Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02701-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02701-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-02701-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
7 de julio de 2022
Demandantes: Yovany Andréi Muñoz Montoya y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Rad: 11001-03-15-000-2022-02701-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá, D. C., siete (7) de julio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02701-00
Demandantes: YOVANY ANDRÉI MUÑOZ MONTOYA Y OTROS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial – Análisis del defecto fáctico,
ausencia de motivación parcial y violación directa de la
Constitución, como causales específicas de procedibilidad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la acción de tutela ejercida por los señores Yovany Andréi
Muñoz Montoya, María Elena Montoya de Muñoz y otros, con fundamento en el
artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada por los Decretos 2591 de
1991 y 1069 de 26 de mayo de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. El 16 de mayo de 2022, los señores Yovany Andréi Muñoz Montoya, María
Elena Montoya de Muñoz, Carlos Emilio Muñoz Muñoz, Flora María García,
Girlesa, Andrea Ramírez Usme, Gloria Amparo Muñoz Montoya, Juan Pablo
Echeverri Muñoz, Gladys Patricia Muñoz Montoya, Carlos Alberto Muñoz Montoya,
Sandra Milena Muñoz Montoya, actuando en nombre propio y en representación
de su hija Luciana Montoya Muñoz; José Miguel Montoya Muñoz, Beatriz Elena
Muñoz Montoya actuando en nombre propio y en representación de su hijo Isaac
Vanegas Muñoz; María José Díaz Muñoz, Natalia Andrea Moncada Muñoz,
Cristian Camilo Moncada Muñoz, Luisa Fernanda Acevedo Muñoz, Laura Cristina
Acevedo Muñoz, María Alejandra Acevedo Muñoz, Valentina Acevedo Muñoz y
Sebastián Muñoz Muñoz, actuando a través de apoderado judicial1, ejercieron
acción de tutela contra el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de
Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, con el fin de que les sean
1 Los demandantes le confirieron poder especial al abogado Carlos Andrés Londoño Marulanda,
con el lleno de los requisitos legales.
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Demandantes: Yovany Andrei Muñoz Montoya y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
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amparados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.
2. Los accionantes consideraron vulneradas las referidas garantías
constitucionales con ocasión de las sentencias dictadas el 31 de marzo de 2020,
por la primera de las autoridades judiciales referidas, que negó las pretensiones
de la demanda y el 18 de noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, que confirmó la decisión, en el proceso de reparación directa que los
accionantes instauraron contra la Nación - Rama Judicial – Consejo Superior de la
Judicatura y Fiscalía General de la Nación.
1.2. Pretensiones
3. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó la protección de los
derechos fundamentales referidos y, como consecuencia de ello, “dejar sin efectos
las sentencias proferidas dentro del proceso con radicado No
05001333300420170058700 de fechas 31 de marzo de 2020, notificada por correo
electrónico el 03 de junio del mismo año y la calendada 18 de noviembre de 2021,
notificado por correo electrónico el 23 de noviembre de 2021, ordenando valorar todas las
pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación, haciendo un análisis completo y
en conjunto de todo el material probatorio que reposa en el Expediente Penal y
Administrativo, respecto de los títulos de falla y subsidiariamente la valoración del daño
especial, emitiendo una nueva sentencia que en derecho corresponda, previa valoración
de la totalidad de las pruebas (Proceso Penal) y garantizando el respecto del principio de
presunción de inocencia del señor YOVANY ANDREI MUÑOZ MONTOYA”.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
1.3.1. Hechos relacionados con el proceso penal
4. El señor Yovani Andréi Muñoz Montoya fue aprehendido el 20 de diciembre de
2012 siendo legalizada su captura por el Juzgado Veintisiete Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de Medellín el 21 del mismo mes y año,
oportunidad en la que se le imputaron los delitos de tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes agravado y concierto para delinquir agravado y se le impuso
medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.
5. Lo anterior, por haber sido señalado junto con el señor Roberto Mosquera
Palomeque de mantener comunicación con “el jefe de finanzas de la organización
criminal de las FARC frente MARIO VELEZ, conocido bajo el seudónimo de OMAR
CUÑADO e igualmente con alias ISMAEL,” para comercializar pasta de hoja de coca
a cambio de dinero o de material de guerra con destino a la agrupación
subversiva, concierto criminal que se extendió desde el principio del año 2012,
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según los informes que arrojaron las interceptaciones telefónicas y el seguimiento
que se venía realizando a los jefes del grupo armado ilegal.
6. Con posterioridad a ello, la Fiscalía General de la Nación formuló acusación y
se llevaron a cabo las audiencias preparatorias y de juicio. En sentencia dictada el
27 de mayo de 2016, por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de
Medellín, el acusado fue absuelto de los cargos imputados, en aplicación del
principio in dubio pro reo. En consecuencia, la privación de la libertad se extendió
entre el 20 de diciembre de 2012 y el 1º de abril de 2016.
1.3.2. Hechos relacionados con el proceso de reparación directa
7. Con el fin de obtener la indemnización de los perjuicios materiales e
inmateriales ocasionados con la privación de la libertad que los actores calificaron
como injusta, los señores Yovany Andréi Muñoz Montoya, María Elena Montoya
de Muñoz y otros, presentaron demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa en contra de la Nación - Nación - Rama Judicial – Consejo
Superior de la Judicatura y Fiscalía General de la Nación.
8. Previo agotamiento del trámite procesal correspondiente, el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín dictó sentencia el 31 de marzo de
2020 en la que negó las pretensiones de la demanda, por considerar que la
medida de aseguramiento impuesta se sustentó en la prueba legalmente
incorporada al proceso, consistente en los informes de inteligencia de la Fiscalía
General de la Nación que venía adelantando indagación preliminar contra los
miembros de las FARC que delinquen en el departamento de Antioquia, en virtud
de las cuales se habían interceptado varios teléfonos celulares que contenían las
comunicaciones cifradas entre los miembros del grupo al margen de la ley y los
proveedores de las armas para el intercambio por estupefacientes.
9. Del examen de todas las pruebas que militaban en el proceso penal, la petición
de la Fiscalía General de la Nación y el concepto del Ministerio Público rendido en
el proceso penal que solicitaba la condena del acusado, concluyó que:
“… el daño padecido por los demandantes en razón de la privación de la
libertad del señor YOVANNI ANDREI MUÑOZ MONTOYA entre el 20 de
diciembre de 2012 (fl. 306) hasta el 1º de abril de 2016 (fl. 642) por la
participación en los delitos de tráfico de estupefacientes y concierto para
delinquir no puede ser catalogado como antijurídico en la medida en que de
cara a los medios de convicción allegados al expediente y de la reciente
posición del H. Consejo de Estado, se tiene que la adopción de la medida de
aseguramiento impuesta contra el actor, contaba con respaldo probatorio
tales como interceptaciones y allanamiento que permitían la construcción de
los indicios serios que daban cuenta de su posible participación en la
planeación de los ilícitos.
Además, la medida privativa impuesta al actor, fue estudiada a la luz de las
normas de procedimiento penal, lo cual conlleva a concluir que la restricción
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preventiva estaba amparada por varias de las causales que permiten su
procedencia, agregando que, en todo caso, el Despacho no avizoró
vulneración alguna del derecho al debido proceso. En tales condiciones el
Juzgado omitirá llevar a cabo el juicio de imputación toda vez que para que
ello ocurra debe establecerse que el daño es antijurídico cosa que no ocurre
en el presente caso.”
10. Contra la anterior sentencia, la parte demandante interpuso recurso de
apelación que fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 18 de
noviembre de 2021 en el sentido de confirmar la decisión recurrida.
11. La referida corporación judicial señaló que el carácter injusto de la medida de
aseguramiento debe considerarse teniendo en cuenta los criterios de
razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida de aseguramiento, por lo
que debía determinarse en cada caso si existió o no mérito para proferir la
decisión.
12. Destacó que, en la fase de investigación se contaba con elementos materiales,
tales como la interceptación de llamadas y comunicaciones, decomiso de
teléfonos celulares en diligencia de allanamiento realizada en el domicilio del
señor Muñoz Montoya, hechos notorios relacionados con la existencia y presencia
de organizaciones guerrilleras, especialmente de las FARC en el departamento de
Antioquia, la distribución de estupefacientes por los cabecillas, sus relaciones con
el narcotráfico, la incautación de drogas, armas, municiones, uniformes, capturas
realizadas en los lugares a los que se refieren las conversaciones interceptadas
en las que se menciona una empresa de Estados Unidos que fabrica armas que
tenía nexos con traficantes de armas en Colombia, en especial con alias “Yovany”.
13. Consideró que tales pruebas eran suficientes para imponer la medida de
aseguramiento, porque en esa etapa procesal no se requiere contar con certeza
sobre la responsabilidad penal que solo se exige para dictar sentencia
condenatoria. Agregó que los elementos de conocimiento que se tenían como
eran la clase de delitos, la competencia para el juzgamiento y la gravedad de
estos eran suficientes y necesarios para imponer la medida preventiva en
establecimiento carcelario.
1.4. Sustento de la vulneración
14. La parte actora afirmó que la presente acción cumple con todos los requisitos
generales de procedibilidad, incluida la relevancia constitucional del caso.
15. Como causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial, alegó que se configuraron los defectos i) fáctico; ii) decisión
sin motivación válida; y iii) violación directa de la Constitución.
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16. Para sustentar el defecto fáctico, la parte actora argumentó que se realizó
una valoración indebida e insuficiente de los elementos de conocimiento que
debieron sustentar y dar legalidad a la medida de aseguramiento y ello los llevó a
“que se aplique en ambos fallos la eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la
víctima, que es con la que en última instancia se termina sustentando la negación de las
pretensiones de la demanda contencioso administrativa.”
17. Afirmó que las dos instancias realizaron una valoración de la culpabilidad que
trascendió al análisis del expediente penal, determinando una conclusión que dista
de la absolución en el proceso referido.
18. Argumentó que, si las interceptaciones telefónicas hubieran sido soportadas
con el cotejo de voz no se hubiera generado la privación de la libertad, de tal
manera que “la omisión del ente investigador fue precisamente la que derivó en se haya
configurado la privación de una persona declarada inocente.” Consideró que ello
conllevaba a que las pruebas no se pudieran considerar como indicios suficientes
para atribuir un comportamiento ilegal al señor Yovany Muñoz.
19. Agregó que “el ente de investigación omitió sus deberes con la sociedad y abusó de
su poder de acusación, sometiendo a un ciudadano, a una carga que no estaba en
obligación de soportarla, sin tener una prueba o indicio real y sustentable sobre la
supuesta participación en los hechos, lo cual pudiese respaldar la medida de
aseguramiento.”
20. Insistió en que las autoridades judiciales negaron las pretensiones invocando
la culpa exclusiva de la víctima, pasando por alto la ausencia de pruebas y los
documentos y testimonios que hacían parte del proceso penal. Argumentó que esa
configuración se realizó incurriendo en defecto fáctico “por la falta de valoración el
material probatorio, la defectuosa valoración del material probatorio y la variación
sustancial que ello generó en los fallos que hoy se tutelan.”
21. Consideró que en las sentencias se debieron valorar las consideraciones que
llevaron al juez penal a absolver al enjuiciado de los cargos. Advirtió que los
argumentos expuestos en el fallo absolutorio constituyen el “margen dentro del cual
debe moverse el juez administrativo al momento de hacer la valoración de dichas pruebas
por cuanto no tienen un nuevo debate.” Para ello transcribió in extenso las
consideraciones expuestas en el fallo que aplicó la figura jurídica del in dubio pro
reo.
22. Agregó que en el proceso penal no existe el acta de incautación de los
celulares pues el mismo únicamente apareció en el escrito de acusación y precisó
que tampoco fue capturado en flagrancia.
23. Afirmó que “sin explicación alguna se desecharon unas pruebas que eran
fundamentales dentro del proceso y que demostraban la falla en el servicio por
OMISIÓN”.
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24. Sobre la decisión sin motivación argumentó que en las providencias se
debió analizar primero la falla en el servicio y si se concluía que ella no tuvo lugar
correspondía examinar la configuración del daño especial, lo cual no se realizó.
25. Esta alegación se sustentó en las consideraciones expuestas por el Consejo
de Estado, Sección Tercera – Subsección “B” en la sentencia dictada el 17 de
enero de 2022 con ponencia del magistrado Martín Bermúdez.
26. Agregó que no se incluyó reflexión alguna sobre la veracidad de las pruebas
aportadas por la Fiscalía General de la Nación y las que está omitió incorporar al
proceso y que llevaron al juez penal a absolver al acusado, para lo cual señaló las
consideraciones expuestas en la sentencia dictada en el juicio criminal.
27. Consideró que, en consecuencia, “es necesario que la decisión que se emita
nuevamente por la justicia Contenciosa Administrativa, tenga un análisis integral del
material probatorio y que dicho análisis se materialice en los considerandos o
motivaciones de la decisión, lo cual permita tener conclusiones acertadas acerca de la
responsabilidad que le es atribuible a las entidades demandadas en el proceso con medio
de control de reparación directa.”
28. Finalmente, invocó la causal de violación directa de la Constitución que
sustentó en que las autoridades judiciales dejaron de aplicar una disposición
constitucional, que tiene rango de derecho fundamental, al resolver el problema
jurídico, en la medida en que reevaluaron la conducta que se investigó en sede
penal en la que se absolvió al enjuiciado, con lo cual vulneraron el derecho a la
presunción de inocencia.
29. Para desarrollar esta alegación, precisó que “En la decisión objeto de tutela, se
entra a evaluar el compromiso penal sobre la conducta investigada, analizando una
conducta que ya fue analizada por la jurisdicción penal, es decir, decisión en favor del
Yovany Andréi Muñoz, que ya se encuentra ejecutoriada y que la jurisdicción contenciosa
no podía analizar de nuevo, indicando de manera arbitraria la culpa exclusiva de la
víctima, emitiendo un juicio de la órbita penal, sobre los hechos investigados y ya
decididos, tratando de desvirtuar la presunción de inocencia que le revestía y que no fue
desvirtuada por la jurisdicción penal.” (Negrillas incluidas en el texto original)
1.5. Actuaciones procesales relevantes
1.5.1. Auto inadmisorio
30. Por medio de auto dictado el 31 de mayo de la presente anualidad se inadmitió
la demanda para que el apoderado de la parte accionante precisara las personas
en cuya representación instauró la acción de tutela.
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1.5.2. Auto admisorio
31. El accionante, en el término concedido por el despacho ponente, relacionó los
nombres de los accionantes y acreditó el poder para representarlos en la acción
de tutela, por lo que se admitió la demanda en auto dictado el 14 de junio de 2022
y se ordenó notificar al Juez Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Medellín
y a los magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia, como autoridades
judiciales accionadas.
32. En la misma providencia se ordenó vincular como terceros con interés jurídico
en el resultado del proceso a la Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura
y a la Fiscalía General de la Nación, así como a todas las personas naturales y/o
jurídicas que fungieran como demandantes, demandados o terceros interesados
en el proceso de reparación directa que se identificó con el radicado N.º 05001-33-
33-004-2017-00587-00/01. También se dispuso la notificación de la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los términos y para los efectos del
artículo 610 del Código General del Proceso.
1.5.3. Intervenciones de las autoridades accionadas y de los terceros
vinculados
1.5.2.1. Tribunal Administrativo de Antioquia
33. El magistrado ponente de la decisión censurada consideró que no era
necesario hacer ningún comentario adicional a los contenidos en la providencia
cuestionada, cuya claridad y precisión dan cuenta de la inexistencia de
irregularidad alguna.
34. Hizo referencia a los argumentos expuestos por la parte tutelante, para señalar
que lo pretendido es que se tramite la acción de tutela como si se tratara de una
tercera instancia, por lo que solicitó que se negara la petición de amparo
constitucional.
1.5.2.2. Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
35. Por intermedio de apoderada judicial, la entidad se opuso a la prosperidad de
las pretensiones de la demanda por considerar que las providencias censuradas
se dictaron de conformidad con lo acreditado en el proceso y los parámetros
legales y jurisprudenciales aplicables al caso.
36. Se refirió a las reglas establecidas por la Corte Constitucional y por el Consejo
de Estado, en virtud de las cuales no es posible concluir que, por el hecho de que
una persona sea absuelta en el proceso penal, automáticamente se pueda
predicar la responsabilidad del Estado. Advirtió que lo que corresponde es
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determinar si la medida de aseguramiento fue injusta, esto es, abiertamente
arbitraria.
37. Argumentó que las autoridades accionadas “se ocuparon de examinar los
requisitos y términos legales exigidos para la imposición de la medida de aseguramiento,
atendiendo los parámetros de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, sin olvidar que
para este momento procesal la Fiscalía General de la Nación, presentó en audiencia
preliminar (legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de
aseguramiento), los elementos materiales probatorios, evidencias físicas e información
legalmente obtenida que para esa etapa procesal exige el legislador, para obtener un
pronunciamiento por parte de la judicatura dentro de un marco de inferencia razonable
de autoría y o participación en el ilícito, el que efectivamente se dio con sujeción a las
normas sustanciales, procedimentales y jurisprudenciales, sin que ello signifique un juicio
de responsabilidad del encausado.”
38. Aseveró que se valoraron todas las pruebas que se tuvieron en cuenta para la
imposición de la medida de aseguramiento y transcribió los apartes de las
providencias que la impusieron. Precisó las consideraciones expuestas por la
Corte Constitucional sobre la procedencia de la reparación en los casos de
privación de la libertad.
1.5.2.3. Fiscalía General de la Nación
39. Guardó silencio, pese a estar debidamente notificada del auto admisorio de la
demanda de tutela.
1.5.2.4. Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Medellín
40. El juzgado de primera instancia del proceso ordinario se limitó a remitir el
expediente contentivo del proceso de reparación directa.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
41. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por
los señores Yovany Andréi Muñoz Montoya, María Elena Montoya de Muñoz y
otros, con fundamento en los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto
333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.
42. Lo anterior, por cuanto esta se dirige contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia y, por ende, le corresponde el conocimiento al superior funcional, en
virtud de lo consagrado en el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069
de 2015.
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2.2. Problemas jurídicos
43. Con fundamento en la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material
probatorio recaudado y los cargos invocados en la demanda de tutela, el primer
problema jurídico que subyace al caso concreto consiste en establecer si
concurren los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando
se dirige contra providencia judicial.
44. En el evento de encontrar superados tales requisitos, se establecerá si las
autoridades judiciales accionadas vulneraron los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la parte actora, con
ocasión de la decisión de negar las pretensiones indemnizatorias al haber
encontrado que la decisión de imponer medida de aseguramiento en el proceso
penal se adecuó a los criterios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, por
lo que se excluyó la arbitrariedad.
45. Por razones de orden metodológico, se analizarán los siguientes temas i)
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; ii) cumplimiento de
los requisitos de procedibilidad adjetiva; y iii) el caso concreto, con fundamento en
los argumentos expuestos en el libelo introductorio y las intervenciones de la parte
accionada y la tercera interesada.
2.3. Razones jurídicas de la decisión
2.3.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
46. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
20122 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema3 y declaró su
procedencia.4
47. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que no se
trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento
de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos
y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado; y iv) de
relevancia constitucional. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno
de estos presupuestos, se deber declarar la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
2 Ref.: No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery
Germania Álvarez Bello. M.P.: María Elizabeth García González.
3 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
4 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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48. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que
la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.
49. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.3.2. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.3.2.1. Relevancia constitucional5
50. La Sala entiende superado este requisito, por cuanto al realizar el test de
procedibilidad de la acción en relación con los supuestos fácticos de la demanda y
las pretensiones, se advierte que la parte actora solicitó la protección de las
garantías del debido proceso6 y del acceso efectivo a la administración de justicia.
51. La parte tutelante alegó la vulneración del derecho al debido proceso, desde la
perspectiva constitucional consagrada en el artículo 29 de la Carta, lo que implica
que la misma trascienda el ámbito meramente legal, en la medida en que alega la
configuración del defecto fáctico y la violación directa de la Constitución.
52. En consecuencia, no se trata de un debate de orden exclusivamente legal, el
cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el titular de la garantía o el
interesado legítimo quede en un estado de indefensión, de tal manera que al
existir la eventualidad de que no haya obtenido la protección ante el juez
5 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00;
Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-
15-000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia
13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-
2019-05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20,
Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-
00; Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
6 Según el artículo 86 de la Constitución, la finalidad de la acción de tutela es conjurar aquellas
situaciones en que la decisión de la autoridad judicial incurre en graves falencias, de relevancia
constitucional, que conllevan una decisión incompatible con la Constitución (Sentencia T-817 de
2012 de la Corte Constitucional). Por tal razón, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que
uno de los requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencias
judiciales es que el asunto tenga evidente relevancia constitucional; esto es, que se oriente a la
protección de derechos fundamentales (Sentencia SU-573 de 2017, reiterando las consideraciones
expuestas en la C-590 de 2005) esto se refiere a que “involucre garantías superiores y no sea de
competencia exclusiva del juez ordinario”(Sentencia SU-050 de 2018).
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contencioso administrativo, natural de la causa ordinaria, quien tenía la obligación
de constituirse en protector de estos asumiendo el rol de juez de
constitucionalidad y/o de convencionalidad, puede comparecer al juez de tutela,
quien deberá analizar el caso de acuerdo con los postulados del Estado Social de
Derecho.
53. La conclusión anterior deviene de la consideración de que el asunto es de
relevancia constitucional cuando resulta necesario verificar si subsiste la violación
o amenaza, después de haber agotado el procedimiento judicial establecido por la
ley para su protección.
54. Adicionalmente, la relevancia constitucional implica que el asunto de la acción
de tutela tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su
aplicación, para su eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales y libertades públicas7-8
2.3.2.2. Tutela contra tutela
55. La Sala observa que no existe reparo alguno en cuanto hace referencia al
juicio de procedibilidad, porque no se trata de una tutela contra decisión de la
misma naturaleza, pues el trámite cuestionado corresponde a un proceso de
reparación directa instaurado por los señores Yovany Andréi Muñoz Montoya,
María Elena Montoya de Muñoz y otros contra la Nación – Rama Judicial –
Fiscalía General de la Nación y otros9.
7 Ver al respecto: Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate: sentencia del
27.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00004-00; sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-
000-2019-05258-00; sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05291-00; sentencia
del 13.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00137-00; sentencia del 13.02.2020, Exp. 11001-03-
15-000-2019-05354-00; sentencia del 6.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05153-00; sentencia
del 30.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05121-00; sentencia del 30.01.2020, Exp. 11001-03-
15-000-2019-05167-00; sentencia del 23.01.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
sentencia del 23.01.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
8 Sobre la relevancia constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse esta Sección en varias
sentencias de tutela, de las cuales cabe destacar la sentencia del 5.12.2019, M.P. Rocío Araújo
Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-04724-00.
9 En igual sentido, se encuentran las siguientes: Consejo de Estado, Sección Quinta: sentencia del
27.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00014-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez;
sentencia del 27.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00400-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra;
sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00092-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra;
sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00179-00, M.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio; sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00141-00, M.P. Luis Alberto Álvarez
Parra; sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-04788-01, M.P. Rocío Araújo Oñate;
sentencia del 13.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00137-00, M.P. Rocío Araújo Oñate;
sentencia del 13.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00037-00, M.P. Rocío Araújo Oñate;
sentencia del 6.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05346-00, M.P. Rocío Araújo Oñate;
sentencia del 6.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05202-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.
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2.4.2.3. Inmediatez
56. En relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, no se advierte
ningún reproche, porque la parte actora considera vulnerados los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia con ocasión, entre otra,
de la providencia dictada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de
Antioquia el 18 de noviembre de 2021, la cual se notificó el 23 del mismo mes y
año, por lo que cobró ejecutoria el 30 siguiente y la demanda de tutela se radicó el
16 de mayo de 2022, por lo que la Sala considera razonable el plazo transcurrido.
57. Lo anterior porque se evidencia que se presentó en un plazo inferior a seis (6)
meses que se considera adecuado, de acuerdo con la posición unificada del
Consejo de Estado.
2.4.2.4. Subsidiariedad
58. En lo referente a la existencia de otro mecanismo de defensa judicial para
obtener la protección del derecho fundamental que la parte actora considera
vulnerado, la Sala precisa que la sentencia censurada fue dictada en sede de
apelación, sin que contra tal decisión procedan recursos ordinarios adicionales,
habiendo puesto la providencia fin al proceso.
59. En el presente caso no es posible tener como mecanismos idóneos de
defensa judicial los recursos extraordinarios de revisión y el de unificación de
jurisprudencia, porque los argumentos expuestos no se ajustan a alguna de las
causales taxativas consagradas en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 y no se
invoca como desconocida una sentencia de unificación de jurisprudencia.
60. Cabe destacar que, si bien es cierto que uno de los cargos se refiere a la falta
de motivación, esta causal específica de procedibilidad alegada no se refiere a la
ausencia total de motivación de la providencia sino parcial, en cuanto la parte
actora considera que, al descartarse la existencia de falla en el servicio como título
de imputación, las autoridades accionadas han debido analizar el caso desde la
perspectiva del daño especial.
61. Siendo ello así, no es posible considerar que los accionantes cuentan con el
mecanismo judicial consistente en el recurso extraordinario de revisión por la
causal de nulidad originada en la sentencia (5a del artículo 250 de la Ley 1437 de
2011) porque para que esta se configure se exige ausencia total de motivación.
62. En efecto, sobre la nulidad originada en la sentencia como causal de revisión,
la Sala Plena de esta corporación, en sentencia del 5 de abril de 201610, explicó:
10 Consejo de Estado, Sala Catorce Especial de Decisión, M.P. Danilo Rojas Betancourt, Rad. Radicación:
110010315000 2008 00320 00.
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“9. El segundo requisito consiste en que la sentencia presente un vicio grave o
insaneable que afecte su validez. La jurisprudencia de esta Corporación ha
identificado los siguientes defectos como causantes de nulidad en la
sentencia11:
…
9.4. Pretermitir la instancia, por ejemplo: (i) al proferir una sentencia sin
motivación; (ii) violar el principio de la non reformatio in pejus (como cuando
se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto al
pretendido en la demanda o por causa distinta a la invocada) o (iii) proferir
sentencia condenatoria contra un tercero que no fue vinculado al proceso.
9.5. Decidir aspectos que no corresponden, por falta de jurisdicción o
competencia del juez.
…
10. En relación con la nulidad originada en la sentencia por ausencia de
motivación, la jurisprudencia de esta Corporación ha diferenciado la falta
absoluta de motivación de la deficiente o errada, y ha señalado que
únicamente la carencia total de pronunciamiento del juez sobre las razones de
hecho o de derecho que le permiten arribar a una decisión, es motivo de
revisión bajo la causal sexta. De manera que es improcedente, con
fundamento en dicha causal, alegar situaciones relacionadas con deficiencias
en la motivación derivadas, por ejemplo, de la estimación errada de las
pruebas o de los hechos por parte del juez; de la indebida interpretación de las
normas jurídicas aplicadas; o del desconocimiento del precedente judicial
(…).”12
63. En consecuencia, los tutelantes no cuentan con el recurso extraordinario de
revisión para cuestionar la falta de motivación parcial del fallo por la ausencia de
análisis respecto al daño especial, que se considera ha debido abordarse.
64. Al encontrar superados los requisitos de procedibilidad adjetiva, corresponde a
la Sala analizar el fondo del asunto, con fundamento en los cargos propuestos en
la demanda.
2.3.3. Examen del caso concreto
65. Previo a examinar cada uno de los defectos alegados por la parte actora, la
Sala advierte que la argumentación que sustenta todos los cargos parte de afirmar
que las pretensiones de la demanda de reparación directa se negaron por la
existencia de una causal de exoneración de la responsabilidad, consistente en la
ruptura del nexo de causalidad por la culpa exclusiva de la víctima.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencias de 11.05.1998, rad. REV-093;
de 18.10,2005 rad. 2000-00239, de 20.10.2009, rad.REV-2003-00133; y de 7.04.2015, M.P. Jorge Octavio
Ramírez; Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 11.06.2009, rad. 836-06; y Sección Primera,
sentencia del 14.12.2009, rad. 2006-00123.
12 Si bien la sentencia citada hace referencia a las causales contempladas en el Decreto 01 de 1984, tiene
plena vigencia en relación con la invocada por el recurrente que se encuentra contemplada actualmente en el
numeral 5º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, que consagra como supuesto de hecho la nulidad
originada en la sentencia.
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66. Así se evidencia en varios apartes del escrito inicial y se pretende desvirtuar
esta conclusión que no constituyó la ratio de las decisiones, toda vez que las
pretensiones indemnizatorias no prosperaron por no haberse encontrado
acreditado el daño antijurídico, primer elemento de la responsabilidad, por
considerarse que si bien existió la privación de la libertad la misma no fue injusta,
por cuanto la medida de aseguramiento se dictó atendiendo los criterios de
legalidad, razonabilidad y proporcionalidad.
67. En ese orden, al no encontrarse configurado el daño antijurídico, los demás
elementos de la responsabilidad, esto es, la imputación (fáctica y jurídica) y el
nexo causal así las posibles circunstancias que impiden su configuración –culpa
exclusiva de la víctima, entre ellas– no constituyeron el fundamento jurídico de la
sentencia, aunque se hayan efectuado referencias jurisprudenciales a las mismas.
68. Así quedó plasmado en la providencia de primera instancia, al concluir que “la
medida de privación impuesta al actor, fue estudiada a la luz de las normas de
procedimiento penal, lo cual conlleva a concluir que esa restricción preventiva estaba
amparada por varias de las causales que permiten su procedencia, agregando en todo
caso que el despacho no avizoró vulneración alguna del derecho al debido proceso. En
tales condiciones el despacho omitirá llevar a cabo el juicio de imputación, toda vez que
para que ello ocurra debe establecerse que el daño en antijurídico cosa que no ocurre en
el presente caso.”
69. Por su parte, el tribunal en la sentencia de segunda instancia que puso fin al
proceso confirmó la decisión, en los siguientes términos:
“Sea lo primero anotar que el carácter injusto de la privación de la libertad
debe considerarse teniendo como parámetros los criterios de razonabilidad,
proporcionalidad y legalidad de la medida de aseguramiento, de ahí que se
deba determinar en cada caso si existía o no mérito para proferir la decisión
en tal sentido.
Además, tal como lo viene sosteniendo reiterativamente el Consejo de
Estado, la terminación del proceso penal con sentencia absolutoria o
preclusión de la investigación, no es indicativa o resulta suficiente para
declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, ya que es NECESARIO E
INDISPENSABLE, comprobar si la medida restrictiva se torna ilegal o injusta
y, en tal caso, generadora de un daño antijurídico imputable a la
administración.”
70. En la sentencia el elemento del daño se analizó con fundamento en las
consideraciones expuestas en el proceso penal para imponer la medida de
aseguramiento y con los elementos de convicción con los que se contaba en ese
momento procesal. Lo anterior, se sustentó en la sentencia SU-072 del 2018,
dictada por la Corte Constitucional, cuyas principales consideraciones se
transcribieron.
71. En consecuencia, la decisión se edificó sobre la inexistencia del daño
antijurídico, por encontrar acreditados los parámetros de legalidad, razonabilidad y
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proporcionalidad de la medida de aseguramiento y las consideraciones que se
realizaron sobre la culpa exclusiva de la víctima tenían como propósito contestar
los argumentos de la apelación, en los que se le aclaró al recurrente que:
“No hubo vulneración o quebrantamiento del principio de presunción de
inocencia tal como enfáticamente lo asevera el apelante. El estudio
ejecutado por el juez de instancia no se refirió a la responsabilidad penal del
señor Yovany Andréi Muñoz, sino a la razonabilidad, proporcionalidad,
necesidad y legalidad de la medida de aseguramiento. No se inmiscuyó o
terció en reabrir la discusión sobre la responsabilidad penal, sino que, en
acatamiento de los términos establecidos por la Corte Constitucional el
examen se ciño en establecer si la medida privativa de la libertad resultaba
procedente.”
72. Por las razones expuestas, las consideraciones encaminadas a acreditar que
no existió culpa exclusiva de la víctima no tienen la capacidad de enervar las
conclusiones a las que se llegó en las sentencias censuradas.
2.3.3.1. Examen del defecto fáctico
73. La parte actora consideró que se incurrió en defecto fáctico porque i) se
tuvieron por probados hechos que no cuentan con soporte en el expediente; ii) se
omitió valorar el acervo probatorio, por no haberse tenido en cuenta el expediente
penal aportado, en especial la sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal
del Circuito Especializado de Medellín que absolvió al enjuiciado de los cargos
imputados en aplicación del principio in dubio pro reo y que consideró que la
Fiscalía omitió realizar algunas actuaciones que resultaban indispensables para
conducir a la certeza sobre la responsabilidad penal.
74. El actor simultáneamente alegó la falta de valoración del material probatorio y
la defectuosa valoración del mismo, argumentos que devienen contradictorios y,
adicionalmente hizo referencia en forma absolutamente genérica e inconcreta a
todos los elementos de convicción que obraban en el proceso penal y a los que el
juez que dictó la sentencia absolutoria consideró que faltó recoger para acreditar
en grado de certeza la responsabilidad en esa sede.
75. Cabe destacar que para alegar un defecto fáctico se debe cumplir una carga
argumentativa mínima que parte de indicar cuál o cuáles fueron las pruebas
concretas que se dejaron de valorar o que se apreciaron en forma contraria a las
reglas de la experiencia y la sana crítica y en qué consistió la omisión, así como la
incidencia en el sentido de la decisión, carga que no se cumplió en el presente
caso.
76. Así lo consideró esta Sección, en decisión del 12 de noviembre del 201513, en
la que precisó los alcances y requisitos que se deben atender al momento de
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta Sentencia del
12.11.15., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
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alegarse la ocurrencia de un defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales
son traídos a colación en la presente decisión.
77. En esa decisión señaló que los eventos de configuración del defecto fáctico
son: i) omisión de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el
asunto; ii) desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la
veracidad de los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o
arbitraria de las pruebas aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en
pruebas obtenidas con violación del debido proceso.
78. Siendo, ello así, no es posible examinar de fondo el defecto fáctico alegado
máxime cuando lo pretendido por la parte actora es una valoración sobre todo el
expediente penal incluida la sentencia absolutoria, lo cual escapa por completo al
objeto de valoración que corresponde realizar en casos de responsabilidad por
privación injusta que limita el análisis a la legalidad, proporcionalidad y
razonabilidad de la medida de aseguramiento y no a lo acaecido en etapas
subsiguientes del proceso.
2.3.3.2. Examen del defecto por falta de motivación parcial
79. Alegó, igualmente, que el caso se estudió desde la perspectiva de la falla en el
servicio y se omitió analizarlo como daño especial.
80. Cabe destacar que no examinar un caso de responsabilidad del Estado con el
título de imputación que la parte demandante considera se debió aplicar no
configura el defecto de ausencia de motivación parcial, en la medida en que las
autoridades accionadas explicaron bajo el principio de razón suficiente que el
análisis se centraría en el cumplimiento de las exigencias en torno a la medida de
aseguramiento y precisaron que la reparación de los perjuicios no es automática y
no se configura inexorablemente por la absolución.
81. En esa medida las sentencias se motivaron debidamente y se adecuaron los
argumentos a las exigencias contenidas en la sentencia de unificación de
jurisprudencia de la Corte Constitucional, contenida en la sentencia SU-072 de
2018.
83. Es importante señalar que le corresponde al juez definir, con fundamento en
los hechos de la demanda y las pretensiones cuál título de imputación se debe
aplicar, con fundamento en el principio iura novit curia.
2.3.3.3. Violación directa de la Constitución
84. En consideración a que este defecto se edificó sobre la premisa equivocada de
que la decisión se adoptó por la ruptura del nexo causal por la culpa exclusiva de
la víctima, por haberse vuelto a analizar la responsabilidad penal y ello se
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desvirtuó en el análisis realizado por la Sala, según el cual esta no constituyó la
ratio de la decisión.
85. En este punto es importante adicionar que las autoridades judiciales aclararon
que la medida de aseguramiento no estaba condicionada a la existencia de prueba
que ofreciera certeza sobre la responsabilidad penal y que el análisis no podía
recaer sobre el fallo absolutorio, que corresponde a una etapa posterior del
proceso.
86. Contrario a lo afirmado por la parte actora el examen en sede de
responsabilidad no recayó sobre la responsabilidad penal del enjuiciado sino sobre
la configuración en el caso concreto de la existencia del daño antijurídico,
elemento que no se encontró configurado, razones por las cuales este cargo no
está llamado a prosperar.
2.5. Conclusión
87. La Sala no encontró acreditados los defectos alegados por la parte actora,
toda vez que la autoridad accionada realizó una valoración de la providencia que
restringió la libertad del señor Yovany Andrei Muñoz Montoya, encontrando que la
misma atendió los criterios exigidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional
y del Consejo de Estado en cuanto a que fue legal, necesaria, proporcional y
razonable y que se aplicaron las normas procesales vigentes.
88. En virtud de lo expuesto, no es posible la intervención excepcional del juez
constitucional, por lo que se negará la petición de amparo constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la petición de amparo constitucional invocada por los señores
Yovany Andréi Muñoz Montoya, María Elena Montoya de Muñoz y otros, por
no encontrar configurados los defectos alegados, por las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
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TERCERO: Si no fuere impugnada, REMITIR el presente asunto a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el
inciso 2º del artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Los interesados pueden consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http//relatoria.consejodeestado.gov.co.8081
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