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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02726-00

Fecha
17 de junio de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-02726-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

17 de junio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02726-00
Demandante: Alexander Vega Rocha
Demandado: Tribunal Administrativo de Atlántico, Sala Oral de Decisión A y
otro

Temas: Tutela contra providencia que decide incidente de desacato /
violación directa de la Constitución /defecto sustantivo o material

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por el doctor Alexander Vega Rocha,
en su condición de Registrador General del Estado Civil contra el Tribunal
Administrativo de Atlántico, Sala Oral de Decisión A y el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Barranquilla, con ocasión de la emisión de las
providencias del 18 de abril de 2022 y 29 de marzo de igual anualidad,
respectivamente, que decidieron el incidente de desacato respecto de la acción de
tutela con radicado 08001 3333 004 2022 00022 00 [01].

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, el señor Alexander Vega Rocha, en su condición de Registrador Nacional

2
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02726-00
Demandante: Alexander Vega Rocha

del Estado Civil, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la defensa, a la igualdad, a la dignidad humana, y los principios de
prevalencia del derecho sustancial y legalidad.

Como consecuencia de lo anterior, deprecó por un lado que se declare la nulidad de
todo el procedimiento surtido para tramitar el incidente de desacato y el grado
jurisdiccional de consulta de la acción de tutela con radicado 08001-33-33-004-2022-
00022-01 y, por otro lado, que se deje sin efecto el auto que decidió el grado
jurisdiccional de consulta del 18 de abril de 2022 proferido por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala Oral de Decisión A, que modificó la sanción que le
fue impuesta, al revocar el arresto de tres días y mantener la multa de dos salarios
mínimos legales mensuales vigentes.

1.1.2. Los hechos

La parte accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:

i) El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Barranquilla, conoció de la
acción de tutela 08001-33-33-004-2022-00022-00 que el señor Mikki Enrique Pereira
González formuló contra la Registraduría Nacional del Estado Civil; sin embargo, una
vez revisado el buzón electrónico notificaciontutelas@registraduria.gov.co, se verificó
que respecto del auto admisorio y las providencias del 18 de febrero de 2022 en la
que resolvió amparar los derechos fundamentales del accionante; del 11 de marzo
de 2022 que requirió el cumplimiento de las órdenes impartidas en el fallo; del 22 de
marzo de 2022 a través de la cual admitió y dio apertura al incidente de desacato y la
del 29 de marzo de 2022 que declaró en desacato al señor Alexander Vega Rocha,
en calidad de Registrador Nacional del Estado Civil e impuso sanción de tres días de
arresto y multa equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, no
se encontró notificación de las mencionadas decisiones.

ii) El 18 de abril de 2022, el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral de
Decisión, al resolver el grado de consulta del incidente de desacato de la acción de
tutela confirmó la decisión proferida el 29 de marzo de 2022 por el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Barranquilla, en lo atinente a declarar el desacato del

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Demandante: Alexander Vega Rocha

fallo del 18 de febrero de 2022 y modificó la sanción impuesta al señor Alexander
Vega Rocha, manteniendo solamente la multa.

1.1.3. Los defectos invocados

En sentir de la parte accionante, las providencias cuestionadas vulneran los
derechos fundamentales alegados, en particular al debido proceso y a la igualdad por
los siguientes motivos:

i) Era obligación legal del funcionario judicial, notificar en debida forma la
decisión por medio de la cual dio inicio al trámite de incidente de desacato con el fin
de garantizar el ejercicio efectivo del derecho de contradicción y/o los recursos
ordinarios a que hubiera lugar, de tal forma que no podía el Juzgado Cuarto
Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, producir una decisión sin darla a
conocer a los afectados con ella, pues tal conducta comporta un proceder arbitrario,
que agrede el ordenamiento jurídico y desnaturaliza su legitimidad.

ii) El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, sin existir
razón suficiente, y de manera injusta, no llevó a cabo la notificación personal, con lo
cual, vulneró el derecho a la igualdad respecto de quienes resultan afectados con las
decisiones que se profieren en torno al trámite incidental para verificar el
cumplimiento de un fallo de tutela.

iii) Las decisiones objeto de reproche incurrieron en defecto sustantivo, dado que
es deber del operador judicial identificar la dependencia y el servidor público que
tendría a su cargo, de acuerdo con las competencias asignadas al interior de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, el cumplimiento de las órdenes impartidas en
virtud de una solicitud de tutela, que para el caso concreto, en atención a lo previsto
en la Resolución 7300 de 2021, corresponde al director nacional de registro civil y al
director nacional de identificación, aspecto sobre el cual no hubo pronunciamiento.

1.2. Actuación Procesal

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Mediante auto del 24 de mayo de 2022 se admitió la acción de tutela, por lo que se
ordenó notificar como demandados a los magistrados del Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala Oral de Decisión A y al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Barranquilla, quienes conocieron del incidente de desacato y la acción de tutela con
el radicado 08001 3333 004 2022 00022 00 [01]; se comisionó al Juzgado antes
referido, para que notificara de esta acción constitucional al señor Mikki Enrique
Pereira González y a las personas que intervinieron dentro del trámite que se
adelantó con dicho radicado. Igualmente, se requirió a ese órgano judicial para que
hiciera llegar una copia del respectivo expediente digital y a la corporación accionada
para que indicara a qué dirección de correo notificó a la Registraduría Nacional del
Estado Civil las decisiones surtidas en torno al incidente de desacato que dio origen
al presente trámite; y finalmente, no decretó la medida cautelar solicitada por la parte
accionante.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. Del Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla

La titular del despacho, después de brindar un informe detallado de las actuaciones
surtidas dentro del trámite de la acción de tutela y el incidente de desacato, en el
radicado 08001-33-33-004-2022-00022-00, advirtió que todas ellas fueron notificadas
en debida forma a la Registraduría Nacional del Estado Civil, sin embargo, ante la
falta de respuesta al requerimiento efectuado por esa autoridad judicial para el
cumplimiento de lo ordenado en la acción constitucional, ello conllevó la imposición
de la respectiva sanción, conforme se expuso en el proveído del 29 de marzo de
2022.

1.3.2. Del Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión A

El magistrado Luis Carlos Martelo Maldonado solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela por haberse configurado un hecho superado por
carencia actual de objeto, para lo cual, respecto de la presente acción de tutela
expuso lo siguiente:

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Demandante: Alexander Vega Rocha

i) De acuerdo con lo argumentado por la parte accionante se tiene que al
examinar las notificaciones realizadas por el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Barranquilla, dentro de la acción de tutela 08001-3333-004-2022-00022-
00, se evidencia que del auto admisorio, el fallo tutelar de primera instancia y las
providencias de requerimiento previo a la apertura de incidente; la que le dio apertura
y la que resolvió imponer sanción al señor Alexander Vega Rocha, funcionario
presuntamente incumplido, el despacho judicial incurrió en un desafortunado error,
pues las dirigió a la dirección electrónica: notificacionestutelas@registraduria.gov.co,
pese a que la orden había sido remitirla al correo
notificaciontutelas@registraduria.gov.co; sin embargo, las mencionadas providencias
también fueron notificadas por estado, por lo que con un mínimo de diligencia y
cuidado, bien pudo percatarse de la existencia de dicho proceso constitucional y del
trámite del incidente de desacato, y así ejercer su derecho de defensa de inmediato.

ii) En la etapa del grado de consulta, el Tribunal, sin advertir lo anterior, el 18 de
abril de 2022, confirmó el proveído que declaró el desacato e impuso sanción, la cual
modificó en el sentido de revocar el arresto y dejar solo la sanción de multa, decisión
que fue notificada al correo habilitado por la entidad accionada para tales efectos,
momento cuando la entidad accionada afirma haberse enterado de que el señor
Registrador Nacional del Estado Civil fue declarado en desacato y se le había
impuesto sanción por no haber dado cumplimiento a lo ordenado en el fallo del 18 de
febrero de 2022.

iii) De la providencia cuestionada no se puede predicar que se haya incurrido en
una vía de hecho por desconocimiento de normas (defecto sustantivo), falta en el
procedimiento (defecto procesal) o desconocimiento del precedente jurisprudencial,
pues el trámite del proceso se realizó acorde al procedimiento, a las pruebas
obrantes en el expediente electrónico en ese momento y a la normatividad aplicable.

iv) La Registraduría Nacional del Estado Civil informó haber dado cumplimiento al
fallo de tutela de 18 de abril de 2022, a través de la Resolución 9605 del 19 de abril
de 2012, en la que restableció temporalmente la vigencia de la cédula de ciudadanía
No. 1042473741, circunstancia que configura un hecho superado por carencia actual

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de objeto, dado que se alcanzó el objetivo que se perseguía con el amparo solicitado
por el señor Mikki Enrique Pereira González.

1.4. Intervenciones

1.4.1. De la Registraduría Nacional del Estado Civil —RNEC—

El jefe de la oficina jurídica de la RNEC en su intervención solicitó que se tutelen los
derechos alegados como vulnerados por el doctor Alexander Vega Rocha, con
fundamento en los argumentos que se exponen a continuación:

i) El Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Barranquilla, dentro del radicado
08001-33-33-004-2022-00022-00, omitió realizar la notificación objetiva de rigor de
las actuaciones allí surtidas, al buzón electrónico publicado y autorizado por la
RNEC1, sino que se realizó a uno que no pertenece ni existe en la entidad,2 lo que le
implicó desconocer el contenido del auto admisorio y del fallo del 18 de febrero de
2020; por tanto, no pudo ejercer el derecho de defensa y contradicción dentro del
término del traslado e impugnar la decisión, respectivamente, por lo que se incurrió
en una vía de hecho.

ii) Aunado a lo anterior, a) se incumplieron las reglas de reparto previstas en el
Decreto 333 de 2021, según las cuales el conocimiento de las acciones de tutela
dirigidas contra el Registrador Nacional del Estado Civil, corresponde a los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos, b) no fue
posible informar que el director nacional de registro civil y el director nacional de
identificación eran los funcionarios públicos competentes para cumplir la orden
impartida, c) el Registrador Nacional del Estado Civil nunca fue notificado a su correo
electrónico personal institucional de las decisiones proferidas por el Juzgado Cuarto
Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, y d) lo anterior conllevó a que por
ausencia de notificación subjetiva, fueran afectados los derechos fundamentales del
último de los servidores públicos mencionados.

1
notificaciontutelas@registraduria.gov.co
2
notificacionestutelas@registraduria.gov.co

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iii) Al Tribunal Administrativo del Atlántico, cuando avocó conocimiento para
resolver el grado jurisdiccional de consulta y revisar el expediente, le estaba dado
advertir la irregularidad sustancial de la falta de notificación del incidente de desacato
al correo que para tal efecto tiene dispuesto la Registraduría Nacional del Estado
Civil y, correr traslado de tal omisión, a fin de declarar la nulidad de lo actuado.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con el numeral 5.º del Artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021, según el cual «Las acciones
de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su
conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad
jurisdiccional accionada», esta Sala es competente para conocer de la presente
acción de tutela en la que se cuestiona la providencia del 18 de abril de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

2.2. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedencia para controvertir las providencias proferidas, dentro del
incidente de desacato surtido en la acción de tutela 08001-33-33-004-2022-00022-00
[01], por el Tribunal Administrativo de Atlántico, Sala Oral de Decisión A y del
Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, el 18 de abril de
2022 y 29 de marzo de igual anualidad, respectivamente. En caso afirmativo, se
analizará, en segundo lugar, si con la adopción de los referidos proveídos se
vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la
dignidad humana, del señor Alexander Vega Rocha, Registrador Nacional del Estado
Civil, así como los principios de prevalencia del derecho sustancial y de legalidad, y
si, por ende, se configuran las causales de procedibilidad violación directa de la
Constitución y defecto sustantivo o material.

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2.3. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales que deciden un incidente de desacato

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un
medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la
protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y estableció en sus artículos 11, 12
y 40 la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales
ejecutoriadas. Estos artículos, posteriormente fueron declarados inexequibles por la
Corte Constitucional, en sentencia C-543 de 1992, al considerarse que atentaban
contra los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, además de trasgredir la
autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas por
la Constitución.

Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad
de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la
acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,
actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la
decisión pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la
Corte, no puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.

En este entendido, la jurisprudencia constitucional 3 ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial, desarrollando diferentes reglas para su estudio, consolidadas en
la sentencia C-590 de 20054, en la que se hace distinción entre causales genéricas,
aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la

3
T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567
de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de
2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
4
Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar su
procedencia una vez cotejada la validez de su interposición.

La excepcionalidad en la procedencia de la acción de tutela contra providencias que
resuelven un incidente de desacato, parte del contenido del artículo 52 del Decreto
2591 de 1991, que no prevé la posibilidad de que sean objeto de recurso, dado que
el grado jurisdiccional de consulta solo resulta viable cuando se imponga una sanción
por el incumplimiento de una orden de tutela. En consecuencia, cuando con dichas
decisiones resulten vulnerados derechos fundamentales por vías de hecho, tanto el
favorecido con la medida de amparo como el sancionado afectados, pueden acudir al
juez constitucional, siempre que se cumplan con los estrictos criterios que la
jurisprudencia ha desarrollado para hacer uso del mecanismo tutelar.

De esta forma, la Corte Constitucional en la sentencia T-889 de 2011, señaló como
causales genéricas de procedibilidad de tutela contra la decisión que pone fin a un
incidente de desacato las siguientes: i) que esté ejecutoriada la providencia que
resuelva el mencionado incidente; ii) que se reúnan los requisitos generales de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, esto es, a) relevancia
constitucional de la cuestión debatida, b) agotamiento de los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance del actor, c) inmediatez, d) si se trata
de un defecto procedimental, debe tener incidencia en el juicio, e) indicar de manera
clara y precisa, tanto los hechos como los derechos fundamentales presuntamente
vulnerados y, f) que no se trate de tutela contra providencia de tutela. De la misma
manera, iii) acreditar cualquiera de las causales específicas de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, es decir, defectos a) orgánico, b)
sustantivo, c) fáctico, d) procedimental absoluto, e) decisión sin motivación, f)
desconocimiento del precedente, g) error inducido y, h) violación directa de la
Constitución; iv) los argumentos del accionante en el trámite del incidente de
desacato y en la acción de tutela deben ser consistentes; v) no deben existir
alegaciones nuevas que debieron argumentarse en el incidente de desacato y, vi) no
se puede recurrir a la solicitud de nuevas pruebas que no fueron solicitadas
originalmente y que el juez no tenía que practicar de oficio. Frente a estas causales
el operador judicial debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser precisamente
la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza «excepcional».

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Demandante: Alexander Vega Rocha

El Consejo de Estado en sentencia del 31 de julio de 20125, unificó su
jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales —–aplicable para las que definen un incidente de desacato de
orden de tutela—–, y admitió que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el
debido proceso y el derecho de defensa, para lo cual se observarán los
parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.

Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia de 5 de
agosto de 20146 se acogió un plazo seis meses, contados a partir de la notificación
o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar
si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, término
de inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los
criterios señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

2.4. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra las providencias que decidieron un incidente de
desacato proferidas por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de
Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión A, del
29 de marzo y 18 de abril de 2022, respectivamente, frente al cumplimiento del
fallo proferido en la acción de tutela 8001-33-33-004-2022-00022-00 [01]

2.4.1. Se encuentran ejecutoriadas las providencias del 29 de marzo y 18 de abril
de 2022, comoquiera que contra ellas no procede ningún recurso, y con la segunda
de las mencionadas se resolvió el grado jurisdiccional de consulta.

2.4.2. Se agotaron los medios de defensa judicial, puesto que contra las
providencias objeto de la acción de tutela no proceden otros medios ordinarios de

5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García
González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
6
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez.
Expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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defensa o recursos, por tratarse de decisiones incidentales respecto a las cuales el
artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, no previó tal posibilidad.

2.4.3. Los hechos y los argumentos en que se fundamenta la acción de tutela
guardan coherencia lógica y temporal.

2.4.4. La presente demanda no se dirige a controvertir una sentencia de tutela,
en tanto que las providencias censuradas fueron proferidas en torno a la verificación
del cumplimiento de una providencia de esta naturaleza, en el trámite de incidente de
desacato.

2.4.5. El asunto tiene relevancia constitucional, toda vez que se invoca la
protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la
dignidad humana.

2.4.6. Se presentó con inmediatez porque las providencias cuestionadas son del 29
de marzo y 18 de abril de 2022, y la acción de tutela se instauró el 17 de mayo de
esa anualidad, con lo cual se satisfacen los parámetros fijados por la Sala Plena del
Consejo de Estado, sobre el término para su ejercicio, que no debe sobrepasar los
seis meses.

2.4.7. Los argumentos del accionante son consistentes dado que con ellos no se
discute lo ordenado en el fallo de tutela y su cumplimiento o asuntos que sobre estos
aspectos debieron alegarse en el incidente de desacato y, además, no fueron
solicitadas nuevas pruebas.

2.5. Causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales

Además del cumplimiento de los requisitos general de procedibilidad de la acción de
tutela, el accionante debe demostrar que la vulneración que imputa a la
providencia judicial se adecúa, al menos, a una de las causales específicas de

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procedibilidad del amparo7 contra providencias judiciales, es decir, que la
actuación judicial se encuentre inmersa en alguno de los siguientes vicios o defectos:
a) el defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; b) el
defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido; c) el defecto fáctico, que
surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión; d) el defecto material o
sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión; e) el error inducido, que ocurre cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales; f) la decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los
fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) el
desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando
la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado; y, h) la violación
directa de la Constitución, que se predica cuando, de manera ostensible y
flagrante, la decisión del órgano judicial contradice los postulados recogidos en la
carta política.

Como se observa, a pesar de que en cada caso se confirme la procedencia general
de la acción de tutela, es necesario verificar la presencia de alguno de los defectos y
vicios mencionados, pues lo que subyace en la acción es la censura de una decisión
judicial, cuya modificación implicaría alterar el principio constitucional de la seguridad
jurídica.

7
Mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional reunió las causales genéricas y
específicas de procedibilidad del amparo contra providencias judiciales, estableciendo un total de ocho
causales.

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En el presente asunto, la parte accionante formula como causal de procedibilidad el
defecto sustantivo o material, para referirse a que en el trámite del incidente de
desacato se debió individualizar al funcionario de la Registraduría Nacional del
Estado Civil, competente, que de acuerdo a las funciones reglamentarias pertinentes,
tendría a cargo el cumplimiento de las órdenes dadas en el fallo de tutela;
adicionalmente, adujo que el Tribunal Administrativo del Atlántico infringió el término
legal para resolver el grado jurisdiccional de consulta; sin embargo, en la medida en
que principalmente alega que la vulneración a sus derechos fundamentales al debido
proceso e igualdad, devienen de la falta de notificación de las decisiones surtidas en
el trámite del incidente de desacato, la Sala en aras de garantizar la prevalencia del
derecho sustancial sobre las formalidades, advierte que dicho argumento de la parte
actora se adecua al defecto violación directa de la Constitución. En ese orden de
ideas, la Sala se detendrá en el análisis jurisprudencial de las causales violación
directa de la Constitución y defecto sustantivo o material.

2.5.1. Violación directa de la Constitución

En la sentencia SU 495 de 2020,8 la Corte Constitucional señaló los parámetros para
la configuración de la mentada causal en los siguientes términos:

78. Violación directa de la Constitución. El defecto específico de violación de la
Constitución se entendía subsumido como una de las variantes del defecto sustantivo.
Sin embargo, la sentencia T-084 de 2010 empezó a dotarlo de autonomía al considerar
que la inaplicación de la “norma de normas” merece un lugar particular en la acción de
tutela contra providencias judiciales. En tal sentido, destacó lo dispuesto en el artículo
4° de la Carta y el poder normativo directo de ella:

“7.2.8. Violación directa de la Constitución, causal de procedencia de la acción de
tutela que se estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que
desconoce, de forma específica, postulados de la Carta Política. A este respecto,
debe insistirse en que el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce
valor normativo a los preceptos superiores, de modo tal que contienen mandatos y
previsiones de aplicación directa por las distintas autoridades y, en determinados
eventos, por los particulares. Por ende, resulta plenamente factible que una
decisión judicial pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando
desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales postulados”.

79. Con sustento en lo expuesto la jurisprudencia ha afirmado que, aunque se
produce la misma distorsión, el desconocimiento de la Constitución puede darse, al
menos, por dos vías. De un lado, cuando las reglas o principios que deben ser

8
Ibidem pie de página 6.

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Demandante: Alexander Vega Rocha

extraídos de su texto son, por completo, desobedecidos o no son tomados en
cuenta en el razonamiento jurídico explicita, ni implícitamente. De otra parte, cuando
las reglas y los principios son tomados en consideración, al menos implícitamente, pero
se les da un alcance insuficiente, como así quedó planteado en la sentencia T-084 de
2010.

80. Sin embargo, ellos no son los únicos supuestos en los cuales las decisiones
jurisdiccionales terminan por violar la Constitución, pues también se ha reconocido que
el hecho de no acudir a la excepción de inconstitucionalidad también puede dar lugar a
ello. En efecto, “(…) siempre que un juez se encuentra ante una norma que contraría lo
estipulado por la Constitución, éste tiene el deber de inaplicar dicha norma bajo la
excepción de inconstitucionalidad realizando un trabajo argumentativo en el cual
determine claramente que el contenido normativo de la regla resulta contrario a la
Constitución Política”.

81. En consecuencia, el hecho de que una providencia incurra en violación
directa de la Constitución es un defecto autónomo y específico, que determina la
procedencia de la acción de tutela. Puede darse, entre otros, cuando (i) se ignora por
completo principios o reglas constitucionales; (ii) se le da un alcance insuficiente a
determinada disposición de la Constitución; o (iii) se omite aplicar la excepción de
inconstitucionalidad, en aquellos eventos en los cuales ello sea procedente.

2.5.2. Defecto sustantivo o material

En lo atinente a los elementos estructurales de esta causal ha señalado la
jurisprudencia, que se incurre en defecto sustantivo cuando la autoridad jurisdiccional
(i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de la razones
previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un precepto
manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de hecho del
que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; (iii) a pesar
del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades
judiciales, realiza una interpretación contraevidente —interpretación contra legem— o
claramente irrazonable o desproporcionada.

La Corte Constitucional en la sentencia SU 495 de 20209 examina el defecto
sustantivo bajo el siguiente razonamiento:

75. Defecto sustantivo. La sentencia SU-399 de 2012 delimitó el campo de aplicación
del defecto sustantivo, al concluir que el mismo se puede presentar en los eventos en
los cuales: (i) la decisión judicial se basa en una norma inaplicable porque “a) no es

9
Sentencia del 27 de noviembre de 2020, Referencia: Expediente T.7.783.646, acción de tutela
interpuesta por Dorian Jaime Mejía Galeano contra la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y la
Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz, magistrado
ponente: Alejandro Linares Cantillo.

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Demandante: Alexander Vega Rocha

pertinente, b) ha sido derogada y por tanto perdió vigencia, c) es inexistente, d) ha sido
declarada contraria a la Constitución, e) a pesar de que la norma cuestionada está
vigente y es constitucional, no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó,
porque la norma utilizada, por ejemplo, se le dan efectos distintos a los señalados
expresamente por el legislador”; (ii) cuando a pesar de la autonomía judicial, la
interpretación o aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, en términos
generales, dentro del margen de interpretación razonable o “la aplicación final de la
regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente o claramente
perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes” o cuando se aplica una
norma jurídica de forma manifiestamente errada, por fuera de los parámetros de la
juridicidad y de la interpretación jurídica aceptable la decisión judicial. 10

76. Asimismo, según la providencia referida, dicho defecto se configura (iii) en aquellos
supuestos en los que no se toma en consideración la parte resolutiva de una sentencia
de constitucionalidad; (iv) cuando la disposición aplicada es contraria a la Constitución;
(v) se utiliza un poder concedido al juez por el ordenamiento jurídico “para un fin no
previsto en la disposición”; (vi) cuando la decisión se funda en una hermenéutica no
sistémica de la norma, con omisión del análisis de otras disposiciones que regulan el
caso; (vii) cuando se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso
concreto; o (viii) cuando el juez no aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a
una manifiesta violación de la Constitución, entre otros.11

77. No obstante, en dicha providencia se aclara que la autonomía judicial “(…) no
autoriza al funcionario judicial para que se aparte de la Constitución y de la ley, pues la
justicia se administra siguiendo los contenidos y postulados constitucionales de forzosa
aplicación, tales como, la dignidad humana, la eficacia de los principios, derechos y
deberes, la favorabilidad, y, la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas
(arts. 1º, 2º, 6º, 228 y 230 C.P.)”. Así, no cualquier divergencia con la interpretación del
funcionario judicial autoriza al juez constitucional para declarar este defecto, sino que
ella debe ser, de forma flagrante, contraria a derecho.12

“(…) para que la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto
constituya defecto sustantivo, se requiere que el funcionario judicial en
su labor hermenéutica, desconozca o se aparte abierta y
arbitrariamente de los lineamientos constitucionales y legales, de
forma tal que vulnere o amenace derechos fundamentales de las
partes. Es decir, el juez en forma arbitraria y caprichosa, con base

10
Corte Constitucional SU 399 de 2012
11
En la sentencia SU-399 de 2012 se contemplan, además, como supuestos del defecto sustantivo
aquellos eventos en los que (i) la decisión no está justificada en forma suficiente de tal manera que se
afectan derechos fundamentales y (ii) cuando sin un mínimo de argumentación se desconoce el
precedente judicial. No obstante, ellos no son incluidos en el presente análisis por considerar que tales
categorías pueden obedecer, en la actualidad, a otros defectos específicos de procedencia de tutelas
contra providenciales judiciales.
12
En tal dirección se indicó que “(…) en materia de interpretación judicial los criterios para determinar
la existencia de una irregularidad son restrictivos, pues se supeditan a la actuación abusiva del juez y
flagrantemente contraria a derecho. De allí que la simple discrepancia o la no coincidencia respecto de
la hermenéutica del operador jurídico por parte de los sujetos procesales, los particulares y las
distintas autoridades judiciales, no invalida la actuación judicial, debido a que se trata de una vía
jurídica distinta para resolver el caso concreto, pero en todo caso compatible con las garantías y
derechos fundamentales y particularmente deja a salvo la autonomía funcional del juez como
fundamento de la aplicación razonable de las normas jurídicas”. Corte Constitucional, sentencia SU-
399 de 2012

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únicamente en su voluntad, actúa franca y absolutamente en
desconexión con la voluntad del ordenamiento jurídico.

En todo caso, la interpretación resultante de la norma y su aplicación al
asunto sometido a consideración del juez, no puede ser plausible,
constitucionalmente admisible o razonable para que proceda efectivamente
su enjuiciamiento mediante acción de tutela, pues ello equivaldría a aceptar
que podrían dejarse sin efectos providencias judiciales contentivas de
interpretaciones acertadas de las normas jurídicas, porque el criterio del
juez de tutela no coincide con el del juez natural del caso, lo que no puede
permitirse sencillamente porque el juez constitucional asumiría funciones
que no le corresponden, con el consecuente vaciamiento de las
competencias atribuidas por el ordenamiento jurídico a los distintos jueces
de la República y por demás, con total anulación de los principios de
autonomía e independencia judicial”13 (Negrillas fuera de texto original).

2.6. Hechos probados:

Del expediente digital de la acción de tutela 08001-33-33-004-2022-00022-00 [01], se
extrae lo siguiente:

2.6.1. El 7 de febrero de 2022, fue repartida la acción de tutela 08001-33-33-004-
2022-00022-00 instaurada por el señor Mikki Enrique Pereira González contra la
Registraduría Nacional del Estado Civil, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado
Cuarto Administrativo Oral de Barranquilla, a través de la cual solicitó que se le
amparara el derecho a la nacionalidad, pues pese a haber nacido en Venezuela,
contaba con cédula de ciudadanía colombiana por ser hijo de mujer nacida en
Colombia; sin embargo, el 3 de febrero de 2022, la entidad accionada le canceló
dicho documento, por falsa identidad.

2.6.2. A través de auto del 2 de febrero de 2022, el Juzgado Cuarto Administrativo
Oral de Barranquilla admitió la acción de tutela y dispuso, entre otros aspectos, lo
siguiente.

3.-De la anterior solicitud de amparo constitucional, córrase traslado, por el término de
cuarenta y ocho (48) horas, a la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL,
a fin de que se sirva rendir un informe o efectúe sus descargos en torno a los hechos
en que se funda dicha acción de tutela. Debiendo anexar copia de toda la actuación
administrativa desplegada. Notifíquese en el buzón electrónico:
notificaciontutelas@registraduria.gov.co.

13
ibidem

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02726-00
Demandante: Alexander Vega Rocha

(…)

6.-Por secretaría remítase copia del auto admisorio y el escrito de tutela, junto con la
presente providencia.

7.- Se le hace saber a la parte accionada, que en el caso que no suministren la
información requerida, se tendrán por ciertos los hechos expuestos por el accionante
en su escrito de tutela, de conformidad con el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.

8.- NOTIFÍQUESE por medios electrónicos o por el medio más expedito posible, de
conformidad con los artículos 16 y 30 del Decreto 2591 de 1991, a los accionados,
accionante, y vinculados, (sic) en virtud al acuerdo PCSJA20-11567 de fecha 05 de
junio de 2020, y las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo N° 806 del 04
de junio de 2020, así como también se publicará por estado y se colgará el presente
proveído en la página web de la Rama Judicial, sección Juzgados del Circuito –
Juzgados Administrativos del Circuito, seleccionando el departamento
correspondiente y el despacho a consultar. (sic en todo el texto).

2.6.3. La notificación de la antedicha providencia, se surtió a las partes el 7 de
febrero de 2022, a través de correo electrónico dirigido a las siguientes direcciones:
Maikel0007645@gmail.com, notificacionestutelas@registraduria.gov.co,
procjudadm174@procuraduria.gov.co y ejcastro@procuraduria.gov.co. El informe de
entrega, respecto del correo notificacionestutelas@registraduria.gov.co, advirtió que
«Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos pero el servidor de destino no
envió información de notificación de entrega». También fue notificada por estado
electrónico 013 del 8 de febrero de 2022.

2.6.4. Mediante proveído del 11 de febrero de 2022, el Juzgado Cuarto
Administrativo Oral de Barranquilla, después de que le fuera devuelta la solicitud de
amparo por el Juzgado Cuarto de Familia del Circuito Judicial de Barranquilla, que
descartó que se tratara de una posible acción de tutela masiva, avocó conocimiento y
dispuso en el numeral segundo de la parte resolutiva, que:

2.- Advertir que la accionada REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL,
fue notificada por los (sic) que no será necesario dar traslado de admisión. No
obstante, se hace la salvedad que pueden agregar informe con las pruebas
pertinentes si a bien lo tienen. Notifíquese en el buzón electrónico:
notificaciontutelas@registraduria.gov.co.

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Esta providencia fue notificada a través de correo electrónico remitido el 11 de
febrero de 2022 a las direcciones descritas en el numeral 2.6.3., con igual resultado
frente a la entrega, y por estado electrónico 17 del 14 de febrero de 2022.

2.6.5. El 18 de febrero de 2022, el Juzgado de conocimiento profirió fallo, en el que
tuvo por ciertos los hechos expuestos en el escrito tutelar, al tenor de lo dispuesto en
el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, ante la falta de contestación al requerimiento
efectuado en el auto que admitió la acción de tutela, y después de analizar los
supuestos fácticos y jurídicos referidos a la personalidad jurídica, nacionalidad y
estado civil del accionante, aunado a que no encontró acreditado que la accionada
hubiera puesto en conocimiento del señor Mikki Enrique Pereira González, la
actuación administrativa que culminó con la cancelación de su cédula de ciudadanía,
resolvió.

1. «AMPARAR de forma transitoria los derechos fundamentales a la personalidad
jurídica, a la nacionalidad y al estado civil de MIKKI ENRIQUE PEREIRA GONZÁLEZ.
En consecuencia, se ordena dejar sin efectos la resolución No. 14499 de noviembre
25 de 2021, mediante la cual se ordenó cancelar la cédula de ciudadanía del
accionante. Lo anterior, hasta el momento en que la REGISTRADURÍA NACIONAL
DEL ESTADO CIVIL rehaga nuevamente la actuación administrativa.
2. ORDENAR a la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL rehacer la
actuación administrativa que culminó con la expedición de la resolución No. 14499 de
noviembre 25 de 2021, únicamente frente a MIKKI ENRIQUE PEREIRA GONZÁLEZ,
con el objeto de que el accionante pueda ser oído por la autoridad competente para la
determinación de sus derechos a la personalidad jurídica, a la nacionalidad y al
estado civil, dentro de un trámite prioritario y preferente que se deberá iniciar en un
término no mayor a los diez (10) días hábiles luego de la notificación de esta
providencia.
3. ORDENAR a la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, que deberá en
el trámite administrativo observar efectivamente las garantías que le asisten le asisten
(sic) al señor MIKKI ENRIQUE PEREIRA GONZÁLEZ. Con relación a esta orden,
tendrá que agotar todos los mecanismos eficaces de notificación. En todo caso, para
garantizar el trámite de la notificación personal, podrá valerse de la información que
reposa en el expediente de tutela, relativa a la dirección de notificación aportada por
el señor MIKKI ENRIQUE PEREIRA GONZÁLEZ en folio 5 del documento 01 del
estante digital, esto es, DIRECCIÓN CALLE 63 16- 133, correo:
maikel0007645@gmail.com.
4. ORDENAR a la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL que debe hacer
un análisis de la situación planteada en este caso concreto, para determinar
efectivamente si le asiste al accionante el derecho al reconocimiento de la
nacionalidad colombiana y advertir que el señor MIKKI ENRIQUE PEREIRA
GONZÁLEZ, haga parte de la actuación administrativa ante la REGISTRADURIA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, una vez notificado e intervenga en el
procedimiento para hacer uso del derecho de contradicción y defensa, conforme a las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

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Este fallo fue notificado a través de correo electrónico remitido el 18 de febrero de
2022 a las direcciones descritas en el numeral 2.6.3., con igual resultado frente a la
entrega.

2.6.6. El señor Mikki Enrique Pereira González, a través de correos electrónicos
remitidos el 10 y 16 de marzo de 2022 al Juzgado Cuarto Administrativo Oral de
Barranquilla, formuló incidente de desacato, en el que puso de presente que el
incumplimiento del fallo de tutela del 18 de febrero de 2021, le representa estar
indocumentado y, por ende, en condición de «ilegal», lo que afecta la posibilidad de
ejercer alguna actividad laboral «debido a que me quedé sin empleo» y acceder a
servicios de salud, en atención a que «estoy sufriendo de migraña y no puedo ir a
que me atiendan, pues no tengo mis papeles». En consecuencia, mediante auto del
11 de marzo de 2022, el despacho judicial, resolvió:

PRIMERO: REQUERIR a la entidad accionada REGISTRADURÍA NACIONAL DEL
ESTADO CIVIL o quien haga sus veces, para que en el término perentorio de
cuarenta y ocho (48) horas, hagan CUMPLIR al señor REGISTRADOR y a su
superior jerárquico, o a quien corresponda, lo ordenado por este Juzgado a través
de fallo de tutela proferido por este juzgado el 18 de febrero de 2022, e inicie el
procedimiento disciplinario que corresponda.

SEGUNDO: ADVERTIR al señor REGISTRADOR y a su superior jerárquico,
dentro de la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL que al incumplir
una ORDEN JUDICIAL DE TUTELA, incurrirían en DESACATO sancionable con
arresto hasta de seis (6) meses y multa hasta de veinte (20) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

TERCERO: SOLICITAR a la entidad accionada REGISTRADURÍA NACIONAL DEL
ESTADO CIVIL, o quien haga sus veces, CERTIFIQUEN en cabeza de quien reposa
la obligación de dar cumplimiento al fallo de tutela de fecha 18 de febrero de 2022,
proferido por este Juzgado, indicando los nombres completos de los mismos, número
de cédula de ciudadanía y dirección donde pueden ser notificados, para lo cual se les
concede un término de tres (3) días hábiles contados a partir de su notificación. (sic
en todo el texto).

Este auto fue notificado a través de correo electrónico remitido el 11 de marzo de
2022 a las direcciones descritas en el numeral 2.6.3., con igual resultado frente a la
entrega y por estado electrónico del 14 de marzo de 2022.

2.6.7. El 22 de marzo de 2022 el juzgado accionado resolvió abrir incidente de
desacato contra el señor Alexander Vega Rocha en su condición de Registrador

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Nacional del Estado Civil, al considerar que la entidad en mención hizo caso omiso al
requerimiento efectuado en el auto del 11 de marzo de 2022, y dispuso:

3. Notifíquese personalmente la apertura del presente incidente a la REGISTRADURIA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, ALEXANDER VEGA ROCHA o quien haga sus
veces, en la dirección electrónica notificaciontutelas@registraduria.gov.co.
4. ABRIR a pruebas el presente incidente de desacato, ordenándosele a la parte
accionada REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, ALEXANDER VEGA
ROCHA, presente las pruebas conducentes que demuestre el cumplimiento al fallo de
tutela proferido por este Juzgado el 18 de febrero de 2022, para lo cual se le concede
cuarenta y ocho (48) horas.
5. Concédasele a la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, ALEXANDER
VEGA ROCHA o quien haga sus veces, un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, para
que dé cumplimiento al fallo fecha de 18 de febrero de 2022. Término dentro del cual
podrá hacer uso de su derecho a contestar la solicitud de incidente de desacato, así
como aportar y/o solicitar las pruebas que considere pertinentes.
6. ADVERTIR a la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, ALEXANDER
VEGA ROCHA o quien haga sus veces, que al incumplir una ORDEN JUDICIAL DE
TUTELA, incurrirían en DESACATO sancionable con arresto hasta de seis (6) meses
y multa hasta de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin
perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. (sic en todo el texto)

Este auto fue notificado a través de correo electrónico remitido el 22 de marzo de
2022 a las direcciones descritas en el numeral 2.6.3., con igual resultado frente a la
entrega, y por estado No. 33 al día siguiente.

2.6.8. Por encontrar que pese a los múltiples requerimientos realizados en el trámite
incidental, la Registraduría Nacional del Estado Civil no contestó ni acreditó haber
realizado actividad encaminada a obedecer la orden impartida en el fallo de tutela del
18 de febrero de 2022 y, luego de evidenciar su incumplimiento, el juzgado
accionado decidió:

PRIMERO: Declarar que el señor ALEXANDER VEGA ROCHA, en su condición de
REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, ha incumplido el fallo de tutela
proferido por este Juzgado el 18 de febrero de 2022.

SEGUNDO: Sancionar por desacato al señor ALEXANDER VEGA ROCHA, en su
condición de REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, a tres días de arresto
y a pagar una multa equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes
($2.000.000,oo), que deberá consignarse en la cuenta No. 3-0070-000030-4 del
Banco Agrario de Colombia, denominada DTN, MULTAS Y CAUCIONES, o a la
cuenta que para el efecto posea el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, por
los motivos expuestos en la parte motiva de este proveído.

Tal arresto deberá cumplirse en las instalaciones que la POLICÍA NACIONAL
determine. Para efecto de lo anterior ofíciese a tales entidades públicas.

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TERCERO: Previo al cumplimiento de lo anteriormente dispuesto, CONSÚLTESE la
presente decisión con el Superior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52
del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: NOTIFÍQUESE personalmente o por el medio más eficaz el contenido de
la presente decisión al señor ALEXANDER VEGA ROCHA, en su condición de
Registrador Nacional del Estado Civil, la parte accionante será notificada mediante el
medio más expedito.

QUINTO: REMITASE al Honorable Tribunal Administrativo del Atlántico, a fin que se
surta el grado jurisdiccional de consulta, una vez quede ejecutoriada la presente
decisión.

Esta providencia fue notificada a través de correo electrónico remitido el 29 de marzo
de 2022 a las direcciones descritas en el numeral 2.6.3., con igual resultado frente a
la entrega, y por estado No. 36 al día siguiente.

2.6.9. El Tribunal Administrativo del Atlántico para resolver el grado jurisdiccional de
consulta del incidente de desacato, una vez examinó la actuación surtida, precisó
que la Registraduría Nacional del Estado Civil ha guardado absoluto silencio frente a
lo resuelto por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Barranquilla, tanto es así
que en la primera instancia se aplicó la presunción de veracidad al no rendirse el
informe que le fuera requerido; de tal forma que el señor Mikki Enrique Pereira
González, se vio en la obligación de formular el trámite incidental y pese a la
imposición de la sanción por incumplimiento, en días pasados, insistió en que aún la
entidad no ha resuelto su situación, lo que denota una conducta renuente y
negligente para satisfacer lo ordenado. Por ese motivo, resolvió:

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida en primera instancia por el Juzgado
Cuarto Administrativo de Barranquilla, de fecha 29 de marzo de 2022, en lo atinente a
declarar al señor ALEXANDER VEGA ROCHA, REGISTRADOR NACIONAL DEL
ESTADO CIVIL, en desacato del fallo de 18 de febrero de 2022, proferido por ese
despacho.

SEGUNDO: MODIFICAR LA SANCION impuesta al citado funcionario, revocando la
sanción de arresto por tres días y manteniendo la sanción de multa equivalente a dos
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito.

2.6.10. El jefe de la oficina jurídica de la Registraduría Nacional del Estado Civil, por
medio de correo electrónico, el 17 de mayo de 2022, hizo llegar al Tribunal
Administrativo del Atlántico el informe sobre el cumplimiento del fallo del 18 de

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febrero de igual anualidad proferido dentro de la acción de tutela 0800-13-33-30-04-
2022-00022-01, según el cual el 16 de mayo de 2022, puso en conocimiento del
señor Mikki Enrique Pereira González, las gestiones administrativas adelantadas por
la entidad y el estado actual del documento de identificación, relacionadas con la
expedición de la Resolución 9605 del 19 de abril de 2022, que, por un lado, anuló el
registro civil de nacimiento y, por otro, lo autorizó, por el término de dos meses, a
realizar una nueva inscripción, tiempo en el que conservará el número único de
identificación personal, de tal forma que le fue restablecida la vigencia de la cédula
de ciudadanía.

2.6.11. De acuerdo con el certificado emitido por el secretario general del Tribunal
Administrativo del Atlántico, la providencia que en grado jurisdiccional de consulta de
incidente de desacato profirió dicha corporación el 18 de abril de 2022, fue notificada
a las partes, a través de los siguientes correos electrónicos: i) a la Registraduría
Nacional del Estado Civil: notificacionjudicial@registraduria.gov.co,
notificaciontutelas@registraduria.gov.co y notificacionjudicialatl@registraduria.gov.co
ii) al accionante: maikel0007645@gmail.com y iii) a la Procuraduría Judicial
Administrativa: jlizcano@procuraduria.gov.co y
procjudadm117@procuraduria.gov.co

2.7. Análisis de la Sala. Caso concreto

En el sub judice la vía de hecho alegada por el accionante respecto de los autos
dictados por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Barranquilla y el Tribunal
Administrativo del Atlántico del 29 de marzo y 18 de abril de 2022, mediante los
cuales fue sancionado por desacato a las órdenes impuestas en la sentencia de 18
de febrero de igual anualidad, se fundamenta en lo esencial, en que no fue notificado
a través del correo electrónico oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de
la formulación del incidente de desacato propuesto por el señor Mikki Enrique Pereira
González, lo que a la postre le impidió ejercer los derechos de defensa y
contradicción, a fin de conjurar las consecuencias del incumplimiento, argumento que
como se dijo en precedencia, responde al derecho al debido proceso y, por tanto,
será evaluado dentro de la causal de procedibilidad violación directa de la
Constitución.

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Adicional a ello, argumenta que el grado jurisdiccional de consulta, fue resuelto por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, por fuera del término legal previsto para el
efecto y que las autoridades accionadas omitieron cumplir con el deber de
individualizar el funcionario al que le competía dar cumplimiento a lo ordenado en el
fallo de tutela, aspectos que encuadran en el defecto material o sustantivo.

Pues bien, advierte la Sala que las providencias objeto de censura encontraron que
los autos proferidos en el trámite del incidente de desacato fueron notificados a los
correos electrónicos de las partes y, que pese a ello, la Registraduría Nacional del
Estado Civil, hizo caso omiso a los requerimientos efectuados por el Juzgado
accionado, para que acreditara el cumplimiento del fallo de tutela del 18 de febrero
de 2022, por lo que tal silencio dio paso a la interposición de la sanción por
incumplimiento a la orden de amparo.

No obstante lo anterior, al hacer una revisión minuciosa de la dirección a la que
fueron remitidas las notificaciones de los autos del 11, 22 y 29 de marzo de 2022, por
medio de los cuales el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Barranquilla,
respectivamente, requirió el cumplimiento del fallo de tutela del 18 de febrero de
2022, aperturó el incidente de desacato, declaró el incumplimiento del fallo en
mención e impuso sanción al señor Alexander Vega Rocha, Registrador Nacional del
Estado Civil, se evidencia que corresponde al correo
notificacionestutelas@registraduria.gov.co; cuando, de acuerdo a la información que
reposa en la página web de la entidad, la dirección dispuesta para recibir
notificaciones judiciales de acciones de tutelas es
notificaciontutelas@registraduria.gov.co.

Ahora bien, es sabido que una de las garantías al debido proceso es que los
interesados tengan conocimiento de los asuntos respecto de los cuales son
requeridos por autoridades judiciales o administrativas, aspecto que cobra una
especial relevancia tratándose de acciones de tutela, por ser el escenario
fundamental de dichas garantías. De tal suerte que el derecho de defensa solo podrá
ser ejercido en la medida que se tenga conocimiento, para el caso, del incidente de

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desacato, con el fin de hacer prevalecer el derecho de contradicción que le asiste a
las partes.

La notificación de las decisiones a los interesados es entonces, el instrumento a
través del cual se materializan de manera efectiva los derechos de defensa y
contradicción, los cuales deben ser garantizados por los operadores judiciales, por
tanto, no enterar al interesado o afectado con una decisión judicial de su contenido
vulnera las prerrogativas propias del debido proceso.

Para el caso que nos ocupa, de manera diáfana la Sala observa que la Registraduría
Nacional del Estado Civil, no pudo enterarse de la existencia del incidente de
desacato, pues no se surtió materialmente la notificación de las decisiones proferidas
en torno al trámite, dado que aun cuando en el contenido de las providencias se
ordenaba notificar a la entidad al correo notificaciontutelas@registraduria.gov.co.
fueron remitidas a otra dirección electrónica. Al respecto se debe precisar que no
obstante que el reporte de entrega no generó error, lo cierto es que la dirección no
corresponde a la ordenada en las providencias, ni a la que aparece publicada en la
página web de la entidad.

Lo anterior se corrobora con el hecho de que solo hasta cuando el Tribunal
Administrativo del Atlántico le notificó lo decidido en el grado jurisdiccional de
consulta el 9 de mayo de 2022, al correo electrónico
notificaciontutelas@registraduria.gov.co, la Registraduría Nacional del Estado Civil,
hizo llegar el respectivo informe sobre el cumplimiento del fallo del 18 de febrero de
2022.

En situaciones como las que ocupa la atención de la Sala, la Corte Constitucional ha
señalado que el presupuesto material para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias que ponen fin a un incidente de desacato, está dado respecto de
la vulneración del debido proceso de las partes,14 por lo que corresponde al juzgador
verificar que en el trámite se hayan respetado las garantías constitucionales de los
sancionados. En ese mismo sentido, ha dicho la mencionada corporación, que se

14
Sentencias T-533 de 2003 y T-010 de 2012 citadas en la SU-034 de 2018.

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desconoce el precitado derecho fundamental cuando, por ejemplo, el juez del
desacato se extralimita en el cumplimiento de sus funciones, vulnera el derecho de
defensa de las partes o impone una sanción arbitraria.15

Bajo este panorama, esta Subsección advierte que en el presente caso, al no
haberse notificado a la Registraduría Nacional del Estado Civil, las actuaciones
surtidas en el trámite incidental del desacato, al correo electrónico oficial dispuesto
por la entidad para esos efectos, se le impidió al señor Registrador Nacional del
Estado Civil ejercer el derecho de defensa y contradicción.

Las garantías procesales del debido proceso fundan su eficacia en la publicidad, es
decir, en la posibilidad que las partes tienen de estar enteradas de las oportunidades
para intervenir en la actuación y lo hagan según su arbitrio; sin embargo, el silencio
de quien a sabiendas no hizo uso de las prerrogativas derivadas de dicha garantía
constitucional, no puede equipararse a la falta de intervención de la parte que no fue
enterada de la existencia de un trámite que podría llegar a afectar sus intereses.

Es así como al juez del incidente de desacato, se le exige un especial cuidado en la
garantía material de los derechos derivados del debido proceso de las partes,
máxime si se tiene en cuenta que el legislador, para el cuidado y seguimiento del
cumplimiento de una orden de amparo, lo dota de funciones disciplinarias
sancionatorias para hacer prevalecer, los derechos protegidos en un fallo de tutela,
hasta que logre el goce efectivo del amparo concedido.

Igualmente, dado que la parte final del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991,
establece que la sanción interpuesta mediante el trámite incidental por el juez de
tutela, será consultada a su superior jerárquico a través del grado jurisdiccional de
consulta, con el propósito de que revise la actuación de primera instancia, ello
comporta para este último el deber, no solo de verificar si se cumplen los
presupuestos objetivos y subjetivos para la imposición de la sanción, sino que se
hayan respetado las garantías jurídico procesales de las partes.

15
Sentencia T-1113 de 2005, citada en la SU-034 de 2018.

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La Sala al examinar las providencias cuestionadas, observa que tanto el juzgado
como el tribunal accionados se refirieron a las notificaciones de los autos proferidos
en el trámite incidental, sobre los que concluyeron que habían sido puestos en
conocimiento de las partes en debida forma por correo y estado electrónico; no
obstante, como quedó establecido en precedencia, en lo que respecta a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, la comunicación fue remitida a una dirección
errada, lo que conllevó a que no pudiera ejercer su derecho de defensa y
contradicción,

Es claro para la Sala, que dada la naturaleza del incidente de desacato y las
consecuencias que comporta, no resulta suficiente la notificación por estado
electrónico de las actuaciones que se surten en el trámite para tener satisfecho el
principio de publicidad de las decisiones judiciales, por lo que esta Corporación ha
considerado que para que tenga efectos esa notificación en esta clase de
providencias, deben hacerse llegar al correo electrónico personal, institucional,
privado o de forma presencial del servidor público o particular a quien se le adelanta
tal juicio de responsabilidad.16

De tal modo que no resulta de recibo para esta Subsección, el argumento esgrimido
por el Tribunal Administrativo del Atlántico según el cual, por haberse efectuado la
notificación de las providencias proferidas en el trámite incidental por estado
electrónico, la Registraduría Nacional del Estado Civil, pudo ejercer su derecho de
defensa, además, porque las mentadas providencias ordenaron que debía ser
remitida la actuación al correo electrónico de la entidad.

Se concluye la violación del derecho fundamental al debido proceso del señor
Registrador Nacional del Estado Civil, lo cual evidencia la configuración de la causal
de procedibilidad de la acción de tutela violación directa de la Constitución, dado que
se enviaron de forma errada, hasta antes de decidirse el grado jurisdiccional de
consulta, las decisiones adoptadas en el trámite incidental toda vez que debían

16
Consejo de Estado Sala, Sección Quinta. Consejera Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
Sentencia 26 de abril de 2018, proferida en el radicado número: 11001-03-15-000-2017-03330-01(AC)
Actor: Stefannya Zorrillo Agredo Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda y otro

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remitirse al correo electrónico notificaciontutelas@registraduria.gov.co y ello se hizo
al correo notificacionestutelas@registraduria.gov.co.

Por otra parte, la Sala no encuentra configurado el defecto sustantivo o material
alegado por el accionante, como quiera que i) en los autos del 11 y 22 de marzo de
2022 el Juzgado Cuarto Administrativo de Barranquilla, procuró obtener la
información relacionada con el servidor público de la Registraduría Nacional del
Estado Civil al que correspondía, de acuerdo con sus funciones, cumplir la orden de
tutela impartida en el fallo del 18 de febrero de 2021 y se tuvo en cuenta que de
acuerdo con el inciso segundo del artículo 266 de la Constitución Política, dentro de
las funciones del Registrador Nacional del Estado Civil, están la de llevar el registro
civil y la identificación de las personas y ii) la providencia que resolvió el grado
jurisdiccional de consulta no se fundamentó en normas inexistentes o
inconstitucionales, ni realizó interpretaciones groseras, arbitrarias o caprichosas.

No le corresponde a esta instancia, verificar el efectivo cumplimiento del fallo de
tutela del 18 de febrero de 2021, pues el legislador impuso tal obligación al juez de
tutela de primera instancia, por tanto, es el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de
Barranquilla, quien debe analizar si con la expedición de la Resolución 9605 del 19
de abril de 2022 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se satisface la orden
de amparo allí prevista. De tal suerte, que por ser un asunto ajeno al que se estudia
en la presente acción de tutela, tampoco podría considerarse que con dicho acto
administrativo se configura la carencia actual de objeto por hecho superado, en
especial porque no tiene efecto frente a la sanción por desacato impuesta por las
providencias objeto de reproche.

Aclarado lo anterior, y por encontrar vulnerado el derecho fundamental al debido
proceso del accionante, con el fin de tomar las medidas tendientes a proteger este
derecho, encuentra la Sala que resulta necesario anular la actuación surtida dentro
del incidente de desacato 08001-33-33-004-2022-00022-00 [01] desde el auto que
requirió el cumplimiento de la sentencia de tutela del 18 de febrero de 2022,
inclusive, a fin de que el señor Alexander Vega Rocha, en calidad de Registrador
Nacional del Estado Civil, ejerza a nombre de la entidad que representa los derechos

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de defensa y contradicción. Se advierte igualmente, que las pruebas que reposan en
el trámite incidental conservan su valor probatorio.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se
concluye que por encontrar configurado el defecto violación directa de la
Constitución, se amparará el derecho fundamental al debido proceso del doctor
Alexander Vega Rocha, en calidad de Registrador Nacional del Estado Civil, por lo
cual se dispondrá declarar la nulidad de toda la actuación surtida dentro del trámite
de incidente de desacato 08001-33-33-004-2022-00022-00 [01] desde el auto que
requirió acreditar el cumplimiento de la orden de tutela impartida en la sentencia del
18 de febrero de 2022, inclusive, por lo que se advierte, que las pruebas que reposan
en el trámite incidental conservan su valor probatorio. Se negará la tutela en lo
atinente con el defecto sustantivo o material,

En síntesis, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Barranquilla, deberá en el
término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación del
presente proveído, dar inicio al incidente de desacato formulado por el señor Mikki
Enrique Pereira González, para lo cual proferirá las decisiones a que haya lugar, con
el fin de verificar el cumplimiento del fallo de tutela del 18 de febrero de 2022, las
cuales deberán ser notificadas a la Registraduría Nacional del Estado Civil al correo
electrónico notificaciontutelas@registraduria.gov.co.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Amparar el derecho fundamental al debido proceso del doctor Alexander
Vega Rocha, en calidad de Registrador Nacional del Estado Civil, conforme a las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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Segundo: Declarar la nulidad de toda la actuación surtida dentro del trámite de
incidente de desacato 08001-33-33-004-2022-00022-00 [01] desde el auto que
requirió acreditar el cumplimiento de la orden de tutela impartida en la sentencia del
18 de febrero de 2022, inclusive, por lo que se advierte, que las pruebas que reposan
en el trámite incidental conservan su valor probatorio. Se negará la tutela en lo
atinente con el defecto sustantivo o material.

El Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Barranquilla, deberá en el término de
cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído,
dar inicio al incidente de desacato formulado por el señor Mikki Enrique Pereira
González, para lo cual proferirá las decisiones a que haya lugar, con el fin de verificar
el cumplimiento del fallo de tutela del 18 de febrero de 2022, las cuales deberán ser
notificadas a la Registraduría Nacional del Estado Civil al correo electrónico
notificaciontutelas@registraduria.gov.co.

Tercero: Notifíquese esta decisión a las partes y al señor Mikki Enrique Pereira
González al correo electrónico maikel0007645@gmail.com.

Cuarto: Si no fuere impugnada remitir el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Ausente con permiso

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
M.E.C.G

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