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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02715-00

Fecha
30 de junio de 2022
Consejero ponente
Julio Roberto Piza Rodriguez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02715-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la señora María Hortencia Nieto Salgado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-02715-00

Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez

30 de junio de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02715-00
Demandante: María Hortencia Nieto Salgado

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Bogotá D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02715-00
Demandante: MARÍA HORTENCIA NIETO SALGADO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B, Y
OTRO
Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, que denegó las pretensiones de
reconocimiento de pensión con el Decreto 546 de 1971, por pérdida
de régimen de transición al no acreditar requisito de tiempo de
servicios o cotización. Falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora María Hortencia Nieto
Salgado contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, y el Tribunal
Administrativo del Meta.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

1.1. En ejercicio de la acción de tutela, mediante apoderada judicial, la señora María
Hortencia Nieto Salgado pidió la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso y a la seguridad social, que estimó vulnerados por las sentencias del 15 de
noviembre de 2018 y 21 de octubre de 2021, dictadas, en su orden, por el Tribunal
Administrativo del Meta y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. En
concreto, formuló las siguientes pretensiones:

1. TUTELAR los derechos de la señora María Hortencia Nieto Salgado al debido proceso, a la
seguridad social, a la libre elección de régimen pensional y a recibir información veraz e imparcial.

2. REVOCAR la sentencia del H. Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo del Meta en el
proceso instaurado por María Hortencia Nieto Salgado contra las resoluciones proferidas por
COLPENSIONES y ya citadas en la presente acción.

3. PROFERIR u ordenar a quien corresponda, para que se profiera nuevo fallo en el que se
garanticen los derechos fundamentales de la señora María Hortencia Nieto Salgado, teniendo en
cuenta la ausencia del cumplimiento del deber de información de PORVENIR S.A. A.F.P. previo al
cambio de régimen pensional de mi representada y la correcta aplicación del inciso 4° del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con la normatividad que regula el deber de información
de las administradoras de fondos de pensiones para que pueda considerarse como voluntaria la
elección de traslado de régimen pensional.

2. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

2.1. La señora María Hortencia Nieto Salgado nació el 24 de diciembre de 1957 y prestó
sus servicios a la Fiscalía General de la Nación desde el 4 de marzo de 1988 al 31 de
diciembre de 2011. Que desde el año 1985 venía realizando aportes a pensión en el
Instituto de Seguros Sociales.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02715-00
Demandante: María Hortencia Nieto Salgado

2.2. El 1° de octubre de 1997 se trasladó al Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir
S.A., en atención a la información que varios asesores de Fondos de Pensiones del
régimen de ahorro individual, “quienes le indicaron que los dineros de las pensiones se
encontraban más seguros en los Fondos Privados que en el entonces Instituto de
Seguros Sociales”.

2.3. En el año 2010, la demandante solicitó a BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías su
regreso al Instituto de Seguros Sociales, toda vez que nunca fue informada sobre los
efectos negativos que implicaba el cambio de régimen pensional, lo cual fue negado por
el Fondo de Pensiones. Sin embargo, por orden de tutela, el Juzgado Segundo Penal del
Circuito de Villavicencio, en fallo del 27 de octubre ordenó el traslado al ISS.

2.4. Que, el 16 de mayo de 2011, la señora Nieto Salgado solicitó al ISS el
reconocimiento de la pensión de jubilación, conforme con el Decreto 546 de 1971, al ser
beneficiaria del régimen de transición. Por Resoluciones 00035 del 5 de enero del 2012
y 24910 de 16 de julio de 2012, fue negada la petición.

2.5. Ante una petición en los mismos términos, mediante Resolución GNR 210463 del
21 de agosto de 2013, la entidad negó el reconocimiento de la prestación, decisión contra
la cual la demandante presentó recurso de reposición y en subsidio apelación.

2.5.1. Por Resolución 352181 del 12 de diciembre de 2013, se resolvió el recurso de
reposición y se confirmó la anterior resolución.

2.6. La señora María Hortencia Nieto Salgado presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra Colpensiones (antes ISS) para que se declarara la
nulidad de los anteriores actos administrativos y se ordenara el reconocimiento de la
pensión de jubilación conforme con el Decreto 546 de 1971.

2.7. La demanda correspondió al Tribunal Administrativo del Meta, que, en fallo del 15
de noviembre de 2018, negó las pretensiones de la demanda. En concreto, estimó que
la actora se trasladó del régimen de prima media con prestación definida al régimen de
ahorro individual a partir del 1° de noviembre de 1997 y, como consecuencia de un fallo
de tutela del 27 de octubre de 2010, regresó al régimen de prima media con prestación
definida el 1° de febrero de 2011.

2.7.1. Que, aunque la demandante contaba con más de 35 años de edad para cuando
entró en vigencia la Ley 100 de 1993 y, por lo tanto, cumplió el supuesto establecido en
el artículo 36 de la Ley 100 relativo a la edad, lo cierto es que la situación se alteró al
momento en que se trasladó de régimen pensional, pues independientemente de que
haya regresado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida el 1° de febrero de
2011, le corresponde acreditar que contaba con 15 años de servicios al 1° de abril de
1994, a fin de conservar el beneficio de la transición, en consonancia con las sentencias
de constitucionalidad C-789 de 2002, C-1024 de 2001 y la SU-130 de 2013.

2.7.2. Que, por tanto, la actora quedó sujeta a las reglas del artículo 33 de la Ley 100 de
1993, modificado por el artículo 9° de la Ley 797 de 2003, por lo que para ese momento
no contaba con la edad ni las semanas requeridas para el reconocimiento de la pensión
de vejez. En todo caso, mencionó que, en el trámite del proceso, Colpensiones reconoció
la aludida prestación conforme con la Ley 100.

2.8. Inconforme con la decisión, la señora Nieto Salgado presentó recurso de apelación
y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por sentencia del 21 de octubre
de 2021, confirmó la decisión, en general, por las mismas razones que el a quo.

2.8.1. La sentencia fue notificada el 19 de noviembre de 2021, según la información
registrada en el sistema de consulta de procesos.

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Demandante: María Hortencia Nieto Salgado

3. Argumentos de la acción de tutela

3.1. De manera preliminar, la señora María Hortencia Nieto Salgado hizo un recuento de
los hechos que dieron lugar a las providencias cuestionadas y estimó cumplidos los
requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Asimismo, expuso que la providencia cuestionada incurrió:

3.1.1. En defecto fáctico, pues, a su juicio, la autoridad judicial no tuvo en cuenta las
pruebas aportadas al proceso de nulidad y restablecimiento de derecho que daban
cuenta que hubo una falta al deber de información por parte del Fondo de Pensiones
Porvenir S. A. y, por tanto, el traslado al régimen de ahorro individual al no ser libre ni
voluntario por vicio en el consentimiento, carecía de validez. Que, de hecho, por fallo de
tutela se ordenó el regreso al régimen de prima media, lo cual tampoco fue tenido en
cuenta por la providencia cuestionada.

3.1.1.1. Que, en esas circunstancias, no le era aplicable la consecuencia jurídica
señalada en el inciso 4 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues el traslado del régimen
no fue voluntario. En ese sentido, no debía exigirse el cumplimiento del requisito de
contar con más de 15 años de servicio al 1 de abril de 1994.

3.1.1.2. Por tanto, adujo que si se hubieran tenido en cuenta todas las pruebas obrantes
en el expediente, se podía advertir con claridad que la demandante es beneficiaria del
régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por tanto, le
era aplicable el régimen especial de la Rama Judicial.

3.1.2. En Defecto sustantivo, por cuanto la autoridad judicial demandada otorgó un
alcance diferente al inciso 4 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por lo tanto,
desconoció la literalidad de la norma. Que, en efecto, esa norma establece que es
exigible el requisito de 15 años de prestación de servicios al 1° de abril de 1994 para el
retorno del afiliado al Régimen de Prima Media y se permita conservar el régimen de
transición, siempre y cuando el cambio de régimen a un fondo del régimen de Ahorro
Individual haya sido consecuencia de una decisión voluntaria.

3.1.2.1. Que la providencia cuestionada partió del supuesto de que el traslado inicial de
la demandante contaba con dicha voluntad, cuando es claro que, de acuerdo con la
normatividad aludida y a lo indicado por la Corte Constitucional, su traslado no fue
voluntario.

3.1.2.2. Señaló que “(…) es deber de las entidades que hacen parte del Régimen de
Ahorro individual demostrar que la asesoría brindada es clara, completa, cierta y
oportuna frente a los beneficios y perjuicios de una decisión de tal importancia como lo
es el cambio de régimen pensional, así como es su deber indicar en el caso de la
demandante, las consecuencias negativas de dicha decisión tales como la pérdida del
régimen de transición si elegía trasladarse a dicho régimen”.

3.1.2.3. Que el anterior deber no fue cumplido en el caso de la demandante, como fue
puesto de presente tanto en vía administrativa como judicial, así como en el trámite de
la acción de tutela fallada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Villavicencio, en
el que se ordenó el regreso de la actora al régimen de prima media.

3.1.2.4. Por otro lado, manifestó que la autoridad judicial se apartó del precedente fijado
por la Corte Constitucional respecto de los derechos adquiridos para los afiliados que al
momento de expedirse la Ley 100 de 1993 cumplían con los requisitos para acceder al
régimen de transición que establece el artículo 36. Que la sentencia C-754 de 2004
determinó que, al cumplir los requisitos de ingreso al régimen de transición, existe un
derecho adquirido para continuar en dicho régimen. Que, al respecto, la Sección
Segunda del Consejo también se ha pronunciado, al señalar que la transición es un

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derecho cierto y no una simple expectativa (sentencia del 18 de febrero de 2010,
expediente 25000-23-25-000-2004-04269-01 - 1020-08).

3.1.2.5. También sostuvo que la providencia se apartó de los lineamientos
jurisprudenciales trazados por la Corte Constitucional respecto al deber de información
que deben cumplir los fondos de pensiones de manera previa al traslado de régimen
pensional, para que se entienda que el afiliado tomó una decisión voluntaria. Que, en un
caso similar al de la demandante, la Corte Constitucional en Sentencia T-818 de 2007,
protegió el derecho de una persona a ser beneficiaria del régimen de transición de la Ley
100.

4. Trámite procesal

4.1. Por auto del 23 de mayo de 2022, el Despacho Sustanciador admitió la demanda de
tutela y, entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados, a los magistrados
del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, y del Tribunal Administrativo
del Meta y, como tercero con interés, al presidente de Colpensiones.

4.2. En cumplimiento de la anterior orden, la Secretaría de esta Corporación practicó las
notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 31 de mayo de
20221.

5. Intervenciones

5.1. La Directora de Acciones Constitucionales de la Administradora Colombiana
de Pensiones solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela por no
cumplir con los requisitos generales de procedibilidad, en razón a que la decisión
adoptada por el Consejo de Estado, no incurrió en ningún defecto, sino que por el
contrario se ajustó al ordenamiento legal y al precedente jurisprudencial de la jurisdicción.

5.1.1. Respecto del asunto de fondo, expuso que las autoridades judiciales tenían la
posibilidad de apartarse del precedente jurisprudencial y argumentar, como en efecto
sucedió, cuál era su interpretación normativa bajo la cual consideraba debía estudiarse
el caso concreto. Que, en ese sentido, debe respetarse la autonomía judicial, pues en el
proceso ordinario se explicó de manera detallada y razonada, la razón por la que se
aparta de dicha jurisprudencia.

5.1.2. En cuanto al fondo del asunto, refirió que la providencia cuestionada estuvo
soportada por las pruebas obrantes en el expediente y el precedente fijado por el Consejo
de Estado en la Sentencia de Unificación de 28 de agosto de 2018 y por la Corte
Constitucional, respecto de los factores que se deben incluir en la liquidación de la
pensión de las personas beneficiarias del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

5.2. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, y el Tribunal
Administrativo del Meta no se pronunciaron, pese a que, como se vio, fueron
debidamente notificados.

CONSIDERACIONES

1. De la acción de tutela contra providencias judiciales

1.1. A partir del año 20122, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20143, se precisó que la
acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas

1 Índice 8 de Samai.
2 Ver sentencia del 31 de julio de 2012.
3 Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01.

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por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución
Política, ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad pública.

1.2. Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos
generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la
sentencia C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los
medios ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se esté cuestionando una
sentencia de tutela.

1.3. Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez
puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los
siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela:
(i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto
orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del
precedente, y (viii) violación directa de la Constitución.

1.4. Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han
venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se
convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas
que son propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por
negligencia o decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.

1.5. Ahora, tratándose de tutela contra providencias judiciales proferidas por el Consejo
de Estado o por la Corte Suprema de Justicia, cuando ejercen funciones de órganos de
cierre en las respectivas jurisdicciones, la Corte Constitucional ha establecido un
requisito adicional, consistente en «la configuración de una anomalía de tal entidad que
exija la imperiosa intervención del juez constitucional»4.

2. Planteamiento del problema jurídico y solución del problema jurídico

2.1. De manera preliminar, se precisa que las inconformidades de la actora respecto de
la decisión del Tribunal Administrativo del Meta fueron resueltas por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, que, como juez de segunda instancia, estaba
habilitado para el efecto. Por lo tanto, la Sala se ocupará únicamente de resolver los
cuestionamientos contra la decisión del consejo, que, en últimas, fue la que puso fin al
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora María
Hortencia Nieto Salgado.

2.2. Ahora, previo a cualquier consideración sobre el fondo del asunto, la Sala verificará
si la tutela cumple el requisito de relevancia constitucional. De encontrarse cumplido ese
requisito, será estudiado el fondo del asunto, en los términos propuestos en la demanda
de tutela.

2.3. El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía
e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.

2.3.1. En ese sentido, la Corte Constitucional5 ha señalado que la relevancia
constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de
los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el
ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

4 SU-573 de 2017.
5 Al respecto, ver sentencias C-590 de 2005, T-335 de 2000, T-102 de 2006, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505

de 2009, T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de
2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014.

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2.3.2. De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 6, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos
o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de
tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales»7. Es necesario que el interesado exponga de manera clara
las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe
referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación
con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa
de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar, mejorar
o modificar los argumentos propuestos ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales,
el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo
agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en
los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos
por los jueces competentes.

2.4. En el caso concreto, la Sala advierte que, la señora María Hortencia Nieto Salgado
propone la misma discusión jurídica que presentó en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió contra Colpensiones, respecto a si tiene
derecho a que se le reconozca la pensión de jubilación conforme con el Decreto 546 de
1971, por ser beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

2.4.1. Si bien la demandante alega que la providencia objeto de tutela vulneró derechos
fundamentales e incurrió en defectos fáctico y sustantivo, lo cierto es que, en últimas, lo
que pretende es que se reabra el debate respecto a si el traslado entre regímenes
pensionales generó la pérdida del régimen de transición, al no contar con 15 años de
servicio para el 1 de abril de 1994, o como insiste la demandante que, al no haber sido
un traslado voluntario, dicho requisito no es aplicable a su caso. Veamos.

6 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03

15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
7 Ibidem

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Demandante: María Hortencia Nieto Salgado

2.4.1.1. En el recurso de apelación que presentó la demandante contra la sentencia de
primera instancia del proceso ordinario (resumido en la providencia de segunda
instancia), sostuvo lo siguiente:

(…)
Indicó que el a quo no analizó que el fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo Penal del
Circuito de Villavicencio el 27 de octubre de 2010, no sólo ordenó su traslado al régimen de prima
media administrado por el entonces seguro social, sino que también expuso claramente que la
misma hacía parte del régimen de transición, fallo que en su momento no fue impugnado por
ninguna de las partes.

Manifestó que, en virtud del fallo, conserva su derecho al régimen de transición. Por lo tanto, si bien
Colpensiones el 26 de enero de 2017 reconoció la pensión sigue incurriendo en error no solo en lo
que respecta al cómputo de las semanas que efectivamente cotizó, sino que está desconociendo
que le es aplicable el Decreto 546 de 1971, al ser el régimen al que se encontraba afiliada para la
fecha en que entró a regir la Ley 100 de 1993 y cumplir los requisitos exigidos en dicha norma, lo
que, a su parecer, devino en un derecho laboral adquirido.

Agregó que para efectos de su liquidación se deben tener en cuenta los factores salariales
señalados en el artículo 12 del Decreto 717 de 1978, con la inclusión de la asignación básica y
todos los factores salariales percibidos, con los cuales se determina el salario más alto devengado
en el último año de servicios.

Por lo anterior, consideró que tiene derecho a que se le reconozca y pague la pensión de vejez
conforme en los términos previstos en el Decreto 546 de 1971 y el artículo 12 del Decreto 717 de
1978; descontando de la liquidación los pagos efectuados en virtud de los actos administrativos
emanados por la entidad accionada en el año 2017.
(…)

2.4.1.2. Como se ve, la demandante formuló inconformidades que coinciden con las que
expuso en el recurso de apelación que presentó contra la sentencia de primera instancia
que denegó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
que promovió contra Colpensiones. Evidentemente la tutela busca revivir la discusión
respecto de la pérdida del régimen de transición por el traslado entre regímenes
pensionales, aspecto que ya fue resuelto por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, en la sentencia del 21 de octubre de 2021.

2.4.1.3. De hecho, el problema jurídico planteado en la aludida providencia fue que: “En
los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, corresponde a la
Sala determinar si revoca el fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda. Para el efecto se analizará si la señora María Hortencia Nieto Salgado
conserva el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al
haber acreditado más de 35 años de edad al 1 de abril de 1994, pese a haberse
trasladado al régimen de ahorro individual con solidaridad y regresado nuevamente al
régimen de prima media con prestación definida ”. Y al resolverlo, en lo que interesa,
consideró:
(…)
El legislador creó el régimen de transición a favor de tres categorías de trabajadores, como lo indicó
en el inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que establece:
(…)
Estos requisitos se deben cumplir al momento de entrar en vigencia el sistema general de pensiones
(1° de abril de 1994) y, son disyuntivos, por lo que basta con que en cabeza de una persona se
configure alguna de las premisas anteriormente descritas para que frente al Estado Social de
Derecho aquel ostente un derecho adquirido al régimen de transición .

No obstante, es importante señalar que de acuerdo con los incisos 4º y 5º de la Ley 100 de 1993
una persona puede quedar excluida de la aplicación del régimen de transición, cuando se configura
alguno de los siguientes supuestos:
(…)
Sobre el particular, la Corte Constitucional en la sentencia C-789 de 2002 con ponencia del
Magistrado Rodrigo Escobar Gil, declaró la constitucionalidad condicionada de los anteriores
incisos y se pronunció sobre la conservación de los beneficios del régimen de transición ante un
eventual traslado de régimen pensional, bajo los siguientes argumentos:
(…)
Posteriormente, la Corte Constitucional en sentencia SU- 130 de 2013, unificó sus criterios en
relación con el traslado del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02715-00
Demandante: María Hortencia Nieto Salgado

con prestación definida de los beneficiarios del régimen de transición y sus implicaciones,
señalando lo siguiente:

(…)
10.13. Así las cosas, con el fin de reconocerle efectos vinculantes a la presente
decisión, en la parte resolutiva de este fallo, se incluirá el criterio de unificación
adoptado en torno al tema del traslado de regímenes pensionales, en el sentido de que
únicamente los afiliados con quince (15) años o más de servicios cotizados a 1° de abril
de 1994, fecha en la cual entró en vigencia el Sistema General de Pensiones, pueden
trasladarse “en cualquier tiempo” del régimen de ahorro individual con solidaridad al
régimen de prima media con prestación definida, conservando los beneficios del
régimen de transición (…)”. (Resaltado y subrayado fuera de texto).

En el mismo sentido, en sentencia de 29 de julio de 2017, esta Sala se pronunció así:

“(…) Al respecto, esta Sala en sentencia de 2 de agosto de 2012 8, después de hacer un
análisis del artículo 3º del Decreto 3800 de 29 de diciembre de 2003, reglamentario del artículo
13 de la Ley 100 de 1993 (modificado por el artículo 2º de la Ley 797 de 2003), determinó que
las personas que estuvieron en el régimen de prima media con prestación definida y se
trasladaron al de ahorro individual con solidaridad; pero volvieron a él pueden beneficiarse
del régimen de transición siempre y cuando tengan 15 años o más de servicio cotizado a la
entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, esto es, 1º de abril de 1994 (o 30 de junio de 1995
para las entidades territoriales, artículo 151) 9, y lo cual constituye una excepción a la regla de
permanencia mínima y a la prohibición prevista en la letra e) del artículo 13 antes mencionado
(…)”10.

De acuerdo con la normativa que regula el tema y la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado11, es claro que quienes se trasladen al régimen de ahorro individual con
solidaridad y no hayan cumplido 15 años de servicios cotizados a 1 de abril de 1994 (o 30 de junio
de 1995 para las entidades territoriales), pierden la posibilidad de pensionarse de conformidad con
el régimen de transición y sus beneficios.
(…)
2.3. Caso Concreto
(…)
Ahora bien, conforme se encontró probado, la señora María Hortencia Nieto Salgado nació el 24 de
diciembre de 1957; laboró en una entidad privada desde el 20 de marzo de 1985 al 10 de septiembre
de 1986; y prestó sus servicios a la Rama Judicial del 4 de abril de 1988 al 31 de diciembre de
2011. Esto, demuestra que, para el 1 de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100
de 1996, la actora tenía más de los 35 años de edad exigidos por el artículo 36 de dicha Ley 100,
para ser beneficiaria del régimen de transición que, en su caso, conllevaría a que la pensión de
jubilación a su favor, en principio, se reconociera en aplicación del Decreto 546 de 1971, el cual
previa el régimen pensional de la Rama Judicial y el Ministerio Público.

No obstante, si bien la accionante estuvo afiliada al régimen solidario de prima media con prestación
definida desde el 20 de marzo de 1985, se trasladó al régimen de ahorro individual el 1 de noviembre
de 1997 al 30 de enero de 2011, fecha a partir de la cual regresó al régimen de prima media y en
el que estuvo afiliada del 1 de febrero de 2011 al 30 de diciembre de 2011.

Sobre este punto, se precisa que, en el caso concreto, para conservar el régimen de transición se
requiere que la demandante reúna los supuestos establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, el primero, la edad; y el segundo, que surge como consecuencia del cambio de régimen (pues
se trasladó del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con
prestación definida) para lo cual es necesario, que demostrara 15 años de servicio cotizados al 1
de abril de 1994.
(…)
En conclusión, se considera que como la actora no contaba con 15 o más años de servicios
prestados o semanas cotizadas al momento en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993, no puede

8 Cita de cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, radicación

número 66001-23-31-000-2010-00054-01-01 (0113-12), actor: Lucy Jaramillo Patiño, demandado: Instituto de Seguros
Sociales.
9 Cita original. Ley 100 de 1993, articulo 151. vigencia del sistema general de pensiones. El Sistema General de

Pensiones previsto en la presente Ley, regirá a partir del 1o. de abril de 1.994. No obstante, el Gobierno podrá autorizar
el funcionamiento de las administradoras de los fondos de pensiones y de cesantía con sujeción a las disposiciones
contempladas en la presente Ley, a partir de la vigencia de la misma.
PARÁGRAFO. El Sistema General de Pensiones para los servidores públicos del nivel departamental, municipal y
distrital, entrará a regir a más tardar el 30 de junio de 1.995, en la fecha que así lo determine la respectiva autoridad
gubernamental.
10 Cita de cita: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 29 de junio de 2017, radicado

número 25000-23-25-000-2012-00239-01 (1814-2013), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
11 Cita de cita: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de 18 de marzo de 2015, radicado

número 868-2009 M.P. Gerardo Arenas Monsalve.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02715-00
Demandante: María Hortencia Nieto Salgado

beneficiarse del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, en
consecuencia, tampoco le es aplicable el régimen especial de la Rama Judicial, previsto en el
Decreto 546 de 1971.
En el mismo sentido se pronunció esta Sala en sentencia del 24 de enero de 2019 12 , al resolver un
caso con similares supuestos fácticos y jurídicos al aquí estudiado:
(…)
Ahora bien, en criterio de la parte apelante el a quo no tuvo en cuenta, la sentencia de tutela que
ordenó su traslado al régimen de prima media. Al respecto se precisa que en el proceso obra el
fallo de tutela del 27 de octubre de 2010, proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de
Villavicencio que amparó los derechos fundamentales de la actora, y en consecuencia ordenó:

“Al FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS BBVA HORIZONTE, que en el término de 8 días
hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia proceda a autorizar, el traspaso de
la doctora MARIA HORTENCIA NIETO SALGADO al régimen de prima media administrado por
el Seguro Social (…). Que inicie los trámites pertinentes para trasladar la totalidad del ahorro
efectuado al régimen de ahorro individual con solidaridad (…) al Seguro Social, lo cual deberá
cumplirse en un término de 8 días hábiles.

ADVERTIR al Instituto de Seguros Sociales que debe abstenerse de impedir el traslado (…)”.

Sobre el particular se advierte que, esta Sala ha decantado la competencia del juez contencioso
administrativo para estudiar la legalidad de los actos administrativos que ejecutan órdenes de tutela.
En efecto, en la sentencia del 15 de septiembre de 2016 se estimó que la acción de tutela tiene una
naturaleza diferente a la ordinaria y que no es posible sustraer una decisión de la administración
del control de su juez natural, pues esta restricción no tiene justificación constitucional 13.

A su turno, esta Subsección en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en
un caso de similares circunstancias fácticas al sub lite, examinó la cosa juzgada constitucional en
materia de acciones de tutela frente a la imposibilidad de reabrir el debate respecto del derecho al
beneficio del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993; en dicha providencia se explicó
que la cosa juzgada constitucional se configuró respecto al estudio de los derechos fundamentales
protegidos en la acción constitucional, pero no en lo concerniente a la legalidad de las resoluciones
demandadas, de modo que son susceptibles de control jurisdiccional. Dijo la sentencia en comento:

“En este asunto, la cosa juzgada constitucional o inmutabilidad del referido fallo de tutela se
predica en relación con los derechos constitucionales fundamentales amparados por la autoridad
judicial que ordenó al entonces ISS autorizar el regreso del accionante al régimen de prima
media con prestación definida. Así se colige por cuanto el demandante en ese momento contaba
con otro mecanismo de defensa judicial, tal como la acción ordinaria laboral con el propósito de
obtener la anulación de la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad, la cual aún
está en la posibilidad de ejercer, máxime cuando el Tribunal Administrativo de Sucre, en sede
de tutela, desconoció flagrantemente la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional acerca
de la pérdida del derecho al beneficio del régimen de transición pensional en caso de traslado
entre regímenes, sin que hubiese examinado la validez o no de la afiliación del actor al fondo
privado Porvenir SA”14:

En todo caso, la Sala debe resaltar que el fallo de tutela no ordenó al Instituto de Seguros Sociales
el reconocimiento de la pensión conforme el régimen de transición, puesto que, como se observa,
lo que dispuso fue que el fondo privado no podía impedir el traslado al régimen de prima media,
solicitado por la actora.

Nótese que en el marco del litigio no se discute el retorno de la demandante al régimen de prima
media, asunto determinado en sede de tutela cuando se autorizó el traslado, sino que la señora
María Hortencia Nieto Salgado perdió el beneficio de la transición, porque no acreditó los 15 años
o más de servicios requeridos a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones de la Ley
100 de 1993.

Por ende, no asiste la razón a la parte actora respecto de la presunta obligatoriedad del fallo de
tutela, puesto que no cumple el requisito de los 15 años a la vigencia del SGSSP, conforme la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

Lo anterior, en la medida que el legislador legítimamente puede establecer las reglas pertinentes
para la exclusión del régimen de transición, como ocurre con aquellas personas que a pesar de
cumplir el requisito de edad para ser beneficiario del mismo, se trasladen al régimen de ahorro

12 Cita original. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 24 de enero de 2019, radicado

número 81001-23-39-000-2015-00033-01(4221-17), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
13 Cita original. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, proceso con

radicado 52001-23-33-000-2012-00121-01 (4402-13)
14 Cita original. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de julio de 2020, radicado

número 70001-23-33-000-2014-00286-01 (2702-2016), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02715-00
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individual con solidaridad. Aquél permitió a las personas que a la entrada en vigencia del Sistema
de Seguridad Social tenían 15 años o más de servicios cotizados, que conservaran el régimen de
transición al retornar al régimen de prima media con prestación definida, puesto que al haber
cumplido el 75% o más del tiempo para acceder a la pensión, sería desproporcionado predicar la
pérdida de su régimen de transición.

En este orden de ideas, si bien un juez de tutela accedió a ordenar el traslado del régimen de ahorro
individual al de prima media con prestación definida argumentando en la parte motiva que la actora
es beneficiaria del régimen de transición, lo cierto es que la jurisdicción contenciosa es el juez
natural para desvirtuar la legalidad de un acto administrativo, tal como lo indica el artículo 88 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 15.

Así las cosas, no se considera que la accionada tuviera el derecho adquirido al reconocimiento de
la pensión con la normativa anterior contenida en el Decreto 546 de 1971, pues aquél solo se
configura cuando se cumplen los requisitos legales. Por tal motivo se desestima el recurso de
apelación.

2.5. Así, queda demostrado que la tutela no cumple el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto la parte actora reiteró los argumentos que expuso en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y si bien realizó una extensa
explicación sobre cada uno de los cargos de inconformidad contra la sentencia, lo cierto
es que no se advirtieron argumentos sólidos a efecto de dudar de la razonabilidad de la
providencia objeto de tutela. Lo que realmente se observa es la inconformidad de la
demandante con las conclusiones a las que llegó el juez natural respecto a la falta del
cumplimiento del requisito del tiempo de servicio para ser beneficiaria del régimen de
transición.

2.5.1. De hecho, de los apartes trascritos de la providencia cuestionada, se logra advertir
con claridad que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, respondió las
inconformidades propuestas por la demandante en el recurso de apelación y con
fundamento en las normas y la jurisprudencia, tanto de esta Corporación como de la
Corte Constitucional, concluyó que el traslado entre régimen pensionales ocasiona que
para mantenerse en el régimen de transición se cuente con 15 años de servicio al 1 de
abril de 1994, lo cual no sucedió en el caso de la señora Nieto Salgado.

2.5.2. Conviene recordar que la tutela es un mecanismo residual y subsidiario de defensa
y que, por tanto, no puede utilizarse para reabrir debates resueltos por los jueces
ordinarios. Aunque la parte demandante alegó la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y a la seguridad social, lo cierto es que termina
promoviendo indebidamente la tutela para obtener un pronunciamiento que acceda a las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió
contra Colpensiones, respecto de la pérdida del régimen de transición del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993.

2.5.3. La Sala debe precisar que los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela
son más estrictos cuando se cuestiona una decisión expedida por un órgano de cierre,
como ocurre en este caso, que se acusa una providencia proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda. Así lo explicó la propia Corte Constitucional, en la sentencia
T-398 de 2017:
Cuando se trata de una acción de tutela contra una providencia de la Corte Suprema de Justicia o
del Consejo de Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en manifestar que los
requisitos de procedibilidad son más estrictos, pues se trata de decisiones judiciales de los órganos
de cierre de la jurisdicción ordinaria y contenciosa administrativa, quienes se encargan de unificar
jurisprudencia. Por ello, “la tutela contra providencias judiciales de las Altas Corporaciones es más
restrictiva, en la medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con
la Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control
abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige
la imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás eventos los principios de autonomía

15 Cita original. “ARTÍCULO 88. PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Los actos
administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo. Cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su
legalidad o se levante dicha medida cautelar”.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02715-00
Demandante: María Hortencia Nieto Salgado

e independencia judicial, y especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus
respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aun
cuando el juez de tutela pudiera tener una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra
conclusión”.

2.6. Lo anterior es suficiente para que la Sala se abstenga de hacer un pronunciamiento
de fondo sobre los defectos alegados por la demandante. Por tanto, la Sala declarará
improcedente la solicitud de amparo presentada por por la señora María Hortencia Nieto
Salgado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la señora María
Hortencia Nieto Salgado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo
de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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