Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02663-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02663-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-02663-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
20 de septiembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., veinte (20) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Acción : Tutela (impugnación)
Expediente : 11001-03-15-000-2022-02663-011
Actora : Lenis Esther Castillo Terán
Demandados : Magistrados de la subsección A de la sección segunda del
Consejo de Estado
Tema : Tutela contra providencia judicial; derechos
constitucionales fundamentales al debido proceso y acceso
a la administración de justicia
Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la actora contra la
sentencia de 7 de julio de 2022, emitida por el Consejo de Estado (subsección
B de la sección tercera), que declaró improcedente la acción de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1 La solicitud de amparo. La señora Lenis Esther Castillo Terán, por
conducto de apoderado, presenta acción de tutela con el fin de obtener la
protección de sus derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia, presuntamente quebrantados por los
señores magistrados de la subsección A de la sección segunda del Consejo de
Estado.
Como consecuencia de lo anterior, pide se ordene a las autoridades accionadas
dejar sin efectos el fallo de 25 de noviembre de 2021, mediante el cual el
Consejo de Estado (subsección A de la sección segunda) confirmó el de 23 de
agosto de 2019, con el que el Tribunal Administrativo de La Guajira accedió
parcialmente2 a las pretensiones del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho que promovió contra el municipio de Albania (La Guajira) [expediente
44001-23-40-000-2017-00134-01]; en su lugar, se ordene a las autoridades
accionadas dictar una nueva providencia en la que se acojan las súplicas
formuladas en ese asunto contencioso-administrativo.
1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
2
Toda vez que declaró de oficio probada la excepción de prescripción extintiva de la sanción moratoria
reclamada por la tutelante por la falta de consignación de las cesantías correspondientes a los años 2000 a 2002.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02663-01
Actor: Lenis Esther Castillo Terán
1.2 Hechos3. Relata la actora que fue «[…] vinculada mediante el Decreto
[…] 053 del 6 febrero de 1997, como Docente […] de Maicao […] con fecha de
posesión […]» (sic) de 13 siguiente; luego, con ocasión de la creación de
Albania (La Guajira), fue incorporada a la planta de personal de ese municipio,
con efectos fiscales a partir del 1º de mayo de 2000; y finalmente, a partir del 1º
de enero de 2003, la nombraron como maestra en propiedad del departamento
de La Guajira.
Que, comoquiera que durante el lapso durante el cual estuvo vinculada con el
municipio de Albania nunca fue afiliada al «[…] Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales Del Magisterio ni a otro Fondo de Cesantías» (sic), el 19
de octubre de 2016 solicitó de dicho ente territorial el «[…] reconocimiento
liquidación y pago de las Cesantías Anualizadas, Intereses de Cesantías y la
correspondiente Sanción Moratoria de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de
1990 […]» (sic) de 2000 a 2002, lo que le fue negado, con oficio O.J. 268 de 18
de noviembre de ese año.
Sostiene que, por lo anterior, el 13 de junio de 2017 acudió ante la jurisdicción
contencioso-administrativa en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el municipio de Albania (expediente 08001-
23-33-000-2014-00173-01), del que conoció el Tribunal Administrativo de La
Guajira que, con providencia de 23 de agosto de 2019, accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda, puesto que ordenó en su favor el pago de «[…]
cesantías e intereses de cesantías de los años 2000, 2001 y 2002 […]», sin
embargo, declaró de oficio probada la excepción de prescripción extintiva de
«[…] la Sanción Moratoria de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
[al considerar que ese] derecho había prescrito de manera total […]» (sic).
Que presentó recurso de apelación contra la referida determinación judicial, con
fundamento en que la sanción moratoria «[…] por la omisión en la
consignación de [sus] cesantías, no había prescrito [en su totalidad], sino de
manera trienal por lo tanto era procedente y legal el pago de los tres últimos
años contados a partir de la fecha en la cual radi[có] la reclamación laboral»,
alzada desatada el 25 de noviembre de 2021 por la subsección A de la sección
segunda del Consejo de Estado, en el sentido de confirmarla, al estimar que sí
3
Cabe precisar que a pesar de que en la solicitud de amparo se indicaron los fundamentos fácticos que
presuntamente dan lugar a la presente acción, la Sala advierte que se omiten datos necesarios para
contextualizar el asunto sub examine. Sin embargo, con el propósito de garantizar los principios de
informalidad, prevalencia del derecho sustancial y eficacia, se extractarán y organizarán los hechos expuestos
tanto en la petición de tutela, como en los documentos allegados al expediente.
2
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02663-01
Actor: Lenis Esther Castillo Terán
había lugar a «[…] declarar configurada la excepción de prescripción
[extintiva] de la sanción moratoria por la consignación tardía del auxilio de
cesantías correspondiente a los años 2000 a 2002».
Dice que la sentencia reprochada incurre en violación directa de la
Constitución, porque «[…] omitió pronunciarse y estudiar las tesis jurídicas[4]
sustentadas en los alegatos de conclusión […]», habida cuenta de que para la
época de presentación de la demanda existían dos interpretaciones al interior del
Consejo de Estado sobre la forma como operaba la prescripción en la sanción
moratoria por falta de pago de las cesantías anualizadas de que trata el artículo
99 de la Ley 50 de 1990, por tanto, al no examinar los magistrados accionados
«[…] la posibilidad de aplicar el principio de in dubio pro operario en materia
laboral […], quebrant[aron] directamente los artículos 8 y 25 de la CADH[5]
sobre el derecho […] a la tutela judicial efectiva […]».
Que también comporta desconocimiento del precedente, dado que inobservó
«[…] las reglas respecto a los efectos en el tiempo que el […] Consejo de
Estado determin[ó] en la Sentencia de Unificación […] CE-SUJ-SII-022-2020
del 6 de agosto de 2020» (sic), por cuanto acogió la postura allí contenida de
manera retroactiva, pese a que promovió la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho cuando aquella no se había dictado.
1.3 Contestación de la acción.
1.3.1 Los señores magistrados de la subsección A de la sección segunda del
Consejo de Estado, por conducto del ponente de la decisión reprochada, piden
se niegue la presente acción constitucional, puesto que (i) la «[…] sentencia del
25 de noviembre de 2021 se sustentó en los argumentos expuestos en el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante, […] y en ese sentido, se
guardó el principio de congruencia de que trata el artículo 328 del CGP»; (ii)
no era dable que se pronunciaran sobre «[…] los razonamientos expuestos […]
en los alegatos de conclusión presentados ante es[a] instancia, [puesto que
aquellos] no fueron incluidos en […]» la alzada; y (ii) se aplicaron de manera
correcta los efectos en «[…] el tiempo previstos en la sentencia de unificación
CE-SUJ-SII-022- 2020 del 6 de agosto de 2020», dado que en esta se estableció
4
Las cuales, según el dicho de la actora, se fundamentaron en «[…] la ambigüedad que gener[aban] dos
interpretaciones sobre la aplicación de la prescripción del derecho a la […] sanción moratoria contenida en la
providencia de unificación CE- SUJ004 del 25 de agosto del año 2016».
5
Convención Americana de Derechos Humanos.
3
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02663-01
Actor: Lenis Esther Castillo Terán
que «[…] tendría efectos para todos aquellos casos pendientes de decisión en
sede administrativa y judicial, entre los cuales se encontraba el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto por la […]»
tutelante.
1.3.2 Los señores magistrados del Tribunal Administrativo de La Guajira6, a
través de la magistrada ponente del fallo de 23 de agosto de 2019, sostienen que
en el sub lite no se presenta el quebranto de las garantías superiores invocadas,
puesto que la actuación de esa Colegiatura «[…] ha estado apegada a la
Constitución y la ley», y no se «[…] incurrió en mora judicial, [pues el asunto
de interés de la actora se] tramitó y falló […] dentro de términos razonables».
1.3.3 El señor alcalde de Albania guardó silencio en la oportunidad prevista
para el efecto.
1.4 Providencia impugnada. Con sentencia de 7 de julio de 2022, el
Consejo de Estado (subsección B de la sección tercera) declaró improcedente
esta acción, al considerar que no satisface el presupuesto de relevancia
constitucional7, en atención a que el juez ordinario ya desató las inconformidades
planteadas, habida cuenta de que «[…] se pronunció sobre los aspectos
centrales que fueron invocados por la parte actora, esto es, la prescripción […]
de la sanción moratoria y la aplicación de la Sentencia de unificación de 2020,
pues, con fundamento en la misma, confirmó la decisión de primera instancia
de 23 de agosto de 2019. En ese orden, […] lo pretendido por la parte actora
fue reabrir el debate jurídico y someterlo a una instancia adicional».
1.5 Impugnación. Inconforme con la determinación adoptada, la tutelante la
impugnó, para cuyo propósito reitera los argumentos consignados en la
solicitud de amparo y pide se acceda a las súplicas deprecadas, por cuanto su
escrito sí colma el presupuesto de relevancia constitucional y, por ende, es
viable efectuar un estudio de fondo.
6
Vinculados al presente trámite constitucional, junto con el señor alcalde de Albania (La Guajira), a través de
auto de 17 de mayo de 2022, en condición de terceros interesados.
7
Decisión objeto de aclaración por parte del consejero de Estado Martín Bermúdez Muñoz, en la que se sostuvo
que la tutela sí superaba el requisito de relevancia constitucional, por ende, había lugar a abordar su estudio de
fondo y determinar que «[…] no se configuraron los defectos alegados, todos ellos encaminados a cuestionar la
jurisprudencia aplicada por el tribunal, de la que se advierte que su aplicación resulta pertinente».
4
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02663-01
Actor: Lenis Esther Castillo Terán
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia. En virtud de los artículos 32 8 del Decreto ley 2591 de
19919 y 25 10 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201911 expedido por la sala
plena del Consejo de Estado, esta subsección es competente para conocer de la
presente impugnación.
2.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de
la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992,
1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la
protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las
personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
trámite preferente y sumario, el amparo inmediato de ellos cuando quiera que
resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
2.3 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la
acción de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje
constitucional fundamental que pueda comportar la providencia de 25 de
noviembre de 2021, proferida por el Consejo de Estado (subsección A de la
sección segunda), por cuyo conducto se confirmó la de 23 de agosto de 2019,
con la que el Tribunal Administrativo de La Guajira accedió parcialmente a las
pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que
el actor promovió contra el municipio de Albania (La Guajira) [expediente
44001-23-40-000-2017-00134-01], por cuanto declaró que frente a la sanción
moratoria deprecada había operado el fenómeno de la prescripción extintiva; y,
en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al debido
proceso y acceso a la administración de justicia invocadas en la solicitud de
amparo.
8
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de
los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente […]».
9
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
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«ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS ACCIONES DE TUTELA, DE CUMPLIMIENTO,
POPULARES Y DE GRUPO.
[…]
Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán
resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el
reparto […]».
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«Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado».
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02663-01
Actor: Lenis Esther Castillo Terán
2.4 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate
jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que
declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza
de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de
tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia
revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de
1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera
calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando
se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i)
defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en
una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando
resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para
proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii)
defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv)
defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó
completamente al margen del proceso establecido.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante
sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional destacó el carácter
excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de manera protuberante se
vulneran o amenazan derechos fundamentales.
Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de
orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se
afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos
porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02663-01
Actor: Lenis Esther Castillo Terán
Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios
y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable. (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez. (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora. (v) Que la actora identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre
que esto hubiese sido posible. (vi) Que no se trate de sentencias de tutela, en
consideración al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de
causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la
excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta procedente.
Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de
competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto
fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto
material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo
adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii)
desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos
la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la
decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02663-01
Actor: Lenis Esther Castillo Terán
los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de
decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.
Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales 12 , rectificó su
posición mediante sentencia de 31 de julio de 201213, en el sentido de disponer
que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren
derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los parámetros
fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la
jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado
ha aplicado en los términos antes expuestos14.
Por último, en el fallo de 5 de agosto de 201415, proferido por la sala plena de lo
contencioso-administrativo, por importancia jurídica, se unificó el criterio de
que esta acción constitucional procede siempre y cuando se respete el principio
de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y
específicos precisados por la Corte Constitucional, entre los que destacaron el
de inmediatez y subsidiariedad.
2.5 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que
(i) el asunto planteado comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la
presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso
12
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-
administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31
de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis
Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de
2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C.
P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8)
16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
13
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
14
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp.
2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor
Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010,
exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7)
30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de
2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C.
P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas
Monsalve.
15
Sentencia de unificación, proferida por la sala plena de lo contencioso-administrativo el 5 de agosto de 2014,
C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02663-01
Actor: Lenis Esther Castillo Terán
a la administración de justicia de la actora16; (ii) contra la decisión objeto de
censura no procede recurso alguno, en atención a que fue emitida en segunda
instancia y se encuentra ejecutoriada; (iii) se establecieron los hechos que
originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el
requisito de inmediatez se satisface, toda vez que la determinación judicial
atacada 17 quedó ejecutoriada el 15 de diciembre de 2021 y la solicitud de
amparo se instauró el 13 de mayo de 2022, es decir, dentro de un término
prudencial (4 meses y 28 días); y (v) la providencia acusada no desató una
acción de tutela.
En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
del asunto bajo la causal específica denominada desconocimiento del
precedente, pues, pese a que la actora también alegó violación directa de la
Constitución, su inconformidad se contrae a que el criterio planteado en la
sentencia de unificación de 6 de agosto de 2020 no era con el que se debía
decidir el asunto de su interés, sino con el vigente en esta Corporación para la
época de interposición de la demanda (13 de junio de 2017), consistente en que
había lugar a declarar la prescripción trienal en forma parcial y no extintiva de
la sanción moratoria deprecada, lo cual le es más favorable, por lo que resulta
procedente analizar tal argumento conforme a la primera de las mencionadas
causales de procedencia de tutela contra providencia judicial, lo anterior en
virtud del principio de oficiosidad, que señala que el juez de tutela está en la
obligación de interpretar de manera extensiva el escrito inicial18.
2.5.1 Desconocimiento del precedente. Al respecto, se precisa que el
desconocimiento del precedente tiene dos modalidades: (i) como causal
autónoma de procedencia de la tutela contra providencia judicial cuando se trata
del precedente constitucional, y (ii) como defecto sustantivo por el
16
En ese sentido, no se compadece de la situación de la tutelante la determinación adoptada en la providencia de
primera instancia, en cuanto a que, contrario a lo allí expuesto, la actora alega que la decisión reprochada no
atendió un pedimento formulado en los alegatos de conclusión y desconoció la jurisprudencia que le es
favorable en materia de sanción moratoria, lo cual de demostrarse podría constituir quebranto de sus garantías
superiores al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, puesto que le impide obtener una
decisión en relación con sus pretensiones, circunstancia que reviste a este asunto de la relevancia constitucional
necesaria para efectuar un estudio de fondo.
17
Notificada por correo electrónico el 10 de diciembre de 2021.
18
Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «Respecto del papel del juez
de tutela, esta Corte ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su función de
garante de los derechos fundamentales de las personas, y su rol es mucho más activo que el de otros
operadores jurídicos. En esta medida es su deber esclarecer los hechos que dieron origen a la acción así como
eventualmente las pretensiones que llevarían a la salvaguarda de los mismos [...].
15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras
jurisdicciones, y en esta medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca de
la demanda».
9
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02663-01
Actor: Lenis Esther Castillo Terán
desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene su origen en el
artículo 241 superior y se predica exclusivamente de los precedentes fijados por
la Corte Constitucional en su jurisprudencia19, y la segunda hace referencia a
cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical
sin justificación suficiente, lo que lleva a concluir que la providencia adolece de
un defecto sustantivo20 en virtud de los principios del debido proceso, igualdad
y buena fe21.
En el sub lite la actora sostiene que la providencia reprochada incurre en
desconocimiento del precedente, habida cuenta de que decidió el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho 44001-23-40-000-2017-
00134-01 con fundamento en la sentencia de unificación «[…] CE-SUJ-SII-
022-2020 del 6 de agosto de 2020», pese a que esta no había sido proferida al
momento de la presentación de la demanda ordinaria, época en la que existía un
criterio al interior del Consejo de Estado que le resultaba más favorable,
situación que fue planteada en el escrito de alegatos de conclusión en segunda
instancia, sin embargo, no hubo pronunciamiento sobre ese aspecto en el fallo
reprochado, lo que quebranta sus garantías superiores, puesto que, contrario a lo
concluido por los magistrados accionados, sí había lugar a acceder al pago de la
sanción moratoria por la no cancelación oportuna de sus cesantías, como lo
solicitaba en esas diligencias.
Para desatar el presente asunto, resulta indispensable precisar que el auxilio de
cesantías es una prestación social a la que todos los empleados del Estado
tienen derecho, cuya finalidad primaria consiste en «[…] cubrir o prever las
necesidades que se originan para el trabajador con posterioridad al retiro de
una empresa, por lo que resulta un ahorro obligado orientado a cubrir el
19
Sentencia T-360 de 2014: «[…] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a
desconocerse cuando: (i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de
control de constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad,
especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto
superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se
desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio
decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela».
20
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995
M. P. Carlos Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P.
Jorge Iván Palacio Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González Cuervo.
21
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P.
Jorge Iván Palacio Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
10
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02663-01
Actor: Lenis Esther Castillo Terán
riesgo de desempleo»22, que actualmente también promueve el acceso de los
trabajadores a los componentes de educación y vivienda.
De acuerdo con el artículo 115 de la Ley 115 de 1994, los docentes oficiales se
benefician del reconocimiento del auxilio de cesantías de acuerdo con los
parámetros establecidos por el artículo 15 (numeral 3) de la Ley 91 de 1989,
norma que distingue entre los que se benefician del régimen de cesantías
retroactivas y aquellos a quienes les es aplicable el de cesantías anualizadas con
pago de intereses y sin retroactividad, así:
3. Cesantías:
Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará
un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o
proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario
devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso
contrario sobre el salario promedio del último año.
Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para
los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero
sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de
1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías
existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin
retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de
interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia
Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema
financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional
docente, acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán
sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos
del orden nacional.
Según lo anterior, corresponde al Fomag liquidar y reconocer el auxilio de
cesantías parciales o definitivas de los docentes oficiales afiliados, actividad
que, en virtud de la «prestación descentralizada de los servicios» consagrada en
el artículo 3 de la Ley 91 de 1989 y de la delegación de que trata el artículo 9
ibidem, desarrolla a través de las secretarías de educación de los entes
territoriales. Mientras que el pago de la prestación debe ser efectuado a través
22
Corte Constitucional, sentencia C-823 de 4 de octubre de 2006, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
11
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02663-01
Actor: Lenis Esther Castillo Terán
de la sociedad fiduciaria que administre los recursos del fondo, que en la
actualidad es la Fiduprevisora S. A.
En paralelo, correspondía a cada entidad territorial el reconocimiento de las
cesantías del personal docente no afiliado al Fomag, situación que en términos
del artículo 7 del Decreto 196 de 1995, hacía responsable del pago de las
prestaciones sociales de los educadores departamentales, distritales y
municipales causadas antes de su incorporación al Fondo. Más adelante, el
Decreto 3752 de 2003 dispuso que los docentes del servicio público educativo
vinculados a las plantas de personal de los entes territoriales deberían ser
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, norma a
partir de la cual el reconocimiento y pago de las cesantías parciales y definitivas
estuvo concentrado en esa entidad.
En todo caso, se tiene que los maestros vinculados a partir del 1°. de enero de
1990 gozan del régimen de cesantías anualizadas, prestación que a partir de la
entrada en vigor de la Ley 344 de 1996, debe liquidarse de acuerdo con lo
previsto por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, que prevé:
Artículo 99. El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía tendrá las
siguientes características:
1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de
cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio
de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del
contrato de trabajo.
2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12%
anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas
vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma
causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.
3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del
15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del
trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que
incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada
retardo. […]
Conforme a la normativa transcrita se tiene entonces que los docentes oficiales
que se vincularon a partir del 1° de enero de 1990 les es aplicable el régimen de
cesantías anualizadas regulado por la Ley 50 de 1990, que dispone la
realización de la liquidación anual de dicha prestación social con pago de
12
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02663-01
Actor: Lenis Esther Castillo Terán
intereses, suma que deberá ser consignada en el respectivo fondo de cesantías
entes del 15 de febrero del año siguiente, so pena de que el empleador sea
sancionado con el pago de un día de salario por cada día de retardo.
Precisamente, en lo atañedero a la aludida sanción, la sección segunda del
Consejo de Estado, en sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016 23 ,
arribó a las siguientes conclusiones:
1.- Las cesantías anualizadas, son una prestación imprescriptible. Las
cesantías definitivas sí están sometidas al fenómeno de la prescripción.
2.- La sanción o indemnización moratoria sí está sometida al fenómeno de
prescripción trienal y la norma aplicable para ese efecto, es el artículo 151
del Código de Procedimiento Laboral.
3.- La fecha a partir de la cual procede la reclamación de la indemnización
por la mora en la consignación de las cesantías anualizadas, es el momento
mismo en que se produce la mora, es decir, desde el 15 de febrero del año
en que se debió realizar el pago.
4.- La fecha hasta la cual corre la mora, producto del incumplimiento en la
consignación de las cesantías anualizadas, es aquella en que se produce la
desvinculación del servicio.
5.- El salario a tener en cuenta para liquidar la indemnización moratoria es
el que devenga el empleado en el momento en que se produce la mora, y
cuando concurren dos o más periodos de cesantías y una mora sucesiva, el
salario a tener en cuenta para la liquidación cambia en el momento en que
se genera un nuevo periodo de mora, en los términos previamente
descritos.
No obstante, con auto de 7 de noviembre de 2019, esta sección consideró
necesario aclarar el alcance de la citada providencia, en atención a algunas
inconsistencias entre las conclusiones adoptadas en lo relacionado con el
cómputo del término prescriptivo de la sanción moratoria y la solución dada al
caso allí tratado, por lo que seleccionó el expediente 08001-23-33-000-2013-
00666-01, con fines de unificar jurisprudencia, asunto en el cual profirió la
sentencia CE-SUJ-SII-022-2020 de 6 de agosto de 2020, en la que fijó las
siguientes reglas:
PRIMERO: UNIFICAR JURISPRUDENCIA en la Sección Segunda
23
Expediente 08001-23-31-000-2011-00628-01(0528-14) CE-SUJ2-004-16, C. P. Luis Rafael Vergara
Quintero.
13
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02663-01
Actor: Lenis Esther Castillo Terán
del Consejo de Estado, para señalar en cuanto a la prescripción de la
sanción moratoria de la Ley 50 de 1990, las siguientes reglas
jurisprudenciales:
i) El momento a partir del cual se contabiliza el término de la prescripción
de la sanción moratoria de las cesantías anualizadas prevista en la Ley 50
de 1990, es desde su causación y exigibilidad, es decir, el 15 de febrero de
la anualidad siguiente, por ende, la reclamación administrativa deberá
presentarse dentro de los tres años siguientes, so pena de configurarse la
prescripción extintiva.
ii) En el evento en que se acumulen anualidades sucesivas de mora en la
consignación de cesantías anualizadas, el término prescriptivo de la
sanción prevista en la Ley 50 de 1990 deberá contabilizarse de manera
independiente por cada año, de tal modo que el empleado dispone de 3
años contados a partir del 15 de febrero del año siguiente a su causación
para reclamar la sanción moratoria por la anualidad correspondiente, so
pena de su extinción.
De conformidad con lo citado, el término de prescripción de que trata el artículo
151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en el caso de la
sanción por mora prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, debe
computarse desde el primer día en que se cause el incumplimiento, de manera
que si la exigibilidad de aquella penalidad se origina el 15 de febrero frente a
las cesantías correspondientes a la anualidad inmediatamente anterior, la
respectiva reclamación administrativa deberá ser presentada dentro de los tres
años siguientes, so pena de configurarse la prescripción extintiva. Asimismo, en
el caso de acumulación de anualidades, el término prescriptivo deberá
contabilizarse de manera independiente por cada año.
Por consiguiente, resulta claro que, por omitir consignar las cesantías en los
términos previstos en el régimen anualizado, el empleador, como se dijo,
tendría que pagar la sanción moratoria dispuesta en el artículo 99 de la Ley 50
de 1990, esto es, un día de salario por cada uno de retardo, la cual puede verse
afectada por la prescripción de no ser reclamada dentro de los tres años
siguientes a la fecha en que se origine.
Revisada la providencia reprochada, se observa que en esta se determinó, con
base en las pruebas obrantes en el expediente ordinario, que la demandante (i)
«[…] se encuentra cobijada por el sistema anualizado de cesantías, regulado
por la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1582 de 1998, y por ende, la sanción
moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 se hace extensiva a su
14
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02663-01
Actor: Lenis Esther Castillo Terán
situación particular», y (ii) el 19 de octubre de 2016 deprecó el reconocimiento
y pago «[…] de las cesantías, intereses a las cesantías y sanción moratoria por
el no giro oportuno del auxilio causado entre los años 2000 y 2002 […]»,
época para la que laboró como docente para el municipio de Albania (La
Guajira)24.
Que, por tanto, «[…] el plazo con el que contaba la entidad demandada para
consignar[le a la tutelante] el auxilio de cesantías causado en 2002 vencía el 14
de febrero de 2003», de modo que la «[…] mora o retardo para el efecto
comenzaba a contar desde el día siguiente -15 de febrero de 2003-, y así mismo
ocurría para el comienzo del cómputo del término de prescripción extintiva
para su reclamo […]», y ella presentó la respectiva solicitud el «[…] 19 de
octubre de 2016», es decir, cuando ya había operado dicho fenómeno (lo cual
acaeció el 15 de febrero de 2006), por lo que «[…] resulta imperioso concluir
que el derecho que le asistía a la interesada para reclamar la sanción
moratoria de las cesantías para el año 2002, y por fuerza las que le
antecedieron, se encuentra extinto».
En ese orden de ideas, se tiene que a la accionante no le fueron consignadas por
parte del empleador las cesantías correspondientes a los años 2000 a 2002 y los
magistrados accionados, en relación con el reconocimiento de la sanción
moratoria pretendida por la tardanza en la consignación de su prestación 25 ,
concluyeron que la exigibilidad de la mencionada penalidad acaeció a partir del
15 de febrero de 2003 (año siguiente al que se causó el último período de
cesantías reclamado), dado que el día anterior se constituye en la fecha límite
para el pago de ese emolumento, por consiguiente, la demandante podía
formular la correspondiente reclamación hasta el 15 de febrero de 2006, sin
embargo, lo hizo el 19 de octubre de 2016, es decir, cuando ya el aludido
derecho estaba prescrito.
24
Al respecto, se precisó que si bien la demandante se vinculó como docente al municipio de Albania «[…] el
24 de octubre de 2000, se entenderá que la fecha desde la cual tenía [dicho ente territorial] la obligación del
reconocimiento, liquidación y pago de [sus] cesantías […] es el 1.º de mayo [anterior], pues conforme al
Decreto 033 [de ese mismo año], desde este momento se dispuso la asunción de las obligaciones salariales y
prestacionales para los docentes allí nombrados a cargo del ente territorial, en tanto fueron incorporados a
dicho sin solución de continuidad».
25
Pues dichas autoridades reconocieron que la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de las
cesantías anualizadas «[…] derivadas de la vinculación que sostuvo como docente adscrita a la planta de
personal del […] municipio [de Albania], durante los años 2000 a 2002».
15
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02663-01
Actor: Lenis Esther Castillo Terán
De igual manera, se evidencia que las autoridades accionadas sustentaron su
decisión en el fallo de unificación CE-SUJ-SII-022-2020 de 6 de agosto de
2020 de la sección segunda de esta Corporación, en los siguientes términos:
En lo que atañe a la ocurrencia del fenómeno de la prescripción extintiva
frente a la sanción moratoria por la consignación tardía del auxilio de las
cesantías anualizadas, la Sección Segunda de esta Corporación unificó el
criterio jurisprudencial a través de la sentencia del 25 de agosto de
201626, aclarada en providencia -también de unificación- del 6 de agosto
de 2020 27 . Si bien en la primera de tales providencias se había
mencionado que la penalidad en comento está sometida a la prescripción
trienal, aunque fuese de manera parcial, la sentencia aclaratoria se
encargó de definir que el carácter del fenómeno prescriptivo trienal
es extintivo y que el momento a partir del cual procede la reclamación
de la sanción moratoria corresponde al día en que se configura la mora
respecto de la obligación originaria, esto es, desde el 15 de febrero del
año en que se debió realizar el pago de las cesantías anualizadas.
De conformidad con la tesis de unificación, pese a no existir una norma
expresa que contemple un término de prescripción para la penalidad ante
la tardanza en el depósito de las cesantías anualizadas a que tiene
derecho el trabajador, sobre las mismas opera el fenómeno de
prescripción trienal, como se indica a continuación:
[…]
De los apartes transcritos se desprende de manera inequívoca que la
sanción por mora prevista ante la eventualidad del retardo o la no
consignación del auxilio de cesantías por parte del empleador al
empleado, se encuentra sometida al acaecimiento del fenómeno de la
prescripción extintiva, para lo cual el término a tener en cuenta es el
previsto en el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral.
Asimismo, se concluye que el momento que determina el surgimiento del
derecho a reclamar el reconocimiento y pago de la sanción por mora, es
aquel en el cual se hace exigible la obligación de dar, en este caso de
depositar el valor de las cesantías, cuya procedencia opera de pleno
derecho al encontrarse dicha obligación sometida al plazo previsto en la
ley, esto es, desde el 15 de febrero del año siguiente al de la causación de
las cesantías.
Con fundamento en lo expuesto, no se advierte trasgresión de los derechos
constitucionales fundamentales de la accionante, por cuanto los magistrados
26
Consejo de Estado, Sección Segunda, M.P. Luis Rafael Vergara Quintero, radicado 08001-23-31-000-2011-
00628-01, número interno: 0528-14, dte: Yesenia Esther Hereira Castillo.
27
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2013-00666-01, número interno: 0833-16,
dte: María Lucely Taborda Cervantes.
16
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02663-01
Actor: Lenis Esther Castillo Terán
accionados, contrario a lo planteado en esta acción, observaron el
pronunciamiento de unificación que resultaba aplicable para la época en la que
se emitió la decisión reprochada, como lo era el de 6 de agosto de 2020, en el
que se anotó, entre otras precisiones, que la sanción moratoria contemplada en
el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por ser autónoma, derivada de la falta de
pago o consignación tardía de la mencionada prestación, es susceptible del
fenómeno de la prescripción extintiva una vez se supera el término señalado en
el artículo 151 28 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social,
diferente es que hayan determinado que la actora perdió el derecho a reclamar la
citada sanción, en virtud de que dejó trascurrir el lapso de 3 años fijado por la
ley para tal propósito.
Cabe aclarar que la figura de la prescripción extintiva hace referencia a que la
obtención de un derecho puede perderse con el paso del tiempo, es decir, por no
ejercerlo oportunamente, puesto que se presume que su titular lo ha
abandonado, premisa que corresponde con el criterio fijado en la aludida
sentencia de unificación, en esa medida, no es dable atribuirles a las autoridades
accionadas desconocimiento del precedente ni de las garantías superiores de la
actora, máxime cuando en su argumentación colmaron los criterios de
suficiencia y transparencia en el deber de motivar las decisiones judiciales.
Sobre el particular, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el ejercicio del
razonamiento que efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, hace
parte de su autonomía e independencia, ámbito que debe ser respetado por el de
tutela cuando no observa la vulneración de los derechos constitucionales
fundamentales que haga necesaria su intervención.
Por otro lado, el argumento consistente en que se aplicó de manera retroactiva
el fallo de unificación de 6 de agosto de 2020 del Consejo de Estado, carece de
asidero jurídico, dado que aquel fijó unas pautas para «[…] determinar el
momento a partir del cual se contabiliza el término de prescripción para
reclamar la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990, por la no consignación de
cesantías anualizadas», las cuales debían acogerse en el caso de la tutelante,
comoquiera que en esa providencia se consignó, en relación con sus efectos en
el tiempo, que dichas «[…] reglas jurisprudenciales […] deben aplicarse de
28
«Artículo 151. -Prescripción. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se
contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador,
recibido por el patrono, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción
pero sólo por un lapso igual».
17
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02663-01
Actor: Lenis Esther Castillo Terán
manera retrospectiva a todos los casos pendientes de decisión tanto en vía
administrativa como en vía judicial, dejando a salvo por cosa juzgada los
conflictos decididos con antelación […]», como la controversia por ella
expuesta ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Por último, no resulta reprochable que los magistrados accionados no se hayan
pronunciado en lo concerniente a la tesis expuesta por la actora en los alegatos
de conclusión de segunda instancia, atañedera a que había lugar a desatar el
asunto ordinario con fundamento en la interpretación jurisprudencial vigente
para la fecha de presentación de la demanda (13 de junio de 2017), por
resultarle más favorable; en primer lugar, toda vez que en segunda instancia la
competencia del juez se limita a los motivos de inconformidad planteados en el
recurso de apelación, tal como lo prevé el artículo 328 (incisos 1º y 4º)29 del
Código General del Proceso (CGP) y, dicha afirmación no se consignó en el
escrito contentivo del recurso; y en segundo, porque, se reitera, para la fecha en
la que se dictó el fallo objeto de censura en las diligencias contencioso-
administrativas se debía resolver la controversia allí suscitada con base en la
sentencia CE-SUJ-SII-022-2020 de 6 de agosto de 2020 y no en la decisión que
pretende la tutelante se acoja con tal fin.
A partir de los anteriores prolegómenos, comoquiera que el fallo de 25 de
noviembre de 2021 no incurre en la causal específica de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales denominada desconocimiento del
precedente, aludida en el escrito inicial, se impone revocar la decisión de
primera instancia, que declaró improcedente el presente trámite constitucional,
para en su lugar, negar el amparo deprecado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,
29
«COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
[…].
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella».
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02663-01
Actor: Lenis Esther Castillo Terán
FALLA:
1º. Revócase la sentencia de 7 de julio de 2022, a través de la cual el Consejo de
Estado (subsección B de la sección tercera) declaró improcedente la acción de
tutela de la referencia; en su lugar, niégase el amparo de los derechos
constitucionales fundamentales al debido proceso y acceso a la administración
de justicia invocados por la señora Lenis Esther Castillo Terán, conforme a lo
indicado en la motivación
2º. Notifíquese este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y
término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
3º. Comuníquese la presente decisión a la subsección B de la sección tercera de
esta Corporación y remítasele copia.
4º. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991 envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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