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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02681-00

Fecha
14 de julio de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02681-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- NEGAR el amparo solicitado a través de la acción de tutela presentada por la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en contra de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado respecto al defecto sustantivo alegado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO.- DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado a través de la acción de tutela presentada por la Nación – Rama Judicial www.consejodeestado.gov.co 20 C al l e 1 2 N o . 7 –6 5 – Tel : ( 6 01 ) 3 50 - 67 0 0 B og o tá D . C . – C ol o mbi a ACC IÓN D E TUT EL A R a di c a do : 1 10 01 - 03 - 15 - 0 00 - 20 22 - 02 6 81 - 00 A cci on a nt e: N ac i ó n – R a m a Ju di ci al – D i r ecc i ón E j ec ut i v a de A dm i ni st r aci ó n Ju di ci al – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en contra de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado respecto al desconocimiento del precedente, de acuerdo con los argumentos manifestados en las consideraciones de este fallo. TERCERO.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados. CUARTO.- De no ser impugnada la decisión, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. QUINTO.- REGÍSTRASE la providencia en la plataforma SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-02681-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

14 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C., catorce (14) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02681-00
Accionante: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCION EJECUTIVA
DE ADMINISTRACION JUDICIAL
Accionado: CONSEJO DE ESTADO SECCION TERCERA
SUBSECCION B

Tema: Tutela contra providencia / defecto material o
sustantivo, desconocimiento del precedente / debido
proceso, defensa, contradicción, igualdad / proceso
de reparación directa

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección decide la acción de tutela instaurada por la
Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, en contra de la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, defensa, contradicción igualdad,
ocurrida con ocasión de la expedición de la providencia de 11 de

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A cci on a nt e: N ac i ó n – R a m a Ju di ci al – D i r ecc i ón E j ec ut i v a
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octubre de 2021, proferida en el curso del medio de control de
reparación directa radicado número 25000-23-26-000-2008-00226-
01.

I. ANTECEDENTES

La solicitud de protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, a la defensa, a la contradicción y a la igualdad se
fundamenta en los siguientes:

1. HECHOS

El señor Fernando Augusto Trebilcock Barvo presentó medio de
control de reparación directa en contra de la Nación – Rama Judicial
por el presunto error jurisdiccional en que incurrieron las Salas
Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura
de Cundinamarca y del Consejo Superior de la Judicatura en las
providencias proferidas el 2 de septiembre de 2005 y el 27 de
septiembre de 2006.

El proceso bajo el número de radicado 25000232600020080022600 le
correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que,
mediante sentencia del 28 de octubre de 2011, negó las pretensiones
de la demanda.

Contra dicha decisión la parte demandante interpuso recurso de
apelación, el cual fue resuelto por la Subsección B de la Sección

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Tercera del Consejo de Estado que, a través de providencia del 11 de
octubre de 2021, revocó la decisión de primera instancia y en su lugar
declaró la responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial de la Rama Judicial por los daños ocasionados en razón del
error judicial en el que incurrió, en consecuencia, ordenó el pago a
favor del afectado de los perjuicios materiales y morales causados.

2. PRETENSIONES

La parte accionante solicita lo siguiente:

«1. Se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, a la
defensa, a la contradicción y a la igualdad al condenarse de forma
arbitraria a la Rama Judicial, dentro del expediente de reparación
directa No. 25000232600020080022601 en el que actúan como
demandantes el señor Fernando Augusto Trebilcock Barvo, y
demandada la Nación – Rama Judicial.

2. Se deje sin valor y efecto la sentencia de fecha 11 de octubre de
2021, dentro del proceso de reparación directa No.
25000232600020080022601 en el que actúan como demandantes el
señor Fernando Augusto Trebilcock Barvo.

3. En su defecto en caso de no considerarse lo anterior, se deje sin
valor y efecto lo ordenado en el numeral cuarto de la parte resolutiva
de la sentencia de fecha 11 de octubre de 2021, dentro del proceso de
reparación directa No. 25000232600020080022601 en el que actúan
como demandantes el señor Fernando Augusto Trebilcock Barvo; y se
sirva ordenar, a la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de
Estado proferir un nuevo fallo en el que se deje sin efectos lo ordenado
en el numeral cuarto de la parte resolutiva de la referida providencia»
sic en toda la cita.

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3. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

Sostiene la parte accionante que la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado con la expedición de la sentencia del
11 de octubre de 2021, incurrió en:

• Defecto sustantivo: pues se omitió considerar que uno de los
requisitos previstos en el artículo 67 de la Ley 270 de 1996 para
que se depreque el error judicial es que la providencia respecto de
la cual se alega se encuentre en firme, lo cual no ocurrió en el caso,
porque a través de sentencia de tutela del 31 de julio de 2007 se
dejó sin efectos la decisión judicial cuestionada y el 15 de agosto de
2007 se canceló la anotación de la sanción impuesta al señor
Fernando Augusto Trebilcock Barvo en el Registro Nacional de
Abogados.

• Desconocimiento del precedente: por cuanto no se tuvo en
cuenta la jurisprudencia sobre el principio de congruencia de las
decisiones judiciales en el sentido que la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado al ordenarle al Consejo Superior de
la Judicatura emitir dentro del mes siguiente a la ejecutoria un
comunicado en el cual informara que fue anulada la sanción
disciplinaria contra Fernando Augusto Trebilcock Barvo y le
ofreciera disculpas por el daño antijurídico que padeció incurrió en
una decisión extra petita, porque esa pretensión no fue formulada
en la demanda de tal manera que no pudo defenderse en relación

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con esta condena. Al efecto mencionó la sentencia T-455 de 2016
expedida por la Corte Constitucional sobre el principio de
congruencia como garantía del derecho al debido proceso.

4. TRÁMITE PROCESAL

Mediante auto del 16 junio de 2022, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado admitió la acción de tutela de la
referencia y ordenó notificar a la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, como accionado, al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y al señor Fernando Augusto Trebilcock Barvo, como
terceros interesados en las resultas del proceso, para que ejercieran
su derecho de defensa.

Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado para que, de considerarlo necesario, interviniera en el
presente asunto.

5. INTERVENCIONES

5.1. El consejero ponente de la decisión cuestionada proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
manifestó que no participaría en el presente trámite ni como parte, ni
como tercero interesado y que acataría las disposiciones que se
adoptaran en este.

5.2. El señor Fernando A. Trebilcock Barvo solicitó que se

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rechazara la tutela por falta del requisito de inmediatez en el
entendido que el fallo reprochado fue notificado el 10 de noviembre
de 2021 y la acción solo se interpuso hasta el 16 de mayo de 2022.
Además, adujo que no había lugar a acceder al amparo pedido
porque, en todo caso, la sentencia cuestionada no vulneró los
derechos invocados por la parte accionante en el sentido que en el
proceso contencioso se demostró el daño causado y con ello los
perjuicios extrapatrimoniales a los que fue condenada la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial.

II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución
Política:

«Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces,
en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los
casos que señala este decreto».1

1 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.

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Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales, por la acción u omisión
de las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y
excepcionales.

2. PROBLEMA JURÍDICO

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Decisión que el
problema jurídico se circunscribe a responder si:

• ¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos
generales de procedibilidad?

De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá si:

• ¿La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
al expedir la sentencia del 11 de octubre de 2021, incurrió en
un defecto material o sustantivo y en un desconocimiento del
precedente, por consiguiente, vulneró los derechos
fundamentales invocados en protección por la parte accionante?

Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) la acción de tutela contra las providencias judiciales, ii) los
requisitos generales de procedibilidad, iii) el defecto material o
sustantivo, el desconocimiento del precedente y iv) el caso concreto.

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3. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL APLICABLE AL
CASO

3.1. LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente2 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación3, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello,
atendiendo a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, sin importar su linaje, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda
los límites que la carta le impone.

Ahora bien, al ser la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el
ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de

2
Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
3
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-
03-15-000-2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth
García González.

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procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan, son subsanables en el
contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara
después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos
generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el
delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la
autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la
necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos
constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son:

i. Que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente
relevancia constitucional. Sobre este punto, corresponde al juez
de tutela, señalar de forma clara y precisa las razones por las
cuales el asunto a resolver tiene tal entidad que afecta derechos
fundamentales de alguna de las partes.

ii. Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se
encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro
está, que se busque evitar un perjuicio irremediable.

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iii. Que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez. Esto significa que el término de interposición de la
tutela sea “razonable y proporcionado” entre el momento en
que se presentó la presunta vulneración y el tiempo de
presentación de la acción de tutela. Lo anterior, con el fin de
velar por los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.

iv. Que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia
que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la
parte actora. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en
la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los
casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como
crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se
genera independientemente de la incidencia que tengan en el
litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

v. Identificación de la situación fáctica que devino en la
vulneración de derechos: que quien acciona identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible.

vi. Que no se trate sentencias de tutela.

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3.2. DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO

De conformidad con la jurisprudencia constitucional4, el defecto
material o sustantivo se origina en primer momento cuando la
autoridad judicial, ya sea juez o tribunal que dicta sentencia,
fundamenta su decisión en normas que son inexistentes o
inconstitucionales5, es decir, se da en los casos en que la autoridad
judicial se basa en, “(i) una norma no aplicable al caso, ya sea,
porque la norma,(a) no es pertinente de aplicación, (b) se empleó
cuando fue derogada y como consecuencia perdió su vigencia, (c) es
inexistente, (d) ha sido declarada contraria a la Constitución, (e) está
vigente y es constitucional pero no se adecua a la situación fáctica a
la cual se aplicó, (ii) su interpretación no se encuentra dentro del
margen de interpretación razonable o es errada, (iii) no se da
aplicación a las sentencias con efecto Erga Omnes, que son aquellas
de aplicación general, (iv) la norma aplicada se torna
injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución, y
finalmente, (v) cuando un poder concedido al juez por el
ordenamiento jurídico se utiliza para un fin no previsto en la
disposición”6.

En segundo momento, el defecto material o sustantivo se origina
cuando en la estructura de la sentencia, se presenta una contradicción

4
Véase: Sentencias SU-647 de 2017, SU-072 de 2018, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017,
SU-567 de 2015, entre otras.
5
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
6
Corte Constitucional. Sentencia SU-416 de 2015. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.

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evidente y grosera entre la decisión y los fundamentos que la
explican. En este orden de ideas, se produce cuando la decisión “(vi)
se funda en una hermenéutica no sistémica de la norma, es decir, con
omisión del análisis de otras disposiciones que regulan el caso, (vii)
cuando desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso en
concreto,(viii) no se encuentra debidamente justificada y por ende
afecta derechos fundamentales (ix) cuando sin un mínimo de
argumentación se desconoce el precedente judicial, (x) y cuando el
juez no aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a una
manifiesta violación de la Constitución”7. Este defecto, se presenta
ante situaciones excepcionales, por lo que se debe demostrar que la
decisión judicial es irrazonable, desproporcionada, arbitraria o
caprichosa, pues de no ser así, la acción de tutela resultaría
improcedente8.

3.3. DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE

En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el
principio de igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no
solamente la igualdad ante la ley sino también la igualdad de
protección y trato por parte de las autoridades y específicamente la
igualdad en la interpretación y aplicación de la ley por parte de las
autoridades judiciales, preservándose de esta manera la seguridad

7
Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
8
Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. Magistrada Ponente: Cristina Pardo
Schlesinger.

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jurídica y con ella la certeza en los jueces van a decidir los casos
iguales de la misma forma9.

En ese sentido, el precedente judicial10 es la figura jurídica que sirve
como dispositivo de preservación de la confianza de la ciudadanía en
el ordenamiento, pues no solo hace previsibles las consecuencias
jurídicas de sus actos sino también materializa la igualdad en la
aplicación del derecho11.

En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha diferenciado lo que
constituye un antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto
sentido12. Por una parte, ha aclarado que antecedente es una decisión
de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o
no algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más
importante es que contiene algunos puntos de Derecho que guían al
juez para resolver el caso objeto de estudio y por tanto, tiene un
carácter orientador, lo que no significa que (a) no deba ser tenido en
cuenta por el juez al momento de fallar y (b) que lo exima del deber
de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios
de transparencia e igualdad”13.

9
Ver entre otras las sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de
2006, T-571 de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009.
10
En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado., la Corte Constitucional
precisó que precedente judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas,
anteriores a un caso determinado, que, por su pertinencia y semejanza en los problemas
jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al
momento de emitir un fallo”.
11
MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et
Praxis, 2012, vol. 18, no 1, p. 249-266.
12 Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
13
Sentencias T-830 de 2012 y T-714 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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Por otra parte, ha precisado que puede predicarse la existencia de un
precedente, cuando “(i) los hechos relevantes que definen el asunto
pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que
enmarcan un caso del pasado; (ii) la consecuencia jurídica aplicada a
los supuestos del caso pasado constituye la pretensión del caso
presente; y (iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una
distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para
su aplicación”14.

No obstante lo anterior, el sometimiento al precedente no puede
convertirse en una camisa de fuerza para el juzgador, por lo que la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que las autoridades
judiciales pueden apartarse válidamente de precedentes previos, bien
sean estos verticales u horizontales15, siempre y cuando cumplan con
(i) la carga de transparencia, de hacer referencia al precedente del
que se va a apartar, y (ii) la carga de argumentación que les
impone el deber de señalar una justificación razonable, seria,
suficiente y proporcionada, en la que manifiesten las razones por las
cuales se apartan de la regla jurisprudencial; elementos con los que,
en palabras de la misma Corte, se protegen el carácter dinámico del

14
Sentencia T-794 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
15
Se entiende por precedente vertical aquellas decisiones previas promulgadas por un
superior jerárquico y que resultan pertinentes para resolver el caso concreto, y por el
horizontal aquellas decisiones fijadas por una autoridad judicial de la misma jerarquía y que
resultan relevantes para resolver un caso concreto. Al respecto ver la Sentencias T- 589 de
2007.

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derecho y los principios de autonomía e independencia que
caracterizan la labor judicial16.

4. CASO CONCRETO

De conformidad con el marco normativo y jurisprudencial expuesto y
orientados por el primer problema jurídico planteado, la Sala de
Subsección evidencia de las pruebas obrantes en el plenario que:

(i) La pretensión de amparo constitucional es de marcada relevancia
constitucional, en la medida en que se contrae a establecer de
manera central si la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado con la providencia del 11 de octubre de 2021, incurrió en la
violación de los derechos de la parte accionante a la igualdad, debido
proceso, defensa y contradicción;

(ii) se agotaron todos los medios de defensa porque contra la
sentencia reprochada no procedía recurso alguno, sin embargo, como
se expondrá más adelante, en cuanto al desconocimiento del
precedente alegado la Sala considera que la parte accionante contaba
con el recurso extraordinario de revisión puesto que en este caso en
específico no se probó la existencia de un perjuicio irremediable que
relevara a la Sala de analizar este presupuesto de procedencia,

(iii) cumplió con el requisito de inmediatez toda vez que la

16
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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interposición de la acción se dio en un lapso «razonable y
proporcionado» por cuanto la providencia deprecada se profirió el 11
de octubre de 2021, quedó ejecutoriada el 22 de noviembre de 2021
y la tutela se presentó el 16 de mayo de 2022,

(iv) de encontrarse probado los defectos alegados estos tienen la
vocación de vulnerar las garantías fundamentales invocadas en
protección;

(v) se identificaron los hechos que sustentan la acción y los derechos
que se consideran vulnerados en razón a la actuación de la parte
accionada, motivo por el cual este requisito se encuentra cumplido, y

(vi) no se trata de una tutela contra tutela toda vez que la decisión
reprochada fue proferida por la jurisdicción contencioso administrativa
dentro de un proceso de reparación directa.

De acuerdo con lo expuesto, la acción de la referencia cumple con
todos los requisitos de la tutela contra providencia, de tal forma que a
continuación se resolverá el segundo problema jurídico propuesto.

A propósito se advierte que la decisión judicial reprochada fue
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado el 11 de octubre de 2021, en el trámite del recurso de
apelación interpuesto por el señor Fernando Augusto Trebilcock Barvo
en contra de la sentencia del 28 de octubre de 2011 expedida por la
Subsección C de Descongestión de la Sección Tercera del Tribunal

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Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la
demanda.

En la sentencia referida, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado decidió revocar el fallo apelado y en su lugar
acceder a las pretensiones del medio de control en los siguientes
términos:

«PRIMERO: DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial de la Rama Judicial por el daño
causado al demandante con el error judicial en el que incurrieron las
Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca y del Consejo Superior de la Judicatura
en las providencias proferidas el 2 de septiembre de 2005 y el 27 de
septiembre de 2006.

SEGUNDO: CONDÉNASE a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial de la Rama Judicial al pago de seis millones ciento seis mil
seiscientos setenta y cinco pesos ($6.106.675) por concepto de
perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, en favor de
Fernando Augusto Trebilcock Barvo.

TERCERO: CONDÉNASE a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial de la Rama Judicial al pago de 100 SMLMV por concepto de
perjuicios morales a favor de Fernando Augusto Trebilcock Barvo.

CUARTO: ORDÉNASE al Consejo Superior de la Judicatura a emitir,
dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta providencia, un
comunicado en el cual informe que fue anulada la sanción disciplinaria
contra Fernando Augusto Trebilcock Barvo y le ofrezca disculpas por el
daño antijurídico que padeció con ocasión del error judicial en el que
incurrió la Corporación, en los términos señalados en esta
providencia.

QUINTO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

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SEXTO: Sin condena en costas

[…]».

Al respecto la parte accionante aseguró que en la decisión referida se
configuró (i) un defecto sustantivo porque omitió dar aplicación al
artículo 67 de la Ley 270 de 1996 en cuanto estableció como un
presupuesto para que se deprecara el error judicial que la providencia
respecto de la cual se alega se encuentra en firme, situación que no
ocurrió en el caso porque dicho fallo se dejó sin efectos mediante
sentencia de tutela del 31 de julio de 2007 y (ii) un desconocimiento
del precedente judicial porque no tuvo en cuenta la jurisprudencia
sobre el principio de congruencia de las decisiones judiciales en el
entendido que le ordenó que ofreciera disculpas públicas al
demandante aun cuando este no lo pidió.

Ahora bien, una vez analizada la sentencia del 11 de octubre de 2021
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, la Sala de Decisión advierte que el defecto sustantivo no se
configuró, pues los fallos disciplinarios controvertidos si bien fueron
anulados mediante sentencia de tutela del 31 de julio de 2007, lo
cierto es que si cobraron fuerza ejecutoria, tanto es así que la sanción
impuesta17 al señor Fernando Augusto Trebilock Barvo para ejercer

17
El señor Fernando Augusto Trebilock Barvo fue sancionado por la presentación de 5 tutelas
las cuales, al parecer del Consejo Superior de la Judicatura, debieron acumularse, sin
embargo, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado encontró acreditado
«que si bien había identidad en la parte demandada, en los hechos y pretensiones que
fundamentaban la acción, no existía identidad en la parte demandante de las diferentes
acciones de tutela presentadas. En cada tutela se pretendía la defensa de un derecho

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como abogado tuvo efectos desde el 26 de enero de 200718, momento
en que entró en vigencia, hasta el 15 de agosto de 200719, cuando se
eliminó la anotación en el Registro Nacional de Abogados, periodo que
tuvo en cuenta la autoridad judicial accionada al momento de ordenar
el pago del lucro cesante.

En ese sentido, no se puede alegar que se omitió dar aplicación o se
infringió el artículo 67 de la Ley 270 de 1996, porque quedó en
evidencia que los fallos cuestionados en el proceso de reparación
directa respecto de los cuales se encontró acreditado el error judicial
quedaron en firme y ejecutoriados, tanto es así que la sanción
ordenada se hizo efectiva.

Por otra parte, en relación con el desconocimiento del precedente,
la Sala de Decisión considera que la tutela es improcedente por falta
del requisito de subsidiariedad en el entendido que tratándose de la
violación del principio de congruencia alegado por la parte accionante
esta contaba con el recurso extraordinario de revisión contra el fallo
reprochado bajo la causal de nulidad originada en la sentencia.

distinto, razón por la cual la conducta desarrollada por el abogado demandante no era la
prevista como sancionable en la ley. No se trataba entonces de que el abogado no pudiera
ser sancionado porque <<no se acreditó que no hubiese incurrido en la conducta
sancionable>>; no podía ser sancionado porque estaba plenamente probado que la
actuación que desarrolló no era la prevista como tal en el artículo 38 del Decreto 2591 de
1991, sino que se trató de una conducta que lícitamente puede realizar cualquier profesional
del derecho».
18
Según informe suscrito por el director de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y de
Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, obrante a fls. 124-126, C.3,
pruebas del expediente contencioso administrativo.
19
Fl.407, C.4., pruebas del expediente contencioso adminsitrativo.

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Lo anterior, teniendo en cuenta que en el sub examine no se probó la
existencia de un perjuicio irremediable que relevara a la Sala de
analizar este presupuesto de procedencia como ha sucedido en casos
anteriores.

Como consecuencia de lo expuesto, la Sala negará el amparo
solicitado por la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial en relación con el defecto sustantivo y
declarará su improcedencia respecto al desconocimiento del
precedente.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

IV. FALLA

PRIMERO.- NEGAR el amparo solicitado a través de la acción de
tutela presentada por la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial en contra de la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado respecto al defecto sustantivo alegado,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.

SEGUNDO.- DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado a
través de la acción de tutela presentada por la Nación – Rama Judicial

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– Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en contra de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado respecto al
desconocimiento del precedente, de acuerdo con los argumentos
manifestados en las consideraciones de este fallo.

TERCERO.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30
del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.

CUARTO.- De no ser impugnada la decisión, REMÍTASE el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

QUINTO.- REGÍSTRASE la providencia en la plataforma SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
de la fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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