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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02663-00

Fecha
7 de julio de 2022
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02663-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por Lenis Esther Castillo Teran, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico de la Secretaría General para tal fin15. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 14 Corte Constitucional, Sentencias SU-659 de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018. 15 secgeneral@consejodeestado.gov.co 8 de 9 Radicación: 11001-03-15-000-2022-02663-00 Demandante: Lenis Esther Castillo Teran Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A Naturaleza: Acción de tutela – primera instancia Decisión: Declara improcedencia ______________________________________________________________________________________________________________ CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-02663-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

7 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 7 de julio de 2022

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02663-00
Demandante: Lenis Esther Castillo Teran
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Naturaleza: Acción de tutela. Primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / sanción moratoria por no
pago de cesantías anualizadas/ Relevancia constitucional

Síntesis del caso: El demandante enjuició la Sentencia confirmatoria de la decisión que
accedió parcialmente a las pretensiones de reconocimiento y pago de cesantías
anualizadas e intereses de cesantías, pero declaró probada la excepción de prescripción
extintiva frente a la sanción moratoria reclamada.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Lenis Esther Castillo
Teran en contra de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 13 de mayo de 2022, Lenis Esther Castillo Teran presentó acción de
tutela contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso y tutela efectiva, con ocasión de la Sentencia de 25 de
noviembre de 2021, proferida dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado No. 44001-23-40-000-2017-
00134-00/01.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):

“PRIMERO: Solicito se me ampare mis derechos fundamentales al debido
proceso y tutela efectiva judicial quebrantado por el Consejo de Estado Sala

1 Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333

de 2021 y el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02663-00
Demandante: Lenis Esther Castillo Teran
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Naturaleza: Acción de tutela – primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
______________________________________________________________________________________________________________

de Lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección A., al proferir
la sentencia de fecha veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiunos
(2021), notificada por correo electrónico el día 10 de diciembre de 2021, 16:13,
la cual confirmo en todas sus partes la providencia de fecha 23 de agosto del
año 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira dictada dentro
medio de control y restablecimiento del derecho con radicación 44001-23-40
000-2017-00134-01 (2208-2020), porque (i) Los Consejeros no valoraron y
examinaron los argumentos contenidos en los alegatos de conclusión
presentados y sustentados por el Dr. Jesús Cobo García. (II) Desconocimiento
del precedente Los Consejeros no aplicaron las reglas de los efectos en el
tiempo que el Honorable Consejo de Estado determino en la Sentencia de
Unificación Jurisprudencial CE-SUJ-SII-022-2020 del 6 de agosto de 2020, (iii) La
sentencia violo directa de la constitución en su art 53 por no aplicar el
principio de in dubio pro operario en materia laboral en el caso "sub examine"
(iv) La sentencia quebranto directamente los artículos 8 y 25 de la CADH sobre
el derecho el derecho a la tutela judicial efectiva y el debido proceso por
aplicar de manera retroactiva la Sentencia de Unificación Jurisprudencial CE-
SUJ-SII-022-2020 del 6 de agosto de 2020, al caso "sub examine".

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior Declaración, solicito Dejar sin
valor y efecto jurídico la sentencia de fecha veinticinco (25) de noviembre de
dos mil veintiunos (2021), proferida por el Consejo de Estado Sala de Lo
Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección A., dictada dentro
medio de control y restablecimiento del derecho con radicación No. 44001-23-
40 000-2017-00134-01 (2208-2020).

TERCERO: Ordenar al Consejo de Estado Sala de Lo Contencioso Administrativo
Sección Segunda Subsección A., en el término de 30 días, contado a partir de
la notificación de esta providencia, profiera una nueva sentencia dentro del
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación No. 44001-23- 40
000-2017-00134-01 (2208-2020) la cual debe tener en cuenta: (i) Los
argumentos contenidos en los alegatos de conclusión presentados y
sustentados por el Dr. Jesús Cobo García. (II) Las reglas de los efectos en el
tiempo que el Honorable Consejo de Estado determino en la Sentencia de
Unificación Jurisprudencial CE-SUJ-SII-022-2020 del 6 de agosto de 2020. (iii) El
principio de in dubio pro operario en materia laboral. (iv) Los artículos 8 y 25 de
la CADH sobre el derecho el derecho a la tutela judicial efectiva y el debido
proceso.

CUARTO: Solicito se vincule al municipio de Albania La Guajira”.

3. Como hechos relevantes fueron narrados los siguientes:

4. 1) El 6 de febrero de 1997, mediante Decreto No. 53, Lenis Esther
Castillo Teran fue vinculada como docente al municipio de Maicao –
Guajira, cargo del cual tomó posesión el 13 de febrero de ese mismo año.

5. 2) El 24 de octubre de 2000, se posesionó como docente en una
plaza que fue creada para el municipio de Albania, mediante Decreto No.
33 de la misma fecha2, cargo que ocupó hasta el 1 de enero de 2003,
fecha en la que fue incorporada, sin solución de continuidad, a la planta
de personal docente del departamento de Guajira.

2 La incorporación a la nueva planta de personal docente, sin solución de continuidad, fue con efectos fiscales a

partir de 1 de mayo de 2000.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02663-00
Demandante: Lenis Esther Castillo Teran
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Naturaleza: Acción de tutela – primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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6. 3) El 8 de agosto de 2016, la señora Castillo Teran solicitó al municipio
de Albania el reconocimiento, liquidación y pago de las cesantías
anualizadas que no fueron consignadas, más intereses, y la sanción
moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1999, por no haber sido
afiliada al FOMAG. Solicitud que le fue negada a través del Oficio OJ-268
de 18 de noviembre de 2016.

7. 4) El 13 de junio de 2017, Lenis Esther Castillo Teran, por medio de
apoderado judicial, presentó demanda, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, contra el municipio de Albania,
por la expedición del Oficio O.J – 268 - 2016 de 18 de noviembre de 2016.

8. 5) Mediante Sentencia de 23 de agosto de 2019, el Tribunal
Administrativo de Guajira accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, en la medida que declaró la nulidad del acto administrativo
demandado, condenó a la parte demandada al pago de cesantías e
intereses de cesantías por los años de 2000 a 2002, pero negó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria porque declaró, de oficio,
la excepción de prescripción extintiva.

9. 6) El demandante apeló la anterior decisión frente a la negación de
la sanción moratoria, ya que, según indicó, la prescripción era trienal y no
total, por lo que (se trascribe) “era procedente y legal el pago de los tres
últimos años contados a partir de la fecha en la cual radicó la reclamación
laboral”.

10. 7) La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante Sentencia de 25 de noviembre de 2021, confirmó la providencia
apelada, tras concluir, con fundamento en las Sentencias de unificación
de 25 de agosto de 20163 y 6 de agosto de 20204, que había operado la
prescripción extintiva respecto de la sanción moratoria por el no giro
oportuno de las cesantías causadas entre los años 2000 y 2002,
comoquiera que su reclamación administrativa se hizo hasta el 19 de
octubre de 2016.

11. El fundamento de la vulneración radicó en que en la providencia
cuestionada incurrió en 1) violación directa de la Constitución porque, en
el caso concreto, no se aplicó el principio de in dubio pro operario en
materia laboral (artículo 53), en vista de que, a la fecha de radicación de
la demanda –13 de junio de 2017, existían 2 interpretaciones sobre la forma
de aplicar la prescripción de la sanción moratoria de que trata el artículo
99 de la Ley 50 de 1990, pues, en la Sentencia de Unificación CE-SUJ2004
de 25 de agosto de 2016 hubo ambigüedad entre prescripción total y

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Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación No. 08001-23-31-000-2011-00628-01/ 0528-14CE-SUJ2-004-16.
4 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación No. 08001-23-33-000-2013-00666-01 / 0833-16CE-SUJ-SII-022-20.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02663-00
Demandante: Lenis Esther Castillo Teran
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Naturaleza: Acción de tutela – primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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prescripción trienal del derecho, la cual fue corregida solo hasta la
expedición de la Sentencia de Unificación CE-SUJ-SII-022-2020 de 6 de
agosto de 2020.

12. 2) Defecto sustantivo porque se quebrantaron los artículos 8 y 25 de
la CADH sobre el derecho a la tutela judicial efectiva y el debido proceso,
al aplicar, de manera retroactiva, la Sentencia de Unificación CE-SUJ-SII-
022-2020 de 6 de agosto de 2020, a pesar de que la demanda se radicó el
13 de junio de 2017, es decir, antes de proferirse la citada providencia.

13. 3) Desconocimiento del precedente porque no se aplicaron las
reglas respecto de los efectos en el tiempo fijadas en la Sentencia de
Unificación CE-SUJ-SII-022-2020 de 6 de agosto de 2020; y

14. 4) Una omisión de valoración de los argumentos contenidos en los
alegatos de conclusión, concretamente, las tesis jurídicas allí sustentadas.

1.2. Posición de la parte demandada y terceros5

15. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado se
opuso al amparo invocado y, en consecuencia, solicitó que se denegaran
las pretensiones del accionante, comoquiera que su decisión se sustentó
en los argumentos que fueron expuestos en el recurso de apelación, otra
cosa es que los razonamientos contenidos en los alegatos de conclusión no
fueron enunciados en el recurso y, además, aplicó correctamente los
efectos en el tiempo previstos en la Sentencia de unificación CE-SUJ-SII-022-
2020 de 6 de agosto de 2020.

16. Adujo que, como no se accedió a las pretensiones de la accionante,
pretendía utilizar la acción de tutela como una tercera instancia para
obtener un fallo favorable a sus intereses, pues, no había vulneración de
sus derechos fundamentales ni configuración de defecto alguno.

17. El Tribunal Administrativo de Guajira, luego del recuento procesal del
proceso ordinario, indicó que no había conculcado derecho fundamental
alguno a la accionante, dado que su actuación estuvo apegada a la
Constitución y a la ley, por lo que solicitó que se declarara improcedente
o, en su defecto, se negara la solicitud de amparo.

18. El municipio de Albani – Guajira guardó silencio.

5 Mediante Auto de 17 de mayo de 2022, el despacho resolvió (1) admitir la acción de tutela de la referencia, (2)

tener como demandado a la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, y (3) vincular al
Tribunal Administrativo de Guajira y al municipio de Albania – Guajira, como terceros interesados en el proceso.

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Demandante: Lenis Esther Castillo Teran
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Decisión: Declara improcedencia
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.
2.2. Conclusiones.

2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial6

19. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela por falta
de relevancia constitucional.

20. De conformidad con la Corte Constitucional, (se trascribe) “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”7.

21. En ese sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de
5 de agosto de 2014, adujo expresamente que este requisito requiere de
(1) la conjunción de 2 elementos: la carga argumentativa por parte del
demandante en la que explique la relevancia de la controversia para el
juez de tutela8 y que la solicitud de amparo no se presente con objeto de
obtener una nueva instancia9; y (2) que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de mera legalidad10.

22. Asimismo, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia
constitucional tiene por finalidades preservar la competencia e
independencia del juez ordinario, restringir la acción de tutela a asuntos
donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta se
convierta en una instancia adicional11.

23. De la revisión del escrito de tutela, la Sala evidenció que la parte
actora (1) no cumplió con la carga argumentativa necesaria para
determinar los motivos por los cuales este asunto tenía trascendencia
constitucional y (2) pretendió revivir un debate propio del juez natural, a
saber, la determinación de cómo operaba la prescripción [parcial o total]

6 El presente análisis de requisitos de procedibilidad de hace de conformidad con las consideraciones de la

Sentencia T-66 de 2019 de la Corte Constitucional.
7 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
8 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El

primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el
asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la
carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple
tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
9 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia

procesal adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión
del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
10 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos

fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no
involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
11 Corte Constitucional, Sentencias T-422 de 2018 y T-555 de 2019.

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Demandante: Lenis Esther Castillo Teran
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
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Decisión: Declara improcedencia
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de la sanción moratoria, de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
respecto de sus cesantías anualizadas correspondientes a los años 2000,
2001 y 2002. Así, buscó que, a través de la acción de tutela, se estudiara un
aspecto que ya fue resuelto, es decir, utilizarla como una instancia
adicional.

24. Lo anterior obedece a que la presente solicitud de amparo fue
planteada, bajo los mismos argumentos que se expusieron en el proceso
ordinario, concretamente, en el recurso de apelación interpuesto contra la
Sentencia de 23 de agosto de 201912, y en los alegatos de conclusión
presentados en segunda instancia13. Tales argumentos fueron abordados y
resueltos por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en Sentencia de 25 de noviembre de 2021, en la cual concluyó (se
trascribe):

“En lo que atañe a la ocurrencia del fenómeno de la prescripción extintiva
frente a la sanción moratoria por la consignación tardía del auxilio de las
cesantías anualizadas, la Sección Segunda de esta Corporación unificó el
criterio jurisprudencial a través de la sentencia del 25 de agosto de 2016,
aclarada en providencia -también de unificación- del 6 de agosto de 2020. Si
bien en la primera de tales providencias se había mencionado que la
penalidad en comento está sometida a la prescripción trienal, aunque fuese
de manera parcial, la sentencia aclaratoria se encargó de definir que el
carácter del fenómeno prescriptivo trienal es extintivo y que el momento a
partir del cual procede la reclamación de la sanción moratoria corresponde
al día en que se configura la mora respecto de la obligación originaria, esto
es, desde el 15 de febrero del año en que se debió realizar el pago de las
cesantías anualizadas.
(…)
Ahora, frente al momento en que surge el derecho a reclamar el
reconocimiento y pago de la sanción por mora de que trata el numeral 3, del
artículo 99 de la Ley 50 de 1991, la providencia de unificación de fecha 06 de
agosto de 2016, sentó la siguiente regla jurisprudencial: «la reclamación de la
indemnización por la mora en la consignación anualizada de cesantías, debe
realizarse a partir del momento mismo en que se causa la mora, so pena de

12 “(…) el juez de conocimiento debió declarar la prescripción de manera parcial y no total, es decir, debió

condenar a la entidad demandada al pago de dicha sanción por las porciones de los salarios de los últimos tres
años contados hacia atrás, desde la fecha de la reclamación laboral; ello, por cuanto la demandante aún se
encuentra activa al servicio del magisterio. En tal sentido, adujo que no se encuentra probada la excepción de
prescripción extintiva de la sanción moratoria a que se ha hecho referencia”. Página 6 de la Sentencia
enjuiciada de 25 de noviembre de 2021, proferida en el proceso No. 44001-23-40-000-2017-00134-01
13 “Si bien es cierto, la Colegiatura de primera instancia en la Providencia calendado 23 de agosto del año 2019,

aplico a la Sentencia de Unificación jurisprudencial CE- SUJ004 de 2016, Rad. No.: 08001-23-31-000-2011-00628-
01(0528-14) proferida por el Consejo de Estado Secesión Segunda, respecto al tema del fenómeno de la
prescripción extintiva del derecho a la sanción moratoria objeto de litigio, también es cierto que, el citado
tribunal debió aplicar dicho fenómeno jurídico de manera Parcial o Trienal mas No Total, bajo los parámetros del
principio de favorabilidad en materia laboral.
Bajo el anterior norte, está probado en el proceso que, a la fecha de proferir el fallo de primera instancia no está
en vigencia el criterio de unificación establecido en la Sentencia de Unificación Jurisprudencial CE-SUJ-SII-022-
2020 del 6 de agosto de 2020, Radicación número: 08001-23-33-000-2013-00666-01(0833-16), Consejero ponente:
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ, sino que, por el contrario, estaban vigentes las dos tesis o interpretaciones de la
prescripción parcial o total de la Sanción Moratorio de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Conforme a
lo anterior, la Colegiatura de primera instancia, tenía la obligación legal de aplicar al caso de mi poderdante la
prescripción parcial de las porciones de la sanción moratoria por la no consignación las cesantías anualizadas
de los años 2001, 2002 y 2003 (…). Aplicara en la actualidad la SU CE-SUJ-SII-022-2020 del 6 de agosto de 2020,
Radicación número: 08001-23-33-000-2013-00666-01(0833-16), vulnera el artículo 8.1 de la Convención Americana
de Derechos Humanos (…)”. Páginas 1, 9y 10 del documento contentivo de los alegatos de conclusión que se
consultaron en SAMAI porque no se allegó el expediente.

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que se aplique la figura extintiva respecto de las porciones de sanción no
reclamadas oportunamente.
(…)
Tal como se afirma en la demanda y se constata en la documentación
aportada al plenario (folios 36 a 44, C1), el 19 de octubre de 2016 la
demandante radicó ante el municipio de Albania solicitud de reconocimiento
y pago de las cesantías, intereses a las cesantías y sanción moratoria por el no
giro oportuno del auxilio causado entre los años 2000 y 2002.

En esa medida, el plazo con el que contaba la entidad demandada para
consignar a la demandante el auxilio de cesantías causado en 2002 vencía el
14 de febrero de 2003, en los términos señalados por el artículo 99 de la Ley 50
de 1990, de modo que la mora o retardo para el efecto comenzaba a contar
desde el día siguiente -15 de febrero de 2003-, y así mismo ocurría para el
comienzo del cómputo del término de prescripción extintiva para su reclamo,
según se indicó en la tesis de unificación expuesta en precedencia.

De manera que, toda vez que se encuentra probado que la solicitud
administrativa que perseguía el pago de las acreencias derivadas de la
consignación tardía de las cesantías anualizadas fue presentada el 19 de
octubre de 2016, y que en los términos que acaban de precisarse la
prescripción trienal frente a dicho concepto se configuró el 15 de febrero de
2006, resulta imperioso concluir que el derecho que le asistía a la interesada
para reclamar la sanción moratoria de las cesantías para el año 2002, y por
fuerza las que le antecedieron, se encuentra extinto”.

25. En virtud de lo anterior, debe señalarse que no se evidenció la
necesidad de la intervención del juez de tutela en un asunto que ya fue
resuelto por el juez natural, quien se pronunció sobre los aspectos centrales
que fueron invocados por la parte actora, esto es, la prescripción de la
sanción de la sanción moratoria y la aplicación de la Sentencia de
unificación de 2020, pues, con fundamento en la misma, confirmó la
decisión de primera instancia de 23 de agosto de 2019. En ese orden, se
reitera que lo pretendido por la parte actora fue reabrir el debate jurídico y
someterlo a una instancia adicional.

26. Finalmente, el demandante también alegó que la controversia fue
resuelta con base en el precedente establecido por la Sentencia de
Unificación CE-SUJ-SII-022-2020 de 6 de agosto de 2020, proferida cuando
el proceso se encontraba en curso y varios años después de la
presentación de la demanda, hecho que, en su parecer, constituyó una
aplicación retroactiva y vulneradora de los artículos 8 y 25 de la CADH.

27. No obstante, la Sala observa que, también sobre este punto, la
autoridad judicial accionada explicó de forma detallada los motivos por
los cuales observó el mencionado precedente y aunque no aludió a la
aplicación de sus efectos en el tiempo, la Sección Segunda de esta
Corporación los había fijado así (se trascribe) “(…) las reglas
jurisprudenciales que se definen en esta sentencia deben aplicarse de
manera retrospectiva a todos los casos pendientes de decisión tanto en

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vía administrativa como en vía judicial, dejando a salvo por cosa juzgada
los conflictos decididos con antelación.”.

28. En relación con los argumentos del demandante, se observa que
estos estuvieron encausados a cuestionar la Sentencia de Unificación
observada, principalmente sobre asuntos de mera legalidad.

29. Debe aclarase que las diferencias interpretativas que existieren entre
la parte demandante y el juez natural de la causa no constituyen, por sí
mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las decisiones del
juez ordinario. En otras palabras, la presentación de las discrepancias entre
la decisión del juez y el criterio de quien la enjuicia, vía tutela, no da por
cumplido el requisito de relevancia constitucional. Más, si se trata de una
tutela contra providencia judicial, por ser un mecanismo constitucional de
amparo de derechos fundamentales de carácter excepcional14.

2.2. Conclusiones

30. Para la Sala existen razones suficientes para tener por no cumplido el
requisito de relevancia constitucional y, en consecuencia, se abstendrá de
estudiar los demás requisitos de procedencia y declarará la
improcedencia de la presente solicitud de amparo.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por
Lenis Esther Castillo Teran, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico de la Secretaría General para tal fin15.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

14 Corte Constitucional, Sentencias SU-659 de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
15 secgeneral@consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02663-00
Demandante: Lenis Esther Castillo Teran
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Naturaleza: Acción de tutela – primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
______________________________________________________________________________________________________________

CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con aclaración de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

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