Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02711-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02711-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-02711-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
3 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., tres (3) de junio de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000 2022 02711 00
Referencia: Acción de tutela
Actor: ROBERTO CARLOS FUENTES DEL TORO
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO. LA
ACCIÓN DE TUTELA NO ES PROCEDENTE PARA SOLICITAR LA
INTERVENCIÓN EN UNA POLÍTICA PÚBLICA, SEA PARA SU
FORMULACIÓN O MODIFICACIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO PARA
PRETENDER QUE SE TRAMITE UN ASUNTO DE CARÁCTER
LEGISLATIVO, PUES EL JUEZ DE TUTELA NO PUEDE SUSTITUIR AL
GOBIERNO NACIONAL ES SUS GESTIONES, NI SUPLIR LOS
MECANISMOS PARA EL EJERCICIO DE LA INICIATIVA
LEGISLATIVA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: A LA VIDA, A LA INTEGRIDAD
FÍSICA, A LA IGUALDAD, AL MÍNIMO VITAL Y A LA PAZ.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la solicitud de tutela presentada por el actor
contra el MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA NACIONAL-
DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS- ÁREA DE ERRADICACIÓN
DE CULTIVOS ILÍCITOS, la AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL
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Número único de radicación: 110010315000 2022 02711 00
Actor: ROBERTO CARLOS FUENTES DEL TORO
TERRITORIO y la GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR.
I. – ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El señor ROBERTO CARLOS FUENTES DEL TORO, actuando en
nombre propio y en favor de las comunidades campesinas “[...] de
las cabeceras municipales de los municipios de San Pablo Bolívar,
Simití y de mi Bolívar, Santa Rosa del Sur, Arenal y Morales [...]”,
en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Constitución Política, solicita la protección de sus derechos
fundamentales a la vida, a la integridad física, a la igualdad, al
mínimo vital y a la paz, los cuales estima vulnerados por el
MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA NACIONAL- DIRECCIÓN
DE ANTINARCÓTICOS- ÁREA DE ERRADICACIÓN DE
CULTIVOS ILÍCITOS, la AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL
TERRITORIO y la GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR, con ocasión de
las actividades de erradicación forzada de cultivos ilícitos que se
desarrollan en el sur del Departamento de Bolívar.
I.2.- Hechos
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Manifestó que el 10 de marzo de 2022, en su condición de campesino
residente en el MUNICIPIO DE SAN PABLO BOLÍVAR y, en su
momento, candidato a una curul especial de paz, intercedió por
iniciativa propia como mediador en un enfrentamiento entre policías
de antinarcóticos y algunos cultivadores de planta de coca, con
ocasión a las actividades de erradicación forzosa que se estaban
desarrollando en el sector.
Indicó que en la medida que debía garantizarse el orden público para
el desarrollo de las elecciones legislativas que se llevarían a cabo por
esos días, se logró llegar al acuerdo de suspender las actividades de
erradicación hasta que pasaran los comicios.
Sostuvo que el 24 de marzo de 2022, cerca de 60 campesinos
cultivadores de planta de coca en los municipios de San Pablo y Simití
Bolívar se enfrentaron nuevamente con policías que estaban
desarrollando actividades de erradicación, ante lo cual los uniformados
activaron sus armas de fuego.
Afirmó que en los hechos un joven llamado YON JANER CORDOBA
YANES resultó herido en su brazo izquierdo, por un proyectil asociado
al armamento propio de las fuerzas militares.
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Manifestó que en los días siguientes se suscitaron situaciones
similares, en los que incluso han mediado el alcalde del MUNICIPIO
DE SAN PABLO DE BOLÍVAR y el defensor del pueblo del
Magdalena, no obstante, las actividades de erradicación de cultivos
ilícitos han continuado, revictimizándose a las víctimas del conflicto
armado.
Destacó que varios campesinos cultivadores de planta de coca de los
municipios de Simití, San Pablo, Santa Rosa y Morales de Bolívar
llegaron a los respectivos cascos urbanos en manifestaciones, sin
embargo, no han logrado ningún acuerdo.
Comentó que en el año 2018, en la zona se desarrolló un proyecto
de sustitución de cultivos en cabeza de la Unión Temporal de
Desarrollo Rural, sin embargo, los compromisos fueron incumplidos,
porque no se entregaron la totalidad de las sumas ofrecidas, dado
que: “[…] nos habían prometido $36.000.000, incluyendo un
proyecto productivo por $18.000.000 y solo algunos nos entregaron
12.000.000 millones, a otros campesinos solo $6.000.000 faltando
los $18.000.000 millones para proyectos productivos […]”.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
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Argumentó que acude a esta instancia judicial “[…] con el fin de
sustentar esta problemática compleja y extensa que lleva alrededor
de 30 años, con el fin de buscar el bienestar de los pueblos […]”.
Explicó que pretende “[…] una revisión minuciosa de esta
problemática y que todo se pueda resolver a feliz término […]”, dado
que ha hecho saber a las autoridades accionadas las consecuencias
de la erradicación forzada, no obstante, no ha habido solución
alguna.
Agregó que la erradicación forzada “[…] Genera más Violencia,
Revictimiza y afecta al mínimo Vital de la población campesina de
este sector dejando solo el camino del abandono y la miseria […]”.
Destacó que los derechos fundamentales invocados “[…] se nos están
violando a los campesinos del sur de Bolívar, en los 6 municipios que
conforman los 16.000 km² de la serranía de san lucas. En los
municipios de Cantagallo, San Pablo Bolívar, Simití Bolívar, Santa
Rosa del Sur, Morales y Arenal […]”.
I.4.- Pretensiones
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Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:
“[…] Con fundamento en los hechos narrados y en las
consideraciones expuestas, respetuosamente solicito al señor
Juez TUTELAR a mi favor los derechos constitucionales
fundamentales invocados, ORDENÁNDOLE a la autoridad
accionada que (Detengan la Erradicación Forzada en el sur de
Bolívar porque es un método mal diseñado que Genera más
Violencia, Revictimiza y afecta al mínimo Vital de la población
campesina de este sector dejando solo el camino del abandono
y la miseria), que se logre Diseñar entre los accionados, un
método adecuado de sustitución de drogas ilícitas, a donde las
Comunidades sean tenidas en cuenta para hacer una
caracterización que logre identificar,
1) El número de hectáreas de planta de coca en todo el sur de
Bolívar, 2) que sean los presidentes de juntas de acciones
comunales los que se encarguen de brindar la información del
número de familias afectadas por las plantas de coca. 3) que
sean los campesinos los que elijan por comunidad el Tipo de
economía Agraria por la que quieren Sustituir los cultivos de
Coca, 4) que los dineros que envié el estado para la sustitución
de cultivos ilícitos le sean enviados directamente a las
comunidades dejando de lado a cadenas de intermediarios que
obstaculizan el proceso de envió de estos recursos, (Cero
corrupciones […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- La DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS DE LA POLICÍA
NACIONAL señaló que la presente acción de tutela es improcedente,
porque lo pretendido por el actor es la suspensión de la actividad de
erradicación de cultivos ilícitos que se viene desarrollando, con
fundamento en el artículo 218 de la Constitución Política, la Ley 62
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de 12 de agosto 19931 y el Decreto 113 de 25 de enero de 20222 y
demás normas sobre la materia.
Explicó que es cuestionable que el actor propenda de forma general
porque se legitime una actividad ilícita, además que carece de falta
de legitimación de la causa por activa, porque no “[…] anexa poderes
u otros instrumentos jurídicos que representan a las comunidades,
no se identifica individualmente las pretensiones, hechos lugares u
acciones de las personas a las cuales la institucionalidad le está
causando un inminente daño o vulneración de algún derecho en la
actualidad […]”.
Aclaró que las economías ilícitas que el actor pretende normalizar son
el motor de la violencia de los territorios a los que alude, además de
la causa del daño ambiental que desencadena.
Mencionó que, en relación con los hechos narrados en la tutela,
advertía que el 10 de marzo de 2022, se presentó un bloqueo al
personal de policía de la compañía de antinarcóticos que desarrollaba
labores en el MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BOLÍVAR, no
1
“Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un establecimiento público de
seguridad social y Bienestar para la Policía Nacional, se crea la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada y se reviste de facultades extraordinarias al Presidente de la República”.
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“Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Defensa Nacional”.
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obstante, no se presentó ningún lesionado o novedad con los equipos
de comunicación o material de guerra.
Anotó que, en efecto, en los últimos tres años en relación con la
oposición a las labores de erradicación de cultivos ilícitos en el
Departamento de Bolívar se han presentado hostigamientos,
bloqueos, asonadas y policías heridos.
Destacó que la siembra de cultivos ilícitos está prohibida en los
artículos 35 del Código Penal, 91 de la Ley 30 de 31 de enero 19863,
además que la erradicación de estos está prevista dentro de la
política del Estado.
Manifestó que, en todo caso, debe declararse su falta de legitimación
en la causa por pasiva en el asunto porque no tiene competencia para
modificar la política de sustitución de cultivos ilícitos, como se
pretende con la acción de tutela de la referencia.
I.5.2.- La AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO señaló
que no existe un derecho a cultivar plantas ilícitas, sin que tampoco
haya un tránsito a su legalidad condicionado a que se reciba una
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“Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones”.
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oferta institucional.
Explicó que el Estado cuenta con 4 modalidades para la erradicación
de cultivos ilícitos así:
“[…] Modalidad 1. Aspersión aérea. Esta modalidad se encuentra
actualmente suspendida de conformidad con lo establecido en la
Resolución No. 006 del 2016 del Consejo Nacional de
Estupefacientes y la Resolución No. 1214 de 2015 de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
Modalidad 2. Erradicación forzada ejecutada por Grupos Móviles
de Erradicación (GME) con la seguridad que les brinda la Fuerza
Pública. Actualmente es coordinada y planeada por la Fuerza
Pública.
Modalidad 3. Erradicación forzada que es ejecutada
directamente por personal de la Fuerza Pública, a través de
diferentes programas y herramientas autorizadas por el
Gobierno Nacional. En esta modalidad se incluye el Programa de
Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre
(PECAT).
Modalidad 4. Sustitución voluntaria que realizan los cultivadores
a través de los distintos programas de desarrollo alternativo o
sustitución de cultivos, con o sin apoyo de la Fuerza Pública. De
mediar un apoyo, se considera erradicación asistida […]”.
Expuso que si bien está encargada de la ejecución del Programa
Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito -PNIS, en
relación con la erradicación forzada carece de competencia dado que
las actividades respectivas son ejecutadas por la Dirección de
Antinarcóticos de la Policía Nacional, conforme con los decretos 2253
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de 3 de octubre 19914 y 4222 de 23 de noviembre 2006 5, razón por
la cual solicitó que se le desvincule del presente asunto por carecer
de falta de legitimación en la causa por pasiva.
Apuntó que el actor carece de legitimación en la causa por activa
para promover la acción de tutela en favor de la generalidad de
campesinos del sur de Bolívar que se dedican al cultivo de la planta
de coca, dado que no cumple con los requisitos para actuar como
agente oficioso.
Arguyó que la presente acción de tutela también es improcedente por
subsidiariedad, dado que el actor no demuestra haber agotado los
mecanismos ordinarios que tiene a su disposición para la protección
de los intereses colectivos a los que refiere, sin que se advierta un
perjuicio irremediable que justifique el estudio del fondo del asunto.
Agregó que, de igual forma, conforme con la jurisprudencia
constitucional la acción de tutela no es un mecanismo para que el
juez respectivo sustituya al Gobierno Nacional en su gestión de
formular y aplicar una política determinada.
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“Por el cual se adoptan como legislación permanente unas disposiciones expedidas en ejercicio de las
facultades del Estado de Sitio”.
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“Por el cual se modifica parcialmente la estructura del Ministerio de Defensa Nacional.”
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I.5.3.- El MUNICIPIO DE MORALES, vinculado al proceso por la
mención que le fue hecha en el escrito introductorio, manifestó que
en efecto se realizaron reuniones de concertación en el MUNICIPIO
DE SAN PABLO con los campesinos del sur de Bolívar, por los
enfrentamientos que se han presentado con la fuerza pública por las
actividades de erradicación de cultivos ilícitos, sin que se haya
llegado a ningún acuerdo.
I.6.- Trámite
La acción de tutela fue atribuida para su trámite en primera instancia
al JUZGADO QUINCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE CARTAGENA que, luego de haber admitido la
solicitud y efectuar las respectivas notificaciones, mediante auto de
13 de mayo de 2022, remitió el expediente por competencia6 a esta
Corporación para continuar con el trámite.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
6
Ver. Numeral 12 del artículo 1 del Decreto 333 de 2021.
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La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de
11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y
del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma
Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de
tutela.
Cuestiones previas
Antes de resolver la presente acción de tutela, la Sala se pronunciará
respecto de los siguientes aspectos concernientes a: i) la solicitud de
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva
presentada por la DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS DE LA
POLICÍA NACIONAL y la AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL
TERRITORIO y; ii) la legitimación en la causa por activa del actor
como agente oficioso en la defensa de los derechos de la comunidad
campesina del sur de Bolívar vinculados al cultivo de la planta de
coca.
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• De la solicitud de desvinculación presentada por la
DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS DE LA POLICÍA NACIONAL
y la AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO.
La Sala pone de presente que previo al planteamiento del problema
jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para
efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como
el alcance del contenido de la sentencia.
La Sala advierte que la DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS DE LA
POLICÍA NACIONAL y la AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL
TERRITORIO solicitaron que se les desvincule del presente caso,
por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la
sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que
el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor
y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación
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en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación
con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso,
como en cualquier otro, el juez debe lograr que la
actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad
y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia
que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991
avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la
violación de los derechos fundamentales de las personas,
y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera
de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable
del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su
contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se
rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la
conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su
conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
En el presente caso, independiente de la prosperidad o no de las
pretensiones de la solicitud de amparo, como quiera que el actor
dirigió de forma directa la acción de tutela contra las entidades
aludidas, es claro que existe un vínculo procesal que las relaciona
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con el presente trámite.
Además, en la medida que, por una parte, la DIRECCIÓN DE
ANTINARCÓTICOS DE LA POLICÍA NACIONAL está encargada
de efectuar las labores de erradicación forzada de cultivos ilícitos y
que, por otra, la AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO
participa en la ejecución de la política de sustitución de dichos
cultivos, es claro que estaban llamadas a rendir informe sobre los
hechos y fundamentos de la solicitud de amparo, razón por la cual la
Sala denegará la solicitud de desvinculación, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
• De la legitimación en la causa por activa del actor como
agente oficioso en la defensa de los derechos de la comunidad
campesina del sur de Bolívar vinculados al cultivo de la planta
de coca.
Para la Sala resulta pertinente pronunciarse sobre la agencia oficiosa
que pretende ejercer el actor sobre los derechos de los residentes
“[…] de las cabeceras municipales de los municipios de San Pablo
Bolívar, Simíti y de mi Bolívar, Santa Rosa del Sur, Arenal y Morales
[…]” y en general de los campesinos del sur del departamento del
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sur de Bolívar relacionados con el cultivo de la planta de coca.
En relación con la interposición de la acción de tutela a través de
persona diferente a la titular del derecho fundamental
presuntamente conculcado, el artículo 10° del Decreto 2591 de 1991
dispone lo siguiente:
“[…] Artículo 10: Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser
ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada
o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará
por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán
auténticos.
También se podrán agenciar derechos ajenos cuando el titular de los
mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa.
Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud
[…]”.
Sobre el particular, ha dicho la Corte Constitucional que el proceder
del agente oficioso es legítimo en tanto responde a tres principios de
importancia para el orden constitucional: “la efectividad de los
principios y derechos fundamentales (Art. 2 C.P), la prevalencia del
derecho sustancial sobre las formas (Art. 228 C.P), y el principio de
solidaridad (Art. 95 C.P)”7. Asimismo, ha indicado la Corte que son
presupuestos para la procedencia de esta figura, los siguientes:
“[…] La Corte ha reiterado que los elementos -mínimos pero
indispensables- para que proceda el reconocimiento de la agencia
7
Sentencia T-372 de 2010
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oficiosa en materia de tutela son: “(i) la manifestación del agente
oficioso en el sentido de actuar como tal; [y] (ii) la circunstancia real,
que se desprenda del escrito de tutela ya por figurar expresamente o
porque del contenido se pueda inferir, consistente en que el titular del
derecho fundamental no está en condiciones físicas o mentales para
promover su propia defensa”. Solo cuando estos dos requisitos se
presentan simultáneamente, puede concluirse que el agente está
legitimado por activa para solicitar la garantía de derechos
fundamentales de los cuales no es titular […]”8.
De conformidad con los lineamientos jurisprudenciales señalados,
esta Sala encuentra que en el presente asunto no se cumplen los
presupuestos previstos para acreditar válidamente la agencia oficiosa
que pretende el actor en relación con los campesinos del sur de
Bolívar, puesto que se refiere a personas indeterminadas e
indeterminables y sobre las cuales resulta imposible establecer la
voluntad de comparecer al proceso de tutela en procura de obtener
la protección de derechos fundamentales y que tengan imposibilidad
mental o física de hacerlo directamente.
Por tanto, en relación con este aspecto, se declarará la falta de
legitimación en la causa por activa del actor como agente oficioso de
los derechos de la comunidad campesina del sur de Bolívar
vinculados al cultivo de la planta de coca, en tanto que no se
acreditan los presupuestos necesarios para validar la agencia
8
Ibidem
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oficiosa.
Ahora bien, en relación con la intervención directa del actor en su
propio nombre, la Sala advierte que este sí tiene legitimación en la
causa por activa, en la medida que de algunos a partes del escrito
introductorio se extrae que ha participado en programas de
sustitución de cultivos ilícitos sin que, en todo caso, sea necesario
que hubiese hecho mayor precisión al respecto, dado que conforme
con el artículo 339 de la Constitución Política, nadie está obligado a
declarar en su propia contra.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 199110. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
9
“[…] ARTICULO 33. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge,
compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o
primero civil […]”.
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«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
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afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Análisis del caso concreto
A través de la presente acción de tutela el actor pretende que se
ordene la suspensión de las labores de erradicación forzada de
cultivos de planta de coca que viene desarrollando la Policía Nacional
en el sur de Bolívar.
El disenso del actor radica en el hecho de que, a su juicio, dichas
labores generan más violencia, en la medida que los campesinos se
han visto involucrados en enfrentamientos con la fuerza pública,
además, porque no se ha ejecutado una política que les garantice el
tránsito a actividades legales.
En ese orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si la
presente acción de tutela es procedente para estudiar si hay lugar o
no a ordenar la suspensión de las actividades de erradicación forzosa
de cultivos ilícitos, con fundamento en el impacto económico y social
que genera dicha política en el sur del Departamento de Bolívar, en
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donde reside el actor.
La Sala hará mención al marco jurídico de la erradicación forzada de
cultivos ilícitos para enseguida dar solución al problema jurídico
planteado.
De la erradicación de cultivos ilícitos
La erradicación de cultivos ilícitos es una política pública que tiene
una finalidad vinculada a la garantía de la salubridad, de la seguridad,
del orden público y de la protección ambiental, dadas las
consecuencias negativas que se generan a partir de la cadena de
producción y desarrollo del narcotráfico.
Esta política tiene fundamento a nivel internacional, entre otros
instrumentos, en la Convención Única Sobre Estupefacientes de
1961, la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la
Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias
Psicotrópicas de 1988, incorporadas al ordenamiento interno, a
través de las leyes 67 de 23 de agosto 199311, 13 de 29 de noviembre
11
“Por medio de la cual se aprueba la "Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de
estupefacientes y sustancias sicotrópicas", suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988”.
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197412 y 43 de 198013.
Ahora bien, a nivel interno, conforme con el artículo 91 de la Ley 30
de 1986, corresponde al Consejo Nacional de Estupefacientes
formular la política para la lucha contra la producción, comercio y uso
de drogas que producen dependencia.
Así mismo, la referida disposición prevé que dicha instancia debe
disponer sobre la destrucción de cultivos ilícitos, como es el caso de
la planta de coca, así:
“[…] ARTICULO 91. Son funciones del Consejo Nacional de
Estupefacientes:
a) Formular, para su adopción por el Gobierno Nacional, las
políticas y los planes y programas que las entidades
públicas y privadas deben adelantar para la lucha contra la
producción, comercio y uso de drogas que producen
dependencia.
[…]
g) Disponer la destrucción de cultivos de marihuana, coca,
y demás plantaciones de las cuales se puedan extraer
sustancias que produzcan dependencia, utilizando los
medios más adecuados, previo concepto favorable de los
organismos encargados de velar por la salud de la
población y por la preservación y equilibrio del ecosistema
del país […]”.
12
“Por medio de la cual se aprueba la "Convención Unica sobre estupefacientes", hecho en Nueva York,
el 30 de marzo de 1961, y su Protocolo de Modificaciones, hecho en Ginebra el 25 de marzo de 1972”.
13
“Por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas", suscrito en Viena el
21 de febrero de 1971 y se autoriza al Gobierno de Colombia para adherir al mismo”.
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Así entonces, conforme con el artículo 14 del Decreto 113 de 2022,
la DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS DE LA POLICÍA
NACIONAL es la encargada de “[…] coordinar y ejecutar el
desarrollo de las operaciones de erradicación de los cultivos ilícitos
en sus diferentes modalidades conforme con las disposiciones
legales vigentes […]”.
En la actualidad dicha labor es ejecutada, por la referida
dependencia, de acuerdo con la Resolución núm. 04823 del 09 de
octubre de 2017, expedida por el Director General de la Policía
Nacional, que dispone sobre los métodos para la erradicación de
los cultivos ilícitos.
Respecto de los diferentes métodos, en sentencia T 690 de 201714,
la Corte Constitucional explicó:
“[…] En Colombia, los métodos que existen para la erradicación
de cultivos ilícitos se dividen en dos grandes categorías: la
erradicación manual y la erradicación por aspersión. La primera,
es la acción que consiste en “arrancar los cultivos ilícitos del
arbusto de coca y/o marihuana, o cortar (soquear) la planta de
amapola, produciendo la consecuente muerte por deshidrata-
ción”[146]. Dentro de esta forma de erradicación existen dos
modalidades: una es la voluntaria que proviene de la decisión
libre de las comunidades o de la concertación con ellas y la otra
es la forzosa que se presenta cuando no se dan ninguna de las
dos anteriores circunstancias. En esta última, el Ministerio de
Defensa Nacional ejecuta la política antidrogas del Estado,
14
MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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dependiendo de las estrategias y áreas de focalización definidas.
Este tipo de erradicación se hace a través de los Grupos Móviles
de Erradicación - GME (los cuales están a cargo de la Unidad
para la Consolidación Territorial, ahora Prosperidad Social),
quienes actúan en compañía de la Fuerza Pública, para efectos
de proveerles seguridad.
El segundo tipo de erradicación es aquella que se realiza
mediante aspersión con un herbicida, con el propósito de que
éste destruya la mata de coca, amapola, marihuana, entre otras.
Este tipo de erradicación, a su vez, se divide en dos
modalidades: una es la aérea, en la cual se asperjan desde unos
aeronaves y bajo determinadas condiciones, unas cantidades
específicas del herbicida a los cultivos ilícitos y; la otra, es la
aspersión desde tierra, la cual a su vez se divide en dos
modalidades, los aspersores de espalda (el erradicador asperja
con un tanque en su espalda) y la aplicación aspersora
estacionaria, esto es, mediante una máquina que fumiga un
terreno específico […]”.
Cabe precisar que, conforme con la Resolución 006 de 29 de mayo
de 2015 expedida por el Consejo Nacional de Estupefacientes y la
Resolución núm. 1214 de 30 de septiembre 2015 de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales, se encuentra suspendido el
método de erradicación por aspersión aérea con glifosato.
Dicho aspecto también fue destacado por la Corte Constitucional en
la sentencia citada en precedencia, así:
“[…] 3.6.3. Desde el año pasado, en el territorio colombiano, no
se está realizando aspersión aérea con glifosato por decisión del
Consejo Nacional de Estupefacientes. Para la Corte, resulta
importante aclarar que la decisión sobre el mecanismo de
erradicación que se utilice en el territorio colombiano para
destruir los cultivos ilícitos, hace parte de la política antidroga
del Gobierno Nacional, quien deberá a través del Consejo
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Nacional de Estupefacientes, optar por el mecanismo que,
atendiendo a los conceptos técnicos y las recomendaciones de
organismos internacionales sobre la seguridad del químico y el
método a utilizar, sea el más eficiente para la lucha contra el
narcotráfico […]”
De la improcedencia de la acción de tutela en el caso concreto
Esta Sala ha sido enfática en señalar que la acción de tutela no es
procedente para solicitar la intervención en una política pública, bien
sea para su formulación o modificación, así como tampoco para
pretender que se tramite un asunto de carácter legislativo, pues el
juez de tutela no puede sustituir al Gobierno Nacional en sus
gestiones, ni suplir los mecanismos para el ejercicio de la iniciativa
legislativa.
Al respecto en sentencia de 19 de junio de 202015, esta Sala precisó:
“[…] la Corte Constitucional, en sentencia SU 1052 de 2000,
señaló:
[…] Al juez constitucional no le corresponde interferir, por vía
de tutela, en las decisiones generales abstractas e
impersonales confiadas por la Constitución Política a otras
autoridades estatales. De tal manera que, tal como lo
consideraron los jueces de instancia, mediante la acción de
tutela no es posible sustituir al Gobierno Nacional en su
gestión de formular y aplicar la política fiscal del Estado, como
tampoco resulta procedente, con el propósito por demás loable
de proteger los derechos fundamentales, cuestionar las
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de junio
de 2020, CP Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 25000-23-15-000-2020-01240-
01.
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decisiones que con respecto a ésta facultad se tomen, porque
de ser posibles la sustitución y la disputa, tendríamos que
concluir que el constituyente le confió al juez constitucional,
por vía de tutela, el poder omnímodo de decidir en todos los
asuntos públicos, incluyendo la dirección económica del Estado
lo cual, además de impertinente, contradice abiertamente la
Constitución Política […]”.
[…]
De manera que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo
para acceder a lo solicitado, como en este caso, para propiciar
actuaciones de las autoridades nacionales y distritales
tendientes a que estas adopten normativas que prevean la
asistencia social en una forma determinada, para a atender a
todas las personas en condición de vulnerabilidad económica.
[…] la Sala reitera que la acción de tutela no es el mecanismo
idóneo para pretender que un asunto de naturaleza legislativa,
que compete implementar a otras autoridades, sea tramitado y
aprobado de forma inmediata. Sobre este aspecto, en sentencia
T 1452 de 200016, la Corte Constitucional indicó:
“[…] Por consiguiente, no se ajusta a la Constitución, que se
invoque la figura sumaria de la tutela con la intención de que
se tramiten de manera acelerada, asuntos que por su misma
complejidad exigen acucioso y ponderado análisis bajo la
óptica de ordenamientos especializados, expresamente
sometidos por el sistema jurídico a ciertas formas y
procedimientos […]”.
[…]”
Ahora bien, en lo que concierne de forma particular a la
improcedencia de la acción de tutela, para ordenar la
intervención de la política pública de erradicación de cultivos
ilícitos, la Corte Constitucional17 ha señalado:
“[…] 3.7. Breve mención del papel del juez en la
16
Magistrada ponente, Martha Victoria Sáchica Méndez.
17
Sentencia T 690 de 2017, MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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formulación e implementación de políticas públicas
3.7.1. Como se expuso anteriormente, la adopción de decisiones
en materia de lucha contra las drogas es competencia del
Gobierno Nacional, en cabeza del Consejo Nacional de
Estupefacientes[165], quien, de acuerdo con los estudios técnicos
respectivos y previo concepto favorable de los organismos
encargados de velar por la salud y la preservación del ambiente,
determinará en concreto, cuál es el mecanismo de erradicación
de cultivos ilícitos, que como instrumento de política antidrogas,
debe ejecutarse en el territorio colombiano. Cabe resaltar que
esta labor deberá estar orientada en materia ambiental por el
principio de precaución, conforme al cual “cuando exista peligro
de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica
absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la
adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del
medio ambiente” (artículo 1º de la Ley 99 de 1993), además
deberá tratarse de una política respetuosa de los derechos
humanos y deberá tener el enfoque preventivo que fue
desarrollado con anterioridad.
De esta forma, esta Sala advierte que la decisión que
adopte el Gobierno Nacional por intermedio del citado
Consejo, no puede estar mediada por el juez
constitucional, ya que éste sólo intervendrá cuando
encuentre que está en riesgo el ambiente o la salud de las
personas, a través de la aplicación del principio de
precaución. Esta intervención podrá tener distintos niveles
dependiendo del grado de afectación o amenaza que se
constate, la cual podría ir, desde el condicionamiento en la
ejecución de dichas actividades, hasta su limitación o restricción
en un escenario concreto. Para ejemplificar este punto, aunque
se trata de un pronunciamiento del juez contencioso
administrativo, cabe reseñar el exhorto que el Consejo de Estado
realizó al Gobierno Nacional, al conocer de una acción de
reparación directa, por los daños en unas plantaciones
ocasionados por la aspersión aérea con glifosato, en los
siguientes términos: “Exhortar al Gobierno Nacional para que en
aplicación del principio de precaución estipulado por el artículo
1º de la Ley 99 de 1993, examine la posibilidad de utilizar otras
alternativas diferentes al método de erradicación aérea con el
herbicida glifosato sobre cultivos ilícitos, con el fin de prevenir
eventuales daños antijurídicos al ambiente y a la población en
general.”[166]
Por otro lado, como se enunció en el acápite sobre el estado de
la cuestión, la Sala de Seguimiento de la Sentencia T-025 de
2004, en Auto 073 de 2014[167], intervino a través de órdenes
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directas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para
que con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional de
Nariño y el Ministerio de Salud y Protección Social, realizara
estudios técnicos y científicos para determinar el impacto de las
aspersiones áreas con glifosato sobre el ambiente y la salud de
las personas en los territorios colectivos y ancestrales de las
comunidades negras de Nariño, los cuales se debían allegar en
el término de tres meses a esta Corporación. En este mismo
Auto, se dispuso que si durante dicho término no se llegaba a
una conclusión definitiva sobre la inexistencia de riesgo actual,
grave e irreversible para el ambiente y/o salud de las personas,
debía examinarse la posibilidad de dar aplicación inmediata al
principio de precaución y ordenar la suspensión de las
actividades que pongan en peligro los derechos colectivos de los
pueblos étnicos de esa región.
Como se deriva de lo expuesto, es claro que la
intervención del juez de tutela tiene cabida sólo cuando
se observa una afectación a la ambiente o a la salud de
las personas que habitan un territorio específico, por lo
que, se reitera, la suspensión de una actividad sólo puede
estar mediada por estudios técnicos de las entidades
respectivas, quienes deberán definir cuándo puede ser
riesgoso un mecanismo de erradicación, sin perjuicio de
que la realización de dichos estudios tenga como soporte
la actividad del juez, al resolver casos concretos, sobre la
base de elementos fácticos que permitan justificar una
orden en tal sentido […]”. (Destacado fuera de texto)
Corolario a lo anterior, la acción de tutela es improcedente para
solicitar la intervención del juez de tutela en la modificación de la
política pública de erradicación de cultivos ilícitos, a menos que se
trate de una situación concreta y particular, en la que se observe una
afectación al medio ambiente o a la salud de las personas que
invocan el amparo, como ha ocurrido en casos determinados con la
aspersión aérea de glifosato.
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Actor: ROBERTO CARLOS FUENTES DEL TORO
Cabe precisar que, la Corte Constitucional18 también ha aceptado la
procedencia de la acción de tutela, en relación con situaciones
particulares, en las que con ocasión a la erradicación de cultivos
ilícitos se ha vulnerado el derecho a la consulta previa de las
comunidades indígenas.
En ese orden de ideas, dado que el actor pretende que se ordene la
suspensión de la erradicación forzada de cultivos ilícitos en el sur del
Departamento de Bolívar, porque dicha medida “[…] afecta al mínimo
Vital de la población campesina de este sector […]”, la Sala señala
que la presente acción de tutela es improcedente.
Lo anterior porque las razones que fundamentan la acción de tutela
de la referencia no corresponden a ninguna de las circunstancias
enunciadas en precedencia, esto es, una situación concreta y
particular, en la que se observe una afectación al medio ambiente, a
la salud de quien invoca el amparo o al derecho a la consulta previa
de las comunidades indígenas.
En ese orden de ideas, la Sala declarará improcedente la acción de
tutela de la referencia, como en efecto se dispondrá en la parte
18
Ver sentencia T-236/17, MP Aquiles Arrieta Gómez
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Actor: ROBERTO CARLOS FUENTES DEL TORO
resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
FALLA:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por la DIRECCIÓN
DE ANTINARCÓTICOS DE LA POLICÍA NACIONAL y la AGENCIA
DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA
CAUSA POR ACTIVA del actor como agente oficioso en la defensa
de los derechos de la comunidad campesina del sur de Bolívar
vinculados al cultivo de la planta de coca, de conformidad con lo
señalado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo del
actor, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.
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Actor: ROBERTO CARLOS FUENTES DEL TORO
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de junio de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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