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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02735-01

Fecha
6 de octubre de 2022
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02735-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 8 de julio de 2022, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-02735-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

6 de octubre de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02735-01
Demandante: Autopistas del Café S.A.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., seis (6) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02735-01
Demandante: AUTOPISTAS DEL CAFÉ S.A.
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN “C”

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Auto que niega
excepción previa de cláusula compromisoria en acción de
repetición. Requisito general de la relevancia constitucional
cuando se acude como instancia adicional

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte demandante, mediante apoderado judicial, contra la
sentencia de 8 de julio de 2022, dictada por la Sección Primera del Consejo de
Estado, en la que se declaró improcedente la acción de tutela al considerar que no
cumple con el requisito de la relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La parte actora manifestó que la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI,
presentó acción de repetición en su contra y de la sociedad Cano Jiménez
Estudios y Construcciones S.A., con el fin de que se les ordenara efectuar el pago
correspondiente al 50% del valor de la condena que le fue impuesta por sentencia
de 16 de junio de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, dentro
del medio de control de reparación directa1, por los perjuicios ocasionados a
Martha Cecilia Valencia, Luisa Fernanda Rodríguez Vélez, Mariana Andrea
Rodríguez Arias, Claudia Patricia Rodríguez Vélez, Gustavo Adolfo Rodríguez
Vélez, Andrés Rogelio Rodríguez Vélez, con ocasión a la muerte de Rogelio
Antonio Rodríguez, en un accidente de tránsito ocurrido el 2 de junio de 2008 (exp.
No. 11001-33-36-038-2018-00388-01).

Sostuvo que el trámite judicial correspondió por reparto al Juzgado Treinta y Ocho
Administrativo del Circuito de Bogotá, que por auto de 27 de mayo de 2019 avocó
conocimiento del asunto, admitió la demanda y ordenó el traslado a las partes
demandadas.

La demandante señaló que al contestar la demanda formuló, entre otras, la
excepción previa denominada “cláusula compromisoria” debido a que, en el
contrato de concesión No. 113 de 1997 suscrito con la ANI, se estipuló la cláusula

1 Exp. No. 17001-33-31-002-2010-00226-02.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02735-01
Demandante: Autopistas del Café S.A.

cuadragésima primera en la que se pactó lo siguiente: “(…) CLÁUSULA
CUADRAGÉSIMA PRIMERA. CLÁUSULA COMPROMISORIA: Las diferencias
que se susciten en relación con el Contrato, serán sometidas a un Tribunal Arbitral
que sesionará en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio
de Bogotá y que estará integrado por tres árbitros colombianos, designados de
común acuerdo entre las partes. En caso de que no sea posible, los árbitros serán
designados por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de
Bogotá, a solicitud de cualquiera de las partes. Se fallará siempre en derecho y el
domicilio del tribunal será Bogotá D.C. (…)”.

Indicó que la referida excepción fue negada a través de auto de 14 de octubre de
2020, bajo el argumento de que el objeto del medio de control de repetición está
encaminado a que, la administración recupere los dineros que debió pagar en
razón a una condena judicial determinando si las partes implicadas actuaron con
dolo o culpa grave. A lo que agregó que el componente subjetivo poco o nada
cuenta al verificar si las obligaciones contractuales han sido satisfechas porque lo
que se debe verificar es el alcance de las obligaciones, su efectiva ejecución y que
la cláusula compromisoria debió invocarse en el medio de control de reparación
directa en el que resultó condenada la ANI.

Aseveró que interpuso recurso de apelación contra dicha providencia aduciendo
que: “(i) La primera pretensión de la demanda de la ANI es que se declare
responsables a las demandadas por la conducta gravemente culposa por la
omisión al cumplimiento de sus obligaciones, de modo que el reproche se
encamina al incumplimiento de obligaciones. Por lo cual existe relación directa
entre el reproche de la ANI y el objeto de la cláusula compromisoria del contrato
entre esta y mi representada; (ii) El elemento subjetivo de dolo o culpa grave que
supuestamente se imputa a Autopistas del Café S.A., que no existe, se pretende
probar con base en el cumplimiento de las obligaciones de la sociedad en virtud
del Contrato de Concesión No. 113 de 1997. Asimismo, la propia ANI en la
primera de las pretensiones propone una controversia alrededor del cumplimiento
de las obligaciones del contrato estatal de concesión; (iii) La cláusula
compromisoria no podría ser invocada en el proceso inicial que condenó a la ANI,
porque (a) frente al tercero que inició el proceso la cláusula compromisoria es
inoponible y (b) no haberla invocado frente a un tercero no cambia el hecho de la
vigencia y validez de la cláusula”.

Por último, señaló que el recurso fue resuelto por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C”, mediante providencia de 22 de
noviembre de 2021, en el sentido de confirmar la decisión del a quo, indicando que
la competencia para conocer de la acción de repetición no puede ser decisión
autónoma de las partes, la jurisdicción contencioso administrativa tiene
competencia taxativa, preferente y especial para conocer de este proceso en el
que se protege la moralidad administrativa y el correcto ejercicio de la función
pública. Además, el origen de la acción de repetición no es resolver diferencias del
contrato de concesión, sino que es una obligación legal del Estado pues protege el
interés público y la moralidad pública.

2. Fundamentos de la acción

La sociedad anónima Autopistas del Café presentó acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C”, al
considerar que vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, con la emisión del auto de 22 de noviembre
de 2021, en el que negó la excepción previa denominada “cláusula
compromisoria”, formulada en el marco del medio de control de repetición iniciado
por la ANI en su contra (exp. No. 11001-33-36-038-2018-00388-01).

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Demandante: Autopistas del Café S.A.

Aseguró que la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad dado que (i) goza de relevancia constitucional, en tanto lo que se
discute se relaciona con el derecho fundamental al debido proceso y la
competencia constitucional que se le reconoce a los árbitros en el artículo 116 de
la Constitución Política; (ii) no existen otros medios de defensa judicial para
controvertir la decisión demandada pues fue proferida en el marco del recurso de
apelación; (iii) se interpuso dentro de un plazo razonable dado que la providencia
demandada se notificó el 23 de noviembre de 2021 y la acción de tutela se
presentó el 18 de mayo de 2022; (iv) se discute la ocurrencia de una irregularidad
procesal que tiene un efecto decisivo en la decisión, porque dada la existencia de
la cláusula compromisoria la autoridad judicial demandada carece de competencia
para conocer el asunto puesto a su consideración; (v) se identificaron de manera
razonable los hechos que generaron la vulneración y los derechos vulnerados, lo
que se alegó en el proceso judicial y, por último, (vi) no se interpuso contra una
sentencia de tutela.

Enseguida, sostuvo que la providencia demandada incurrió en los siguientes
defectos:

Defecto orgánico, por cuanto la jurisdicción de lo contencioso administrativo
carece de competencia para decidir sobre las diferencias relacionadas con el
contrato de concesión, al existir una cláusula compromisoria que designa la
competencia a un tribunal de arbitramento.

Defecto procedimental, al comprobarse la existencia de la cláusula
compromisoria la autoridad judicial accionada debió declarar probada la excepción
y remitir el expediente al tribunal arbitral. En otras palabras, debió seguir el
procedimiento que se indica en la cláusula compromisoria.

Violación directa de la Constitución, teniendo en cuenta que debió protegerse la
voluntad de las partes al otorgar al tribunal arbitral jurisdicción para dirimir las
controversias derivadas del contrato de concesión, máxime si se tiene en cuenta
que el arbitramento es una figura de carácter constitucional.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formularon las siguientes:

“PRIMERA. TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso de AUTOPISTAS
DEL CAFÉ S.A. establecido en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia.

SEGUNDA. DECLARAR que el auto que negó la excepción previa de cláusula
compromisoria del 22 de noviembre de 2021 proferido por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca – Sección Tercera en el proceso de Acción de Repetición con
radicado 11-001-33-36-038-2018-00388-00, violó el artículo 29 de la Constitución
Política de Colombia.

TERCERA. ORDENAR la revisión del auto que negó la excepción de cláusula
compromisoria del 22 de noviembre de 2021 proferido por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca – Sección Tercera en el proceso de Acción de Repetición con
radicado 11-001-33-36-038-2018-00388-00, a fin de que se garantice el debido
proceso y el acceso a la Justicia.

CUARTA. DECRETAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera
que le reconozca el derecho que tiene AUTOPISTAS DEL CAFÉ S.A”.

4. Pruebas relevantes

Por correo electrónico de 27 de mayo de 2022, la Secretaría del Juzgado Treinta y
Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Tercera, remitió copia digital
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del expediente que contiene la acción de repetición radicada bajo el No. 11001-33-
36-038-2018-00388-00.

5. Trámite procesal

La Sección Primera del Consejo de Estado admitió la solicitud de amparo
mediante auto de 20 de mayo de 2022 y ordenó notificar al Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C”, así como a la ANI, a la Unión
Temporal Cano Jiménez, hoy sociedad Cano Jiménez Estudios y Construcciones
S.A. y al Juzgado Treinta y Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección
Tercera, en calidad de terceros con interés en el trámite constitucional.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios de notificación
electrónica No. 57523 a 57534 de 24 de mayo de 20222, para dar cumplimiento a
lo ordenado en la providencia.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección “B”

En escrito allegado el 26 de mayo de 2022, el Magistrado Ponente de la decisión
demandada pidió que se declare improcedente la acción de tutela, al considerar
que carece de relevancia constitucional dado que fue elevada como una instancia
adicional ante la inconformidad con lo resuelto en el auto de 22 de noviembre de
2021.

A lo que agregó que en el escrito de tutela no se argumentó de manera clara y
concreta cuál era la importancia constitucional de la discusión planteada, sino que
se limitó a señalar cuáles son los derechos fundamentales que considera
vulnerados sin cumplir con la carga argumentativa exigida por la jurisprudencia
constitucional respecto a la relevancia constitucional del asunto.

En cualquier caso, indicó que la providencia demandada no incurrió en los
defectos alegados por el accionante.

En cuanto al defecto orgánico, manifestó que tal y como se sustentó en la
providencia demandada, la acción de repetición no puede ser conocida por un
Tribunal de Arbitramento en virtud de una cláusula compromisoria, dado que: “i) El
legislador otorgó el conocimiento de la acción de repetición, de forma taxativa,
preferente y especial, a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. (art. 7 Ley 678
de 2001), ii) La competencia para juzgar estos asuntos no puede estar sometida a
una decisión autónoma de las partes, máxime cuando el asunto trata sobre el “(…)
orden y las buenas costumbres", pues al tenor del artículo 16 del Código Civil, en
estos casos, la jurisdicción se encuentra reservada de forma permanente y
exclusiva en el Estado, y por ende, no puede ser trasladada a un Tribunal de
Arbitramento, sino que la misma debe ser conocida por esta Jurisdicción iii) El
origen del medio de control de repetición no es resolver las diferencias que se
presentaron con el contrato de concesión No. 113 de 1997, caso en el cual sí sería
competente el Tribunal de Arbitramento, sino, la misma, se deriva de una
obligación legal por parte de la entidad pública condenada de presentar esta
demanda en virtud de las exigencias propias del Estado social de derecho, el

2 Las partes demandante y demandada, así como los terceros con interés fueron notificados a las

siguientes direcciones de correo electrónico: juridica@autopistadelcafe.com; ogalvis@nossa-
galvis.com; scs03sb03tadmincdm@notificacionesrj.gov.co;
scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co; buzonjudicial@ani.gov.co; contactenos@ani.gov.co;
admin38bt@cendoj.ramajudicial.gov.co; jadmin38bta@notificacionesrj.gov.co.
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interés y la moralidad pública (art. 4 Ley 678 de 2001), aunado a que la misma
busca determinar si la condena impuesta a la entidad pública obedeció a un actuar
gravemente culposo o doloso de los demandados en calidad de particulares que
prestaron función pública”.

Frente al defecto procedimental aseveró que tampoco se configuró, en tanto se
respetaron las ritualidades propias del proceso contencioso administrativo para
efectos de proferir la decisión que resolvió el recurso de apelación. Además, no es
procedente aplicar el procedimiento de arbitramento dado que, como ya se explicó
con suficiencia, la excepción previa de la cláusula compromisoria no está llamada
a prosperar en las acciones de repetición.

En este sentido, indicó que tampoco incurrió en violación directa de la Constitución
porque no se desconocieron las normas relacionadas con el mecanismo de
arbitramento como alternativo para la solución de conflictos, dado que no era
procedente remitir el asunto a un Tribunal de Arbitramento.

6.2. Respuesta de la ANI

Mediante correo electrónico de 25 de mayo de 2022, el apoderado judicial de la
entidad pidió que se desvincule del trámite constitucional por considerar que se
configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto la acción
constitucional se dirige a cuestionar la providencia del 22 de noviembre de 2021
mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección “B”, confirmó el auto del 14 de octubre de 2020 en el cual el Juzgado
Treinta y Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Tercera, negó, entre
otras, la excepción previa de cláusula compromisoria, situación que no le es
atribuible a ella sino que únicamente es del resorte de la autoridad judicial
demandada.

Indicó que la acción de tutela no cumple con el requisito de la inmediatez, habida
cuenta que transcurrieron más de seis (6) meses entre la emisión del auto de
segunda instancia del 22 de noviembre de 2021 y la formulación de la acción de
tutela.

Así mismo, manifestó que se deben negar las pretensiones de la solicitud de
amparo, pues la decisión demandada no vulneró los derechos fundamentales
invocados por el actor, teniendo en cuenta que resulta razonable y se fundamentó
de forma suficiente en las normas y jurisprudencia aplicables al caso, por lo que, al
margen de que la parte accionante en tutela comparta o no esa determinación, no
puede tildarse de arbitraria, caprichosa o constitutiva de vía de hecho.

6.3. La Unión Temporal Cano Jiménez, hoy sociedad Cano Jiménez Estudios
y Construcciones S.A. y el Juzgado Treinta y Ocho Administrativo del
Circuito de Bogotá, Sección Tercera, guardaron silencio aun cuando fueron
debidamente notificados del auto admisorio de la acción de tutela.

7. Sentencia de tutela impugnada

La Sección Primera del Consejo de Estado por sentencia de 8 de julio de 2022,
declaró improcedente la acción de tutela al advertir que no cumple con el requisito
de la relevancia constitucional, dado que fue elevada como una instancia
adicional, como quiera que “los argumentos que invoca la parte actora como
fundamento de la presunta vulneración de sus derechos fundamentales son los
mismos que fueron puestos a consideración del TRIBUNAL en el escrito de
apelación contra el auto de primera instancia proferido por el JUZGADO, y
mediante el cual se denegó la excepción previa”.

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Manifestó que los argumentos que sirvieron de sustento para los defectos
invocados en el escrito de tutela fueron debidamente abordados en la providencia
objeto de reproche constitucional, los cuales además obedecen a un debate de
mera legalidad, en el que el juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de
otorgar a la acción de tutela el carácter de una tercera instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales y de paso invadir la
competencia y la independencia del juez ordinario.

Por último, resaltó que tampoco se comprobó la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente la acción de tutela de la referencia como
mecanismo transitorio, dado que el proceso ordinario se encuentra en trámite y a
la sociedad actora se le han garantizado sus derechos procesales durante el curso
de la actuación, por lo que al ser decidido el asunto de fondo contará con los
recursos legales para que si a bien lo tiene controvierta las decisiones que formule
el juez natural de la causa.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
demandante impugnó la anterior decisión, bajo los siguientes argumentos:

Manifestó que contrario a lo resuelto por el a quo, no es cierto que se pretenda
reabrir una discusión abordada por la accionada, pues el no reconocimiento de la
cláusula compromisoria válidamente acordada en el contrato de concesión No.
113 de 1997 constituye a todas luces un asunto de evidente relevancia
constitucional, ya que la voluntad de los particulares de dotar de competencia a un
tribunal arbitral y sustraer la competencia de la jurisdicción administrativa, se
encuentra consagrada en la Constitución Política.

Al respecto, mencionó que de conformidad con la sentencia T-136 de 2003 de la
Corte Constitucional3 y la sentencia de 7 de marzo de 2012 de la Sección Tercera,
Subsección “A” del Consejo de Estado4, debe respetarse la voluntad que
plasmaron las partes encaminada a definir que las diferencias suscitadas en torno
al contrato de concesión sean resueltas a través del mecanismo del arbitramento,
circunstancia que impide que la jurisdicción contencioso administrativa pueda
conocer del asunto por falta de competencia.

Por último, refirió que los demás requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela se encuentran cumplidos y reiteró los argumentos expuestos en el escrito
de tutela relacionados con la configuración de los defectos orgánico,
procedimental y de violación directa de la Constitución.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

3 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4 Exp. No. 76001-23-31-000-1997-04862-01(18013), C.P. Mauricio Fajardo Gómez

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2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer, en los términos del escrito de impugnación, si
se debe revocar la sentencia de 8 de julio de 2022, dictada por la Sección Primera
del Consejo de Estado, en la que se declaró la improcedencia de la acción de
tutela por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional, y si se debe
estudiar el asunto de fondo el asunto porque lo que se discute está relacionado
con la garantía constitucional que se otorga a las partes contratantes de someter
sus diferencias ante un Tribunal de Arbitramento y no ante la jurisdicción
contencioso administrativa.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y
(ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde
resolver a otras jurisdicciones5.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20056, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional7.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como
criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como
requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de
la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala8, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela
no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir
asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de
discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
5 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez.
6 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P.

María Victoria Calle Correa.
7 la Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-

02201-01.
8 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.

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Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que
el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la
decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo
que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el
sentido de la propia decisión cuestionada.

iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en
el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no
está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar,
completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o
proponerse ante el juez natural.

v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por
más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda
de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de
interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las
decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir,
no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe
insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues
ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que,
en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. La parte actora impugnó la decisión de primera instancia, al considerar que la
acción de tutela no fue interpuesta como una instancia adicional, sino que por el
contrario busca proteger una garantía constitucional como es la voluntad de las
partes contratantes de someter sus conflictos a un Tribunal de Arbitramento, frente
a lo cual mencionó la sentencia T-136 de 2003 de la Corte Constitucional9 y la
sentencia de 7 de marzo de 2012 de la Sección Tercera, Subsección “A” del
Consejo de Estado10.

4.2. Al respecto, la Sala anticipa que confirmará la decisión objeto de
impugnación, al considerar que la acción de tutela se torna improcedente porque
fue presentada como una instancia adicional, por lo que de efectuar un estudio de
fondo se estaría emitiendo un pronunciamiento sobre los aspectos que ya fueron
decididos en las providencias objeto de reproche constitucional, como se expone a
continuación:

4.2.1. Lo primero que se debe precisar, es que aun cuando el proceso de
repetición se encuentra en curso, por lo que en principio la acción de tutela sería

9 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10 Exp. No. 76001-23-31-000-1997-04862-01(18013), C.P. Mauricio Fajardo Gómez

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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improcedente por no cumplir el requisito de la subsidiariedad, lo cierto es que la
decisión cuestionada resolvió una cuestión sustancial relacionada con la
competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativa para conocer de
ese medio de control, en la que se resolvió negar la excepción previa denominada
existencia de cláusula compromisoria11.

Ahora bien, como se advirtió en el acápite de antecedentes de esta providencia, la
ANI presentó acción de repetición en contra de la ahora sociedad accionante,
Autopista del Café y de la sociedad Cano Jiménez Estudios y Construcciones
S.A., con el fin de que se les ordenara efectuar el pago correspondiente al 50% del
valor de la condena que le fue impuesta en un proceso de reparación directa.

En el marco del trámite judicial de repetición la sociedad Autopistas del Café S.A.
presentó excepciones previas, bajo el argumento de que en el contrato de
concesión No. 113 de 1997, suscrito con la ANI se estipuló que las partes se
comprometían a resolver las diferencias relacionadas con el contrato de concesión
a través de un Tribunal de Arbitramento que sesionara en el Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y que estará integrado por tres
árbitros colombianos, designados de común acuerdo entre las partes.

El Juzgado Treinta y Ocho Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Tercera,
por auto de 14 de octubre de 2020 negó la excepción previa, con sustento en lo
siguiente:

“La apoderada excepcionante basa esta excepción en que entre las partes se
suscribió el Otrosí 16 al Contrato de Concesión 113 de 1997, por medio del cual las
entidades aquí involucradas acordaron que las diferencias que surgieran entre ellas,
con motivo del contrato, serían resueltas por la justicia arbitral. Por ende, considera la
profesional del derecho, que este operador judicial carece de jurisdicción.

El Despacho no encuentra de recibo esta excepción. En primer lugar, tal como lo
enfatiza la abogada, la cláusula compromisoria firmada entre las partes tiene por
objeto someter a la justicia arbitral "Las diferencias que se susciten en relación con el
Contrato". Es decir, que esa justicia se ocupará eventualmente de las diferencias que
se presenten entre ellos en torno a la ejecución del contrato, lo que significa evaluar si
cada una de las partes está cumpliendo satisfactoriamente las obligaciones que
aceptó al firmar el negocio jurídico; sin embargo, nada de eso se discute en este
asunto, pues como es sabido el objeto del medio de control de repetición está
encaminado a que la administración recupere unos dineros que debió pagar a raíz de
una condena impuesta en su contra, en lo que juega un rol preponderante si el
implicado actuó con dolo o culpa grave.

En segundo lugar, es claro que el componente subjetivo poco o nada cuenta a la hora
de verificar si las obligaciones contractuales han sido satisfechas, pues lo que se debe
verificar en las disputas contractuales es el alcance de las obligaciones asumidas y la
efectiva ejecución de las mismas.

En tercer lugar, la cláusula compromisoria, en criterio de este operador judicial, ha
debido invocarse en el medio de control de reparación directa en el que resultó
condenada la entidad excepcionante, pues es en ese escenario procesal donde debió
verificarse si esa sociedad omitió cumplir sus obligaciones contractuales, lo que por el
hecho de la condena patrimonial que le fue impuesta sugiere que en algo fallo”
(subrayas de la Sala).

La parte actora interpuso recurso de apelación en el que insistió que debido a que
las pretensiones formuladas por la ANI en la demanda de repetición están
relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato de
concesión, por lo que, a su juicio, es el Tribunal de Arbitramento el competente
para decidir sobre tal cumplimiento, así como para establecer si existe o no

11Corte Constitucional, sentencia T-704 de 2012 y sentencia T-113 de 2013, M.P. M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva.
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procedencia en relación con la recuperación de los dineros pagados por una
condena judicial.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C”, por
auto de 22 de noviembre de 2021, luego de efectuar un análisis del marco
normativo y jurisprudencial en cuanto a la competencia exclusiva de la jurisdicción
contencioso administrativa para conocer el medio de control de repetición, así
como la naturaleza de dicho trámite judicial y el alcance de las cláusulas
compromisorias que remiten las controversias a Tribunales de Arbitramento,
resolvió confirmar la decisión apelada, teniendo en cuenta lo siguiente:

“(…) para este despacho, no son de recibo los argumentos del apelante, pues si bien
es cierto, existe una cláusula compromisoria dentro del contrato de concesión No. 113
de 1997 que señala que “(…) Las diferencias que se susciten en relación con el
contrato, serán sometidas a árbitros colombianos(…)”(fl. 170 Cp1) ésta no otorga la
competencia al Tribunal de Arbitramento para conocer del medio de control de
repetición, ya que, en primer lugar, el legislador otorgó el conocimiento de esta acción,
de forma taxativa, preferente y especial, a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
(art. 7 Ley 678 de 2001).

En segundo lugar, no se puede perder de vista que este medio de control de
repetición es un mecanismo para proteger no solo el patrimonio del Estado, sino
también para garantizar la moralidad pública y además estimular el correcto ejercicio
de la función pública para garantizar que las personas que tienen a cargo el
funcionamiento del servicio público asuman responsablemente el ejercicio de sus
funciones, razón por la cual, la competencia para juzgar estos asuntos no puede estar
sometida a una decisión autónoma de las partes, máxime cuando el asunto trata sobre
el “(…)orden y las buenas costumbres"12, pues al tenor del artículo 16 del Código Civil,
en estos casos, la jurisdicción se encuentra reservada de forma permanente en el
Estado, y por ende, no puede ser trasladada a un Tribunal de Arbitramento.

En tercer lugar, el origen de esta acción no es resolver las diferencias que se
presentaron con el contrato de concesión No. 113 de 1997, como lo afirma el
apelante, sino, la misma, primero, se deriva de una obligación legal por parte de la
entidad pública condenada de presentar esta demanda en virtud de las exigencias
propias del Estado social de derecho, el interés público y la moralidad pública (art. 4
Ley 678 de 2001), pues de no hacerlo se podrá estar incurso en causal de destitución,
(art. 8 ib), y segundo, la misma busca determinar si la condena impuesta a la entidad
pública obedeció a un actuar gravemente culposo de los demandados en calidad de
particulares que prestaron función pública, y que si bien, en el estudio se ven
involucrados aspectos relacionados con el cumplimiento de obligaciones
contractuales, esto es consecuencia de los mismos presupuestos que ha establecido
el legislador y la jurisprudencia para efectos de estudiar la responsabilidad de los
servidores públicos respecto al elemento subjetivo, ya que se entra a verificar si el
agente causó el daño como consecuencia de “una infracción directa de la Constitución
o a la ley” o “ de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las
funciones”, o por una “ Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho”(
art. 6 ib.), esto analizado a partir de las “funciones contempladas en los reglamentos o
manuales respectivos de estos, y los conceptos de buena y mala fe contenidos en la
Constitución Política.

En suma, esta acción no puede ser conocida por un Tribunal de Arbitramento en virtud
de una cláusula compromisoria, dado que analizada la naturaleza y finalidad del medio
de control de repetición, el conocimiento del mismo se encuentra reservado para el
Estado en vista que aquí no solo se discuten temas eminentemente patrimoniales,
sino también comprende temas relacionados con la moralidad pública y el correcto
ejercicio de la función pública, los cuales resultan importantes para efectos de
garantizar en nuestro sistema el cumplimiento eficiente de las tareas públicas por
parte de los agentes del Estado y particulares que ejercen función pública” (subrayas
de la Sala).

De acuerdo con lo anterior, la Sala observa que en las dos instancias las
autoridades judiciales estudiaron y se pronunciaron en cuanto al debate del

12Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia sentencia de 8 de enero de 2016, exp. No.
54001233100020020152901 (40476). C.P. Danilo Rojas Betancourth.
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alcance de la cláusula compromisoria contemplada en el contrato de concesión
No. 11 de 1997 y la imposibilidad de aplicarla para discutir lo relacionado con la
acción de repetición iniciada por la ANI, dada la naturaleza particular de dicho
medio de control.

Ahora bien, cabe resaltar que los argumentos expuestos en el escrito de tutela se
enfocaron en que las providencias demandadas incurrieron en defecto orgánico,
defecto procedimental y violación directa de la Constitución, pues al existir una
cláusula compromisoria en el contrato de concesión No. 113 de 1997, suscrito con
la ANI, la jurisdicción contencioso administrativa carece de competencia para
conocer la acción de repetición iniciada por la ANI en su contra y, por tanto, se le
dio el trámite procesal indebido.

Dichos argumentos, permiten evidenciar que la solicitud de amparo constitucional
fue presentada con el fin de dar continuidad al debate ventilado en el medio de
control de repetición, pues la inconformidad del actor se relaciona con la aplicación
de la cláusula compromisoria, lo cual fue debidamente abordado tanto en primera
como en segunda instancia por lo que de ser estudiado de fondo supondría reabrir
nuevamente la discusión litigiosa que ya fue resuelta, desnaturalizando este medio
de defensa judicial de naturaleza residual y subsidiaria.

Adicionalmente, aun cuando en el escrito de impugnación el actor sostuvo que la
acción de tutela goza de relevancia constitucional porque se invoca la protección
de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia, lo cierto es que este presupuesto no se agota únicamente en que la
discusión gire en torno a garantías ius fundamentales, sino que es necesario que
el debate sea netamente constitucional y en torno al contenido, alcance y goce de
los derechos fundamentales (SU-215 de 202213), y que no implique un
pronunciamiento sobre aspectos que ya fueron decididos por el juez natural a
modo de instancia adicional.

Al respecto, es necesario recordar que la Corte Constitucional en sentencia SU-
573 de 201914, estableció que la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a
saber: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de
la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces”15 (Negrilla y resalta de la Sala).

Por último, como quiera que el medio de control de repetición radicado bajo el No.
11001-33-36-038-2018-00388-01, aún se encuentra el curso, será en el marco de
dicha instancia en donde la sociedad Autopistas del Café tendrá la posibilidad de
ejercer su derecho de defensa contando con todas las garantías procesales
necesarias para lograr establecer si le asiste o no obligación de devolver lo
pagado por la ANI por concepto de la condena de reparación directa.

De este modo, es claro que la sociedad accionante acudió a la acción de tutela
con el fin de solicitar el amparo constitucional de sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, a la manera de una
instancia adicional, es este caso, una tercera instancia, toda vez que insiste en el
mismo debate legal relacionado con la aplicación de la cláusula compromisoria

13
M.P. Natalia Ángel Cabo.
14 M.P.: Carlos Bernal Pulido.
15 Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger.

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contenida en el contrato de concesión No. 113 de 1997 al medio de control de
repetición.

Así las cosas, la Sala confirmará la decisión impugnada que declaró improcedente
la acción de tutela.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 8 de julio de 2022, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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