Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02739-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02739-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-02739-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
16 de junio de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02739-00
Demandante: José Libardo Quintero Sandoval
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2022-02739-00
Demandante JOSÉ LIBARDO QUINTERO SANDOVAL
Demandado PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y REGISTRADURÍA NACIONAL
DEL ESTADO CIVIL
Temas Acción de tutela. Causales generales de improcedencia de la
acción. Alimentación para jurados de votación.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia, la acción de tutela
instaurada por José Libardo Quintero Sandoval, de conformidad con lo dispuesto
por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 18 de mayo de 20221, José Libardo Quintero Sandoval instauró acción de tutela,
en nombre propio, contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales a la integridad física, a la vida, a la
igualdad, al mínimo vital y al trabajo.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1. Amparar los derechos fundamentales Derechos Fundamentales Constitucionales
preferente a la INTEGRIDAD FISICA (sic), A LA VIDA, A LA IGUALDAD, MINIMO (sic)
VITAL Y AL TRABAJO, consagrados en los artículos 1, 2, 5, 11, 13, 17, C.N.
“2. Ordenar al accionado, ofrecer a partir de la jornada electoral del 29 de mayo de 2022,
hidratación fría y caliente y alimentos, para los jurados de votación.
“3. Prevenir que, en caso de continuar la jornada a una segunda vuelta, deberá igualmente
ofrecer hidratación y alimentos.
“4. Vincular a Presidencia de la Republica (sic), como motivo de la elección para el cargo de
presidente y ordenar el suministro de hidratación y alimentos a los jurados de votación.
“5. Ordenar al accionado y advertir que los jurados de votación deberán como mínimo,
ofrecerse la hidratación y alimentos, a partir de la jornada de votación del 29 de mayo de
2022, en cumplimiento al art. 2, 3 y 5 de la C.N.”
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El tutelante aseguró que es abogado, que no tiene un salario fijo y que resultó
afectado por la pandemia del Covid-19.
2.2. Asimismo, informó que fungió como jurado de votación para las elecciones del
Congreso de la República y de las consultas partidistas celebradas el 13 de
1 Índice 1 en Samai.
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marzo de 2022 y para la jornada de elección de presidente del 29 de mayo de
2022.
2.3. Indicó que la Registraduría le informó que también debía desempeñarse como
jurado de votación de la segunda vuelta presidencial que se llevará a cabo en
junio de 2022.
3. Fundamentos de la acción
El accionante reprochó el no haber recibido bebidas y alimentación durante las
jornadas electorales en las que ha fungido como jurado de votación. En sus
palabras:
“el jurado debe aguantarse a la manera esclavo con un sistema de selección inquisidor, porque
esta (sic) obligado y viola las garantías mínimas como sujeto de derecho, persona viva y como
persona ciudadana común; por qué?; simplemente justifican que es un deber, que hay una
compensación de un día libre y ¿a quién?; que no tienen dinero para atender este mínimo de
atención básica a un jurado, para desarrollar una jornada de elección sin hambre, sin sed y
tranquilos.
¿Ser seleccionado, es una obligación con garantías o una obligación inquisidora?, señor juez,
vea usted que ellos si justifican que dan alimentos e hidratación a su personal con ayuda inter
institucional y que tienen un contrato celebrado con esa persona debidamente autorizada y
funcional para ellos, pero el jurado que es???, un simple ciudadano para ejecutar el desarrollo
de una jornada, donde se le viola los derecho del mínimo vital, la integridad, la igualdad, la
vida, y el trabajo, que no goza de garantías básicas y mínimas, están obligados y amenazados
con sanción; frente a un personal contratado. OSEA EL JURADO NO LE DA SED, NO LE DA
HAMBRE y debe soportar eso, hasta la entrega de la mesa?
La registraduría ¿cómo sabe que el jurado seleccionado está empleado y económicamente es
solvente?, que si ese jurado es una persona independiente o que está desempleado y tienen
dinero para comprar su hidratación y alimentos??? Y no va a sentir necesidades fisiológicas
por sed o hambre?”.
Finalmente, solicitó como medida provisional “que en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 7º del Decreto 2591/91, se sirva decretar de manera urgente en el auto admisorio de la
acción de tutela, la Medida Provisional para la protección de los derechos fundamentales
constitucionales prevalente (sic) para que de manera inmediata y urgente se ordene a la entidad
accionada REGISTRADURIA (sic) NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, realizar de manera urgente
y expedita, la contratación de puntos de hidratación, suministro de alimentos DESAYUNO,
ALMUERZO Y REFRIGERIO a los jurados de votación para la jornada de elección presidencial
el próximo 29 de mayo de 2022”.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Mediante providencia de 17 de mayo de 2022, el Juzgado Primero Penal del
Circuito con Funciones de Conocimiento de Neiva, al que inicialmente se le
repartió la tutela, ordenó la remisión de esta última al Consejo de Estado, en
virtud del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015.
4.2. En auto de 24 de mayo de 2022, el despacho ponente admitió la acción de
tutela interpuesta por José Libardo Quintero Sandoval, quien actúa en nombre
propio, contra la Presidencia de la República y la Registraduría Nacional del
Estado Civil; y negó la medida provisional solicitada por la parte actora.
4.3. El representante del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República y del presidente de la República manifestó que la presunta
vulneración de derechos fundamentales alegada por el actor no se origina en
ninguna actuación u omisión de sus representados. Y por tanto, mencionó que
no existe legitimación en la causa por pasiva, pues lo reprochado por el
tutelante se relaciona con la gestión de la Registraduría Nacional del Estado
Civil.
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Por esos motivos, solicitó la declaratoria de improcedencia de la tutela
interpuesta.
4.4. La Registraduría Nacional del Estado Civil aseguró que no ha incurrido en
omisión que vulnere o amenace los derechos fundamentales alegados por el
actor. Por el contrario, sostuvo que su actuación se ha apegado a las
obligaciones constitucionales y legales sobre la organización y dirección de los
procesos electorales, así como a las normas que regulan la labor de los
jurados de votación.
Seguido, se refirió a las normas que establecen la designación de jurado de
votación como un deber ciudadano ineludible y de forzosa aceptación, para lo
cual transcribió los artículos 5 de la Ley 163 de 1994 y 105 del Decreto Ley
2241 de 1986.
Sostuvo, también, que la ley no le impone la obligación de proveer hidratación
y alimentación a los jurados de votación. Aun así, el ordenamiento jurídico
previó otra forma de compensación por la prestación del servicio, consistente
en un día de descanso.
Por consiguiente, afirmó que la labor de los jurados de votación no vulnera los
derechos a la vida, la integridad, la igualdad, al mínimo vital o al trabajo de los
ciudadanos y agregó que “las situaciones personales y subjetivas de vulnerabilidad
que pueda presentar un ciudadano no es imputable a la obligación de prestar el servicio”.
En todo caso, señaló que el actor no probó encontrarse en una situación de
vulnerabilidad que le impidiera prestar el servicio como jurado de votación.
Finalmente, manifestó que existen mecanismos administrativos que evalúan
varios eximentes de responsabilidad ante la no prestación del servicio por
quienes fueron seleccionados como jurados. Por ende, se apartó de la
aseveración del tutelante respecto a que el no otorgamiento de alimentación
para los jurados de votación constituye una forma de esclavitud.
Por lo expuesto, solicitó negar las pretensiones formuladas por el accionante.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
Con fundamento en los antecedentes expuestos, en primera medida, corresponde
a la Sala establecer si la acción de tutela promovida por el señor José Libardo
Quintero Sandoval satisface los requisitos de procedibilidad establecidos en el
artículo 6° del Decreto 2591 de 1991.
De encontrarse superados los presupuestos de procedibilidad de la acción de tutela,
como segunda medida, correspondá a la Sala establecer si la Presidencia de la
República y la Registraduría Nacional del Estado Civil vulneraron los derechos
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fundamentales a la integridad física, a la vida, a la igualdad, al mínimo vital y al
trabajo del señor José Libardo Quintero Sandoval, al no suministrarle alimentación
y bebidas durante las jornadas electorales en las que ha fungido como jurado de
votación.
3. Causales de improcedencia de la acción de tutela y su análisis en el caso
concreto
3.1. La parte actora alegó la vulneración de sus derechos fundamentales a la
integridad física, a la vida, a la igualdad, al mínimo vital y al trabajo, debido a
que las veces que ha fungido como jurado de votación para las elecciones del
Congreso de la República y de las consultas partidistas celebradas el 13 de
marzo de 2022 y para la jornada de elección de presidente del 29 de mayo de
2022 no recibió alimentación ni hidratación durante la jornada electoral.
3.2. Deber de ejercer como jurado de votación
Desde sus primeros años de funcionamiento la Corte Constitucional subrayó
las diferencias entre los modelos de Estado propuestos por la antigua
Constitución de 1886 y su sucesora, la actual Constitución Política de 1991.
En la primera, por ejemplo, el Estado no se fundaba sobre el concepto de
democracia participativa que rige la actual Constitución, así como tampoco se
concebía al pueblo como el soberano.
En la Sentencia SU 747 de 1998, la Corte Constitucional ilustra de qué forma
se ejercía la elección de gobernantes, bajo la versión original de la
Constitución de 1886 (previo a reformas constitucionales que posteriormente
moderaron tales restricciones, entre estas el Acto Legislativo Nro. 3 de 1910
que permitió el voto directo y el plebiscito de 1957 que extendió el derecho de
voto a las mujeres). Veamos:
“En efecto, inicialmente solo los concejales municipales y los diputados a las asambleas
departamentales eran elegidos por todos los ciudadanos. Para participar en la elección
de los representantes a la Cámara había que cumplir con requisitos patrimoniales o de
capacitación escolar; el Presidente de la República era elegido por un colegio electoral
• integrado por personas seleccionadas por los ciudadanos que cumplían los requisitos
necesarios para poder votar en las elecciones de representantes a la Cámara - y los
senadores eran elegidos directamente por las Asambleas Departamentales.
Adicionalmente, ha de tenerse en cuenta que únicamente eran tenidos como
ciudadanos los varones mayores de 21 años que ejercieran profesión, arte u oficio, o
tuvieran ocupación lícita u otro medio legítimo y conocido de subsistencia ”.
En contraposición, la Constitución Política de 1991 dispuso un control directo
de parte de los ciudadanos sobre sus gobernantes, mediante la revocatoria del
mandato y la pérdida de investidura; y creó mecanismos para la participación
directa en decisiones de interés público, tales como el plebiscito, el referendo,
la consulta popular, la iniciativa legislativa y el cabildo abierto2.
Igualmente, mientras que en la Constitución de 1886 se privilegió el modelo
del Estado Liberal caracterizado por la imposición de límites al poder para
evitar la arbitrariedad y la amenaza a los derechos de los ciudadanos, en la
Constitución de 1991 se privilegia la visión del Estado Social de Derecho, en
el cual este último debe garantizar a los asociados condiciones de vida
dignas3.
Para la Corte Constitucional, el Estado Social de Derecho, que permea la
Constitución Política de 1991, “representa un cuerpo armónico de valores - acerca de
cómo debe configurarse la comunidad social y política -, que debe encontrar su aplicación
2 Corte Constitucional. Sentencia SU-747 de 1998.
3 Corte Constitucional. Sentencia SU-747 de 1998.
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práctica, y ello produce tanto deberes para el Estado como para los asociados”4
(Negrillas propias).
Uno de esos deberes en cabeza de los ciudadanos que permiten materializar
el mecanismo democrático consagrado en la actual Constitución es el fungir
como jurado electoral. Y es que al considerar que “la democracia garantiza la
vigencia y disfrute de los derechos, es un deber contribuir a la realización de las
distintas actividades requeridas para el funcionamiento del modelo democrático y,
en ese sentido, contribuir a mantener y reforzar las condiciones que hacen posible
la democracia”5.
De ahí que la jurisprudencia constitucional, encuentre la exigencia a los
ciudadanos de prestar el servicio de jurado de votación como una carga natural
que deben asumir, a fin de que las jornadas electorales logren realizarse. De
hecho, el deber de fungir como jurado de votación fue contemplado desde la
legislación previa a la Constitución Política de 1991 como una labor de forzosa
aceptación”6.
Los jurados de votación están encargados de “atender las mesas de votación, de
colaborarle a los ciudadanos en el ejercicio de su derecho de sufragio, de controlar que
la votación se realice en orden y en forma transparente y de realizar el primer conteo de
los votos”7.
Como compensación de su labor, y pese a que su servicio se entiende como
un deber en pro de la democracia, el artículo 105 del Decreto Ley 2241 de
1986 dispone que “Los jurados de votación que trabajen en el sector público o
privado tendrán derecho a un (1) día compensatorio de descanso remunerado dentro
de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la votación”.
3.3. Visto lo anterior, esta Sección encuentra que la acción de tutela presentada
por el señor José Libardo Quintero Sandoval incurre en las causales de
improcedencia contenidas en los numerales 1 y 5 del artículo 6° del Decreto
Ley 2591 de 1991, ya que (a) se interpone contra un acto de carácter general,
impersonal y abstracto y porque (b) el actor cuenta con otro medio de defensa
para procurar la protección de los derechos invocados en la petición de
amparo.
Relativo al primer evento (a), la Corte Constitucional ha explicado en su
jurisprudencia que esta causal de improcedencia se justifica en que estos
actos producen efectos generales, ya que no tienen un destinatario particular.
En esa medida, por regla general, no producen situaciones subjetivas
susceptibles de control a través de la acción de tutela. Recuérdese que la
acción de tutela se caracteriza por ser de carácter particular y concreto.
Al respecto en la Sentencia T 321 de 19938, el Tribunal Constitucional dijo:
“Cuando el desconocimiento, la vulneración o el recorte de los derechos fundamentales
se origina en actos jurídicos de carácter general producidos por instancias subordinadas
a la Constitución (y todos los poderes constituidos lo son), su efecto general pernicioso
puede ser contrarrestado mediante mecanismos especialmente dispuestos para ello,
V.gr.: la acción de inconstitucionalidad contra las leyes, o las acciones de nulidad (y de
restablecimiento del derecho) contra los actos administrativos. Mediante tales
4 Corte Constitucional. Sentencia SU-747 de 1998.
5 Corte Constitucional. Sentencia T-615 de 2017.
6 Decreto Ley 2241 de 1986. Artículo 105. “El cargo de jurado de votación es de forzosa aceptación, y la
notificación de tales nombramientos se entenderá́ surtida por la sola publicación o fijación en lugar público
de la lista respectiva, que hará́ el Registrador del Estado Civil o su delegado diez (10) días calendario antes
de la votación. […]”.
7 Corte Constitucional. Sentencia SU-747 de 1998.
8 Con ponencia del magistrado Carlos Gaviria Díaz.
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instrumentos se provoca la actuación de un organismo público competente para que,
también por vía de disposición general, restablezca el imperio de la juridicidad.
Pero no es ése el caso de la tutela. El mismo artículo 6o. del Decreto 2591 establece
en su numeral 5o. que es improcedente la acción "cuando se trate de actos de carácter
general, impersonal y abstracto". Es que lo que se busca con el mencionado mecanismo
es suspender los efectos violatorios o amenazantes de alguno de los derechos
fundamentales de una persona determinada, derivados de un acto concreto cuya
aplicación deberá suspender el juez, aún mediante medidas provisionales (esto es
antes de la sentencia) cuando lo considere necesario y urgente para proteger el
derecho, según las voces del artículo 7o. del Decreto en mención.”
Entonces, se tiene que la naturaleza de la acción de tutela, en principio, no es
compatible con los efectos que producen los actos de carácter general
impersonal y abstracto, para ello, el Constituyente ha dispuesto mecanismos
judiciales idóneos que permiten cuestionar el contenido de estos actos.
Específicamente, la acción de tutela es improcedente para cuestionar un
Decreto Ley, luego, la acción de tutela interpuesta por el accionante para
controvertir el contenido del artículo 105 del artículo contra Decreto Ley
2241 de 1986 “Por el cual se adopta el Código Electoral”, que establece forma de
compensar a quienes ejerzan el cargo de jurado de votación en las jornadas
electorales, es improcedente en virtud de los establecido en el numeral 5° del
artículo 6° del Decreto Ley 2591 de 1991.
3.4. En segunda medida (b), la Sala observa que los cargos y pretensiones
presentados por el accionante para cuestionar el contenido del artículo 105 del
artículo contra Decreto Ley 2241 de 1986, no superan el requisito de
subsidiariedad porque existe otro mecanismo judicial a través del cual los
ciudadanos pueden atacar los decretos con fuerza de ley, esto es: la acción
pública de inconstitucionalidad.
Del carácter subsidiario de la acción de amparo se deriva que los mecanismos
ordinarios de defensa para la protección de los derechos no pueden ser
desplazados o suplantados por la acción de tutela, claro está, siempre que
estos sean idóneos y eficaces.
En consecuencia, la tesis de la Sección, expuesta en diversas sentencias,
consiste en que, por regla general, cuando existe otro medio de defensa
judicial, idóneo y eficaz, no es procedente la acción de tutela. Por supuesto, la
idoneidad y eficacia del medio de defensa se definen en función del caso
concreto, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentra el solicitante
y, además, dependen de la existencia o no de un perjuicio irremediable, en los
términos del numeral 1º del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 y la
jurisprudencia de la Corte Constitucional.
En esa vía, es pertinente recordar que el conocimiento de la acción pública de
inconstitucionalidad corresponde a la Corte Constitucional, conforme lo
establece el numeral 5° del artículo 241 de la Constitución Política, cuyo
contenido textual es el siguiente:
“Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y
supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con
tal fin, cumplirá las siguientes funciones:
[…]
4. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos
contra los decretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno con fundamento en los
artículos 150 numeral 10 y 341 de la Constitución, por su contenido material o por vicios
de procedimiento en su formación.
[…]”
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El proceso de las acciones públicas de inconstitucionalidad está regulado en
el Decreto 2067 de 1991 “por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios
y actuaciones que deben surtirse ante la Corte Constitucional”, así como por el
Acuerdo 2 de 2015, por el cual se adopta el Reglamento Interno de dicha
Corporación.
El análisis de los hechos y fundamentos de la acción de tutela da cuenta de
que la autoridad judicial competente para estudiarlos es la Corte
Constitucional, a través de la acción pública de inconstitucionalidad, cuya
finalidad ha sido destacada por la misma Corporación en la Sentencia C 932
de 2004, cuando ha sostenido:
“El sistema constitucional colombiano consagra como principal mecanismo para el
ejercicio del control de constitucionalidad abstracto la acción de inconstitucionalidad,
que otorga a todo ciudadano en ejercicio la facultad de acusar ante el máximo órgano
de la jurisdicción constitucional, normas de inferior jerarquía que se estiman contrarias
al ordenamiento superior, a fin de que sean declarados inexequibles mediante una
providencia que hace tránsito a cosa juzgada constitucional.
La Jurisdicción Constitucional se ha establecido por la misma Carta Política como
función pública asignada a ciertos órganos dotados de competencias judiciales
especiales cuyo cometido consiste en asegurar la integridad y primacía de la
Constitución. El ejercicio de la función de defensa del orden constitucional confiada a la
Jurisdicción Constitucional, contribuye de manera eficaz a configurar la realidad
constitucional como quiera que su misión es que la Constitución trascienda su expresión
formal y se convierta en Constitución en sentido material.
En este sentido, la finalidad de la acción de inconstitucionalidad es la efectividad del
principio fundamental de supremacía de la Constitución (Art. 4 C.P.), debiendo ser ésta
la única motivación del ciudadano, que en desarrollo del deber contenido en el numeral
5 del artículo 95 Superior acude a la jurisdicción constitucional en ejercicio del derecho
político a interponer acciones públicas en defensa de la Constitución (Art. 40-6 C.P.).
[…]
Quedaría así acreditado, para este caso, el elemento de idoneidad9 del
mecanismo judicial que, por antonomasia, debe ejercerse para exponer los
alegatos que por el contenido material de un decreto con fuerza de ley o por
vicios en su procedimiento, hagan que riña con la Constitución Política. Por
esa vía, resulta claro también que no es dable que el juez de tutela se involucre
en el análisis de constitucionalidad, porque implicaría desconocer las
competencias del juez natural y soslayar el escenario en el que debe surtirse
ese debate.
En cuanto al presupuesto de eficacia10 de la acción pública de
inconstitucionalidad, se ha considerado que el mecanismo judicial es idóneo
porque es materialmente apto para producir el efecto protector de los derechos
fundamentales que se persigue.
Así las cosas, dado que el señor José Libardo Quintero Sandoval tiene a su
disposición el mecanismo judicial idóneo y eficaz para exponer ante la
autoridad competente los cargos contra el artículo 105 del Decreto Ley 2441
de 1986, es su carga agotarlo.
3.5. En el presente asunto, tampoco puede hablarse de la existencia de un perjuicio
irremediable que habilite la intervención del juez constitucional, pues como se
explicó previamente, la legislación colombiana prevé un tipo de compensación
9 Sentencias T-040 de 2016 y T-375 de 2018.
10 La Corte Constitucional ha considerado de manera reiterada y pacífica que el mecanismo judicial es eficaz
cuando permite una protección oportuna de los derechos que se estiman vulnerados. Sentencias T-040 de
2016 y T-375 de 2018.
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para las personas que fungen como jurados de votación, consistente en un día
compensatorio de descanso11.
Pero más allá de que se consagre un tipo de compensación por la labor del
jurado, no puede perderse de vista que esta última funge como un deber
indispensable para concretar el Estado Social de Derecho y Democrático. Se
trata, entonces, de una obligación de forzoso cumplimiento para quienes son
seleccionados. De manera que juega un papel secundario el tipo de beneficio
que la ley consagre para estas personas.
De otra parte, la Sala se aparta de la afirmación del actor consistente en que
la labor del jurado de votación se equipara a una forma de esclavitud moderna,
pues no existe precepto normativo que les prohíba proveerse y consumir
alimentos y bebidas durante la jornada electoral, siempre que se respeten los
protocolos previstos para garantizar la seguridad e integridad del material
electoral ubicado en cada una de las mesas de votación dispuestas. Por ende,
no se advierte un trato cruel y degradante hacia ellos, en tanto que la labor al
fungir como jurado no proscribe los mínimos de humanidad.
Asimismo, es de subrayar que, según lo informado por la Registraduría
Nacional del Estado Civil en su página web, el Gobierno Nacional no le otorga
recursos a esta última asignados para costear la alimentación de los jurados
de votación. Por ende, la falta de asignación presupuestal imposibilita el
suministro de bebidas y alimentos para los jurados de votación. Aun así, tal
autoridad informa que es potestativo de las autoridades locales brindar ese
soporte alimentario durante la jornada de elecciones.
4. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela
interpuesta por el señor José Libardo Quintero Sandoval, considerando que (i) la
acción de tutela se interpuso contra un acto de carácter general, impersonal y
abstracto (numeral 5° del artículo 6° del Decreto Ley 2591 de 1991); porque (ii) el
demandante cuenta con otro medio de defensa judicial eficaz e idóneo para la
defensa de sus intereses, como lo es la acción pública de inconstitucionalidad
(numeral 1 del artículo 6° del Decreto Ley 2591 de 1991); y (iii) porque no se
advierte la existencia de un perjuicio irremediable que habilite a intervención del juez
de tutela.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el señor José
Libardo Quintero Sandoval, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
11
En armonía con esta clase de retribución, algunos países en Latinoamérica también consagran beneficios
similares para los ciudadanos que fungen como jurados de votación. En Perú, por ejemplo, también se
dispone que “El cargo de miembro de Mesa de Sufragio es irrenunciable” Ley Nro. 26859 del Perú. Ley
Orgánica de Elecciones. Artículo 58, y para las elecciones de 2021 se profirió el Decreto Supremo Nro. 008-
2021-TR que otorgó a los miembros de las mesas de sufragio (como allí se denominan los jurados de
votación) un “día no laborable de naturaleza no compensable”.
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Demandante: José Libardo Quintero Sandoval
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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