Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02654-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-02654-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02654-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-02654-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
25 de agosto de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02654-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT
TESIS: SE MODIFICA LA SENTENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA Y, EN SU LUGAR,
SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. LA AUTORIDAD JUDICIAL
ACCIONADA NO INCURRIÓ EN DEFECTO SUSTANTIVO NI
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE. PENSIÓN DE JUBILACIÓN
DOCENTE POR APORTES. INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN.
REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA SEGURIDAD
SOCIAL Y A LA IGUALDAD.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la impugnación presentada por la actora
contra el fallo de 17 de mayo de 2022, mediante el cual la SECCIÓN
TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE ESTADO1
1 En adelante la Sección Tercera.
2
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-02654-01
ACTORA: LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT
declaró improcedente el amparo solicitado.
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
La señora LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT, por
intermedio de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela
prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la
protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso administrativo y a la seguridad social, los cuales, a su juicio,
le fueron vulnerados por el Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito Judicial de Pasto2 y el Tribunal Administrativo de
Nariño3, al proferir las providencias 18 de julio y de 24 de noviembre
de 2021, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 52001-33-33-005-2020-00043-01.
I.2.- Hechos
2 En adelante el Juzgado
3 En adelante el Tribunal
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-02654-01
ACTORA: LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT
Afirmó que prestó sus servicios como docente desde el 1o. de octubre
de 1975, en la I.E.M. Escuela Normal Superior de Pasto.
Agregó que mediante Resolución núm. 476 de 15 de mayo de 2008,
se le reconoció y ordenó el pago de la pensión de jubilación, sin tener
en cuenta la totalidad de los factores salariales devengados durante
el último año del servicio.
Manifestó que el 14 de marzo de 2012, solicitó la revisión y ajuste
de su pensión de jubilación con el fin de incluir todos los factores
salariales devengados en el año anterior a la fecha de retiro del
servicio, petición que nunca fue resuelta por la Secretaría de
Educación Municipal de Pasto.
Sostuvo que en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, demandó la legalidad del anterior acto
administrativo ficto o presunto negativo generado a partir de la falta
de respuesta por parte de la Secretaría de Educación Municipal y
solicitó la inclusión de todos los factores salariales devengados en el
año anterior al retiro del servicio, el reconocimiento y pago de los
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-02654-01
ACTORA: LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT
intereses moratorios causados desde que se hizo exigible la
obligación y la indexación sobre las sumas de dinero adeudadas.
Adujo que la citada demanda le correspondió por reparto al Juzgado
que, mediante sentencia de 18 de junio de 2021, denegó las
pretensiones, decisión contra la cual interpuso recurso de apelación
ante el Tribunal que, en sentencia de 24 de noviembre de ese mismo
año, confirmó lo dispuesto por el a quo, con fundamento en la
sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, proferida por la
Sección Segunda del Consejo de Estado, bajo el radicado núm.
68001-23-33-000-2015-00569-01, conforme a la cual indicó que el
monto de la pensión se debía determinar con el ingreso base de
liquidación previsto en las Leyes 33 y 62 de 1985, teniendo en cuenta
los factores percibidos durante el último año de servicios y sobre los
que se hubieran efectuado cotizaciones al sistema.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
La actora indicó que las autoridades judiciales demandadas
vulneraron sus derechos fundamentales invocados, por cuanto en las
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-02654-01
ACTORA: LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT
decisiones cuestionadas incurrieron en defecto sustantivo al
desconocer el régimen de los empleados oficiales contenido en la Ley
62 de 16 de septiembre de 19854, a pesar de que, a su juicio, los
docentes son servidores públicos de régimen especial, cuyos asuntos
se rigen por la Ley 115 de 8 de febrero de 19945.
Agregó que las prestaciones a las que tienen derecho se encuentran
establecidas en la Ley 91 de 29 de diciembre de 19896, y resaltó que
los docentes no hacen parte del régimen general de pensiones,
conforme lo estableció la sentencia de 28 de agosto de 2018, dictada
por la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso
identificado con el número único de radicación 52001-23-33-000-
2012-00143-01, en la que se afirmó que las normas aplicables en
temas pensionales de docentes deben ser las leyes 33 de 29 de enero
de 19857 y 91 de 1989.
4 "Por la cual se modifica el artículo 3º de la Ley 33 del 29 de enero de 1985".
5 “Por la cual se expide la ley general de educación”
6 “Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”.
7 “Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las
prestaciones sociales para el Sector Público”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-02654-01
ACTORA: LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT
Sostuvo que se configuró un defecto sustantivo en las providencias
cuestionadas, toda vez que negaron el reajuste pensional solicitado,
bajo el argumento de que no acreditó los factores salariales
establecidos en la Ley 62 de 1985, decisión que califica como
“discriminatoria e imposible de cumplir por parte de ella o cualquier
otro educador”8, puesto que a ningún docente le han sido reconocidos
como factores salariales la prima técnica, los festivos o dominicales,
la jornada nocturna, los gastos de representación o las primas
ascensional y de antigüedad, los cuales están incluidos como tal en
la Ley 62 de 1985.
Afirmó que las autoridades judiciales también incurrieron en defecto
fáctico, toda vez que no valoraron, ni apreciaron el certificado
expedido por la Secretaría de Educación de Pasto, en el que
constaban los factores salariales que había devengado durante el
último año de servicios, entre los que se encontraban las primas de
navidad, de vacaciones y de alimentación.
8 Ibidem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-02654-01
ACTORA: LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT
Resaltó que el Consejo de Estado ha señalado que el régimen
aplicable en materia prestacional para docentes es el que haya
estado vigente al momento de su vinculación y no en la fecha de su
reclamación, razón por la que su asunto debía ser resuelto teniendo
en cuenta la Ley 91 de 1989.
I.4.- Pretensiones
La actora solicitó que se amparen sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] 2. ORDENAR al TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCION “B”, el amparo a los derechos enunciados, revocar
la sentencia proferida el 08 de Noviembre de 2019, que confirmó
la sentencia de primera instancia por la cual se negó a las
pretensiones de la demanda y en consecuencia se ordene a
reliquidar la pensión de asistida teniendo en cuenta el
equivalente al 75% de los factores salariales devengados en el
año inmediatamente anterior a la fecha de retiro efectiva, es
decir, desde el 08 de Octubre de 1997 hasta el 07 de Octubre de
1998 […]”.
I.5. Defensa
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-02654-01
ACTORA: LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT
I.5.1.- El Tribunal solicitó declarar improcedente la solicitud de
amparo de la referencia, por cuanto la decisión cuestionada se
encuentra ajustada a derecho y se fundamentó en las pruebas
aportadas al proceso, conforme a las normas y la jurisprudencia
aplicable al asunto.
Resaltó que la presente acción de tutela carece de todo fundamento
válido, en razón a que en el proceso en cuestión no se desconoció
precedente judicial alguno, pues para resolver el recurso de alzada
dio aplicación a la sentencia de 28 de agosto de 2018 proferida por
el Consejo de Estado, además, tampoco se configuró el defecto
sustantivo alegado.
Señaló que la hoy tutelante no cumplía con los presupuestos
normativos y los señalados en la jurisprudencia para ordenar la
reliquidación de su pensión de vejez, por cuanto solicitaba la
inclusión de factores sobre los cuales nunca cotizó al sistema de
seguridad social en pensión.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-02654-01
ACTORA: LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT
I.5.2.- El Juzgado solicitó denegar las pretensiones de la demanda,
en razón a que no se transgredieron los derechos fundamentales
invocados.
Indicó que una vez revisados los antecedentes que dieron origen a la
decisión cuestionada, se observó que los fundamentos y argumentos
de derecho se encuentran debidamente consignados en las
providencias cuestionadas, cuyo razonamiento fáctico correspondió
a los hechos que se encontraron probados en el proceso, las normas
y la jurisprudencia aplicable al asunto.
I.6.- Intervenciones
I.6.1.- Colpensiones solicitó declarar improcedente la presente
solicitud de amparo, toda vez que no concurren ninguna de las
causales generales y específicas de procedibilidad de la acción de
tutela, pues lo realmente pretendido por la actora es invalidar las
actuaciones procesales.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-02654-01
ACTORA: LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT
Manifestó que de conformidad con las actuaciones procesales
adelantadas no se evidenciaba vulneración o amenaza alguna por
parte de las autoridades judiciales a los derechos fundamentales
presuntamente transgredidos.
Realizó un recuento de los pronunciamientos emitidos por la Corte
Constitucional respecto al cálculo del monto de la pensión de vejez
reconocida a los beneficiarios del régimen de transición y resaltó la
obligatoriedad de las autoridades judiciales de acatar los precedentes
jurisprudenciales emitidos por esa alta Corporación, conforme ocurrió
en el caso en concreto.
Refirió que la decisión cuestionada hizo tránsito a cosa juzgada, por
lo que modificar las órdenes ya ejecutoriadas, implicaría desconocer
los principios de certeza, seguridad jurídica y legalidad de la que
gozan las sentencias judiciales.
II. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-02654-01
ACTORA: LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT
Mediante sentencia de 17 de junio de 2022, la SECCIÓN TERCERA
declaró improcedente el amparo solicitado al considerar que se
incumplió con el presupuesto de relevancia constitucional.
Sostuvo que tampoco evidenció vulneración alguna de los derechos
fundamentales invocados, sino que, por el contrario, lo pretendido
por la actora al cuestionar la interpretación dada por el juez natural
en la providencia acusada, es convertir esta acción constitucional en
una tercera instancia, pues las críticas contenidas en el escrito
introductorio buscan reabrir el debate que tuvo lugar en el trámite
ordinario, con el fin de que prevalezca la interpretación de la
tutelante sobre la prohijada por el Tribunal.
Afirmó que en razón a la autonomía judicial y el carácter
excepcionalísimo que reviste la tutela, no basta con manifestar
inconformidades respecto de las decisiones judiciales objeto de
censura o alegar la configuración de los requisitos especiales de
procedencia, ya que la discusión queda restringida a asuntos de mera
legalidad que no trascienden al plano constitucional
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-02654-01
ACTORA: LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La actora presentó impugnación contra la sentencia de primera
instancia, en el cual reiteró los argumentos expuestos en el escrito
de tutela.
Sostuvo que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
defecto sustantivo, al fundamentar las decisiones controvertidas en
una ley inaplicable que regula el régimen pensional de otro grupo
poblacional diferente a los educadores, esto es, el de los empleados
oficiales del orden nacional, sin armonizar las disposiciones legales
anteriores a la promulgación de la Carta Política con un enfoque
constitucional para evitar la vulneración de sus derechos
fundamentales y además sin ejercer tampoco un control
constitucional por vía de excepción al juzgar y administrar justicia y
así erradicar el trato discriminatorio y desigual al que someten
injustificadamente a los educadores en Colombia, desconociendo el
derecho a la igualdad material.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-02654-01
ACTORA: LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT
Señaló que las providencias controvertidas incurrieron en defecto
fáctico, habida cuenta que no apreciaron debidamente, ni le
otorgaron el valor probatorio a las documentales aportadas, que
daban cuenta que los docentes solicitan su certificado salarial y de
factores salariales a su nominador y las Secretarías de Educación
expiden el certificado que refleja la asignación salarial acorde con su
grado de escalafón y los factores que efectivamente aporta el
educador al ente prestacional y que son diferentes a los de cualquier
otro servidor público; sin embargo, dicha prueba fue desestimada y
los jueces de las dos instancias no tuvieron en cuenta ese
documento, confrontándolo con la norma que debe ser inaplicable
para los docentes porque establece factores salariales que
normalmente tienen otros servidores públicos diferentes a los
docentes.
Finalmente, expuso que el asunto reviste relevancia constitucional y,
además, se debe acceder al amparo solicitado, para evitar que se
perpetúe la aplicación en forma restrictiva y contraria de las normas
dictadas para un sector poblacional diferente a los docentes y así
privilegiar lo estipulado en la Carta Política frente al particular.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-02654-01
ACTORA: LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-02654-01
ACTORA: LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-02654-01
ACTORA: LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede
entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema
jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto
es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta
última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es,
de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después
de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada
y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se
cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia
que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la
Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de
derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas
ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente de la
incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación
del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-02654-01
ACTORA: LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT
que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin
que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales
contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es
menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la
afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden
prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias
proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta
Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no
seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se
tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que
proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario
acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de
procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En
este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una
tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos,
uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima
de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-02654-01
ACTORA: LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitand o
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
dejen sin efecto las providencias de 18 de julio y 24 de
noviembre de 2021, proferidas por el Juzgado y el Tribunal,
respectivamente, por medio de las cuales se negaron las
pretensiones de la demanda dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 52001-33-33-005-2020-00043-01.
A las citadas providencias la actora les atribuye la vulneración de sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso
administrativo y a la seguridad social; y de los principios de
favorabilidad y confianza legítima, habida cuenta que, a juicio de la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-02654-01
ACTORA: LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT
actora, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto
fáctico y sustantivo.
Manifestó la actora que en las providencias cuestionadas (i) se aplicó
el régimen de empleados oficiales previsto en la Ley 62 de 1985, a
pesar de que debían tenerse en cuenta las Leyes 115 de 1994 y 91
de 1989; (ii) se configuró el defecto sustantivo al negar el reajuste
de la pensión de jubilación con fundamento en que lo solicitado no
hacía parte del listado previsto en la Ley 62 de 1985; y fáctico, en
tanto no se valoró el certificado emitido por la Secretaría de
Educación de Pasto en el que constaban los factores que había
devengado durante el último año de servicios; (iii) se desconoció la
sentencia del 28 de agosto de 2018 dictada por el Consejo de Estado,
según la cual los docentes no están sujetos al régimen de transición
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, razón por la que se debían
aplicar las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985; y (iv) no se tuvo en
cuenta que la Ley 91 de 1989 se encontraba vigente al momento de
su vinculación, por lo que debía ser esta norma la aplicable para
resolver su caso concreto.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-02654-01
ACTORA: LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN TERCERA que declaró improcedente el amparo solicitado,
bajo el argumento de que la misma carecía de relevancia
constitucional, toda vez que lo pretendido por la tutelante era reabrir
el debate que tuvo lugar en el trámite del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho y constituir así una tercera instancia
judicial.
La impugnación de la actora está estructurada sobre una reiteración
de los argumentos principales que sostuvieron su posición jurídica
inicial, conforme a la cual es necesario evitar que se perpetúe la
aplicación en forma restrictiva y contraria de las normas dictadas
para un sector poblacional diferente a los docentes, esto es, los
empleados oficiales del orden nacional, que usualmente cuentan con
unos factores salariales diferentes a los de los docentes y así
privilegiar sus derechos fundamentales y lo establecido en la Carta
Política frente al particular.
En este punto es del caso resaltar que aun cuando la actora alega la
vulneración de sus derechos fundamentales invocados tanto a la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-02654-01
ACTORA: LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT
sentencia de 18 de julio de 2021 como a la proferida el 24 de
noviembre de ese año, la Sala se limitará a analizar únicamente la
providencia dictada por el Tribunal, comoquiera que en esta se
confirmó en su totalidad lo dispuesto por el a quo y fue la que puso
fin al proceso.
Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela, y de
ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados
e incurrió en los defectos sustantivo y fáctico, al haber proferido la
sentencia de 24 de noviembre de 2021 aludida.
De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la
Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida
por la Sala Plena de esta Corporación.
La Sala observa que, en el presente caso, contrario a lo considerado
por el a quo, se cumple con el requisito de la relevancia
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-02654-01
ACTORA: LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT
constitucional, por cuanto la actora plantea con suficiente carga
argumentativa, las razones por las cuales, en su criterio, la autoridad
judicial accionada incurrió en los defectos endilgados y vulneró sus
derechos fundamentales; contra la decisión cuestionada no proceden
recursos y tampoco se estructuran las causales de los recursos
extraordinarios de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y unificación
de jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la acción de tutela se
interpuso en un plazo razonable9 y, por último, la solicitud identifica
los hechos y derechos que se estiman lesionados.
Verificado lo anterior, corresponde determinar si el Tribunal incurrió
en los defectos endilgados al proferir la providencia de 24 de
noviembre de 2021, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 52001-33-33-005-2020-00043-01, para lo cual realizará
el siguiente análisis i) Protección de la seguridad social en el
ordenamiento interno, ii) Desarrollo jurisprudencial sobre el Ingreso
Base de Liquidación de las pensiones, iii) Sentencia de unificación
9 Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero
ponente: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-02654-01
ACTORA: LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT
proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado el 28 de agosto de 2018 y; iv) análisis del caso
concreto.
Protección de la seguridad social en el ordenamiento interno
En el ordenamiento interno, el Sistema de Seguridad Social es el
conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de los que
disponen las personas y la comunidad para gozar de una calidad de
vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas
que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la
cobertura integral de las contingencias, especialmente las que
menoscaban la salud y la capacidad económica de los habitantes del
territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la
integración de la comunidad10 y cuyo objeto es garantizar los
derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener
la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la
protección de las contingencias que la afecten.
10 Preámbulo de la Ley 100.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-02654-01
ACTORA: LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT
Para efectos del cumplimiento de estos fines, el ordenamiento
permitió la existencia de diversos regímenes que posteriormente
fueron unificados con la entrada en vigencia de la Ley 100.
Asimismo, vale la pena resaltar que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado11 para garantizar los derechos
adquiridos de las personas que pertenecían a los regímenes
especiales anteriores, sentó jurisprudencia y consideró que: i) el
artículo 36, inciso 3°, excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base
de liquidación que establecía el régimen general de pensiones
anterior a dicha ley, y ii) que solo deben incorporarse aquellos
factores sobre los cuales se hayan realizado los aportes al sistema
de seguridad social, variando de esta forma la posición asumida por
la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de 4 de
agosto de 201012.
Desarrollo jurisprudencial sobre el Ingreso Base de
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación
de 28 de agosto de 2018, C.P. César Palomino Cortés, número único de radicación 2012-
00143-01.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia
de 4 de agosto de 2010, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, número único de radicación
2006-07509-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-02654-01
ACTORA: LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT
Liquidación de las pensiones
En ese entendido, la sentencia proferida el 4 de agosto de 201013
por la Sección Segunda del Consejo de Estado al referirse a la
determinación del ingreso base de liquidación de las pensiones de
jubilación incluidas en el régimen de transición del artículo 36 de la
Ley 100, precisó que: i) debían ser reconocidas con el 75% del salario
promedio base para los aportes durante el último año de servicio,
siempre que prestara o hubiere prestado 20 años continuos o
discontinuos de servicios y tuviera 55 años de edad y ii) con base en
todos los factores salariales efectivamente devengados en el año
anterior a la adquisición del estatus de pensionado, dado que estas
no indican en forma taxativa los factores salariales que conforman la
base de liquidación pensional, ello, en los términos de la Ley 33 de
1985.
Lo anterior implicaba que, para determinar los requisitos de
edad, tiempo de servicios y monto de la pensión de los
beneficiarios del régimen de transición, se debía observar la
13Proferida dentro del expediente identificado con el número único de radicación 2006-
07509-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-02654-01
ACTORA: LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT
normativa del régimen que le aplicaba antes de la entrada en
vigencia de la Ley 100, sin que pudiera acudirse a
disposiciones distintas, en consonancia con el principio de
inescindibilidad14 de la norma.
Esta tesis fue reiterada en sentencia de unificación de 25 de febrero
de 201615, proferida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado dentro del expediente identificado con el número único de
radicación 2013-01541-01.
Sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de 28 de
agosto de 2018
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
14 De conformidad por lo establecido por la Corte Constitucional, en sentencia T-832 A de
2013, el principio de inescindibilidad de la norma, establece que ésta debe “[…] aplicarse de
manera íntegra en su relación con la totalidad del cuerpo normativo al que pertenece, sin
que sea admisible escisiones o fragmentaciones tomando lo más favorable de las
disposiciones en conflicto, o utilizando disposiciones jurídicas contenidas en un régimen
normativo distinto al elegido […]”.
15 Es importante resaltar que la sentencia de 25 de febrero de 2016 fue dejada sin efectos
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 15 de diciembre de
2016, y, en cumplimiento a esta última, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado profirió sentencia el 9 de febrero de 2017, la cual será
explicada en esta providencia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
27
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-02654-01
ACTORA: LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT
Estado, en sentencia de unificación jurisprudencial de 28 de agosto
de 2018, en los términos del artículo 271 del CPACA, sentó
jurisprudencia y fijó las siguientes reglas y subreglas sobre: i) el
ingreso base de liquidación establecido para el régimen de transición
de las personas que cuentan con un régimen pensional especial y ii)
de los factores salariales que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación. Textualmente, señaló:
“[…] 84. Planteadas así las tesis sobre el IBL aplicable en el
régimen de transición, la Sala advierte que el aspecto que ha
suscitado controversia es el periodo que se toma en cuenta al
promediar el ingreso base para fijar el monto pensional, pues el
artículo 1 de la Ley 33 de 1985 preveía como IBL el “salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último
año de servicio”, mientras que el inciso 3 del artículo 36 de la Ley
100 de 1993 establece que el ingreso base para liquidar la pensión
de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les
faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el
promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta
para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere
superior, actualizado anualmente con base en la variación del
Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el
DANE. Es decir, mientras el régimen general de pensiones de la Ley
33 de 1985 establece el último año de servicios, el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 consagra la posibilidad que sea más de un año
dependiendo de la situación particular de la persona que está
próxima a consolidar su derecho pensional.
85. A juicio de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado una lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
permite concluir que en el régimen de transición el IBL que debe
tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto
en el inciso 3 de dicha norma.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
28
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-02654-01
ACTORA: LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT
86. Como se dijo en párrafos anteriores el régimen de transición
prorrogó la vigencia de todos los regímenes pensionales anteriores
a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, otorgando efectos
ultractivos a algunos elementos constitutivos de dichos regímenes
para aquellas personas que se encontraban afiliadas a los mismos
y que estaban próximas a adquirir el derecho pensional. Tales
elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la
pensión.
87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este
caso de la Ley 100 de 1993, en desarrollo de su libertad de
configuración, fijó un elemento, el IBL, que cumpliría con la
finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos
aquellos que estaban próximos a pensionarse, sino como
manifestación de los principios de solidaridad, universalidad y
sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura del
Sistema General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el
periodo de transición abarcaría varias décadas16.
88. Como toda reforma pensional implica un cambio de las
condiciones para acceder a la pensión, es importante que ese
cambio no resulte traumático o desafortunado para aquellas
personas que, si bien no alcanzaron a consolidar su derecho
pensional bajo el régimen anterior, sí estaban próximos a adquirir
tal derecho y venían cotizando con la confianza legítima que se
pensionarían en las condiciones que los cobijaban.
89. Entonces la razonabilidad de ese cambio legislativo está en
poder conciliar la finalidad que motiva la reforma pensional con la
confianza y la expectativa de los ciudadanos que están próximos a
pensionarse, es decir, garantizar el interés general sin sacrificar del
todo el interés particular. Es importante precisar que un cambio en
el sistema de pensiones necesariamente implica el establecimiento
de requisitos y condiciones, en principio, menos favorables, para
adquirir la pensión, por eso se requiere un periodo de transición
que permita implementar de manera ponderada y equilibrada el
nuevo régimen, concretamente, para aquellas personas que, bajo
las condiciones legales anteriores, podrían adquirir su pensión en
un corto periodo de tiempo.
16 En virtud del Acto Legislativo No. 1 de 2005, la aplicabilidad del régimen de transición
corrió hasta el 31 de julio de 2010, o, excepcionalmente, hasta el 31 de diciembre de 2014,
en el caso que los beneficiarios contaran con 750 semanas de cotización o su equivalente
en tiempo de servicios al momento de la entrada en vigencia de dicho Acto Legislativo.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
29
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-02654-01
ACTORA: LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT
90. En el caso de la Ley 100 de 1993, el legislador quiso conciliar
la finalidad que motivó la reforma, con la protección frente al
impacto que el tránsito legislativo iba a generar, estableciendo un
régimen de transición especial para el grupo de personas a las que
ya se ha hecho referencia; régimen distinto tanto del anterior como
del nuevo, con unas reglas que conservaban los requisitos del
régimen anterior, pero con un elemento particular, concretamente,
el periodo que se iría a tener en cuenta para fijar el monto de la
mesada pensional; periodo que no es otro que el previsto en el
inciso 3 del artículo 36 o en el artículo 21 de la Ley 100 de 199317,
así:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la
pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el
cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
Consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será
el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el
afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de
la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del
índice de precios al consumidor, según certificación que expida el
DANE.
91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que
debe darse del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36
contiene todos los elementos y condiciones para que las personas
beneficiarias del régimen de transición puedan adquirir su pensión
de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de
cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL
previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo 21 de la
Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso
3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación
ultractiva del ingreso base de liquidación que consagraba el
régimen general de pensiones anterior a dicha ley. El
reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a
cabalidad por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un
verdadero beneficio para este grupo poblacional, porque frente a
17 Aplicable en virtud del inciso 2 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que dispone que las
demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de
vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
30
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-02654-01
ACTORA: LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT
los mismos requisitos que están consagrados para el Sistema
General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables.
Fijación de la Regla Jurisprudencial sobre el IBL en el
régimen de transición
92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo sienta la siguiente regla jurisprudencial:
“El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de
transición para aquellas personas beneficiarias del mismo
que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa
de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en
la Ley 33 de 1985”.
93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y
para efectos de liquidar el IBL como quedó planteado
anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes subreglas:
94. La primera subregla es que para los servidores públicos que
se pensionen conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el
periodo para liquidar la pensión es:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la
pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el
cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será
el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el
afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de
la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del
índice de precios al consumidor, según certificación que expida el
DANE.
[…]
96. La segunda subregla es que los factores salariales que se
deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores
públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos
sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
31
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-02654-01
ACTORA: LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT
97. Esta subregla se sustenta en el artículo 1° de la Constitución
Política que consagra el principio de solidaridad como uno de los
principios fundamentales del Estado Social de Derecho.
98. El artículo 48 constitucional define la Seguridad Social como “un
servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la
dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los
términos que establezca la Ley”. El legislador (artículo 2 de la Ley
100 de 1993) explica este principio como “[…] la práctica de la
mutua ayuda entre las personas, las generaciones, los sectores
económicos, las regiones y las comunidades bajo el principio del
más fuerte hacia el más débil”.
99. La interpretación de la norma que más se ajusta al
artículo 48 constitucional es aquella según la cual en el
régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de
1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el
aporte o cotización pueden incluirse como elemento salarial
en la liquidación de la mesada pensional.
100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual
se adiciona el artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será
necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio y las semanas
de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán
en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere
efectuado las cotizaciones.
101. A juicio de la Sala Plena, la tesis que adoptó la Sección
Segunda de la Corporación, en la sentencia de unificación del 4 de
agosto de 2010, según la cual el artículo 3 de la Ley 33 de 1985 no
señalaba en forma taxativa los factores salariales que conforman
la base de liquidación pensional, sino que los mismos estaban
simplemente enunciados y no impedían la inclusión de otros
conceptos devengados por el trabajador durante el último año de
prestación de servicio, va en contravía del principio de solidaridad
en materia de seguridad social. La inclusión de todos los factores
devengados por el servidor durante el último año de servicios fue
una tesis que adoptó la Sección Segunda a partir del sentido y
alcance de las expresiones “salario” y “factor salarial”, bajo el
entendido que “constituyen salario todas las sumas que habitual y
periódicamente recibe el empleado como retribución por sus
servicios” con fundamento, además, en los principios de
favorabilidad en materia laboral y progresividad; sin embargo, para
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
32
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-02654-01
ACTORA: LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT
esta Sala, dicho criterio interpretativo traspasa la voluntad del
legislador, el que, por virtud de su libertad de configuración enlistó
los factores que conforman la base de liquidación pensional y a
ellos es que se debe limitar dicha base.
102. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo considera que
el tomar en cuenta solo los factores sobre los que se han efectuado
los aportes, no afecta las finanzas del sistema ni pone en riesgo la
garantía del derecho irrenunciable a la pensión del resto de
habitantes del territorio colombiano, cuya asegurabilidad debe el
Estado, en acatamiento de los principios constitucionales de
universalidad y eficiencia.
103. Por el contrario, con esta interpretación (i) se garantiza que
la pensión de los beneficiarios de la transición se liquide conforme
a los factores sobre los cuales se ha cotizado; (ii) se respeta la
debida correspondencia que en un sistema de contribución bipartita
debe existir entre lo aportado y lo que el sistema retorna al afiliado
y (iii) se asegura la viabilidad financiera del sistema […] (Se
resalta).
De lo anterior se colige que:
El ingreso base de liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la
Ley 100, hace parte del régimen de transición para aquellas personas
beneficiarias que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y
tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la
Ley 33 de 1985. En esa medida, fijó como subreglas las siguientes:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a
la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
33
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-02654-01
ACTORA: LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT
de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o
(ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de
Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación
será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha
cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al
reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con
base en la variación del índice de precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.
De acuerdo con la interpretación fijada por el Consejo de Estado, en
la segunda subregla establecida en la precitada sentencia de
unificación, “[…] en el régimen general de pensiones, previsto
en la Ley 33 de 1985, solo los factores sobre los que se haya
realizado el aporte o cotización pueden incluirse como
elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional
[…]”, subregla que, en tanto fija el sentido y alcance del artículo 3º
de la Ley 33 de 1985, se aplica a los beneficiarios del régimen de
transición.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
34
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-02654-01
ACTORA: LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT
Finalmente, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo señaló
que la citada sentencia de unificación tiene características de
permanencia, identidad y carácter vinculante y obligatorio,
señalando que las reglas jurisprudenciales que se fijaron se aplican
a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa
como judicial, lo cual garantiza la seguridad jurídica y dan
prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social.
Es de mencionar que la Sala Plena de esta Corporación, en la
sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, excluyó la
aplicación de la primera regla hermenéutica18 a los educadores
oficiales vinculados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, sin embargo, ello no aconteció respecto de la segunda.
18 “[…] 94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen
conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor,
según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de
los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
[…]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
35
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-02654-01
ACTORA: LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT
Siendo ello así, de manera pacífica, esta Sección ha venido reiterando
que este segundo criterio tiene plena aplicación al régimen
excepcional de los docentes19.
Precisamente, la segunda subregla se refiere a los alcances
interpretativos del artículo 3º de la Ley 33 de 1985 que se aplica
tanto a los docentes como a los beneficiarios del régimen de
transición. Así, la citada subregla es del siguiente tenor: “[…] en el
régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985, solo
los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización
pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la
mesada pensional […]”.
Así mismo, en sentencia de unificación jurisprudencial, proferida por
la Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de abril de 201920,
se establecieron las siguientes reglas jurisprudenciales sobre el
19 A modo de ejemplo se citan las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sección
Primera, sentencia de 19 de diciembre de 2018, Ponente: Oswaldo Giraldo López (11001-
03-15-000-2018-03110-01 AC) / sentencia de 20 de noviembre de 2018, Ponente:
Hernando Sánchez Sánchez (11001-03-15-000-2018-03012-01 AC) / Sentencia de 19 de
noviembre de 2018, Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de
unificación de 25 de abril de 2019, C.P. César Palomino Cortés, número único de radicación
680012333000201500569-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
36
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-02654-01
ACTORA: LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT
ingreso base de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de
los docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, al señalarse que:
“[…] De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo
01 de 2005, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 81 de
la Ley 812 de 2003, son dos los regímenes prestacionales que
regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al
servicio público educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos
regímenes está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación
al servicio educativo oficial de cada docente, así:
a. En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de
los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812
de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria
de jubilación para los servidores públicos del orden nacional
previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben
tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo
1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir
ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado
artículo.
b. Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para
hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el
ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto
1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas
cotizaciones […]”.
En ese orden de ideas, para determinar el ingreso base de liquidación
de la pensión de jubilación de los docentes, solo pueden incluirse los
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
37
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-02654-01
ACTORA: LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT
factores salariales con fundamento en los cuales se realizaron
aportes al sistema de seguridad social en pensiones.
Finalmente, la Sección Segunda del Consejo de Estado señaló que la
citada sentencia de unificación tiene efectos retrospectivos con
características de permanencia, identidad y carácter vinculante y
obligatorio, señalando que las reglas jurisprudenciales que se fijaron
se aplican a todos los casos pendientes de solución tanto en vía
administrativa como judicial, lo cual garantiza la seguridad jurídica y
dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad
Social.
Caso concreto
Teniendo en cuenta lo anterior y para resolver el caso que nos ocupa,
se debe examinar lo decidido en la sentencia de 24 de noviembre de
2021, proferida por el Tribunal, aquí cuestionada, en la cual se
indicó lo siguiente:
“[…] Conforme los lineamientos jurisprudenciales previamente
transcritos [sentencia de unificación del 25 de abril de 2019
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
38
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-02654-01
ACTORA: LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT
proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado bajo el
radicado No. 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017)],
que están en consonancia con las sentencias de la H. Corte
Constitucional, el monto de la pensión se determinará con
fundamento en el ingreso base de liquidación, que se conforma,
según las Leyes 33 y 62 de 1985, con los factores percibidos
durante el último año de servicios, como retribución de la labor,
sobre los cuales se hubieran realizado cotizaciones al sistema
pensional, tal como lo prevén las mencionadas normas.
En el caso bajo estudio no cabe duda, que la señora Lourdes
Amparo Gómez Betancourt tiene derecho al beneficio de una
pensión vitalicia de jubilación, como así le fue reconocida a través
de la Resolución No. 476 de 15 de mayo de 2008.
En el acto administrativo de reconocimiento quedó establecido
que a la demandante se le aplicó el régimen pensional contenido
en la Ley 33 de 1973, Ley 71 de 1998, Ley 812 de 2003, Ley
1151 de 2007 y Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 3752
de 2003.
La pensión de vejez de la actora se calculó en el setenta y cinco
por ciento (75%) de la base de liquidación, es decir, de lo que la
beneficiaria devengó por concepto de salario y prima de
vacaciones, durante el último año de servicios.
Aunque del contenido del documento que reposa en el folio 22
del archivo digital No. 2 se deduce que, además de los factores
que se enunciaron en la Resolución No. 476 de 15 de mayo de
2008 con la cual se liquidó la pensión, la docente también
devengó prima de navidad y de alimentación, que no se
incluyeron entre los factores salariales que servirían como base
para reliquidar la pensión de jubilación, lo cierto es que no se
acreditó que sobre dichos factores se hayan efectuado aportes al
Sistema General de Seguridad Social, por ello no se podían incluir
en la base de cálculo de la prestación, pero más aún, los que se
reclaman no hacen parte de aquellos que se prescriben para ello,
en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985.
Así las cosas, es evidente que, para liquidar la pensión de la
demandante, la entidad accionada aplicó el régimen contenido
en la Ley 91 de 1989, en cuanto a la edad, al tiempo de servicios
y a la tasa de reemplazo, y calculó el ingreso base de liquidación
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
39
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-02654-01
ACTORA: LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT
(IBL) con la inclusión de, entre otros, de aquellos factores sobre
los cuales se probó que la beneficiaria realizó sus aportes, de
conformidad con las Leyes 33 y 62 de 1985.
En ese entendido, y con fundamento en las normas, y los
lineamientos jurisprudenciales reseñados, respecto del acto
demandado no se avizora causal de nulidad alguna, por lo menos
en lo que se refiere a la demanda a través de la cual se incoó el
medio de control […] “.
De los apartes transcritos, la Sala observa que el Tribunal para
adoptar su decisión, tuvo en cuenta las sentencias de unificación de
28 de agosto de 2018, proferida por la Sala Plena del Consejo de
Estado y la de 25 de abril de 2019, proferida por la Sección Segunda
del Consejo de Estado, en las que se determinó la interpretación que
debe darse al artículo 3º de la Ley 33 de 1985, modificado por el
artículo 1º de la Ley 62 de 1985, en el sentido de señalar que para
el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación, solo pueden
incluirse los factores salariales con fundamento en los cuales se
realizaron aportes al sistema de seguridad social en pensiones.
En este sentido, el Tribunal sustentó su decisión en el alcance que
debe darse a las precitadas disposiciones, en tanto dispuso que para
la liquidación de las pensiones sólo se podían tener en cuenta los
factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
40
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-02654-01
ACTORA: LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT
respectivas cotizaciones y, como se indicó, su interpretación y
aplicación resulta conforme a las reglas jurisprudenciales vigentes,
fijadas en las sentencias de unificación de 28 de agosto de 2018 y 25
de abril de 2019.
Por lo anterior, la Sala encuentra que no resulta procedente dejar sin
efectos la sentencia de 24 de noviembre de 2021, proferida por
Tribunal, toda vez que se fundamentó en la interpretación vigente de
las normas aplicables al caso concreto, conforme a las cuales los
factores salariales que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación para la pensión de jubilación son únicamente
aquellos sobre los cuales se hayan efectuado aportes o
cotizaciones al sistema de pensiones.
En consecuencia, para la Sala, el Tribunal no incurrió en defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, toda
vez que al resolver el caso sub examine, tuvo en cuenta la regla
jurisprudencial consistente en determinar que en la liquidación de
la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes
de la vigencia de la Ley 812, que gozan del mismo régimen de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
41
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-02654-01
ACTORA: LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT
pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden
nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben
tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado
los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1o. de la Ley 62 de
1985 y, por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los
enlistados en el mencionado artículo.
Ahora, la Sala destaca que en la sentencia SUJ-014-CE-S2-2018 de
25 de abril de 2019, la Sección Segunda del Consejo de Estado
estableció una regla aplicable en relación con la liquidación de las
pensiones bajo la interpretación del parágrafo transitorio 1 del Acto
Legislativo 01 de 2005, según el cual el régimen pensional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al
servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio
en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de
esta norma jurídica, esto es que para la liquidación de las pensiones
sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
hubiere efectuado las cotizaciones.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
42
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-02654-01
ACTORA: LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT
Bajo tal óptica, el referido precedente del 25 de abril de 2019 de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, resultaba aplicable al caso
en concreto ya que el mismo se gobierna, entre otros, por lo
preceptuado en el citado Acto Legislativo.
Ahora, en lo que tiene que ver con el defecto sustantivo por falta de
aplicación de la Ley 91 de 1989, se observa que el numeral 1 del
artículo 15 de dicha norma, establece:
“[…] Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el
personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con
posterioridad al 1o. de enero de 1990 será regido por las siguientes
disposiciones:
1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31
de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas
y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido
gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas
vigentes.
Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1o. de
enero de 1990, para efecto de las prestaciones económicas y
sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los
empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968,
1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con
las excepciones consagradas en esta Ley […]”.
Ahora bien, la norma jurídica prevista en el artículo 279 de la Ley
100 de 1993, dispone:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
43
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-02654-01
ACTORA: LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT
“[…] ARTÍCULO 279. EXCEPCIONES. El Sistema Integral de
Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los
miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al
personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de
aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a
los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas.
Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989,
cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o
cualquier clase de remuneración. Este Fondo será responsable de
la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores
que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación
que para el efecto se expida.
[…]
PARÁGRAFO 4o. Las excepciones consagradas en el presente
artículo no implican negación de los beneficios y derechos
determinados en los artículos 14 y 142 de esta ley para los
pensionados de los sectores aquí contemplados […]”.
Finalmente, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, prevé:
“[…] ARTÍCULO 81. RÉGIMEN PRESTACIONAL DE LOS DOCENTES
OFICIALES. El régimen prestacional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al
servicio público educativo oficial, es el establecido para el
Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la
entrada en vigencia de la presente ley.
Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de
la presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
44
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-02654-01
ACTORA: LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT
excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para
hombres y mujeres.
Los servicios de salud para los docentes afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, serán prestados de
conformidad con la Ley 91 de 1989, las prestaciones
correspondientes a riesgos profesionales serán las que hoy tiene
establecido el Fondo para tales efectos.
El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
corresponderá a la suma de aportes que para salud y pensiones
establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, manteniendo la
misma distribución que exista para empleadores y trabajadores. La
distribución del monto de estos recursos la hará el Consejo
Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, en lo correspondiente a las cuentas de salud y
pensiones.
El régimen salarial de los docentes que se vinculen a partir de la
vigencia de la presente ley, será decretado por el Gobierno
Nacional, garantizando la equivalencia entre el Estatuto de
Profesionalización Docente establecido en el Decreto 1278 de 2002,
los beneficios prestacionales vigentes a la expedición de la presente
ley y la remuneración de los docentes actuales frente de lo que se
desprende de lo ordenado en el presente artículo.
El Gobierno Nacional buscará la manera más eficiente para
administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, para lo cual contratará estos servicios con
aplicación de los principios de celeridad, transparencia, economía
e igualdad, que permita seleccionar la entidad fiduciaria que
ofrezca y pacte las mejores condiciones de servicio, mercado,
solidez y seguridad financiera de conformidad con lo establecido en
el artículo 3o de la Ley 91 de 1989. En todo caso el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio se administrará en
subcuentas independientes, correspondiente a los recursos de
pensiones, cesantías y salud.
El valor que correspondería al incremento en la cotización del
empleador por concepto de la aplicación de este artículo, será
financiado por recursos del Sistema General de Participaciones y
con los recursos que la Nación le transfiera inicialmente al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por un monto
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
45
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-02654-01
ACTORA: LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT
equivalente a la suma que resulte de la revisión del corte de
cuentas previsto en la Ley 91 de 1989 y hasta por el monto de
dicha deuda, sin detrimento de la obligación de la Nación por el
monto de la deuda de cesantías; posteriormente, con recursos del
Sistema General de Participaciones y con los recursos que le
entregará la Nación a las entidades territoriales para que puedan
cumplir con su obligación patronal […]”.
La Sala encuentra que lo que la actora pretende con la presente
acción de tutela es señalar que, de conformidad con las normas
jurídicas referidas, corresponde ordenar la reliquidación de su
pensión con la inclusión de todos los factores salariales devengados
en el último año de servicios.
No obstante, de la lectura de las referidas disposiciones legales no es
posible llegar a la conclusión que se pretende en tanto que las
mismas sí fueron tenidas en cuenta para proferir la decisión
controvertida, de manera que los precedentes jurisprudenciales le
resultan aplicables y no son contrarios a su interpretación.
En ese sentido, la Sala encuentra que para llegar a la conclusión
según la cual la actora sólo tenía derecho al reconocimiento de la
pensión con la inclusión de los factores salariales respecto de los
cuales había realizado aportes, las autoridades judiciales
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
46
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-02654-01
ACTORA: LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT
demandadas no dejaron de aplicar la norma que correspondía, ni la
aplicaron de manera indebida, irracional o arbitraria.
Lo anterior, por cuanto si bien de conformidad con la norma que se
dice desconocida, esto es, el numeral 1 del artículo 15 de la Ley 91
de 1989, los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el
31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones
económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han
venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las
normas vigentes y, de conformidad con la Ley 71 de 1988 y su
Decreto Reglamentario núm. 2709 de 13 de diciembre de 199421 el
monto de la pensión de jubilación por aportes será equivalente al
75% del salario base de liquidación, lo cierto es que la interpretación
de las referidas normas no contraría lo señalado en las reglas
jurisprudenciales analizadas supra según las cuales en la
liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes los factores que se deben tener en cuenta son solo
aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos
aportes.
21 “Por el cual se reglamenta el artículo 7o. de la Ley 71 de 1988”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
47
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-02654-01
ACTORA: LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT
De esta manera, la Sala concluye que la autoridad demanda no
incurrió en un defecto sustantivo por falta de aplicación del
numeral 1 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989.
Estas conclusiones coinciden con la reciente decisión de la Corte
Constitucional en sentencia T-297 de 6 de agosto 202022 y en la que
precisó que el problema de derecho sometido a consideración de los
Tribunales accionados, alusivo a la posibilidad o no de incluir en el
IBL factores salariales sobre los que no se hubieren efectuado
cotizaciones, guarda semejanza con uno de los aspectos estudiados
en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-395 de
201723 y, por lo tanto, su aplicación a los casos concretos era
razonable y que la decisión del 28 de agosto de 2018 solamente
exoneró a los docentes oficiales de la aplicación del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993, así como de la primera subregla
jurisprudencial adoptada en el fallo de unificación relativa al marco
22 Corte Constitucional, Sentencia T-297 de 6 de agosto de 2020, M.P. José Fernando Reyes
Cuartas.
23 En el mismo sentido se pueden consultar las sentencias SU-427 de 2016, SU-395 de
2017 y SU-631 de 2017, SU-023, SU-068 y SU-114 de 2018, T-078 de 2014, T-494, T-643
y T-661 de 2017, T-039, T-328 y T-368 de 2018, entre otras.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
48
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-02654-01
ACTORA: LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT
temporal para establecer el monto de la mesada pensional; empero,
de ninguna manera dispuso la inaplicación de la regla segunda
concerniente a la imposibilidad de incorporar en el IBL los factores
sobre los que no se hubieren efectuado cotizaciones.
Igualmente, las anteriores consideraciones concuerdan con las
expuestas por la Sala en sentencias de 20 de noviembre 24, 3 de
diciembre de 202025, 11 de marzo de 202126 y 9 de julio de 2021, en
las que se estableció que no era procedente acceder a las
pretensiones invocadas en sede de tutela en virtud de las reglas
jurisprudenciales fijadas por la Sala Plena de esta Corporación en
sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018.
Por lo precedente, la Sala modificará el fallo impugnado que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia y, en su lugar, se
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
20 de noviembre de 2020, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación
11001-03-15-000-2020-04512-00(AC).
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
3 de diciembre de 2020, M.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación
11001-03-15-000-2020-04512-00(AC).
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
11 de marzo de 2021, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación
11001-03-15-000-2021-00777-00(AC).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
49
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-02654-01
ACTORA: LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT
denegará el amparo solicitado, como en efecto se dispondrá en la
parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada que declaró
improcedente la presente acción de tutela y, en su lugar: DENEGAR
el amparo solicitado de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
50
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-02654-01
ACTORA: LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT
CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de agosto de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.