Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-02794-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-02794-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2022-02794-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
31 de agosto de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá DC, 31 de agosto de 2022
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02794-01
Demandante: Zoraida Puerto Becerra
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Relevancia constitucional.
Síntesis del caso: La parte actora enjuició la providencia que revocó la decisión de primera
instancia y declaró la nulidad parcial de los actos administrativos sancionatorios por la
omisión de cotización al Sistema General de Seguridad Social.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia proferida
el 9 de junio de 2022 por la Sección Primera del Consejo de Estado, por la
cual se declaró la improcedencia de la solicitud de amparo.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Sentencia de primera Instancia e
impugnación.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 20 de mayo de 2022, Zoraida Puerto Becerra, por intermedio de
apoderado judicial, presentó acción de tutela contra la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia
con ocasión de la Sentencia de 11 de noviembre de 2021, en el marco del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 54001-
23-33-000-2018-00316-01.
2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021, y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02794-01
Demandante: Zoraida Puerto Becerra
Demandados: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Naturaleza: Acción de tutela
Decisión: Confirma - improcedencia
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“3.1.1. TUTELAR mis derechos fundamentales constitucionales al DEBIDO
PROCESO y ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
3.1.2. Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTO parcialmente la
sentencia de segunda instancia de fecha once (11) de noviembre de dos mil
veintiuno (2021), dentro del medio de control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO con radicado No. 54-001-23-33- 000-2018-00316-01, instaurado por
la suscrita ZORAIDA PUERTO BECERRA contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP, y en su lugar, se profiera una nueva providencia
en la cual se DECLARE la nulidad de la LIQUIDACIÓN OFICIAL No. RDO-2017-
01476 del 27 de junio de 2017, y de la RESOLUCIÓN No. RDC-2018- 00529 del 27
de junio de 2018, proferidas por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL – UGPP y como consecuencia de la anterior declaración, a título de
restablecimiento del derecho, se DECLARE que no estaba obligada para el año
gravable 2014, a realizar aportes al Sistema de Seguridad Social, al no tener la
calidad de sujeto pasivo del tributo, en cumplimiento del principio
constitucional de reserva de ley en materia fiscal.”
3. Como hechos relevantes fueron narrados los siguientes:
4. 1) El 7 de noviembre de 20182, Zoraida Puerto Becerra presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se
declarara la nulidad de la Liquidación Oficial No. RDO-2017-01476 de 27 de
junio de 2017 y la Resolución No. RDC-2018-00529 de 27 de junio de 2018
(que resolvió un recurso de reconsideración), por medio de las cuales la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) liquidó los valores
correspondientes por la omisión en la afiliación y pago de los aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral en los subsistemas de salud y pensión
por el año gravable 2014 y la respectiva sanción.
5. 2) El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante
Sentencia dictada en audiencia inicial de 15 de mayo de 2019, negó las
pretensiones de la demanda tras considerar que la señora Puerto Becerra,
en su calidad de comerciante, estaba obligada a realizar aportes al Sistema
General de Seguridad Social, como sujeto pasivo del tributo al ser
trabajadora independiente catalogada como rentista de capital.
6. 3) Inconforme, la parte actora apeló la decisión de primera instancia3.
2 Fecha obtenida de https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion, criterio de
búsqueda: 54001233300020180031600
3 Según la sentencia enjuiciada, la demandante alegó en su recurso de apelación “Insistió en que de la lectura
de las normas que regulan la obligación de aportar y cotizar al sistema de salud y pensión, no es posible establecer
que los comerciantes sean sujetos pasivos de dichas obligaciones, por el contrario, dichas normas se referían a
trabajadores independientes, categoría distinta a la de los comerciantes que era la que tenía. Igualmente, los
artículos 157 de la Ley 100 de 1993, 3 y 4 de la Ley 797 de 2003 se refieren únicamente a los trabajadores
independientes que devenguen ingresos por concepto de contratos de prestación de servicios, clasificación que
en ningún momento comprende a los comerciantes, pues ello implicaría una interpretación analógica que está
prohibida en materia tributaria.// Reiteró que las normas mencionadas en ningún momento les otorgan a los
comerciantes la categoría de sujeto pasivo de los aportes en salud y pensión al Sistema de Seguridad Social.
Tampoco podría acudirse a lo señalado por el Gobierno Nacional mediante decretos reglamentarios, para
otorgarle a los comerciantes y rentistas de capital la calidad de sujetos obligados a los mencionados aportes,
comoquiera que dichas normas no pueden precisar un elemento esencial de las obligaciones tributarias para
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Decisión: Confirma - improcedencia
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7. 4) Mediante Sentencia de 11 de noviembre de 2021, la Sección
Cuarta del Consejo de Estado revocó la decisión de primer grado, declaró
la nulidad parcial de los actos demandados y, como restablecimiento del
derecho, declaró que no había lugar a la sanción. Para ello, adujo que los
rentistas de capital tienen la obligación de afiliarse a los subsistemas de salud
y pensión del Sistema General de Seguridad Social, en virtud de los principios
de solidaridad y universalidad4, y, en ese orden, no se vulneró el principio de
reserva de ley sobre la determinación del sujeto pasivo del tributo. Señaló
que de las pruebas obrantes en el proceso, logró advertir que tuvo razón la
UGPP al establecer que la señora Puerto Becerra tenía capacidad de pago
y que estando obligada a afiliarse y cotizar en los sistemas de salud y
pensiones, no lo hizo. Finalmente, indicó que el error de interpretación como
causal de exculpación de cara a la sanción sí se configuró, en tanto, fue
razonable estimar que no era asimilable la calidad de comerciante a la de
trabajadora independiente5.
8. El fundamento de la vulneración radicó en que la autoridad judicial
accionada incurrió en una violación directa de la Constitución, pues
desconoció el artículo 338 de la Constitución Política, el cual establece que,
en virtud del principio de reserva de ley en materia fiscal, le corresponde
exclusivamente al Congreso de la República la determinación de los
elementos esenciales de los tributos, entre ellos, el sujeto pasivo de los
tributos del orden nacional.
modificar o añadir la definición dada por el legislador. Por tanto, los actos acusados incurrieron en infracción a las
normas en las que debían fundarse y procedía su nulidad.// Por último, señaló que de no prosperar sus pretensiones
debe considerarse que no hay lugar a la sanción por omisión impuesta en los actos administrativos, puesto que en
este caso era evidente la inseguridad jurídica entorno a los elementos esenciales de la obligación tributaria
discutida, lo que hizo imposible que la demandante procediera a afiliarse y a realizar los respectivos aportes. Por
ende, la omisión se debía a una diferencia de interpretación que hacía improcedente la sanción.”
4 “Es por esto que dentro de la expresión trabajadores independientes se encuentran aquellos que no cuentan
con un contrato de trabajo o en una relación legal o reglamentaria, pero que ostentan capacidad de pago para
financiar el sistema, de los que se destacan los comerciantes, rentistas de capital, propietarios de empresas, entre
otros.// En consecuencia, no se vulneró el principio de reserva de ley, como lo alega la demandante, dado que
la determinación del sujeto pasivo de la obligación fue establecida por el legislador.”
5 “En el caso concreto, la demandante señala que no existe norma expresa que obligue a los comerciantes a
afiliarse y realizar los aportes al Sistema de Seguridad Social y que no era posible asimilarla como trabajadora
independiente, puesto que solo los reglamentos eran los que le daban tal calidad.// Sobre el particular se observa
que esta interpretación es razonable y constituye el error alegado por la demandante que la exime de
responsabilidad frente a esta sanción, como pasará a exponerse.// En efecto, la ley no hizo mención expresa
respecto de los comerciantes y rentistas de capital, sino a trabajadores independientes, expresión que de acuerdo
con una interpretación amplia e integración normativa de los artículos 13, 15, 156 y 157 de la Ley 100 de 1993,
permitió a la Sala determinar que dentro de esa expresión están aquellos que no cuentan con un contrato de
trabajo o una relación legal o reglamentaria, pero que tienen capacidad de pago para financiar el sistema, tales
como los citados, comerciantes y rentistas de capital.// Así es plausible que de una interpretación estrictamente
literal de la ley, pueda llegar a concluirse que la demandante no estaba obligada a afiliarse a los sistemas de salud
y pensión, por esto el criterio expuesto por la actora respalda que de la interpretación de las normas enjuiciadas
es posible que se den varios tipos de valoración. Se tiene, entonces, que su juicio de comprensión sobre la
obligación fue razonable y que propició en la demandante la errónea creencia de no incurrir en un
comportamiento antijurídico.”
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Demandados: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Naturaleza: Acción de tutela
Decisión: Confirma - improcedencia
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1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación
9. Mediante Sentencia de 9 de junio de 2022, la Sección Primera del Consejo
de Estado declaró improcedente la acción de tutela por no superar el
requisito de relevancia constitucional, tras considerar que el escrito de tutela
careció en la carga argumentativa que justificara la intervención del juez
constitucional. En ese orden, advirtió que lo pretendido por la parte actora
no fue otra cosa que someter su controversia a una instancia adicional, más
aún cuando los argumentos que sustentan la solicitud de amparo coinciden
con los expuestos en el recurso de apelación.
10. La parte actora presentó escrito de impugnación, en el que además
de insistir los argumentos de la solicitud de amparo, señaló (se trascribe)
“El presente caso es, sin lugar a dudas, de relevancia constitucional, dado que
se refiere a una presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso efectivo a la administración de justicia, al violarse
flagrantemente el artículo 338 de nuestra Constitución Política, en el cual se
establece el principio de reserva de Ley en materia fiscal, única y
exclusivamente el Congreso de la República, en lo que atañe a tributos del
orden nacional, pues es el único que puede determinar los cinco elementos
esenciales de la obligación tributaria, como lo son el hecho generador, el sujeto
activo, el sujeto pasivo, la base gravable y la tarifa, luego no puede el Gobierno
Nacional, a través de un Decreto Reglamentario, extenderse más allá de lo que
una norma de carácter legal haya establecido, porque se violaría el principio
democrático, el cual es el principio fundamental en lo que en materia de
tributos debe atenderse como quiera que los ciudadanos, a través del
Congreso de la República, de la voluntad popular allí establecida con las
personas que se eligen para ello, son los únicos competentes para establecer
tributos, no pudiendo de ésta forma hacerlo el Gobierno Nacional.”
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.2.
Conclusiones.
2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial6
11. La Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción de tutela porque no superó el requisito de
relevancia constitucional.
12. Sobre el particular, es preciso recordar que este es uno los requisitos
que deben concurrir para que resulte procedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, pues, en los términos de la Corte Constitucional, (se
trascribe) “el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
6 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en las
Sentencias C-590 de 2005 y T-066 de 2019.
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no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”7.
13. En ese sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de
5 de agosto de 20148, adujo expresamente que el requisito que se analiza
requiere (1) la conjunción de 2 elementos: la carga argumentativa por parte
del demandante en la que explique la relevancia de la controversia para el
juez de tutela9 y que la solicitud de amparo no se presente con objeto de
obtener una nueva instancia10; y (2) que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de mera legalidad11.
14. Asimismo, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia
constitucional tiene por finalidad preservar la competencia e
independencia del juez ordinario, restringir la acción de tutela a asuntos
donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta se
convierta en una instancia adicional12.
15. Como lo sostuvo el juez de tutela de primer grado, en el presente
asunto, se evidenció que la parte actora, a través de la acción de tutela,
pretendió que se analizara, nuevamente, el reparo sobre la nulidad de la
Liquidación Oficial No. RDO-2017-01476 de 27 de junio de 2017 y la
Resolución No. RDC-2018-00529 de 27 de junio de 2018 (que resolvió un
recurso de reconsideración), proferidas por la UGPP, relacionado con la
calidad/condición de sujeto pasivo de las cotizaciones a seguridad social
siendo comerciante.
7 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
8 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01
9 Ídem. “El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela
que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
10 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal
adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
11 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos
fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
12 Corte Constitucional, Sentencias T-422 de 2018 y T-555 de 2019.
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16. Esa inconformidad fue planteada por la demandante, ante el juez de
la nulidad de primer grado13, después con el recurso de apelación14 y,
ahora, en la acción de tutela15.
17. En ese orden, debe aclarase que las diferencias interpretativas que
existen entre la demandante y el juez natural de la causa no constituyen,
por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las decisiones
del juez ordinario. En otras palabras, la presentación simple de las
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión vía tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por qué
el asunto es constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una tutela
contra providencia judicial, pues este es un mecanismo constitucional de
amparo de derechos fundamentales de carácter excepcional16.
18. Así las cosas, esta Sala concluyó que se debe confirmar el fallo
impugnado, pues lo pretendido con la solicitud de amparo fue reabrir el
debate jurídico y someterlo a una instancia adicional.
2.2. Conclusión
19. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia adoptada en
primera instancia dentro de la presente acción de tutela, a través de la cual
se declaró improcedente la solicitud de amparo, por no superar el requisito
de relevancia constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia proferida el 9 de junio de 2022, por la
Sección Primera del Consejo de Estado, conforme con los motivos expuestos.
13 “En relación con el primer cargo sostuvo que los artículos 19 y 157 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 510 de 2003
establecieron el IBC de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social. A su vez, la Ley 1753 de
2015 clasificó los independientes obligados a cotizar al sistema así: i) trabajadores por cuenta propia, ii)
independiente con contrato diferente a prestación de servicios y iii) independiente con contratos de prestación
de servicios personales.// En atención a lo anterior, cuando se trate de independiente por cuenta propia o con
contrato diferente al de prestación de servicios, como el caso de los comerciantes (cuenta propia), que perciban
ingresos mensuales iguales o superiores a 1 SMLMV deberán cotizar, sobre mínimo el 40% del valor mensualizado
de sus ingresos y para calcular el IBC podrán deducirse las expensas que se generen en la ejecución de su
actividad que generen sus ingresos, siempre y cuando estos cumplan con los requisitos del artículo 107 del Estatuto
Tributario.”
14 Supra. Nota al pie 3
15 Supra. Fundamentos de la vulneración y escrito de impugnación.
16 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-659
de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
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Demandante: Zoraida Puerto Becerra
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Naturaleza: Acción de tutela
Decisión: Confirma - improcedencia
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SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin17.
TERCERO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Con aclaración de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
17 secgeneral@consejodeestado.gov.co
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