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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02681-01

Fecha
16 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02681-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 14 de julio de 2022 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 29 Núm. único de radicación: 110010315000202202681-01 Actora: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-02681-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

16 de septiembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202202681-01
Actora: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Demandado: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado

Temas: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del
requisito general de subsidiariedad

Defecto sustantivo por falta de aplicación de normas jurídicas/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso e ii) igualdad

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de
tutela de 14 de julio de 2022 proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, por medio de la cual i) negó la solicitud de
amparo respecto del defecto sustantivo y ii) declaró la improcedencia de la acción
de tutela frente al desconocimiento del precedente.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.

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Núm. único de radicación: 110010315000202202681-01
Actora: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, a través de apoderada, presentó solicitud de tutela contra la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al
proferir la sentencia de 11 de octubre de 2021, en el proceso, en ejercicio de la
acción de reparación directa identificado con el número único de radicación
250002326000200800226-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados
supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que, el 11 de abril de 2003, el Juzgado 59 Civil Municipal de Bogotá
ordenó compulsar copias al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca
para que investigara “[…] la conducta del abogado FERNANDO AUGUSTO
TREBILCOCK BARVO […] por haber promovido otras acciones de tutela contra
la entidad accionada por los mismos hechos y derechos […]”.

4. Adujo que, la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca, mediante sentencia de 2 de septiembre de 2005, sancionó al
abogado con la suspensión por dos años en el ejercicio de su profesión, al
encontrarlo responsable de haber incurrido en la falta disciplinaria prevista en el
artículo 38 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19911.

5. Señaló que, el abogado apeló la decisión sancionatoria, recurso que fue
resuelto por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura que, mediante sentencia de 27 de septiembre de 2006, confirmó lo
resuelto en primera instancia; razón por la cual, el 26 de enero de 2007, la

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“por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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Núm. único de radicación: 110010315000202202681-01
Actora: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial

sanción impuesta fue inscrita en el Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de la Justicia.

6. Manifestó que, el 16 de enero de 2007, Fernando Augusto Trebilcock Barvo
presentó acción de tutela contra las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y del Consejo Superior de
la Judicatura, al considerar que los “[…] fallos disciplinarios […]” vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la honra, al buen nombre y al
trabajo.

7. Sostuvo que, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca, mediante sentencia de 29 de enero de 2007, negó
la acción de tutela, la cual fue objeto de impugnación.

8. Expresó que, la Sala de Conjueces de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura, mediante sentencia de 31 de julio de 2007,
revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, amparó el derecho
fundamental al debido proceso del demandante, dejó sin efectos las providencias
proferidas en el proceso disciplinario y ordenó la cancelación de la sanción
impuesta en el Registro Nacional de Abogados, último que se llevó a cabo el 15
de agosto de 2007.

9. Señaló que, el 20 de mayo de 2008, Fernando Augusto Trebilcock Barvo
presentó demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de la Rama Judicial con el fin de
que se declarara administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios
ocasionados por el error judicial en el que incurrieron las Salas Jurisdiccionales
Disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y del
Consejo Superior de la Judicatura, en el proceso disciplinario adelantado en su
contra.

10. Sostuvo que, la Subsección C de Descongestión de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 28 de octubre
de 2011, negó las pretensiones de la demanda.

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Actora: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial

Sentencia proferida el 11 de octubre de 2021 por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado dentro de la acción de reparación
directa identificada con el número único de radicación
250002326000200800226-01

11. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 11 de octubre de 2021, resolvió:

“[…] REVÓCASE la sentencia dictada el 28 de octubre de 2011 por la Subsección
C de Descongestión de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda para,
en su lugar, disponer:

PRIMERO: DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de la Rama Judicial por el daño causado al demandante con
el error judicial en el que incurrieron las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y del Consejo Superior de la
Judicatura en las providencias proferidas el 2 de septiembre de 2005 y el 27 de
septiembre de 2006.

SEGUNDO: CONDÉNASE a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de la
Rama Judicial al pago de seis millones ciento seis mil seiscientos setenta y cinco
pesos ($6.106.675) por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro
cesante, en favor de Fernando Augusto Trebilcock Barvo.

TERCERO: CONDÉNASE a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de la
Rama Judicial al pago de 100 SMLMV por concepto de perjuicios morales a favor
de Fernando Augusto Trebilcock Barvo.

CUARTO: ORDÉNASE al Consejo Superior de la Judicatura a emitir, dentro del
mes siguiente a la ejecutoria de esta providencia, un comunicado en el cual informe
que fue anulada la sanción disciplinaria contra Fernando Augusto Trebilcock Barvo
y le ofrezca disculpas por el daño antijurídico que padeció con ocasión del error
judicial en el que incurrió la Corporación, en los términos señalados en esta
providencia.

QUINTO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda […]”.

11.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela,
consagra los eventos en los cuales hay temeridad en el ejercicio de dicha acción
[…] La norma anterior es clara al exigir como presupuesto para la sanción que el
abogado haya interpuesto <<la misma tutela (...) respecto de los mismos hechos
y derechos >> […] Las providencias proferidas el 2 de septiembre de 2005 y el 27
de septiembre de 2006 por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y del Consejo Superior de la

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Judicial

Judicatura, respectivamente, incurrieron en error judicial porque le impusieron una
sanción al demandante estando acreditado que su conducta no se adecuaba
a la prevista en la ley. Violaron la regla de legalidad, conforme con la cual
nadie puede ser sancionado por una conducta que no está prevista como
sancionable en una disposición legal […]”.

[…]

“[…] El anterior fallo tuvo dos salvamentos de voto en los que los magistrados
Guillermo Bueno Miranda y Jorge Alonso Flechas Díaz manifestaron que
discrepaban de la decisión porque “(…) si bien los amparos constitucionales
constaban de los mismos hechos y las mismas pretensiones, no se puede predicar
que todas buscan que se protegiera el mismo bien” y que, además, los varios
accionantes “alegaron derechos personales que bien pudieron ejercer también
colectivamente pero en este caso con todo derecho optaron por hacerlo
individualmente, es decir que el investigado no incurrió en la falta descrita en el
Artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, por la cual fue sancionado (…)”.

8.2.4.- El fallo de tutela proferido el 31 de julio de 2007 por el Consejo Superior de
la Judicatura, que dejó sin efectos los fallos disciplinarios contentivos del error. El
juez de tutela consideró que “(…) la decisión de acumular o no acumular
pretensiones es inequívocamente facultativa para cada poderdante, pues
ninguno de los ciudadanos que se consideraron lesionados por la actuación
de la Alcaldía Local estaba obligado a convenir con otro u otros una defensa
colectiva (…); señaló que “(…) está comprobado que se presentaron varias
demandas (cinco en total) con fundamento en la actuación de una oficina
administrativa, al paso que resulta probado igualmente que los accionantes son
personas diferentes, con derechos personales individualizados (…) Asimismo,
el abogado accionante se reduce a explicar que su experiencia y su estrategia
profesional al servicio de los poderdantes le aconsejaron no hacer uso de la
posibilidad de acumular todas las pretensiones individuales en el mismo libelo (…)
las explicaciones mencionadas deben tenerse como motivo justificativo, si alguien
persiste en afirmar que se trata de una caso de temeridad profesional (…)”.

8.3.- En consecuencia, está probado el error judicial alegado por el demandante
pues, si bien había identidad en la parte demandada, en los hechos y pretensiones
que fundamentaban la acción, no existía identidad en la parte demandante de
las diferentes acciones de tutela presentadas. En cada tutela se pretendía la
defensa de un derecho distinto, razón por la cual la conducta desarrollada por el
abogado demandante no era la prevista como sancionable en la ley. No se trataba
entonces de que el abogado no pudiera ser sancionado porque <<no se acreditó
que no hubiese incurrido en la conducta sancionable >>; no podía ser sancionado
porque estaba plenamente probado que la actuación que desarrolló no era la
prevista como tal en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, sino que se trató
de una conducta que lícitamente puede realizar cualquier profesional del
derecho […]”.

[…]

“[…] Al referirse a las características que debe reunir el error judicial, la Corte dice
<< […] la situación descrita no puede corresponder a una simple
equivocación o desacierto derivado de la libre interpretación jurídica de la
que es titular todo administrador de justicia, Por el contrario, la comisión del
error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de una actuación subjetiva,
caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso, que
demuestre, sin ningún asomo de duda, que se ha desconocido el principio de

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Actora: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial

que al juez le corresponde pronunciarse judicialmente de acuerdo con la
naturaleza misma del proceso y las pruebas aportadas - según los criterios
que establezca la ley-, y no de conformidad con su propio arbitrio. En otras
palabras, considera esta Corporación que el error jurisdiccional debe enmarcarse
dentro de los mismos presupuestos que la jurisprudencia, a propósito de la revisión
de las acciones de tutela, ha definido como una “vía de hecho” >>2 […]”.

[…]

“[…] está acreditado que la providencia en que el Consejo Superior de la Judicatura
sancionó al abogado demandante fue considerada como una vía de hecho en una
acción de tutela, esto es, fue calificada como una providencia en la que de manera
grosera y arbitraria se desconoce el derecho aplicable. Y esa arbitrariedad es
evidente porque no se consideraron los argumentos del abogado en el
recurso, las advertencias de los magistrados que salvaron el voto, ni las
sentencias de la Corte Constitucional […] Podría considerarse entonces que la
responsabilidad por error judicial en este caso está estructurada porque se
evidenció la existencia de una falla grave y caracterizada del servicio y la prueba
de ese presupuesto es lo que determina la existencia de la obligación patrimonial
de responder.

10.2.- El anterior presupuesto, sin embargo, no es el exigido por el artículo 90 de la
Constitución Política; y, como se advierte en la segunda transcripción, una norma
de inferior categoría o una consideración de la Corte en una sentencia no pueden
modificarlo. A la luz de esa norma y de lo dispuesto en el articulo (sic) 67 de la
Ley Estatutaria de Administración de Justicia, la responsabilidad del Estado
se estructura cuando el afectado con el error ha interpuesto los recursos
procedentes y cuando la providencia está en firme. Ni la norma constitucional,
ni la legal exigen la configuración de una falla en el servicio, entendida como una
conducta arbitraria que no puede esperarse de un juez, ni mucho menos exigen
que se trate de una grave falla en el servicio que es lo que se deduce de las
consideraciones de la Corte […]”.

[…]

“[…] El error se configura con la simple prueba de que se impuso una sanción
por una conducta no prevista en la norma y el derecho a la reparación nace
de constatar que ese error genera un daño antijurídico al demandante: un
daño particular, grave, e injustificado que no está obligado a soportar […]”.
(Resaltado por la Sala)

La solicitud de tutela

Pretensiones

12. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 1. Se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a
la contradicción y a la igualdad al condenarse de forma arbitraria a la Rama
Judicial, dentro del expediente de reparación directa No.

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Cita del texto original: “Corte Constitucional, sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa”.

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Actora: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial

25000232600020080022601 en el que actúan como demandantes el señor
Fernando Augusto Trebilcock Barvo, y demandada la Nación – Rama Judicial.

2. Se deje sin valor y efecto la sentencia de fecha 11 de octubre de 2021, dentro del
proceso de reparación directa No. 25000232600020080022601 en el que actúan
como demandantes el señor Fernando Augusto Trebilcock Barvo.

3. En su defecto en caso de no considerarse lo anterior, se deje sin valor y efecto lo
ordenado en el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de fecha 11 de
octubre de 2021, dentro del proceso de reparación directa No.
25000232600020080022601 en el que actúan como demandantes el señor
Fernando Augusto Trebilcock Barvo; y se sirva ordenar, a la Sección Tercera,
Subsección “B” del Consejo de Estado proferir un nuevo fallo en el que se deje sin
efectos lo ordenado en el numeral cuarto de la parte resolutiva de la referida
providencia […]”.

13. La actora señaló que, a su juicio, la autoridad judicial demandada incurrió en
un defecto sustantivo por falta de aplicación de una norma jurídica, el cual
sustentó en los siguientes términos:

“[…] Se genera entonces un ambiente de seguridad jurídica en cuanto a la definición
y presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado por error
jurisdiccional, siendo esta la que ofrece la Ley estatutaria de la administración de
justicia (Ley 270 de 1996) en un claro desarrollo de la cláusula general de
responsabilidad del Estado del artículo 90 de nuestra C.P; interpretada por demás de
forma homogénea y uniforme por parte de la jurisprudencia del Consejo de Estado
[…]”.

[…]

“[…] En efecto, el artículo 67 Ibid. dispuso como presupuestos indispensables,
taxativos y sine qua non del error jurisdiccional que: 1) el afectado hubiese
interpuesto los recursos legalmente procedentes 2. y que la providencia contentiva
del error y, en consecuencia, contraria a la ley, estuviese en firme […]”.

[…]

“[…] Efectivamente, aun cuando una decisión judicial resulte equivocada, sí ésta aún
puede ser revocada o modificada, el daño no resultaría cierto, pues el error no
produciría efectos jurídicos y, además, podría superarse con la intervención del
superior funcional […]”.

[…]

“[…] En conclusión cuando una decisión judicial resulte equivocada, si esta
todavía puede ser revocada o modificada, el daño no resultaría cierto, ya que el
error NO produciría efectos jurídicos y, además, podría superarse con la
intervención del superior funcional tal y como ocurrió en el caso sub-lite […]
Por tanto, resulta acertado concluir que el daño es incierto cuando la decisión
reprochada no ha quedado en firme, pues si esta llegara a contener un yerro, el
superior tiene la posibilidad de subsanarlo y el interesado puede procurar la
salvaguarda de sus derechos mediante la interposición de los recursos ordinarios.

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Actora: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
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Ahora bien, descendiendo al sub judice, se demostró con claridad que las
providencias proferidas en el proceso de responsabilidad extracontractual o,
catalogadas en la demanda como constitutivas de error judicial, fueron revocadas
en sede de tutela de manera que al presentarse esta circunstancia no se cumple
con el requisito en mención […]”. (Resaltado por la Sala)

14. Para tal efecto, la actora transcribió apartes de las siguientes sentencias, en
las cuales, a su juicio, se advierte que dentro de “[…] las condiciones necesarias
para estructurar el error jurisdiccional, como requisito si ne quan non, este debe
estar contenido en una providencia judicial que se encuentre en firme […]”:

• “[…] Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección
Tercera, Sentencia de abril 27 de 2006, Radicado: 14837, M.P Alier Eduardo
Hernández Enríquez […]”.

• “[…] Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección
Tercera, Sentencia de 21 de noviembre de 2017, Radicado:
76001233100020020178501 (39515) M.P: Jaime Orlando Santofimio […]”.

• “[…] CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA, Sentencia del 23 de octubre de 2017,
Radicación: 25000232600020010179801, MP.: Stella Conto Díaz del Castillo […]”.

• “[…] Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección
Tercera, Sentencia del 19 de febrero de 2021 Radicación:
250002326000201101203 01 (49182) M.P: María Adriana Marín […]”.

• “[…] Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección
Tercera, Sentencia del 11 de octubre de 2021, Radicación: 76001-23-31-000-2012-
00467- 01 M.P: José Roberto Sáchica Méndez […]”.

• “[…] Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección
Tercera, Sentencia del 10 de septiembre 2021, Radicación: 13001-23-31-000-
2011- 00212-01(53636) M.P: José Roberto Sáchica Méndez […]”.

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15. Igualmente, la actora adujo que, a su juicio, la autoridad judicial
demandada desconoció el principio de congruencia, toda vez que:

“[…] por otra parte el fallo de fecha sentencia de fecha 11 de octubre de 2021, hace
un reconocimiento extra petita de un perjuicio de carácter no pecuniario (pues esto
no fue solicitado en el libelo demandatorio) […] las sentencias judiciales siempre
deben atender la congruencia y la legalidad, es decir, ser coherentes con lo
pretendido y probado, porque lo que debe resarcirse es la consecuencia o
resultado del daño antijurídico y no el hecho que lo produce […]”.

[…]

“[…] el principio de congruencia en la decisión judicial se erige como una verdadera
garantía del derecho fundamental al debido proceso a las partes en el proceso
judicial, en el sentido que al juez de la causa solo (sic) le resulta permitido emitir
pronunciamiento con base en lo pretendido, lo probado y lo excepcionado dentro
del mismo, sin que sea dable dictar sentencias por fuera (extra) o por más (ultra)
de lo pedido (petita), y en caso de omitir pronunciarse sobre solicitado como
pretensión tiene el deber de explicar de forma clara las razones de tal omisión.

Para el caso en concreto, se advierte que el Consejo de Estado, Sección Tercera
Subsección “B” motivó su sentencia de segunda instancia bajo unos supuestos que
no fueron alegados en la demanda puesto que como ya mencionó en líneas
anteriores la aquí demandante NO solicitó medida restaurativa alguna por
afectación a bienes o derechos constitucional o convencionalmente afectados y,
por ende, frente a tal medida ordenada de oficio no se ejerció el derecho de
contradicción y defensa por parte de la Rama Judicial, y no se encuentran
acreditado ese daño en forma alguna […]”.

Actuación

16. El Despacho sustanciador de la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante auto de 16 de junio de 2022; i) admitió la acción de
tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado; y iii) vinculó como terceros con interés legítimo al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al señor Fernando Augusto Trebilcock
Barvo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre
el particular.

Intervenciones de la parte demandada y de los terceros con interés legítimo

17. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
consideró que:

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“[…] En el referido auto se me requiere para que rinda informe sobre los hechos
objeto de la solicitud de amparo.

Con todo respeto me permito manifestar que no participaré en la acción de tutela
de la referencia como parte ni como tercero y acataré estrictamente las
disposiciones que se adopten en ella […]”.

18. El señor Fernando Augusto Trebilcock Barvo solicitó se “[…] disponga el
RECHAZO IN LIMINE de la presente actuación tutelar impetrada por LA NACIÓN
– RAMA JUDICIAL, por ser manifiestamente EXTEMPORANEA; (sic) o en su
defecto, de manera SUBSIDIARIA, comedidamente se solicita a su señoría se
disponga DENEGAR tan INFUNDADA, TEMERARIA y de MALA FE acción de
tutela impetrada por LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL por carecer de toda razón,
fundamento, o prueba […]”.

18.1. Al respecto, señaló que:

“[…] su señoría, revisando el libelo introductorio de DEMANDA, surge manifiesto lo
CARENTE DE LA IMNEDIATEZ (sic) que impone la Ley, como que, además,
deviene en manifiestamente FALAZ el supuesto factico (sic) sobre el cual, la aquí
accionante, pretende invocar para haber impetrado tan especialísimo mecanismos
constitucional de amparo tutelar, en MANIFIESTO INCUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS QUE EXIGE LA LEY y la JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL,
que merece su TOTAL RECHAZO, por lo manifiestamente INFUNDADO,
INENTENDIBLE, e INEXCUSABLE, constituyendo, de por sí, un lamentable
exabrupto jurídico que brilla por lo GROSERO DEL CUMULO (sic) DE YERROS
JURIDICOS (sic) EN QUE INCURRE, que impone, por su CARENCIA
ARGUMENTATIVA SUFICIENTE […]”.

[…]

“[…] Ahora, y si en gracia de discusión jurídica, se hiciese a un lado la
MANIFIESTA EXTEMPORANEIDAD anteriormente advertida, se tendría su señoría
que, la aquí accionante, pretende afincar el mecanismo tutelar, sobre dos (2)
elucubraciones centrales, las cuales, además de NO SER CIERTOS, se ciernen en
IRREALES, y se erigen en MANIFIESTAMENTE INFUNDADOS […]”.

19. La Subsección C de Descongestión de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca remitió el expediente de la acción de reparación
directa objeto de debate.

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Judicial

La sentencia impugnada

20. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 14 de julio de 2022, resolvió:

“[…] PRIMERO.- NEGAR el amparo solicitado a través de la acción de tutela
presentada por la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial en contra de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
respecto al defecto sustantivo alegado, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.

SEGUNDO.- DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado a través de la
acción de tutela presentada por la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial en contra de la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado respecto al desconocimiento del precedente, de acuerdo con los
argumentos manifestados en las consideraciones de este fallo […]”.

20.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] Al respecto la parte accionante aseguró que en la decisión referida se
configuró (i) un defecto sustantivo porque omitió dar aplicación al artículo 67 de la
Ley 270 de 1996 en cuanto estableció como un presupuesto para que se deprecara
el error judicial que la providencia respecto de la cual se alega se encuentra en
firme, situación que no ocurrió en el caso porque dicho fallo se dejó sin efectos
mediante sentencia de tutela del 31 de julio de 2007 y (ii) un desconocimiento del
precedente judicial porque no tuvo en cuenta la jurisprudencia sobre el principio de
congruencia de las decisiones judiciales en el entendido que le ordenó que
ofreciera disculpas públicas al demandante aun cuando este no lo pidió.

Ahora bien, una vez analizada la sentencia del 11 de octubre de 2021 proferida por
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la Sala de Decisión
advierte que el defecto sustantivo no se configuró, pues los fallos disciplinarios
controvertidos si bien fueron anulados mediante sentencia de tutela del 31 de julio
de 2007, lo cierto es que si cobraron fuerza ejecutoria, tanto es así que la sanción
impuesta al señor Fernando Augusto Trebilock Barvo para ejercer como abogado
tuvo efectos desde el 26 de enero de 2007, momento en que entró en vigencia,
hasta el 15 de agosto de 2007, cuando se eliminó la anotación en el Registro
Nacional de Abogados, periodo que tuvo en cuenta la autoridad judicial accionada
al momento de ordenar el pago del lucro cesante.

En ese sentido, no se puede alegar que se omitió dar aplicación o se infringió el
artículo 67 de la Ley 270 de 1996, porque quedó en evidencia que los fallos
cuestionados en el proceso de reparación directa respecto de los cuales se
encontró acreditado el error judicial quedaron en firme y ejecutoriados, tanto es así
que la sanción ordenada se hizo efectiva.

Por otra parte, en relación con el desconocimiento del precedente, la Sala de
Decisión considera que la tutela es improcedente por falta del requisito de
subsidiariedad en el entendido que tratándose de la violación del principio de
congruencia alegado por la parte accionante esta contaba con el recurso

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extraordinario de revisión contra el fallo reprochado bajo la causal de nulidad
originada en la sentencia.

Lo anterior, teniendo en cuenta que en el sub examine no se probó la existencia de
un perjuicio irremediable que relevara a la Sala de analizar este presupuesto de
procedencia como ha sucedido en casos anteriores […]”. (Resaltado del texto
original)

La impugnación

21. La actora impugnó la sentencia proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado al considerar lo siguiente:

“[…] Sea lo primero precisar que en el fallo de tutela aquí impugnado realizó un
análisis superficial de los cargos formulados en la acción de tutela de la referencia
y su argumento central se dirigió, a aducir que no se cumplía con el requisito de
subsidiariedad.

Al respecto en primer lugar me permito resalta (sic) que este requisito si se cumple
con suficiencia puesto que En lo referente a la existencia de otro mecanismo de
defensa para controvertir la decisión que vulnera los derechos fundamentales de la
Nación – Rama Judicial, materializada en la sentencia de segundo grado, se
advierte que no se cuenta con otro medio de defensa judicial ordinario para el
efecto, por cuanto la providencia cuestionada resolvió el recurso de apelación
interpuesto.

Tampoco proceden en el caso concreto los recursos extraordinarios de revisión y
de unificación de jurisprudencia, por cuanto los argumentos de la presente acción
de tutela no corresponden a ninguna de las causales taxativas de revisión
consagradas por el legislador y se trata de una sentencia dictada por el Consejo de
Estado, como corporación de cierre contra la cual no procede el recurso de
unificación […]”.

[…]

“[…] En efecto, el artículo 67 Ibid. dispuso como presupuestos indispensables,
taxativos y sine qua non del error jurisdiccional que: 1) el afectado hubiese
interpuesto los recursos legalmente procedentes 2. y que la providencia contentiva
del error y, en consecuencia, contraria a la ley, estuviese en firme […]”.

[…]

“[…] Efectivamente, aun cuando una decisión judicial resulte equivocada, sí ésta aún
puede ser revocada o modificada, el daño no resultaría cierto, pues el error no
produciría efectos jurídicos y, además, podría superarse con la intervención del
superior funcional […]”.

[…]

“[…] por otra parte el fallo de fecha sentencia de fecha 11 de octubre de 2021, hace
un reconocimiento extra petita de un perjuicio de carácter no pecuniario (pues esto
no fue solicitado en el libelo demandatorio) […] las sentencias judiciales siempre

13

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deben atender la congruencia y la legalidad, es decir, ser coherentes con lo
pretendido y probado, porque lo que debe resarcirse es la consecuencia o
resultado del daño antijurídico y no el hecho que lo produce […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

22. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de
conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de
19913, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86
de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm.
333 de 6 de abril de 20214 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre
de 20185 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 6, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

23. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y
sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por
las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente
indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se
utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

24. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al proferir la

3
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
4
“Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
5
“[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
6
Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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sentencia de 11 de octubre de 2021, dentro de la acción de reparación directa
identificada con el número único de radicación 250002326000200800226-01,
incurrió en un defecto sustantivo por falta de aplicación de una norma
jurídica y en un defecto procedimental absoluto al desconocer el principio de
congruencia, lo que trajo como consecuencia que se declarara administrativa y
patrimonialmente responsable a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial por incurrir en un error jurisdiccional.

25. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de
tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento
de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto; iv) el defecto sustantivo por
falta de aplicación de norma jurídica; v) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental al debido proceso; vi) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental a la igualdad; vii) análisis del caso concreto, y finalmente
viii) las conclusiones de la Sala.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

26. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena7, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que
debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en
presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las
profiera - que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al
efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en
el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra.
María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.

15

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Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales

27. Esta Sección8 adoptó como parámetros a seguir los indicados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.

28. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta
acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la
relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa
judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se
trate de tutela contra tutela.

29. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590
de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos
especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha
considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia
autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”9.

30. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los
siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material
o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento
del precedente; y viii) violación directa de la Constitución.

31. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una

8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de
2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
9
Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

16

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providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole
de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”10 que encaje en dichos
parámetros.

32. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

33. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de
la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201411.

Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción
de tutela en el caso concreto

34. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional.

35. En el caso bajo examen la Sala examinará si la acción de tutela cumple
con los requisitos generales de procedibilidad, así:

36. En lo que concierne al requisito de relevancia constitucional, la Sala
considera lo siguiente:

10
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.

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36.1. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia
constitucional, comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos
fundamentales de la actora al debido proceso y a la igualdad.

36.2. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el
requisito de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela
contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la posible afectación de
los derechos fundamentales invocados supra, y además, ii) la actora cumplió con
la carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo por falta de
aplicación de normas jurídicas y en un defecto procedimental absoluto por
desconocer el principio de congruencia.

36.3. Para la Sala exigirle a la actora una carga argumentativa mínima se
justifica, toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica
principal de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales12, en el escenario
del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el
principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover
dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la
argumentación jurídica de la actora, que realmente el operador judicial profirió
una providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos
fundamentales.

36.4. La Sala precisa que, si bien la actora hizo referencia a unas sentencias
proferidas por el Consejo de Estado, lo cierto es que, al respecto, expresamente
no adujo la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial. Sin embargo, si en gracia de discusión se aceptara que esa
era su intención, la Sala no observa que la actora haya cumplido con la carga
argumentativa mínima requerida para tal efecto, en la medida en que se limitó a
hacer transcripciones de algunos apartes de dichas providencias, sin indicar
específicamente cuáles fueron las i) reglas y sub reglas jurisprudenciales que se

12
“Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las
actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá
el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”

18

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fijaron en las sentencias que mencionó en su escrito de tutela, y mucho menos
argumentó que las ii) situaciones fácticas y los iii) problemas jurídicos en dichos
casos eran análogos o similares.

37. Cumplió con el principio de inmediatez13;

38. Frente al requisito general de la subsidiariedad, la Sala advierte lo
siguiente:

38.1. En lo que concierne al defecto sustantivo por falta de aplicación de normas
jurídicas, se observa que no existen medios ordinarios y/o extraordinarios de
defensa judicial eficaces y eficientes con los cuales la actora pueda lograr la
protección de los derechos invocados.

38.2. Sin embargo, respecto al defecto procedimental absoluto por
desconocimiento del principio de congruencia, la Sala considera que no se
cumple con el requisito general de la subsidiariedad, toda vez que la actora
contaba con otro medio de defensa judicial para controvertir la sentencia
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que
es el recurso extraordinario de revisión.

38.3. En efecto, esta Sección14 al resolver un asunto en el que se discutía el
desconocimiento del principio de congruencia de la sentencia, señaló:

“[…] En efecto de acuerdo con la decisión adoptada por la Sala 22 Especial de
Revisión de esta Corporación15, y acogida por esta Corporación en posteriores
providencias16, el desconocimiento del principio de congruencia da lugar a la
nulidad originada en la sentencia, situación que se encuentra prevista como una
de las causales que hacen procedente el recurso extraordinario de revisión, en

13
Puesto que la sentencia de 11 de octubre de 2021 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado se notificó por edicto que se desfijó el 17 de noviembre de 2021, mientras que la tutela se
interpuso el 16 de mayo de 2022, es decir, se presentó antes de que transcurrieran (6) meses después de
notificada la providencia cuestionada.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1.° de febrero
de 2018, número único de radicación 11001 03 15 000 2017 03037 00, C.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 2 de febrero de
2016, número único de radicación: 11001-03-15-000-2015-02342-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 4 de octubre de
2017, número único de radicación: 11001-03-15-000-2017-02229-00(AC), C.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio.

19

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los términos del numeral 5º del artículo 250 del CPACA.

Señala la providencia en mención lo siguiente:

“[…] 2.6. Desconocimiento del principio de congruencia como causal de
nulidad de la sentencia

Dentro del contexto expuesto en el acápite anterior, la jurisprudencia de la Sala
Plena Contenciosa ha indicado que debe aceptarse que la causal 6ª del
artículo 188 del C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por nulidad
originada en la sentencia, se configura, entre otras razones, cuando al
demandado se le condena por cantidad superior, o por objeto distinto del
pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en la misma.

Circunstancia que también podría encuadrarse en la causal de falta de
competencia, en este caso, en cuanto el juez se pronuncia por fuera de los
límites impuestos en la causa petendi.

Ello significa que es procedente el recurso extraordinario de revisión contra
los fallos dictados por esta jurisdicción en segunda instancia o única, si se
alega el desconocimiento del principio de la congruencia, que en últimas
implica una actuación sin competencia […]”.

[…]

“[…] En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo expuesto,
que la causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del
CPACA -antes 6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la
sentencia, se puede configurar cuando el fallo objeto de revisión ha
desatendido la congruencia interna y/o la externa, pues, en uno y otro caso,
el fallador incurre en una clara violación del debido proceso, artículo 29
constitucional, dado que la providencia proferida en esos términos resulta
contraria a las formas propias de cada juicio, en específico, la falta de
competencia del juez para abordar asuntos frente a los cuales no se podía
pronunciar […]”. (Resaltado por la Sala)

38.4. En ese orden de ideas, la Sala encuentra que, con fundamento en la
jurisprudencia citada supra, existían en el caso sub examine otros mecanismos
de control judicial para garantizar la protección de los derechos de la actora,
como lo es el recurso extraordinario de revisión, previo al cumplimiento de los
requisitos legales, para controvertir lo decidido en la sentencia, respecto de la
presunta vulneración del principio de congruencia, antes de acudir a la
acción de tutela17.

17
Frente al incumplimiento del requisito de subsidiariedad dentro del marco de la acción de tutela contra
providencias judiciales cuando se alega un defecto procedimental por violación del principio de congruencia y
la parte actora cuenta con un mecanismo idóneo y eficaz para lograr la protección de sus derechos
fundamentales, como lo es el recurso extraordinario de revisión, ver: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de noviembre de 2018, C.P Hernando
Sánchez Sánchez, número único de radicación: 11001-03-15-000-2018-03664-00, Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de diciembre de 2018, C.P Hernando
Sánchez Sánchez, número único de radicación: 11001-03-15-000-2018-03870-00.

20

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38.5. Finalmente, la Sala advierte que en el presente caso no se evidencia la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela
como mecanismo transitorio. En efecto, del análisis del acervo probatorio no es
posible establecer que la actora se encuentra en una situación de debilidad
manifiesta que implique adoptar medidas urgentes, impostergables e inmediatas
para la protección de su derecho fundamental.

38.6. La Sala considera que la acción de tutela no es un mecanismo alternativo
para lograr la protección del derecho alegado, en atención a que se trata de un
mecanismo residual y subsidiario, es decir que solo procede cuando no existan
otros recursos o medios de defensa judicial que permitan proteger los intereses
de los afectados, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable que en el presente caso no se configuró.

39. La actora identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega; y

40. No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

Defecto sustantivo por falta de aplicación de norma jurídica

41. La Corte Constitucional ha identificado los eventos en que se configura el
defecto sustantivo:

“[…] En sentido amplio se está en presencia del vicio cuando la autoridad judicial
emplea una norma inaplicable al caso concreto, deja de aplicar la norma
adecuada, o interpreta las normas de tal manera que contraría la razonabilidad
jurídica18.

En estricto sentido, lo configuran los siguientes supuestos:

a. El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente19 o porque ha sido derogada20, es inexistente21,

18
Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 6 de marzo de 2002, T-295 de 31 de marzo de 2005 y T-743
de 24 de julio de 2008 todas con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, T-043 de 27 de
enero de 2005, T-657 de 10 de agosto de 2006 ambas con ponencia del magistrado Marco Gerardo Monroy
Cabra, Corte Constitucional, sentencia T-686 de 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, Corte
Constitucional, sentencias T-033 de 1 de febrero de 2010, y T-792 de 1 de octubre de 2010 ambas con
ponencia del Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
19
Corte Constitucional, sentencia T-189 de 3 de marzo de 2005, M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
20
Corte Constitucional, sentencia T-205 de 4 de marzo de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández
21
Corte Constitucional, sentencia T-800 de 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería

21

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inexequible22 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el
Legislador23.

b. No se hace una interpretación razonable de la norma24.

c. Cuando se aparta del alcance de la norma definido en sentencias con efectos
erga omnes25.

d. La disposición aplicada es regresiva26 o contraria a la Constitución27.

e. El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos
en la disposición28.

f. La Decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma29.

g. Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó
o justificó de manera insuficiente su actuación.

Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de
un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente […]”. (Resaltado por la Sala).

42. En ese orden de ideas, uno de los eventos de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales es cuando el juez incurre en un defecto
sustantivo por no haber aplicado la norma jurídica que servía como fundamento
para el sentido de la decisión judicial.

43. Respecto del defecto sustantivo, la Corte Constitucional30, ha precisado que
este se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente
inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una
interpretación que contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”
(Destacado de la Sala)31.

22
Corte Constitucional, sentencia T-522 de 18 de mayo de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
23
Corte Constitucional sentencia SU-159 de 6 de marzo de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
24
Corte Constitucional sentencias T-051 de 30 de enero de 2009, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-
1101 de 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
25
Corte Constitucional, sentencias T-462 de 5 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynnett, T-842 de
9 de agosto de2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis, y T-814 de 19 de octubre de 1999, M.P Antonio Barrera
Carbonell.
26
Corte Constitucional, sentencia T-018 de 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
27
Corte Constitucional, sentencia T-086 de 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
28
Corte Constitucional, sentencia T-231 de 13 de mayo de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
29
Sentencia T-807 de 26 de agosto de 2004, M.P. Clara Inés Vargas.
30
Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
31
Corte Constitucional, Sentencias SU-159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del 27
de enero de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31 de marzo de 2005, M.P. Manuel José
Cepeda Espinosa, T-657 del 10 de agosto de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31 de
agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 del 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa, T-033 del 1º de febrero de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1º de octubre 2010,
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, entre otras.

22

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Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso

44. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

45. Atendiendo a que, la Corte Constitucional32 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una
actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus
derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que
“[…] En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en
forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente,
respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de
aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus
derechos[…]” de manera que ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene
como propósito “[…] la defensa y preservación del valor material de la justicia, a
través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la
convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia
en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y
artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad

46. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

32
Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.

23

Núm. único de radicación: 110010315000202202681-01
Actora: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial

“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

47. Atendiendo a que la Corte Constitucional33 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de
igualdad ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.

Análisis del caso en concreto

48. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

49. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de

33
Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.

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decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.

Acervo y análisis probatorios

50. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

50.1. Copia en medio digital del expediente del proceso de la acción de
reparación directa identificado con el número único de radicación
250002326000200800226-01.

Solución del caso concreto

51. La actora señaló que, a su juicio, la autoridad judicial demandada incurrió
en un defecto sustantivo por falta de aplicación de una norma jurídica, el
cual sustentó en los siguientes términos:

“[…] Se genera entonces un ambiente de seguridad jurídica en cuanto a la definición
y presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado por error
jurisdiccional, siendo esta la que ofrece la Ley estatutaria de la administración de
justicia (Ley 270 de 1996) en un claro desarrollo de la cláusula general de
responsabilidad del Estado del artículo 90 de nuestra C.P; interpretada por demás de
forma homogénea y uniforme por parte de la jurisprudencia del Consejo de Estado
[…]”.

[…]

“[…] En efecto, el artículo 67 Ibid. dispuso como presupuestos indispensables,
taxativos y sine qua non del error jurisdiccional que: 1) el afectado hubiese
interpuesto los recursos legalmente procedentes 2. y que la providencia contentiva
del error y, en consecuencia, contraria a la ley, estuviese en firme […]”.

[…]

“[…] Efectivamente, aun cuando una decisión judicial resulte equivocada, sí ésta aún
puede ser revocada o modificada, el daño no resultaría cierto, pues el error no
produciría efectos jurídicos y, además, podría superarse con la intervención del
superior funcional […]”.

[…]

“[…] En conclusión cuando una decisión judicial resulte equivocada, si esta
todavía puede ser revocada o modificada, el daño no resultaría cierto, ya que el

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Judicial

error NO produciría efectos jurídicos y, además, podría superarse con la
intervención del superior funcional tal y como ocurrió en el caso sub-lite […]
Por tanto, resulta acertado concluir que el daño es incierto cuando la decisión
reprochada no ha quedado en firme, pues si esta llegara a contener un yerro, el
superior tiene la posibilidad de subsanarlo y el interesado puede procurar la
salvaguarda de sus derechos mediante la interposición de los recursos ordinarios.

Ahora bien, descendiendo al sub judice, se demostró con claridad que las
providencias proferidas en el proceso de responsabilidad extracontractual o,
catalogadas en la demanda como constitutivas de error judicial, fueron revocadas en
sede de tutela de manera que al presentarse esta circunstancia no se cumple con el
requisito en mención […]”. (Resaltado por la Sala)

52. La norma jurídica en cuestión establece, lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 67. PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL. El error
jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:

1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos
previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del
imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.

2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme […]”.

53. Para la Sala la autoridad judicial demandada no incurrió en defecto
sustantivo por falta de aplicación de una norma jurídica, toda vez que sí tuvo en
cuenta la disposición transcrita supra, tal como se evidencia a continuación:

“[…] Las providencias proferidas el 2 de septiembre de 2005 y el 27 de septiembre
de 2006 por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca y del Consejo Superior de la Judicatura,
respectivamente, incurrieron en error judicial porque le impusieron una sanción al
demandante estando acreditado que su conducta no se adecuaba a la prevista en
la ley. Violaron la regla de legalidad, conforme con la cual nadie puede ser
sancionado por una conducta que no está prevista como sancionable en una
disposición legal […]”.

[…]

“[…] En consecuencia, está probado el error judicial alegado por el demandante
pues, si bien había identidad en la parte demandada, en los hechos y pretensiones
que fundamentaban la acción, no existía identidad en la parte demandante de las
diferentes acciones de tutela presentadas. En cada tutela se pretendía la defensa
de un derecho distinto, razón por la cual la conducta desarrollada por el abogado
demandante no era la prevista como sancionable en la ley. No se trataba entonces
de que el abogado no pudiera ser sancionado porque <<no se acreditó que no
hubiese incurrido en la conducta sancionable >>; no podía ser sancionado porque
estaba plenamente probado que la actuación que desarrolló no era la prevista
como tal en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, sino que se trató de una
conducta que lícitamente puede realizar cualquier profesional del derecho […]”.

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Judicial

[…]

“[…] Al referirse a las características que debe reunir el error judicial, la Corte dice
<< […] la situación descrita no puede corresponder a una simple equivocación o
desacierto derivado de la libre interpretación jurídica de la que es titular todo
administrador de justicia, Por el contrario, la comisión del error jurisdiccional debe
enmarcarse dentro de una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y
flagrantemente violatoria del debido proceso, que demuestre, sin ningún asomo de
duda, que se ha desconocido el principio de que al juez le corresponde
pronunciarse judicialmente de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y las
pruebas aportadas - según los criterios que establezca la ley-, y no de conformidad
con su propio arbitrio. En otras palabras, considera esta Corporación que el error
jurisdiccional debe enmarcarse dentro de los mismos presupuestos que la
jurisprudencia, a propósito de la revisión de las acciones de tutela, ha definido
como una “vía de hecho” >>34 […]”.

[…]

“[…] está acreditado que la providencia en que el Consejo Superior de la Judicatura
sancionó al abogado demandante fue considerada como una vía de hecho en una
acción de tutela, esto es, fue calificada como una providencia en la que de manera
grosera y arbitraria se desconoce el derecho aplicable. Y esa arbitrariedad es
evidente porque no se consideraron los argumentos del abogado en el
recurso, las advertencias de los magistrados que salvaron el voto, ni las
sentencias de la Corte Constitucional […] Podría considerarse entonces que la
responsabilidad por error judicial en este caso está estructurada porque se
evidenció la existencia de una falla grave y caracterizada del servicio y la prueba
de ese presupuesto es lo que determina la existencia de la obligación patrimonial
de responder.

10.2.- El anterior presupuesto, sin embargo, no es el exigido por el artículo 90 de la
Constitución Política; y, como se advierte en la segunda transcripción, una norma
de inferior categoría o una consideración de la Corte en una sentencia no pueden
modificarlo. A la luz de esa norma y de lo dispuesto en el articulo (sic) 67 de la
Ley Estatutaria de Administración de Justicia, la responsabilidad del Estado
se estructura cuando el afectado con el error ha interpuesto los recursos
procedentes y cuando la providencia está en firme. Ni la norma constitucional,
ni la legal exigen la configuración de una falla en el servicio, entendida como una
conducta arbitraria que no puede esperarse de un juez, ni mucho menos exigen
que se trate de una grave falla en el servicio que es lo que se deduce de las
consideraciones de la Corte […]”.

[…]

“[…] El error se configura con la simple prueba de que se impuso una sanción
por una conducta no prevista en la norma y el derecho a la reparación nace
de constatar que ese error genera un daño antijurídico al demandante: un
daño particular, grave, e injustificado que no está obligado a soportar […]”.
(Resaltado por la Sala)

34
Cita del texto original: “Corte Constitucional, sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa”.

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54. En ese orden de ideas, la Sala considera que la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado no inaplicó el artículo 67 de la Ley 270 de
7 de marzo de 199635, pues como se advirtió supra, expresamente hizo mención
a dicha norma, frente a la cual concluyó que el error jurisdiccional se había
configurado con la prueba de que se impuso una sanción por una conducta no
prevista en la norma, providencia que tuvo efectos jurídicos, los cuales se
concretaron en la producción del daño antijurídico que sufrió el abogado
sancionado.

55. Al respecto, la Sala comparte las consideraciones del A quo al indicar que
“[…] el defecto sustantivo no se configuró, pues los fallos disciplinarios
controvertidos si bien fueron anulados mediante sentencia de tutela del 31 de
julio de 2007, lo cierto es que si cobraron fuerza ejecutoria, tanto es así que la
sanción impuesta al señor Fernando Augusto Trebilock Barvo para ejercer como
abogado tuvo efectos desde el 26 de enero de 2007, momento en que entró en
vigencia, hasta el 15 de agosto de 2007, cuando se eliminó la anotación en el
Registro Nacional de Abogados, periodo que tuvo en cuenta la autoridad judicial
accionada al momento de ordenar el pago del lucro cesante. En ese sentido, no
se puede alegar que se omitió dar aplicación o se infringió el artículo 67 de la Ley
270 de 1996, porque quedó en evidencia que los fallos cuestionados en el
proceso de reparación directa respecto de los cuales se encontró acreditado el
error judicial quedaron en firme y ejecutoriados, tanto es así que la sanción
ordenada se hizo efectiva […]”.

56. La Sala además advierte que, la autoridad judicial demandada no sólo se
fundamentó en dicha disposición, sino que, para tomar su decisión,
razonadamente tuvo en cuenta las particularidades propias del caso, las
consideraciones del abogado al interponer el recurso de apelación en el proceso
disciplinario, las “[…] advertencias de los magistrados que salvaron el voto […]” y
las sentencias que sobre el tema ha proferido la Corte Constitucional, como por
ejemplo, la sentencia C-037 de 1996.

35
“ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”.

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57. La Sala advierte que, el planteamiento realizado por la actora en el
presente asunto obedece a estar en desacuerdo con el análisis y con la decisión
que adoptó la autoridad judicial demandada y, en ese sentido, se evidencia el
descontento con la providencia objeto de censura que fue desfavorable a sus
intereses; sin embargo, esto no implica que la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado haya desconocido el artículo 67 de la Ley 270 de
7 de marzo de 1996, toda vez que como se advirtió sí tuvo en cuenta esa norma,
la cual, a juicio de la Sala, se aplicó de forma razonable.

58. En ese orden de ideas, la Sala considera que la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado no incurrió en el defecto sustantivo por
falta de aplicación de una norma jurídica.

Conclusiones de la Sala

59. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala confirmará la sentencia de tutela de 14 de julio
de 2022 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, frente a lo cual, la Sala precisa que, pese a que el A quo abordó el estudio
del desconocimiento del principio de congruencia bajo la causal de defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente y esta Sección lo hizo bajo la
causal de defecto procedimental absoluto, lo cierto es que en ambos supuestos se
concluye con la declaratoria de improcedencia de la solicitud de amparo por no
cumplir con el requisito general de la subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 14 de julio de 2022 proferida
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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Judicial

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley
núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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