Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02730-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02730-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-02730-01
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
28 de julio de 2022
Demandante: Luis Hernando Trujillo García
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Rad: 11001-03-15-000-2022-02730-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02730-01
Demandante: LUIS HERNANDO TRUJILLO GARCÍA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Revoca la
improcedencia para, en su lugar, negar.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Decide la Sala la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia del 9 de junio de 2022, por medio de la cual la Sección Primera del
Consejo de Estado: i) declaró improcedente el amparo solicitado por carecer de
relevancia constitucional respecto del defecto fáctico, por no cumplir con la
carga argumentativa mínima y ii) negó las pretensiones de la demanda frente al
«defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.»
I. ANTECEDENTES
1. La petición de amparo
Mediante escrito recibido electrónicamente el 17 de mayo de 2022, en el correo
para la recepción de las tutelas y hábeas corpus en Bogotá1, el señor Luis
Hernando Trujillo García ejerció acción de tutela en contra la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, con el fin de que se protejan sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.
1
Generación de tutela en línea 838450.
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Demandante: Luis Hernando Trujillo García
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Rad: 11001-03-15-000-2022-02730-01
Para la parte actora sus garantías constitucionales se vulneraron con ocasión
de la sentencia de 25 de noviembre de 2021, proferida por la aludida autoridad
judicial dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 18001-23-40-000-2016-00157-
01, puesto que revocó la decisión de primera instancia, que había accedido a
las pretensiones de la demanda para, en su lugar, negar lo pretendido.
En consecuencia, la parte demandante pretende:
«…Con fundamento en lo expuesto en la presente acción, solicito a los
honorables magistrados, se revoque la decisión de segunda instancia proferida
dentro del proceso contencioso administrativo adelantado por mi poderdante en
dicho despacho y se profiera una nueva providencia en la cual se confirme la
decisión tomada en primera instancia, reconociéndole a mi poderdante las
pretensiones de la demanda, aclarando que se le deben reconocer todos los
salarios y prestaciones desde el momento en que fue retirado de la institución
hasta la fecha de su reintegro, conforme a lo expresado por el Consejo de
Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo Subsección “A”, dentro del
proceso distinguido con el número 18001233300020150032001, confirmada
mediante sentencias de Tutela de fecha 13 de abril de 2021, emitida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, radicado 11001-03-15-000-2021- 00674-
00 y Sección Primera del Consejo de Estado, radicado 11001-03-15-000-2021-
00674-01, de fecha 11 de junio de 2021, sentencias de tutela que no fueron
objeto de revisión por la Corte Constitucional.
Así mismo como petición subsidiaria, consistente en el deber de los jueces y
tribunales en los términos del artículo 270 de la ley 1437 de 2011, unificar
jurisprudencia con el objeto de resolver todas las causales que invaliden lo
actuado, para el caso que nos ocupa el Tribunal Administrativo del Caquetá no
se pronunció sobre los cargos formulados en el acto administrativo invocado.
Teniendo el deber de hacer, situación que a lo establecido por el articulo 29
vulneraria tajantemente los derechos contra mi representado, motivo por el cual
solicito que de fondo se resuelva los cargos contra el señor Trujillo en el acto
administrativo invocado, teniendo en cuenta que el tribunal guardó silencio frente
a ello, conforme a lo mencionado en la sentencia 02491 de 2017 emitida por el
Consejo de Estado...»
La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
2. Hechos
Sostuvo que fue nombrado como patrullero de la Policía Nacional mediante
Resolución 04849 de 2 de diciembre de 2005, y con posterioridad fue
trasladado en el año 2013 a trabajar en el departamento de Caquetá, pero que,
el 4 de marzo de 2015 la Oficina de Control Disciplinario Interno del
Departamento de Policía del Caquetá, abrió indagación preliminar en su contra.
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Indicó que, a través de fallo de primera instancia del 4 de agosto de 2015 la
Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento de Policía Caquetá, lo
declaró responsable y le impuso sanción disciplinaria de destitución e
inhabilidad general por diez años para ejercer cargos públicos, decisión que fue
confirmada el 1° de noviembre de 2015, por lo que, mediante Resolución 05748
de 18 de diciembre de 2015, lo retiraron del servicio en cumplimiento de los
fallos sancionatorios.
Señaló que promovió una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho en contra del Ministerio de Defensa Nacional,
Policía Nacional, para cuestionar la sanción disciplinaria y lograr su reintegro
laboral.
Precisó que el Tribunal Administrativo del Caquetá profirió sentencia en primera
instancia el 31 de marzo de 2019, con la cual accedió a las pretensiones de la
demanda, por lo que, «… decidió anular las decisiones acusadas al ser
violatorias de la Constitución al apartarse de la interpretación con fuerza de ley
que realizó la Corte Constitucional [sentencia C-819 de 20062]».
Adujo que, la entidad demandada presentó recurso de apelación en contra de la
anterior decisión, cuyo conocimiento correspondió a la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado que, a través de fallo del 25 de
noviembre de 2021 la revocó para en su lugar, negar las pretensiones de la
demanda, por cuanto consideró que:
i) La autoridad disciplinaria estableció en las decisiones de primera y segunda
instancia la ilicitud sustancial en la que incurrió el actor al ejecutar el
comportamiento reprochado por transportar un arma de fuego ilegal, el cual se
concretó en la actuación disciplinaria al realizar una conducta descrita en la ley
como delito cometido en franquicia, es decir se trata de transgresiones del
orden jurídico tipificadas en la ley como delito o contravención. Al respecto, en
la providencia se indicó:
«De esta forma, la conducta desplegada por el demandante se adecúa a la
ilicitud sustancial consagrada en el artículo 4 de la Ley 1015 de 2006, pues su
actuar resultó contrario a los valores institucionales de honestidad y respeto
afectando la credibilidad, prestigio y posicionamiento institucional, al incurrir en
comportamientos que afectan el ordenamiento legal cuando se estableció el
porte ilegal de un arma sin salvoconducto.
2
Providencia dictada con ocasión de la demanda de inexequibilidad contra los numerales 10 y
12 del artículo 34, el numeral 18 del artículo 35 y el numeral 14 del artículo 36 de la Ley 1015 de
2006 «por la cual se expide el régimen disciplinario para la Policía Nacional».
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No cabe duda que al transportar un arma de fuego ilegal, se apartó de la función
pública, demostrando con ello la sustancialidad de la ilicitud de la conducta por el
desconocimiento de los principios de moralidad pública, legalidad, transparencia
y lealtad que gobiernan la función pública.»
ii) Resulta inadmisible que un policial porte un arma en forma ilegal cuando el
ejercicio correspondiente de las funciones públicas, que para los miembros de
la Policía Nacional se traduce en proteger los derechos de las personas,
libertades públicas, asegurar los bienes de los particulares y del Estado,
debiendo precisamente velar porque las personas no porten armas sin
salvoconducto.
iii) Enmarcó el comportamiento del actor, en la falta gravísima contenida en el
numeral 10 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006 en armonía con el artículo
365 del Código Penal «… pues de manera objetiva el actor incurre en la
descripción del tipo penal referido, al haber sido sorprendido en un retén militar
con un arma sin salvoconducto, la cual fue encontrada en un bolso de su
propiedad…».
De conformidad con los datos registrados en el módulo de consulta de procesos
de la Rama Judicial, el envío de la notificación del anterior proveído se surtió el
1° de febrero de 2022.
3. Sustento de la petición
La parte actora sostuvo que con la providencia demandada se incurrió en lo
siguiente:
3.1. Violación directa de la Constitución
Indicó que, en el presente caso se ha violado el derecho fundamental al debido
proceso «… (artículo, 29 y 229 de la C.N.), ley 734 de 2002, ley 1015 de 2006,
la jurisprudencia de la Corte Constitucional y demás altas cortes, puesto que el
sentenciador de segundo grado tom[ó] una decisión abiertamente contraria a
las pruebas allegadas durante la actuación y obrantes en el proceso…».
Señaló que la autoridad judicial cuestionada desconoció abiertamente que no
fue juzgado conforme a las normas y leyes preexistentes, al momento en que
según los fallos disciplinarios, incurrió en la conducta investigada, cuando dio
por demostrado que estos sí registraron y, determinaron en la tipificación de la
falta que había menoscabado la función pública y los fines policiales, pese a
que dicho componente integrador de la presunta falta, ni siquiera se enunció en
el auto de citación a audiencia y menos en sus respectivas decisiones
sancionatorias; y mucho menos se probó que su conducta afectara los fines del
Estado.
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3.2. Defecto fáctico
Adujo que si bien en la sentencia demandada se indicó que los miembros de la
Fuerza Pública están sujetos a ser investigados cuando se encuentren en
cualquiera de las situaciones descritas en la Ley 1015 de 2006 y por ende ser
destinatarios de las sanciones allí establecidas, también lo es, que cuando se
adelante un proceso disciplinario, se deben observar las formas propias de
cada juicio, so pena de incurrir en una clara violación al debido proceso. Al
respecto, agregó:
«…se tiene que, si bien es cierto los operadores disciplinarios en el auto de
citación a audiencia y en sus respectivos fallos, determinaron que mi patrocinado
incurrió en la conducta que se le imputo, también lo es, que en ninguno de sus
apartes aclaro o expreso de qué forma afecto la función pública, el servicio o la
buena imagen de la institución, pues recuérdese que la misma sentencia 819 de
2006 expreso en algunos de sus apartes “Sin embargo, tal nexo debe
establecerse tanto en el momento de la configuración, como en el de la
aplicación del régimen disciplinario específico. Sólo así la intervención
disciplinaria se ubica en el ámbito de lo público, en cuanto referida a conductas
que tengan trascendencia pública, y capacidad de afectación de la función
pública.» (sic para toda la cita)
Mencionó que ni en el auto de citación a audiencia o en los fallos
correspondientes, se indicó claramente y menos se demostró por parte de los
operadores disciplinarios, que la conducta o falta que se le endilgó hubiera
afectado la función pública, que esta tuviera transcendencia social y menos que
se afectara el servicio, pues lo único que se demostró es que fue capturado
injustamente, posteriormente dejado en libertad y beneficiado con la preclusión
de la investigación penal.
Añadió que, el componente necesario para responsabilizarlo de la falta
imputada, como lo era la afectación al servicio y a la función pública, nunca fue
registrado en los documentos antes citados y menos los operadores
disciplinarios demostraron en qué medida, de qué forma y cómo su conducta se
encontraba dentro de la ilicitud sustancial. Citó las sentencias C-948 de 2002 y
C-796 de 2004 de la Corte Constitucional.
3.3. Desconocimiento del precedente judicial
Manifestó que si bien es cierto que en la sentencia acusada se hizo alusión a la
sentencia C-819 de 2006, la cual era de obligatorio cumplimiento para la toma
de su decisión, también lo es, que la misma no fue acatada en su totalidad, ya
que conforme a lo descrito o estipulado en dicha sentencia, era deber y
obligación de los operadores disciplinarios hacer referencia de qué forma y en
qué medida la conducta imputada afectó o menoscabó la función pública,
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elemento este esencial del tipo disciplinario, para que se tipifique la presunta
falta cometida, pues no bastaba solo con endilgarle el cargo, sino que era
indispensable para su responsabilidad disciplinaria, que se le hubiera
demostrado, que con ella afectó la tal función y los fines policiales, lo cual no
ocurrió.
Agregó que, ni siquiera la conducta por la cual fue investigado en el proceso
penal y disciplinario, tuvo trascendencia social que afectara la imagen de la
institución.
Refirió que «…el Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo-
Sección Segunda- Subsección B desconoció el precedente judicial determinado
por la Corte Constitucional en sentencias 948/02, 796/04 Y 819/2006 (sic)».
4. Trámite en primera instancia
Mediante auto de 23 de mayo de 2022 el a quo admitió la acción de tutela y, en
consecuencia, ordenó notificar a los magistrados de la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado y, vinculó a la Sala Cuarta del Tribunal
Administrativo del Caquetá y a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Policía Nacional, en calidad de terceros con interés legítimo.
5. Contestación
5.1. Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
Esta autoridad se opuso a la prosperidad de la solicitud de tutela, al considerar
que el accionante pretende revivir un debate jurídico debidamente precluido y
contrario a sus intereses, por lo que, solicitó que se declare su improcedencia.
5.2. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y el
Tribunal Administrativo del Caquetá, pese a sus notificaciones, guardaron
silencio.
6. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 9 de junio de 2022, la Sección Primera del Consejo de
Estado: i) declaró improcedente el amparo solicitado por carecer de relevancia
constitucional frente al defecto fáctico y ii) negó las pretensiones de la demanda
frente al «defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial», por
los siguientes motivos:
Sostuvo que el actor controvirtió la indebida valoración de las pruebas que se
llevó a cabo al interior del proceso disciplinario, por lo que sus argumentos
jurídicos no se centraron en el defecto fáctico en que posiblemente incurrió la
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Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por lo que no
cumplió con la carga argumentativa de indicar específicamente i) cuáles
pruebas fueron estimadas erróneamente por parte del juez colegiado; ii) que
además dichos medios probatorios eran relevantes para cambiar el sentido de
la decisión; y iii) demostrar que la valoración errónea de las pruebas fue una
actuación grosera, arbitraria e irrazonable que trajo como consecuencia la
afectación de derechos fundamentales, lo cual no aconteció en el caso sub
examine.
Agregó que, el accionante no cumplió con la carga argumentativa mínima para
estructurar la causal de violación directa de la Constitución, toda vez que no
estableció las razones jurídicas que en el caso concreto acreditaran que el juez
colegiado vulneró su derecho fundamental al debido proceso por haber
efectuado una i) interpretación de las normas jurídicas contrarias a la
Constitución o iii) en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una
disposición legal de conformidad con el precedente constitucional.
Mencionó que, el actor en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial
accionada incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial fijado en las sentencias C-948 de 2002, C-796 de 2004 y C-819 de
2006, frente a lo cual, sostuvo que la autoridad judicial demandada no incurrió
en tal defecto específico, toda vez que estas decisiones se profirieron dentro del
marco del control abstracto de constitucionalidad, en el cual no se abordó el
estudio de un caso concreto, con el que se pudiera establecer la existencia de
una situación fáctica similar al caso bajo estudio, para determinar si hubo o no
desconocimiento del precedente judicial.
Concluyó que debía declarar improcedente el amparo por falta del cumplimiento
del requisito de relevancia constitucional, puesto que el actor no cumplió con la
carga argumentativa mínima para estructurar el defecto fáctico y la causal de
violación directa de la Constitución. Además, que debía negar las pretensiones
del amparo respecto al «defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial».
7. Impugnación
Mediante escrito oportunamente allegado vía electrónica el 21 de junio de 2022,
la parte accionante presentó impugnación en contra del fallo de primera
instancia, notificado electrónicamente el 15 de junio de la misma anualidad, bajo
lo siguiente:
Sostuvo que el a quo incurrió en un error grave al mencionar a la señora «Nury
(sic) Germania Álvarez Bello», cuando el accionante corresponde es al señor
Luis Hernando Trujillo García.
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Reiteró los argumentos sobre los cuales sustentó los defectos fáctico y la
violación directa de la Constitución en contra de la providencia de segunda
instancia cuestionada, para lo cual citó el artículo 29 superior, por lo que,
consideró que sí cumplió con la respectiva carga argumentativa para estructurar
tales vicios.
Agregó que, en la sentencia del 9 de agosto de 2016, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, dentro del radicado
1100132500020110031600, expediente 1210-11, unificó la facultad de la
jurisdicción contenciosa de analizar íntegramente la totalidad del fallo
disciplinario a efecto de revisar su legalidad, y de acuerdo con la jurisprudencia
vigente de la Sala Plena del Consejo de Estado, el control pleno de los actos
administrativos disciplinarios debe abarcar el análisis integral del estricto
cumplimiento del derecho fundamental al debido proceso de sus dimensiones
procedimental y sustancial.
Añadió que, el defecto procedimental absoluto ocurre cuando el funcionario
judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente establecido, bien
sea porque sigue un trámite ajeno al pertinente y en esa medida equivoca la
orientación del asunto, o porque omite etapas sustanciales del procedimiento
establecido, con lo que afecta el derecho de defensa y contradicción de una de
las partes del proceso.
Manifestó que, la discusión si es de preeminencia constitucional, puesto que lo
pretendido es lograr que se le protejan sus derechos fundamentales invocados
y «… en la Jurisprudencia de obligatorio cumplimiento emitida por parte de
dicha entidad, las cuales fueron vulneradas por la entidad por el Consejo de
Estado y por los operadores disciplinarios, al momento de proferir su decisión
de primera instancia y de segunda instancia, y ahora por el consejo de estado
en el fallo de primera instancia emitido el día 15 de junio de 2022
configurándose una clara violación al debido proceso (DEFECTO FÁCTICO),
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la constitución.»
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto
2591 de 19913, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, así como por el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25, de la
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«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política».
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Sala Plena de esta Corporación.
2. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes, corresponde a la Sala determinar si hay
lugar a confirmar, revocar o modificar la sentencia impugnada conforme lo
planteado por la parte impugnante.
Por tanto, se analizará si de conformidad con los argumentos expuestos en la
impugnación del fallo de primera instancia, se cumplen con los presupuestos
generales de procedencia respecto de los defectos fáctico y violación directa de
la Constitución, sobre los cuales recayó el aludido recurso y, de ser así, si con
la decisión acusada se vulneró los derechos fundamentales invocados por la
parte actora.
3. Caso concreto
En relación con el defecto procedimental y la cita de la sentencia
1100132500020110031600 proferida por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de esta Corporación, se advierte que tales planteamientos no
fueron objeto del escrito inicial de tutela; de manera que no es posible en esta
oportunidad efectuar su análisis, so pena de vulnerar los derechos de la
contraparte e intervinientes.
Al respecto, debe recordarse el contenido de lo dispuesto en el artículo 32 del
Decreto 2591 de 1991, así:
«ARTICULO 32. TRAMITE DE LA IMPUGNACIÓN. …
El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma,
cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición
de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el
fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente. Si a su juicio,
el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará…»
Por tanto, en estos asuntos, al ad quem constitucional le compete estudiar el
contenido de la impugnación, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo,
lo cual implica no desconocer que ya se surtió una instancia en la que fueron
analizados los argumentos de las partes; es decir, las instancias son
preclusivas.
A su vez, se encuentra que la mención del a quo frente a la señora Nery
Germania Álvarez Bello no constituye ningún error grave de digitación ni de
equivocación respecto del nombre del accionante, puesto que, tal señalamiento
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obedeció al asunto relacionado con la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, así:
«24.Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena4, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que
debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en
presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que
las profiera - que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al
efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que
en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.»
Por ende, tal circunstancia no resulta relevante para la decisión adoptada por el
juez constitucional de primera instancia, en tanto no afecta el contenido de la
decisión.
Ahora bien, en relación con los defectos fáctico y violación directa de la
Constitución, la Sala considera que sí se cumple con el presupuesto de la
relevancia constitucional, en la medida en que el conflicto suscitado involucra el
amparo de los derechos fundamentales invocados.
A su vez, se observa que no se trata de una tutela contra decisión de la misma
naturaleza, pues la providencia que censura la parte accionante se profirió en el
trámite de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
La Sala encuentra cumplido el presupuesto de la subsidiariedad, en tanto que la
parte accionante no cuenta con medios de impugnación ordinarios o
extraordinarios para su defensa, pues no se advierte que se acrediten los
presupuestos legales para la procedencia de estos.
Asimismo, en el presente asunto se cumple con el requisito de inmediatez 4,
pues la providencia mediante la cual se agotó el recurso de apelación y que
puso fin al proceso que se cuestiona se notificó vía electrónica el 1° de febrero
de 2022, mientras que, la acción de tutela se presentó el 17 de mayo de la
misma anualidad, de manera que, se advierte un ejercicio oportuno de ésta,
pues se promovió dentro del término de los 6 meses dispuesto para ello.
4
El mencionado requisito exige que la acción de tutela se interponga tan pronto se produce el
hecho, acto u omisión al que se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales o, por
lo menos, dentro de un término prudencial y consecuencial a su ocurrencia, pues el paso
prolongado del tiempo indica que se ha disipado la gravedad de la lesión y la urgencia de la
protección deprecada, desvirtuándose así la inminencia de la afectación. La razón de ser del
referido principio es evitar que este mecanismo constitucional de defensa se utilice como
herramienta que subsane la desidia, negligencia o indiferencia de las personas que debieron
buscar una protección oportuna de sus derechos y no lo hicieron o que la misma se convierta
en factor de inseguridad jurídica.
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Cabe resaltar que si bien en el escrito de tutela el actor invocó los defectos
fáctico, por violación directa de la Constitución y desconocimiento del
precedente -único defecto analizado de fondo por el a quo-, en la impugnación
únicamente reiteró sus reparos frente a los primeros dos, por lo cual el presente
análisis se hará en relación a los mismos.
Para el caso en particular el accionante cuestionó la providencia de segunda
instancia que revocó la decisión que había accedido a sus pretensiones en la
demanda ordinaria que promovió en contra de la sanción disciplinaria que lo
destituyó de la Policía Nacional y lo inhabilitó y a su vez, ordenó su reintegro a
la institución.
El demandante consideró que con la sentencia demandada se incurrió en los
defectos fáctico y violación directa de la Constitución; de manera que, se
expondrán sus generalidades y se resolverá el fondo de la cuestión, así:
3.1. Defecto fáctico:
En lo que respecta del defecto fáctico esta Sección se ha pronunciado en
diversas oportunidades para precisar que este yerro se configura siempre que
se advierta cualquiera de los siguientes supuestos: i) omisión de decretar o
practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del
acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos
alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas
aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con
violación del debido proceso5.
Sobre el particular, la Sección ha considerado que dicho defecto procede en
ese sentido cuando «…a la luz de los postulados de la sana crítica, la
apreciación efectuada por el fallador, resulta manifiestamente equivocada o
arbitraria, y por ello, el peso otorgado a la prueba se entiende alterado»6.
Para el efecto se requiere que7:
a) La parte precise cuál o cuáles de las pruebas fueron objeto de indebida
valoración por el juez.
5
Radicación 11001-03-15-000-2015-01471-01, Accionante: Jaime Rodríguez Forero;
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”. Magistrada Ponente: Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez.
6
Radicación 11001-03-15-000-2016-00076-01, accionante: Luz Amanda Moreno Barrera;
accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala 10 de Descongestión. Magistrada Ponente:
Rocío Araújo Oñate.
7
Ibidem.
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b) La razón del por qué, en cada caso en particular, la consideración del
operador judicial se aleja de las reglas de la lógica, la experiencia y la
sana crítica. El segundo de los elementos señalados, resulta de vital
importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo en relación con la
conclusión a la cual arribó el juez de instancia, de ninguna manera
puede ser razón para ordenar el amparo constitucional por este aspecto.
Aceptar lo contrario, implicaría una sustitución arbitraria del juez natural.
c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado.
En lo particular, se advierte que de una misma prueba no es posible alegar su
falta de valoración y al tiempo invocar su indebida apreciación, interpretación o
valoración probatoria, pues son dos eventos que se contraponen frente a un
mismo elemento probatorio.
A su vez, en relación con la carga argumentativa, esta Sección ha considerado
lo siguiente:
«…Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar
mínimamente en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la
configuración del defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.
Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para
lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una
providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la
buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución.
Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida
en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados, se excluyen entre sí,
de tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma
prueba, como suele ocurrir, pues además de ser desacertado, genera confusión
al fallador …»8
En lo particular, se observa que para el demandante en la sentencia
demandada se dio por demostrado sin estarlo que los operadores disciplinarios
establecieron en sus respectivas decisiones la ilicitud sustancial, sin que en el
auto de citación audiencia o en los fallos correspondientes, se indicara ni se
demostrara que la conducta o falta que se le endilgó hubiera afectado la función
pública y el servicio de la Policía Nacional.
Al respecto, se encuentra que tales argumentos no son más que señalamientos
que ponen de manifiesto la inconformidad de la parte actora ante la decisión
8
11001-03-15-000-2015-03442-00, con ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate.
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sancionatoria, mas no frente a la sentencia de segunda instancia, que resultó
desfavorable a sus intereses.
En efecto, en el marco del yerro fáctico, se encuentra que si bien la parte
demandante se refirió al auto de citación a audiencia y a los fallos disciplinarios
que, a su juicio la autoridad judicial acusada valoró indebidamente, lo cierto es
que, no explicó la incidencia en el sentido de la providencia acusada, en tanto
que no logró acreditar el motivo por el cual la autoridad judicial demandada no
debía analizar si con su conducta se apartó de los principios que gobiernan la
función pública, para tener por demostrada la sustancialidad de la ilicitud de la
conducta por la cual se le sancionó disciplinariamente.
En lo particular, se observa que la parte actora hizo referencia a que con el auto
de citación a la audiencia y los fallos disciplinarios no se demostró la ilicitud
sustancial de su actuar.
Para la Sala, contrario a lo manifestado por el actor, en el plenario sí se
encontró demostrada la ilicitud sustancial del actuar del accionante, puesto que
en la providencia demanda se destacó que la autoridad disciplinaria está
facultada para adelantar la potestad sancionatoria contra los miembros de la
Policía Nacional que se encuentren separados del servicio transitoriamente por
estar en las situaciones administrativas referidas, cuando aquéllos desarrollen
conductas que siendo ajenas al servicio policial afecten la función pública que le
compete a la institución proteger de acuerdo con la Constitución y la ley, a
saber, la moralidad pública, la legalidad, la transparencia y la lealtad.
Asimismo, la referida Subsección acusada estimó que el actuar del personal
uniformado debe garantizar el cumplimiento de los deberes especiales del
desempeño de la función pública. Entre estos está el de la obediencia, la
disciplina y el comportamiento ético, así como la moralidad y la eficiencia en el
desempeño de las funciones públicas.
Por lo que, estableció que al momento de examinar la culpabilidad en las
decisiones sancionatorias se consideró que la conducta se ejecutó a título de
dolo, en el entendido de que este policial, dada su trayectoria o antigüedad, así
como su formación institucional tenía conocimiento que su comportamiento
estaba prohibido y, no obstante, quiso su realización.
A su vez, en la sentencia demandada se advirtió que la conducta desplegada
por el demandante se adecuaba a la ilicitud sustancial consagrada en el artículo
4° de la Ley 1015 de 2006, pues su actuar resultó contrario a los valores
institucionales de honestidad y respeto afectando la credibilidad, prestigio y
posicionamiento institucional, al incurrir en comportamientos que afectaron el
ordenamiento legal cuando se estableció el porte ilegal de un arma sin
salvoconducto.
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Por tanto, la autoridad cuestionada consideró que, al transportar un arma de
fuego de forma ilegal, el actor se apartó de los deberes especiales con los que
se desempeña la función pública, con lo cual corroboró la sustancialidad de la
ilicitud de la conducta por el desconocimiento de los principios de moralidad
pública, legalidad, transparencia y lealtad que gobiernan dicha función.
De conformidad con lo expuesto, este defecto no se encuentra configurado y,
en tal sentido, se negará la protección invocada.
3.2. Violación directa de la Constitución:
En relación con la violación directa de la Constitución la Corte Constitucional ha
establecido lo siguiente:
«Estos eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales
involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de
específicos supuestos de procedebilidad (sic) en eventos en los que si bien no
se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones
ilegítimas que afectan derechos fundamentales…»9.
Para el accionante, en el escrito inicial de tutela, consideró que con la sentencia
demandada se transgredió su derecho fundamental al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia consagrado en los artículos 29 y 229
superior, así como las Leyes 734 de 2002 y 1015 de 2006, la jurisprudencia de
la Corte Constitucional y demás altas cortes, puesto que el «…sentenciador de
segundo grado tom[ó] una decisión abiertamente contraria a las pruebas
allegadas durante la actuación y obrantes en el proceso…». En la impugnación
que presentó el demandante, reiteró lo relativo a la vulneración del artículo 29
superior.
El actor hizo referencia a que la autoridad judicial acusada tuvo por
menoscabada la función pública y los fines policiales, cuando dicho
componente integrador de la presunta falta, ni siquiera se enunció en el auto de
citación a audiencia y menos en sus respectivas decisiones sancionatorias; y
tampoco se probó que su conducta afectara los fines del Estado.
Ahora bien, la Sala considera que no se afectaron las garantías constitucionales
previstas en el artículo 29, en consonancia con el artículo 229 superiores,
puesto que, la inconformidad en el sentido de la decisión no puede ser el
fundamento para acusar de violatoria la sentencia demandada.
9
Sentencia C - 590 de 2005.
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En efecto, tampoco se encuentra que con la providencia demandada se
vulneraran tales derechos fundamentales, puesto que, en ella puntualmente se
indicó que la autoridad disciplinaria estableció en las decisiones de primera y
segunda instancia la ilicitud sustancial en la que incurrió el actor al ejecutar el
comportamiento reprochado, el cual se concretó en la actuación disciplinaria al
realizar una conducta descrita en la ley como delito cometida en franquicia.
Así, en la providencia cuestionada se precisó que se trataba de transgresiones
del orden jurídico tipificadas en la ley como delito o contravención, pues resulta
inadmisible desde todo punto de vista, que un policial porte un arma en forma
ilegal cuando el ejercicio correspondiente de las funciones públicas, que para
los miembros de la Policía Nacional se traduce en proteger los derechos de las
personas, libertades públicas, asegurar los bienes de los particulares y del
Estado, debiendo precisamente velar porque las personas no porten armas sin
salvoconducto.
Por tanto, la Sala no encuentra configurado el defecto por violación directa de la
Constitución, en tanto no se considera arbitrario el señalamiento frente al
mencionado elemento de responsabilidad disciplinaria, pues este, presupone el
análisis de la falta que afecta el deber funcional sin justificación alguna, esto es,
cuando sea antijurídica.
Así las cosas, resulta del caso reiterar que esta acción constitucional no puede
ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo,
para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son
propias del juez natural.
De manera que, un desacuerdo en relación con las conclusiones a las que
arribó la autoridad judicial ordinaria no puede ser razón para que el juez
constitucional intervenga en la protección de los derechos fundamentales,
puesto que, aceptar lo contrario, sería invadir la competencia del competente
natural.
Al respecto, en la actividad judicial se reconoce y resalta la importancia del
principio de autonomía e independencia judicial, atribuciones que emanan de la
función pública de administrar justicia, la cual se encuentra limitada por el orden
jurídico preestablecido y por la jurisprudencia.
En consecuencia, se revocará parcialmente la sentencia impugnada que
declaró la improcedencia ante la falta de relevancia constitucional respecto de
los defectos fáctico y violación directa de la Constitución, puesto que, tal
presupuesto sí se acreditó, para, en su lugar, denegar el amparo y, se
confirmará en lo demás.
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Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Revócase parcialmente el fallo impugnado en tanto declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia en relación con los defectos
fáctico y violación directa de la Constitución, por las razones señaladas en la
parte motiva de esta providencia; en su lugar, niégase la presente solicitud de
amparo frente a tales reproches.
SEGUNDO: Confírmase, en lo demás, el fallo impugnado.
TERCERO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, y envíese copia de la misma al Despacho de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081»
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