solicitó ordenar i) reconocer y pagar la diferencia
salarial del 20% dejada de percibir por el no pago de la asignación básica conforme a
la Ley 131 de 1985 y el Decreto 1794 de 2000, ii) reliquidar todas las prestaciones
sociales y factores salariales devengados, de acuerdo con el salario básico
conformado por el mínimo aumentado al 60% y iii) reconocer y pagar la prima de
actividad, de acuerdo con los porcentajes establecidos para los oficiales y suboficiales
de las Fuerzas Militares.10

2.5.2. El 15 de abril de 2021, el Juzgado 52 Administrativo de Bogotá negó las
pretensiones de la demanda y al respecto señaló:11
[…]

REAJUSTE SALARIAL

En ese orden, de la documental allegada se extrae que el actor se formó inicialmente
como alumno desde el 22 de mayo de 2012 hasta el 24 de agosto del mismo año, cuando
se incorporó oficialmente como soldado profesional el 25 de agosto de 2012, vinculación
que a la fecha se encuentra vigente.
Así pues, es claro para este Juzgado que el demandante se encuentra dentro de los
supuestos previstos en el inciso primero del artículo 1° del Decreto 1794 de 2000, pues
del material probatorio recaudado se puede determinar que se vinculó como soldado
profesional del Ejército Nacional con posterioridad a la entrada en vigencia de dicho
decreto (1° de enero de 2001).

Entonces, se advierte que la normatividad que rige la situación salarial del demandante
no es otra que la establecida en los Decretos 1793 y 1794 de 2000, con atención a la
cual su asignación básica se debe calcular a partir de un salario mínimo legal vigente
incrementado en un 40%, como en efecto se ha hecho por parte de la entidad
demandada.

[…]

PRIMA DE ACTIVIDAD

[…]

En ese orden de ideas, en el caso concreto, el Despacho luego de un análisis sobre el
contenido de la norma, en contraste con la Constitución Política y demás disposiciones
que hacen parte del régimen especial que gobierna a los miembros de la Fuerza Pública,
concluye que no se encuentra vulnerado el principio a la igualdad ya que los soldados
profesionales no están en la misma situación de hecho que los Oficiales y Suboficiales,
por cuanto, la normatividad que rige a uno y otro grupo, obedece a que se trata de sujetos

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jurídicamente desiguales ya que pertenecen a diferentes niveles de jerarquía, rango,
entre otros y, como lo ha señalado la Corte Constitucional en sentencia T- 540 del 2000.

[…]

En virtud de lo anterior, el actor en su condición de soldado profesional del Ejército
Nacional no está en la misma situación del personal de Oficiales y Suboficiales de las
Fuerzas Militares, es decir, que no se está frente a sujetos que se encuentren en las
mismas condiciones y que desempeñen las mismas funciones, supuestos necesarios
para que se aplique la violación del derecho a la igualdad, razón por la cual, el Gobierno
Nacional al reconocer la prima de actividad debe seguir el mandato constitucional, según
el cual, al mismo trabajo corresponde el mismo salario. Igualmente, debe sujetarse al
precepto contenido en la Ley 4ª de 1992, en lo que refiere a la racionalización,
disponibilidad de los recursos públicos, naturaleza de los cargos y de las funciones.

Así las cosas, es dable concluir con meridiana claridad que, lo solicitado por la parte
demandante resulta improcedente, por cuanto se vinculó como soldado profesional con
posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 1794 de 2000, razón por la cual no es
procedente reajustar la asignación que devenga con base al salario mínimo legal vigente
incrementado en un 60%.

2.5.3. El 10 de diciembre de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E, confirmó la providencia proferida por el juez a quo.12

2.6. Análisis de la Sala. Caso concreto

En el presente asunto el accionante objeta la decisión proferida el 10 de diciembre de
2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual confirmó la
providencia del 15 de abril de igual anualidad del Juzgado 52 Administrativo de Bogotá,
que negó i) reajuste la asignación salarial como soldado profesional en un 20%, y ii) el
reconocimiento de la prima de actividad.

Considera que la providencia reprochada vulneró su derecho fundamental al debido
proceso al incurrir en un defecto por decisión sin motivación, causal independiente
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales que, de acuerdo con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, surge de la necesidad de que las decisiones
de los jueces estén plenamente sustentadas en el marco jurídico aplicable y en los
supuestos fácticos objeto de estudio, razón por la cual no se estructura ante cualquier
divergencia con el razonamiento del juez, sino solo «cuando su argumentación fue
decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente o inexistente», en consideración,

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además, a que el respeto del principio de autonomía judicial impide al juez de tutela
inmiscuirse en controversias interpretativas.

Así, se tiene aceptado que no corresponde al juez constitucional establecer a qué
conclusión debió llegar la autoridad judicial accionada, sino señalar si la providencia
atacada presenta un grave déficit de motivación que la deslegitime como tal, 13 razón
por la cual su competencia «se activa únicamente en los casos específicos en que la
falta de argumentación decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad
del juez, es decir, en una arbitrariedad».14

De esta forma, al examinar un cargo por ausencia de motivación de una decisión
judicial, el juez de tutela debe tener presente que el deber de presentar las razones
fácticas y jurídicas que sustentan un fallo es un principio de la función judicial que, de
transgredirse, supone una clara vulneración del debido proceso.15

Sobre el particular, el accionante consideró que la providencia objeto de estudio no
accedió a la solicitud de reconocer la asignación salarial mensual que devenga en
actividad de conformidad con lo establecido en el artículo 4.º de la Ley 131 de 1985 y
el inciso 2.º del artículo 1.º del Decreto 1794 de 2000, esto es, con el incremento del
60% de un salario mínimo, y no con el 40% como lo venía haciendo la entidad
accionada, sin valorar que así a los soldados que fueron voluntarios se les haya
reconocido el mayor porcentaje salarial como un derecho adquirido, situación de por
sí violatoria del derecho a la igualdad y demás garantías constitucionales, nada
justificaba que el accionante, que realiza iguales funciones, reciba un salario inferior.

En este contexto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, centró el estudio del caso en el ámbito normativo 16 y jurisprudencial,17
respecto de la pretensión de reajuste del 20% en el sueldo básico en actividad en
calidad de soldado profesional del señor Daniel Gómez Fonseca, y determinó, de

13 Corte Constitucional, Sentencia T-247 de 2006.
14 Corte Constitucional, Sentencia T-709 de 2010.
15 Corte Constitucional, Sentencia T-041 de 2018.
16 i) Leyes 131 de 1985 (artículos 1.°, 2.°, 3.° y 4.°) y
578 de 2000, ii) Decretos 1793 (artículos 1.° y 42) y 1794 de
2000 (artículo 1.°).
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia unificación No. CE – SUJ2 No003/16, del 25 de agosto de 2016,

expediente radicado núm. 85001 33 33 002 2013 000600 01.

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manera argumentada, que era aplicable el Decreto 1794 de 2000 en tanto el
accionante «inició su labor como alumno soldado profesional desde el 22 de mayo de
2012 hasta el 24 de agosto de 2018, pasó a ser soldado profesional desde el 25 de
agosto de 2012 y según da cuenta la fecha de la certificación del 23 de marzo de 2021
se encontraba activo».

A partir de lo anterior coligió, con certeza, que la situación del accionante cumplía con
el supuesto establecido en el inciso primero del artículo 1.° del Decreto 1794 de 2000,
precepto en virtud del cual «[l]os soldados profesionales que se vinculen a las Fuerzas
Militares devengarán un (1) salario mensual equivalente al salario mínimo legal
vigente, incrementando en un 40% del mismo salario», pues su vinculación como
soldado profesional del Ejército Nacional fue con posterioridad a la entrada en vigencia
de dicho decreto, esto es el 1.º de enero de 2001, tal como lo indico el Consejo de
Estado en la sentencia de unificación CE-SUJ2No. 003/16 del 25 de agosto de 2016.

Así las cosas, conforme a la normativa vigente advirtió que respecto del tutelante el
régimen salarial no es otro que el establecido en los Decretos 1793 y 1794 de 2000,
en atención al cual su asignación básica se debe calcular a partir de un salario mínimo
legal vigente incrementado en un 40%, como lo ha efectuado el Ejército Nacional, en
consideración a la fecha de su vinculación, como quedó precisado.

Por su parte, respecto de la presunta omisión del Tribunal de explicitar que el acto
administrativo demandado vulneraba el derecho a la igualdad, esta Sala advierte que
tal autoridad -contrario a lo señalado por el accionante- de manera fundada y con
fundamento en los alcances del derecho fundamental consagrado por el artículo 13 de
la Constitución, verificó que existe un criterio de justificada razonabilidad en el
tratamiento, y al efecto señaló:

En este caso observa la Sala que el demandante confunde el derecho a la igualdad con
las condiciones temporales de igualdad en las que las asignaciones salariales pueden
adquirirse, y en este caso, la diferencia entre uno y otro salario surgió con ocasión a la
expedición del Decreto 1794 de 2000, pues es claro que la norma indicó que los soldados
vinculados a partir de su expedición percibirían como asignación básica lo equivalente a
un salario mínimo mensual vigente incrementado en un 40%, lo que permite concluir a
la Sala que la supuesta violación invocada por la parte actora se encuentra justificada
en el límite temporal fijado por medio del Decreto 1794 de 2000 a través del cual se fijó

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el régimen salarial y prestacional para los soldados profesionales de las Fuerzas
Militares, por lo que no se evidencia una discriminación injustificada o arbitraria.

Finalmente, se da cuenta en la providencia objeto de reproche que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, en atención a la
solicitud de control de convencionalidad invocado por el señor Gómez Fonseca, de
forma razonada concluyó que «revisado de manera general el contenido del Decreto
1794 de 2000 no existe vulneración alguna de los derechos humanos del demandante
que justifique la inaplicación de las normas que regulan el régimen salarial y
prestacional para el personal de soldados profesionales de las Fuerzas Militares».

Ahora bien, respecto del disenso del accionante relacionado con la ausencia de
motivación en la solicitud de reconocimiento de la prima de actividad, observa la Sala
que el Tribunal aclaró que el régimen salarial y prestacional de los soldados
profesionales de las Fuerzas Militares no contempla la prima de actividad, a diferencia
de las disposiciones que regulan el régimen salarial y prestacional de los oficiales,
suboficiales y empleados públicos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
Y con sustento en la providencia del 27 de marzo de 2014 del Consejo de Estado, 18
concluyó que la distinción salarial es válida, pues no se está frente a sujetos que se
encuentren en las mismas condiciones, cumplan similares funciones y la misma
obedece a criterios de objetividad, razonabilidad y disponibilidad de los recursos
públicos.

Por todo lo anterior, esta Sala de Subsección considera que la providencia
controvertida, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, está suficientemente argumentada en cuanto a lo demandado
por el señor Gómez Fonseca, se acató la normativa vigente a la consolidación de su
derecho, sin que, de otra parte, se hubiera acreditado un trato discriminatorio ni el
desconocimiento de sus derechos fundamentales, lo que descarta la vulneración
alegada.

Conviene reiterar que la interpretación jurídica y las consideraciones hechas por el juez
natural deben ser respetadas por el juez de tutela, a quien no le es dable desconocer

18 Consejo de Estado, del 27 de marzo de 2014, expediente radicado núm. 11001 03 25 000 2009 00029-00.

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las decisiones por él adoptadas dentro del ámbito de sus competencias, salvo que
resulte palmaria la vulneración de derechos fundamentales, lo que en el presente caso
no se halló probado.

En relación con el desconocimiento del precedente, el señor Daniel Gómez
manifestó que en la providencia que se estudia en el sub lite el tribunal fundamentó su
decisión en la Sentencia de Unificación CE-SUJ2 85001333300220130006001 del 25
de agosto de 2016, del Consejo de Estado, Sección Segunda,19 en el entendido que
se remite a «LOS SOLDADOS VOLUNTARIOS QUE POSTERIORMENTE FUERON INCORPORADOS
COMO PROFESIONALES y no para los solados profesionales ex novo», por lo que el

Tribunal «tergiversó» su contenido.

Al efecto, debe confirmarse -tal como se advirtió en líneas precedentes- que el Tribunal
concluyó que conforme a las reglas jurisprudenciales destinadas a resolver las
controversias judiciales relacionadas con la asignación salarial mensual de los
soldados, no estimaba vulnerado el derecho a la igualdad «toda vez que no son sujetos
que desempeñen las mismas funciones y se encuentren en las mismas condiciones,
lo que sin lugar a dudas, valida la exclusión de dicha partida salarial o prestacional»,
de lo cual coligió, que la asignación mensual de los soldados profesionales se
continuaba calculando de conformidad con lo establecido en el Decreto 1794 de 2000,
esto es, en un salario mínimo legal vigente incrementado en un 40%.

Además, el accionante indicó que se configuró el desconocimiento del precedente
constitucional contenido en las Sentencias T-230 de 1994, T-079 de 1995, T-097 de
2006, T-247 de 2010 y T-863 de 2011, por el trato desigual en materia salarial en
relación con los soldados profesionales.

En lo atinente a la Sentencia T-230 de 1994, el órgano constitucional de cierre estudió
el caso particular de un peticionario que era objeto de discriminación por parte de su
empleador, al no ser incluido dentro de la programación para trabajar en horas extras,
como lo era anteriormente, atribuyendo dicho hecho a su vinculación al sindicato,
situación que no corresponde con el caso objeto de estudio.

19 Consejo de Estado, sentencia unificación No. CE – SUJ2 No003/16 radicado No. 850013333002201300060001.

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Respecto de la Sentencia T-079 de 2005, la Corte Constitucional definió que no era
jurídicamente lo mismo discriminación que trato diferente, pues este último es
permitido en algunos casos, sin que implique violación a la igualdad, y el accionante
refiere que se estaba en presencia de una discriminación salarial frente a los soldados
profesionales que se incorporan a la misma carrera administrativa, a pesar de que
reciben y ejecuten las mismas funciones, pues estos devengan una asignación
conformada por un salario mínimo mensual vigente incrementado en un 60%; sin
embargo, esta Sala advierte que conforme a tal parámetro, el Tribunal concluyó que la
supuesta violación invocada por la parte actora se encontraba justificada en el límite
temporal establecido por el Decreto 1794 de 2000 a través del cual se fijó el régimen
salarial y prestacional para los soldados profesionales de las Fuerzas Militares, por lo
que no se evidencia una discriminación injustificada o arbitraria.

A su vez, la Sentencia T-097 de 2006 trata el tema de la bonificación de los
funcionarios de la Rama Judicial y el reconocimiento de una misma remuneración para
los servidores públicos que ingresen a desempeñar los cargos de director de Unidad
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial con posterioridad a la entrada en
vigencia del Decreto 4040 de 2004, situación de la cual la Corte concluyó que ello no
hacía extensivo el pago de la bonificación por gestión judicial a titulares de los nuevos
cargos.

Por su parte, en la Sentencia T-247 de 2010, la Corte amparó el derecho a la igualdad
y al trabajo de una persona víctima de discriminación por parte de la empresa
demandada al no ser contratada como vigilante por su condición de mujer, que en
nada se refiere al caso sub lite.

Finalmente, la Sentencia T-863 de 2011, versa sobre la carga de la prueba en casos
de discriminación, en particular sobre el traslado de funcionarios de carrera
pertenecientes a la planta global de la Procuraduría General de la Nación.

Así las cosas, contrario a lo afirmado por el señor Daniel Gómez Fonseca el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, no desatendió los
precedentes expuestos, pues los traídos a colación se remiten a situaciones diferentes

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a la aquí estudiada, y, además, la sentencia cuestionada se profirió de acuerdo con el
correspondiente soporte jurídico y su motivación se encuentra amparada en la
autonomía de la autoridad judicial, actividad que solo encuentra su límite cuando el
juzgador incurre en arbitrariedad o capricho, escenario que no se advierte en el caso
concreto.

De otra parte, respecto de la presunta violación directa de la Constitución -en la que
habría incurrido la providencia enjuiciada-, la jurisprudencia constitucional ha explicado
que se configura cuando un juez ordinario adopta una decisión que desconoce la carta
ya sea porque i) deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto; o
ii) aplica la ley al margen de los dictados de la carta.

Conforme a lo expuesto en líneas precedentes, se precisa que el Tribunal no
desconoció ningún precepto constitucional, ni realizó una interpretación de la
normatividad contraria a la Constitución, como tampoco dejó de aplicar una disposición
legal desconociendo el precedente constitucional; por el contrario, atendió el deber que
le asiste a todas las autoridades judiciales de velar por el cumplimiento del mandato
consagrado en el artículo 4.° de la Constitución.

En este estado de cosas, la Sala estima que la providencia proferida por la autoridad
judicial accionada no incurrió en una actuación constitutiva de vía de hecho que vulnere
el derecho fundamental de la parte accionante.

3. Conclusión

La Sala concluye que la autoridad no vulneró el derecho fundamental al debido
proceso, razón por la cual se revocará la decisión proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, que la declaró improcedente, para en su lugar
denegar el amparo constitucional invocado por el señor Daniel Gómez Fonseca contra
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

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Falla

Primero: Revocar la sentencia proferida el 25 de julio de 2022, por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante la cual declaró improcedente la
acción de tutela, y, en su lugar, denegar el amparo del derecho fundamental al debido
proceso del señor Daniel Gómez Fonseca de acuerdo con los argumentos expuestos
en la parte motiva de esta decisión.

Segundo. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CRG

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

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