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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02727-01

Fecha
11 de agosto de 2022
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02727-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 23 de junio de 2022, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia. En su lugar, NEGAR las pretensiones de amparo, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-02727-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

11 de agosto de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02727-01
Accionante: DORIS ROCÍO URIBE DÍAZ
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER Y
OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – se
revoca el fallo impugnado – el asunto de la referencia tiene
relevancia constitucional pero no se configura ninguna de las
causales de procedibilidad

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra de la
sentencia de 23 de junio de 2022, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado y a través de la cual se declaró improcedente el amparo solicitado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La ciudadana Doris Rocío Uribe Díaz, actuando a través de apoderada judicial,
presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, cuya vulneración le atribuyó a las sentencias de 11 de agosto de 2016 y de
11 de noviembre de 2021, proferidas, respectivamente, por el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Cúcuta y por el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicación número 54001-33-33-004-2013-00873-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que, desde el 23 de marzo de 1980, se encuentra laborando en la
Universidad Francisco de Paula Santander en el cargo de auxiliar administrativo,
grado 6.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02727-01
Accionante: Doris Rocío Uribe Díaz

2.2. Indicó que se encuentra afiliada a la organización sindical Sintraunicol y que
entre esa asociación sindical y la Universidad Francisco de Paula Santander se
suscribió un acuerdo colectivo de trabajo, el día 9 de noviembre de 2001, en el que
se estableció un reconocimiento de puntos por año de servicios.

2.3. Relató que, desde el año 2003, la Universidad Francisco de Paula Santander
suspendió, de manera unilateral, el pago por puntos por año de servicios,
circunstancia por la que promovió demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la referida institución.

2.4. Mencionó que el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cúcuta, mediante
sentencia de 11 de agosto de 2016, resolvió negar las pretensiones de la demanda,
al inaplicar por inconstitucionalidad los acuerdos 064 de 2001 y 049 de 2005
expedidos por la Universidad Francisco de Paula Santander, en atención a que
infringían el numeral 19, literal e) del artículo 150 de la constitución, los artículos 4
y 10 de la ley 4 de 1992 y el artículo 16 del C.S. del T., por cuanto reconocieron
beneficios salariales a empleados públicos cuando la competencia para fijar el
régimen salarial le corresponde al Congreso de la Republica y al Gobierno nacional.

2.5. Refirió que presentó recurso de apelación en contra de la anterior decisión, el
cual fue desatado por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander a través de
sentencia de 11 de noviembre de 2021, mediante la cual confirmó el fallo apelado.

2.6. Afirmóque las decisiones objeto de amparo vulneraron sus derechos
fundamentales, por cuanto en ellas se desconoció que tiene un derecho adquirido
«porque los puntos por año de servicios vienen siendo reconocidos mediante el
acuerdo 038 de 1984, con retroactividad desde 1980, como lo establece el mismo
acuerdo y fueron prorrogables en el tiempo».

2.7. Anotó que: «los acuerdos 064 de 2001 y 049 de 2005 tiene vigencia indefinida
por cuanto no se especificó fecha de terminación, y no han sido revocados por parte
de la universidad Francisco de Paula Santander ni por otra autoridad competente».

2.8. Consideró que las autoridades accionadas incurrieron en defecto sustantivo por
interpretación errónea de los artículos 28, 29 y 77 de la Ley 30 de 1992, de la Ley
4ª de 1992 y del artículo 150 numeral 19 literal e) de la Constitución Política de
Colombia, disposiciones que no resultaban aplicables a su caso, en la medida que
el beneficio por puntos de servicios fue creado en el año 1984 y, además, la
Universidad Francisco de Paula Santander goza de total autonomía para “Arbitrar
y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su
función institucional”.

2.9. Aseguró que en las decisiones enjuiciadas se desconoció el precedente que
había fijado el mismo Tribunal accionado en relación con la procedencia del
reconocimiento de los puntos por año de servicios de los empleados de la
Universidad Francisco de Paula de Santander. Para tal efecto, hizo alusión a las

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02727-01
Accionante: Doris Rocío Uribe Díaz

sentencias proferidas dentro de los expedientes números 54001-33-31-704-2012-
00102-01 y 54001-33-31-002-2012-00079-01.

2.10. Puntualizó que los beneficios por puntos surgen de un acuerdo expedido por la
Universidad Francisco de Paula Santander, y no como erróneamente se consideró
en las sentencias enjuiciadas de una convención colectiva.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] PRIMERA: que se tutelen los derechos fundamentales de mi poderdante
DORIS ROCIO URIBE DIAZ a la igualdad, al debido proceso, y al acceso a la
administración de justicia.

SEGUNDA: Se ordene dejar sin efectos las providencias de fecha 11 de agosto
de 2016 y 11 de noviembre de 2021 dictadas por el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Cúcuta y por el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander dentro del proceso de Nulidad y restablecimiento del derecho de
radicado No. 54001333300420130087300, promovido por la señora DORIS
ROCIO URIBE DIAZ contra Universidad Francisco de Paula Santander.

TERCERA: que se ordene a los togados accionados Proferir un nuevo fallo en
el que se conceda las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho impetrada por la señora DORIS ROCIO URIBE DIAZ en contra de
la Universidad Francisco de Paula Santander. […]

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Lamagistrada de la Sección Cuarta del Consejo de Estado a cargo de la
sustanciación del proceso, mediante auto de 24 de mayo de 2022, admitió la acción
de tutela de la referencia en contra del Tribunal Administrativo de Norte de
Santander y del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cúcuta. En la
misma providencia, vinculó como tercero con interés directo en los resultados del
proceso a la Universidad Francisco de Paula Santander.

V. INTERVENCIONES

5. Realizadas las comunicaciones a las autoridades accionadas y a la vinculada, se
produjeron las siguientes intervenciones:

5.1. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, a través del magistrado
ponente de la providencia enjuiciada, rindió informe en el que solicitó declarar
improcedente el mecanismo de amparo, en atención a que en la decisión objeto de
cuestionamiento por esta vía judicial no se incurrió en ninguna causal de
procedibilidad.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02727-01
Accionante: Doris Rocío Uribe Díaz

5.2. Como sustento de lo anterior, sostuvo que se remitía «al texto de la providencia
proferida, donde se encuentran los fundamentos probatorios y jurídicos que se
tuvieron en cuenta para adoptar la decisión».

5.3. El rector de la Universidad Francisco de Paula Santander rindió informe en el
que se pronunció respecto de cada uno de los hechos planteados en el escrito de
tutela y se opuso a la prosperidad de las pretensiones de amparo.

5.4. Expuso que: «los despachos judiciales sujetos a la presente acción de tutela
actuaron de acuerdo a sus competencias y definieron la litis de acuerdo a lo
planteado por la parte demandante porque en materia contencioso administrativa,
la resolución judicial que se extienda más allá de lo pedido o que se tome fuera del
petitum de la demanda, a más de resultar violatoria del derecho de defensa de la
contraparte sería contraria a la estructura misma del proceso que en esta materia
se guía por el principio de que la materia del litigio se define por las partes y estas,
al hacerlo, delimitan la competencia del juzgador».

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante sentencia de tutela de 23 de junio de 2022, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado declaró improcedente el amparo solicitado por la accionante,
luego de considerar que no satisfacía el requisito general de procedibilidad atinente
a la relevancia constitucional, en tanto que «la parte actora expone los mismos
argumentos propuestos y decididos en la segunda instancia del proceso ordinario»,
como si se tratara de una tercera instancia.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

7. La parte accionante, a través de apoderada judicial, impugnó la sentencia de tutela
de primera instancia, con fundamento en los siguientes argumentos:

[…] es preciso señalar que, la relevancia constitucional del presente caso se
presenta por violación al derecho de igualdad de la señora Doris Rocio Uribe
teniendo en cuenta que los derechos que le fueron negados a la accionante le
fueron otorgados y/o reconocidos a otros empleados de la Universidad
Francisco de Paula Santander, donde los casos eran muy similares, se
solicitaban, de igual manera, el reconocimiento y pago de los puntos por años
de servicio universitarios los cuales habían sido suspendidos, y que nunca se
han revocado los acuerdos 064 de 2001 y 049 de 2005 mediante el cual se
otorgaban dichos puntos. El derecho de igualdad es un derecho fundamental y
de acuerdo a la Sentencia C-178/14, lo define:

[…]

Como se mencionó anteriormente, en este caso se está vulnerando el derecho
de igualdad de mi poderdante por cuanto se reclaman los mismos derechos que
han sido reconocidos y pagados a otros empleados de la Universidad, bien sea
a través de acuerdos conciliatorios, o a través de sentencias y/o por mera
disposición de los acuerdos mencionados, y a mi poderdante se los niegan
porque los acuerdos son contrario a la ley pero son acuerdos que nunca se han

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02727-01
Accionante: Doris Rocío Uribe Díaz

revocado ni por la universidad ni por autoridad competente, hecho sobre el cual
tampoco se pronunció el juez de alzada. […]

8. Por
los anteriores argumentos, la parte impugnante solicitó revocar el fallo
impugnado y que, como consecuencia de ello, se amparen sus derechos
fundamentales invocados.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

9. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente impugnación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de
noviembre de 20173.

VIII.2. Problemas jurídicos

10. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado o revocado4, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales.

b) Si ello es así, determinar si la sentencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante, al incurrir presuntamente
en defecto sustantivo y en desconocimiento del precedente.

11. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a
(ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos alegados, siempre y
cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.

1
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
2
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
3
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02727-01
Accionante: Doris Rocío Uribe Díaz

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

12. En sentencia de 31 de julio de 20125, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió
su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela
dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales
siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia
jurisprudencia.

13. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

14. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

15. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial6, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución 7.

16. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de

5
Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
6
Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
7
«Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a
las normas establecidas en la Constitución Política»

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02727-01
Accionante: Doris Rocío Uribe Díaz

esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión8» que se encaje en dichos
parámetros.

17. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

18. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

19. La ciudadana Doris Rocío Uribe Díaz, actuando a través de apoderada judicial,
presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, cuya vulneración le atribuyó a las sentencias de 11 de agosto de 2016 y de
11 de noviembre de 2021, proferidas, respectivamente, por el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Cúcuta y por el Tribunal Administrativo de Norte
de Santander, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicación número 54001-33-33-004-2013-00873-00/01.

20. En este punto es preciso indicar que aunque el extremo accionante le atribuyó la
vulneración de sus derechos fundamentales tanto a la sentencia proferida en
primera instancia como a aquella dictada en segunda instancia dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación número 54001-33-
33-004-2013-00873-00/01, la Sala advierte que el presente análisis se centrará en
determinar si en esta última providencia se incurrió en los defectos invocados, dado
que es la decisión que tiene los efectos de cosa juzgada y finiquitó la litis9.

VI.4.1.2. Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela

21. En relación con el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala observa lo siguiente:

21.1. Respecto del requisito de relevancia constitucional, la Sala pone de relieve
que este presupuesto se entiende satisfecho cuando se acredita que el asunto gira
en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental10 y no cuando

8
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
9
Al respecto ver la sentencia del Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Primera, sentencia
de 3 de junio de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01119-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
10
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, Magistrado ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02727-01
Accionante: Doris Rocío Uribe Díaz

guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico
que deberán ser definidos por otras jurisdicciones11.

21.2. Descendiendo al sub examine, se observa que la tutelante aduce que la
decisión objeto de amparo incurrió en defecto sustantivo y en desconocimiento
del precedente del precedente horizontal. Por su parte, el a quo concluyó que la
presente acción de tutela no cumplía con el requisito de relevancia constitucional
porque pretendía utilizar el mecanismo de amparo como una tercera instancia.

21.3. Ahora bien, la Sala no comparte la decisión de primera instancia porque se
observa que la actora sí cumplió con la carga argumentativa mínima, en tanto que
precisó las razones por las que considera que su derecho a la igualdad resultó
afectado con ocasión de la providencia judicial aquí enjuiciada, asimismo, sustentó
debidamente las causales de procedibilidad invocadas. Por tanto, el móvil o
sustento del presente mecanismo de amparo está asociado a la presunta afectación
de una garantía fundamental, y no guarda relación con la simple discrepancia con
lo resuelto por las autoridades accionadas.

21.4. Es a partir de lo anterior que no se puede afirmar que el mecanismo de amparo
de la referencia se está ejerciendo como una tercera instancia, sino que, como se
puede apreciar, el centro del debate tiene transcendencia constitucional, en tanto
que se plantea la posible afectación de un derecho fundamental, con ocasión de la
indebida aplicación de las normas jurídicas que resolvían la disparidad existente y
del desconocimiento del precedente horizontal.

21.5. En razón a lo expuesto, esta Sala considera que se cumple con el requisito de
relevancia constitucional y, en ese sentido, se revocará el fallo impugnado, tal como
se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.

21.6. Ahora bien, la parte accionante no tiene otro medio de defensa para solicitar la
protección de los derechos fundamentales que estima vulnerados con la decisión
proferida, en segunda instancia, por el Tribunal accionado, pues se agotaron todos
los recursos ordinarios establecidos en el procedimiento común y los argumentos
expuestos no se encuadran dentro de las causales de revisión previstas en el
artículo 250 del CPACA.

21.7. La acción de tutela se presentó dentro de un término razonable, dado que la
providencia censurada fue notificada el 19 de noviembre de 2021, mientras que esta
solicitud de amparo fue radicada el 17 de mayo del año en curso.

21.8. La situación a la cual se atribuye la vulneración de los derechos fundamentales
fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela.

11
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 Magistrado ponente Alberto Rojas Ríos y T-458 de 2016,
Magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02727-01
Accionante: Doris Rocío Uribe Díaz

21.9. No se alega la existencia de una irregularidad procesal en el trámite de la tutela,
por lo que no es necesario efectuar un análisis al respecto.

21.10. La acción constitucional no se dirige contra una sentencia dictada en un
proceso de idéntica naturaleza y/o índole.

VIII.4.2. Análisis de los requisitos específicos en la presente acción de tutela

22. Encontrándose satisfechos los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela, la Sala abordará el estudio de los requisitos especiales frente a la presunta
vulneración de los derechos constitucionales fundamentales invocados por la parte
accionante por la configuración de un defecto sustantivo y desconocimiento del
precedente, los cuales se estudiarán conjuntamente.

VIII.4.2.1. Caracterización del defecto sustantivo

23. En cuanto al defecto sustantivo12, esta Sección, siguiendo lo establecido por la
Corte Constitucional, ha sostenido que este se presenta cuando la decisión que
toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución Política y la ley le
reconocen, al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto,
bien sea, entre otras, «porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no
se adecua a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma
empleada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente
señalados por el legislador». (negrillas de la Sala)

24. Asimismo, el juez constitucional debe tener en cuenta que, de acuerdo con el
artículo 230 de la Constitución Política13, los funcionarios judiciales gozan de
independencia y autonomía para elegir las normas jurídicas que resultan pertinentes
al resolver un caso concreto y así determinar el alcance y aplicación de tales normas
de derecho; empero, esta función debe desempeñarse con sujeción a la
Constitución y a la ley, y mediante un ejercicio hermenéutico que fundamente su
decisión.

25. Eneste contexto, la Corte14 ha estudiado en numerosas oportunidades los
alcances del defecto sustantivo, sobre el cual ha dicho:

12
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-064 de 4 de febrero de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
13
Artículo 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los
principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial.
14
En el mismo sentido consultar la sentencia T – 1054 de 2008, en la cual se dice: “(…) la autonomía funcional del juez
protege la aplicación razonable del derecho y “no puede convertirse en patente de corso para aplicar cualquier interpretación
posible”, ya que “el sistema jurídico, en sus distintos niveles, impone restricciones a las interpretaciones posibles, de suerte
que resulta relativamente sencillo distinguir entre las correctas y aquellas que no satisfacen dicho requerimiento”. La
autonomía judicial no equivale, entonces, “a la libertad absoluta de los jueces para interpretar el derecho”, puesto que “de la
Constitución surgen tres restricciones igualmente fuertes: el respeto por la corrección dentro del sistema jurídico y la
realización de los principios, derechos y deberes constitucionales; la jurisprudencia de unificación dictada por las altas Cortes
y la jurisprudencia de la Corte Constitucional”.
Así las cosas, “cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales,
la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o
claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada)”, se configura un
defecto sustantivo que, dependiendo de las circunstancias del caso concreto, torna procedente la acción de tutela en contra
de la decisión judicial (…)”.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02727-01
Accionante: Doris Rocío Uribe Díaz

[…] una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:

(i) cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida
en cuenta por el fallador,

(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le
reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es
inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente
(interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses
legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y,
finalmente,

(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de
la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre
la que pesa la cosa juzgada respectiva […]15.

VIII.4.2.2. Del defecto sustantivo por desconocimiento del precedente

26. Se tiene que la jurisprudencia16 ha entendido por precedente, la sentencia o el
conjunto de sentencias proferidas con anterioridad al asunto que debe resolverse
que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de i)
patrones fácticos y ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha
fijado una regla para resolver la controversia, que sirve también para solucionar el
nuevo caso.

27. Se debe distinguir entre el precedente horizontal y el vertical, teniendo en cuenta
la autoridad que profiere la providencia. Así, el primero hace referencia a aquellas
sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o por el mismo operador
judicial y el segundo se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias
superiores encargadas de unificar la jurisprudencia dentro de la respectiva
jurisdicción.

28. Un juez -individual o colegiado- no puede separarse, sin una explicación
suficientemente y sustentada del precedente fijado en sus propias sentencias, ni
tampoco del precedente establecido por las autoridades superiores,
específicamente del emanado de las Altas Cortes.

29. En este contexto, se destaca que el desconocimiento del precedente puede ser
alegado de dos formas, a saber: i) como causal autónoma, cuando la providencia
judicial enjuiciada se aparta de un precedente contenido en sentencias proferida por
la Corte Constitucional, y ii) como defecto sustantivo, el cual se configura cuando la
autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical fijado por la

15
Corte Constitucional, Sentencia SU 918 de 2013. MP. Jorge Ignacio Pretelt Ch.
16
Ver entre otras las sentencias T-158 de 2 de marzo de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. “La correcta aplicación
del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s), solo (i)
si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el
caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso
presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique
algún supuesto de hecho para su aplicación”. Sentencia T-812 de 28 de septiembre de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra. T-355 de 10 de mayo de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; y T-309 de 22 de mayo de 2015, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.

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Accionante: Doris Rocío Uribe Díaz

jurisdicción contenciosa y sin justificación suficiente, lo cual conduce a concluir que
la providencia adolece de un defecto sustantivo17.

VIII.4.2.2. Solución de los defectos en el sub judice

30. En el sub examine, se advierte que el planteamiento medular de la accionante
radica en señalar que la autoridad judicial accionada se abstuvo de analizar que, en
su favor, existía un derecho consolidado o adquirido, en atención a que el beneficio
por puntos de servicios fue creado en el año 1984 y, en ese sentido, resultaba
improcedente analizar su constitucionalidad con fundamento en normas que fueron
expedidas con posterioridad, máxime cuando el precedente del mismo Tribunal aquí
accionado ha establecido que sí resulta procedente ordenar el reconocimiento de
los puntos por año de servicios de los empleados de la Universidad Francisco de
Paula Santander.

31. Para resolver el anterior motivo de inconformidad, la Sala considera necesario
poner de relieve lo siguiente:

31.1. La aquí accionante, a través de apoderado judicial, promovió demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, a fin de que
se declarara la nulidad del acto administrativo presunto y, a título de restablecimiento
del derecho, solicitó que se le reconociera y pagara, retroactivamente, los puntos por
años de servicios, entre otros.

31.2. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cúcuta, mediante sentencia
de 11 de agosto de 2016, resolvió negar las pretensiones de la demanda, al inaplicar
por inconstitucionalidad los acuerdos 064 de 2001 y 049 de 2005 expedidos por la
Universidad Francisco de Paula Santander, en atención a que infringían el numeral
19, literal e) del artículo 150 de la constitución, los artículos 4 y 10 de la ley 4 de
1992 y el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo.

32. Inconforme con la anterior decisión, la parte aquí actora presentó recurso de
apelación, el cual fue desatado por el Tribunal accionado en el sentido de confirmar
la sentencia de primera instancia.

33. Como sustento de la anterior decisión, el Tribunal accionado se refirió al marco
normativo asociado con la autonomía universitaria y con el beneficio económico de
los puntos por servicios universitarios y, con base en ello, efectuó las siguientes
consideraciones:

[…] Conforme los fundamentos legales y jurisprudenciales y los hechos
probados, considera la Sala que le asiste razón al A-quo al señalar que el

17
Ver entre otras las sentencias T-158 de 2 de marzo de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. “La correcta aplicación
del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s), solo (i)
si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el
caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso
presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique
algún supuesto de hecho para su aplicación”. Sentencia T-812 de 28 de septiembre de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra. T-355 de 10 de mayo de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; y T-309 de 22 de mayo de 2015, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.

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Accionante: Doris Rocío Uribe Díaz

Consejo Superior de la UFPS, se extralimitó en su competencia al reconocer
beneficios salariales a sus empleados públicos, toda vez que la autonomía de
que están revestidas las Instituciones Universitarias, no incluye la potestad para
los Consejos Superiores de tales entes, para fijar el régimen salarial o
prestacional de sus empleados o trabajadores.

En efecto, ha sido reiterada la jurisprudencia del Consejo de Estado que ha
tratado el tema de la autonomía universitaria, precisando su sentido y alcance
en cuanto a que no es absoluta, sino limitada para emitir su propio régimen
salarial y prestacional, ajenas a los cánones generales, como quiera que dicha
competencia la atribuyó en forma exclusiva la Constitución de 1991 al legislador
y al gobierno en forma concurrente, bajo la modalidad regulatoria de las leyes
generales o marco y los decretos expedidos dentro del marco trazado por el
legislador.

[…]

De acuerdo con lo anterior para la Sala no resulta acertada la decisión del
Consejo Superior de la Universidad Francisco de Pala Santander al disponer a
través de los Acuerdos Nos. 064 de 2001 y 049 de 2005 el reconocimiento de
puntos por año de servicio para el personal administrativo, pues ello, sin lugar
a duda, tiene incidencia en el salario base del citado personal materia que
es de competencia exclusiva del Congreso de la República y del Gobierno
Nacional, razón por la cual, se comparte la decisión del A-quo de inaplicar por
inconstitucional los mismos, con lo cual queda sin sustento jurídico las
pretensiones de la demanda, lo que da lugar a confirmar la sentencia· apelada.

Además de lo. anterior, tal y como lo indicó el A-quo conforme lo ha señalado
el Consejo de Estado de la lectura del artículo 416 del Código Sustantivo de
Trabajo se infiere que no es posible hacer extensivos los beneficios de las
convenciones colectivas a los empleados públicos, en cuanto esa norma,
prohíbe la negociación colectiva a los sindicatos de empleados públicos, por lo
que los acuerdos con los cuales se fundamentó la demanda al haber sido
expedidos con ocasión de una convención colectiva suscrita con el Sindicato de
Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia SINTRAUNICOL, no le
era aplicable a la demandante. […] (Negrillas por fuera del texto original)

34. De la cita previamente transcrita se advierteque la decisión de la autoridad
accionada se encuentra debidamente soportada y respaldada en una interpretación
sistemática y razonada tanto de las normas aplicables para la resolución de la
causa ordinaria objeto de tutela como de las pruebas obrantes en el proceso, sin
que se logre apreciar que se hayan vulnerado los derechos fundamentales
alegados por la parte actora.

35. Ello en razón a que, si bien es cierto que, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 69 Superior, 28 y 29 de la Ley 30 de 1992, las instituciones de educación
superior gozan de autonomía universitaria, la realidad es que ello no implica que
los referidos entes universitarios se encuentran facultados para crear o modificar el
régimen salarial o prestacional de sus empleados, tal como se precisó en reciente
pronunciamiento de 21 de abril de 2021 de la Sección Segunda, Subsección A, de
esta Corporación, en los siguientes términos:

[…] Como se advierte, ni la Constitución Política ni la ley otorgaron a las

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02727-01
Accionante: Doris Rocío Uribe Díaz

universidades la posibilidad de fijar su propio régimen salarial y
prestacional, ni siquiera en ejercicio de su especial autonomía.18 En esa
medida, sus servidores públicos están regidos por las normas que regulan a los
demás empleados del Estado, por lo que en todo caso las universidades
deben respetar las competencias asignadas por el numeral 19, literal e),
del artículo 150 de la Carta política y la Ley 4 de 1992, según las cuales es
facultad exclusiva del gobierno nacional la de fijar el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos bajo los objetivos y criterios
determinados por el legislador.

Tales disposiciones y su contenido son el marco que han de observar las
instituciones universitarias a la hora de implementar algún tipo de beneficio
salarial y prestacional para sus servidores públicos. Empero, en ningún caso,
les es dable crear otros diferentes.

[…]

De esta manera, la autonomía universitaria se ve limitada en lo que a la fijación
del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos se refiere,
razón por la que debe sujetarse a lo que al respecto decida el gobierno
nacional en los términos de la Ley 4 de 1992. […]19 (negrillas por fuera del texto
original)

36. Con fundamento en lo anterior, para esta Sala de Decisión resulta claro que, tal
como lo consideró el Tribunal accionado, era procedente aplicar la excepción de
inconstitucionalidad prevista en el artículo 4° de la Constitución Política, al haberse
evidenciado una clara contradicción entre los acuerdos por medio de los cuales se
creó y se prorrogó el beneficio por puntos de servicios universitarios y las normas
de rango Constitucional y legal que le atribuyen la facultad de fijar el régimen salarial
de los empleados públicos al Legislador y al Gobierno nacional.

37. En ese orden de ideas, y en lo concerniente al argumento de la actora asociado
con que tenía un derecho adquirido, la Sala advierte que dicho motivo de
inconformidad no tiene vocación de prosperidad, porque, tal como lo consideró la
autoridad accionada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 4ª de
1992 -en armonía con el contenido del parágrafo 5° del Decreto 1919 de 2002-, «todo
régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las
disposiciones contenidas en la presente Ley o en los decretos que dicte el Gobierno
Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará
derechos adquiridos». (negrillas por fuera del texto original)

38. Significa
lo anterior que, al haberse encontrado, en el sub examine, que los
acuerdos expedidos por la Universidad Francisco de Paula Santander contradecían

18 En ese sentido se pueden consultar las siguientes providencias: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 6 de marzo de 2008, expediente 70001-23-31-
000-2000-00118-01(5624-03), M.P., Bertha Lucia Ramírez de Páez; ii) Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 31 de mayo de 2018, expediente
68001-23-33-000-2014-00329-01(4655-15), M.P., Sandra Lisset Ibarra Vélez; y iii) Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 25 de abril de 2019, expediente
08001-23-33-000-2015-00026-01(2108-16), M.P., César Palomino Cortés.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, auto de 21 de abril de 2021,
expediente número 11001-03-25-000-2019-00894-00 (6439-2019).

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los mandatos constitucionales y legales, es claro que, por expresa disposición legal,
no crearon derecho en favor de sus destinatarios.

39. Ahora bien, en cuanto al supuesto desconocimiento del precedente horizontal
alegado por la accionante, la Sala estima que el mismo es inexistente, en atención
en que el Tribunal accionado, en la providencia enjuiciada, decidió, en ejercicio de
su autonomía e independencia judicial, apartarse de su propio precedente,
argumentando lo siguiente:

[…] La Sala no desconoce que este Tribunal en providencias de fechas 31 de
marzo de 2016 con ponencia de la Magistrada Beatriz Helena Escobar Rojas,
Radicado No. 54001-3331-002-2012-00079-01 y 28 de febrero de 2019 con
ponencia de la Magistrada María Josefina Ibarra Rodríguez, Radicado No.
54001-3331-704- 2012-00102-01, se confirmó el reconocimiento de los puntos
por año de servicio ordenada por los jueces de instancia, no obstante, en esta
oportunidad esta Sala de Decisión con fundamento en el ordenamiento jurídico
y jurisprudencial que regula la materia relacionada con que el principio de
autonomía universitaria no es absoluto y, por tanto, las universidades están en
la obligación de sujetarse a las normas que regulan lo relacionado con el
régimen laboral y prestacional de los empleados públicos, considera que en el
caso bajo estudio las súplicas de la demanda no están llamadas a prosperar,
razón por la cual se confirmará la sentencia apelada. […]

40. De allí que resulta inadmisible concluir que se incurrió en desconocimiento del
precedente horizontal y mucho menos en violación del derecho a la igualdad, en
consideración a que el Tribunal accionado sustentó, con suficiencia y claridad, la
razón por la que decidía apartarse de su propio precedente; requisito que habilita a
los jueces -individual o colegiado- para separarse de sus propias decisiones, tal como
se explicó en el acápite VIII.4.2.2. de esta providencia.

41. En este estado de cosas, debe destacarse que el juez de tutela solo puede
intervenir cuando aprecia que la providencia judicial carece por completo de
sustento jurídico o fáctico o no resulta razonable, o cuando advierta que hubo una
valoración de los medios de prueba alejada a las reglas y principios de la sana
crítica; supuestos que, como se dijo previamente, no se configuran en esta
oportunidad.

42. En conclusión, para la Sala, la autoridad judicial accionada no incurrió en la
vulneración de los derechos fundamentales ni tampoco se configuró alguna de las
causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
por lo tanto, se negará el amparo deprecado por la accionante.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02727-01
Accionante: Doris Rocío Uribe Díaz

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 23 de junio de 2022, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de
tutela de la referencia. En su lugar, NEGAR las pretensiones de amparo, por las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con
el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente Salva voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

P(18)

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