Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02734-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02734-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-02734-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
31 de agosto de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Acción : Tutela (impugnación)
Expediente : 11001-03-15-000-2022-02734-011
Actoras : Rosaura Garavito Leal y Mayerly y Dianny Alejandra
Rincón Garavito
Demandados : Magistrados de la subsección B de la sección tercera del
Consejo de Estado y de la sala cuarta de decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia
Tema : Tutela contra providencia judicial; derechos
constitucionales fundamentales al debido proceso,
igualdad y acceso a la administración de justicia
Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por las demandantes
contra la sentencia de 23 de junio de 2022, proferida por el Consejo de Estado
(sección cuarta), que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1 La solicitud de amparo. Las señoras Rosaura Garavito Leal y Mayerly
y Dianny Alejandra Rincón Garavito, quienes actúan en nombre propio,
presentan acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos
constitucionales fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la
administración de justicia, presuntamente quebrantados por los señores
magistrados de la subsección B de la sección tercera del Consejo de Estado y
de la sala cuarta de decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.
Como consecuencia de lo anterior, piden se dejen sin efectos los fallos de (i)
25 de septiembre de 2013, mediante el cual el Tribunal Administrativo de
Antioquia (sala cuarta de decisión) declaró la prosperidad de la excepción de
caducidad2 y se inhibió para decidir la acción de reparación directa incoada
contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial (expediente 05001-23-31-000-2011-01592-00); y (ii) 18 de noviembre
de 2021, con el que el Consejo de Estado (subsección B de la sección tercera)
lo confirmó; en su lugar, se ordene a las autoridades accionadas que emitan
una nueva providencia en la que decidan de fondo el mencionado asunto
1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
2
Opuesta por la parte allí demandada.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02734-01
Actoras: Rosaura Garavito Leal y otras
contencioso-administrativo y accedan a las pretensiones allí formuladas.
1.2 Hechos. Relatan las accionantes que el 10 de noviembre de 2006 la
señora Rosaura Garavito Leal celebró un contrato de leasing por $72ʼ500.000
con la Inversora Pichincha S. A. Compañía de Financiamiento Comercial,
cuyo objeto era «adquirir» la camioneta Chevrolet Luv Dimax, identificada
con placa XWC-720.
Que miembros del Ejército Nacional3 detuvieron al señor Alejandro Rincón
Sánchez, mientras conducía el vehículo por el «magdalena medio», y hallaron
en su interior cocaína, por lo que el 30 de julio de 2007 el «Juzgado de Control
de Garantías de Puerto Berrio» ordenó la «suspensión de la capacidad
dispositiva del automotor», medida revocada el 6 de noviembre siguiente por
el Juzgado Treinta (30) Penal Municipal con Función de Control de Garantías
de Medellín, que ordenó la devolución del bien a la señora Garavito Leal.
Dicen que el 28 de diciembre de 2007 el Juzgado Primero (1º) Penal del
Circuito Especializado de Antioquia condenó al señor Rincón Sánchez por el
delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y dispuso decomisar la
mencionada camioneta, dado que había sido utilizada para cometer la conducta
delictiva, decisión que el 7 de marzo de 2008 confirmó el Tribunal Superior de
Antioquia (sala penal).
Que el 7 de marzo de 2009 servidores del Cuerpo Técnico de Investigación
(CTI) de Barrancabermeja ejecutaron la precitada medida y tomaron en
custodia el vehículo, lo que motivó que promovieran acción de tutela, con la
finalidad de que aquel le fuera devuelto a la señora Rosaura Garavito Leal, a lo
que accedió el 29 de julio de ese año la Corte Suprema de Justicia (sala de
casación penal), razón por la cual le fue entregado el 4 de agosto siguiente,
pero en un «estado lamentable».
Sostienen que el 1º de julio de 2011 presentaron solicitud de conciliación
prejudicial y el día 29 de los mismos mes y año instauraron demanda de
reparación directa contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (expediente 05001-23-31-000-2011-01592-00), con el
propósito de que se le declarara administrativamente responsable de los
perjuicios que les causó la aprehensión irregular del automotor y se le ordenara
indemnizarlos, habida cuenta de que dicha medida, adoptada dentro del
3
No determinan la fecha.
2
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02734-01
Actoras: Rosaura Garavito Leal y otras
proceso penal seguido contra el señor Alejandro Rincón Sánchez, constituye
un error judicial pasible de compensación monetaria.
Que el Tribunal Administrativo de Antioquia (sala cuarta de decisión) asumió
el conocimiento del asunto contencioso-administrativo y el 29 de septiembre
de 2011 allegaron el acta en la que consta que la conciliación prejudicial se
declaró fallida el 28 anterior. Asimismo, el 25 de septiembre de 2013 el
aludido Tribunal declaró la prosperidad de la excepción de caducidad y se
inhibió para decidir de fondo la controversia, por cuanto el proceso no se
inició dentro de los dos (2) años siguientes al momento en que se supo del
hecho dañoso (7 de marzo de 2009).
Afirman que interpusieron recurso de apelación contra la precitada
providencia, con el argumento de que el término con el que contaban para
promover la demanda de reparación directa se computa desde el 29 de julio de
2009, porque ese día la Corte Suprema de Justicia (sala de casación penal)
emitió el fallo de tutela en el que se indicó que el decomiso del vehículo era
ilegal, alzada desatada el 18 de noviembre de 2021 por el Consejo de Estado
(subsección B de la sección tercera), en el sentido de confirmar la sentencia de
primera instancia, toda vez que el daño antijurídico se conoció el 7 de marzo
de 2009 y el referido pronunciamiento de tutela no tuvo incidencia en la
configuración del siniestro.
Que las determinaciones judiciales cuestionadas comportan defecto sustantivo,
en razón a que interpretaron de manera indebida las normas que regulan el
lapso dentro del cual debe incoarse la acción de reparación directa, en
particular, el artículo 136 (numeral 8) del Código Contencioso Administrativo
(CCA), toda vez que debió calcularse a partir del 29 de julio de 2009, dado que
ese día se tuvo comprensión de la ilegalidad de la confiscación de la
camioneta.
Aducen que las sentencias atacadas también desconocen los criterios del
Consejo de Estado, según los cuales (i) al momento de estudiar la caducidad
en un asunto contencioso-administrativo, resulta necesario analizar las
circunstancias fácticas del caso concreto y aplicar los principios pro actione y
pro domato4, lo que omitieron las autoridades accionadas; y (ii) en situaciones
de decomiso de bienes dentro de un proceso penal, el lapso para demandar se
4
Sección tercera, sentencias de (i) 12 de diciembre de 2014, C. P. Ramiro Pazos Guerrero, expediente 08001-
23-31-000-2001-02371-01; (ii) 19 de junio de 2019, C. P. Alberto Montaña Plata, expediente 44352; y (iii) 6
de febrero de 2020, C. P. María Adriana Marín, expediente 05001-23-31-000-2009-01208-01.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02734-01
Actoras: Rosaura Garavito Leal y otras
contabiliza desde cuando se devuelven, porque en ese momento se conoce la
magnitud del daño5.
1.3 Contestaciones de la acción.
1.3.1 Los señores magistrados de la subsección B de la sección tercera del
Consejo de Estado, por conducto del ponente del fallo de segunda instancia
censurado, indican que este «y el expediente de la respectiva acción de
reparación directa, contienen los argumentos y elementos necesarios para que
el juez de la acción de tutela tome la decisión que en derecho corresponda».
1.3.2 El señor Director Ejecutivo de Administración Judicial6, mediante
apoderado, asevera que las decisiones judiciales cuestionadas se emitieron en
atención al ordenamiento jurídico, en especial, a las normas que regulan la
caducidad de la acción de reparación directa y a la postura jurisprudencial del
Consejo de Estado sobre la materia.
Que la tutela no colma las exigencias de procedibilidad de inmediatez y
subsidiariedad, comoquiera que se promovió siete (7) meses después de
emitirse el fallo de segunda instancia atacado y las tutelantes tienen la
posibilidad de cuestionar las providencias reprochadas a través del recurso
extraordinario de revisión.
1.3.3 Los señores magistrados de la sala cuarta de decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia guardaron silencio en la oportunidad prevista
para el efecto.
1.4 Providencia impugnada. El Consejo de Estado (sección cuarta), mediante
sentencia de 23 de junio de 2022, declaró improcedente la acción de tutela de
la referencia, al considerar que carece de relevancia constitucional, habida
cuenta de que los argumentos expuestos en el escrito inicial son los mismos
planteados en sede contencioso-administrativa, de lo que se colige que este
instrumento judicial se emplea como una tercera instancia, es decir, con el fin
de obtener un nuevo pronunciamiento sobre aspectos analizados y
desestimados por las autoridades accionadas.
5
Sección tercera, sentencias de (i) 27 de marzo de 2014, C. P. Danilo Rojas Betancourt, expediente 25000-23-
26-000-2002-12043-01; (ii) 30 de marzo de 2017, C. P. Ramiro Pazos Guerrero; expediente 25000-23-26-000-
1997-01538-01; (iii) 1º de octubre de 2021, M. P. Alberto Montaña Plata, expediente 08001-23-31-000-2008-
00716-01.
6
Vinculado en primera instancia, mediante auto de 24 de mayo de 2022, al presente asunto constitucional en
condición de tercero interesado.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02734-01
Actoras: Rosaura Garavito Leal y otras
1.5 Impugnación. Inconformes con la anterior decisión, las demandantes la
impugnan, con fundamento en las mismas aseveraciones consignadas en la
solicitud de amparo, a las que agregan que el asunto sí tiene relevancia
constitucional, puesto que lo indicado en aquella da cuenta de trasgresiones de
derechos fundamentales, lo que impone al juez de tutela examinarlo de fondo.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia. En virtud de los artículos 327 del Decreto ley 2591 de 19918
y 259 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201910 expedido por la sala plena del
Consejo de Estado, esta subsección es competente para conocer de la presente
impugnación.
2.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de
la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992,
1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la
protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las
personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera
que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
2.3 Cuestión preliminar. Las actoras piden dejar sin efectos los fallos de (i)
25 de septiembre de 2013, mediante el cual el Tribunal Administrativo de
Antioquia (sala cuarta de decisión) declaró la excepción de caducidad y se
inhibió para decidir de fondo la acción de reparación directa incoada contra la
Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
(expediente 05001-23-31-000-2011-01592-00); y (ii) 18 de noviembre de
2021, con el que el Consejo de Estado (subsección B de la sección tercera) lo
confirmó.
7
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro
de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente […]».
8
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
9
«[…]
Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas
por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto.
[…]».
10
«Reglamento interno del Consejo de Estado».
5
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02734-01
Actoras: Rosaura Garavito Leal y otras
Sin embargo, la Sala únicamente centrará su estudio jurídico en la providencia
de 18 de noviembre de 2021, por ser la que, al desatar el recurso de apelación
interpuesto contra la de 25 de septiembre de 2013, decidió de manera
definitiva el mencionado asunto contencioso-administrativo.
2.4 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la
tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional
fundamental que pueda comportar la sentencia de 18 de noviembre de 2021,
por cuyo conducto el Consejo de Estado (subsección B de la sección tercera)
confirmó la de 25 de septiembre de 2013, con la que el Tribunal
Administrativo de Antioquia (sala cuarta de decisión) declaró la prosperidad
de la excepción de caducidad y se inhibió para decidir de fondo la demanda de
reparación directa instaurada por las tutelantes contra la Nación – Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (expediente 05001-
23-31-000-2011-01592-00); y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las
garantías superiores al debido proceso, igualdad y acceso a la administración
de justicia invocadas en la solicitud de amparo.
2.5 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate
jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que
declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la
amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en
sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en
apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de
hecho.
La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y
desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la
acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el
reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la
administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos
fundamentales.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de
1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia
fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura
cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos
protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión
6
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Actoras: Rosaura Garavito Leal y otras
controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto
fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento
probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos
eventos en los que se actuó completamente al margen del proceso establecido.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de
unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las
cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.
Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional
destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de
manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.
Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de
orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se
afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos
porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable. (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez,
es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo
o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora. (v) Que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible. (vi) Que no se trate de sentencias de tutela, en
consideración al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02734-01
Actoras: Rosaura Garavito Leal y otras
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de
causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la
excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta
procedente.
Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de
competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto
fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto
material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo
adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución,
que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho,
vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión
de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos
fundamentales.
Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales11, rectificó su
posición mediante sentencia de 31 de julio de 201212, en el sentido de disponer
que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando
11
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-
administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31
de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis
Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de
2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C.
P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8)
16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
12
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
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Actoras: Rosaura Garavito Leal y otras
vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los
parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro
determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con
anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos13.
2.6 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i)
el asunto planteado comporta relevancia constitucional14, pues recae sobre la
presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad y acceso a la administración de justicia de las actoras; (ii) contra el
fallo acusado no procede recurso alguno, por cuanto fue emitido en segunda
instancia y se encuentra ejecutoriado; (iii) se establecieron los hechos que
originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el
requisito de inmediatez se satisface, toda vez que la determinación judicial
atacada15 quedó ejecutoriada el 15 de diciembre de 2021 y la solicitud de
amparo se instauró el 17 de mayo de 2022, es decir, dentro de un término
prudencial (5 meses y 2 días); y (v) la providencia acusada no desató una
acción de tutela.
En razón a que se colman los presupuestos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, esta Sala examinará el fondo
del asunto, conforme a las causales específicas denominadas defecto
sustantivo y desconocimiento del precedente.
2.6.1 Defecto sustantivo. El artículo 230 de la Constitución Política prevé que
los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de ese
mandato, las autoridades judiciales deben decidir las discusiones conforme a
las normas que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.
13
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp.
2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor
Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de
2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-
00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas
Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de
febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-
01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P.
Gerardo Arenas Monsalve.
14
En ese sentido, no se compadece de la situación de las demandantes la determinación adoptada en el fallo de
primera instancia, emitido dentro del asunto de la referencia, por cuanto los argumentos invocados en el
escrito inicial conciernen a la posible configuración de las causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales denominadas defecto sustantivo y desconocimiento del precedente,
que de demostrarse afectarían garantías superiores de las accionantes, lo que impone efectuar un análisis del
fondo del presente asunto.
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Notificada electrónicamente el 10 de diciembre de 2021.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02734-01
Actoras: Rosaura Garavito Leal y otras
La jurisprudencia constitucional16 ha precisado que la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el
denominado defecto sustantivo, que se configura cuando el litigio es desatado
con fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien
porque fue derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no
tiene relación con el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es
paradójica o simplemente se omite aplicarla.
Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo que este defecto implica «[…] la
existencia de una falencia o yerro en una providencia judicial, originada en el
proceso de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas al caso
sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar a la
procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta
trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la
efectividad de los derechos constitucionales»17.
En el sub lite la Sala evidencia, en atención a lo expuesto en el escrito inicial y
las pruebas adosadas al presente trámite constitucional, que el 10 de
noviembre de 2006 la señora Rosaura Garavito Leal suscribió un contrato de
leasing con la Inversora Pichincha S. A. Compañía de Financiamiento
Comercial, por valor de $72ʼ500.000, con el fin de usar y adquirir con
posterioridad la camioneta Chevrolet Luv Dimax de placa XWC-720.
El 29 de julio de 2007 miembros del Ejército Nacional detuvieron el aludido
automotor, que era conducido por el señor Alejandro Rincón Sánchez en la vía
que comunica a los municipios de Yondó (Antioquia) y Barrancabermeja
(Santander), en cuyo interior encontraron varias bolsas plásticas que contenían
cocaína, motivo por el cual el día 30 de los mismos mes y año el Juzgado
Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de Puerto Nare, a
petición del fiscal del caso, ordenó «la suspensión de la capacidad dispositiva
del vehículo» y legalizó la captura del aprehendido.
El 6 de noviembre de 2007 el Juzgado Treinta (30) Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de Medellín ordenó levantar la medida. Por
su parte, el 28 de diciembre siguiente el Juzgado Primero (1º) Penal del
Circuito Especializado de Antioquia declaró penalmente responsable al señor
Rincón Sánchez por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
16
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
17
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
10
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02734-01
Actoras: Rosaura Garavito Leal y otras
agravado, le impuso una pena de 256 meses de prisión y dispuso decomisar el
bien, comoquiera que fue empleado en la ejecución de dicho ilícito.
El precitado fallo condenatorio fue confirmado el 7 de marzo de 2008 por el
Tribunal Superior de Antioquia (sala penal) y el 7 de marzo de 2009
investigadores del CTI ejecutaron la orden de incautar la camioneta, motivo
por el cual la señora Rosaura Garavito Leal el 10 de los mismos mes y año
solicitó revocar la medida, porque ya había sido levantada, y el 29 de mayo de
esa anualidad incoó acción de tutela, encaminada a obtener el amparo de sus
derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, propiedad privada
y trabajo y que se ordenara entregarle el aludido bien, pretensiones a las que
accedió el 29 de julio siguiente la Corte Suprema de Justicia (sala de casación
penal), al estimar que el Juzgado Primero (1º) Penal del Circuito Especializado
de Antioquia ordenó aprehender el automotor, sin advertir que el 6 de
noviembre de 2007 ya había sido «liberado» de las actuaciones penales por
parte del Juzgado Treinta (30) Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Medellín.
Las tutelantes el 1º de julio de 2011 presentaron solicitud de conciliación
prejudicial ante el Ministerio Público y el 29 siguiente promovieron acción de
reparación directa contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (expediente 05001-23-31-000-2011-01592-00), con el
propósito de que se le declarara administrativamente responsable de los
perjuicios que les produjo el decomiso del vehículo (el cual fue entregado en
condiciones lamentables) y se le ordenara resarcirlos de manera pecuniaria,
habida cuenta de que dicha medida constituye un error judicial pasible de
indemnización.
El Tribunal Administrativo de Antioquia (sala cuarta de decisión) asumió el
conocimiento de las diligencias contencioso-administrativas y el 15 de marzo
de 2012 las rechazó, al considerar que no se agotó el requisito de
procedibilidad de conciliación, decisión contra la cual la parte actora interpuso
recurso de reposición, con el argumento de que esa exigencia prejudicial se
declaró fallida el 28 de septiembre de 2011, para lo que adosó constancia
emitida por la procuraduría judicial II para asuntos administrativos ante esa
Corporación.
El a quo el 14 de noviembre de 2012 «dej[ó] sin efectos» el auto de 15 de
marzo anterior, para en su lugar, admitir la demanda de reparación directa, y el
25 de septiembre de 2013 declaró probada la excepción de caducidad opuesta
11
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02734-01
Actoras: Rosaura Garavito Leal y otras
por la parte demandada y se inhibió para decidir la controversia, comoquiera
que las demandantes se enteraron del hecho dañoso el 7 de marzo de 2009 y
solo hasta el 1º de julio de 2011 formularon la solicitud de conciliación, es
decir, cuando ya habían trascurrido más de dos (2) años.
Contra la anterior decisión las actoras interpusieron recurso de apelación, con
el argumento de que el término con el que contaban para demandar se debe
computar desde el 29 de julio de 2009, porque ese día, con la sentencia de
tutela de la Corte Suprema de Justicia, tuvieron certeza del error judicial que
involucraba la retención de la camioneta y que comprometía la responsabilidad
extracontractual del Estado.
La precitada alzada fue desatada el 18 de noviembre de 2021 por el Consejo de
Estado (subsección B de la sección tercera), en el sentido de confirmar la
sentencia de primera instancia, habida cuenta de que el plazo para demandar se
contabiliza a partir del 7 de marzo de 2009, dado que ese día las accionantes
supieron del decomiso irregular del vehículo, y no desde la sentencia de tutela
emitida el 29 de julio de ese año por la Corte Suprema de Justicia (sala de
casación penal), por cuanto esta advirtió una violación al debido proceso, pero
no la configuración del daño antijurídico, criterio que atiende un
pronunciamiento en el que la Corporación18 desató una situación similar.
En la solicitud de amparo las demandantes sostienen que el fallo objeto de
censura constitucional incurre en defecto sustantivo, comoquiera que aplicó de
manera indebida las normas que regulan la caducidad de la acción de
reparación directa, en particular, el artículo 136 (numeral 8) del CCA, puesto
que el lapso con el que contaban para instaurar la demanda 05001-23-31-000-
2011-01592-00 se inició el 29 de julio de 2009, día en que la Corte Suprema
de Justicia (sala de casación penal) advirtió el error judicial que comportaba la
incautación del automotor.
Con la finalidad de determinar si el anterior reproche tiene o no asidero
jurídico, resulta oportuno indicar que la caducidad es una institución jurídico-
procesal que tiene como fin regular el tiempo con el que cuentan las personas
para ejercer el derecho de acción, es decir, para acudir ante la administración
de justicia con el propósito de dirimir controversias, con lo que se materializa
el principio de seguridad jurídica, porque evita que un conflicto permanezca
sin solución indefinidamente. Esta se configura cuando no se instauran los
18
Sección tercera, subsección C, sentencia de 16 de diciembre de 2020, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas,
expediente 19001-23-31-000-2010-00140-01.
12
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02734-01
Actoras: Rosaura Garavito Leal y otras
medios judiciales dentro del término otorgado en la normativa, lo que
imposibilita al juez decidir de fondo el asunto19.
El numeral 8 del artículo 136 del CCA preceptúa que la demanda de
reparación directa debe presentarse, como regla general, dentro de los dos (2)
años siguientes a la ocurrencia del daño que se pretende indemnizar, motivo
por el cual, si se promueve luego de dicho lapso, acontece la caducidad. La
mencionada norma prevé:
8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2)
años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho,
omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación
temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de
trabajo público o por cualquiera otra causa […].
Por su parte, el artículo 13 de la Ley 1285 de 200920 señala que cuando los
litigios que se ventilan a través de la demanda de reparación directa, entre
otros mecanismos judiciales, son transigibles, la conciliación «siempre
constituirá requisito de procedibilidad», por lo que su agotamiento está sujeto
a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 640 de 200121, el cual establece que
la presentación de la solicitud de aquella suspende la caducidad hasta cuando
concurra alguno de los presupuestos allí previstos. Dicho precepto consagra:
La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho
ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad,
según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el
acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea
exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el
artículo 2[22]. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3)
meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta
suspensión operará por una sola vez y será improrrogable.
19
Consejo de Estado, sección tercera, subsección C, sentencia de 21 de febrero de 2011, C. P. Olga Mélida
Valle de De La Hoz, expediente: 52001-23-31-000-2010-00214-01.
20
«Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia».
21
«Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones».
22
«El conciliador expedirá constancia al interesado en la que se indicará la fecha de presentación de la
solicitud y la fecha en que se celebró la audiencia o debió celebrarse, y se expresará sucintamente el asunto
objeto de conciliación, en cualquiera de los siguientes eventos:
1. Cuando se efectúe la audiencia de conciliación sin que se logre acuerdo.
2. Cuando las partes o una de ellas no comparezca a la audiencia. En este evento deberán indicarse
expresamente las excusas presentadas por la inasistencia si las hubiere.
3. Cuando se presente una solicitud para la celebración de una audiencia de conciliación, y el asunto de que
se trate no sea conciliable de conformidad con la ley. En este evento la constancia deberá expedirse dentro de
los 10 días calendario siguientes a la presentación de la solicitud.
En todo caso, junto con la constancia se devolverán los documentos aportados por los interesados. Los
funcionarios públicos facultados para conciliar conservarán las copias de las constancias que expidan y los
conciliadores de los centros de conciliación deberán remitirlas al centro de conciliación para su archivo».
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Actoras: Rosaura Garavito Leal y otras
En virtud del citado mandato, una vez se configure alguna de esas situaciones,
se reanuda el término para instaurar la demanda contencioso-administrativa,
por lo que esta debe incoarse antes de que el período computable para la
caducidad sume más de dos (2) años.
Ahora bien, cuando el mencionado plazo finalice un día feriado o vacante, la
acción debe promoverse el primer día hábil siguiente, tal como lo autoriza el
artículo 62 del Código de Régimen Político y Municipal, que prevé:
[…] En plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se
entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo
contrario. Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el
último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer
día hábil.
Efectuado el anterior estudio normativo, en el caso sub examine se evidencia
que en la sentencia acusada se indicó que como las demandantes supieron del
hecho dañoso el 7 de marzo de 2009, porque ese día se ejecutó el decomiso del
vehículo, el término para incoar la acción de reparación directa se contabiliza a
partir de esa fecha, y aunque el 29 de julio de ese año la Corte Suprema de
Justicia (sala de casación penal) ordenó la devolución del automotor, ello no
tenía incidencia en el conocimiento del daño antijurídico. En ese orden de
ideas, las actoras debían presentar la solicitud de conciliación antes del 8 de
marzo de 2011, lo cual aconteció hasta el 1º de julio de esa anualidad, es decir,
cuando ya habían pasado más de los dos (2) años previstos en el artículo 136
(numeral 8) del CCA.
Luego de analizar la situación fáctica debatida, la Sala observa que como la
confiscación del carro aconteció el 7 de marzo de 2009 y de ese suceso las
accionantes supieron, tal como lo demuestra el hecho de que el día 10
siguiente deprecaron el levantamiento de la medida, es a partir de aquella
fecha en que debe calcularse el plazo con el que se contaba para promover la
demanda contencioso-administrativa.
En ese orden de ideas, tal como lo concluyeron las autoridades accionadas, la
acción de reparación directa debió incoarse antes del 8 de marzo de 2011,
empero ello no aconteció, porque solo hasta el 1º de julio de ese año las
actoras formularon la solicitud de conciliación prejudicial, es decir, cuando ya
habían vencido los dos (2) años de que trata el artículo 136 (numeral 8) del
CCA.
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Actoras: Rosaura Garavito Leal y otras
Ahora bien, las demandantes señalan que solo supieron del daño antijurídico
hasta cuando la Corte Suprema de Justicia desató la acción de tutela que
promovieron con el fin de que se levantara el decomiso del automotor (29 de
julio de 2009), pues ella da cuenta del error judicial que, a su juicio,
compromete la responsabilidad extracontractual del Estado, frente a lo que los
señores magistrados demandados indicaron que esa decisión judicial no tuvo
incidencia en la comprensión del daño antijurídico, dado que únicamente
estuvo orientada a salvaguardar la garantía superior al debido proceso,
deducción que para la Sala no merece reproche alguno, porque las actoras
conocieron de la presunta equivocación judicial el 7 de marzo de 2009, como
lo demuestra el hecho de que pidieron su revocación el 10 siguiente, al
considerarla contraria al ordenamiento jurídico.
Cabe advertir que la postura de las accionadas es razonable, pues comporta
una deducción plausible de las normas que regulan la caducidad de la acción
de reparación directa, en particular del artículo 136 (numeral 8) del CCA (que
prevé que el plazo para demandar en ejercicio de dicho mecanismo
contencioso-administrativo se contabiliza desde que se tuvo conocimiento del
hecho dañoso), de manera que no es dable cuestionarla que en esta instancia
judicial. Sobre este aspecto la Corte Constitucional23 dijo:
[…] la interpretación de la ley es un campo en el que se manifiestan con
especial intensidad los principios de independencia y autonomía
judicial. En efecto, en la tarea de aplicación de las normas, el juez se
enfrenta a diversas posibilidades hermenéuticas que derivan de la
interpretación de las disposiciones normativas, y no corresponde al juez
constitucional señalar cuál es la “correcta”, o la más conveniente para la
resolución de un caso específico, porque con fundamento en el artículo
230 de la Constitución Política, el funcionario judicial al administrar
justicia goza de una libertad interpretativa, producto del respeto de la
independencia y la autonomía judicial, que lo ponen a salvo de
injerencias indebidas que afecten su imparcialidad y la sujeción al orden
jurídico, y que únicamente encuentran límite en la desviación
caprichosa y arbitraria de la ley […].
Así las cosas, se colige que en la providencia censurada las autoridades
accionadas aplicaron adecuadamente el artículo 136 (numeral 8) del CCA,
motivo por el cual aquella no incurre en el defecto sustantivo invocado en la
solicitud de amparo.
23
Corte Constitucional, sentencia T-192 de 2015, M. P. María Victoria Calle Correa.
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Actoras: Rosaura Garavito Leal y otras
2.6.2 Desconocimiento del precedente. El desconocimiento del precedente
tiene dos modalidades: (i) como causal autónoma de procedencia de la tutela
contra providencia judicial cuando se trata del precedente constitucional, y (ii)
como defecto sustantivo por el desconocimiento del precedente judicial. La
primera tiene su origen en el artículo 241 superior y se predica exclusivamente
de los precedentes fijados por la Corte Constitucional en su jurisprudencia24, y
la segunda hace referencia a cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del
precedente horizontal o vertical sin justificación suficiente, lo que lleva a
concluir que la providencia incurre en defecto sustantivo25 conforme a los
principios del debido proceso, igualdad y buena fe26.
En el sub lite las demandantes afirman que la providencia censurada inobservó
los criterios del Consejo de Estado, según los cuales (i) la caducidad debe
analizarse de acuerdo con las circunstancias fácticas del caso concreto y los
principios pro actione y pro domato27 y (ii) en casos de daños antijurídicos
atañederos a decomisos de bienes, el lapso para demandar se contabiliza desde
cuando estos se devuelven28.
Respecto del primer argumento en el que las tutelantes fundan la referida
causal específica, la Sala advierte que aunque esta Corporación ha dicho, tanto
en los pronunciamientos invocados en el escrito de tutela como en otros, que la
caducidad debe estudiarse en atención a las particularidades de la situación
fáctica debatida, no se observa que esa premisa haya sido desatendida por los
señores magistrados demandados, porque la conclusión de que operó el
aludido fenómeno procesal, se adoptó luego de examinar las pruebas arrimadas
24
Sentencia T-360 de 2014: «[…] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a
desconocerse cuando: (i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias
de control de constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de
constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe
acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad
condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional
a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela».
25
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995
M. P. Carlos Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P.
Jorge Iván Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González Cuervo.
26
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P.
Jorge Iván Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
27
Sección tercera, sentencias de (i) 12 de diciembre de 2014, C. P. Ramiro Pazos Guerrero, expediente 08001-
23-31-000-2001-02371-01; (ii) 19 de junio de 2019, C. P. Alberto Montaña Plata, expediente 44352; y (iii) 6
de febrero de 2020, C. P. María Adriana Marín, expediente 05001-23-31-000-2009-01208-01.
28
Sección tercera, sentencias de (i) 27 de marzo de 2014, C. P. Danilo Rojas Betancourt, expediente 25000-
23-26-000-2002-12043-01; (ii) 30 de marzo de 2017, C. P. Ramiro Pazos Guerrero; expediente 25000-23-26-
000-1997-01538-01; (iii) 1º de octubre de 2021, M. P. Alberto Montaña Plata, expediente 08001-23-31-000-
2008-00716-01.
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a la acción de reparación directa 05001-23-31-000-2011-01592-00 y
determinar que el 7 de marzo de 2009 fue el momento en que se conoció del
hecho dañoso, por tanto, la demanda contencioso-administrativa debió
instaurarse antes del 8 de marzo de 2011, lo cual, se insiste, no aconteció.
Ahora bien, con la finalidad de dilucidar si los señores magistrados
demandados desconocen los principios pro domato y pro actione, se precisa
que estos indican que debe entenderse que el plazo para demandar se computa
a partir del momento en que se conoce del daño antijurídico y que la
institución de la caducidad debe aplicarse en virtud del principio de
favorabilidad, cuando no se tiene certeza del momento en el que se inicia el
término para acudir ante la jurisdicción contencioso-administrativa, con el fin
de evitar una excesiva rigurosidad procesal que impida acceder a la
administración de justicia, en su orden29.
No obstante, la Sala no advierte que las autoridades accionadas hayan
inobservado los referidos preceptos, puesto que atendieron el de pro domato,
al concluir que las actoras tuvieron conocimiento del daño el 7 de marzo de
2009 (con la confiscación del vehículo), y no era aplicable el pro actione, por
cuanto no existía duda desde cuándo debía contabilizarse el lapso para incoar
la acción de reparación directa.
Por otra parte, las demandantes sostienen que existen pronunciamientos del
Consejo de Estado en los que se ha indicado que el intervalo para promover
una demanda de reparación directa, atañedera a bienes decomisados, se inicia
con la devolución de estos. Al analizar los aludidos fallos se evidencia que en
los de (i) 27 de marzo de 201430 se declaró la caducidad de una demanda de
reparación directa, porque debió promoverse dentro de los dos (2) años
siguientes al instante en que se aprehendieron unos bienes incautados en un
allanamiento realizado a la empresa Recasol Ltda., (ii) 30 de marzo de 201731
se desató un asunto atañedero a privación injusta de la libertad, pero allí no se
analizó la institución procesal de la caducidad, y (iii) 1º de octubre de 202132
se señaló que «en aquellos casos en los que se reclama por la entrega tardía
de un bien decomisado o por la entrega del bien en condiciones que no son
[ó]ptimas, la jurisprudencia […] de esta Corporación ha considerado que el
29
Consejo de Estado, sección tercera, subsección B, sentencia de 30 de julio de 2015, C. P. Stella Conto Díaz
del Castillo, expediente 05001-23-33-000-2014-01885-01.
30
C. P. Danilo Rojas Betancourt, expediente 25000-23-26-000-2002-12043-01.
31
C. P. Ramiro Pazos Guerrero; expediente 25000-23-26-000-1997-01538-01.
32
C. P. Alberto Montaña Plata, expediente 08001-23-31-000-2008-00716-01.
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Actoras: Rosaura Garavito Leal y otras
término de caducidad debe contabilizarse a partir del día siguiente de la
entrega efectiva del bien decomisado».
Así las cosas, las sentencias invocadas por las actoras que resultan aplicables
al caso concreto son las de 27 de marzo de 2014 y 1º de octubre de 2021, dado
que en la primera se indicó que el término para demandar en asuntos como el
debatido en el proceso de reparación directa 05001-23-31-000-2011-01592-00
se inicia desde el decomiso, mientras que en la segunda se precisó que ese
lapso se computa a partir de la devolución de los elementos aprehendidos.
De lo expuesto se colige que no existe criterio unificado sobre el particular y
las autoridades accionadas justificaron su decisión en otro pronunciamiento
que acoge la primera postura, como lo es el de 16 de diciembre de 202033,
emitido por el Consejo de Estado en un caso con contornos fácticos similares
al debatido en la demanda 05001-23-31-000-2011-01592-00 (en el que se
señaló que «el daño se consolidó en el momento en que [se ejecutó] la decisión
del juez penal de ordenar el decomiso del vehículo, aunque los efectos de esa
decisión hubiesen subsistido hasta que el juez de tutela ordenó la entrega del
automotor»), en consecuencia, no merece reproche alguno que en la
providencia acusada se haya observado este derrotero y no al que hacen
alusión las actoras, puesto que se presume adoptada en virtud del principio de
autonomía judicial.
En ese orden de ideas, ante la referida disparidad de posturas, se reitera, los
señores magistrados demandados estaban en la potestad de atender el que
consideran pertinente y razonable, de manera que no resulta reprochable que
hayan acogido la posición fijada en las sentencias de 27 de marzo de 2014 y de
16 de diciembre de 2020.
Así las cosas, la Sala concluye que el fallo atacado tampoco incurre en
desconocimiento del precedente.
A partir de los anteriores prolegómenos y comoquiera que la providencia
censurada no involucra defecto sustantivo ni desconocimiento del precedente,
se impone revocar el fallo impugnado, que declaró improcedente la acción de
tutela de la referencia, para en su lugar, negar el amparo deprecado.
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Sección tercera, subsección C, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas, expediente 19001-23-31-000-2010-
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-02734-01
Actoras: Rosaura Garavito Leal y otras
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
1º. Revócase la sentencia de 23 de junio de 2022, proferida por el Consejo de
Estado (sección cuarta), que declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia; en su lugar, niégase el amparo de los derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de
justicia invocados por las señoras Rosaura Garavito Leal y Mayerly y Dianny
Alejandra Rincón Garavito, conforme a lo indicado en la motivación.
2º. Notifíquese esta determinación judicial a las partes por el medio más
expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
3º. Comuníquese la presente sentencia a la sección cuarta de esta Corporación
y remítasele copia.
4º. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991 envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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