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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02688-01

Improcedencia: inexistencia de carga argumentativa

Fecha
23 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02688-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 14 de julio de 2022 por la Sección Segunda Subsección A. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ejecutoriada esta providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-02688-01

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

23 de septiembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-02688-01

Actor: BERTHA VÉLEZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA Y OTROS

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA)

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Requisitos /
IMPROCEDENCIA – Inexistencia de carga argumentativa / SUBSIDIARIEDAD – No se
presentó recurso de apelación contra la decisión de primera instancia.

La Sala resuelve la impugnación interpuesta por la accionante contra la sentencia
proferida el 14 de julio de 20221 por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, por medio de la cual se declaró improcedente el amparo
solicitado.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

La señora Bertha Vélez, por conducto de apoderado, instauró demanda de tutela
en contra del Tribunal Administrativo del Cauca, el Juzgado Octavo Administrativo
de Popayán y la Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de
acceso a la administración de justicia y al “principio de favorabilidad”. La parte
tutelante elevó las siguientes pretensiones (trascripción literal):

1
El proceso entró para fallo de segunda instancia el 24 de agosto de 2022.

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02688-01
Actor: Bertha Vélez
Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca y Otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda
instancia)

Comedidamente solicito a usted señor juez de tutela, se sirva protegerle a mi
representada los derechos constitucionales al acceso a la Justicia, al debido
proceso, a la seguridad social integral y a la dignidad humana enunciados en los
fundamentos de derecho y en consecuencia, revocar las decisión adoptada por el
Tribunal Admistrativo de Cauca, Magistrado ponente DAVID FERNANDO
RAMIREZ FAJARDO en lo referente al porcentaje de la pensión la cual debe de
ser dada en un salario y medio del salario y no descontar los dineros dados por
concepto de indemnización, puesto que estos es una prestación social muy
diferente a la pensión de sobrevivientes, por lo tanto, son compatibles y su disfrute
no excluye una de otra. Y en su defecto dejar en firme la sentencia Nro. # 089 del
veintiséis (26) de mayo de dos mil veinte (2020) emanada del Juzgado octavo
Administrativo de Popayán – Cauca), que acogió las suplicas de mi representada
en todo su contexto a excepción de la pare final de la parte resolutiva de la sentencia
dada en su ordinal TERCERA que dijo: “Realizar el descuento del valor cancelado
exclusivamente a la señora BERTHA VÉLEZ, por concepto de Indemnización por
muerte, reconocido mediante Resolución n.° 76062 de 25 de abril de 2008, el cual,
deberá ser debidamente indexado.” Y en su defecto pagar dicha prestación sin este
descuento.

2. Los hechos

La accionate advirtió que su hijo, Víctor Hugo Sánchez Vélez, prestó sus servicios
como soldado regular en la compañía Fénix 4 del Batallón Domingo Rico.

Que el 2 de marzo de 2008, su superior lo envió al caserío de Piamonte – Cauca
para comprar algunos víveres; sin embargo, en el camino, el soldado Edwin Solarte
Mosquera, le disparó con su arma de dotación oficial, lo que le causó la muerte.

En virtud del anterior hecho, la señora Bertha Vélez solicitó la pensión de
sobreviviente, pero mediante Resolución número 1838-1 del 17 de junio de 2009
se le negó dicha petición.

Inconforme con ello, la accionante promovió una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional en busca de que se anulara el mencionado acto administrativo y que se
le reconociera la prestación económica respectiva.

El 26 de mayo de 2020, el Juzgado Octavo Administrativo de Popayán declaró la
nulidad del acto administrativo y le reconoció a la señora Vélez un salario y medio
mínimo legal mensual vigente como pensión de sobrevivientes, con fundamento en
lo dispuesto en la Ley 446 de 1998 y el Decreto 4433 de 2004, pero ordenó
descontar el valor que se le pagó por concepto de indemnización por muerte.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02688-01
Actor: Bertha Vélez
Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca y Otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda
instancia)

La referida sentencia fue apelada por la Nación -Ministerio de Defensa -Ejército
Nacional y el 17 de marzo de 2022, el Tribunal Administrativo del Cauca modificó
el numeral tercero para reconocerle a la señora Vélez una pensión de sobreviviente
en los términos del artículo 48 de la Ley 100 del 1993 y no la del Decreto 4433 de
2004, ordenando que la pensión en ningún caso fuera inferior al salario mínimo
legal mensual vigente.

3.- Fundamentos de la demanda de tutela

La parte actora señaló (se transcribe de forma literal, con posibles errores
incluidos):

7. El tribunal administrativo de Cauca fundamentó su sentencia en la aplicación de
las jurisprudencias de unificación que como se ha visto no son aplicables al caso
concreto toda vez que la muerte del soldado regular fue en vigencia de decreto
4433 de 2004 y aplicó para el caso que nos ocupa el régimen general de la ley 100
de 1.993, norma que es menos favorable a los intereses de mi apadrinada, ley 447
de 1998 y decreto 4433 de 2004.

8. La Corte Constitucional en sentencias reiterativas T-584 de 2011, T – 832 A DE
2013, T - 719 de 2014, T -953 de 2014, y T 566 de 2014, ha aceptado la condición
más beneficiosa con fundamento en los principios de racionabilidad Y
proporcionabilidad atendiendo los razonamientos de que no basta efectuar
reformas legislativas sucesivas para suprimir las expectativas legitimas ya que se
desconocería la necesidad de tomar en consideración aspectos como la proximidad
del cambio legislativo que vario los presupuestos del reconocimiento de la pensión
y del instante en que la persona adquiera definitivamente el derecho, la intensidad
del esfuerzo económico desplegado por el afiliado, entre otros elementos
indispensables para determinar una protección razonable y proporcionada de los
derechos eventuales. En igual medida La Corte Constitucional, ha sostenido en
relación con el artículo 53 de la carta política, que no existe restricción que indique
a la Corte Suprema De Justicia Sala de Casación Laboral que le permita limitar su
uso a la norma inmediatamente anterior, que este colegiado está desconociendo
que la aplicación fría de las reglas jurídicas, puede conducir a situaciones de
inequidad, en las cuales, una persona que realizó un gran esfuerzo por aportar al
sistema en contexto de desempleo e informalidad eventualmente puede quedarse
sin acceder a algún derecho pensional aun cuando el sistema ampara en
situaciones menos gravosas que incluso contribuyeron en menor medida a su
sostenibilidad.

La Corte Constitucional en relación al principio de la condición más beneficiosa, ha
manifestado, que no puede entenderse como un simple problema de sucesión
normativa que permita la aplicación ultractiva de la norma inmediatamente anterior
a las situaciones ocurridas en vigencia de la nueva norma, más allá de ello, lo que
en verdad sugiere dicho principio es la preservación de condiciones laborales en
este caso pensionales más favorables frente a cualquier cambio normativo posterior
que no tenga ninguna justificación razonada y razonable.

La Corte ha puntualizado, que la determinante para establecer si una norma resulta
aplicable a una situación particular ocurrida después de su vigencia, es establecer

3

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02688-01
Actor: Bertha Vélez
Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca y Otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda
instancia)

con certeza, si durante esta quedaron aseguradas esas condiciones que por el
transito legislativo son merecedoras de alguna protección legal.

Dice igualmente que no se trata como se ha sugerido de una búsqueda intensa
hacia el pasado para encontrar la norma habilitante, sino, primordialmente,
identificar la norma que ha dejado cubierto un régimen de beneficios que la nueva
norma nos puede desconocer.

9. Si bien es cierto que los derechos, Universalidad e irrenunciabilidad de la
seguridad social, se han salvaguardado, El tribunal Administrativo de Popayán
Cauca, ha interpretado equívocamente las sentencias de unificación y ha aplicado
un régimen general, que es lesivo obviando la existencia del régimen especial que
por igualdad y por ser el más beneficioso a los derechos de mi apadrinada, debió
de aplicarse.

10. En igual media el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Popayán
Cauca y el Honorable Tribunal Administrativo del Cauca, fallaron en su apreciación,
al considerar, que los dineros que se dieron por concepto de Indemnización por
muerte y/o compensación por muerte, reconocido mediante Resolución # 76062 de
25 de abril de 2008, deben devolverse, desconociendo el carácter que tienen estos
pagos, los cueles provienen de una indemnización o seguro, que no tiene nada que
ver con la pensión de sobrevivientes, que no excluye el disfrute de ambos.

4.- Trámite en primera instancia

4.1. Mediante auto del 16 de junio de 2022, la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado admitió la demanda de tutela, ordenó notificar a las
entidades accionadas y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

4.2. El Juzgado Octavo Administrativo de Popayán solicitó declarar improcedente
la demanda de tutela, toda vez que se pretende una tercera instancia del proceso
ordinario; además, que la decisión cuestionada se encuentra ajustada al
ordenamiento jurídico, por lo que no se incurrió en una vía de hecho o en defecto
fáctico susceptible de ser alegada vía tutela.

4.3. El Tribunal Administrativo del Cauca, la Nación - Ministerio de Defensa -
Ejército Nacional y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron
silencio.

5. La sentencia de primera instancia

La Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación, mediante fallo del
14 de julio de 2022, declaró improcedente el amparo solicitado, tras considerar que

4

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02688-01
Actor: Bertha Vélez
Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca y Otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda
instancia)

la parte accionante no argumentó, de manera clara, qué defecto se configuró en
este caso, por lo que no se cumplió con una carga argumentativa mínima para
adelantar un estudio sobre la supuesta vulneración de sus derechos
fundamentales.

6. La impugnación

La parte actora impugnó la anterior decisión, por considerar que los requisitos
formales no deben ser dados por la accionante, sino que es carga del juez
constitucional determinar si se configuran o no.

De otro lado, manifestó que no estaba de acuerdo con que no se delimitó los
defectos específicos que adolecía la sentencia cuestionada, toda vez que de los
hechos de la demanda de tutela se desprendía que existió una indebida aplicación
de la normativa al sustentar la decisión en la Ley 100 de 1993 y no en el Decreto
4433 de 2004 -vigente al momento de la muerte-; además, que se aplicó de manera
equivocada “la jurisprudencia de unificación”.

Finalmente, adujo que no hay lugar a descontar el monto recibido por
indemnización por muerte, toda vez que la fuente de cada uno es diferente.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo de
31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales.

Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena
Contenciosa de la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte
Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la
acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional y, por ende, se consideró que el amparo
frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02688-01
Actor: Bertha Vélez
Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca y Otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda
instancia)

Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que los requisitos
generales para la procedencia del mecanismo de amparo de derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados, son:

• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, dado
que el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.

• Que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.

• Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se haya
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración.

• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora.

• Que la parte actora identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.

• Que no se trate de sentencias de tutela.

A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala
Plena Contenciosa de esta Corporación, son los siguientes:

• El defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.

• El defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02688-01
Actor: Bertha Vélez
Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca y Otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda
instancia)

• El defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

• El defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.

• El error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

• La decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

• El desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

• La violación directa de la Constitución Política.

Así pues, la Corporación ha determinado que le corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal manera
que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo
menos, uno de los defectos arriba mencionados, los cuales deben ser alegados por
el interesado.

2. Caso concreto

La Subsección confirmará la sentencia de primera instancia, toda vez que la
accionante no sustentó la configuración de alguna de las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial de las que
supuestamente adolece la decisión cuestionada.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02688-01
Actor: Bertha Vélez
Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca y Otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda
instancia)

En efecto, la parte actora se limitó a señalar que el Tribunal Administrativo del
Cauca fundamentó su decisión en una jurisprudencia de unificación que no era
“aplicable al caso concreto toda vez que la muerte del soldado regular fue en
vigencia de decreto 4433 de 2004 y aplicó para el caso que nos ocupa el régimen
general de la ley 100 de 1.993”; sin embargo, no realizó ningún esfuerzo por
sustentar su argumento, pues no identificó cuáles sentencias son las que se dejaron
de aplicar o se aplicaron de manera equivocada y tampoco señaló casos similares
en los que la consecuencia jurídica hubiera sido diferente, lo que conllevaría a una
violación a su derecho a la igualdad.

En ese sentido, la Sala advierte que en el presente asunto no se edificó y mucho
menos se desarrolló una argumentación dirigida a establecer, de un lado, una
causal específica de procedibilidad y, del otro, las razones que sustentan la
supuesta violación de derechos fundamentales.

Al respecto, se ha considerado que:

… no basta con manifestar inconformidad o desacuerdo con las decisiones
tomadas por los jueces de instancia, sino que es necesario que el interesado
demuestre que la providencia cuestionada ha incurrido en alguna de las
causales específicas para la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. De lo contrario, la tutela carecería de relevancia
constitucional2.

En línea con lo anterior, la jurisprudencia de la Corporación ha precisado:

Esta Corporación ha señalado que en la demanda de tutela no se puede
escuetamente invocar alguna de las causales específicas de procedencia de la
tutela contra providencias judiciales para obligar al juez de tutela que revise las
decisiones que estiman contrarias a los derechos fundamentales. Como se
sabe, detrás de las causales específicas de prosperidad que ha fijado la Corte
Constitucional existen fuertes razones para limitar el uso abusivo y
desmesurado de la acción de tutela contra las providencias judiciales. Las
providencias de los jueces son decisiones intangibles e inmodificables, que
gozan de la presunción de acierto y legalidad y no son fácilmente anulables por
vía de tutela3.

En otras palabras, la tutela no prospera por el simple hecho de que se invoque
alguno de los requisitos específicos que la Corte Constitucional ha identificado

2
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 12 de agosto de 2019, radicación número: 11001-03-15-000-2019-03205-00, M.P.
María Adriana Marín, reiterada en fallo de 19 de septiembre del mismo año, exp.
110010315000201903701-00.
3
Original de la Cita: “Sección Cuarta, sentencia del 29 de 2015, M.P. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas, expediente no. 2014-00552-01”.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02688-01
Actor: Bertha Vélez
Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca y Otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda
instancia)

para la prosperidad del amparo. Las causales específicas para la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales no pueden abrir la puerta para que
los jueces de tutela revisen de fondo las decisiones de los jueces ordinarios. La
tutela sigue siendo un mecanismo subsidiario y excepcional. No puede
convertirse en el único y el preferido medio de la parte que pierde el pleito u
obtiene una decisión contraria a sus intereses, menos aún cuando la
providencia que se cuestiona ha sido proferida por un órgano de cierre, caso
en el cual, se reitera, la propia Corte ha venido sosteniendo que para la
prosperidad de la tutela es necesario que la decisión contenga una anomalía
de tal entidad que riña abiertamente con la Constitución y la jurisprudencia que
esa Corporación ha trazado al definir el alcance y límite de derechos
fundamentales4.

En definitiva, en el caso bajo estudio, la parte accionante no cumplió con la carga
argumentativa exigida para promover la acción de tutela contra providencias
judiciales, dado que ni siquiera identificó cuál(es) defecto(s) estaría(n)
configurado(s).

De otro lado, resulta importante aclarar que, si bien la señora Vélez alegó que en
las sentencias cuestionadas no se debió descontar el valor que se le pagó por
concepto de indemnización por muerte, lo cierto es que no se cumple con el
requisito de subsidiariedad.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el inciso 3 del artículo 86 de la Constitución
Política prevé que la acción de tutela “sólo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral
1 del artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991.

En ese sentido, existiendo otros mecanismos de defensa judicial que resulten
idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran
amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la acción de tutela.

Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido:

Esta exigencia constitucional responde al principio de subsidiariedad del
amparo, que pretende asegurar que no sea considerado en sí mismo una
instancia más en el trámite jurisdiccional, un mecanismo de defensa que
reemplace aquellos otros diseñados por el legislador y mucho menos, como se
pretende en este caso, un camino excepcional para solucionar errores u

4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 12 de agosto de 2019, radicación número: 11001-03-15-000-2019-03205-00, M.P.
María Adriana Marín, reiterada en fallo de 19 de septiembre de 2019, exp.
110010315000201903701-00.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02688-01
Actor: Bertha Vélez
Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca y Otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda
instancia)

omisiones de las partes para corregir oportunidades vencidas en los procesos
jurisdiccionales ordinarios5.

A juicio de la Subsección, el hecho de que la accionante no hubiera promovido
recurso de apelación contra la decisión proferida por el Juzgado Octavo
Administrativo de Popayán que ordenó “realizar el descuento del valor cancelado
exclusivamente a la señora Bertha Vélez, por concepto de indemnización por
muerte” es suficiente para concluir que la demanda de tutela es improcedente
debido a la ausencia del requisito de subsidiariedad, que es obligatorio cumplir
cuando se atacan decisiones judiciales6, máxime si se tiene en cuenta que esta
Corporación ha sostenido que la acción de tutela “no es un medio que remedie los
desaciertos procesales de las partes”7.

De conformidad con lo anterior, la Sala confirmará la decisión de primera instancia,
pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 14 de julio de 2022 por la
Sección Segunda Subsección A.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ejecutoriada esta providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

5
Sentencia T-735 de 17 de octubre de 2013, M.P. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
6
En los mismos términos esta Subsección se pronunció en sentencia del 28 de febrero de 2019,
expediente 2018-03170-01.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, providencia de 31 de
mayo de 2018, exp. 25000-23-42-000-2018-00580-01(AC), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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Actor: Bertha Vélez
Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca y Otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda
instancia)

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código
QR que aparece a la derecha.

VF

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