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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02731-01

Fecha
8 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02731-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 17 de junio de 2022 por medio del cual la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela, para en su lugar NEGAR la solicitud de amparo. ! 21 En el expediente prestacional también se pueden evidenciar, entre otros documentos, el informe administrativo por lesión y el acta de junta medico laboral del señor Palomino Palomino. ! "%! Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ! Demandantes: Henry Alberto Palomino y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “A” Radicado: 11001-03-15-000-2022-02731-01 SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-02731-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

8 de septiembre de 2022

!
Demandantes: Henry Alberto Palomino y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Tercera – Subsección “A”
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02731-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02731-01
Demandantes: HENRY ALBERTO PALOMINO PALOMINO Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN “A”

Temas: Tutela contra providencia judicial – reparación directa por
lesiones a soldado profesional – Revoca improcedencia y niega
los defectos fáctico y violación directa de la Constitución.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la impugnación formulada por la parte actora contra el
fallo de 17 de junio de 2022, por medio del cual la Subsección “A” de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró la improcedencia del mecanismo
constitucional.

1. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

A través de mensaje de datos remitido al correo electrónico de la Secretaría
General del Consejo de Estado el 20 de mayo de 2022, los señores Henry Alberto
Palomino Palomino y otros1, a través de apoderado, instauraron solicitud de tutela
contra la Subsección “A” de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la
reparación integral.

Las mencionadas garantías las estimaron vulneradas por la autoridad judicial en
cita, que el 2 de diciembre de 2021 modificó el fallo proferido en primera instancia
del Juzgado Sesenta y Cinco (65) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de reparación directa
identificada con el radicado N.º 11001-33-43-065-2016-00312-02.

!
1
Flor María Palomino Avendaño, Vidal Palomino Palomino, Lina Daniela Palomino Palomino, Ana
Milena Palomino Palomino, Paola Victoria Palomino Palomino, Laura Marcela Palomino Palomino,
Óscar Francisco Palomino Palomino, Norma Constanza Palomino Palomino y Flor Ángela
Palomino Palomino.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Demandantes: Henry Alberto Palomino y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Tercera – Subsección “A”
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02731-01

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

• El 22 de abril de 2014, el soldado profesional Henry Alberto Palomino Palomino
resultó herido durante la ejecución de una operación militar, como consecuencia
de la activación de un artefacto explosivo improvisado –en adelante AEI-, ello, en
el marco de un ataque propiciado por un grupo armado al margen de la Ley.

• Realizada la Junta Médico Laboral al señor Palomino Palomino se le fijó una
disminución de la capacidad laboral equivalente al 67%.

• Por lo anterior, el directamente lesionado y otros2 ejercieron el medio de control
de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional, por las lesiones sufridas por el soldado profesional en mención.

• El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Sesenta y Cinco (65)
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que el 31 de enero de 2020 declaró
la falta de legitimación en la causa por activa de la presunta compañera
permanente del accionante y condenó a la Nación.

• Para llegar a esa decisión, expuso que la entidad incurrió en una falla en el
servicio durante la ejecución de la operación militar, porque (i) no hubo
aseguramiento de los puntos críticos donde ocurrió la detonación; (ii) no existió
verificación del terreno para determinar si habían AEI; (iii) no se prestó apoyo
aéreo pese a la peligrosidad conocida del terreno; y (iv) no hubo inteligencia de
combate.

• En virtud de lo anterior, determinó que la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional debía pagar por concepto de perjuicios morales 100
SMLMV a favor de la víctima directa y 50 SMLMV para cada uno de los de los
demás demandantes.

• Además, 100 SMLMV por daño a la salud y $223.346.532 por perjuicios
materiales en la modalidad de lucro cesante consolidado y futuro a favor de la
víctima directa.

• El 2 de diciembre de 2021, la Subsección “A” de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, modificó el fallo de primera instancia, en sentido
de (i) negar el reconocimiento de los perjuicios materiales a título de lucro cesante
y daño a la salud, y (ii) modificar el porcentaje de los perjuicios morales otorgados
en primera instancia a 88 SMLMV para la víctima directa y 44 SMLMV para los
otros accionantes.

!
2
La parte actora estuvo integrada por: Henry Alberto Palomino Palomino, Suleyma Amparo
Romero Chinchilla, Flor maría Palomino Avendaño, Vidal Palomino Palomino, Lina Daniela
Palomino Palomino, Ana Milena Palomino Palomino, Paola Victoria Palomino Palomino, Laura
Marcela Palomino, Oscar Francisco Palomino Palomino, Norma Constanza Palomino Palomino y
Flor Angela Palomino Palomino
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Demandantes: Henry Alberto Palomino y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Tercera – Subsección “A”
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02731-01

• Para llegar a la anterior conclusión, señaló que la falla en el servicio se
encontraba acreditaba, comoquiera que (i) se desatendieron las indicaciones de la
orden de operaciones, y (ii) se continuó con un movimiento táctico con un pelotón
incompleto, que no podía adoptar las medidas de seguridad correspondientes para
evitar la activación de las AEI y estar preparados para el ataque del enemigo en la
zona.

• Ahora, frente a la determinación de reducción del reconocimiento de los
perjuicios advirtió que ello obedeció a que: (i) la parte actora no asumió la carga
procesal de demostrar los perjuicios materiales solicitados en la modalidad de
lucro cesante consolidado y futuro, por lo que no había lugar a reconocer monto
alguno por este concepto.

• Por su parte, (ii) referente a los perjuicios morales, el ad quem dispuso que, en
aplicación de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 20143, no se podía
reconocer 100 SMLMV, como si el índice de pérdida de capacidad labora en el
asunto sometido a estudio se hubiese fijado en 100%, lo que no ocurrió, ya que en
el caso concreto era equivalente al 67%, luego resultaba razonado reconocer a la
víctima directa el equivalente a 88 SMLMV y 44 SMLMV para cada uno de los
demás miembros del grupo familiar.

• Finalmente, el operador judicial encontró configurado el daño a la salud, porque
el demandante sufrió lesiones que le generaron unas secuelas4 y en consecuencia
le reconoció una indemnización equivalente a 88 SMLMV, con fundamento en la
multicitada junta medico laboral, es decir, dentro del último rango identificado en la
tabla de reparación del daño moral por lesiones (igual o superior a 50%) de la SU
en cita.

• La sentencia de segunda instancia fue notificada el 7 de diciembre de 2021 y la
presente acción constitucional se radicó el 20 de mayo de 2022.

1.3. Pretensiones

Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:

“1. AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso, derecho a la igualdad,
acceso a la administración de justicia y reparación integral invocados por los
accionantes.

2. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida el H. Tribunal de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A, del 02 de diciembre de 2021 y en su lugar
ORDENAR se profiera nueva decisión.” (SIC en toda la cita)

1.4. Fundamentos de la solicitud

Los tutelantes consideraron que la autoridad judicial accionada incurrió en los
!
3
Expediente con radicado interno número 26.251.
4
Secuelas denominadas: (i) cicatrices múltiples en cara con moderado defecto estético sin
limitación funcional, (ii) cicatrices múltiples en economía corporal con moderado defecto estético
sin limitación funcional (iii) alteración irreversible de la vía lagrimal alta deformidad perprebral, (iv)
agudeza visual ojo derecho, (v) cefalea postraumática, (vi) dolor y limitación para la flexión tercer
dedo mano derecha y (vii) dolor neuropática muslo izquierdo
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Demandantes: Henry Alberto Palomino y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Tercera – Subsección “A”
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02731-01

defectos fáctico, violación directa de la Constitución y por desconocimiento del
precedente.

1.4.1. Referente al defecto fáctico, indicaron que la autoridad judicial accionada
no valoró, para acreditar el lucro cesante consolidado y futuro, la hoja de servicios
N3-10058548847, ni las resoluciones 217856 del 25 de julio de 2016 y 0944 del 10
de marzo de 2017, que demostraban que la víctima directa para el momento de
los hechos era una persona en etapa productiva, que contaba con 24 años, que
laboraba como servidor público y que devengaba un salario básico de $967.237.

En este punto señalaron que estaba acreditado que el señor Henry Alberto
Palomino Palomino antes de sufrir el daño antijurídico devengaba una suma
equivalente a $1.138.651 y que fue pensionado con $689.455, es decir, a una
disminución del 40% como ganancia frustrada o el provecho económico que dejó
de reportarse.

1.4.2. Todo lo anterior para concluir que se trasgredió la Constitución Política
de Colombia, porque se “incurri[ó] en una valoración caprichosa de las pruebas
presentadas”.

1.4.3. Por su parte, frente al defecto denominado desconocimiento del
precedente, los accionantes estimaron que el tribunal accionado “se apartó de lo
fijado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, Exp. 26.251 sobre el monto
del perjuicio moral y el daño a la salud”.

Donde también precisó que el ad quem desconoció el criterio del Consejo de
Estado5 y de la Corte Constitucional6 sobre la compatibilidad entre las
indemnizaciones a forfait y el lucro cesante, este último derivado de la
responsabilidad extracontractual del Estado.

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 23 de mayo de 2022 se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar a los demandantes y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección “A” como autoridad judicial accionada.

Como terceros con interés, fue vinculada la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional; para que, si lo consideraba del caso, interviniera en
la presente acción dentro del término de dos (2) días contados a partir de la fecha
del recibo de la correspondiente notificación.

De igual forma, se ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que
realizara una publicación en la página web de la Corporación, con la información
de la tutela, con el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados.

El 25 de agosto de 2022, el magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil presentó
proyecto de fallo que no alcanzó la mayoría requerida para su aprobación por la
!
5
Sin precisar alguna providencia.
6
En este punto se citó la sentencia C-589 de 2012.!
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Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Tercera – Subsección “A”
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02731-01

Sala, razón por la cual, por medio de auto de 26 del mismo mes y año, dispuso
que el expediente pasara al despacho que sigue en turno para lo de su cargo.

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección “A”

Mediante escrito enviado al buzón web de la Secretaría General del Consejo de
Estado7, el magistrado ponente de la decisión reprochada solicitó que se declarara
la improcedencia de la acción, al considerar que la sentencia aquí controvertida se
sustentó en el material probatorio aportado, sin desconocer la compatibilidad que
existe entre la indemnización a for fait y la indemnización de perjuicios en sede
judicial.

Precisó que en el caso concreto lo que aconteció fue que, en sede judicial la parte
actora no demostró, con los medios probatorios correspondientes, el perjuicio
reclamado o el hecho de que lo recibido en sede administrativa hubiese sido
insuficiente para reparar integralmente a los demandantes.

Por otro lado, afirmó que no incurrió en un desconocimiento del precedente, pues
la tasación de los perjuicios morales y del daño a la salud se adoptó con apego a
los criterios de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, que también
dispuso que el juez debe valorar en cada caso concreto la gravedad y secuelas de
la lesión.

Al respecto, precisó que la indemnización por pérdida de capacidad laboral no
podía ser equiparable en todos los casos, ya que varía conforme a la lesión que se
padece y ello establece la diferencia al momento de determinar el monto que se
considera como tope para reconocer los perjuicios aludidos, pues es la verificación
concreta del juez contencioso sobre la gravedad; lo que determina el monto
indemnizatorio, siendo que no es lo mismo tener una pérdida de capacidad laboral
del 67% a una del 100%.

1.6.2. El Juzgado 65 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, se limitó a
allegar el expediente de reparación directa8.

1.7. Fallo impugnado

Mediante sentencia de 17 de junio de 2022, la Subsección “A” de la Sección
Segunda del Consejo de Estado rechazó por improcedente la solicitud de amparo,
al considerar que frente al defecto fáctico la parte actora no agotó todos los
medios de defensa que tenía a su alcance para el reconocimiento del daño
material consistente en el lucro cesante.
!
7
Documento 15 cargado a SAMAI.
8
Mensaje de datos cargado en el índice 10 del aplicativo web de esta Corporación; SAMAI.!!
!
&!
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Demandantes: Henry Alberto Palomino y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Tercera – Subsección “A”
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02731-01

Al respecto indicó que uno de los argumentos de la entidad recurrente en el
proceso de la reparación directa fue que no se debía otorgar tal concepto, debido
a que ello ya fue satisfecho con la pensión de invalidez concedida.

Luego, el debate frente al reconocimiento del lucro cesante, a juicio del a quo
constitucional, debió plantearse en la etapa de alegatos de conclusión de segunda
instancia.

Por su parte, frente al cargo por desconocimiento del precedente, señaló que
tampoco se cumplió con el requisito general de subsidiariedad, porque la
inconformidad de los solicitantes del amparo recae en que la autoridad judicial
accionada desconoció una sentencia de unificación.

En consecuencia, los tutelantes pudieron acudir al recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia previsto en los artículos 256 y siguientes del CPACA,
sin que se demostrara la probable e inminente configuración de un perjuicio
irremediable, que hiciera necesaria la intervención del juez constitucional.

1.8. Impugnación9

Los accionantes solicitaron revocar el fallo de primera instancia, para lo cual
expusieron que “no puede ser de recibo la afirmación de la primera instancia cuando
afirma que no se cumplió con el requisito de subsidiariedad, ya que está demostrado que
se agotaron todos los medios judiciales previstos en el medio de control de reparación
directa y que en ellos siempre se expusieron los argumentos facticos, jurídicos y
probatorios que acreditaban el perjuicio material de manera cierta, real y directa”.

Indicó que la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado no se
pronunció frente al defecto de violación directa de la Constitución.

Agregó que el tribunal demandado “incurrió en defecto por falta de motivación, al no
dar razones por las cuales revocaba la decisión de primera instancias (sic)”, además de
que desatendió el principio de libertad probatoria y valoración de la prueba
regulado en el artículo 211 del CPACA, en concordancia con los artículos 165 y
176 del CGP.

Además, se hizo alusión a varias sentencias del Consejo de Estado que se
refieren a los criterios de la sana crítica.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por la parte
accionante contra la sentencia de 17 de junio de 2022, proferida por Subsección
“A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de conformidad con el Decreto

!
9
El fallo fue notificado el 29 de junio de 2022, y la impugnación se presentó el 5 de julio de 2022.
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– Sección Tercera – Subsección “A”
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2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y,
el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa - Límites de los cargos a resolver en segunda instancia

Previo a plantear el problema jurídico, la Sala destaca que en la impugnación no
se insistió en el cargo por desconocimiento del precedente, esto es, frente a la
sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014, proferida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado al interior del expediente con radicado interno
número 26.251 y la sentencia C-589 de 2012 de la Corte Constitucional. Razón
por la cual, esta Colegiatura no se referirá a este yerro.

Por su parte, no se tendrán en cuenta los argumentos nuevos que se trajeron con
el escrito de impugnación, que no fueron de puestos de presente en el trámite de
primera instancia, como lo es el cargo por falta de motivación, el desconocimiento
de artículos 211 del CPACA, y 165 y 176 del CGP, así como a la desatención de
varias sentencias del Consejo de Estado que se refieren a los criterios de la sana
crítica, con el fin de garantizar el derecho de defensa y contradicción de la
autoridad judicial accionada.

En consecuencia, la Sala procederá a pronunciarse en segunda instancia sobre
los defectos fáctico y violación directa de la Constitución, de encontrar superados
los requisitos generales de procedibilidad.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la
decisión de primera instancia de 17 de junio de 2022, proferida por la Subsección
“A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia
de la acción de tutela de la referencia.

Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii)
generalidad de los defectos alegados y; (iv) el caso en concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 201210
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema11.

!
10 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñada.
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Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales12.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el
momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201413, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Sobre el particular, la Sala destaca que este asunto es relevante
constitucionalmente pues, conforme con los argumentos esgrimidos en el escrito
de tutela, se trata de la presunta lesión de los derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la reparación
integral, ante la posible configuración de los defectos fáctico y violacion directa de
la Constitución.

En tales condiciones, se observa que existen suficientes motivos para resolver de
fondo los reparos expuestos por los tutelantes ante la notoria tensión entre los
derechos fundamentales invocados y la decisión judicial objeto de reproche, por lo
que la Sala superará esta causal, y pasará a verificar si se cumplen los demás
presupuestos generales de procedibilidad.

2.5.2. Respecto al agotamiento de todos los medios de defensa judicial, se
tiene que, diferente a lo expuesto por el a quo constitucional, los accionantes no
cuentan con otro instrumento distinto a la tutela para conjurar la eventual
transgresión que la aludida decisión pudiera irrogarle a sus derechos
fundamentales.

Esto, toda vez que contra la providencia proferida y ejecutoriada de la Sala
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección “A”, que puso fin al proceso, no procede ningún recurso, y que los
cargos alegados no se encuadran en las causales de procedencia de los recursos
extraordinarios de revisión, ni de unificación de jurisprudencia.

2.5.3. De igual manera, en el presente asunto se cumple el requisito de
inmediatez pues la decisión en cuestión se profirió el 2 de diciembre de 2021 y se

!
12 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.
13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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– Sección Tercera – Subsección “A”
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02731-01

notificó el 7 siguiente, mientras que la acción de tutela fue radicada el 20 de mayo
de 2022, es decir que, sin hacer alusión a la fecha de la ejecutoria, la acción de
tutela se presentó dentro de los seis meses que esta Sección considera como
plazo prudencial para acudir a esta instancia constitucional.

Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201414, en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó
los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200515,
para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias
judiciales y reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar
el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con estas.

2.5.4. No se trata de una tutela contra decisión de igual naturaleza dado que la
providencia que controvierte la parte actora fue proferida dentro del proceso de
reparación directa identificado con el radicado N.º 11001-33-43-065-2016-00312-
02.

Por todo lo anterior, la Sala procederá a realizar el análisis de los defectos fáctico
y violación directa de la Constitución, al encontrar acreditados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.

2.6. De las generalidades de los defectos alegados

2.6.1. Respecto al defecto fáctico, esta Sala en decisión del 12 de noviembre del
201516 precisó los alcances y requisitos que deben atenderse al momento de
alegarse la ocurrencia de este en una providencia judicial, los cuales son traídos a
colación en la presente decisión así:

i) Omisión de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii)
desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad
de los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las
pruebas aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas
con violación del debido proceso, los cuales tienen las siguientes características:

Evento Características

Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que
alega, solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para
resolver el problema jurídico sometido a consideración, y ésta
fue negada; ello sin desconocer la facultad del juez ordinario
de negar pruebas que no atiendan los requisitos de

!
14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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“c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.”
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Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
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Demandantes: Henry Alberto Palomino y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Tercera – Subsección “A”
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conducencia, pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es
importante considerar que no toda negativa a un decreto de
Omisión de pruebas abre la posibilidad a la configuración del defecto, ya
decreto y práctica que este procederá cuando se rechace el decreto y práctica
de pruebas de la prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla con los
indispensables parámetros arriba señalados.
para fallar el
asunto De esta manera, se requiere que:

a) Que la parte identifique el elemento probatorio que solicitó
b) Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
c) Se expongan las razones por la cuales la prueba solicitada
era conducente, pertinente o idónea.
d) Señalar de manera razonada la razón por la cual, de
haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión
hubiere sido otro.

Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en
el expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos
que se pretenden probar, éstos no son tenidos en cuenta por
Desconocimiento el fallador ordinario. En este punto, se requiere que de forma
del acervo específica, se concrete en el escrito de amparo, cuáles
probatorio pruebas, aportadas oportuna y legalmente, fueron
determinante para desconocidas por el juez.
identificar la
veracidad de los Así las cosas, se configura siempre :
hechos alegados
por las partes a) Se identifiquen los elementos de prueba no valorados
por el juez.
b) Se demuestre que estos fueron aportados en forma legal
y oportunamente al proceso
c) Se señale las razones por las cuales eran relevantes
para la decisión
d) Se precise, razonadamente, la incidencia de los mismos
para variar el sentido del fallo.

Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica,
la apreciación efectuada por el fallador, resulta
manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el
peso otorgado a la prueba se entiende alterado.
Requiere entonces que:
Valoración
irracional o a) La parte precise cuál o cuáles de las pruebas fueron
arbitraria de las objeto de indebida valoración por el juez
pruebas aportadas b) La razón del por qué, en cada caso en particular, la
consideración del operador judicial se aleja de las reglas
de la lógica, la experiencia y la sana crítica.

El segundo de los elementos señalados, resulta de vital
importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo
en relación con la conclusión a la cual arribó el juez de
instancia, de ninguna manera puede ser razón para
ordenar el amparo constitucional por este aspecto.
Aceptar lo contrario, implicaría una sustitución arbitraria
del juez natural.
c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado

Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el
Dictar sentencia asunto con base en pruebas que no observaron los requisitos

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– Sección Tercera – Subsección “A”
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con fundamento legales para su producción o introducción al proceso. Así las
en pruebas cosas, el juez no ignora la prueba ni se equivoca en su
obtenidas con apreciación, pero yerra al haberla tenido en cuenta para
violación del decidir el problema jurídico que le fue planteado, al ser esta
debido proceso una prueba que desconoce el debido proceso de las partes.
Para su configuración corresponde:

a) Señalar con claridad los elementos probatorios
aportados con violación al artículo 29 constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción fueron el
sustento de la decisión.

Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar en su
escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto,
sino también, su incidencia en la decisión judicial.

Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para
lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una
providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la
buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución
Política.

Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida en
que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre sí, de tal
manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba,
como suele ocurrir, pues es desacertado.

2.6.2. En cuanto a la violación directa de la Constitución Política, la Sala trae a
colación lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU- 198 del 11 de
abril de 2013,17 en la que estableció que el referido defecto se presenta cuando:

“Se estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce la Carta
Política, ya sea porque: (i) deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso
concreto; o porque (ii) aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución. En
el primer caso, la Corte ha dispuesto que procede la tutela contra providencias
judiciales por violación directa de la Constitución (a) cuando en la solución del caso
se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional, (b) cuando se trata de un derecho fundamental de
aplicación inmediata y (c) cuando el juez en sus resoluciones vulneró derechos
fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la
Constitución. En el segundo caso, la jurisprudencia ha afirmado que el juez debe
tener en cuenta en sus fallos, que con base en el artículo 4 de la C.P, la
Constitución es norma de normas y que en todo caso en que encuentre, deduzca o
se le interpele sobre una norma que es incompatible con la Constitución, debe
aplicar las disposiciones constitucionales con preferencia a las legales mediante el
ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad.”

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M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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2.7. Caso concreto

Como viene de explicarse, los accionantes controvierten la sentencia de 2 de
diciembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección “A” dentro del proceso de reparación directa
identificado con el radicado N.º 11001-33-43-065-2016-00312-02, interpuesto en
contra de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, que
modificó el fallo de primera instancia del Juzgado Sesenta y Cinco (65)
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

En efecto, los demandantes advierten que la autoridad judicial accionada incurrió
en los defectos fáctico y violación directa de la constitución ante una indebida
valoración probatoria.

Particularmente, indicaron que el ad quem no valoró, para acreditar el lucro
cesante consolidado y futuro, la hoja de servicios N3-10058548847, ni las
resoluciones 217856 del 25 de julio de 2016 y 0944 del 10 de marzo de 2017, que
demostraban que la víctima directa para el momento de los hechos era una
persona en etapa productiva, que contaba con 24 años, que laboraba como
servidor público y que para el momento de los hechos devengaba un salario
básico de $967.237.

Además, señalaron que estaba acreditado que el señor Henry Alberto Palomino
Palomino antes de sufrir el daño antijurídico devengaba una suma equivalente a
$1.138.651 y que fue pensionado con $689.455, es decir, a una disminución del
40% como ganancia frustrada o el provecho económico que dejó de reportarse.

Ahora bien, se pone de presente que para resolver los reproches planteados se
hará el estudio en forma conjunta frente a los defectos alegados, comoquiera que,
como ya se expuso, ambos se sustentaron en una indebida valoracion probatoria.

Aclarado lo anterior, a esta Colegiatura le resulta pertinente hacer alusión a las
consideraciones del tribunal accionado para establecer si se debía o no reconocer
el daño material consistente en el lucro cesante a favor de los demandantes:

“En el recurso de apelación, la apoderada judicial del extremo demandante, solicitó
el reconocimiento de perjuicio material por concepto de lucro cesante consolidado y
futuro a favor de Henry Alberto Palomino Palomino.

Ahora bien, conforme al supuesto probatorio que se recaudó en el proceso de la
referencia se encuentra que la entidad demandante a través de la dependencia
encargada realizó reconocimientos en sede administrativa a favor de Henry
Alberto Palomino, con el expediente prestacional se encuentran copia de las
Resoluciones No. 20671 del 28 de diciembre de 20151, a través de la cual se
reconoce y ordena pagar indemnización por disminución de capacidad laboral
la suma de $61.661.486. Así mismo la Resolución No. 944 del 10 de marzo de
2017, a través de la cual se ordenó el reconocimiento y pago a partir del 30 de abril
de 2016 una pensión de invalidez por valor de $ 689.455.

(…)

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02731-01

v) De esta manera, la Sección Tercera del Consejo de Estado que ha establecido
que el reconocimiento de la pensión concedida a los militares bajo el régimen de
indemnización a forfait, no excluye la indemnización por el daño causado, teniendo
en cuenta que su fuente es diferente. (…)18

vii) Respecto a la fuentes jurídicas y jurisprudenciales, que permiten la coexistencia
de la indemnización a forfait y la indemnización por el daño causado, el Consejo de
Estado indicó en extenso: (…)19

De esta manera, la Sección Tercera del Consejo de Estado al interior de sus
diferentes Subsecciones, ha determinado que la indemnización a Forfait es
compatible con la indemnización de perjuicios cuando se demuestra que el
daño antijurídico se ocasionó por una falla en el servicio o por la
configuración de un riesgo excepcional, caso en el cual, estas
indemnizaciones no se excluyen entre sí, y el reconocimiento de una no afecta el
pago de la otra.

Con base en lo anterior, la Sala sin desconocer la compatibilidad que existe
entre la indemnización a forfait y la indemnización de perjuicios en sede
judicial, evidencia que en sede de reparación la parte actora no demostró con
los medios de prueba correspondientes el perjuicio reclamado, su concepto, o
que lo recibido en sede administrativa hubiese sido insuficiente para reparar
integralmente a los demandantes

Por lo anterior, encuentra la Sala que, en este caso la parte actora no asumió la
carga procesal de demostrar los perjuicios materiales solicitados, en la modalidad
de lucro cesante (consolidado y futuro) y, teniendo en cuenta las consideraciones
realizadas al respecto con antelación, la Sala considera que no hay lugar a
reconocer monto alguno por este concepto.

Bajo esa égida, la Sala revocará la decisión del a quo adoptada en este aspecto y
en su lugar negará el reconocimiento por perjuicio material reclamado por la parte
actora.”

En ese orden ideas, luego de estudiar la decisión controvertida, esta Sección
considera, que la Subsección “A” de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, a partir de un análisis integral de todas las pruebas y en
particular del expediente prestacional20 del señor Henry Alberto Palomino
Palomino, determinó que la parte actora había incumplido con la carga de aportar
medios probatorios que acreditaran el daño material consistente en el lucro
cesante “o que lo recibido en sede administrativa hubiese sido insuficiente para reparar
integralmente a los demandantes.”

A juicio de esta Colegiatura, tal determinación no se considera arbitraria o
irrazonada, ni desborda la autonomía judicial del tribunal demandado, toda vez
que, con fundamento en el material probatorio, y con sustento en el criterio
adoptado por tal Sala, frente a la compatibilidad entre la indemnización a forfait
y la de perjuicios pretendida en la demanda contenciosa, concluyó que no era
viable acceder al lucro cesante solicitado.

Ahora, si bien los accionantes advierten que la autoridad judicial accionada no
!
18
Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección A; C.P. José Roberto Sáchica Méndez, 5 de
marzo de 2021, Radicación 54001233300020130021401(52977).
19
Consejo de Estado; Sección Tercera; Subsección B; Consejero ponente: Ramiro Pazos
Guerrero; treinta (30) de octubre de dos mil diecinueve (2019); Radicación número: 15001-23-31-
000-2003-00402-01(47524)
20
Ver folios 254 y siguientes del cuaderno 1 del expediente digitalizado (folio 505 del archivo pdf).!
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tuvo en cuenta la hoja de servicios N3-10058548847, ni las resoluciones
217856 del 25 de julio de 2016 y 0944 del 10 de marzo de 2017, o el hecho de
que antes de las lesiones del señor Palomino, este devengaba una suma
equivalente a $1.138.651, lo cierto es que la decisión para negar el multicitado
concepto devino efectivamente del análisis del expediente prestacional, el cual
contiene toda la información presuntamente desatendida, esto es, entre otros
aspectos21, lo relativo a la determinación del salario que recibía y lo referente a
los reconocimientos que le hicieron por indemnización administrativa y por
pensión de invalidez.

En este punto, cabe destacar que el estudio que realiza esta Sala como juez
constitucional, para determinar el defecto fáctico, se enfoca, para este caso
concreto, en establecer si se presentó una valoración irracional de las pruebas
aportadas; y no busca imponer un concepto o una interpretación propia, ya que
de llegar a esa resolución se usurparía la competencia del funcionario natural
de la causa.

En consecuencia, los cargos que se expusieron en la solicitud de tutela no
determinan la configuración de un defecto fáctico o una violación directa de la
constitución, puesto que no se le puede impedir al funcionario judicial la valoración
de unas pruebas que fueron debidamente aportadas al expediente contencioso y
establecer, bajo las reglas de la sana lógica y dentro de su autonomía judicial, que
se debía modificar la sentencia que había accedido parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

De todo lo anterior, resulta evidente que, si bien la parte actora atribuyó a la
autoridad judicial accionada la violación de sus derechos fundamentales, en
realidad los argumentos en que sustenta su solicitud de tutela solo reflejan un
malestar o simple descontento con lo resuelto en la providencia atacada.

2.8. Conclusión

En consecuencia, se revocará la decisión de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción de tutela, para en su lugar negar la solicitud de
amparo.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 17 de junio de 2022 por medio del cual la
Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró la
improcedencia de la acción de tutela, para en su lugar NEGAR la solicitud de
amparo.

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21
En el expediente prestacional también se pueden evidenciar, entre otros documentos, el informe
administrativo por lesión y el acta de junta medico laboral del señor Palomino Palomino.
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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente con salvamento de voto)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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