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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02722-00

Fecha
28 de julio de 2022
Consejero ponente
Julio Roberto Piza Rodriguez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02722-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Amparar el derecho fundamental de petición del señor Enmanuel Mattos Mattos. En consecuencia, se dispone: 2. Ordenar al secretario jurídico de la Presidencia de la República que, si no lo hubiere hecho, en las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia continúe con el trámite de la petición presentada por el actor el 29 de octubre de 2021. 3. Denegar las demás pretensiones de la acción de tutela, conforme a lo expuesto. 4. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 6. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-02722-00

Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez

28 de julio de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02722-00
Demandante: Enmanuel Mattos Mattos

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Bogotá D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02722-00
Demandante: ENMANUEL MATTOS MATTOS
Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Temas: Derecho de petición, servicios de salud y reconocimiento como
víctima del conflicto armado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Enmanuel Mattos Mattos contra la
Presidencia de la República.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

1.1. En ejercicio de la acción de tutela1, el señor Enmanuel Mattos Mattos pidió la
protección de los derechos fundamentales de petición, al debido proceso en conexidad
a la salud y a la vida, que estimó vulnerados por la Presidencia de la República, el
Ministerio de Salud y la Unidad para la atención y Reparación Integral a las Víctimas
(UARIV). La Sala entiende que lo pretendido por el demandante es que se dé respuesta
a una petición que presentó ante la Presidencia de la República, que se garantice la
prestación de los servicios de salud y que se reconociera como víctima del conflicto
armado.

2. Hechos y argumentos de la acción de tutela

De los confusos escritos de tutela y de subsanación, la Sala destaca los siguientes
hechos relevantes:

2.1. El señor Enmanuel Mattos Mattos aduce que prestó servicios para el Ejército
Nacional y que, encontrándose en servicio activo, fue atacado por un grupo al margen
de la ley, lo que produjo una herida en el abdomen. Que desde ese momento quedó
con discapacidad física y mental.

2.2. Que se encuentra vulnerado el derecho fundamental al debido proceso, en
conexidad con el derecho a la vida digna, por cuanto, aunque fueron curadas las
heridas que sufrió en combate, actualmente tiene una vida indigna, dado que no tiene
continuidad en la prestación del servicio de salud.

2.3. Adujo que solicitó al Presidente de la República que lo inscribieran como veterano
herido por acción del enemigo en combate, con fundamento en la Ley 1979 de 2019,
pero que no obtuvo respuesta a su petición.

1 La acción de tutela se radicó el 6 de mayo de 2022.

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Demandante: Enmanuel Mattos Mattos

2.3.1. En ese sentido, alegó que se vulneró el derecho fundamental de petición, por la
falta de respuesta al derecho de petición que habría radicado ante la Presidencia de la
República.

2.4. Que, además, tenía derecho a una reparación como víctima del conflicto armado,
doblemente victimizado “uno por causarle las heridas físicas que aún persisten como
una incapacidad permanente y el otro por violarle sus derechos laborales y de salud”.

2.5. Adujo que merecía especial protección dada su condición de persona
discapacitada en la indigencia.

2.6. Finalmente, refirió que, en otra oportunidad, interpuso acción de tutela, negada por
el Juzgado 23 Civil del Circuito de Bogotá y por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá. Que también solicitó amparo a la Superintendencia de Salud y se negaron
las pretensiones.

3. Trámite procesal

3.1. Mediante auto del 23 de mayo de 2022, el despacho sustanciador inadmitió la
demanda de tutela presentada por el señor Aiderson Eliécer Tejada Mattos, que adujo
actuar como agente oficioso del señor Enmanuel Mattos Mattos, para que la subsanara
en el sentido de: (i) aportar los documentos que acreditaran que el señor Mattos Mattos
no se encontraba en condiciones de asumir su propia defensa; (ii) exponer de manera
clara y concisa los hechos u omisiones que generan la vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales invocados; (iii) a partir de lo anterior, señalar cuáles son, en
concreto, las pretensiones de la demanda de tutela, y (iv) aportar la constancia de la
radicación del escrito de petición que habría radicado ante la Presidencia de la
República.

3.2. La parte actora presentó escrito de subsanación y el despacho sustanciador, por
auto del 10 de junio de 2022, no tuvo por acreditada la agencia oficiosa, pero dado que
el escrito de subsanación se escribió por el señor Enmanuel Mattos Mattos (directo
interesado) se tuvo como demandante, además, aun cuando no se cumplieron a
cabalidad los puntos a subsanar, se admitió la demanda y, entre otras cosas, ordenó la
notificación, en calidad de demandados, del director del Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República, al ministro de Salud y Protección Social y al director
de la UARIV. Adicionalmente, vinculó como terceros con interés, al comandante general
del Ejército Nacional, al director de Sanidad Militar y al director de Sanidad del Ejército
Nacional.

3.3. En cumplimiento de la anterior orden, la Secretaría de esta Corporación practicó la
notificación correspondiente mediante correo electrónico del 5 de julio de 20222.

4. Intervenciones

4.1. La apoderada judicial del Ministerio de Salud y Protección Social solicitó que se
declarara improcedente la acción de tutela frente a esa entidad, por falta de legitimación
en la causa por pasiva y ausencia de responsabilidad que le fuera imputable. Lo
anterior, por cuanto, adujo, esa cartera ministerial no tiene dentro de sus funciones y
competencias la prestación de servicios médicos, ni la inspección, vigilancia y control
del sistema de Seguridad Social en salud, sólo formula, adopta, dirige, coordina, ejecuta
y evalúa la política pública en materia de salud, salud pública y promoción social en
salud.

2 Índice 32 de Samai.

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4.1.1. Que, además, debía considerarse que las otras entidades demandadas y/o
vinculadas, eran entidades descentralizadas que gozaban de autonomía administrativa
y financiera, sobre las cuales ese Ministerio no tenía injerencia alguna en sus
decisiones ni actuaciones.

4.2. La representante judicial de la UARIV solicitó la desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva y dado que no vulneró los derechos fundamentales
del actor. Que, para el caso del señor Enmanuel Mattos Mattos, verificó que en el
Registro Único de Víctimas (RUV) no se encuentra incluido por el hecho victimizante.

4.2.1. Además, precisó que esa entidad no era competente para dar respuesta frente a
los temas específicos de reconocimiento de veteranos de la Fuerza Pública.

4.3. El oficial de Gestión Jurídica de la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional
rindió informe en el que expuso que el Acta de la Junta Médica Laboral que se practicó
al señor Enmanuel Mattos Mattos registró que solo tuvo una disminución de la
capacidad laboral del 27,55 % y que, por lo tanto, no podía tener la calidad de
pensionado, conforme con el artículo 90 del Decreto 094 de 1989 y que tampoco era
viable la activación de sus servicios a través de esa entidad.

4.3.1. Que, en todo caso, esa Dirección procedió a revisar la base de datos de la
administradora de recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud ADRES, en la
que pudo evidenciar que el actor, en la actualidad, se encuentra en estado activo en la
EPS Sanitas S.A.S, al régimen subsidiado.

4.3.2. Que, siendo así, resultaba claro que esa Dirección de Sanidad no vulneró ningún
derecho fundamental del demandante.

4.4. El director general de Sanidad Militar solicitó la desvinculación del presente
proceso, con fundamento en que la entidad llamada a resolver de fondo lo concerniente
a la Junta Médico Laboral, era la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional.

4.5. A pesar de haber sido notificados, el director del Departamento Administrativo de
la Presidencia de la República y el comandante general del Ejército Nacional no
rindieron informe sobre los hechos que motivaron la interposición de la presente acción
de tutela.

5. Coadyuvancias

5.1. Los señores Ayrton David Cantillo Matos y Aldemar Durán Guerra Zúñiga, en
calidad de comunero y de cabildo menor, respectivamente, del Cabildo Indígena de
Taganga, presentaron escritos en los que solicitaron que se falle a favor del señor
Enmanuel Mattos Mattos, pues, según dijeron, desde que se retiró el Ejército Nacional
quedó con problemas de tipo mental, por lo que lo ven deambular en las calles de
Taganga buscando comida o involucrado en problemas (pues a veces era agresivo)
con personas nativas.

CONSIDERACIONES

1. Cuestión previa – coadyuvancia

1.1. Previo a cualquier estudio, la Sala debe decidir sobre la procedencia de la
solicitud de coadyuvancia formulada por los señores Ayrton David Cantillo Matos y
Aldemar Durán Guerra Zúñiga.

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1.2. El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 establece que «quien tuviere un interés
legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor
o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud».

1.2.1. Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido que el coadyuvante es un
tercero que interviene en el proceso antes de la sentencia de única o de segunda
instancia, que «tiene con una de las partes una relación sustancial que, indirectamente,
puede verse afectada si la parte a la que coadyuva obtiene un fallo desfavorable»3. Sin
embargo, ello no implica «que éste pueda realizar planteamientos distintos o
reclamaciones propias que difieran de las hechas por el demandante, pues de suceder
esto se estaría realmente ante una nueva tutela, lo que desvirtuaría entonces la
naturaleza jurídica de la coadyuvancia»4.

1.3. A juicio de la Sala, no es procedente aceptar las coadyuvancias, toda vez que
los señores Ayrton David Cantillo Matos y Aldemar Durán Guerra Zúñiga no tienen
interés directo frente al resultado del trámite de tutela. El interés directo no puede
derivarse del hecho de ser habitantes del Cabildo Indígena de Taganga, corregimiento
en el que habita el actor, pues, como se sabe, la vulneración de derechos
fundamentales se analiza desde el punto de vista estrictamente personal, por lo cual
únicamente la pueden alegar quienes son los directamente afectados.

1.4. Siendo así, la Sala no aceptará como coadyuvantes a los señores Ayrton David
Cantillo Matos y Aldemar Durán Guerra Zúñiga.

2. De la acción de tutela. Generalidades.

2.1. La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
cualquier autoridad o por un particular, en el último caso, cuando así lo permita
expresamente la ley.

2.2. La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo
caso, el otro mecanismo de defensa debe ser eficaz para proteger el derecho
fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá
examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, concederá el amparo impetrado
como mecanismo transitorio, siempre que esté plenamente acreditada la razón para
conceder la tutela.

3. Planteamiento del problema jurídico

3.1. En los términos de la acción de tutela, corresponde a la Sala determinar si: (i) la
Presidencia de la República vulneró el derecho fundamental de petición del actor; (ii)
no tiene continuidad en la prestación de los servicios de salud, y (iii) debe reconocerse
como víctima del conflicto armado.

4. De la presunta vulneración del derecho fundamental de petición

4.1. El derecho fundamental de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución
Política y regulado por la Ley 1755 de 2015, permite a toda persona presentar
peticiones respetuosas a las autoridades, bien sea por interés general o particular, y a
obtener una resolución pronta, completa y de fondo.

3 Sentencia T-304 de 1996.
4 Sentencia T-1062 de 2010.

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4.2. El derecho de petición ha indicado la Corte que “(…) dentro de sus garantías se
encuentran (i) la pronta resolución del mismo, es decir que la respuesta debe
entregarse dentro del término legalmente establecido para ello; y (ii) la contestación
debe ser clara y efectiva respecto de lo pedido, de tal manera que permita al peticionario
conocer la situación real de lo solicitado”5. En esa dirección también ha sostenido que
a este derecho se adscriben tres posiciones6: “(i) la posibilidad de formular la petición,
(ii) la respuesta de fondo y (iii) la resolución dentro del término legal y la consecuente
notificación de la respuesta al peticionario”7.

4.3. El desconocimiento de cualquiera de esos elementos trae como consecuencia la
vulneración del derecho de petición.

4.3.1. La respuesta de fondo a un derecho de petición es un deber de la administración
o de un ente privado, y un derecho de los ciudadanos que, para verse satisfecho,
requiere de una contestación clara, precisa, congruente y consecuente.

4.3.2. Ha precisado la Corte Constitucional sobre estos requisitos: (i) clara, esto es,
inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión; (ii) precisa, de manera que
atienda directamente lo pedido sin reparar en información impertinente y sin incurrir en
fórmulas evasivas o elusivas; (iii) congruente, de suerte que abarque la materia objeto
de la petición y sea conforme con lo solicitado; y (iv) consecuente con el trámite que
se ha surtido, de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de
petición elevado dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el
interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si se
tratara de una petición aislada, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del
trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no
procedente.

4.4. Por su parte el artículo 148 de la Ley 1437 de 2011 fijó los términos para resolver
las distintas modalidades de peticiones, así:

Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal
especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince
(15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las
siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días
siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá,
para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la
administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las
materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí
señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del
término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo
razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto.

4.5. Por otro lado, el artículo 19 ibidem prevé en cuanto a las peticiones irrespetuosas,
oscuras o reiterativas, lo siguiente:

5 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T- 376 de 2006.
6 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-951 de 2014.
7 Los elementos han sido reseñados en las sentencias T-814/05, T-147/06, T-610/08, T-760/09, C-818/11, C-951/14,

entre otras.
8 La Ley 1755 de 2015 reguló el Derecho Fundamental de Petición y sustituyo un título del CPCA, que comprendió

el artículo 14.
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Artículo 19. Peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas. Toda petición debe ser respetuosa
so pena de rechazo. Solo cuando no se comprenda la finalidad u objeto de la petición esta se
devolverá al interesado para que la corrija o aclare dentro de los diez (10) días siguientes. En caso
de no corregirse o aclararse, se archivará la petición. En ningún caso se devolverán peticiones
que se consideren inadecuadas o incompletas.

Respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá remitirse a las respuestas
anteriores, salvo que se trate de derechos imprescriptibles, o de peticiones que se hubieren
negado por no acreditar requisitos, siempre que en la nueva petición se subsane.

4.6. En el caso concreto, el señor Enmanuel Mattos Mattos alega que la Presidencia de
la República vulneró el derecho fundamental de petición, porque no respondió una
solicitud.

4.7. Según se advierte de la prueba aportada por el actor, el 29 de octubre de 2021, el
señor Mattos Mattos envió un correo a la dirección electrónica
contacto@presidencia.gov.co de Presidencia de la República, que no contenía cuerpo
o datos adjuntos, únicamente como asunto: “me permito enviar a sus señorías las
súplicas de un soldado raso EMANUEL MAT…”

4.8. En respuesta al anterior correo, el 1º de noviembre de 2021, desde la dirección
electrónica contracto@presidencia.gov.co, se indicó al remitente que debía especificar
la petición para iniciar el trámite correspondiente y se recomendó no escribirla en el
campo del asunto, debido a que tenía un límite de caracteres y por eso llegaba
incompleto.

4.9. Ahora, en los términos del artículo 19 de la Ley 1437 de 2011, el demandante tenía
10 días para corregir o aclarar la petición. Sin embargo, no obra prueba de que el actor
hubiese presentado la corrección en ese plazo. Tampoco está probado que, vencido
los diez días sin que el demandante hubiere subsanado, Presidencia de la República
hubiese archivado la petición y puesto en conocimiento del actor esa actuación, hechos
que, en todo caso, se tendrán por ciertos, conforme con el artículo 209 del Decreto 2591
de 1991, pues la Presidencia de la República no rindió el informe solicitado en este
trámite.

4.10. Justamente, como la autoridad demandada no archivó la petición, el 31 de mayo
de 2022, el actor respondió el correo del 1º de noviembre de 2021, en el siguiente
sentido:

9 Artículo 20. Presunción de veracidad. Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán

por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa.

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4.11. Siendo así, corresponde a la Presidencia de la República considerar el correo
presentado por el demandante el 31 de mayo de 2022 y continuar con el trámite a que
haya lugar.

4.12. Por lo anterior, se concederá el amparo del derecho fundamental de petición del
señor Enmanuel Mattos, pues, a juicio de la Sala, el derecho de petición resulta
vulnerado cuando no se siguen las reglas previstas en la Ley 1437 de 2011 para el
trámite de las solicitudes, tal como ocurrió en este caso.

5. De la presunta vulneración del derecho a la salud

5.1. El demandante alega que se vulneró el derecho al debido proceso en conexidad
con la salud y la vida, porque no se ha dado continuidad a la prestación de los servicios
de salud.

5.2. Al respecto, de la consulta en la base de datos única de afiliados al Sistema de
Seguridad Social en Salud, la Sala encontró que el señor Enmanuel Mattos se
encuentra activo en la EPS Sanitas del régimen subsidiado.

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5.3. Además, aunque el demandante manifiesta que no se prestan los servicios de
salud, únicamente aportó una historia clínica de urgencias, documento del que solo es
posible identificar unas consultas médicas en el año 1998, así como una fotografía de
una cicatriz en el área abdominal, es decir, pruebas que no dan cuenta de su afirmación.

5.4. Luego, a partir de los elementos probatorios con los que cuenta la Sala, se
considera que no se configuró la vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso, a la salud y la vida como sostuvo el actor y, por consiguiente, no es necesario
emitir órdenes de protección constitucional en este punto.

6. Del reconocimiento como víctima del conflicto armado

6.1. Frente a la solicitud de reconocimiento de víctima del conflicto armado, consta en
el expediente el oficio No. 202172003589041 del 11 de febrero de 2021, mediante el
cual el director de Registro y Gestión de Información de la UARIV informa al señor
Mattos Mattos lo siguiente:

Atendiendo su petición radicada, donde solicita información sobre su estado en el Registro Único
de Víctimas – RUV, la Unidad para las Víctimas le informa que realizada la consulta, usted se
encuentra NO INCLUIDO (A) desde el 07/01/2021 por el hecho victimizante de LESIONES
PERSONALES FÍSICAS Y ACTO TERRORISTA (ATENTADOS / COMBATES /
ENFRENTAMIENTO / HOSTIGAMIENTOS, bajo el marco normativo Ley 1448 de 2011, en el que
inició su actuación administrativa. Por lo anterior su solicitud no procede.

6.2. Obra también en el expediente, un recurso de reposición suscrito por el señor
Mattos Mattos contra la Resolución No. 2021-1575 del 7 de enero de 2021 (sin
constancia de presentación), mediante el cual, aduce que la UARIV, “ordenó el trámite
de rechazo, dentro del proceso de la referencia y se inhibió pronunciarse de sobre (sic)
la duda razonable” y solicita el derecho a ser reparado.

6.3. De las anteriores pruebas, se infiere que el actor adelantó el trámite administrativo
para que se reconociera como víctima del conflicto armado ante la entidad competente,
solicitud que fue denegada. Aunque el demandante afirma estar inconforme con esa
decisión, lo cierto es que no ofreció argumentos ni aportó pruebas que permitan al juez
de tutela analizar si la UARIV vulneró algún derecho fundamental del actor, al denegar
el reconocimiento como víctima.

6.4. Al respecto, conviene señalar que la Corte Constitucional ha establecido que “los
hechos afirmados por el accionante en el trámite de una acción de tutela, deben ser
probados siquiera sumariamente, a fin de que el juez pueda inferir con plena certeza la

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verdad material que subyace con la solicitud de amparo constitucional”10. Ciertamente,
la parte actora que pretende el amparo de un derecho fundamental debe demostrar los
hechos en que fundamenta sus pretensiones; solo así, el juez constitucional, con plena
certeza y convicción de que se ha amenazado y/o vulnerado un derecho, procede a su
protección.

7. Queda así resuelto el problema jurídico: la Presidencia de la República vulneró el
derecho de petición y no se configuró la vulneración de los demás derechos que alegó
el actor como vulnerados.

8. En consecuencia será amparado el derecho fundamental de petición y se ordenará
al secretario jurídico de la Presidencia de la República que, si no lo hubiere hecho, en
las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia culmine el trámite de la
petición presentada por el actor el 29 de octubre de 2021. Adicionalmente, se
denegarán las demás pretensiones de la demanda.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
FALLA
1. Amparar el derecho fundamental de petición del señor Enmanuel Mattos Mattos. En
consecuencia, se dispone:

2. Ordenar al secretario jurídico de la Presidencia de la República que, si no lo hubiere
hecho, en las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia continúe con
el trámite de la petición presentada por el actor el 29 de octubre de 2021.

3. Denegar las demás pretensiones de la acción de tutela, conforme a lo expuesto.

4. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

6. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo
de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

10 Sentencia T-571 de 2015.

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