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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02659-00

Fecha
16 de junio de 2022
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02659-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, y de acceso a la administración de justicia invocados por la señora Edda Liliana Valencia Parra, por las razones expuestas en la parte considerativa. en consecuencia: 2. Dejar sin efectos el auto del 26 de abril de 2022 por medio del cual rechazó la impugnación presentada por la accionante dentro del trámite de acción de tutela con radicado número 11001- 03-15-000-2021-11658-00. En consecuencia: 3. Ordenar al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, despacho del magistrado Alberto Montaña Plata que, en el término de un día, dicte decisión de remplazo en la que atienda las consideraciones aquí expuestas 4. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 5. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-02659-00

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

16 de junio de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02659-00
Demandante: Edda Liliana Valencia Parra

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02659-00
Demandante: EDDA LILIANA VALENCIA PARRA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN B.
Temas: ACCIÓN DE TUTELA. IMPUGNACIÓN. TÉRMINO
OPORTUNO.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Edda Liliana Valencia Parra contra
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, de conformidad con lo
establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

Edda Liliana Valencia Parra, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela
contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, por considerar
vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, e igualdad. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:

“Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de
justicia y a la igualdad procesal, que están siendo vulnerados por el accionado Consejo de
Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección B –
Consejero Ponente, Dr. Alberto Montaña Plata, teniendo en cuenta las consideraciones
dispuestas en la Sentencia STC11274-2021 del primero (01) de septiembre de 2021, la cual
sirve como marco normativo de esta acción de tutela.

En consecuencia, del punto anterior, solicito a su Señoría, se sirva ordenar al Consejo de
Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección B –
Consejero Ponente, Dr. Alberto Montaña Plata, que dentro del término prudencial que
disponga para ello, se sirva dejar sin valor ni efecto alguno el Auto del veintiséis (26) de abril
de 2022, por medio del cual Rechaza la Impugnación presentada por la suscrita y se sirva
conceder la impugnación presentada por la aquí́ accionante contra la sentencia notificada
el seis (06) de abril anterior dentro de la acción de tutela que se promovió́ contra el Juzgado
Doce (12) Civil del Circuito de Cali, Rama Judicial del Poder Público – Administración
Judicial y por el Consejo Superior de la Judicatura, con radicado No. 11001- 03-15-000-
2021-11658-00”.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02659-00
Demandante: Edda Liliana Valencia Parra

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El 7 de diciembre de año 2021, la accionante interpuso acción de tutela en contra
del Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y el Juzgado Doce Civil del Circuito de Cali, con el fin de obtener protección
de los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, a la vida en
condiciones dignas, a la salud, a la seguridad social, al mínimo vital, al trabajo y al
debido proceso, que juzgó vulnerados por estas autoridades al desvincularla del
cargo de Asistente Judicial Grado 6, que desempeñaba en provisionalidad, sin tener
en cuenta sus condiciones particulares de salud.

Previo reparto, la acción de tutela fue resuelta mediante sentencia del 7 de marzo
de 2022 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B (exp. 11001-23-
15-000-2021-11658-00, M.P. Alberto Montaña Plata), en la cual se negó el amparo
solicitado, por considerar que el nombramiento de otra persona en el cargo que
ejercía la accionante obedeció a razones constitucionales y legales válidas.

Inconforme con esa decisión, la accionante impugnó el fallo mediante escrito
remitido por vía electrónica el 19 de abril de 2022. Por auto del 26 de abril de 2022,
notificado el 28 de abril, el magistrado ponente rechazó la impugnación por estimarla
extemporánea.

El 2 de mayo de 2022, la accionante presentó un escrito de “solicitud de revisión”
del auto que rechaza la impugnación de la acción de tutela, por considerar que la
impugnación fue presentada en el término establecido para el efecto, teniendo en
cuenta lo dispuesto en el Decreto Legislativo 806 de 2020 y la sentencia STC11274-
2021 del 1.º de septiembre de 2021, proferida por la Corte Suprema de Justicia.

El 6 de mayo del año en curso, el magistrado ponente profirió un auto, notificado el
13 de mayo de 2022, en el que estimó improcedente la solicitud de revisión de la
decisión del 26 de abril de 2022.

3. Argumentos de la acción de tutela

La accionante considera que se desconocieron los derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia, e igualdad procesal, por
cuanto la impugnación de la sentencia de tutela radicada por la accionante se
efectuó en el término dispuesto para ello en el Decreto 2591 de 1991 en
concordancia con el Decreto Legislativo 806 de 2020, y los lineamientos fijados por
la Corte Suprema de Justicia en la sentencia STC11274-2021 del 1.º de septiembre
de 2021.

Que, como la sentencia de tutela de primera instancia fue impugnada en tiempo,
había lugar a concederla y, por ende, debe dejarse sin valor y efecto alguno el auto
que negó la impugnación por extemporánea y, en su lugar, conceder la impugnación
contra el fallo de tutela proferido el 6 de abril del año en curso.

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Demandante: Edda Liliana Valencia Parra

4. Trámite Previo

En auto del 17 de mayo de 2022, el despacho sustanciador admitió la acción de
tutela de la referencia, ordenó notificar a la Sección Tercera, Subsección B del
Consejo de Estado, a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, así como al
Consejo Superior de la Judicatura –Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
al Juzgado Doce Civil del Circuito de Cali y a la señora Ana María Villegas Vélez,
como terceros interesados en el proceso.

5. Oposición

El magistrado Alberto Montaña Plata, integrante de la Sección Tercera,
Subsección B del Consejo de Estado, manifestó que la providencia y el
expediente de la acción de tutela número 11001-03-15-000-2021-11658-00
contienen los argumentos y elementos necesarios para que se tome la decisión que
en derecho corresponda.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra fallos de tutela y actuaciones del proceso de tutela
1
De conformidad con lo establecido en la jurisprudencia constitucional , la acción de
tutela es improcedente para estudiar providencias que, igualmente, se profieran
dentro de trámites de tutela, pues ello constituye un requisito general que debe
superarse.

Sin embargo, la Corte Constitucional ha admitido de manera excepcionalísima,
casos en los que es procedente la acción de tutela cuando las pretensiones están
encaminadas a la protección al debido proceso, con los siguientes argumentos:

“(…) En cumplimiento del artículo 29 de la Carta Política, el debido proceso debe aplicarse
a toda actuación judicial o administrativa, es decir, los procesos deben adelantarse conforme
a las leyes preexistentes aplicables para el caso que se juzgue, ante el juez o tribunal

1
La improcedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela se fijó en la Sentencia SU-1219
de 2001 y se reiteró, entre otras, en las Sentencias T- 021, T-174, T-192, T-217, T-354, T-444, T-
623 y T-625 de 2002; T-200, T-502 y T-1028 de 2003; T-528 de 2004; T-368 y T-944 de 2005; T-059
y T-237 de 2006; T-104 de 2007; T-1208 de 2008; T-282 de 2009; T-041, T-137, T-151 y T-813 de
2010; T-474 y T-701 de 2011; T-208 de 2013.
3
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Demandante: Edda Liliana Valencia Parra

competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. Es una
garantía constitucional que contempla también el derecho a la defensa y otra serie de
principios como los de publicidad y economía procesal, que deben regir cualquier trámite.
Por tanto, puede alegarse que cuando un juez impide a una persona impugnar un fallo de
tutela, viola el derecho al debido proceso, pues desconoce lo dispuesto por el artículo 86 de
la Carta Política, y desarrollado en el Decreto 2591 de 1991:

“Artículo 31 - Impugnación del fallo. Dentro de los tres días siguientes a su
notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante,
la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio
de su cumplimiento inmediato.
Los que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la Corte
Constitucional para su revisión”

El derecho a impugnar el fallo es una de las formas propias del proceso de tutela
consagradas en la Constitución, a la vez que es una figura que cristaliza el derecho a la
defensa y el principio de las dos instancias. Desconocerlo no sólo vulnera la garantía
fundamental al debido proceso, también impide acceder a la administración de justicia[3] y
pone en peligro la protección de los derechos invocados por los ciudadanos en las
demandas de tutela. De hecho, la importancia de este trámite radica en ser el medio de
defensa judicial idóneo para hacer efectivas las garantías constitucionales. Por eso la Corte
Constitucional ha señalado, respecto a las disposiciones que contemplan el derecho a
impugnar el fallo de tutela, lo siguiente:

“Se trata de normas imperativas, obligatorias para el juez, de tal modo que no es
de su discrecionalidad aceptar o denegar la impugnación oportunamente
interpuesta, ya que ella corresponde a un verdadero derecho constitucional
fundamental”2

En sentencia SU – 627 de 2015, la Corte Constitucional definió los casos en los que
resultaría procedente la acción de tutela para amparar la presunta vulneración de
derechos fundamentales en el marco de otra acción de tutela, de la siguiente
manera:

“4.5.3. Con posterioridad a la sentencia de tutela también pueden presentarse actuaciones.
Una de las hipótesis posibles, como ya se vio es la de que el juez niegue la impugnación
del fallo de tutela, que acaece después del fallo de primera instancia pero antes de que
pueda darse el de segunda.

(…)

4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la acción de tutela contra
sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a
la sentencia.

4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un proceso
de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida
dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no
procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por
la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela.
En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe
promoverse ante la Corte Constitucional.

2
Sentencia T – 162 de 1997.
4
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4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la
acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto,
se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de
cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud
de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia
corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la
situación.

4.6.3. Si la acción se de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes
a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a
la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del
juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían
afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha
seleccionado el asunto para su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el
cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede.
Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido
vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede
proceder de manera excepcional.”
(Negrita y subraya fuera del texto)

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el Decreto Legislativo 806 del 4 de junio
de 2020 consagró una forma especial de notificación personal de las providencias
judiciales, mediante el uso de tecnologías de la información, que derivó en la fijación
de una nueva regla para contabilizar el término de notificación, y con ello, del
término para la impugnación de providencias judiciales, incluyendo las emitidas por
la jurisdicción constitucional. Dice esta norma:

“Artículo 1. Objeto. Este decreto tiene por objeto implementar el uso de las
tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales
y agilizar el trámite de los procesos judiciales ante la jurisdicción ordinaria en
las especialidades civil, laboral, familia, jurisdicción de lo contencioso
administrativo, jurisdicción constitucional y disciplinaria, así como, las
actuaciones de las autoridades administrativas que ejerzan funciones
jurisdiccionales y en los procesos arbitrales, durante el término de vigencia del
presente decreto. Adicionalmente, este decreto pretende flexibilizar la atención
a los usuarios del servicio de justicia y contribuir a la pronta reactivación de las
actividades económicas que dependen de este.

(…)

Artículo 8. Notificaciones personales. Las notificaciones que deban hacerse
personalmente también podrán efectuarse con el envío de la providencia
respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que
suministre el interesado en que se realice la notificación, sin necesidad del envío
de previa citación o aviso físico o virtual. Los anexos que deban entregarse para
un traslado se enviarán por el mismo medio.

El interesado afirmará bajo la gravedad del juramento, que se entenderá
prestado con la petición, que la dirección electrónica o sitio suministrado
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corresponde al utilizado por la persona a notificar, informará la forma como la
obtuvo y allegará las evidencias correspondientes, particularmente las
comunicaciones remitidas a la persona por notificar.

La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días
hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a
partir del día siguiente al de la notificación”.

(Negrita y subraya fuera del texto)

Esta norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-420
del 24 de septiembre de 2020 (M.P. Richard Steve Ramírez Grisales), en la cual se
lee:

“351. El inciso 3 del artículo 8° del Decreto Legislativo 806 de 2020 prevé que
“la notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días
hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a
partir del día siguiente al de la notificación”. Una regla semejante se contiene en
el parágrafo del artículo 9°, según el cual, “Cuando una parte acredite haber
enviado un escrito del cual deba correrse traslado a los demás sujetos
procesales, mediante la remisión de la copia por un canal digital, se prescindirá
del traslado por secretaría, el cual se entenderá realizado a los dos (2) días
hábiles siguientes al del envío del mensaje y el término respectivo empezará a
correr a partir del día siguiente”. Al ser consultado sobre las razones que
motivaron estos apartados normativos, el Gobierno nacional informó que la
medida tiene por objeto conceder un término razonable para que los sujetos
procesales puedan revisar su bandeja de entrada, partiendo del reconocimiento
de que no todas las personas tienen acceso permanente a Internet. De esta
respuesta no se sigue que, al adoptar la medida, el Gobierno pretendiera
desconocer el precedente descrito relativo a la validez de la notificación a partir
de su recepción por el destinatario –en el caso de la primera disposición– o del
traslado de que trata la segunda disposición, que no de su envío.

352. No obstante, la Corte encuentra que, tal como fue adoptada la disposición,
es posible interpretar que el hito para calcular el inicio de los términos de
ejecutoria de la decisión notificada o del traslado no corresponde a la fecha de
recepción del mensaje en el correo electrónico de destino, sino a la fecha de
envío. Esta interpretación implicaría admitir que, aun en los eventos en que el
mensaje no haya sido efectivamente recibido en el correo de destino, la
notificación o el traslado se tendría por surtido por el solo hecho de haber
transcurrido dos días desde su envío. Una interpretación en este sentido
desconoce la garantía constitucional de publicidad y por lo mismo contradice la
Constitución.

353. Aunque el legislador cuenta con una amplia libertad para simplificar el
régimen de notificaciones procesales y traslados mediante la incorporación de
las TIC al quehacer judicial, es necesario precaver que en aras de esta
simplificación se admitan interpretaciones que desconozcan la teleología de las
notificaciones, esto es la garantía de publicidad integrada al derecho al debido
proceso. En consecuencia, la Corte declarará la exequibilidad condicionada del
inciso 3 del artículo 8° y del parágrafo del artículo 9° del Decreto Legislativo sub
examine en el entendido de que el término de dos (02) días allí dispuesto
empezará a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda
por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. A juicio de la
Sala, este condicionamiento (i) elimina la interpretación de la medida que
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desconoce la garantía de publicidad, (ii) armoniza las disposiciones
examinadas con la regulación existente en materia de notificaciones personales
mediante correo electrónico prevista en los artículos 291 y 612 del CGP y, por
último, (iii) orienta la aplicación del remedio de nulidad previsto en el artículo 8°,
en tanto provee a los jueces mayores elementos de juicio para valorar su
ocurrencia.

(…)

III.DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE

(…)

Tercero. Declarar EXEQUIBLE de manera condicionada el inciso 3 del artículo
8 y el parágrafo del artículo 9 del Decreto Legislativo 806 de 2020, en el
entendido de que el término allí dispuesto empezará a contarse cuando el
iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el
acceso del destinatario al mensaje”.

Problema jurídico

A la Sala le corresponde determinar si en el presente caso, la autoridad judicial
demandada vulneró los derechos fundamentales invocados por la demandante, con
ocasión de la decisión de declarar improcedente por extemporánea la impugnación
de la sentencia de tutela de primera instancia presentada por la demandante en el
proceso con radicado 2021-11658-00, ante la Sección Tercera, Subsección B del
Consejo de Estado.

Del caso concreto

Del análisis del expediente y de la consulta de la plataforma Samai de la Rama
Judicial, se observa que la Secretaría General del Consejo de Estado remitió copia
de la sentencia del 7 de marzo de 2022, expedida dentro del trámite de tutela
número 11001-03-15-000-2021-11658-00, por medios electrónicos, el 6 de abril del
año en curso, tal como se muestra en la siguiente captura de pantalla:

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A su vez, la accionante impugnó la decisión de primera instancia mediante escrito
radicado también por medios electrónicos, el 19 de abril del año en curso:

No se discute en este caso que el mensaje remitido con la sentencia impugnada fue
conocido por la accionante el mismo día de su recibo en su buzón electrónico, por
lo que cabe tomar esa misma fecha como la inicial para determinar la fecha de
notificación de la providencia emitida.

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Demandante: Edda Liliana Valencia Parra

Para la mayoría de la Sala, la norma contenida en el artículo 8 del Decreto
Legislativo 806 de 2020 resulta plenamente aplicable al trámite de las acciones de
tutela por mandato expreso del artículo 1.º del mismo decreto y. además, por
constituir una medida en plena consonancia con la realización efectiva del derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia. Dijo la Sala 3:

“…la Sala estima que cuando el fallo de tutela de primera instancia se notifique
por mediante de correo electrónico, como ocurrió en el caso bajo examen, el
plazo de tres (3) días para interponer la impugnación comienza a correr después
de los dos (2) días hábiles siguientes a la remisión del mensaje de datos a la
dirección electrónica señalada por las partes, alcance e interpretación que se
encuentra en armonía con el principio constitucional de acceso a la
administración de justicia, y permite darle aplicabilidad a ese precepto normativo
contenido en el artículo 8 del Decreto Legislativo 806 de 2020, marco normativo
cuyo ámbito de aplicación comprende, también, a la jurisdicción constitucional.

De allí que excluir de su aplicación a los trámites de tutela sería, por un lado,
desatender el mandato expreso de aplicación del Decreto Legislativo 806 de
2020 a la jurisdicción constitucional (artículo 1), y de otra parte, generar una
suerte de privilegio para los restantes trámites judiciales dejando por fuera a la
acción de tutela solamente bajo la consideración formal de que el artículo 8 del
Decreto Legislativo 806 de 2020 solamente alude a las “notificaciones
personales”, lo que puede comprometer el derecho a la igualdad, cuando el
propósito de esa norma de excepción fue justamente privilegiar el acceso a la
administración de justicia de los usuarios en el contexto de la pandemia
declarada por el COVID-19, (…)”

Así, teniendo en cuenta que el fallo impugnado fue enviado el miércoles 6 de abril
de 2022, y de conformidad con la regla de notificación personal contenida en el
artículo 8 del Decreto Legislativo 806 de 2020 arriba citado, la notificación se
entiende surtida dos días después del envío de la comunicación; esto es, el 8 de
abril. Y dado que solo una vez surtida la notificación comienza a correr el término
de tres días fijado en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, por mandato del
artículo 8 del Decreto Legislativo 806 de 2020, se tiene que el término para impugnar
la sentencia de tutela se extendía desde el lunes 18 de abril hasta el miércoles 20
de abril de 2022, por lo que cabe concluir que la impugnación del fallo de tutela se
presentó dentro del término legal y no había lugar a rechazarla por extemporánea.

De las actuaciones descritas previamente, la Sala encuentra que le asiste razón a
la accionante, comoquiera que el término para impugnar la sentencia de tutela debía
contarse una vez transcurridos los dos días señalados en el artículo 8 del Decreto
Legislativo 806 de 2020 para que se entienda surtida la notificación.

Si bien es cierto que por regla general, en el trámite de la acción de tutela no cabe
interponer los recursos procedentes en el procedimiento ordinario, por lo que no
habría lugar a tomar la “solicitud de revisión” presentada como un recurso de
súplica, como lo sostiene la Sección Tercera en el auto que rechazó la solicitud
presentada por la accionante, también lo es que el término para la impugnación
debe estimarse conforme lo dispuesto en el Decreto Legislativo 806 de 2020 para

3 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Auto del 3 de marzo de 2002,

exp. 11001-03-15-000-2021-05690-00, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. En el mismo sentido, ver auto del
10 de marzo de 2022, exp. 11001-03-15-000-2021-07244-00, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
9
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02659-00
Demandante: Edda Liliana Valencia Parra

efectos del momento en que debe entenderse surtida la notificación, pues lo
contrario supondría desconocer los términos fijados por el ordenamiento vigente
para acceder a la administración de justicia y el derecho fundamental al debido
proceso.

En consecuencia, la Sala concluye que la negativa a dar trámite a la impugnación
de la sentencia de tutela presentada vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia de la accionante, en tanto la
impugnación sí fue presentada en tiempo, teniendo en cuenta lo dispuesto en el
Decreto Legislativo 806 de 2020, por lo cual se accederá a las pretensiones de la
acción de tutela interpuesta por la señora por la señora Valencia Parra.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, y de acceso a la
administración de justicia invocados por la señora Edda Liliana Valencia
Parra, por las razones expuestas en la parte considerativa. en consecuencia:
2. Dejar sin efectos el auto del 26 de abril de 2022 por medio del cual rechazó
la impugnación presentada por la accionante dentro del trámite de acción de
tutela con radicado número 11001- 03-15-000-2021-11658-00. En
consecuencia:
3. Ordenar al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, despacho
del magistrado Alberto Montaña Plata que, en el término de un día, dicte
decisión de remplazo en la que atienda las consideraciones aquí expuestas
4. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
5. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección

(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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