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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02660-01

Fecha
9 de febrero de 2023
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02660-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia del 30 de junio de 2022, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado por las razones expuestas en la parte motiva. 2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-02660-01

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

9 de febrero de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02660-01
Demandante: Óscar Fernando Londoño Castaño y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02660-01
Demandante: ÓSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y
OTROS

Temas: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL –
REPARACIÓN DIRECTA – PRIVACIÓN INJUSTA DE LA
LIBERTAD

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la providencia
del 30 de junio de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que
negó la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

Los señores Óscar Fernando Londoño Castaño, Luz Estella Fernández, Juan
Camilo Chamorro Fernández, Carlos Londoño Marulanda, María Ofelia Castaño
Villa y Luis Alfredo Castaño Ibarra, mediante apoderado judicial, interpusieron
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado
Segundo Administrativo de Buga, por estimar vulnerados los derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad. En consecuencia, formularon las
siguientes pretensiones:

“PRIMERO: Que se Tutele los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, EL DE
IGUALDAD, que no es otra cosa que la violación directa de la constitución nacional; y el
principio de seguridad jurídica de mi poderdante, el señor OSCAR FERNANDO LONDOÑO
CASTAÑO Y SU FAMILIA frente al fallo de segunda instancia emitido por el Tribunal
Contencioso Administrativo del Valle y el de primera instancia emitido por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Buga – Valle, en donde además se vulneraron los principios de
cosa juzgada, juez natural y presunción de inocencia, sin dejar de lado, su derecho a su
DIGNIDAD y BUEN NOMBRE.

SEGUNDO: Que se Tutele el Derecho de mi protegido al DEBIDO PROCESO, EL DE
IGUALDAD, y el principio de seguridad jurídica de mi poderdante y se le conceda la aplicación
material de justicia ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa concretamente del
Tribunal Contencioso Administrativo de Cali, y su Sentencia (No. Sin número) del 29 de
octubre de 2.021 la cual no está estructurada en el estudio de los hechos y el material
probatorio aportado al proceso e igualmente no se funda en la aplicación sustancial de la Ley.
TERCERO: Que por medio de Tutela se ordene al Tribunal Contencioso Administrativo del
Valle, u otro de igual jerarquía, que se produzca nuevo fallo de alzada atendiendo las reglas
legales y jurisprudenciales que estaba vigentes al momento de sustentarse el recurso de
apelación.

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Demandante: Óscar Fernando Londoño Castaño y otros

CUARTO: De ser procedente, que esta alta corporación de lo contencioso administrativo,
como juez constitucional, proceda a realizar fallo de reemplazo en el asunto, esto por tratarse
de la máxima autoridad judicial administrativa.

QUINTO: Que los Honorables resuelvan con sus facultades Ultra y Extra Petita concedida por
esta herramienta Constitucional.”

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El 30 de mayo de 2013, el señor Óscar Fernando Londoño Castaño, quien se
desempeñaba como agente de tránsito, fue capturado por miembros de la Policía
Nacional, luego de que el señor Ernesto García Cardona denunciara que el agente
le había exigido dinero a cambio de no imponerle un comparendo por infracción de
tránsito consistente en conducir una motocicleta sin espejos reglamentarios.

Como consecuencia de lo anterior, el Juzgado Segundo Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de Tuluá, en el marco del proceso penal con
radicado 2013-01991, ordenó que el señor Londoño Castaño fuera privado de la
libertad por el delito de concusión desde el 31 de mayo hasta el 9 de agosto de
2013.

La Fiscalía 32 Seccional de Tuluá solicitó la preclusión del caso con fundamento en
los numerales 1 y 6 del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal, que aluden
a la imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal y de desvirtuar
la presunción de inocencia. El 5 de marzo de 2014, el Juzgado Tercero Penal del
Circuito con Funciones de Conocimiento y Descongestión de Tuluá declaró la
preclusión a favor del señor Londoño Castaño y, en consecuencia, decretó la
cesación de la acción penal que se adelantaba en su contra.

Debido a lo anterior, el señor Londoño Castaño, junto con sus familiares, ejerció
medio de control de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía
General de la Nación, con el fin de que se las declarara administrativa y
patrimonialmente responsables por los perjuicios ocasionados con la privación de
la libertad que soportó y que, en su sentir, fue injusta.

El Juzgado Segundo Administrativo Oral de Buga, en sentencia del 31 de marzo de
2017, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que se encontraba
probada la culpa exclusiva de la víctima.

El actor apeló la referida sentencia y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
en providencia del 29 de octubre de 2021, la confirmó por estimar que la solicitud e
imposición de medida de aseguramiento obedeció al cumplimiento de los requisitos
exigidos por la Ley 906 de 2006, de manera que cumplió con los criterios de
proporcionalidad y razonabilidad.

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la parte actora, las autoridades judiciales demandadas incurrieron en
defectos fáctico y sustantivo porque al momento de resolver tuvieron en cuenta la
sentencia SU-072 de 2018, que, en su sentir, no era aplicable al caso concreto dado
que no existía al momento de los hechos que dieron lugar al proceso penal, ni
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Demandante: Óscar Fernando Londoño Castaño y otros

tampoco cuando se interpuso la demanda de reparación directa. De igual forma,
indicó que realizaron una errónea interpretación del artículo 70 de la Ley 270 de
1996.

Respecto al defecto fáctico, señaló que las autoridades enjuiciadas no valoraron en
debida forma las pruebas aportadas al trámite procesal que indicaban
irregularidades al momento de la captura del señor Londoño Castaño.

Además, afirmó que las razones de la decisión en el proceso de segunda instancia
variaron pues el tribunal sustentó la providencia en el fundamento de la SU-072 de
2018, lo que a su juicio le vulneró el principio de doble instancia dado que no pudo
alegar en la apelación que dicho precedente no le era aplicable dado que fue
proferido con posterioridad a la interposición del medio de control.

Finalmente, dijo que, tal como lo manifestó al interior del proceso ordinario, la
privación de la libertad resultó injusta y tuvo como consecuencia un daño
antijurídico imputable a la Nación - Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación,
que daba lugar a la reparación de los perjuicios materiales y extrapatrimoniales que
padeció junto a su círculo familiar.

4. Oposición

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca manifestó que, del análisis
probatorio, fue posible concluir que la medida de aseguramiento impuesta al señor
Londoño Castaño resultó razonable por las características del delito y las
circunstancias que rodeaban su ejecución.

Señaló que la sentencia objeto de censura se fundamentó en los postulados
normativos y jurisprudenciales, además, en ella se realizó una valoración de todos
los elementos de juicio allegados por las partes, bajo la sana crítica, y precisó que
el hecho que haya sido contraria a los intereses procesales de la parte actora no
implicaba la transgresión de los derechos invocados.

Por lo expuesto, solicitó que se negaran las pretensiones de la acción de tutela.

La Fiscalía General de la Nación indicó que en el caso objeto de estudio no se
encuentra cumplido el requisito de subsidiariedad, sin embargo, no precisó el
mecanismo judicial que, a su juicio, sería el procedente para controvertir la decisión
de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

En todo caso, adujo que la actora no identificó de manera concreta la afectación de
derechos fundamentales, ni las causales en que incurrieron las providencias
controvertidas, razón por la cual, el juez constitucional no puede estudiar la totalidad
de la sentencia para identificar dichos defectos de manera oficiosa, pues si bien se
refirió a los defectos fáctico y sustantivo lo cierto es que no se cumplió con la carga
argumentativa suficiente.

Solicitó que se declare improcedente la acción de tutela por incumplimiento de las
causales generales de procedibilidad.

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5. Sentencia de primera instancia

La Sección Quinta del Consejo de Estado, en providencia del 30 de junio de
2022, negó el amparo solicitado, con fundamento en que la negativa de acceder a
las pretensiones por parte de la autoridad judicial demandada obedeció a la
verificación de que la imposición de la medida privativa de la libertad respetó los
criterios de legalidad y razonabilidad, las circunstancias de la presunta ejecución
del delito y los elementos de convicción puestos en consideración del juez de
control de garantías.

Concluyó que las autoridades judiciales demandadas no incurrieron en los defectos
alegados por el actor, que, por el contrario, edificaron la decisión en el hecho de
que una persona privada de la libertad dentro de un proceso penal que termina con
sentencia absolutoria o equivalente no resultaba suficiente para declarar la
responsabilidad patrimonial del Estado.

Finalmente, indicó que la decisión cuestionada fue razonable y proferida en
ejercicio de su autonomía judicial y conforme a la jurisprudencia vigente al momento
de proferirla, razón por la que se dispuso que la imposición de la medida de
aseguramiento en contra del señor Londoño Castaño obedeció al estudio de
distintos elementos de convicción y a la aplicación razonable de las disposiciones
del Código de Procedimiento Penal.

6. Impugnación

La parte actora impugnó la decisión de primera instancia, reiteró los argumentos
del escrito inicial e indicó que la segunda instancia procesal fue resuelta bajo un
precedente que no existía al momento en que se inició el proceso, esto es la
sentencia SU- 072 de 2018 proferida por la Corte Constitucional, razón por la que
insiste en que se encuentra configurado el defecto sustantivo alegado.

Expuso que, si bien el defecto fáctico fue abordado y resuelto con claridad por el
juez constitucional de primera instancia, no ocurría lo mismo con el defecto
sustantivo dado que a su juicio no había lugar a cambiar la discusión planteada en
el recurso de apelación si se tiene en cuenta que en calidad de demandantes
adquirieron la posición de apelante único, razón por la que además considera le fue
vulnerado el principio de doble instancia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
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Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela
1
contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para
lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el
2 3
amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales y específicas de
procedencia de la acción de tutela.

Siendo así, a la Sala le corresponde establecer si en el presente caso se cumplen
los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
descritos.

Problema jurídico

En los términos de la impugnación, corresponde a esta Sala de decisión determinar
si procede confirmar o revocar la sentencia de tutela de primera instancia, a partir
de la posible configuración de los defectos sustantivo y desconocimiento del
precedente, dado que la inconformidad de la parte actora con el fallo de tutela de
primera instancia se enmarcó respecto de estos.

Lo anterior porque, a pesar de que en ambas instancias del proceso de reparación
directa se negaron las pretensiones de la demanda, lo cierto es que, solo en la
sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al resolver el recurso de
apelación, se precisó que, conforme con el criterio jurisprudencial de la Corte
Constitucional (sentencia SU-072 de 2018), no se configuraron los elementos
constitutivos para declarar la responsabilidad por privación injusta de la libertad y
del material probatorio obrante en el expediente se determinó que la medida de

1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después

del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De
ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se
destaca)
2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia

judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan
agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla
con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto
determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que
la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya

incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional
que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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aseguramiento fue decretada bajo los criterios de legalidad, razonabilidad y
proporcionalidad.

Como fundamento de la acción de tutela y del escrito de impugnación, la parte
actora propone como causales específicas de procedibilidad, los defectos
sustantivo y por desconocimiento del precedente judicial, por la indebida aplicación
del régimen de responsabilidad y de la sentencia de unificación SU-072 de 2018 de
la Corte Constitucional, pues a su juicio este argumento no podía ser propuesto en
el recurso de apelación y en esa medida no tuvo la posibilidad de cuestionar lo
resuelto por el tribunal demandado.

En ese orden, esta Sala abordará los cargos en que se sustentaron los defectos
sustantivos y por desconocimiento del precedente judicial, de manera conjunta,
pues, como se dijo, ambos están dirigidos a alegar la indebida aplicación del
régimen de responsabilidad y de la sentencia de unificación SU-072 de 2018 de la
Corte Constitucional. Sin embargo, de manera previa, la Sala hará referencia a la
motivación de la decisión objeto de cuestionamiento.

Caso concreto

De la sentencia cuestionada de 29 de octubre de 2021, del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca

En cuanto a la aplicación del título de imputación, la autoridad judicial demandada
anticipó que, a efectos de establecer si el daño resultaba imputable, aplicaría lo
previsto en la SU–072 de 2018, en los siguientes términos:

«(…)

MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL
(…)

Con relación al modelo de responsabilidad aplicable a los casos de privación injusta de la libertad, la
Constitución de 1991 no privilegió ningún título de imputación en particular, por lo que en aplicación
del principio iura novit curia, dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, el
régimen aplicable y la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como
jurídicas, que den sustento a la decisión que se habrá de adoptar.

Ahora, es del caso indicar que, el Consejo de Estado desde de la sentencia de unificación del 17 de
octubre de 2013, venía aplicando el régimen objetivo de responsabilidad cuando la absolución o
preclusión se diera por alguno de estos cuatro eventos: el hecho no existió, el sindicado no lo cometió,
la conducta era atípica o en aplicación del in dubio pro-reo. En los demás casos debía aplicarse un
régimen subjetivo.

No obstante lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia SU-072 de 2018, abordó el tema de la
responsabilidad del Estado por privación de libertad y realizó algunas observaciones a la
jurisprudencia que, hasta ese momento, sostenía el Consejo de Estado, señalando que: “en dos de
los casos deducidos por el Consejo de Estado –el hecho no existió o la conducta era objetivamente
atípica- es posible predicar que la decisión de privar al investigado de su libertad resulta irrazonable y
desproporcionada, luego, para esos eventos es factible aplicar un título de atribución de carácter
objetivo en el entendido de que el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos”.

Agregó además el Tribunal Constitucional que respecto de los eventos en que la absolución o
preclusión penal se da porque el investigado no cometió el delito o por aplicación del principio de in
dubio pro-reo, lo procedente era que el juez administrativo analizara las pruebas y las particularidades
del caso para determinar si la medida respetó los presupuestos de legalidad, razonabilidad y
proporcionalidad.

Por otro lado, la Sala Plena del Consejo de Estado mediante sentencia de unificación del 15 de agosto
de 2018 modificó la línea jurisprudencial que venía manejando sobre la privación injusta de la libertad
y determinó el estudio de los siguientes presupuestos: 1) Si el daño (privación de la libertad) fue
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antijurídico o no, a la luz del artículo 90 de la Constitución Política; 2) Si quien fue privado de la libertad
actuó con culpa grave o dolo, desde el punto de vista meramente civil -análisis que hará, incluso de
oficio-, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la subsecuente imposición de la
medida de aseguramiento de detención preventiva (artículos 70 de la ley 270 de 1996 y 63 del Código
Civil) y, 3) Cuál es la autoridad llamada a reparar el daño. En virtud del principio iura novit curia, el
juez podrá encausar el análisis del asunto, siempre en forma razonada, bajo las premisas del título de
imputación que, conforme al acervo probatorio, considere pertinente o que mejor se adecúa al caso
concreto.

No obstante, lo anterior, la misma Alta Corporación a través de sentencia de tutela dejó sin efectos
dicha providencia, al considerar que no se realizó un análisis adecuado de la eximente de
responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima al momento de realizar el estudio de imputación de
la privación injusta de la libertad y, por lo tanto, ordenó a la Sección Tercera profiriera un nuevo fallo.

Finalmente, el Consejo de Estado en reciente pronunciamiento ha acogido una metodología para
abordar el estudio de la responsabilidad de daños derivados de la privación injusta de la libertad, que
se acompasa con la providencia de la Corte Constitucional, señalando:

“En la sentencia proferida por esta Subsección el 4 de junio del 2019, se acogió la metodología para
abordar el estudio de la responsabilidad por este tipo de daños, la cual se sintetiza en los siguientes
términos:
12.1.- En primer lugar, debe establecerse si está probada la existencia de un daño, el cual se evidencia
cuando se encuentra acreditada la detención del demandante y su liberación posterior por no
encontrarlo responsable de la comisión de un delito.
12.2.- En segundo lugar, debe indagarse si la medida de detención se ajustó a las normas legales y,
por ende, si existió una falla del servicio, la cual se estima estructurada si la providencia que ordenó
la detención desconoció las normas legales o fue desproporcionada o arbitraria (...).
12.3.- El examen de este presupuesto no afecta el mandato de la norma constitucional si se tiene claro
que en todos los casos en los que no aparezca probada la falla del servicio debe determinarse si existe
responsabilidad del Estado indagando si la víctima sufrió un daño antijurídico, en los térmi nos en los
que esta noción se define en esa misma providencia.
12.4.- Al no encontrarse acreditada una <<falla del servicio>>, se verifica si el daño sufrido por la
víctima tiene la naturaleza de antijurídico, punto en el cual se itera que, de acuerdo con los fallos de
unificación, el Juez puede determinar el título de imputación con base en el cual determina la existencia
de responsabilidad del Estado.
12.5.- El fallo citado precisa que el carácter antijurídico del daño, cuando la responsabilidad se estudi a
teniendo en cuenta sólo este presupuesto, se deriva de su carácter particular, grave e injustificado;
recuerda adicionalmente que la detención preventiva es una medida legal y necesaria para el
funcionamiento del sistema, sin que ello implique que la persona que ha sido objeto de la misma, sin
ser declarado responsable de un delito, deba soportar el daño que ella le causa (...).
12.6.- Debe estudiarse a cuál entidad debe imputársele el daño y cuando se trate de varias, todas
deben ser condenadas de manera solidaria.
12.7.- Por último, debe establecerse si existió dolo o culpa grave de la víctima, pero advirtiendo que
este elemento ha de estudiarse como una circunstancia apropiada para romper la relación de
causalidad y es sobre este aspecto de la responsabilidad que debe versar su análisis; con lo cual es
claro que solo si se demuestra que –en el curso del proceso– una conducta de la víctima fue la que
determinó su detención, puede darse por probada esta causal de exoneración de responsabilidad.

En otros términos, es necesario estudiar el dolo o la culpa grave de la víctima como un elemento
FÁCTICO vinculado a la relación de causalidad. Si, con base en el estudio de la actitud procesal del
sindicado se acredita que no existió, este elemento se deshecha. Al no estar probado que el HECHO
de la víctima fue causa del daño, este estudio es suficiente para descartar esta forma de exoneración
de la entidad estatal”.

Por su parte, en relación con la medida se aseguramiento, determinó:

“(…)
De acuerdo con el descrito panorama fáctico, al actor le fue precluida la investigación con fundamento
en los numerales 1 y 6 del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal, que alude a la imposibilidad
de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal y la imposibilidad de desvirtuar la presunción de
inocencia.

Y justamente, en virtud de dicha decisión, como también en la revocatoria de la medida de
aseguramiento por parte del Juzgado Segundo de Control de Garantías de Tuluá, es que la parte
actora funda sus pretensiones indemnizatorias.

No obstante, estas causales de absolución deben analizarse a la luz de la falla en la prestación del
servicio, porque según la jurisprudencia actual de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, las

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únicas hipótesis que ameritan ser analizadas desde una perspectiva objetiva de “daño especial”, son
aquellas que tienen que ver con la atipicidad o inexistencia del hecho investigado.

De manera que, independientemente que al señor OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO se le
haya precluido la investigación, debe establecerse si la medida de detención se ajustó a las normas
legales y, por ende, si existió una falla del servicio, es decir, determinar si dicha detención fue
desproporcionada o arbitraria, para imputar responsabilidad al Estado.

Así entonces, resulta válido afirmar que el carácter injusto de la privación de la libertad debe analizarse
a la luz de los criterios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida de aseguramiento,
de ahí que se torne imperiosa la ponderación de las circunstancias que rodearon la imposición de la
medida de aseguramiento, a efectos de establecer si existía o no mérito para proferir decisión en tal
sentido.

En relación con las medidas de aseguramiento, el artículo 306 de la Ley 906 de 2004, vigente en la
época de los hechos, dispuso que el ente investigador solicitará al Juez de Control de Garantías su
imposición con indicación de “la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para
sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia”.

(…)

En el caso concreto, de la revisión del expediente penal, y en especial de lo señalado en el acta de la
audiencia preliminar, se observa que el Juez de Control de Garantías resolvió imponer medida de
aseguramiento de reclusión en establecimiento carcelario en contra del demandante, al encontrar
reunidos los requisitos de los artículos 306, 307, 308 numerales 1 y 2, 309 y 310, modificado por la
Ley 1142 de 2007, 313 numeral 2 y 314 parágrafo del Código de Procedimiento Penal.

De entrada, la Sala considera que la medida de aseguramiento impuesta correspondió a cada uno de
los presupuestos legales establecidos en el Código de Procedimiento Penal, cumpliéndose con los
requisitos objetivos y subjetivos para su procedencia.

En efecto del análisis del expediente penal, se observa que la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
puso en consideración del Juez de control de garantías al momento de solicitar la medida de
aseguramiento en contra del demandante, medios de convicción que llevaron a que se accediera a tal
pedimento. (…)

Así entonces, en el caso concreto existían pruebas que inculpaban al imputado, la gravedad del delito
(concusión) y su conducta por el antecedente de obstruir el desarrollo de su captura al negarse firmar
documentos propios de este trámite y, el hecho de que si no se le imponía la medida de aseguramiento
podría continuar con el desarrollo de la conducta delictiva contra bienes jurídicos de particular
relevancia para la comunidad, y cuya afectación tenía un evidente impacto sobre la percepción de
seguridad de los miembros de la colectividad.

Adicional a lo anterior, se tiene que la investigación penal a la cual fue vinculado el actor se adelantó
por el delito de concusión, consagrado en el artículo 467 del Código Penal, el cual comporta como
pena mínima 8 años de prisión. Por manera que, en los términos del numeral segundo del artículo 313
de la Ley 906 de 2004, era procedente la imposición de la detención preventiva en centro carcelario.

Así mismo, existía una prohibición expresa contenida en el artículo 314 de la citada Ley al contemplar
que no es procedente la sustitución de la detención preventiva cuando se trate del delito de concusión,
así lo advirtió el Juez de Garantías en la audiencia pertinente.

Concluyó entonces el juez de control de garantías que, dados los estudios preliminares y las
características del delito, así como las circunstancias que rodean su ejecución, se llegaba a la
convicción de que el procesado requería un tratamiento penitenciario.

Se advierte al apelante que, el hecho que el Juez Penal de Conocimiento, en aplicación de las
particularidades de esa área del derecho, ordenara la preclusión de la acción penal, en nada influye
sobre la valoración que puede hacer el Juez Administrativo en el contexto de la responsabilidad
administrativa del Estado, pues se insiste que la solicitud e imposición de medida de aseguramiento
obedeció al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Estatuto Procesal Penal, es decir, que se
trató de una decisión ajustada a derecho.

En consecuencia, la imposición de la medida de aseguramiento responde a la aplicación razonable de
la Ley 906 de 2004. Por tanto, la misma, bajo la óptica del régimen subjetivo de la responsabilidad de

8
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falla del servicio, cumplió con el principio de proporcionalidad y razonabilidad y además estuvo
justificada en los elementos de convicción con los que se contaba en ese momento procesal.

En definitiva, en el caso objeto de estudio no aparece acreditada la existencia de una falla del servicio
de las entidades demandadas, toda vez que la medida de detención preventiva no fue
desproporcionada ni violatoria de los procedimientos legales y estuvo precedida de una valoración
adecuada de los elementos de convicción, de acuerdo con el momento procesal en que se encontraba
la actuación penal y con el tipo de delito investigado, que en principio permitía inferir, al menos de
manera probable, que el procesado podría haber participado en la conducta punible imputada.

Colofón de lo hasta aquí expuesto, se impone confirmar la sentencia recurrida; pero por los
argumentos expuestos en esta providencia.”

De los defectos sustantivo 4 y por desconocimiento del precedente judicial 5
en el caso concreto

(i) Frente a la “aplicación retroactiva” del precedente judicial SU- 072 de 2018.

La parte actora alega que al caso objeto de estudio le resultaba aplicable el
precedente judicial vigente para el momento en que se radic ó el proceso de
reparación directa – 6 de noviembre de 2015 y, que, por lo mismo, dicho precedente
no era aplicable para la relación jurídico procesal desde su radicación hasta la
sentencia que pusiera fin a la controversia.

Al respecto, la Sala anota que tal argumento no está llamado a prosperar, pues,
como se vio, la autoridad judicial dejó en claro que resolvería el caso a partir de los
criterios establecidos por la Corte Constitucional en sentencia SU-072 de 2018, que
es el precedente judicial vigente al momento de proferirse a sentencia objeto de
cuestionamiento, oportunidad en la que precisó que el ordenamiento jurídico no
establecía un régimen de responsabilidad específico bajo el cual debieran
analizarse los casos de privación de la libertad (C-037 de 1996), como se explicó
en precedencia.

Pues bien, la sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario de
reparación directa, se profirió el 29 de octubre de 2021 y como lo ha explicado esta
Sección6 «para el momento en que se profirió la providencia acusada, el marco jurídico
4
Como lo ha reiterado esta Sala, en los términos de la sentencia T – 1009 de 2000 de la Corte Constitucional, se presenta
el denominado defecto sustantivo cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una norma claramente
inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque su aplicación resulta del todo inconstitucional o, porque
su contenido no guarda relación de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado. Sin
embargo, para que se predique tal defecto es preciso tener en cuenta que la acción de tutela no puede interponerse para
controvertir la razonable interpretación de una norma legal o reglamentaria, en razón de que los jueces son autónomos para
escoger entre diversas interpretaciones de una disposición legal, la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico
(art. 230 de la Constitución Política).
5 Cuando se hace referencia al precedente judicial se alude a la forma en que un caso similar ya ha sido resuelto en el

pasado y que sirve como referente para que se decidan otros conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia,
debe ser considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso. El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal,
que incluye las decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está conformado por las
decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
Dicho de otro modo: las situaciones fácticas iguales deben decidirse conforme con la misma solución jurídica que ha previsto
el órgano de cierre de cada jurisdicción, a menos que el juez competente exprese razones serias y suficientes para apartarse
del precedente. Cuando un juez no aplica la misma razón de derecho ni llega a la misma conclusión jurídica al analizar los
mismos supuestos de hecho, incurre en la violación al derecho a la igualdad. No obstante, la importancia de la regla de
vinculación del precedente judicial, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que esa sujeción no es absoluta,
pues no se puede desconocer la libertad de interpretación que rige la actividad judicial. Sim plemente se busca armonizar y
salvaguardar los principios de igualdad y seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la misma forma y, por
esa razón, se ha advertido que el funcionario judicial puede apartarse de su propio precedente o del p recedente fijado por el
superior jerárquico, siempre que explique de manera expresa, amplia y suficiente las razones por las que modifica su
posición, de ahí que al juez corresponde la carga argumentativa de la separación del caso resuelto con anterioridad.
6
Sentencia del 27 de octubre de 2022, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2022-04502-00, Sección Cuarta
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello. Sentencia del 10
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del análisis del título de imputación de privación injusta de la libertad estaba determinado
por: (i) la Sentencia de unificación de la Corte Constitucional SU-072 de 2018 que recordó
lo indicado por esa misma Corte en la Sentencia C-037 de 1996 , relativo a que el artículo
68 de la Ley 270 de 1996 no establece un título de imputación único bajo el cual deban
analizarse los casos de privación injusta de la libertad, sino que corresponde al juez de la
causa en cada caso determinarlo.».

Justamente, en sentencia SU-406 de 2016, la Corte Constitucional precisó que “(…)
el cambio de una determinada posición jurisprudencial por el respectivo órgano de cierre
implica una modificación en la interpretación jurídica, es decir, del contenido normativo de
determinada disposición y que, en atención al carácter vinculante general e inmediato
del precedente, determina la aplicación judicial -en el orden horizontal y vertical- del
derecho sustancial o procesal, según sea el caso (…)”.

Por lo tanto, tal como ha sido estipulado por esta Sala en otras oportunidades
correspondía al tribunal accionado aplicar las reglas jurisprudenciales vigentes al
momento de proferir la decisión de segunda instancia, esto es, la sentencia de
unificación SU-072 de 2018, en la medida que, en principio, los efectos de estas
providencias son generales e inmediatos.

Ahora en cuanto a la vulneración alegada por el actor consistente en el
desconocimiento del principio de doble instancia, la Sala destaca que, como se
mencionó con anterioridad, el juez natural estaba sujeto al precedente
jurisprudencial vigente al momento del estudio del caso y, en esa medida, debía
aplicar la SU-072 de 2018 tal y como ocurrió, sin que esto repercutiera en el
principio de doble instancia pues, como quedó visto, la autoridad judicial
demandada al resolver el recurso de apelación y surtir el trámite de segunda
instancia analizó los elementos probatorios arrimados al proceso, con fundamento
en los cuales determinó que la medida de aseguramiento contra el señor Óscar
Fernando Londoño Castaño atendió los requisitos previstos de la Ley 906 de 2004,
entre ellos, la presencia de por lo menos dos indicios graves de responsabilidad y,
por ende, determinó que tal imposición no desbordó los criterios de
proporcionalidad inherentes a su adopción.

Además, la Sala recuerda que se encuentra en cabeza de los jueces de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo aplicar el régimen de imputación que
considere aplicable al caso, de acuerdo con las particularidades y circunstancias
acreditadas en cada situación particular, facultad que, en todo caso, está dada por
el referido principio iuria novit curia el cual fue aplicado por el Tribunal demandado.

En suma, en el presente caso no se encuentran acreditados los defectos por
desconocimiento del precedente judicial y sustantivo invocados.

Queda resuelto el problema jurídico planteado en el caso objeto de estudio: en el
presente caso no se configuraron los defectos invocados por la parte actora y, en
esa medida, se impone confirmar la decisión de primera instancia del 30 de junio
de 2022, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, objeto de
impugnación.

de noviembre de 2022, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2022-03872-01, Sección Cuarta de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. M.P. Milton Chaves García.
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Demandante: Óscar Fernando Londoño Castaño y otros

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

III. FALLA

1. Confirmar la sentencia del 30 de junio de 2022, proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado por las razones expuestas en la parte motiva.

2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.

4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN.

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