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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02654-01

Fecha
25 de agosto de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02654-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada que declaró improcedente la presente acción de tutela y, en su lugar: DENEGAR el amparo solicitado de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 50 NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-02654-01 ACTORA: LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-02654-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

25 de agosto de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02654-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT

TESIS: SE MODIFICA LA SENTENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA Y, EN SU LUGAR,
SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. LA AUTORIDAD JUDICIAL
ACCIONADA NO INCURRIÓ EN DEFECTO SUSTANTIVO NI
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE. PENSIÓN DE JUBILACIÓN
DOCENTE POR APORTES. INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN.
REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA SEGURIDAD
SOCIAL Y A LA IGUALDAD.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la impugnación presentada por la actora

contra el fallo de 17 de mayo de 2022, mediante el cual la SECCIÓN

TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE ESTADO1

1 En adelante la Sección Tercera.

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declaró improcedente el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La señora LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT, por

intermedio de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela

prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la

protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido

proceso administrativo y a la seguridad social, los cuales, a su juicio,

le fueron vulnerados por el Juzgado Quinto Administrativo del

Circuito Judicial de Pasto2 y el Tribunal Administrativo de

Nariño3, al proferir las providencias 18 de julio y de 24 de noviembre

de 2021, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 52001-33-33-005-2020-00043-01.

I.2.- Hechos

2 En adelante el Juzgado
3 En adelante el Tribunal

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Afirmó que prestó sus servicios como docente desde el 1o. de octubre

de 1975, en la I.E.M. Escuela Normal Superior de Pasto.

Agregó que mediante Resolución núm. 476 de 15 de mayo de 2008,

se le reconoció y ordenó el pago de la pensión de jubilación, sin tener

en cuenta la totalidad de los factores salariales devengados durante

el último año del servicio.

Manifestó que el 14 de marzo de 2012, solicitó la revisión y ajuste

de su pensión de jubilación con el fin de incluir todos los factores

salariales devengados en el año anterior a la fecha de retiro del

servicio, petición que nunca fue resuelta por la Secretaría de

Educación Municipal de Pasto.

Sostuvo que en ejercicio del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho, demandó la legalidad del anterior acto

administrativo ficto o presunto negativo generado a partir de la falta

de respuesta por parte de la Secretaría de Educación Municipal y

solicitó la inclusión de todos los factores salariales devengados en el

año anterior al retiro del servicio, el reconocimiento y pago de los

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intereses moratorios causados desde que se hizo exigible la

obligación y la indexación sobre las sumas de dinero adeudadas.

Adujo que la citada demanda le correspondió por reparto al Juzgado

que, mediante sentencia de 18 de junio de 2021, denegó las

pretensiones, decisión contra la cual interpuso recurso de apelación

ante el Tribunal que, en sentencia de 24 de noviembre de ese mismo

año, confirmó lo dispuesto por el a quo, con fundamento en la

sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, proferida por la

Sección Segunda del Consejo de Estado, bajo el radicado núm.

68001-23-33-000-2015-00569-01, conforme a la cual indicó que el

monto de la pensión se debía determinar con el ingreso base de

liquidación previsto en las Leyes 33 y 62 de 1985, teniendo en cuenta

los factores percibidos durante el último año de servicios y sobre los

que se hubieran efectuado cotizaciones al sistema.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

La actora indicó que las autoridades judiciales demandadas

vulneraron sus derechos fundamentales invocados, por cuanto en las

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decisiones cuestionadas incurrieron en defecto sustantivo al

desconocer el régimen de los empleados oficiales contenido en la Ley

62 de 16 de septiembre de 19854, a pesar de que, a su juicio, los

docentes son servidores públicos de régimen especial, cuyos asuntos

se rigen por la Ley 115 de 8 de febrero de 19945.

Agregó que las prestaciones a las que tienen derecho se encuentran

establecidas en la Ley 91 de 29 de diciembre de 19896, y resaltó que

los docentes no hacen parte del régimen general de pensiones,

conforme lo estableció la sentencia de 28 de agosto de 2018, dictada

por la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso

identificado con el número único de radicación 52001-23-33-000-

2012-00143-01, en la que se afirmó que las normas aplicables en

temas pensionales de docentes deben ser las leyes 33 de 29 de enero

de 19857 y 91 de 1989.

4 "Por la cual se modifica el artículo 3º de la Ley 33 del 29 de enero de 1985".
5 “Por la cual se expide la ley general de educación”
6 “Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”.
7 “Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las

prestaciones sociales para el Sector Público”

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Sostuvo que se configuró un defecto sustantivo en las providencias

cuestionadas, toda vez que negaron el reajuste pensional solicitado,

bajo el argumento de que no acreditó los factores salariales

establecidos en la Ley 62 de 1985, decisión que califica como

“discriminatoria e imposible de cumplir por parte de ella o cualquier

otro educador”8, puesto que a ningún docente le han sido reconocidos

como factores salariales la prima técnica, los festivos o dominicales,

la jornada nocturna, los gastos de representación o las primas

ascensional y de antigüedad, los cuales están incluidos como tal en

la Ley 62 de 1985.

Afirmó que las autoridades judiciales también incurrieron en defecto

fáctico, toda vez que no valoraron, ni apreciaron el certificado

expedido por la Secretaría de Educación de Pasto, en el que

constaban los factores salariales que había devengado durante el

último año de servicios, entre los que se encontraban las primas de

navidad, de vacaciones y de alimentación.

8 Ibidem.

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Resaltó que el Consejo de Estado ha señalado que el régimen

aplicable en materia prestacional para docentes es el que haya

estado vigente al momento de su vinculación y no en la fecha de su

reclamación, razón por la que su asunto debía ser resuelto teniendo

en cuenta la Ley 91 de 1989.

I.4.- Pretensiones

La actora solicitó que se amparen sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] 2. ORDENAR al TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCION “B”, el amparo a los derechos enunciados, revocar
la sentencia proferida el 08 de Noviembre de 2019, que confirmó
la sentencia de primera instancia por la cual se negó a las
pretensiones de la demanda y en consecuencia se ordene a
reliquidar la pensión de asistida teniendo en cuenta el
equivalente al 75% de los factores salariales devengados en el
año inmediatamente anterior a la fecha de retiro efectiva, es
decir, desde el 08 de Octubre de 1997 hasta el 07 de Octubre de
1998 […]”.

I.5. Defensa

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I.5.1.- El Tribunal solicitó declarar improcedente la solicitud de

amparo de la referencia, por cuanto la decisión cuestionada se

encuentra ajustada a derecho y se fundamentó en las pruebas

aportadas al proceso, conforme a las normas y la jurisprudencia

aplicable al asunto.

Resaltó que la presente acción de tutela carece de todo fundamento

válido, en razón a que en el proceso en cuestión no se desconoció

precedente judicial alguno, pues para resolver el recurso de alzada

dio aplicación a la sentencia de 28 de agosto de 2018 proferida por

el Consejo de Estado, además, tampoco se configuró el defecto

sustantivo alegado.

Señaló que la hoy tutelante no cumplía con los presupuestos

normativos y los señalados en la jurisprudencia para ordenar la

reliquidación de su pensión de vejez, por cuanto solicitaba la

inclusión de factores sobre los cuales nunca cotizó al sistema de

seguridad social en pensión.

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I.5.2.- El Juzgado solicitó denegar las pretensiones de la demanda,

en razón a que no se transgredieron los derechos fundamentales

invocados.

Indicó que una vez revisados los antecedentes que dieron origen a la

decisión cuestionada, se observó que los fundamentos y argumentos

de derecho se encuentran debidamente consignados en las

providencias cuestionadas, cuyo razonamiento fáctico correspondió

a los hechos que se encontraron probados en el proceso, las normas

y la jurisprudencia aplicable al asunto.

I.6.- Intervenciones

I.6.1.- Colpensiones solicitó declarar improcedente la presente

solicitud de amparo, toda vez que no concurren ninguna de las

causales generales y específicas de procedibilidad de la acción de

tutela, pues lo realmente pretendido por la actora es invalidar las

actuaciones procesales.

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Manifestó que de conformidad con las actuaciones procesales

adelantadas no se evidenciaba vulneración o amenaza alguna por

parte de las autoridades judiciales a los derechos fundamentales

presuntamente transgredidos.

Realizó un recuento de los pronunciamientos emitidos por la Corte

Constitucional respecto al cálculo del monto de la pensión de vejez

reconocida a los beneficiarios del régimen de transición y resaltó la

obligatoriedad de las autoridades judiciales de acatar los precedentes

jurisprudenciales emitidos por esa alta Corporación, conforme ocurrió

en el caso en concreto.

Refirió que la decisión cuestionada hizo tránsito a cosa juzgada, por

lo que modificar las órdenes ya ejecutoriadas, implicaría desconocer

los principios de certeza, seguridad jurídica y legalidad de la que

gozan las sentencias judiciales.

II. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

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Mediante sentencia de 17 de junio de 2022, la SECCIÓN TERCERA

declaró improcedente el amparo solicitado al considerar que se

incumplió con el presupuesto de relevancia constitucional.

Sostuvo que tampoco evidenció vulneración alguna de los derechos

fundamentales invocados, sino que, por el contrario, lo pretendido

por la actora al cuestionar la interpretación dada por el juez natural

en la providencia acusada, es convertir esta acción constitucional en

una tercera instancia, pues las críticas contenidas en el escrito

introductorio buscan reabrir el debate que tuvo lugar en el trámite

ordinario, con el fin de que prevalezca la interpretación de la

tutelante sobre la prohijada por el Tribunal.

Afirmó que en razón a la autonomía judicial y el carácter

excepcionalísimo que reviste la tutela, no basta con manifestar

inconformidades respecto de las decisiones judiciales objeto de

censura o alegar la configuración de los requisitos especiales de

procedencia, ya que la discusión queda restringida a asuntos de mera

legalidad que no trascienden al plano constitucional

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III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La actora presentó impugnación contra la sentencia de primera

instancia, en el cual reiteró los argumentos expuestos en el escrito

de tutela.

Sostuvo que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en

defecto sustantivo, al fundamentar las decisiones controvertidas en

una ley inaplicable que regula el régimen pensional de otro grupo

poblacional diferente a los educadores, esto es, el de los empleados

oficiales del orden nacional, sin armonizar las disposiciones legales

anteriores a la promulgación de la Carta Política con un enfoque

constitucional para evitar la vulneración de sus derechos

fundamentales y además sin ejercer tampoco un control

constitucional por vía de excepción al juzgar y administrar justicia y

así erradicar el trato discriminatorio y desigual al que someten

injustificadamente a los educadores en Colombia, desconociendo el

derecho a la igualdad material.

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Señaló que las providencias controvertidas incurrieron en defecto

fáctico, habida cuenta que no apreciaron debidamente, ni le

otorgaron el valor probatorio a las documentales aportadas, que

daban cuenta que los docentes solicitan su certificado salarial y de

factores salariales a su nominador y las Secretarías de Educación

expiden el certificado que refleja la asignación salarial acorde con su

grado de escalafón y los factores que efectivamente aporta el

educador al ente prestacional y que son diferentes a los de cualquier

otro servidor público; sin embargo, dicha prueba fue desestimada y

los jueces de las dos instancias no tuvieron en cuenta ese

documento, confrontándolo con la norma que debe ser inaplicable

para los docentes porque establece factores salariales que

normalmente tienen otros servidores públicos diferentes a los

docentes.

Finalmente, expuso que el asunto reviste relevancia constitucional y,

además, se debe acceder al amparo solicitado, para evitar que se

perpetúe la aplicación en forma restrictiva y contraria de las normas

dictadas para un sector poblacional diferente a los docentes y así

privilegiar lo estipulado en la Carta Política frente al particular.

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IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

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unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:

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a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede
entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema
jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto
es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un
desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta
última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es,
de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después
de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada
y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se
cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia
que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la
Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de
derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas
ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente de la
incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación
del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y

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que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin
que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales
contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es
menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la
afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden
prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias
proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta
Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no
seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se
tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que
proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario
acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de
procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En
este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una
tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos,
uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima
de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales.

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g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitand o
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

dejen sin efecto las providencias de 18 de julio y 24 de

noviembre de 2021, proferidas por el Juzgado y el Tribunal,

respectivamente, por medio de las cuales se negaron las

pretensiones de la demanda dentro del medio de control de nulidad

y restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 52001-33-33-005-2020-00043-01.

A las citadas providencias la actora les atribuye la vulneración de sus

derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso

administrativo y a la seguridad social; y de los principios de

favorabilidad y confianza legítima, habida cuenta que, a juicio de la

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actora, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto

fáctico y sustantivo.

Manifestó la actora que en las providencias cuestionadas (i) se aplicó

el régimen de empleados oficiales previsto en la Ley 62 de 1985, a

pesar de que debían tenerse en cuenta las Leyes 115 de 1994 y 91

de 1989; (ii) se configuró el defecto sustantivo al negar el reajuste

de la pensión de jubilación con fundamento en que lo solicitado no

hacía parte del listado previsto en la Ley 62 de 1985; y fáctico, en

tanto no se valoró el certificado emitido por la Secretaría de

Educación de Pasto en el que constaban los factores que había

devengado durante el último año de servicios; (iii) se desconoció la

sentencia del 28 de agosto de 2018 dictada por el Consejo de Estado,

según la cual los docentes no están sujetos al régimen de transición

del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, razón por la que se debían

aplicar las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985; y (iv) no se tuvo en

cuenta que la Ley 91 de 1989 se encontraba vigente al momento de

su vinculación, por lo que debía ser esta norma la aplicable para

resolver su caso concreto.

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La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN TERCERA que declaró improcedente el amparo solicitado,

bajo el argumento de que la misma carecía de relevancia

constitucional, toda vez que lo pretendido por la tutelante era reabrir

el debate que tuvo lugar en el trámite del proceso de nulidad y

restablecimiento del derecho y constituir así una tercera instancia

judicial.

La impugnación de la actora está estructurada sobre una reiteración

de los argumentos principales que sostuvieron su posición jurídica

inicial, conforme a la cual es necesario evitar que se perpetúe la

aplicación en forma restrictiva y contraria de las normas dictadas

para un sector poblacional diferente a los docentes, esto es, los

empleados oficiales del orden nacional, que usualmente cuentan con

unos factores salariales diferentes a los de los docentes y así

privilegiar sus derechos fundamentales y lo establecido en la Carta

Política frente al particular.

En este punto es del caso resaltar que aun cuando la actora alega la

vulneración de sus derechos fundamentales invocados tanto a la

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sentencia de 18 de julio de 2021 como a la proferida el 24 de

noviembre de ese año, la Sala se limitará a analizar únicamente la

providencia dictada por el Tribunal, comoquiera que en esta se

confirmó en su totalidad lo dispuesto por el a quo y fue la que puso

fin al proceso.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela, y de

ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados

e incurrió en los defectos sustantivo y fáctico, al haber proferido la

sentencia de 24 de noviembre de 2021 aludida.

De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la

Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida

por la Sala Plena de esta Corporación.

La Sala observa que, en el presente caso, contrario a lo considerado

por el a quo, se cumple con el requisito de la relevancia

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constitucional, por cuanto la actora plantea con suficiente carga

argumentativa, las razones por las cuales, en su criterio, la autoridad

judicial accionada incurrió en los defectos endilgados y vulneró sus

derechos fundamentales; contra la decisión cuestionada no proceden

recursos y tampoco se estructuran las causales de los recursos

extraordinarios de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y unificación

de jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la acción de tutela se

interpuso en un plazo razonable9 y, por último, la solicitud identifica

los hechos y derechos que se estiman lesionados.

Verificado lo anterior, corresponde determinar si el Tribunal incurrió

en los defectos endilgados al proferir la providencia de 24 de

noviembre de 2021, dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 52001-33-33-005-2020-00043-01, para lo cual realizará

el siguiente análisis i) Protección de la seguridad social en el

ordenamiento interno, ii) Desarrollo jurisprudencial sobre el Ingreso

Base de Liquidación de las pensiones, iii) Sentencia de unificación

9 Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en

sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero
ponente: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez).

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proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del

Consejo de Estado el 28 de agosto de 2018 y; iv) análisis del caso

concreto.

Protección de la seguridad social en el ordenamiento interno

En el ordenamiento interno, el Sistema de Seguridad Social es el

conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de los que

disponen las personas y la comunidad para gozar de una calidad de

vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas

que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la

cobertura integral de las contingencias, especialmente las que

menoscaban la salud y la capacidad económica de los habitantes del

territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la

integración de la comunidad10 y cuyo objeto es garantizar los

derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener

la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la

protección de las contingencias que la afecten.

10 Preámbulo de la Ley 100.

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Para efectos del cumplimiento de estos fines, el ordenamiento

permitió la existencia de diversos regímenes que posteriormente

fueron unificados con la entrada en vigencia de la Ley 100.

Asimismo, vale la pena resaltar que la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo del Consejo de Estado11 para garantizar los derechos

adquiridos de las personas que pertenecían a los regímenes

especiales anteriores, sentó jurisprudencia y consideró que: i) el

artículo 36, inciso 3°, excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base

de liquidación que establecía el régimen general de pensiones

anterior a dicha ley, y ii) que solo deben incorporarse aquellos

factores sobre los cuales se hayan realizado los aportes al sistema

de seguridad social, variando de esta forma la posición asumida por

la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de 4 de

agosto de 201012.

Desarrollo jurisprudencial sobre el Ingreso Base de

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación

de 28 de agosto de 2018, C.P. César Palomino Cortés, número único de radicación 2012-
00143-01.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia

de 4 de agosto de 2010, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, número único de radicación
2006-07509-01.

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Liquidación de las pensiones

En ese entendido, la sentencia proferida el 4 de agosto de 201013

por la Sección Segunda del Consejo de Estado al referirse a la

determinación del ingreso base de liquidación de las pensiones de

jubilación incluidas en el régimen de transición del artículo 36 de la

Ley 100, precisó que: i) debían ser reconocidas con el 75% del salario

promedio base para los aportes durante el último año de servicio,

siempre que prestara o hubiere prestado 20 años continuos o

discontinuos de servicios y tuviera 55 años de edad y ii) con base en

todos los factores salariales efectivamente devengados en el año

anterior a la adquisición del estatus de pensionado, dado que estas

no indican en forma taxativa los factores salariales que conforman la

base de liquidación pensional, ello, en los términos de la Ley 33 de

1985.

Lo anterior implicaba que, para determinar los requisitos de

edad, tiempo de servicios y monto de la pensión de los

beneficiarios del régimen de transición, se debía observar la

13Proferida dentro del expediente identificado con el número único de radicación 2006-
07509-01.

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normativa del régimen que le aplicaba antes de la entrada en

vigencia de la Ley 100, sin que pudiera acudirse a

disposiciones distintas, en consonancia con el principio de

inescindibilidad14 de la norma.

Esta tesis fue reiterada en sentencia de unificación de 25 de febrero

de 201615, proferida por la Sección Segunda del Consejo de

Estado dentro del expediente identificado con el número único de

radicación 2013-01541-01.

Sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de 28 de

agosto de 2018

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de

14 De conformidad por lo establecido por la Corte Constitucional, en sentencia T-832 A de

2013, el principio de inescindibilidad de la norma, establece que ésta debe “[…] aplicarse de
manera íntegra en su relación con la totalidad del cuerpo normativo al que pertenece, sin
que sea admisible escisiones o fragmentaciones tomando lo más favorable de las
disposiciones en conflicto, o utilizando disposiciones jurídicas contenidas en un régimen
normativo distinto al elegido […]”.
15 Es importante resaltar que la sentencia de 25 de febrero de 2016 fue dejada sin efectos

por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 15 de diciembre de
2016, y, en cumplimiento a esta última, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado profirió sentencia el 9 de febrero de 2017, la cual será
explicada en esta providencia.

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Estado, en sentencia de unificación jurisprudencial de 28 de agosto

de 2018, en los términos del artículo 271 del CPACA, sentó

jurisprudencia y fijó las siguientes reglas y subreglas sobre: i) el

ingreso base de liquidación establecido para el régimen de transición

de las personas que cuentan con un régimen pensional especial y ii)

de los factores salariales que se deben incluir en el ingreso base de

liquidación. Textualmente, señaló:

“[…] 84. Planteadas así las tesis sobre el IBL aplicable en el
régimen de transición, la Sala advierte que el aspecto que ha
suscitado controversia es el periodo que se toma en cuenta al
promediar el ingreso base para fijar el monto pensional, pues el
artículo 1 de la Ley 33 de 1985 preveía como IBL el “salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último
año de servicio”, mientras que el inciso 3 del artículo 36 de la Ley
100 de 1993 establece que el ingreso base para liquidar la pensión
de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les
faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el
promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta
para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere
superior, actualizado anualmente con base en la variación del
Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el
DANE. Es decir, mientras el régimen general de pensiones de la Ley
33 de 1985 establece el último año de servicios, el artículo 36 de
la Ley 100 de 1993 consagra la posibilidad que sea más de un año
dependiendo de la situación particular de la persona que está
próxima a consolidar su derecho pensional.

85. A juicio de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado una lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
permite concluir que en el régimen de transición el IBL que debe
tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto
en el inciso 3 de dicha norma.

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86. Como se dijo en párrafos anteriores el régimen de transición
prorrogó la vigencia de todos los regímenes pensionales anteriores
a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, otorgando efectos
ultractivos a algunos elementos constitutivos de dichos regímenes
para aquellas personas que se encontraban afiliadas a los mismos
y que estaban próximas a adquirir el derecho pensional. Tales
elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la
pensión.

87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este
caso de la Ley 100 de 1993, en desarrollo de su libertad de
configuración, fijó un elemento, el IBL, que cumpliría con la
finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos
aquellos que estaban próximos a pensionarse, sino como
manifestación de los principios de solidaridad, universalidad y
sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura del
Sistema General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el
periodo de transición abarcaría varias décadas16.

88. Como toda reforma pensional implica un cambio de las
condiciones para acceder a la pensión, es importante que ese
cambio no resulte traumático o desafortunado para aquellas
personas que, si bien no alcanzaron a consolidar su derecho
pensional bajo el régimen anterior, sí estaban próximos a adquirir
tal derecho y venían cotizando con la confianza legítima que se
pensionarían en las condiciones que los cobijaban.

89. Entonces la razonabilidad de ese cambio legislativo está en
poder conciliar la finalidad que motiva la reforma pensional con la
confianza y la expectativa de los ciudadanos que están próximos a
pensionarse, es decir, garantizar el interés general sin sacrificar del
todo el interés particular. Es importante precisar que un cambio en
el sistema de pensiones necesariamente implica el establecimiento
de requisitos y condiciones, en principio, menos favorables, para
adquirir la pensión, por eso se requiere un periodo de transición
que permita implementar de manera ponderada y equilibrada el
nuevo régimen, concretamente, para aquellas personas que, bajo
las condiciones legales anteriores, podrían adquirir su pensión en
un corto periodo de tiempo.

16 En virtud del Acto Legislativo No. 1 de 2005, la aplicabilidad del régimen de transición

corrió hasta el 31 de julio de 2010, o, excepcionalmente, hasta el 31 de diciembre de 2014,
en el caso que los beneficiarios contaran con 750 semanas de cotización o su equivalente
en tiempo de servicios al momento de la entrada en vigencia de dicho Acto Legislativo.

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90. En el caso de la Ley 100 de 1993, el legislador quiso conciliar
la finalidad que motivó la reforma, con la protección frente al
impacto que el tránsito legislativo iba a generar, estableciendo un
régimen de transición especial para el grupo de personas a las que
ya se ha hecho referencia; régimen distinto tanto del anterior como
del nuevo, con unas reglas que conservaban los requisitos del
régimen anterior, pero con un elemento particular, concretamente,
el periodo que se iría a tener en cuenta para fijar el monto de la
mesada pensional; periodo que no es otro que el previsto en el
inciso 3 del artículo 36 o en el artículo 21 de la Ley 100 de 199317,
así:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la
pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el
cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
Consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será
el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el
afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de
la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del
índice de precios al consumidor, según certificación que expida el
DANE.

91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que
debe darse del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36
contiene todos los elementos y condiciones para que las personas
beneficiarias del régimen de transición puedan adquirir su pensión
de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de
cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL
previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo 21 de la
Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso
3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación
ultractiva del ingreso base de liquidación que consagraba el
régimen general de pensiones anterior a dicha ley. El
reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a
cabalidad por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un
verdadero beneficio para este grupo poblacional, porque frente a

17 Aplicable en virtud del inciso 2 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que dispone que las

demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de
vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.

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los mismos requisitos que están consagrados para el Sistema
General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables.

Fijación de la Regla Jurisprudencial sobre el IBL en el
régimen de transición

92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo sienta la siguiente regla jurisprudencial:
“El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de
transición para aquellas personas beneficiarias del mismo
que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa
de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en
la Ley 33 de 1985”.

93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y
para efectos de liquidar el IBL como quedó planteado
anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes subreglas:

94. La primera subregla es que para los servidores públicos que
se pensionen conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el
periodo para liquidar la pensión es:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la
pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el
cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será
el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el
afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de
la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del
índice de precios al consumidor, según certificación que expida el
DANE.

[…]

96. La segunda subregla es que los factores salariales que se
deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores
públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos
sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones.

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97. Esta subregla se sustenta en el artículo 1° de la Constitución
Política que consagra el principio de solidaridad como uno de los
principios fundamentales del Estado Social de Derecho.

98. El artículo 48 constitucional define la Seguridad Social como “un
servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la
dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los
términos que establezca la Ley”. El legislador (artículo 2 de la Ley
100 de 1993) explica este principio como “[…] la práctica de la
mutua ayuda entre las personas, las generaciones, los sectores
económicos, las regiones y las comunidades bajo el principio del
más fuerte hacia el más débil”.
99. La interpretación de la norma que más se ajusta al
artículo 48 constitucional es aquella según la cual en el
régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de
1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el
aporte o cotización pueden incluirse como elemento salarial
en la liquidación de la mesada pensional.

100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual
se adiciona el artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será
necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio y las semanas
de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán
en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere
efectuado las cotizaciones.

101. A juicio de la Sala Plena, la tesis que adoptó la Sección
Segunda de la Corporación, en la sentencia de unificación del 4 de
agosto de 2010, según la cual el artículo 3 de la Ley 33 de 1985 no
señalaba en forma taxativa los factores salariales que conforman
la base de liquidación pensional, sino que los mismos estaban
simplemente enunciados y no impedían la inclusión de otros
conceptos devengados por el trabajador durante el último año de
prestación de servicio, va en contravía del principio de solidaridad
en materia de seguridad social. La inclusión de todos los factores
devengados por el servidor durante el último año de servicios fue
una tesis que adoptó la Sección Segunda a partir del sentido y
alcance de las expresiones “salario” y “factor salarial”, bajo el
entendido que “constituyen salario todas las sumas que habitual y
periódicamente recibe el empleado como retribución por sus
servicios” con fundamento, además, en los principios de
favorabilidad en materia laboral y progresividad; sin embargo, para

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esta Sala, dicho criterio interpretativo traspasa la voluntad del
legislador, el que, por virtud de su libertad de configuración enlistó
los factores que conforman la base de liquidación pensional y a
ellos es que se debe limitar dicha base.

102. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo considera que
el tomar en cuenta solo los factores sobre los que se han efectuado
los aportes, no afecta las finanzas del sistema ni pone en riesgo la
garantía del derecho irrenunciable a la pensión del resto de
habitantes del territorio colombiano, cuya asegurabilidad debe el
Estado, en acatamiento de los principios constitucionales de
universalidad y eficiencia.

103. Por el contrario, con esta interpretación (i) se garantiza que
la pensión de los beneficiarios de la transición se liquide conforme
a los factores sobre los cuales se ha cotizado; (ii) se respeta la
debida correspondencia que en un sistema de contribución bipartita
debe existir entre lo aportado y lo que el sistema retorna al afiliado
y (iii) se asegura la viabilidad financiera del sistema […] (Se
resalta).

De lo anterior se colige que:

El ingreso base de liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la

Ley 100, hace parte del régimen de transición para aquellas personas

beneficiarias que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y

tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la

Ley 33 de 1985. En esa medida, fijó como subreglas las siguientes:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a

la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio

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de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o

(ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,

actualizado anualmente con base en la variación del Índice de

Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación

será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha

cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al

reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con

base en la variación del índice de precios al consumidor, según

certificación que expida el DANE.

De acuerdo con la interpretación fijada por el Consejo de Estado, en

la segunda subregla establecida en la precitada sentencia de

unificación, “[…] en el régimen general de pensiones, previsto

en la Ley 33 de 1985, solo los factores sobre los que se haya

realizado el aporte o cotización pueden incluirse como

elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional

[…]”, subregla que, en tanto fija el sentido y alcance del artículo 3º

de la Ley 33 de 1985, se aplica a los beneficiarios del régimen de

transición.

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Finalmente, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo señaló

que la citada sentencia de unificación tiene características de

permanencia, identidad y carácter vinculante y obligatorio,

señalando que las reglas jurisprudenciales que se fijaron se aplican

a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa

como judicial, lo cual garantiza la seguridad jurídica y dan

prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social.

Es de mencionar que la Sala Plena de esta Corporación, en la

sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, excluyó la

aplicación de la primera regla hermenéutica18 a los educadores

oficiales vinculados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

Magisterio, sin embargo, ello no aconteció respecto de la segunda.

18 “[…] 94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen
conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor,
según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de
los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
[…]”.

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Siendo ello así, de manera pacífica, esta Sección ha venido reiterando

que este segundo criterio tiene plena aplicación al régimen

excepcional de los docentes19.

Precisamente, la segunda subregla se refiere a los alcances

interpretativos del artículo 3º de la Ley 33 de 1985 que se aplica

tanto a los docentes como a los beneficiarios del régimen de

transición. Así, la citada subregla es del siguiente tenor: “[…] en el

régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985, solo

los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización

pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la

mesada pensional […]”.

Así mismo, en sentencia de unificación jurisprudencial, proferida por

la Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de abril de 201920,

se establecieron las siguientes reglas jurisprudenciales sobre el

19 A modo de ejemplo se citan las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sección
Primera, sentencia de 19 de diciembre de 2018, Ponente: Oswaldo Giraldo López (11001-
03-15-000-2018-03110-01 AC) / sentencia de 20 de noviembre de 2018, Ponente:
Hernando Sánchez Sánchez (11001-03-15-000-2018-03012-01 AC) / Sentencia de 19 de
noviembre de 2018, Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de

unificación de 25 de abril de 2019, C.P. César Palomino Cortés, número único de radicación
680012333000201500569-01.

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ingreso base de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de

los docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio, al señalarse que:

“[…] De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo
01 de 2005, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 81 de
la Ley 812 de 2003, son dos los regímenes prestacionales que
regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al
servicio público educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos
regímenes está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación
al servicio educativo oficial de cada docente, así:

a. En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de
los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812
de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria
de jubilación para los servidores públicos del orden nacional
previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben
tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo
1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir
ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado
artículo.

b. Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para
hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el
ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto
1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas
cotizaciones […]”.

En ese orden de ideas, para determinar el ingreso base de liquidación

de la pensión de jubilación de los docentes, solo pueden incluirse los

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factores salariales con fundamento en los cuales se realizaron

aportes al sistema de seguridad social en pensiones.

Finalmente, la Sección Segunda del Consejo de Estado señaló que la

citada sentencia de unificación tiene efectos retrospectivos con

características de permanencia, identidad y carácter vinculante y

obligatorio, señalando que las reglas jurisprudenciales que se fijaron

se aplican a todos los casos pendientes de solución tanto en vía

administrativa como judicial, lo cual garantiza la seguridad jurídica y

dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad

Social.

Caso concreto

Teniendo en cuenta lo anterior y para resolver el caso que nos ocupa,

se debe examinar lo decidido en la sentencia de 24 de noviembre de

2021, proferida por el Tribunal, aquí cuestionada, en la cual se

indicó lo siguiente:

“[…] Conforme los lineamientos jurisprudenciales previamente
transcritos [sentencia de unificación del 25 de abril de 2019

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proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado bajo el
radicado No. 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017)],
que están en consonancia con las sentencias de la H. Corte
Constitucional, el monto de la pensión se determinará con
fundamento en el ingreso base de liquidación, que se conforma,
según las Leyes 33 y 62 de 1985, con los factores percibidos
durante el último año de servicios, como retribución de la labor,
sobre los cuales se hubieran realizado cotizaciones al sistema
pensional, tal como lo prevén las mencionadas normas.

En el caso bajo estudio no cabe duda, que la señora Lourdes
Amparo Gómez Betancourt tiene derecho al beneficio de una
pensión vitalicia de jubilación, como así le fue reconocida a través
de la Resolución No. 476 de 15 de mayo de 2008.

En el acto administrativo de reconocimiento quedó establecido
que a la demandante se le aplicó el régimen pensional contenido
en la Ley 33 de 1973, Ley 71 de 1998, Ley 812 de 2003, Ley
1151 de 2007 y Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 3752
de 2003.

La pensión de vejez de la actora se calculó en el setenta y cinco
por ciento (75%) de la base de liquidación, es decir, de lo que la
beneficiaria devengó por concepto de salario y prima de
vacaciones, durante el último año de servicios.

Aunque del contenido del documento que reposa en el folio 22
del archivo digital No. 2 se deduce que, además de los factores
que se enunciaron en la Resolución No. 476 de 15 de mayo de
2008 con la cual se liquidó la pensión, la docente también
devengó prima de navidad y de alimentación, que no se
incluyeron entre los factores salariales que servirían como base
para reliquidar la pensión de jubilación, lo cierto es que no se
acreditó que sobre dichos factores se hayan efectuado aportes al
Sistema General de Seguridad Social, por ello no se podían incluir
en la base de cálculo de la prestación, pero más aún, los que se
reclaman no hacen parte de aquellos que se prescriben para ello,
en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985.

Así las cosas, es evidente que, para liquidar la pensión de la
demandante, la entidad accionada aplicó el régimen contenido
en la Ley 91 de 1989, en cuanto a la edad, al tiempo de servicios
y a la tasa de reemplazo, y calculó el ingreso base de liquidación

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(IBL) con la inclusión de, entre otros, de aquellos factores sobre
los cuales se probó que la beneficiaria realizó sus aportes, de
conformidad con las Leyes 33 y 62 de 1985.

En ese entendido, y con fundamento en las normas, y los
lineamientos jurisprudenciales reseñados, respecto del acto
demandado no se avizora causal de nulidad alguna, por lo menos
en lo que se refiere a la demanda a través de la cual se incoó el
medio de control […] “.

De los apartes transcritos, la Sala observa que el Tribunal para

adoptar su decisión, tuvo en cuenta las sentencias de unificación de

28 de agosto de 2018, proferida por la Sala Plena del Consejo de

Estado y la de 25 de abril de 2019, proferida por la Sección Segunda

del Consejo de Estado, en las que se determinó la interpretación que

debe darse al artículo 3º de la Ley 33 de 1985, modificado por el

artículo 1º de la Ley 62 de 1985, en el sentido de señalar que para

el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación, solo pueden

incluirse los factores salariales con fundamento en los cuales se

realizaron aportes al sistema de seguridad social en pensiones.

En este sentido, el Tribunal sustentó su decisión en el alcance que

debe darse a las precitadas disposiciones, en tanto dispuso que para

la liquidación de las pensiones sólo se podían tener en cuenta los

factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las

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respectivas cotizaciones y, como se indicó, su interpretación y

aplicación resulta conforme a las reglas jurisprudenciales vigentes,

fijadas en las sentencias de unificación de 28 de agosto de 2018 y 25

de abril de 2019.

Por lo anterior, la Sala encuentra que no resulta procedente dejar sin

efectos la sentencia de 24 de noviembre de 2021, proferida por

Tribunal, toda vez que se fundamentó en la interpretación vigente de

las normas aplicables al caso concreto, conforme a las cuales los

factores salariales que se deben incluir en el ingreso base de

liquidación para la pensión de jubilación son únicamente

aquellos sobre los cuales se hayan efectuado aportes o

cotizaciones al sistema de pensiones.

En consecuencia, para la Sala, el Tribunal no incurrió en defecto

sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, toda

vez que al resolver el caso sub examine, tuvo en cuenta la regla

jurisprudencial consistente en determinar que en la liquidación de

la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes

de la vigencia de la Ley 812, que gozan del mismo régimen de

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pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden

nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben

tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado

los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1o. de la Ley 62 de

1985 y, por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los

enlistados en el mencionado artículo.

Ahora, la Sala destaca que en la sentencia SUJ-014-CE-S2-2018 de

25 de abril de 2019, la Sección Segunda del Consejo de Estado

estableció una regla aplicable en relación con la liquidación de las

pensiones bajo la interpretación del parágrafo transitorio 1 del Acto

Legislativo 01 de 2005, según el cual el régimen pensional de los

docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al

servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio

en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en

vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de

esta norma jurídica, esto es que para la liquidación de las pensiones

sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona

hubiere efectuado las cotizaciones.

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Bajo tal óptica, el referido precedente del 25 de abril de 2019 de la

Sección Segunda del Consejo de Estado, resultaba aplicable al caso

en concreto ya que el mismo se gobierna, entre otros, por lo

preceptuado en el citado Acto Legislativo.

Ahora, en lo que tiene que ver con el defecto sustantivo por falta de

aplicación de la Ley 91 de 1989, se observa que el numeral 1 del

artículo 15 de dicha norma, establece:

“[…] Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el
personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con
posterioridad al 1o. de enero de 1990 será regido por las siguientes
disposiciones:

1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31
de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas
y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido
gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas
vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1o. de
enero de 1990, para efecto de las prestaciones económicas y
sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los
empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968,
1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con
las excepciones consagradas en esta Ley […]”.

Ahora bien, la norma jurídica prevista en el artículo 279 de la Ley

100 de 1993, dispone:

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“[…] ARTÍCULO 279. EXCEPCIONES. El Sistema Integral de
Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los
miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al
personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de
aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a
los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas.

Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989,
cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o
cualquier clase de remuneración. Este Fondo será responsable de
la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores
que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación
que para el efecto se expida.

[…]

PARÁGRAFO 4o. Las excepciones consagradas en el presente
artículo no implican negación de los beneficios y derechos
determinados en los artículos 14 y 142 de esta ley para los
pensionados de los sectores aquí contemplados […]”.

Finalmente, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, prevé:

“[…] ARTÍCULO 81. RÉGIMEN PRESTACIONAL DE LOS DOCENTES
OFICIALES. El régimen prestacional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al
servicio público educativo oficial, es el establecido para el
Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la
entrada en vigencia de la presente ley.

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de
la presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con

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excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para
hombres y mujeres.

Los servicios de salud para los docentes afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, serán prestados de
conformidad con la Ley 91 de 1989, las prestaciones
correspondientes a riesgos profesionales serán las que hoy tiene
establecido el Fondo para tales efectos.

El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
corresponderá a la suma de aportes que para salud y pensiones
establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, manteniendo la
misma distribución que exista para empleadores y trabajadores. La
distribución del monto de estos recursos la hará el Consejo
Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, en lo correspondiente a las cuentas de salud y
pensiones.

El régimen salarial de los docentes que se vinculen a partir de la
vigencia de la presente ley, será decretado por el Gobierno
Nacional, garantizando la equivalencia entre el Estatuto de
Profesionalización Docente establecido en el Decreto 1278 de 2002,
los beneficios prestacionales vigentes a la expedición de la presente
ley y la remuneración de los docentes actuales frente de lo que se
desprende de lo ordenado en el presente artículo.

El Gobierno Nacional buscará la manera más eficiente para
administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, para lo cual contratará estos servicios con
aplicación de los principios de celeridad, transparencia, economía
e igualdad, que permita seleccionar la entidad fiduciaria que
ofrezca y pacte las mejores condiciones de servicio, mercado,
solidez y seguridad financiera de conformidad con lo establecido en
el artículo 3o de la Ley 91 de 1989. En todo caso el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio se administrará en
subcuentas independientes, correspondiente a los recursos de
pensiones, cesantías y salud.

El valor que correspondería al incremento en la cotización del
empleador por concepto de la aplicación de este artículo, será
financiado por recursos del Sistema General de Participaciones y
con los recursos que la Nación le transfiera inicialmente al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por un monto

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equivalente a la suma que resulte de la revisión del corte de
cuentas previsto en la Ley 91 de 1989 y hasta por el monto de
dicha deuda, sin detrimento de la obligación de la Nación por el
monto de la deuda de cesantías; posteriormente, con recursos del
Sistema General de Participaciones y con los recursos que le
entregará la Nación a las entidades territoriales para que puedan
cumplir con su obligación patronal […]”.

La Sala encuentra que lo que la actora pretende con la presente

acción de tutela es señalar que, de conformidad con las normas

jurídicas referidas, corresponde ordenar la reliquidación de su

pensión con la inclusión de todos los factores salariales devengados

en el último año de servicios.

No obstante, de la lectura de las referidas disposiciones legales no es

posible llegar a la conclusión que se pretende en tanto que las

mismas sí fueron tenidas en cuenta para proferir la decisión

controvertida, de manera que los precedentes jurisprudenciales le

resultan aplicables y no son contrarios a su interpretación.

En ese sentido, la Sala encuentra que para llegar a la conclusión

según la cual la actora sólo tenía derecho al reconocimiento de la

pensión con la inclusión de los factores salariales respecto de los

cuales había realizado aportes, las autoridades judiciales

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demandadas no dejaron de aplicar la norma que correspondía, ni la

aplicaron de manera indebida, irracional o arbitraria.

Lo anterior, por cuanto si bien de conformidad con la norma que se

dice desconocida, esto es, el numeral 1 del artículo 15 de la Ley 91

de 1989, los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el

31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones

económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han

venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las

normas vigentes y, de conformidad con la Ley 71 de 1988 y su

Decreto Reglamentario núm. 2709 de 13 de diciembre de 199421 el

monto de la pensión de jubilación por aportes será equivalente al

75% del salario base de liquidación, lo cierto es que la interpretación

de las referidas normas no contraría lo señalado en las reglas

jurisprudenciales analizadas supra según las cuales en la

liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los

docentes los factores que se deben tener en cuenta son solo

aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos

aportes.

21 “Por el cual se reglamenta el artículo 7o. de la Ley 71 de 1988”.

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De esta manera, la Sala concluye que la autoridad demanda no

incurrió en un defecto sustantivo por falta de aplicación del

numeral 1 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989.

Estas conclusiones coinciden con la reciente decisión de la Corte

Constitucional en sentencia T-297 de 6 de agosto 202022 y en la que

precisó que el problema de derecho sometido a consideración de los

Tribunales accionados, alusivo a la posibilidad o no de incluir en el

IBL factores salariales sobre los que no se hubieren efectuado

cotizaciones, guarda semejanza con uno de los aspectos estudiados

en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-395 de

201723 y, por lo tanto, su aplicación a los casos concretos era

razonable y que la decisión del 28 de agosto de 2018 solamente

exoneró a los docentes oficiales de la aplicación del régimen de

transición de la Ley 100 de 1993, así como de la primera subregla

jurisprudencial adoptada en el fallo de unificación relativa al marco

22 Corte Constitucional, Sentencia T-297 de 6 de agosto de 2020, M.P. José Fernando Reyes

Cuartas.
23 En el mismo sentido se pueden consultar las sentencias SU-427 de 2016, SU-395 de

2017 y SU-631 de 2017, SU-023, SU-068 y SU-114 de 2018, T-078 de 2014, T-494, T-643
y T-661 de 2017, T-039, T-328 y T-368 de 2018, entre otras.

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temporal para establecer el monto de la mesada pensional; empero,

de ninguna manera dispuso la inaplicación de la regla segunda

concerniente a la imposibilidad de incorporar en el IBL los factores

sobre los que no se hubieren efectuado cotizaciones.

Igualmente, las anteriores consideraciones concuerdan con las

expuestas por la Sala en sentencias de 20 de noviembre 24, 3 de

diciembre de 202025, 11 de marzo de 202126 y 9 de julio de 2021, en

las que se estableció que no era procedente acceder a las

pretensiones invocadas en sede de tutela en virtud de las reglas

jurisprudenciales fijadas por la Sala Plena de esta Corporación en

sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018.

Por lo precedente, la Sala modificará el fallo impugnado que declaró

improcedente la acción de tutela de la referencia y, en su lugar, se

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

20 de noviembre de 2020, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación
11001-03-15-000-2020-04512-00(AC).

25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

3 de diciembre de 2020, M.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación
11001-03-15-000-2020-04512-00(AC).
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
11 de marzo de 2021, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación
11001-03-15-000-2021-00777-00(AC).

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ACTORA: LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT

denegará el amparo solicitado, como en efecto se dispondrá en la

parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada que declaró

improcedente la presente acción de tutela y, en su lugar: DENEGAR

el amparo solicitado de conformidad con lo expuesto en la parte

motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

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NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2022-02654-01
ACTORA: LOURDES AMPARO GÓMEZ BETANCOURT

CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y

aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de agosto de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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