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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02788-00

Fecha
1 de julio de 2022
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02788-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO. - DECLARAR improcedente el amparo solicitado por FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA del señor Eliceo Cortés Cortés, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte motiva de este proveído. SEGUNDO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-02788-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

1 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., primero (1) de julio de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02788-00
Accionante: Eliceo Cortés Cortés
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA - IMPROCEDENTE - falta de legitimación en la
causa por activa del quejoso / QUEJOSO - No tiene la condición de sujeto
procesal en proceso disciplinario.

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia
dentro del recurso de amparo constitucional formulado por el señor Eliceo Cortés
Cortés contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial del Huila.

I. ANTECEDENTES

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 19 de mayo de 2022, el señor Eliceo Cortés Cortés presentó acción de
tutela con el fin de obtener la protección de su derecho fundamental al debido
proceso, presuntamente vulnerado por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila, la primera, al
proferir la decisión de 2 de octubre de 2020 y, la segunda, por no resolver, hasta
la fecha, el recurso de apelación interpuesto contra el anterior auto, dentro del
proceso disciplinario (41001-11-02-000-2020-00157-01) que promovió contra la
Juez Única Promiscua Municipal de Villavieja -Olga Castrillón García-.

2.- Según se ilustra en la demanda y en el escrito de subsanación, las
pretensiones en ella contenida se contraen a lo siguiente:

<< 1. Tutelar mis derechos fundamentales superiores invocados; como lo es el debido
proceso contenido en el artículo 29 superior, teniéndose en cuenta que el proceso no ha
llegado a su final y además al constatarse todas las falencias allí incurridas.

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y

2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho,
referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02788-00
Accionante: Eliceo Cortés Cortés
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: tutela (sentencia de primera instancia)

2. Que al tutelar mis derechos se ordene a las accionadas, el restablecimiento inmediato
del mismo proceso administrativo disciplinario, para que nada quede a la deriva y que
se falle en derecho en la segunda instancia y también, para que se ordene que esto se
haga en un término perentorio que no pueda ser superior a unos 10 días.

3. Que se ordene por los señores Magistrados de tutela, compulsar copias del trámite
presente y de la sentencia que se dicte a la autoridad competente, para que inicien y
avancen en un proceso disciplinario sancionatorio que investigue las conductas omitidas
y/o ejecutadas pro estas dos Magistradas a las que me estoy refiriendo en la presente
tutela como lo son FLORALBA POVEDA VILLALBA y VICTORIA ACOSTA WALTEROS.

4. Ordenar a las accionadas que las ordenes impartidas se cumplan dentro del término
aquí establecido, y que de lo contrario será incurso en un trámite por desacato y
sometidas a una acción penal, por presunto fraude a resolución judicial.

5. Advertir a las accionadas que deberán dar aviso oportuno a los Magistrados de tutela,
sobre el efectivo cumplimiento de las ordenes impartidas>>2.

3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada,
de las pruebas allegadas y de lo expuesto por la parte actora, se tiene, que3:

3.1.- El 9 de julio de 2020, el señor Eliceo Cortés presentó queja disciplinaria
contra la Juez Única Promiscua Municipal de Villavieja, por haber omitido
sancionar al Distrito de Riego Usualfonso de Villavieja, ante el incumplimiento del
fallo de tutela 2019-00108-01, que había amparado sus derechos y por haberle
negado el derecho de litigar en causa propia, dentro del proceso de
responsabilidad civil extracontractual 2020-00017, que presentó contra el Distrito
de Riego Usualfonso de Villavieja.

3.2.- El asunto lo conoció la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila,
corporación que, por auto de 28 de agosto de 20204, abrió indagación preliminar
contra la Juez Única Promiscua Municipal de Villavieja, por la primera de las fallas
endilgadas; así mismo, frente a la segunda conducta, ordenó compulsar copias
para que, por radicado separado, esa Sala investigara lo pertinente teniendo
como quejoso al señor Eliceo Cortés5.

3.3.- Posteriormente, mediante proveído de 2 de octubre de 20206, la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial del Huila ordenó la terminación del proceso y, en
consecuencia, el archivo definitivo de las diligencias adelantadas contra la Juez
Única Promiscua Municipal de Villavieja, al considerar, que no había razón para
endilgarle responsabilidad alguna, toda vez que se abstuvo de tramitar los
incidentes de desacato propuestos por el señor Cortés contra el Distrito de Riego
Usualfonso de Villavieja en la tutela 2019-00108-01, por cuanto había cumplido

2
Expediente digital, Folio 10 del escrito de demanda.
3
Expediente digital, Folio 1 a 7 del escrito de demanda y subsanación.
4
Visible en el expediente allegado en préstamo.
5
El asunto se repartió al despacho 01, magistrada Teresa Elena Muñoz, con radicado 41001-25-
02-000-2021-00002-00, según consta en la contestación de tutela dada por la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial del Huila.
6
Notificado el 3 de mayo de 2021, según consta en el expediente allegado en préstamo.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02788-00
Accionante: Eliceo Cortés Cortés
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: tutela (sentencia de primera instancia)

con la orden allí dada. Así pues, consideró que la juez adelantó el trámite
pertinente para acreditar el cumplimiento del fallo.

3.4.- Inconforme con la anterior decisión, el 5 de mayo de 2021, el señor Eliceo
Cortés interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación. Mediante auto de
4 de junio de 20217, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila resolvió
negar por improcedente el recurso de reposición y conceder la apelación.

3.5.- El recurso de apelación fue conocido por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, corporación que, mediante auto de 2 de septiembre de 20218, avocó el
conocimiento del asunto y, el 23 siguiente, pasó al despacho para fallo.

4.- Como fundamento de derecho de las pretensiones9, la parte actora indica que
la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila, al proferir la decisión de 2
de octubre de 2020 decidió en una forma “defectuosa y presuntamente contraria
a derecho”, al pronunciarse únicamente respecto a las falencias ocurridas en la
acción constitucional 2019-00108-01, pero en ningún momento respecto al
asunto relacionado con haberle negado el derecho de litigar en causa propia,
dentro del proceso de responsabilidad civil extracontractual 2020-00017, que
presentó contra el Distrito de Riego Usualfonso de Villavieja, quedando ese punto
a la deriva, “como si se hubiera tapado sus ojos para no ver tal reclamación y eso
puede configurar una presunta conducta punible de prevaricato por omisión”.

4.1.- Por otra parte, frente a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, señaló
que, hasta la fecha, dicha entidad no se ha pronunciado respecto del recurso de
apelación que promovió contra el proveído de 2 de octubre de 2020, pues su
última actuación fue el 23 de septiembre de 2021, es decir “8 meses largos sin
darle los avances procesales requeridos conforme a lo que ordena la Ley, y así
puedo avizorar la existencia de una presunta situación de engavetamiento de esa
acción con presuntos fines de permitir no causarle daño a la Disciplinada”.

B. Trámite procesal y contestación de la demanda

5.- Mediante auto de 25 de mayo de 202210, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela, ordenó notificar de su presentación a las autoridades judiciales
demandadas y vinculó a la Juez Única Promiscua Municipal de Villavieja como
tercera interesada en el proceso. Así mismo, ordenó comunicar la decisión a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que, si lo consideraba
procedente, dentro del marco de las competencias a ella asignadas, interviniera
en el presente asunto.

7
Notificado el 10 de junio de 2021, según consta en el expediente allegado en préstamo.
8
Notificado el 10 de septiembre de 2021, según consta en el expediente allegado en préstamo.
9
Folios 5 y 6 del escrito de tutela.
10
Notificado el 2 de junio de 2022.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02788-00
Accionante: Eliceo Cortés Cortés
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: tutela (sentencia de primera instancia)

(i) Comisión Nacional de Disciplina Judicial11

6.- Frente al argumento de que se están vulnerando los derechos fundamentales
al actor por no haberse resuelto hasta la fecha la apelación interpuesta, señaló
que no existe ningún derecho ius fundamental vulnerado que haga procedente el
amparo constitucional, pues lo que pretende el accionante es utilizar en su
beneficio la acción de tutela para buscar subvertir el orden de los turnos para
fallar el asunto que a él le concierne.

6.1.- En esa medida, informó que la apelación del proceso disciplinario en la que
el señor Eliceo Cortés funge como quejoso, fue asignada al despacho
sustanciador mediante reparto del 2 de septiembre de 2021, fecha en la cual se
profirió el auto para avocar conocimiento y solicitar algunas diligencias de rigor
como son: la notificación al Ministerio Público, la actualización del certificado de
antecedentes disciplinarios de la funcionaria investigada y la verificación que por
los mismos hechos no se esté surtiendo otra investigación similar, diligencias que
se adelantan ante la Secretaría Judicial de esa Corporación. Así mismo, indicó
que el 23 de septiembre de 2021, el expediente regresó al despacho y entró al
sistema de turnos para fallar que se rige tanto por la fecha de llegada del
expediente, como también por la fecha de caducidad o prescripción, según se
trate, pues recordó que los trámites ante la jurisdicción disciplinaria están
sometidos a unos tiempos específicos que, de no cumplirse, el Estado pierde la
potestad para investigar y sancionar, debido a los institutos extintivos o
liberadores que gobiernan la acción disciplinaria.

6.2.- Así, para el caso concreto, indicó que, según el informe de la Profesional
Especializado Grado 33 del despacho -que adjuntó a la contestación-, al proceso
disciplinario motivo de la presente acción, le preceden en turno para fallo 411
asuntos y tiene como fecha de caducidad el 17 de noviembre de 2024; es decir,
que tiene un volumen considerable de asuntos por delante, sin que exista una
razón valedera para darle prelación. Por lo anterior, manifestó que en el presente
caso el hecho de no haberse resuelto aún el recurso de apelación formulado por
el quejoso no trasgrede el debido proceso, en tanto derecho fundamental y, por
consiguiente, la acción de tutela deviene improcedente.

6.3.- Por otra parte, indicó que el actor carece de legitimación en la causa, en la
medida en que en los procesos disciplinarios el quejoso no se considera sujeto
procesal, y tiene unas facultades procesales muy limitadas, según lo establecido
en el parágrafo del artículo 90 de la Ley 734 de 200212. En consecuencia, explicó
que las facultades del quejoso expiran tan pronto interpone la apelación sobre la

11
Expediente digital, intervención contenida en 8 folios, enviado por correo electrónico el 6 de
junio de 2022.
12
ARTÍCULO 90 - PARÁGRAFO. La intervención del quejoso se limita únicamente a presentar y
ampliar la queja bajo la gravedad del juramento, a aportar las pruebas que tenga en su poder y a
recurrir la decisión de archivo y el fallo absolutorio. Para estos efectos podrá conocer el
expediente en la secretaría del despacho que profirió la decisión.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02788-00
Accionante: Eliceo Cortés Cortés
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: tutela (sentencia de primera instancia)

decisión de terminación y archivo, porque en el proceso disciplinario contra
funcionarios judiciales no existe un interés particular defendible, sino que la queja
o la noticia disciplinaria se mueve en razón a una finalidad social pública
encaminada al buen servicio de la administración y los fines del Estado.

6.4.- En ese orden de ideas, sostuvo que, sin desconocer que en materia de tutela
las reglas de legitimación son más flexibles que en el común de los
procedimientos, no puede perderse de vista que, de todas formas, debe existir
algún tipo de relación entre quien formula la tutela y los hechos presuntamente
constitutivos de violación ius fundamental que, para el caso concreto no se da,
pues no basta con que el accionante sea el quejoso en el disciplinario de marras
para que esté legitimado dentro del trámite constitucional, sino que, además, se
requiere que dentro de la acción disciplinaria tenga facultades para pedir el
impulso procesal que busca mediante tutela, el cual no le asiste. Por esta razón,
considera que el accionante carece de legitimación para reclamar por vía tuitiva
una facultad de impulso procesal de la cual carece en el disciplinario.

(ii) Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila13

7.- Solicitó que se tenga en cuenta lo expuesto en la providencia de 2 de octubre
de 2020, la cual, a su criterio, fue debidamente soportada en las pruebas que
militan en el expediente, la cual actualmente se encuentra en sede de apelación
ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Así mismo, señaló que la
presente acción es improcedente, toda vez que aún se encuentra en trámite el
proceso disciplinario iniciado por el accionante.

7.1.- De otro lado, señaló que como mecanismo transitorio tampoco resulta
procedente esta acción, puesto que ningún perjuicio irremediable se presenta
para el aquí accionante-quejoso y, a su sentir, tampoco se puede señalar que el
medio de defensa con el que cuenta y está pendiente de resolverse, no sea
idóneo o ineficaz.

7.2.- Por otra parte, frente al argumento de que el proveído cuestionado no fue
proferido conforme a derecho y en el cual sólo se habría hecho pronunciamiento
respecto a las posibles falencias de la jueza disciplinada en la acción de tutela
2019-00108-01, pero no respecto al asunto relacionado con haberle negado el
derecho de litigar en causa propia, al interior del proceso de responsabilidad civil
extracontractual 2020-00017; manifestó que en el auto de indagación preliminar
de 28 de agosto de 2020 emitido en el proceso disciplinario ahora cuestionado,
se dispuso compulsar copias para que, por radicado separado, esa Sala
investigase tal situación, advirtiéndose que se debía tener en el nuevo asunto
como quejoso al señor Cortés.

13
Expediente digital, intervención contenida en 7 folios con anexos, enviado por correo
electrónico el 3 de junio de 2022.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02788-00
Accionante: Eliceo Cortés Cortés
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: tutela (sentencia de primera instancia)

7.3.- Frente a ello, informó que, en cumplimiento de la anterior decisión, de
acuerdo al registro en el sistema Justicia Siglo XXI, aparece que, por esos hechos
se adelanta el proceso disciplinario radicado 41001-25-02-000-2021-00002-00,
el cual correspondió por reparto al despacho número 1 de esa Comisión
Seccional de Disciplina Judicial, siendo titular la Magistrada Teresa Elena Muñoz
de Castro, en la que se investigan las posibles irregularidades señaladas por el
señor Cortés en el proceso de responsabilidad civil extracontractual 2020-00017,
el que según el mismo registro, se encuentra con decisión de archivo del pasado
20 de mayo, y pendiente de notificación. Además, precisó que en ese expediente
el señor Cortés presentó memorial haciendo relación a tales hechos y, por tanto,
se entiende que sabía de la existencia de este. Así pues, considera que no es
posible que ahora el actor endilgue alguna responsabilidad por no pronunciarse
respecto a tales hechos -adjuntó copia del histórico del registro de las
actuaciones del proceso 2021-00002-.

II. CONSIDERACIONES

C. Análisis del caso concreto

8.- En esta oportunidad, le correspondería a la Sala determinar si la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial del Huila y la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, vulneraron el derecho fundamental al debido proceso del accionante, la
primera, al proferir la decisión de 2 de octubre de 2020, la cual fue “defectuosa y
presuntamente contraria a derecho”, en la medida en que no se pronunció sobre
una de las dos conductas disciplinarias que le endilgó a la juez disciplinada y, la
segunda, por no resolver, hasta la fecha, el recurso de apelación interpuesto
contra el anterior auto, dentro del proceso disciplinario (41001-11-02-000-2020-
00157-01) que promovió contra la Juez Única Promiscua Municipal de Villavieja
-Olga Castrillón García-. No obstante, se advierte que el señor Eliceo Cortés
carece de legitimación en la causa por activa para presentar la presente acción
constitucional, tal como pasa a exponerse.

Legitimación en la causa por activa

9.- El artículo 86 de la Constitución dispone la facultad que tiene toda persona
para interponer la acción de tutela por sí misma o por quien actúe a su nombre,
con el fin de reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales. El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991
establece la legitimidad para el ejercicio de la acción de tutela. Así, la norma
indica que la misma puede ser presentada: 1. Directamente por el afectado, 2. A
través de su representante legal, 3. Por medio de apoderado judicial o 4. Por
medio de agente oficioso.

Sujetos procesales en los procesos disciplinarios

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02788-00
Accionante: Eliceo Cortés Cortés
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10.- El Estado está obligado a velar por una correcta administración y un
adecuado ejercicio de la función pública, por lo cual es el titular de la potestad
disciplinaria, de conformidad con el artículo 1º de la Ley 734 de 2002.

10.1.- En relación con el proceso disciplinario es importante indicar que su
finalidad es garantizar que la función pública se ajuste a los principios que le son
propios y a la ley, para lo cual los titulares de la acción disciplinaria pueden iniciar
investigaciones cuando adviertan de oficio, por queja o por información de
servidor público o de otro medio que tenga credibilidad, la posible comisión de
una falta disciplinaria por parte de los servidores públicos y los particulares que
cumplan labores de interventoría en los contratos estatales, ejerzan funciones
públicas, presten servicios públicos a cargo del Estado y administren recursos de
aquél. De allí que lo que se investiga y sanciona dentro de un proceso
disciplinario es la extralimitación u omisión de funciones de quienes ejercen la
función pública.

10.2.- Así las cosas, no puede perderse de vista que si bien es cierto todas las
personas pueden presentar quejas por la comisión de una falta disciplinaria,
también lo es que el objetivo de la acción disciplinaria que se adelanta no es el
amparo de los derechos del quejoso, sino la protección de la función pública. Al
respecto, el artículo 89 de la citada ley -734 de 2002- dispone que los sujetos
procesales en la actuación disciplinaria son el investigado, su defensor y el
Ministerio Público, cuando la actuación sea adelantada por el Consejo Superior
o Seccional de la Judicatura o en el Congreso de la República. Adicionalmente,
el artículo 90 ibidem establece las facultades de los sujetos procesales y en su
parágrafo determina que la intervención del quejoso se limita únicamente a
presentar y ampliar la queja, a aportar pruebas que tenga en su poder y a recurrir
la decisión de archivo y el fallo absolutorio.

10.3.- Dispone el artículo 89 de la norma en comento:

<<ARTÍCULO 89. SUJETOS PROCESALES EN LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA.
Podrán intervenir en la actuación disciplinaria, como sujetos procesales, el investigado y
su defensor, el Ministerio Público, cuando la actuación se adelante en el Consejo
Superior o Seccional de la Judicatura o en el Congreso de la República contra los
funcionarios a que se refiere el artículo 174 de la Constitución Política…>>.

10.4.- Por su parte, el artículo 90 de la misma indica:

<<FACULTADES DE LOS SUJETOS PROCESALES.

1. Solicitar, aportar y controvertir pruebas e intervenir en la práctica de las mismas.

2. Interponer los recursos de ley.

3. Presentar las solicitudes que consideren necesarias para garantizar la legalidad de la
actuación disciplinaria y el cumplimiento de los fines de la misma, y

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4. Obtener copias de la actuación, salvo que por mandato constitucional o legal ésta
tenga carácter reservado.

PARÁGRAFO. La intervención del quejoso se limita únicamente a presentar y ampliar la
queja bajo la gravedad del juramento, a aportar las pruebas que tenga en su poder y a
recurrir la decisión de archivo y el fallo absolutorio. Para estos efectos podrá conocer el
expediente en la secretaría del despacho que profirió la decisión.>> (Subrayado fuera
del texto original)

10.5.- Sumando a lo anterior, es relevante mencionar que la Corte Constitucional
en la sentencia C-014 de 2004, al analizar la constitucionalidad de algunos
apartes de los artículos 123 y 125 de la Ley 734 de 2002, reiteró que el quejoso
no actúa como sujeto procesal, ya que el proceso disciplinario se fundamenta en
la infracción de deberes funcionales y no en la vulneración de derechos de
terceros. Igualmente, aclaró que el único caso en el que actúan como verdaderos
sujetos procesales es cuando se trata de faltas disciplinarias que constituyen
violaciones del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho
internacional humanitario, las cuales según el análisis de la Corte son las
contempladas como gravísimas en los numerales 5 a 11 del artículo 48 de la Ley
734 de 200214.

10.6.- Así, se entiende que la limitación de las facultades del quejoso, guarda
estricta relación con su legitimación en la causa para actuar en el proceso
disciplinario -que impacta directamente en el núcleo esencial del derecho al
debido proceso que puede reclamar en sede de tutela- y que hace referencia
únicamente a la realización de aquellos actos dentro del proceso disciplinario que
le están expresamente permitidos y a que se le comuniquen las decisiones en los
términos del artículo 109 de la Ley 734 de 200215, esto último para efectos de
que pueda apelar la decisión de archivo cuando se trate de procesos de doble
instancia.

10.7.- En virtud de lo expuesto, se advierte que, así como los derechos del
quejoso se encuentran limitados en sede disciplinaria, por no tener la calidad de
víctima, sujeto procesal o interviniente en el mismo, la perspectiva de análisis del

14
“… como la imputación disciplinaria no precisa de la vulneración de un bien jurídico, entendida
tal vulneración como causación de un daño concreto o como la producción de un resultado
materialmente antijurídico, no es posible afirmar la concurrencia de una persona afectada con la
comisión de la falta. De allí que, en estricto sentido, en el proceso disciplinario no exista una
persona afectada con la comisión de la ilicitud disciplinaria y que no sea posible legitimar a una
persona para que intervenga en el proceso planteando un interés directo y alentando unas
pretensiones específicas...”
15
“Artículo 109. Comunicaciones. Se debe comunicar al quejoso la decisión de archivo y
el fallo absolutorio. Se entenderá cumplida la comunicación cuando haya transcurrido
cinco días, después de la fecha de su entrega a la oficina de correo. Texto subrayado
declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-293 de 2008, en el
entendido de que si el quejoso demuestra que recibió la comunicación después de los cinco días
de su entrega en la oficina de correo, debe considerarse cumplida esta comunicación, a partir de
esta última fecha.
Las decisiones no susceptibles de recurso se comunicarán al día siguiente por el medio más
eficaz y de ello se dejará constancia en el expediente.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02788-00
Accionante: Eliceo Cortés Cortés
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Referencia: tutela (sentencia de primera instancia)

juez de tutela debe restringirse a los derechos expresamente consagrados en su
favor.

10.8.- En conclusión, el quejoso únicamente está legitimado en la causa para
reclamar el derecho al debido proceso judicial en relación con las actuaciones
que le están expresamente permitidas en la causa disciplinaria, de tal manera
que no puede cuestionar decisiones en torno a las cuales no le es dable
interponer recursos en dicha sede16.

10.9.- En ese contexto, se observa que el señor Eliceo Cortés carece de
legitimación en la causa por activa, pues su propósito es obtener la protección de
su derecho fundamental al debido proceso, el cual consideró vulnerado por la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial del Huila, la primera, al proferir la decisión de 2 de octubre de 2020 y, la
segunda, por no resolver, hasta la fecha, el recurso de apelación interpuesto
contra el anterior auto, dentro del proceso disciplinario (41001-11-02-000-2020-
00157-01) en cual actuó como quejoso.

10.10.- Cabe recordar que el quejoso frente a un proceso disciplinario es titular
del derecho al debido proceso respecto a la formulación y ampliación de la queja,
a solicitar, aportar y controvertir pruebas, a recurrir la decisión de archivo y el fallo
absolutorio, así como a que le sean comunicadas las mismas, por lo que
únicamente podría existir una vulneración del citado derecho fundamental
cuando se le impida o no garantice alguno de esos derechos, situaciones en torno
a las cuales no se advierte violación de tal garantía constitucional que haga
procedente el estudio de fondo del presente asunto; pues en este caso, el
accionante está controvirtiendo una presunta omisión en la decisión de 2 de
octubre de 2020, en la medida en que no hizo referencia a una de las dos
conductas disciplinarias que le endilgó a la juez disciplinada y una presunta mora
judicial, efectuadas por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila y la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, para lo cual no tiene legitimación en la
causa por activa.

11.- No obstante lo anterior, se advierte, respecto al argumento relacionado con
que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila al proferir la decisión
de 2 de octubre de 2020 decidió en una forma “defectuosa y presuntamente
contraria a derecho”, al pronunciarse únicamente respecto a las falencias
ocurridas en la acción constitucional 2019-00108-01, pero en ningún momento
respecto al asunto relacionado con haberle negado el derecho de litigar en causa
propia, dentro del proceso de responsabilidad civil extracontractual 2020-00017,

16
En el mismo sentido, fallo de 25 de septiembre de 2017, proferido por la Sección Segunda –
Subsección A del Consejo de Estado, radicado 25000-23-42-000-2017-03908-01, fallo del 20 de
noviembre de 2019, proferido por la Sección Tercera – Subsección A del Consejo de Estado,
radicado 11001-03-15-000-2019-03946-01, fallo del 28 de agosto de 2019, proferido por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, radicado 11001-03-15-000-2019-03676-00, fallo del 28
de mayo de 2020, proferido por la Sección Segunda – Subsección A del Consejo de Estado,
radicado 11001-03-15-000-2019-05072-01, entre otros.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02788-00
Accionante: Eliceo Cortés Cortés
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: tutela (sentencia de primera instancia)

quedando ese punto a la deriva; que, tal como lo manifestó la autoridad
accionada en su contestación de tutela, mediante auto de 28 de agosto de 2020
se abrió investigación preliminar contra la Juez Única Promiscua Municipal de
Villavieja por los hechos ocurridos dentro de la acción de tutela 2019-00108-01
y, también se ordenó que, “Como quiera que el señor ELICEO CORTES
CORTES, también señala en su escrito de queja presuntas irregularidades por
parte del Juez Único Promiscuo Municipal de Villavieja en el trámite del proceso
radicado No 2020-017 instaurado por el quejoso, se ordena compulsar copias
para que por radicado separado esta Sala investigue lo pertinente, debiéndose
tener no como compulsa sino como quejoso” (subrayado fuera del texto original).

11.1- Así mismo que, en cumplimiento del anterior proveído, la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial está adelantando el proceso 41001-25-02-000-
2021-00002-00, relacionado con las actuaciones adelantadas por la Juez Única
Promiscua Municipal de Villavieja dentro del proceso de responsabilidad civil
extracontractual 2020-00017; proceso en el cual el ahora accionante participó
enviando un correo el 6 de setiembre de 2019, con un “informe sobre la posible
vulneración de sus derechos por parte de la disciplinada”, tal como se puede
observar del histórico de dicho proceso allegado por la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial del Huila junto con su contestación de tutela. Así mismo, se
observa como última actuación -20 de mayo de 2022-, un auto de “termina el
proceso”, el cual se entiende está pendiente de ser notificado.

11.2.- Así las cosas, se observa que, desde el inicio del proceso disciplinario, se
indicó que la queja relacionada con las presuntas irregularidades por parte de la
Juez Única Promiscua Municipal de Villavieja en el trámite del proceso de
responsabilidad civil extracontractual radicado 2020-00017, sería investigada por
radicado separado y se tendría al señor Eliceo Cortés como quejoso, así mismo,
que aquél también participó de ese nuevo proceso. Por tanto, no se entiende cuál
es la finalidad del actor frente a este argumento, cuando es claro que sabía que
esa parte de su queja estaba siendo estudiada por separado ante otro despacho
judicial.

12.- Por otra parte, frente al argumento relacionado con la presunta mora judicial
de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por no haber proferido, hasta la
fecha, la providencia que resuelva el recurso de apelación que presentó contra
el auto de 2 de octubre de 2020, se advierte que esta es justificada, pues como
lo expresó la autoridad accionada, todos los procesos judiciales deben proferirse
en el estricto orden en el que ingresaron al despacho, salvo ciertas excepciones.
Y, en el presente asunto, se advierte que el 23 de septiembre de 2021, el
expediente ingresó al despacho y entró al sistema de turnos para fallar, además
que le preceden en turno 411 asuntos y tiene como fecha de prescripción el 17
de noviembre de 2024; es decir, que tiene un alto volumen de asuntos por
delante, los cuales ingresaron antes al despacho y/o tienen una fecha de
prescripción más próxima, sin que exista alguna razón para aplicarle prelación al

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02788-00
Accionante: Eliceo Cortés Cortés
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro
Referencia: tutela (sentencia de primera instancia)

asunto y desconocer el estricto orden en el que los diferentes asuntos ingresaron
al despacho en busca de una decisión.

13.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

III.- F A L L A

PRIMERO. - DECLARAR improcedente el amparo solicitado por FALTA DE
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA del señor Eliceo Cortés Cortés,
de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.

TERCERO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta
actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE17
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

17
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

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