Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02730-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02730-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-02730-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
9 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02730-00
Actor: Luis Hernando Trujillo García
Demandado: Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del
requisito de relevancia constitucional
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) acceso a la
administración de justicia
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el actor contra la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado porque, a su juicio, al proferir la
sentencia de 25 de noviembre de 2021, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
180012340000201600157-01 vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, obrando mediante apoderado, presentó solicitud de tutela contra la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado porque, a su juicio, al
proferir la sentencia de 25 de noviembre de 2021, dentro del medio de control de
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Actor: Luis Hernando Trujillo García
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 180012340000201600157-01 vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Expresó que fue nombrado como patrullero de la Policía Nacional mediante
Resolución núm. 04849 de 2 de diciembre de 2005, y con posterioridad fue
trasladado en el año 2013 a trabajar en el Departamento de Caquetá.
4. Adujo que el 4 de marzo de 2015 la Oficina de Control Disciplinario Interno del
Departamento de Policía Caquetá, abrió indagación preliminar en su contra.
5. Indicó que mediante auto de citación de audiencia del 6 de julio de 2015 se le
formuló como única falta, la siguiente:
“[…] Ley 1015 del 07 de febrero del 2006 “Por medio del cual se expide el
Régimen Disciplinario para la Policía Nacional”
Artículo 34. Faltas gravísimas Numeral 10. “Incurrir en la comisión de conducta
descrita en la ley como delito, cuando se encuentre en situaciones
administrativas tales como (…) franquicia (…)”.
Resulta oportuno precisar que el delito al que se acudirá por esta instancia
para efectos de adecuación típica corresponde al punible de fabricación,
tráfico y porte de armas de fuego o municiones, tal como le fue imputado por
la Fiscalía Trece (13) Unidad Local El Doncello Caquetá en audiencia
preliminar celebrada el 02 de marzo de 2015 (folios 51-53).
Así pues, para tal efecto nos remitimos a lo señalado en la Ley 599 del 24 de
julio de 2000, Código Penal, Artículo 365 que a la letra dice: Fabricación,
tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Modificado por el art. 38, Ley
1142 de 2007, Modificado por el artículo 19, Ley 1453 de 2011. “El que sin
permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte,
almacene, distribuya, venda, suministre, repare o porte armas de fuego de
defensa personal, municiones o explosivos, incurrirá en prisión de uno (1) a
cuatro (4) años […]”.
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Actor: Luis Hernando Trujillo García
6. Manifestó que a través de fallo de primera instancia del 4 de agosto de 2015 la
Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento de Policía Caquetá,
declaró responsable al señor Luis Hernando Trujillo García y le impuso sanción
disciplinaria de destitución e inhabilidad general por diez años para ejercer cargos
públicos.
7. Agregó que el 01 de noviembre de 2015, el Inspector Delegado Regional de
Policía Dos en fallo de segunda instancia resolvió confirmar el fallo de primera
instancia.
8. Afirmó que mediante Resolución núm. 05748 de 18 de diciembre de 2015, lo
retiraron del servicio en cumplimiento de los fallos sancionatorios.
9. El señor Luis Hernando Trujillo García presentó demanda contra el Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el fin de que se declarara la nulidad del i) Fallo de
primera instancia proferido en audiencia de 4 de agosto de 2015, por el Jefe de la
Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento de Policía de Caquetá que
impuso el correctivo disciplinario de destitución e inhabilidad general por un término
de diez (10) años, el ii) Fallo de segunda instancia de 1 de noviembre de 2015 que
corresponde a la providencia que resuelve el recurso de apelación, proferido por el
Inspector Delegado Regional Dos de Policía que confirmó el fallo de primera
instancia; y la Resolución núm. 05748 del 18 de diciembre de 2015 expedida por el
Director General de la Policía que hace efectivo el retiro del servicio del actor en
cumplimiento del fallo sancionatorio.
10. El Tribunal Administrativo del Caquetá profirió sentencia en primera instancia el
31 de marzo de 2019, accediendo a las pretensiones de la demanda.
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Actor: Luis Hernando Trujillo García
Sentencia proferida el 25 de noviembre de 2021 por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
180012340000201600157-01
11. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resolvió lo
siguiente:
“[…] PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 31 de marzo de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo del Caquetá, por las razones esbozadas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda interpuesta por el señor Luis
Hernando Trujillo García contra la Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional.
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia […]”.
12. Consideró que:
“[…] Los hechos que dieron origen a la investigación disciplinaria se concretan en
que el día 1º de marzo de 2015, en la vía que conduce del municipio del Doncello
hacia el municipio del Paujil, en un retén militar, fue registrado el demandante por
personal del Ejército Nacional quienes hallaron dentro de un bolso de su propiedad
un arma de fuego tipo revólver calibre 38 sin salvoconducto o permiso para el porte
de este.
La Corte Constitucional mediante la sentencia C-819 de 20061 declaró
condicionalmente exequible la disposición referida, en el siguiente sentido:
“Los miembros de la policía que se encuentran en las situaciones
administrativas a que se refieren las normas acusadas (franquicia, permiso,
licencia, vacaciones, suspendido, incapacitado, excusado de servicio o en
hospitalización), conservan su condición de servidores públicos de la
institución “en servicio activo”, lo que implica que efectivamente y de manera
actual desempeñan un empleo o cargo en esa Institución. Esta circunstancia hace
que aún bajo las situaciones administrativas descritas retengan su condición de
garantes de las condiciones necesarias para el goce efectivo de los derechos y las
libertades ciudadanas, y para el aseguramiento de una convivencia pacífica (Art.
218 C.P.).
Las conductas que según las disposiciones acusadas son susceptibles de ser
sometidas a control disciplinario, aun cuando el servidor público se encuentre
transitoriamente separado del servicio, no son de aquellas que puedan
adscribirse a la esfera privada del miembro de la Policía, se trata de transgresiones
del orden jurídico tipificadas en la ley como delito o contravención, que no
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Corte Constitucional sentencia C-819 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Actor: Luis Hernando Trujillo García
obstante tal circunstancia de separación momentánea del servicio, comportan
una ruptura del deber funcional en su expresión de deber de actuar conforme
a la Constitución y a la ley, lo que eventualmente puede ser objeto legítimo de
imputación disciplinaria, siempre y cuando se establezca la necesaria
conexidad entre la conducta delictiva o contravencional y el menoscabo de la
función pública.
La Corte ha considerado que no resulta desproporcionado, en determinadas
circunstancias, consagrar como falta disciplinaria conductas ajenas al servicio,
en cuanto involucran una ruptura del orden jurídico y un menoscabo o
perturbación de la función pública.
En tal sentido señaló:
“(…) Estima la Corte que el tráfico de estupefacientes, drogas heroicas o sustancias
precursoras es una actividad que independientemente del carácter delictual que
pueda tener, por falta de relación con la actividad castrense se erige como una
conducta que afecta seriamente el cumplimiento de los deberes funcionales
del militar, por lo cual no resulta desproporcionado el consagrarla como
causal de falta disciplinaria. Efectivamente dicha actividad (…) empaña la
dignidad de la institución castrense minando el respeto que deben merecer
los militares, y repercute por estas dos razones en el adecuado cumplimiento
de la alta misión encomendada”
(…)
“La Corte considera que, por las mismas razones por las cuales el tráfico de
sustancias psicotrópicas o estupefacientes llevado a cabo por los militares puede
ser sancionado disciplinariamente el “permitir” dichas actividades también
puede ser objeto de responsabilidad disciplinaria. Dicha permisión
(independientemente de la responsabilidad penal que pueda acarrear, según el
caso) no tiene ninguna relación con la función de los militares, antes bien resulta
evidentemente contraria a la misión que les incumbe y perturba su adecuado
cumplimiento (…)”.
La exigencia de la ilicitud material de la conducta considerada como injusto
disciplinario, impone al legislador el deber de erigir como tal, únicamente aquellos
comportamientos con idoneidad para afectar los fines de la actividad policial
y por esa vía el interés de la función pública, y a la autoridad administrativa
disciplinaria el imperativo de establecer, como elemento de la imputación el
nexo entre la conducta investigada y la infracción al deber funcional que se
proyecta en menoscabo a la función pública.
Es factible que dada la especialísima función que la Constitución y la Ley adscriben
a la Policía Nacional, en cuanto garante de las condiciones necesarias para el goce
efectivo de los derechos y las libertades ciudadanas, y para el aseguramiento de
una convivencia pacífica, determinadas conductas delictivas o
contravencionales de sus miembros, aún bajo las situaciones administrativas
descritas, puedan afectar los fines de la actividad policial, y por esa vía la
función pública que el régimen disciplinario protege.
Sin embargo, tal nexo debe establecerse tanto en el momento de la configuración,
como en el de la aplicación del régimen disciplinario específico. Sólo así la
intervención disciplinaria se ubica en el ámbito de lo público, en cuanto
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Actor: Luis Hernando Trujillo García
referida a conductas que tengan trascendencia pública, y capacidad de
afectación de la función pública”. (Negrillas fuera del texto)
Conforme a esta jurisprudencia, la autoridad disciplinaria está facultada para
adelantar la potestad sancionatoria contra los miembros de la Policía Nacional que
se encuentren separados del servicio transitoriamente por estar en las situaciones
administrativas referidas, cuando aquéllos desarrollen conductas que siendo ajenas
al servicio policial afecten la función pública que le compete a la institución proteger
de acuerdo con la Constitución y la ley.
Es así, que en el sub lite está probado que el patrullero Luis Hernando Trujillo García
encontrándose en franquicia incurrió en la descripción del delito de Fabricación,
tráfico y porte de armas de fuego o municiones, comportamiento que afectó
directamente los fines esenciales que debe preservar la institución policial, y esta
circunstancia la destacó la autoridad disciplinaria en los fallos de primera y segunda
instancia cuando analizó la conducta endilgada al patrullero […]”.
13. Indicó que la Policía Nacional enmarcó el comportamiento del actor, en la falta
gravísima contenida en el numeral 10 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006 en
armonía con el artículo 365 del Código Penal, “[…] pues de manera objetiva el actor
incurre en la descripción del tipo penal referido, al haber sido sorprendido en un
retén militar con un arma sin salvoconducto, la cual fue encontrada en un bolso de
su propiedad […]”.
14. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado concluyó lo
siguiente:
“[…] En ese orden de ideas, la Sala advierte que la autoridad disciplinaria estableció
en las decisiones de primera y segunda instancia la ilicitud sustancial en la que
incurrió el actor al ejecutar el comportamiento reprochado, el cual se concretó en la
actuación disciplinaria al realizar una conducta descrita en la ley como delito
cometida en franquicia, es decir se trata de transgresiones del orden jurídico
tipificadas en la ley como delito o contravención, pues resulta inadmisible desde todo
punto de vista, que un policial porte un arma en forma ilegal cuando el ejercicio
correspondiente de las funciones públicas, que para los miembros de la Policía
Nacional se traduce en proteger los derechos de las personas, libertades públicas,
asegurar los bienes de los particulares y del Estado, debiendo precisamente velar
porque las personas no porten armas sin salvoconducto […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
15. El actor solicitó en su escrito de tutela:
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Actor: Luis Hernando Trujillo García
“[…] Con fundamento en lo expuesto en la presente acción, solicito a los honorables
magistrados, se revoque la decisión de segunda instancia proferida dentro del
proceso contencioso administrativo adelantado por mi poderdante en dicho
despacho y se profiera una nueva providencia en la cual se confirme la decisión
tomada en primera instancia, reconociéndole a mi poderdante las pretensiones de la
demanda, aclarando que se le deben reconocer todos los salarios y prestaciones
desde el momento en que fue retirado de la institución hasta la fecha de su reintegro,
conforme a lo expresado por el Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso
Administrativo Subsección “A”, dentro del proceso distinguido con el número
18001233300020150032001, confirmada mediante sentencias de Tutela de fecha 13
de abril de 2021, emitida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, radicado
11001-03-15-000-2021- 00674-00 y Sección Primera del Consejo de Estado,
radicado 11001-03-15-000-2021-00674-01, de fecha 11 de junio de 2021, sentencias
de tutela que no fueron objeto de revisión por la Corte Constitucional.
Así mismo como petición subsidiaria, consistente en el deber de los jueces y
tribunales en los términos del artículo 270 de la ley 1437 de 2011, unificar
jurisprudencia con el objeto de resolver todas las causales que invaliden lo actuado,
para el caso que nos ocupa el Tribunal Administrativo del Caquetá no se pronunció
sobre los cargos formulados en el acto administrativo invocado. Teniendo el deber
de hacer, situación que a lo establecido por el articulo 29 vulneraria tajantemente los
derechos contra mi representado, motivo por el cual solicito que de fondo se resuelva
los cargos contra el señor Trujillo en el acto administrativo invocado, teniendo en
cuenta que el tribunal guardó silencio frente a ello, conforme a lo mencionado en la
sentencia 02491 de 2017 emitida por el Consejo de Estado […]”.
16. El actor en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial accionada
incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, en
un defecto fáctico y en la causal de violación directa de la Constitución.
Actuación
17. El Despacho sustanciador, mediante auto de 23 de mayo de 2022; i) admitió la
acción de tutela, ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado y iii) vinculó a la Sala Cuarta del Tribunal
Administrativo del Caquetá y a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional, en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de
tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.
Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo
18. La Secretaría General de la Policía Nacional manifestó que lo pretendido por
el actor es “[…] revivir un debate jurídico debidamente precluido y contrario a sus intereses,
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Actor: Luis Hernando Trujillo García
por tal razón, solicito se declare improcedente las pretensiones incoadas en el escrito tutelar
[…]”.
19. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y el Tribunal
Administrativo del Caquetá guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
20.Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 32 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20212 y
en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20183 y con el artículo 13
del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta sección el conocimiento
de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
21. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
22. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con
2 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
3 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”
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Actor: Luis Hernando Trujillo García
el requisito de relevancia constitucional.
23. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia, procediendo posteriormente
a v) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y
cuando, se satisfagan los requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
24.Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena , en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
4
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales
25. Esta Sección adoptó5 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005 , proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
6
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
26. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María
Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
6 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02730-00
Actor: Luis Hernando Trujillo García
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
27. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”7 que encaje en dichos parámetros.
28. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
29. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 . 8
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto
30. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
7 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge
Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
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Actor: Luis Hernando Trujillo García
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.
Acerca del requisito de la relevancia constitucional
31. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
2014 , al referirse al requisito de relevancia constitucional, sostuvo lo siguiente:
9
“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [10]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones”[11].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [ ]. 12
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar
en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el
actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
9 Ut supra página 6.
[10] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[11] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[12] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
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Actor: Luis Hernando Trujillo García
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional[ ]. 13
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [ ]. Si 14
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [ ]. 15
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [ ]; el derecho a 16
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
[13] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia
de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[14] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[15] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[16] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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Actor: Luis Hernando Trujillo García
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]” (Resaltado fuera del texto).
32. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado : 17
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”18
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:
“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”19
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
17 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
18Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
19 Ibidem.
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Actor: Luis Hernando Trujillo García
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.
33. En ese orden de ideas, el requisito de la relevancia constitucional se acredita
cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez constitucional se involucra la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales y ii) cuando el actor en su
escrito de tutela cumple con satisfacer una carga argumentativa mínima de
establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial accionada
incurrió en algunas de las causales especiales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales, y trajo como consecuencia la afectación de los
derechos fundamentales.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
34.Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
35.Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido
20
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
20 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
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Actor: Luis Hernando Trujillo García
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia
36.Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado […]”.
37.Atendiendo a que, la Corte Constitucional21 ha entendido el derecho de acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.
Análisis del caso concreto
38. El actor, obrando mediante apoderado, presentó solicitud de tutela contra la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado porque, a su juicio, al
21 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
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proferir la sentencia de 25 de noviembre de 2021, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 180012340000201600157-01 vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
39. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
40. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados por los
actores en su respectivo escrito de tutela.
Acervo y análisis probatorios
41.Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:
41.1. Copia de la sentencia de segunda instancia proferida por la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, el 25 de noviembre de 2021.
Solución al caso en concreto
Análisis del cumplimiento del requisito de relevancia constitucional
42. El actor en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial accionada incurrió
en un defecto fáctico. En ese orden de ideas, expresó lo siguiente:
“[…] Si bien como se indicó en la sentencia de segundo grado, los miembros de la
fuerza pública están sujetos a ser investigados cuando se encuentren en cualquiera
de las situaciones descritas en la ley 1015 de 2006 y por ende ser destinatarios de
las sanciones allí establecidas, también lo es, que cuando se adelante un proceso
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disciplinario, se deben observar las formas propias de cada juicio, so pena de incurrir
en una clara violación al debido proceso. Para ello, la misma norma disciplinaria y
la jurisprudencia de las altas cortes, han establecido en sus respectivos estatutos,
cuando, de qué forma y en qué condiciones se tipifica la falta disciplinaria.
En el caso de mi poderdante, se tiene que, si bien es cierto los operadores
disciplinarios en el auto de citación a audiencia y en sus respectivos fallos,
determinaron que mi patrocinado incurrió en la conducta que se le imputo,
también lo es, que en ninguno de sus apartes aclaro o expreso de qué forma
afecto la función pública, el servicio o la buena imagen de la institución, pues
recuérdese que la misma sentencia 819 de 2006 expreso en algunos de sus
apartes “Sin embargo, tal nexo debe establecerse tanto en el momento de la
configuración, como en el de la aplicación del régimen disciplinario específico.
Sólo así la intervención disciplinaria se ubica en el ámbito de lo público, en
cuanto referida a conductas que tengan trascendencia pública, y capacidad de
afectación de la función pública.
Al respecto, ni en el auto de citación audiencia o en los fallos
correspondientes, se indicó claramente y menos se demostró por parte de los
operadores disciplinarios, que la conducta o falta que se le endilgo a mi
patrocinado11, hubiera afectado la función pública, que esta hubiera tenido
transcendencia social y menos que se hubiera afectado el servicio, pues lo
único que se demostró es que fue capturado injustamente, posteriormente
dejado en libertad y beneficiado con la preclusión de la investigación penal.
En este caso, el componente necesario para responsabilizarlo de la falta imputada,
como lo era la afectación al servicio y a la función pública, no fue nunca registrado
en los documentos antes citados y menos los operadores disciplinarios demostraron
en qué medida, de qué forma y como su conducta se encontraba dentro de la ilicitud
sustancial […]”.
[…]
“ […] En resumen, la autoridad judicial aquí accionada, dio por demostrado sin
estarlo, que los operadores disciplinarios establecieron en sus respectivas
decisiones LA ILICITUD SUSTANCIAL, cuando dentro del proceso no se demostró
de qué forma y en qué medida mi patrocinado afecto la función pública y el servicio
de Policía, y menos dicha situación se registró en el auto de citación a audiencia y
en sus respectivos fallos, situación que fue clara y sustentada debidamente por el
Tribunal Administrativo del Caquetá.
Lo anterior se traduce en una clara violación al debido proceso y por ende se
convierte en un claro defecto factico por parte del Consejo de Estado- Sala de lo
Contencioso Administrativo- Sección Segunda- Subsección “B”, el cual debe en mi
humilde opinión debe ser corregido por medio de la presente acción […]”. (Resaltado
por la Sala).
43.Ahora bien, para la Sala el actor no cumplió con la carga argumentativa
mínima para estructurar el defecto fáctico, toda vez que no indicó específicamente
cuales pruebas fueron valoradas erróneamente por parte del juez colegiado; ii) que
además dichos medios probatorios eran relevantes para cambiar el sentido de la
decisión; y iii) demostrar que la valoración errónea de las pruebas fue una actuación
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Actor: Luis Hernando Trujillo García
grosera, arbitraria e irrazonable que trajo como consecuencia la afectación de
derechos fundamentales, lo cual no aconteció en el caso sub examine.
44. La Sala debe indicar que el actor en su escrito de tutela simplemente señaló que
“[…] en el auto de citación a audiencia y en sus respectivos fallos […]”, se omitió
hacer referencia a las razones por las cuales se vulneró el servicio o la función
pública, sin embargo el señor Luis Hernando Trujillo García no argumentó por qué
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado incurrió en un
defecto fáctico por una indebida valoración probatoria. En ese orden de ideas,
expresó que:
“[…] Al respecto, ni en el auto de citación audiencia o en los fallos
correspondientes, se indicó claramente y menos se demostró por parte de los
operadores disciplinarios, que la conducta o falta que se le endilgo a mi
patrocinado11, hubiera afectado la función pública, que esta hubiera tenido
transcendencia social y menos que se hubiera afectado el servicio, pues lo
único que se demostró es que fue capturado injustamente, posteriormente
dejado en libertad y beneficiado con la preclusión de la investigación penal
[…]”. (Resaltado por la Sala).
45. Con base en lo anteriormente expuesto, la Sala evidencia que el actor
controvirtió fue la indebida valoración de las pruebas que se llevó a cabo al interior
del proceso disciplinario, por lo que sus argumentos jurídicos no se centraron en
el defecto fáctico en que posiblemente incurrió la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, por lo que no cumplió con la carga argumentativa
de indicar específicamente cuales pruebas fueron valoradas erróneamente por
parte del juez colegiado; ii) que además dichos medios probatorios eran relevantes
para cambiar el sentido de la decisión; y iii) demostrar que la valoración errónea de
las pruebas fue una actuación grosera, arbitraria e irrazonable que trajo como
consecuencia la afectación de derechos fundamentales, lo cual no aconteció en el
caso sub examine.
46. Esta Sección frente a la carga argumentativa mínima para estructurar el defecto
fáctico ha dicho lo siguiente : 22
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de marzo de
2020, C.P Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación número: 11001-03-15-000-2020-00365-00.
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“[…] Al efecto, es preciso destacar que, en materia de acción de tutela contra
providencias judiciales, no basta con citar la falta de valoración de medios de
prueba de manera genérica, sino que es necesario que se expresen con
claridad los motivos por los que se considera que su falta de valoración, por
las autoridades accionadas, generó la afectación de derechos de
contenido iusfundamental y, como su falta de estudio o apreciación, incidió
en la decisión que es objeto de reproche y afectó las garantías
constitucionales23.
Esta carencia argumentativa, sin lugar a dudas, no puede ser suplida por el
juez de tutela, en tanto que si bien la acción de amparo se caracteriza por la
flexibilización de formalidades que impidan la garantía de los derechos
fundamentales, tratándose del reproche contra providencias judiciales, es
exigible un mínimo de argumentación que habilite un examen de fondo sobre
actuaciones que han hecho tránsito a cosa juzgada, al ser proferidas por
autoridades investidas de competencia en procesos que ofrecen los medios
para proteger las garantías constitucionales […]”. (Resaltado por la Sala).
47. El actor en su escrito de tutela señaló que la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado incurrió en la causal de violación directa de la
Constitución. En ese orden de ideas, expresó lo siguiente:
“[…] Determina claramente el artículo 29 de la Constitución Nacional:
El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente
culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un
abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un
debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a
controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria,
y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.”
El Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Segunda-
Subsección “B, al momento de emitir su providencia de segunda instancia, en mi
humilde opinión, desconoció abiertamente que mi patrocinado no fue juzgado
23 Respecto de la carga argumentativa mínima que se le exige al actor para que se configure el defecto fáctico,
ver entre otras, sentencias T-214 de 2012, T-121 de 2016 y T-074 de 2018, proferidas por la Corte
Constitucional.
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conforme a las normas y leyes preexistentes, al momento en que según los fallos
disciplinarios, incurrió en la conducta investigada, cuando dio por demostrado que
estos si registraron y por ende determinaron en la tipificación de la falta, que había
menoscabado la función pública y los fines policiales, cuando dicha componente
integrador de la presunta falta, como primera medida; ni siquiera se enuncia en el
auto de citación a audiencia y menos en sus respectivas sentencias; y como
segunda medida; menos se probó que su conducta afectaran los fines del estado.
Por tal razón, dicha decisión se convierte en una violación directa a la Constitución,
por cuanto la autoridad judicial accionada inobservo el contenido del artículo 29 de
la Constitución […]”.
48. De igual manera, para la Sala el actor no cumplió con la carga argumentativa
mínima para estructurar la causal de violación directa de la Constitución, toda vez
que no estableció las razones jurídicas que en el caso concreto acreditaran que el
juez colegiado vulneró su derecho fundamental al debido proceso por haber
efectuado una i) interpretación de las normas jurídicas contrarias a la Constitución
o iii) en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de
conformidad con el precedente constitucional.
49. Esta Sección debe reiterar que el principio de informalidad que gobierna a la
acción de tutela no puede considerarse absoluto , pues es necesario satisfacer
24
ciertos presupuestos básicos que le permitan al Juez conocer con claridad aspectos
como la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera violado o
amenazado y, de ser posible, el nombre de la autoridad pública o del órgano autor
de la amenaza o del agravio , el señalamiento de las causales especiales de
25
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales lo que implica cumplir con
la carga argumentativa para demostrar su configuración en el caso concreto, entre
otros aspectos.
50. Por último, el actor en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial
accionada incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial fijado en las sentencias C-948 de 2002, C-796 de 2004 y C-819 de 2006.
24 Sobre el principio de informalidad, ver Corte Constitucional, Auto A165 de 21 de julio 2011, M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio
25 Decreto 2591 de 1991, artículo 14.
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Actor: Luis Hernando Trujillo García
51. Para la Sala, la autoridad judicial accionada no desconoció los precedentes
judiciales jurisprudenciales sentados por la Corte Constitucional en las sentencias
C-948 de 2002, C-796 de 2004 y C-819 de 2006, toda vez que estas decisiones se
profirieron dentro del marco del control abstracto de constitucionalidad en el cual la
Corte no abordó el estudio de un caso concreto, en el que se pudiera establecer la
existencia de una situación fáctica similar al caso bajo estudio, para determinar si
hubo o no desconocimiento del precedente judicial26.
Conclusiones de la Sala
52. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva
de esta sentencia, la Sala procederá a declarar improcedente el amparo por falta
del cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, toda vez que quedó
plenamente acreditado en el presente caso, que el actor no cumplió con la carga
argumentativa mínima para estructurar el defecto fáctico y la causal de violación
directa de la Constitución.
53. De igual manera, la Sala negará las pretensiones del amparo respecto al defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
26 Frente al desconocimiento de los precedentes judiciales contenidos en las sentencias “C” proferidas por la
Corte Constitucional, ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, sentencia de 24 de agosto de 2018, C.P Hernando Sánchez Sánchez, radicación número: 11001-03-
15-000-2018-01563-00, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 28 de junio de 2019, C.P Hernando Sánchez Sánchez, radicación número: 11001 03 15 000 2018 04630 01.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo, por el no cumplimiento del
requisito de la relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones del amparo frente al defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del
Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de
esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
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Actor: Luis Hernando Trujillo García
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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