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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02718-01

Fecha
22 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02718-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la decisión impugnada, proferida el 21 de junio de 2022, por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dadas las razones expuestas en esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviarla a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-02718-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

22 de septiembre de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02718-01
Demandante: Ronald Jhonny Agudelo Garizao

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2022-02718-01
Demandante RONALD JHONNY AGUDELO GARIZAO
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
TERCERA, SUBSECCIÓN B

Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Causales
especiales de procedibilidad. Defecto fáctico y desconocimiento
del precedente judicial. Medio de control de reparación directa
por privación injusta de la libertad. Atipicidad objetiva vs.
Atipicidad subjetiva. Culpa exclusiva de la víctima.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor Ronald Jhonny Agudelo
Garizao contra la sentencia del 21 de junio de 2022, proferida por la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que dispuso:
“Niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad, debido
proceso y acceso a la administración de justicia invocados por el señor Ronald Jhonny
Agudelo Garizao, conforme a la parte motiva.”1

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 18 de mayo de 20222, el señor Ronald Jhonny Agudelo Garizao, por conducto de
apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por considerar vulnerados
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones3:
“3.1. Amparar los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia, así como los principios de confianza legítima,
seguridad jurídica, prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, presunción
de inocencia, cosa juzgada y juez natural, vulnerados por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B, con la decisión proferida en
segunda instancia el pasado día veintinueve (29) de octubre de dos mil veintiuno (2021)
dentro del medio de control de reparación directa con radicado No. radicado No. 11001-
33-36-032-2016-00349-00 (01) promovido por el señor Ronald Jhonny Agudelo Garizao
y otros.
“3.2. Que, como consecuencia de lo anterior, se deje sin efecto la sentencia de fecha día
veintinueve (29) de octubre de dos mil veintiuno (2021) proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B dentro del medio
de control de reparación directa con radicado No. radicado No. 11001- 33-36-032-2016-
00349-00 (01) promovido por el señor Ronald Jhonny Agudelo Garizao y otros.

1 Página 20 del fallo de tutela de primera instancia. Expediente digitalizado. Samai, índice 23.
2 La acción de tutela se radicó a través de correo electrónico remitido al buzón de la Secretaría General de
esta Corporación. Samai, índice 2.
3 Páginas 17 y 18 de la acción de tutela. Expediente digitalizado. Samai, índice 2.
1

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02718-01
Demandante: Ronald Jhonny Agudelo Garizao

“3.3. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección
B, que dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria del fallo de tutela, profiera
una nueva decisión en la cual se valoren de forma adecuada los medios de convicción
oportunamente allegados y que fueron practicados en el trámite del proceso ordinario,
se apliquen y adecúen a las circunstancias fácticas puestas de manifiesto, bajo los
parámetros ampliamente desarrollados y reiterados por la jurisprudencia del Consejo
de Estado, Sección Tercera, en casos similares de privación injusta de la libertad, en
los cuales se ha declarado la responsabilidad de las demandadas, al configurarse un
daño especial por la existencia de un error invencible, toda vez que, no concurría un
elemento normativo del tipo penal inculpado, comoquiera que el demandante, tenía
plena convicción de la legalidad de la acción que realizó, por tanto la misma, no pudo
ser dolosa y, en esa lógica, no incurrió en la conducta penal que le fue atribuida; esto
en los términos de la jurisprudencia administrativa y constitucional.”4 (se destaca).

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El 18 de mayo de 2015, el señor Ronald Jhonny Agudelo Garizao fue
capturado en flagrancia y sindicado de haber cometido el ilícito de extorsión
agravada.

En los antecedentes del caso, se lee que el Gaula de Barranquilla inició
operativo para capturar a los miembros de una banda criminal que estaba
extorsionando a un ciudadano. En este procedimiento, fue detenido el señor
Agudelo Garizao, dado que recibió de manos de la víctima un sobre de manila
con el dinero de la extorsión.

El 19 de mayo de 2015, el Juzgado 14 Penal Municipal con funciones de
Control de Garantías de Barranquilla realizó la audiencia preliminar de
legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de
aseguramiento. En contra del sindicado se profirió medida consistente en
detención preventiva de la libertad en centro carcelario.

Posteriormente, el 1° de diciembre de 2015, en el curso de la audiencia de
formulación de acusación, la fiscal delegada solicitó la preclusión del proceso,
debido a que investigaciones posteriores dieron cuenta de que el sindicado fue
engañado para recibir el dinero de la extorsión.

El Juzgado 11 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento dio lectura del
fallo en el sentido de declarar la preclusión y, en consecuencia, la extinción de
la acción penal de conformidad con lo establecido en el artículo 32.10 del
Código Penal (ausencia de responsabilidad por error invencible).

2.2. Como consecuencia de lo anterior, el señor Ronald Jhonny Agudelo Garizao y
otros promovieron medio de control de reparación directa contra la Nación,
Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación para que se declarara su
responsabilidad administrativa y patrimonial y, por consiguiente, se le
condenara al pago de indemnización por los perjuicios derivados de la
privación de la libertad con ocasión al escenario fáctico descrito.

2.3. El conocimiento del asunto, en primera instancia, correspondió al Juzgado 32
Administrativo del Circuito de Bogotá, bajo el radicado Nro. 11001-33-36-032-
2016-00349-00. Mediante sentencia del 25 de junio de 2020, el juez ordinario
de primera instancia negó las pretensiones de la demanda, al considerar que
no se acreditó una falla en el servicio que permita endilgar responsabilidad a
las demandadas por privación injusta de la libertad debido a que la medida de
aseguramiento se dictó con apego a la ley procesal penal.

4 Páginas 8 y 9 de la acción de tutela. Samai, índice 2.
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2.4. La parte demandante apeló la anterior decisión, para que fuera revocada y, en
su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda.

Como argumento principal de inconformidad, la actora indicó que el caso
particular debió analizarse bajo el régimen objetivo de responsabilidad, porque
la preclusión de la investigación se fundamentó en el error invencible en que
incurrió el procesado. Destacó que en su caso solo era necesario probar la
imposición de la medida de aseguramiento y la sentencia o decisión penal
favorable. Y agregó que las pruebas del proceso fueron indebidamente
valoradas.

2.5. En sentencia del 29 de octubre de 2021, la Subsección B de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión de
primera instancia relativa a negar las pretensiones de la demanda, pero por
otra razón: porque encontró acreditadas las eximentes de responsabilidad del
Estado del hecho exclusivo de la víctima y el hecho de un tercero.

En la parte motiva de la providencia se expusieron dos conclusiones:

La primera, que la imposición de la medida de aseguramiento, vista desde la
óptica del régimen subjetivo de responsabilidad, estuvo debidamente
fundamentada en el marco procesal penal aplicable y en la evidencia física y
medios de convicción con los que contaba el juez al momento de adoptar la
decisión. En consecuencia, expuso que la privación de la libertad fue
proporcional, razonable y necesaria.

La segunda, que aún analizado el asunto bajo el régimen objetivo, tampoco se
encuentra comprometida la responsabilidad extracontractual del Estado,
porque las pruebas del proceso daban cuenta de la configuración de causales
eximentes de responsabilidad.

La providencia se notificó a través de edicto electrónico, el 18 de noviembre
de 20215

3. Fundamentos de la acción

El accionante considera que, al proferir la sentencia del 29 de octubre de 2021, la
Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
incurrió en defecto fáctico y por desconocimiento del precedente judicial.

3.1. Defecto fáctico. Indicó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca valoró
indebidamente la sentencia penal del 11 de diciembre de 2015 que daba por
cierto el error de tipo en el que incurrió el procesado en relación con los hechos
investigados. Esto de conformidad con el artículo 32 numeral 10° del Código
Penal.

Estimó incoherente que se declare la configuración de la causal eximente de
responsabilidad del hecho de la víctima, cuando la sentencia penal da cuenta
que el procesado era ajeno a la comisión de una conducta penal. Es más, en
la solicitud de preclusión del ente investigador, se indicó que el procesado fue
instrumentalizado por los verdaderos autores del delito para adelantar los
hechos por los que fue capturado.

En palabras del accionante, “la autoridad judicial demandada incurrió en defecto factico
por indebida valoración probatoria por que al momento de valorar la conducta del señor
Agudelo Garizao, le resto valor probatorio a la sentencia de fecha 11 de diciembre de 2015
que precluyó a favor del antes mencionado la investigación que se le adelantada por

5 Notificado por mensaje de datos remitido al correo electrónico. Samai para Tribunales Administrativos, índice
14.
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encontrarse demostrada la atipicidad de su conducta. Como se desprende de la señalada
providencia, el actor tenía el convencimiento de que con su actuar no estaba incurriendo en
ningún delito.”

Así pues, indicó que las particularidades y pruebas del caso concreto debieron
valorarse a la luz de los criterios establecidos en la sentencia de tutela del 15
de noviembre de 2019 y confirmada en sede de revisión por la Corte
Constitucional en sentencia SU-363 de 2021. Recordó que en esta sentencia
se indicó que la conducta pre procesal del investigado es competencia
exclusiva del juez penal. En consecuencia, el juez de la responsabilidad estatal
debe procurar no invadir funciones propias de otras jurisdicciones ni
desconocer las decisiones penales absolutorias en firme.

Frente a la eximente de responsabilidad del hecho de un tercero, expuso que
no puede ser declarado en procesos de reparación directa por privación injusta
de la libertad.

3.2. Defecto por desconocimiento del precedente judicial, porque a juicio de la
parte actora, la sentencia acusada debió fundamentarse en los lineamientos
de la providencia de unificación proferida por la Sección Tercera del Consejo
de Estado el 17 de octubre de 2013.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En auto del 20 de mayo de 2022, el despacho sustanciador de la primera
instancia admitió la acción de tutela interpuesta por Ronald Jhonny Agudelo
Garizao contra la subsección B de la sección tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca; y vinculó, en calidad de terceros, a la
Nación, Rama Judicial, a la Fiscalía General de la Nación y a los señores Leidy
Marcela García Ochoa, Enilda Ester Garizao Morante y Ronald Andrés, Carlos
Andrés y Mauricio Andrés Cassiani Garizao. Todos estos, sujetos procesales
dentro del proceso radicado bajo el Nro. 11001-33-36-032-2016-00349-01

También, dispuso que se surtieran las notificaciones de rigor y ofició a las
autoridades accionadas para que remitieran, en medio digital, las piezas
procesales del proceso de reparación directa.

4.2. La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por conducto de la ponente de la decisión, solicitó que se
niegue la solicitud de amparo constitucional, porque las pruebas del proceso
fueron analizadas con rigor en la sentencia acusada. Además, porque la
determinación se fundamentó en el precedente judicial pertinente y vigente
para resolver el caso sub examine.

4.3. La Fiscalía General de la Nación, expuso que el asunto no cumple con el
requisito de relevancia constitucional, porque lo que pretende la parte actora
es retrotraer las actuaciones y etapas procesales de un asunto que ya surtió
su trámite, lo cual desconoce la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela,
más aún porque no se demuestra la vulneración de derecho fundamental
alguno ni se sustenta la configuración de causales especiales de
procedibilidad

También expuso que la acción de tutela no cumple con el requisito de
subsidiariedad en tanto no explica, por qué, a pesar de que existen otros
mecanismos judiciales idóneos para propender por la protección de sus
derechos, no los ejerció.

Finalmente, destacó que de la providencia atacada se extracta que el juzgador
fundamentó su decisión en elementos de juicio suficientes y realizó la debida
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y motivada valoración de estos por lo que no se acredita la ocurrencia de un
defecto fáctico.

4.4. Los señores Leidy Marcela García Ochoa, Enilda Ester Garizao Morante y
Ronald Andrés, Carlos Andrés y Mauricio Andrés Cassiani Garizao
manifestaron que tienen conocimiento de la presente acción constitucional y
de su finalidad.

4.5. La Nación, Rama Judicial guardó silencio.

5. Providencia impugnada

En sentencia del 21 de junio de 2022, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado negó la solicitud de amparo constitucional.

Frente al cargo por defecto fáctico, expuso que la privación de la libertad no
compromete la responsabilidad extracontractual del Estado cuando su causa está
determinada por el actuar de un tercero o por la imprudencia de la propia víctima.
Estas situaciones rompen el nexo causal y liberan la responsabilidad del Estado.

Señaló que en el expediente no reposan elementos de convicción de los que se
pueda inferir que el daño que padeció fue antijurídico, lo que denota un
incumplimiento de la carga de la prueba. De manera que, quedó probado que la
medida de aseguramiento se fundó en los medios de convicción que permitían
concluir razonablemente que el procesado había cometido el ilícito (flagrancia y
declaración de la víctima), la privación de la libertad fue razonable y no hay lugar a
resarcir perjuicios.

Respecto al desconocimiento del precedente judicial expuso que la regla de
decisión contenida en la sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, relativa
a que los casos de privación injusta de la libertad se conocen bajo el título de daño
especial, perdió vigencia.

6. Impugnación

La parte actora impugnó la sentencia de tutela de primera instancia, insistiendo que
la autoridad judicial accionada valoró indebidamente el material probatorio, pues
fundamentó la decisión de negar las pretensiones de la demanda en la conducta
pre procesal del investigado, esto es: (i) en haber sido capturado en flagrancia con
el sobre de manila que contenía el dinero de la extorsión, y (ii) que guardó silencio
durante la aprehensión en relación con la realidad de los hechos y los sujetos
involucrados en el ilícito.

Destacó que la jurisprudencia del Consejo de Estado es clara en indicar que la
conducta pre procesal del investigado no puede fundamentar la eximente de
responsabilidad del Estado por el hecho de la víctima. Destacó que las pruebas del
proceso dan cuenta de que el señor Agudelo Garizao en ningún momento obstruyó
la administración de justicia ni el curso del proceso penal. Es más, lo que reprocha
el Tribunal en su providencia es el ejercicio del derecho que le asistía al procesado
de guardar silencio.

Adicionalmente insistió en que la determinación del a quo y del Tribunal
administrativo accionado, desconocen la sentencia del 15 de noviembre de 2019,
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Reiteró que el hecho de un tercero, en relación con las personas que
instrumentalizaron el hoy accionante para recibir el dinero de la extorsión, no se
puede tener como eximente de responsabilidad del Estado en casos de privación
injusta de la libertad.
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Señaló que el a quo y la autoridad judicial accionada valoraron indebidamente la
sentencia penal que declaró la preclusión de la investigación a favor del señor
Agudelo Garizao por atipicidad de la conducta. En ella se dejó claro que el
procesado creyó que la acción de recibir el dinero se enmarcaba en una conducta
legal.

Finalmente sostuvo que en su caso se configuraron los elementos de la
responsabilidad extracontractual del estado, ya que “(i) existió un daño al bien
jurídicamente tutelado del señor Ronald Jhonny Agudelo Garizao a la libertad, puesto que le fue
impuesta una medida de aseguramiento preventiva en establecimiento carcelario; (ii) dicho daño fue
antijurídico, puesto que, como se concluyó en el proceso penal, el señor Ronald Jhonny Agudelo
Garizao no era la persona que estaba llamada a soportar dicha pena privativa de la libertad, puesto
que en ningún momento su actuar tuvo la intención de concluir en la comisión de un delito, más aún,
se probó que fueron los señores […] quienes indujeron en error invencible al aquí accionante para
que este recibiera el dinero al señor Ramón Eduardo Juliao Vélez; (iii) que fue la administración a
través de sus funcionarios del ente investigador como judiciales quienes solicitaron y decretaron la
imposición de dicha medida; y, (iv) que la administración desequilibró las cargas públicas que el
señor Ronald Jhonny Agudelo Garizao estaba llamado a soportar y que, por tanto, está en la
obligación de indemnizar dicho daño causado y los perjuicios derivados de aquel.”

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19916, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales7
y especiales8 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional9 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,

6 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
7 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son:
i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya
utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus
derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial
(inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión
proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
8 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
9 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.

Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un
mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso

3. Planteamiento del problema jurídico

3.1. En el escrito de impugnación, la parte accionante insiste en la configuración
de los defectos alegados, ya que a su juicio la autoridad judicial accionada
desconoció el precedente judicial relativo a la causal de exoneración del hecho
de la víctima en casos de privación injusta de la libertad. Advirtió que esta
eximente de responsabilidad no se puede cimentar en la conducta pre procesal
del investigado, dado que ello se traduce en la usurpación de las competencias
del juez penal, que ya dictó providencia de absolución en el marco del proceso
penal adelantado en su contra.

Agregó que no había lugar a declarar la configuración de la causal del hecho
de un tercero para liberar la responsabilidad del Estado en casos de privación
de la libertad, y que se valoró indebidamente la sentencia penal que declaró la
preclusión de la investigación por atipicidad de la conducta.

3.2. Así las cosas, corresponde a la Sala establecer, si el juez de tutela de primera
instancia acertó o no al concluir que, al proferir la sentencia del 29 de octubre
de 2021, en el marco del medio de control de reparación directa sub examine,
la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca no incurrió en los defectos alegados por el Ronald Johnny
Agudelo Garizao.

Para establecer si, en la motivación de su providencia y, en específico, en lo
que tiene que ver con la valoración de la prueba, el tribunal accionado omitió
aplicar las reglas de decisión de la sentencia de tutela del 15 de noviembre de
2019, esta Sala efectuará el estudio conjunto de los defectos alegados.

4. La sentencia acusada no desconoce el precedente judicial ni incurrió en
defecto fáctico por indebida valoración probatoria

4.1. Sea lo primero indicar que, la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca fundamentó su decisión de negar las
pretensiones de la demanda en dos argumentos principales:

(i) Estableció que, a la luz del régimen subjetivo de responsabilidad, la
medida de aseguramiento impuesta por el juez penal fue razonable, pues
además de ajustarse a los presupuestos establecidos en el Código de
Procedimiento Penal para tal fin, tuvo en cuenta la información que en ese
momento arrojaba la evidencia física y elementos materiales probatorios
relacionados por la Fiscalía General de la Nación.
(ii) Concluyó que, aun analizando el caso concreto bajo el régimen objetivo
de responsabilidad por daño especial, no habría lugar a condenar al
Estado debido a que se probó la configuración de una causa extraña que
rompió el nexo de causalidad.

4.2. Al momento de analizar el elemento “razonabilidad” de la medida de privación
preventiva de la libertad, el Tribunal accionado expuso que la medida de
aseguramiento atendió los requisitos del artículo 308 de la Ley 906 de 2004.

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Para tal fin, destacó la evidencia física y los medios de convicción relacionados
por el ente investigador: (i) el señor Ronald Jhonny Agudelo Garizao fue
capturado en flagrancia durante la comisión del ilícito, conforme artículo 301.1
de la Ley 906; (ii) la declaración de la víctima de extorsión ante la Fiscalía
General de la Nación; y (iii) algunos apartes del debate que se surtió en
audiencia preliminar del 19 de mayo de 2015.

Relativo a la declaración de la víctima, el Tribunal transcribió el siguiente
aparte:
(sic para toda la cita) “Entre otros aspectos de importancia el señor […], manifestó:
estando ahí parqueo mi carro […] y bajo todos los vidrios como me lo habían indicado
los sujetos, inmediatamente me bajo del automóvil y me siento en un muro que rodeaba
el parque, estando ahí pase varios minutos cuando observó que se acerca en dirección
hacia mí con las siguientes características […]
Me aborda y se sienta a mi lado y me dice que lo siga hacia la cancha de tenis que
había en ese mismo parque a lo que le respondí que no, que yo tenía miedo, entonces
el sujeto me dice que cuidado con alguna trampa porque mi familia pagaría las
consecuencias de mis actos y me dice que si a él lo capturan los otros miembros de la
organización asesinaría a mi familia y me insiste que le diga la verdad, me volvió a
preguntar que si yo estaba con Policía a lo que le respondí que no, que yo lo único que
deseaba era terminar con este problema y le pedí que por favor no me volverá a
molestar y que me garantizara que nada le iba a pasar a mi familia, a lo que me
responde este sujeto que este tranquilo, que si yo le entrego el dinero a mi familia no le
va a pasar nada.
Entonces es cuando saco los quinientos mil pesos y se los entrego, el me los recibe y
se los guarda, observó cuando los policías del Gaula lo capturan, eso fue todo en ese
momento.
Luego de esto, ya estando en mi casa recibo varias llamadas telefónicas de otros
sujetos que me llamaban en donde una de ellas dice que se enteró que la Policía le
había capturado a su muchacho y que mi familia va a pagar las consecuencias y que,
si yo no retiro la denuncia, asesinarían a mi familia.” (sic para toda la cita)

El tribunal accionado también relacionó las siguientes citas de la audiencia
preliminar en la que la Fiscalía solicitó y el juez penal impuso la medida de
aseguramiento:
(sic para toda la cita) “Esta delegada solicitara una medida de aseguramiento teniendo
en cuenta la persona, que es el señor Ronald Jhonny Agudelo Garnizao, sin ocupación
u oficio, teniendo en cuenta que es desempleado.
Se cumple que al señor se le haya imputado un delito, que en el caso concreto es la
extorsión en circunstancias de agravación, es decir que estamos hablando del articulo
244 y 245 del código penal. Con respecto a los elementos de conocimiento su señoría
contamos con elementos físicos que son legalmente obtenidos, en cuanto a la urgencia
para solicitar esta medida de aseguramiento señora juez, esta delegada considera
necesario que se imponga medida de aseguramiento por cuanto se han afectado
valiosos bienes jurídicos, en este caso es de conocimiento que el delito de extorsión es
un delito pluriofensivo, que menoscaba no solo el bien jurídico de patrimonio económico,
sino el de la libertad, por lo que se puede inferir que la persona con respecto de quien
se solicita la medida de aseguramiento, es decir, el señor Ronald Jhony Agudelo
Garnizao reviste un serio peligro para la comunidad y la víctima, por todo lo anterior
esta delegada solicita una medida de aseguramiento de aquellas que se encuentran en
el artículo 307, literal a, en establecimiento de reclusión.
[…]
Con el permiso de la señora juez voy a poner en audio un mensaje que fue entregado
por la misma víctima, donde el señor aquí presente no hizo presencia en el lugar para
recibir ese dinero, sino que viene con otras personas:
• Alo, me tienen al pelado detenido
• Yo no sé, yo le entregue la plata y de ahí para delante no se.
• Yo no sé, me tiene al pelado detenido mire a ver cómo me soluciona esa vuelta.
[…]

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Demandante: Ronald Jhonny Agudelo Garizao

Señora Juez de conformidad con esta grabación, por eso está delegada le imputo el
delito en calidad de coautor porque el señor se comunicó con otras personas o alguien
lo mando a él a recibir ese dinero el cual era proveniente de una extorsión, fíjese que
dice hágame el favor y me soluciona que me agarraron a uno de mis muchachos. (…)
Su señoría también tenga presente que el imputado constituye un peligro para la
sociedad y para la víctima. (…) El delito de extorsión ya no era como antes, vea el caso
en concreto en este caso atentaron contra una familia por el monto de quinientos mil
pesos, inclusive se involucró la familia del cuñado porque hoy en día con una extorsión
hasta llegan a matar a un familiar para que pueda entregar el patrimonio económico de
la persona. En cuanto a las fotografías es obvio que el señor Ronald tenía conocimiento
porque él llega, da una vuelta se sienta y habla con la víctima, recibe el dinero y ya se
iba a ir y listo, él si tenía conocimiento de la actividad que estaba realizando.” (sic para
toda la cita)

Con fundamento en los referidos medios de prueba, el tribunal administrativo
accionado consideró que era dable concluir que la medida de aseguramiento
fue proporcional, razonable y necesaria; luego, el daño que sufrió era una
carga que el investigado penalmente debía soportar y que no comprometía la
responsabilidad del Estado.

4.3. A pesar de lo anterior, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en
atención a los argumentos de la apelación, estimó necesario analizar el caso
individual, además, bajo el régimen objetivo de responsabilidad por daño
especial.

Como fundamento de esta determinación, el tribunal advirtió que, en audiencia
del 11 de diciembre de 2015, el Juzgado Once Penal Municipal precluyó la
investigación a favor del procesado aduciendo la atipicidad del hecho. Esta
decisión, a su vez, se fundamentó en que el fiscal del caso aportó nuevos
elementos probatorios para solicitar la declaratoria de preclusión.

Manifestó que aún en ese escenario, no había lugar a declarar la
responsabilidad del Estado porque se configuraron dos causales que la
exoneraban, como lo eran el hecho de la víctima y el hecho de un tercero. En
palabras del Tribunal:
“Así las cosas, si bien la exoneración de responsabilidad penal del señor Agudelo
Garizao se produjo en virtud de uno de los eventos determinantes de la privación injusta
de la libertad, conforme a la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, esto es,
que el hecho investigado es atípico, lo cual, en principio, llevaría a que el Estado tuviera
que indemnizarle los perjuicios que le fueron causados por razón de la medida de
detención preventiva que lo privó de su libertad, lo cierto es que, en el presente asunto,
se configuran las causales eximentes de responsabilidad consistentes en hecho de la
víctima y de un tercero, toda vez que fue de una lado la conducta de quienes lo
instrumentalizaron y de otro el actuar del hoy demandante lo que dieron lugar a la
investigación penal que se adelantó en su contra y que lo privó de su derecho
fundamental a la libertad.”

En este punto se estima pertinente indicar que la jurisprudencia vigente relativa
a la responsabilidad del Estado por casos de privación injusta de la libertad,
determinada principalmente por las sentencias SU-072 de 2018 y C-037 de
1996, establece que corresponde al juez de la causa elegir el régimen de
responsabilidad bajo el cual debe analizarse cada caso. Pero, manifestó que
en dos situaciones es pacífica la aplicación del título de imputación de daño
especial bajo el régimen objetivo, porque es claro el error en que incurrió el
ente investigador y/o el juez penal, esto es: cuando el hecho no existió o
cuando la conducta era objetivamente atípica.

En palabras de la Corte Constitucional:
“105. Esta Corporación Comparte la idea de que en dos de los casos deducidos por el
Consejo de Estado- el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica- es
posible predicar que la decisión de privar al investigado de su libertad resulta irrazonable
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Demandante: Ronald Jhonny Agudelo Garizao

y desproporcionada, luego, para esos eventos es factible aplicar un título de atribución
de carácter objetivo en el entendido de que el daño antijurídico se demuestra sin
mayores esfuerzos.
En efecto, estando en ciernes la investigación, el ente acusador debe tener claro que el
hecho sí se presentó y que puede ser objetivamente típico, luego, en este tipo de casos
el juez administrativo puede ser laxo desde el punto de vista probatorio y valorativo, en
tanto en estas circunstancias es evidente que la Fiscalía, hoy los jueces, disponen de
las herramientas necesarias para definir con certeza estos dos presupuestos y, en tal
virtud, deberá ser la administración la que acredite que fueron causas ajenas e
irresistibles a su gestión, las que propiciaron la imposición de la medida.” 10

Dicho esto, y para el caso que nos ocupa, se destaca que los eventos en que
resulta pacífica la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad son
aquellos en que se declara la atipicidad objetiva de la conducta.

4.4 Conviene recordar la diferencia entre atipicidad objetiva y atipicidad subjetiva
en el ámbito del derecho penal. La primera, refiere a que la conducta
desplegada por el investigado no corresponde con ningún tipo penal, mientras
que la tipicidad subjetiva se materializa cuando, aun coincidiendo la conducta
con el tipo penal, no se acredita dolo o culpa exigido para el delito11.

En el caso concreto, el ente investigador presentó la solicitud de preclusión
con fundamento en el artículo 32.10 del Código Penal12 y 332.1 del Código de
Procedimiento Penal13.

Comoquiera que en el proceso penal se declaró la preclusión de la
investigación penal a favor del hoy accionante, porque el comportamiento que
desplegó no estaba prevalido de conocimiento de que estaba llevando a cabo
una conducta penal, sino que, al parecer, fue instrumentalizado para tal fin. Es
decir, que se configuró la atipicidad subjetiva, pues, aunque su
comportamiento coincidía con el tipo penal de extorsión, éste no actuó con
dolo o culpa, sino que, según indicó la Fiscalía, fue engañado para recibir el
dinero de manos de la víctima. Pues, se le indicó que se trataba de una deuda
laboral que la víctima tenía con una de las personas que estaban llevando a
cabo la extorsión.

Así pues, al tratarse de un asunto de preclusión de la investigación penal en
virtud de la atipicidad subjetiva, era válido que el Tribunal accionado, en
acatamiento de las reglas de decisión de la sentencia SU-072 de 2018,
analizara el caso, exclusivamente, bajo el título de falla en el servicio y era
suficiente la decisión relativa a la razonabilidad de la medida de aseguramiento
que antes se expuso.

Esto, porque la tesis de aplicación del régimen objetivo que expuso la Corte
Constitucional aplicaba para casos de atipicidad objetiva, que no subjetiva,
como ocurrió en el caso concreto. Al respecto la Sección Tercera del Consejo
de Estado, indicó:
“Teniendo en cuenta lo anterior, precisa esta Sala que la absolución o preclusión
por atipicidad subjetiva no fue contemplada, ni por la Corte Constitucional ni por el
Consejo de Estado, como uno de los eventos en los que es factible ―que no

10 Corte Constitucional. Sentencia SU072 de 2018. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
11 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sec9ción Tercera. Subsección B. Sentencia
de tutela del 26 de abril de 2022. M.P. Martín Bermúdez Muñoz.
12 Ausencia de responsabilidad. No habrá lugar a responsabilidad penal cuando: (…) 10. Se obre con error
invencible de que no concurre en su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica o de que concurren los
presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Si el error fuere vencible la conducta será punible
cuando la Ley la hubiere previsto como culposa.
Cuando el agente obre en un error sobre los elementos que posibilitarían un tipo penal más benigno, responderá por la
realización del supuesto de hecho privilegiado.
13 Causales. El fiscal solicitará la preclusión en los siguientes casos: (…) 2. Existencia de una causal que

excluya la responsabilidad, de acuerdo con el Código Penal (…)
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obligatorio, se insiste― aplicar el régimen objetivo de responsabilidad. De modo que
bien podía el Tribunal accionado, en ejercicio de su autonomía e independencia,
abordar el análisis de la responsabilidad del Estado por la privación de la libertad del
señor Linton Rodríguez Perdomo, a la luz del régimen subjetivo de responsabilidad de
falla del servicio, como en efecto ocurrió.” 14

Establecido lo anterior, esta Sala considera que el caso concreto bien pudo
analizarse, exclusivamente, bajo el régimen subjetivo de responsabilidad, título
de falla en el servicio teniendo en cuenta que la preclusión se fundamentó en
una causal de atipicidad subjetiva. No obstante, como el Tribunal accionado
expuso una segunda argumentación tendiente indicar que, aún analizando el
caso bajo el régimen objetivo se concretó una causal eximente de
responsabilidad del Estado, debe pasar la Sala a determinar si el juicio que
fundamenta tal conclusión está conforme con la sentencia de tutela del 15 de
noviembre de 2019 y si se sustentó en una debida valoración probatoria.

4.5 En la providencia judicial acusada se indicó que se encontraron probadas las
causales eximentes de responsabilidad del Estado del hecho de la víctima y el
hecho de un tercero.

En el escrito de impugnación se indicó que la decisión del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca desconoció la sentencia del 15 de noviembre
de 2019, porque fundamentó su prosperidad en el análisis del comportamiento
pre procesal de la víctima. Determinación esta que desconoce las
competencias y decisiones del juez penal y, en consecuencia, afectó el
derecho a la presunción de inocencia del señor Agudelo Garizao.

En este punto conviene relacionar las razones que fundamentaron la decisión
de declarar probado el hecho de la víctima en el caso concreto. Al respecto el
Tribunal accionado indicó:
Así pues, dadas las particularidades del presente caso y consecuente con la línea
jurisprudencial a la que se aludió en precedencia -de acuerdo con la cual el hecho
exclusivo de la víctima, entendido como la violación por parte de ésta de las
obligaciones a las cuales está sujeto el ciudadano, exonera de responsabilidad a la
Administración-, no puede menos que concluirse que, con base en los elementos de
prueba a los cuales se ha hecho alusión, está demostrada en el expediente la
configuración de la causal eximente de responsabilidad consistente en el hecho de la
víctima, esto es del señor Agudelo Garizao, en el acaecimiento del resultado en que se
tradujo la decisión del Juzgado Catorce Penal Municipal con funciones de control de
garantías de Barranquilla al proferir una medida de aseguramiento en su contra, es
decir, la pérdida de su libertad.
[…]
Bajo esta perspectiva, está demostrado que la causa eficiente o adecuada de la
privación de la libertad del actor no fue una actuación de la administración de justicia,
sino la culpa y el comportamiento de éste, toda vez que, el señor Agudelo Garizao de
manera deliberada fue a recibir un dinero de una persona con quien, se itera no tenía
ningún vínculo.
Al respecto, es menester señalar que el señor Agudelo Garizao al momento de su
captura optó por guardar silencio y no realizó ninguna objeción a la misma, por el
contrario, solo hasta antes de la audiencia de acusación, el abogado solicitó
interrogatorio de parte en el que el señor Agudelo Garizao contó la verdad de los hechos
y además ayudo con la identificación de los verdaderos extorsionistas.
Así las cosas, para la Sala es evidente que el señor Ronald Jhonny Agudelo Garizao
no obró en la forma debida, por cuanto guardó silencio de la realidad de los hechos,
teniendo conocimiento de quienes eran los extorsionistas y del mismo modo, de manera
deliberada fue a recibir un dinero de una persona con quien no tenía ningún vínculo.
Situaciones que, sin lugar a duda, llevó a que se le implicara seriamente en la comisión

14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección A. Proceso nro.
11001-03-15-000-2020-03003-01 (AC). M.P. María Adriana Marín.
11

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del presunto delito que se le imputó y que dio lugar a que, con el lleno de los requisitos
legales, se profiriera la referida medida de aseguramiento en su contra.”15

4.6 Para la Sala la decisión de declarar probada la culpa exclusiva de la víctima
no desconoce la sentencia de tutela del 15 de noviembre de 2019. Esto,
porque es claro que la determinación no solo se fundamentó en la conducta
pre procesal que adelantó la víctima sino también en su conducta procesal que
fue determinante en la imposición de la medida y en su extensión en el tiempo.

Como se indicó en la solicitud de preclusión de la Fiscalía General de la
Nación, el procesado decidió guardar silencio en la etapa preliminar del
proceso penal y solo hasta antes de la audiencia de acusación, su apoderado
solicitó que se le practicara interrogatorio a efectos de que contara su versión
sobre los hechos objeto de investigación. A partir del relato del procesado, la
Fiscalía General de la Nación fundamentó la solicitud de preclusión.

Aunque es claro, como lo indicó el impugnante, que la decisión de guardar
silencio en el curso del proceso deriva de un derecho constitucional, también
lo es que acogerse a éste tiene consecuencias procesales. Así pues, en el
proceso penal quedó establecido que una vez el apoderado del investigado
solicitó al ente investigador que se practicara interrogatorio a su representado
y obtenida la información de este medio de prueba, el ente investigador solicitó
la preclusión de la investigación.

Los medios de convicción y evidencia física con la que contaba la Fiscalía
General de la Nación en la audiencia preliminar sumada a la decisión del
imputado de guardar silencio en relación con la forma en la que ocurrieron los
hechos, llevaron a la conclusión razonable y legal de la imposición de la
detención preventiva. Sin que en ella se observara arbitrariedad atribuible a
los entes demandados.

Como se observa en el curso del proceso penal, se respetó el derecho del
señor Agudelo Garizao tanto a guardar silencio, como a ser escuchado en
juicio. Tan pronto brindó la información que sugería que había sido engañado
para recibir el dinero, el ente acusador actuó en consecuencia en el sentido de
solicitar la preclusión y el juez penal así lo aprobó.
En consecuencia, esta Sala estima que la decisión del Tribunal accionado de
declarar que el hecho de la víctima rompió el nexo causal en el caso concreto
es razonable, pues en efecto, su conducta fue determinante en la
materialización del daño que pretende sea indemnizado por el Estado.

5 Conclusión

Por las razones expuestas, la Sala considera que la decisión del juez de tutela de
primera instancia fue acertada, pues el análisis del caso deja en evidencia que la
sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca se fundamentó en la valoración razonable de las
pruebas aportadas al proceso de reparación y en la jurisprudencia vigente y
aplicable.
En consecuencia, se confirmará la decisión impugnada, que negó las pretensiones
de la parte actora en la acción de tutela de la referencia, al no encontrar acreditada
la configuración de los defectos alegados.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

15 Páginas 30 y 31 de la sentencia de reparación directa del 29 de octubre de 2021.Samai, índice 2.
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Demandante: Ronald Jhonny Agudelo Garizao

FALLA

1. Confirmar la decisión impugnada, proferida el 21 de junio de 2022, por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dadas las
razones expuestas en esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviarla a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sala

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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