Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02798-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02798-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-02798-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
11 de agosto de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02798-00
Demandante: Eneida Barbosa Díaz, miembro de la Comunidad
Afrodescendiente de Patilla y Chancleta
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02798-00
Demandante: ENEIDA BARBOSA DÍAZ, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD
AFRODESCENDIENTE DE PATILLA Y CHANCLETA
Demandado: NACIÓN – PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Temas: Derechos fundamentales a la igualdad, a la propiedad.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta, mediante apoderado, por la señora
Eneida Barbosa Díaz, miembro de la Comunidad Afrodescendiente de Patilla y
Chancleta y representante legal del Consejo Comunitario de Negros Ancestrales
de Chancleta y Patilla, contra la Nación – Presidencia de la República, el
Ministerio de Minas y Energías, la Agencia Nacional de Minería, la Agencia
Nacional de Tierras, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y la
Empresa de Carbones del Cerrejón Limited, de conformidad con lo establecido en
el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
La señora Eneida Barbosa Díaz, miembro de la Comunidad Afrodescendiente de
Patilla y Chancleta y representante legal del Consejo Comunitario de Negros
Ancestrales de Chancleta y Patilla, por conducto de apoderado judicial, interpuso
acción de tutela contra la Nación – Presidencia de la República, el Ministerio de
Minas y Energías, la Agencia Nacional de Minería, la Agencia Nacional de Tierras,
el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y la Empresa de Carbones del
Cerrejón Limited, por estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, a la propiedad colectiva del subsuelo del territorio
ancestral y el principio de confianza legítima. En consecuencia, formuló las
siguientes pretensiones:
“1- Tutelar los derechos fundamentales (sic) debido proceso, igualdad, propiedad colectiva
de subsuelo de su territorio ancestral, principio de confianza legítima y precedentes
judiciales de la Comunidad Étnica Afrodescendiente de Patilla y Chancleta del Municipio
de Barrancas La Guajira, vulnerados por el Presidente de la República de Colombia,
Ministerio de Minas y Energías (sic) Agencia Nacional de Minería, Agencia Nacional de
Tierras, Instituto Colombiano de Antropología e Historia y la empresa Carbones del
Cerrejón Limited, ocasionar (sic) perjuicios irremediables, despojos y desplazamientos
forzosos contra la Comunidad Étnica de Patilla y Chancleta del municipio de Barrancas, La
Guajira, por explotar carbón en el subsuelo de su territorio sin ser propiedad de ellos, y
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Demandante: Eneida Barbosa Díaz, miembro de la Comunidad
Afrodescendiente de Patilla y Chancleta
poner en riesgo la supervivencia de la comunidad étnica de Chancleta y Patilla municipio
Barrancas La Guajira.
2- Ordenar al Estado Colombiano y a la Empresa Carbones del Cerrejón Limited, pagar las
utilidades en dineros, a la comunidad Ética Afrodescendientes de Patilla y Chancleta
municipio de Barrancas La Guajira, desde el año 2002, por estar explotando carbón en el
subsuelo de propiedad de la comunidad étnica de Patilla y Chancleta municipio Barrancas
La Guajira.
3- Ordenar a la Empresa Carbones del Cerrejón Limited, a (sic) suspender las
explotaciones de carbón que se están realizando en el subsuelo del territorio de propiedad
colectiva de la comunidad étnica de Patilla y Chancleta municipio Barrancas La Guajira,
hata tanto la empresa Carbones del Cerrejón Limited no (sic) pague a la comunidad étnica
de Patilla y Chancleta las utilidades en dineros desde el año 2002, hasta la presente,
tasados en el equivalente acamo (sic) este actualmente la moneda extranjera (dólar), en el
mercado legalmente, más los intereses legales. Es decir que debe pagar la Empresa
Carbones del Cerrejón Limited, por conceptos de utilidades obtenidas por las
explotaciones de carbón en el subsuelo de la comunidad étnica de Chancleta y Patilla en
dineros durante el tiempo de veintiún años (21 años).
4- Ordenar al Presidente de la República de Colombia, modificar, cambiar el contrato de
concesión celebrado con la empresa Carbones del Cerrejón Limited, Ministerio de Minas y
Energía y a la Agencia Nacional de Minería modificar los títulos mineros y demás permisos
otorgados a la empresa Carbones del Cerrejón Limited, para explotar Carbón en el
subsuelo del territorio de la comunidad étnica de Patilla y Chancleta por tener la propiedad
colectiva del subsuelo de su territorio ancestral, donde están explotando carbón.
5- Ordenar a la Agencia Nacional de Tierras, a que determine quienes son los propietarios
desde hacen (sic) muchos años del territorio de Patilla y Chancleta municipio de Barrancas
La Guajira, donde desde el año 2002, la empresa Carbones del Cerrejón Limited, está
explotando Carbón, en su subsuelo
6- Ordenar al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, a que determine el origen y
la antigüedad que tiene la comunidad afrodescendientes (sic) de Patilla y Chancleta
municipio de Barrancas La Guajira.
2. Hechos
En el escrito de tutela la parte actora relata como hechos relevantes los
siguientes:
La comunidad étnica de afrodescendientes de Patilla y Chancleta fue fundada por
pobladores procedentes de África, aproximadamente en el año 1801, está
ubicada en el municipio de Barrancas, La Guajira y fue reconocida jurídicamente
como comunidad afrodescendiente en sentencia T-256 de 2015 de la Corte
Constitucional.
La actora indicó que en el territorio se encontraba asentados “Los Tajo Patilla, Tajo
Tabaco y Tajo Comunero” y señaló que la comunidad de Patilla y Chancleta “fue
desplazada y despojada de su territorio de propiedad colectiva, por orden del Presidente de la
República de Colombia, utilizando la Fuerza Pública, por solicitud de la empresa Carbones de
Cerrejón Limited, para que la empresa Carbones del Cerrejón Limited desarrollara actividades de
explotaciones de carbón en el subsuelo del territorio ancestral del antiguo caserío de Patilla y
Chancleta”.
Sostuvo que el subsuelo del territorio de propiedad colectiva donde estaba
asentada la comunidad no ha sido vendido ni transferido, sino que fue el Estado
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Demandante: Eneida Barbosa Díaz, miembro de la Comunidad
Afrodescendiente de Patilla y Chancleta
Colombiano y la empresa Carbones del Cerrejón Limited quienes se apropiaron,
de manera irregular, del subsuelo para explotar carbón, desde el año 2002.
Informó que el Tribunal Superior de Santa Marta, en sentencia del 21 de abril de
1951 y la Sala de Negocios de la Corte Suprema de Justicia, en decisión del 16
de octubre de 1953, en un caso similar, señaló que “el subsuelo del terreno del Cerrejón
era propiedad privada de la comunidad es decir de los comuneros miembros de la comunidad del
Cerrejón creada en el año 1947, y determinó que el subsuelo del terreno del Cerrejón no es de
propiedad del Estado Colombiano, porque los comuneros tienen unos derechos adquiridos sobre
el mismo (…)”.
3. Argumentos de la acción de tutela
Afirma la parte actora que la comunidad étnica de afrodescendientes de Patilla y
Chancleta tiene derechos adquiridos sobre el subsuelo y sus recursos naturales
no renovables que se encuentran en el antiguo territorio donde estaba asentada la
comunidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 332 de la Constitución
Política y los artículos 5 y 14 de la Ley 685 de 2001.
Considera que, si bien el Estado es propietario de los recursos naturales no
renovables y del subsuelo, quedan a salvo los derechos adquiridos y
perfeccionados con anterioridad, como es el caso de la comunidad étnica de
afrodescendientes de Patilla y Chancleta, porque tienen derechos de propiedad
colectiva antes de la entrada en vigor de la Ley 20 de 1969 y las Constituciones
Políticas de 1886 y 1991.
Indicó que el precedente judicial contenido en sentencia del 21 de abril de 1951
del Tribunal Superior de Santa Marta y en la decisión del 16 de octubre de 1953
de la Sala de Negocios de la Corte Suprema de Justicia, debe ser aplicado en el
caso concreto por ser un caso similar, porque esas autoridades judiciales
reconocieron el dominio del subsuelo a la comunidad y negó los derechos de
subsuelo al Estado.
Agregó que, en sentencia del 30 de marzo de 2021, expediente número 17614-
31-03-001-2015-00170-02, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil
estableció que el Estado es dueño del subsuelo, salvo los derechos adquiridos y
situaciones individuales, subjetivas y concretas que se hubieran perfeccionado.
Asimismo, dijo que la sentencia C-346 de 1995, en el sentido de señalar que “el
artículo 1 de Ley 20 1969; señalando; como excepción, no pertenecen a la Nación los derechos
constituidos a favor de terceros, cuando respecto de ellos se den dos elementos: A- jurídico (…) B
– Fáctico (…)”.
Se refirió al artículo 63 1 de la Constitución Política, al artículo 18 de la Ley 70 de
19932 y a los artículos 13 3, 144 y 155 del Convenio 169 de 1989, de la OIT y a la
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“Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el
patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e
inembargables”.
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“No podrán hacerse adjudicaciones de las tierras de las comunidades negras de que trata esta ley, sino con destino a las
mismas.
Son nulas las adjudicaciones de tierras que se hagan con violación de lo previsto en el inciso anterior. La acción de nulidad
contra la respectiva resolución podrá intentarse por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, los procuradores
agrarios o cualquier persona ante el correspondiente Tribunal Administrativo, dentro de los dos (2) años siguientes a su
ejecutoria, o desde su publicación en el Diario Oficial, según el caso.
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Demandante: Eneida Barbosa Díaz, miembro de la Comunidad
Afrodescendiente de Patilla y Chancleta
sentencia del 28 de noviembre de 2007 de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el caso Sarama Ka vs. Surinam, con fundamento en lo cual indicó
que las explotaciones de carbón que está realizando la empresa Carbones del
Cerrejón Limitada, en el subsuelo de propiedad de la comunidad afrodescendiente
de Patilla y Chancleta está afectando directamente la supervivencia de la
comunidad, entendida esta como la capacidad de preservar, proteger y garantizar
la relación de estos con su territorio, de modo que puedan continuar viviendo su
modo de vida tradicional y que su identidad cultural, estructura social, sistema
económico, costumbres, creencias y tradiciones distintivas serán respetadas,
garantizadas y protegidas.
4. Trámite Previo
El despacho sustanciador, en auto del 5 de julio de 2022, admitió la acción de
tutela, ordenó notificar a la señora Eneida Barbosa Díaz en calidad de miembro
de la Comunidad Étnica de Patilla, Chancleta y Representante Legal del Consejo
Comunitario de Negros Ancestrales de Chancleta y Patilla, a la Presidencia de la
República, la Nación –Ministerio de Minas y Energía-, la Agencia Nacional de
Minería, la Nación –Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-Agencia Nacional
de Tierras-, a la Nación –Ministerio de Cultura de Colombia- Instituto Colombiano
de Antropología e Historia- y la empresa Carbones del Cerrejón Limited y vinculó
como terceros interesados en el resultado del proceso a la Nación– Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible-, al departamento de La Guajira y al municipio
de Barrancas. Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.
5. Oposición
El Ministerio de Cultura manifestó que dentro de las competencias y
atribuciones de la entidad no se encuentran las referidas al objeto de la solicitud
de amparo constitucional, tales como resolver sobre aspectos de las
Sin perjuicio de lo anterior, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria podrá revocar directamente las resoluciones de
adjudicación que dicte con violación de lo establecido en el presente artículo. En este caso no se exigirá el consentimiento
expreso y escrito del respectivo titular. En lo demás, el procedimiento de revocación se surtirá con arreglo a lo que dispone
el Código de lo Contencioso Administrativo”.
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“1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que
para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con
ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa
relación.
2. La utilización del término tierras en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad
del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”.
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“1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que
tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los
pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido
tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular
atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.
2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados
ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.
3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las
reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados”.
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“1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse
especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y
conservación de dichos recursos.
2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos
sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a
consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué
medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en
sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales
actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas
actividades”.
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Demandante: Eneida Barbosa Díaz, miembro de la Comunidad
Afrodescendiente de Patilla y Chancleta
explotaciones de carbón, suspender las actividades de explotación carbonífera,
ordenar el pago de utilidades o regalías supuestamente derivadas de una
explotación carbonífera; modificar contratos de concesión o resolver sobre
titulaciones y propiedad de tierras.
Afirmó que los hechos y pretensiones están dirigidas a otras autoridades que
tienen las competencias constitucionales y legales correspondientes, que,
además, cuentan con los conocimientos técnicos para intervenir y decidir sobre
estas temáticas de relevancia y especialidad, con fundamento en lo cual adujo la
falta de legitimación en la causa por pasiva.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural informó que, revisado el sistema
electrónico de correspondencia, no existe evidencia que demuestre que la señora
Eneida Barbosa Díaz haya requerido a la entidad actuación administrativa alguna
relacionada con los hechos que dieron origen a la presente acción de tutela y, con
fundamento en ello, afirmó que la carga de la prueba en torno a las obligaciones
que se le endilguen al Ministerio corre por cuenta de la parte ac tora.
Alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva y la ausencia de vulneración
de derechos fundamentales, por lo cual solicitó declarar improcedente el amparo
solicitado.
El Ministerio de Minas y Energía indicó que, aunque es la máxima autoridad
minera en el país, no ha intervenido directamente en las actuaciones, hechos u
omisiones que presuntamente vulneraron los derechos fundamentales de la
accionante, por lo que no existe nexo causal que involucre la responsabilidad de
este.
Dijo que en los hechos de la acción de tutela que son el objeto del presente
proceso, se establecen una serie de solicitudes, fundadas en hechos y
acontecimientos que presuntamente ocasionaron perjuicios a los accionantes, con
fundamento en actuaciones que no son imputables al Ministerio por lo que alegó
la falta de legitimación en la causa por pasiva.
Precisó que la demandante por vía de acción de tutela pretende que se ordene la
suspensión de la explotación de carbón por parte de la empresa Carbones el
Cerrejón Limited, lo cual no es un asunto que debe definir un juez de tutela,
porque la accionante también cuenta con otros mecanismos de defensa previstos
en la legislación que le permiten perseguir el reconocimiento de este tipo de
derechos que manifiesta se le han vulnerado por parte de las entidades
accionadas.
Igualmente, la accionante pretende que el juez de tutela ordene modificar,
cambiar el contrato de concesión celebrado con la empresa Carbones el Cerrejón
Limited, situación que tampoco puede ser resuelta por el juez de tutela, ya que el
interesado debe agotar los medios ordinarios de defensa.
La Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras informó que la
dependencia competente para contestar la acción de tutela es la Subdirección de
Asuntos Étnicos, tal como indica los numerales 1, 2 y 3 del artículo 27 del Decreto
2363 del 7 de diciembre de 2015, por lo que la oficina jurídica procedió a
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Demandante: Eneida Barbosa Díaz, miembro de la Comunidad
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requerirla mediante memorando 20221030194163 del 7 de julio 2022, para que
informara acerca de las solicitudes realizadas por el despacho e informara el
trámite realizado, frente a la cual esa dependencia manifestó:
• de conformidad a las competencias establecidas en el Decreto 2363 de
2015, la Agencia Nacional de Tierras - ANT, como máxima autoridad de
tierras, es la encargada de ejecutar la política de ordenamiento social de la
propiedad rural, así como la de gestionar el acceso a la tierra como factor
productivo, lograr la seguridad jurídica sobre está, promover su uso en
cumplimiento de la función social de la propiedad y administrar y disponer
de los predios rurales de propiedad de la Nación.
• esa entidad es la encargada de adelantar, por medio de la Dirección y
Subdirección de Asuntos Étnicos, la formalización de los territorios
colectivos ocupados tradicionalmente por las comunidades étnicas,
mediante los procedimientos de constitución, ampliación, saneamiento y
reestructuración de resguardos indígenas y la titulación colectiva a
comunidades negras, al igual que la adquisición, expropiación de tierras y
mejoras para dotar de tierras para tales fines.
• que una vez verificadas las bases de datos alfanuméricas y geográficas
que reposan en esa Dirección, se evidenció petición de titulación colectiva
del Consejo Comunitario de Negros Ancestrales de Chancleta y Patilla, del
municipio de Barrancas, departamento de La Guajira, presentada mediante
radicado ANT 20206200617322, del cual se dio respuesta mediante
radicado ANT 20205001197631, en el sentido de informar a la comunidad
que la solicitud no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 20
del Decreto 1745 de 1995, compilado en el artículo 2.5.1.2.20 del Decreto
1066 de 2015, en la cual se especificó sobre cuáles puntos se debía
subsanar.
• que dentro de esa información que faltó se indicó que se debía aportar el
croquis del área pretendida por la comunidad, en donde se especificarán
los accidentes geográficos -ríos, quebradas, montañas, etc.-, coordenadas,
puntos limites, medidas que demarquen el área, o cualquier otra
información que permita la representación grafico de la misma.
• Que mediante radicado ANT 20216200048262 el representante legal
Consejo Comunitario de Negros Ancestrales de Chancleta y Patilla solicitó
tiempo para la entrega de la documentación requerida por la entidad, con
radicado ANT 20205001197631, la dirección dio respuesta en mem orando
ANT 20215000484281 en el que se le indicó que “una vez la comunidad cuente
con los documentos requeridos por la entidad tendientes a complementar su solicitud de
titulación colectiva, puede proceder a su remisión a la Dirección de Asuntos Étnicos,
través del correo electrónico institucional info@ant.gov.co (...)”, sin embargo, sostuvo
que, hasta el momento no ha sido allegada la información solicitada.
• Que por no presentar el croquis con la información del área requerida por
el consejo comunitario solicitante, no ha sido posible por parte del equip o
geográfico de la Dirección realizar la especialización del área pretendida
para la titulación colectiva, para así establecer con precisión dónde se
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encuentra ubicado espacialmente el predio y realizar los cruces
cartográficos respectivos de posibles traslapes.
Afirmó que en el presente caso no existe vulneración alguna de los derechos
fundamentales invocados por la parte actora.
La Agencia Nacional de Minería alegó la falta de legitimación en la causa por
pasiva, con fundamento en las funciones legalmente asignadas con el Decreto
Ley 4134 de 2011.
Se refirió al trámite para solicitar y otorgar un contrato de concesión minera y
precisó que la empresa Carbones del Cerrejón Limited, cuenta con derechos
adquiridos respecto del título minero otorgado a la misma y, por lo tanto, no es
posible trasladar el contrato de concesión a nombre de la comunidad étnica de
Patilla y Chancleta, para lo cual se refirió a la sentencia proferida en el expediente
2011-00849 de 2020, del Consejo de Estado, según la cual “Existe un derecho
adquirido cuando se cumplieron todos los requisitos que exige la normativa vigente que lo regula,
lo que implica que ingresa de manera definitiva al patrimonio de su titular y no puede ser
desconocido por el cambio de regulación. Hay expectativa legitima cuando la persona no cumplió́
con tales presupuestos y la norma deja de estar vigente; empero, estaba próximo a lograrlo, caso
en el cual se le protege del cambio brusco de legislación a través de normas de transición que
garanticen que pueda obtener su derecho. Y las meras expectativas no son sujetos de protección
inmediata, en la medida que son situaciones en curso que no pueden impedir el cambio de
regulación”.
La empresa Carbones del Cerrejón Limited allegó informe en el que precisó
que existen diferencias entre la comunidad del Cerrejón y la comunidad étnica de
Patilla y Chancleta, que la parte actora intenta confundir al despacho cuando
indica que la comunidad étnica es propietaria del subsuelo y trae como ejemplo la
existencia de la comunidad del Cerrejón la cual fue reconocida como pr opietaria
del subsuelo en virtud de la sentencias del Tribunal de Santa Marta, del 21 de
abril de 1951, confirmada por la Corte Suprema de Justicia, del 16 de octubre de
1953.
Sostuvo que la comunidad del Cerrejón no es una comunidad étnica sino una
comunidad de una cosa universal -área de terreno de 5.400 hectáreas
aproximadamente- respecto de la cual cada uno de los comuneros tiene un
derecho sobre la cosa común en los términos del artículo 2323 del código civil.
Que las comunidades étnicas de Patilla y Chancleta no han acreditado ser
propietario del subsuelo, sin embargo, es claro que gozan de una garantía
constitucional que es el derecho a la consulta previa cuando en su territorio se
vayan a adelantar proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos y/o
minerales que puedan llegar a generar afectaciones y para el caso en estudio se
debe indicar que fueron objeto de medidas de reasentamientos conforme a lo
establecido en el numeral tercero6 de la parte resolutiva de la sentencia T-256 de
2015 de la Corte Constitucional, que ordenó iniciar el proceso de consulta previa
6
Sentencia T-256 del 2015. Tercero.- ordenar al Ministerio del Interior, Oficina de Consulta Previa, que dentro de los treinta
(30) días siguientes a la notificación de esta sentencia, inicie el proceso de consulta previa a la comunidad de negros
afrodescendientes de los corregimientos de Patilla y Chancleta del municipio de Barrancas, La Guajira, incluidas las 2
familias Wayúu identificadas en la presente sentencia y que conviven en la referida comunidad, en el que se convoque a
todas las partes involucradas en la presente acción de tutela, en relación con las medidas de reasentamiento de las
familias afectadas en la zona de influencia, por las actividades de explotación minera de la empresa Carbones Cerrejón
Limited.
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Demandante: Eneida Barbosa Díaz, miembro de la Comunidad
Afrodescendiente de Patilla y Chancleta
con la mencionada comunidad de negros afrodescendientes de Patilla y
Chancleta incluidas las 2 familias Wayuu.
Precisó que dicha orden es clara en indicar que se trata de medidas de
reasentamientos que finalmente fueron adoptadas por la comunidad y que de
manera libre y previa otorgaron su consentimiento para optar por medidas de
reasentamiento individuales para cada familia, situación que claramente se ve
reflejada en el numeral 19 de los contratos suscritos con cada uno de los
miembros de la comunidad de Patilla y Chancleta y que se adjunta como prueba,
para lo cual aportó el “Anexo 3_Modelo_Contrato”.
Adicional a lo anterior, dijo que, en comunicación del 25 de noviembre de 2016,
suscrita por el representante de la comunidad, dirigida a la Dirección de Consulta
Previa del Ministerio del Interior, las familias de las comunidades de Patilla y
Chancleta mediante asamblea general optaron por medidas de reasentamiento
individuales para cada familia, decisión que tomaron luego de analizar las
diferentes alternativas y experiencias de otros consejos comunitarios. Explicó que
estas medidas de reasentamientos fueron necesarias no porque en su territorio se
fuera explotar el mineral del carbón sino por las afectaciones ambientales –
calidad de aire- que pudiesen llegar a generarse, que, de hecho, el terreno donde
habitan las comunidades no es objeto de explotación.
Con fundamente en lo anterior afirmó que la actora trata de generar confusión al
indicar que se trata de casos similares entre la comunidad del Cerrejón, que se
reitera, se trata de una comunidad de una cosa universal regulada en el código
civil y una comunidad étnica respecto de la cual ya se adelantó un proceso de
consulta previa que incluso se encuentra cerrado respecto de los impactos que se
han podido generar a la comunidad.
En relación con la pretensión de la actora, dirigida a que se haga el
reconocimiento de propietario del subsuelo por parte de la comunidad étnica de
Patilla y Chancleta, dijo que es claro que proceden los mecanismos ordinarios
para que el juez competente reconozca como comuneros de la comunidad del
cerrejón o en su defecto solicitar la nulidad de las sentencias que reconoce a la
comunidad del cerrejón como propietario del subsuelo.
Frente a la suspensión de las explotaciones de carbón sostuvo que las
explotaciones de carbón no se han adelantado dentro del territorio de las
comunidades étnicas sino dentro del globo de la comunidad del Cerrejón.
Insistió en que el proceso de reasentamiento de dichas comunidades fue
adelantando con consentimiento previo libre e informado debido a los posibles
impactos ambientales –afectación de la calidad de aire- que se pudieran generar
sobre su territorio respecto de la calidad del aire más no porque dicha área de
terreno fuera a hacer objeto de la explotación del carbón.
Así mismo dijo que existen otros mecanismos judiciales que no han sido agotados
por la actora como son: “(i) El reconocimiento de su calidad de comuneros del globo de
terreno de la comunidad cerrejón mediante el correspondiente proceso ordinario, toda vez que una
de sus pretensiones en la presenta acción de tutela es ser reconocido como propietario del
subsuelo, sin prueba alguna que demuestre su titularidad y, (ii) Solicitar la nulidad de las
sentencias del H. Tribunal de Santa Marta de fecha del 21 de abril de 1951 confirmada por H.
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Corte Suprema de Justicia del 16 de octubre de 1953, toda vez que el hoy propietario del subsuelo
es la comunidad del Cerrejón. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones penales que pudiese
adelantar si considera que no han sido reconocidos en su calidad de comuneros y en virtud de la
precitada sentencia se ha configurado conductas punibles”.
Señaló que, en relación con la presunta vulneración de los derechos al debido
proceso, propiedad colectiva del subsuelo, la parte actora no presentó ni siquiera
prueba de sumaria de tales perjuicios y, por el contrario, han sido garantizados en
desarrollo del proceso de consulta previa ordenado en el numeral tercero de la
sentencia T-256 del 2015, por lo que, antes de dar trámite a esta acción
constitucional ha debido agotar la existencia de otros mecanismos judiciales como
el incidente de cumplimiento o desacato, además de los procesos civiles y/o
administrativos por medio de los cuales puede solicitar el pago de regalías y las
modificaciones contractuales que aquí pretende.
Indicó que la acción de tutela es improcedente por existir cosa juzgada
constitucional, porque desde el punto de vista constitucional y su reconocimiento
como comunidad étnica afectada por el desarrollo de un proyecto, le han sido
garantizado los derechos mediante el proceso de consulta previa ordenado por la
sentencia T-256 del 2015 de la Corte Constitucional, el cual, fue adelantado por el
Ministerio del Interior en cumplimiento de lo allí ordenado, razón por la cual no es
factible indicar como lo expresa la actora que se trató de un desplazamiento
forzado, sino de unas medidas de reasentamientos que fueron adoptadas por la
comunidad étnica con consentimiento previo libre e informado de manera
individual por cada uno de los integrantes de la comunidad de Patilla y Chancleta.
Reiteró que dichas medidas de reasentamiento fueron necesarias no porque en
las áreas de terreno de la comunidades de Patilla y Chancleta se fuera a explotar
el carbón sino porque como resultado de un análisis de la explotación minera de
carbón en el Cerrejón, hizo prever con la suficiente antelación, que conforme se
diese el avance minero, la labor minera implicaría la necesidad de reubicación de
la población, ello, con el fin de evitar cualquier clase de impacto en la calidad del
aire que pudiese llegar a afectarlos situación que además generó que la Corte
Constitucional protegiera sus derechos a la consulta previa la cual fue adelantada
con la participación de las comunidades, el Ministerio del Interior y demás
autoridades y actualmente se encuentra cerrada.
Agregó que la acción de tutela es improcedente porque no cumple con el requisito
general de inmediatez, toda vez que “lo que pretende la actora es el pago de regalías y
modificaciones de contratos y, al respecto, señaló que el pago de estas utilidades, como lo
denomina la accionante, se origina en virtud de la sentencias del H. Tribunal de Santa Marta de
fecha del 21 de abril de 1951 confirmada por H. Corte Suprema de Justicia del 16 de octubre de
1953 y el contrato contenido en la Escritura Pública # 110 de la Notaria Segunda de Santa Marta
del 17 de enero de 1991 y sus modificaciones posteriores suscritos entre La Comunidad del
Cerrejón y Carbones del Cerrejón S.A., hoy Carbones del Cerrejón Limited de acuerdo a la
modificación integral del año 2005”, por lo que, es claro que esas obligaciones surgieron
en virtud de actos judiciales y contractuales de hace más de 30 años atrás.
La Presidencia de la República y el Instituto Colombiano de Antropología e
Historia guardaron silencio.
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6. Intervención de los terceros interesados
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dijo que en el escrito de
tutela no se evidencia vulneración alguna de los derechos invocados y ninguno de
ellos es del resorte de la competencia de la cartera ministerial, con excepción al
hecho que se refiere al instrumento ambiental otorgado con la Res olución 912 del
16 de octubre de 2002, para lo cual aclaró que, mediante Resolución 2097 del 16
de diciembre de 2005, el ministerio revocó la Resolución 0942 del 16 de octubre
de 2002 y la Resolución 1243 del 19 de diciembre de 2002, que otorgaron a la
empresa Internacional Colombia Resources Corporation LLC INTERCOR, hoy
Carbones del Cerrejón LLC, Licencia Ambiental para la explotación minera en el
área de Patilla dentro de la explotación minera del Cerrejón.
Por medio de la misma Resolución, el entonces Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial resolvió:
(i) modificar el Plan de Manejo Ambiental establecido mediante Resolución 797
del 23 de junio de 1983, proferida por el Instituto Nacional de los Recursos
Naturales Renovables y del Ambiente INDERENA, para la explotación minera
Cerrejón Zona Norte, dentro del expediente 1094, en el sentido de adicionar
dentro de ella el área de explotación carbonífera denominada Tajo Patilla, cuyo
licenciamiento ambiental se adelantaba dentro del expediente número 2600.
(ii) acumular la operación minera, de transporte férreo y operación portuaria
asociada con la explotación minera de Carbón en la zona del Cerrejón, que
adelanta actualmente la empresa Carbones del Cerrejón LLC, dentro de los
expedientes número 577 Cerrejón Central y Oreganal, 1110 Nuevas Áreas de
Minería, 1094 y 2600 Cerrejón Zona Norte y Zona Patilla, dentro del expediente
número 1094, Establecer el Plan de Manejo Ambiental Integral presentado por la
empresa Carbones del Cerrejón para el manejo integral del proyecto de
explotación de carbón, transporte férreo y operación portuaria de la zona
denominada cerrejón, que cobija las antiguas áreas cerrejón zona norte, área
patilla, cerrejón central y oreganal, nuevas áreas de minería en el departamento
de la Guajira.
Que, a partir de la ejecutoria de la Resolución 2097 del 16 de diciembre de 2005,
el acto administrativo al que se refiere el accionante perdió efectos jurídicos por
cuanto fue revocada y adicional a ello, la actividad minera desarrollada por la
empresa Carbones del Cerrejón fue amparada bajo un solo instrumento
ambiental.
Explicó que el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial era la
autoridad competente para efectuar la evaluación, seguimiento y control de dicho
instrumento ambiental, sin embargo, en el año 2011, con la expedición del
Decreto 3573 de 2011, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, perdió,
por disposición legal, toda competencia para tener conocimiento y/o pronunciarse
respecto del referido Plan de Manejo Ambiental.
Indicó que, de conformidad con el artículo 18 del Decreto 3573 de 2011, por el
cual se crea la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA– y se dictan
otras disposiciones, “Los contratos y convenios actualmente vigentes, celebrados por el
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Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, cuyo objeto corresponda a las funciones y
actividades propias de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, se entienden
subrogados a esta entidad, la cual continuará con su ejecución en los mismos términos y
condiciones”. Por ende, a la fecha, la autoridad ambiental competente para efectuar
la evaluación seguimiento y control del instrumento ambiental que cobija la
actividad minera adelantada por la empresa Carbones del Cerrejón es la ANLA.
Explicó que debido a que la presente acción de tutela versa sobre la titularidad del
subsuelo del área donde se desarrollan las actividades mineras por parte de
Carbones del Cerrejón, es preciso tener en cuenta lo previsto en la sentencia de
unificación 095 de 2018, a pesar de que el hecho objeto de litigio no es de su
competencia.
Señaló que no se encuentra dentro de la acción constitucional prueba alguna de
que el Estado hubiere entregado derechos sobre el subsuelo a la comunidad
Afrodescendientes de Patilla Chancleta del municipio de Barrancas, La Guajira
antes del año 1969, por el contrario, el objeto de la presente acción es que se
declare de su propiedad, acción que de acuerdo con Constitución Política de 1991
no es posible, lo que de manera definitiva demuestra que la tutela no es el
mecanismo idóneo para ello.
También alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, porque no es la
autoridad que debe responder por la presunta acción u omisión que vulneraría los
derechos fundamentales de la actora y además tampoco es competente para
tomar medidas encaminadas a prevenir los posibles daños expuestos por la
accionante.
El departamento de la Guajira y el municipio de Barrancas, La Guajira no se
pronunciaron sobre los hechos que dieron origen a la presente acción.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los
casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Problema jurídico
Mediante el ejercicio de la presente acción la parte actora pretende,
concretamente:
(i) el pago de utilidades y/o regalías a favor de la comunidad étnica de Patilla y Chancleta.
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(ii) suspender las explotaciones de carbón que actualmente se están realizando dentro del globo
de terreno de la comunidad del Cerrejón, hasta tanto se pague a la comunidad étnica de Patilla y
Chancleta las utilidades en dineros desde el año 2002.
(iii) modificar o cambiar las condiciones de los contratos celebrados entre el Estado, la empresa
Carbones del Cerrejón y la comunidad del Cerrejón.
(iv) ordenar a la Agencia Nacional de Tierras que determine quiénes son los propietarios del
territorio de Patilla y Chancleta.
(v) ordenar al Instituto Colombiano de Antropología e Historia que determine el origen y la
antigüedad que tiene la comunidad afrodescendientes de Patilla y Chancleta municipio de
Barrancas La Guajira.
En ese sentido, previo a estudiar sobre los argumentos del escrito inicial, la Sala
encuentra necesario hacer referencia a las motivaciones de la sentencia T -256 de
2015 de la Corte Constitucional, a efecto de verificar si en el presente caso se
encuentra satisfecho el requisito general de subsidiariedad.
Cuestión previa: motivaciones de la sentencia T-256 de 2015 de la Corte
Constitucional
Los miembros de la comunidad ancestral de negros afrodescendientes de los
corregimientos de Patilla y Chancleta del Municipio de Barrancas, La Guajira,
ejercieron acción de tutela contra la empresa “Carbones del Cerrejón Limited” . En
esa oportunidad invocaron la protección de los derechos fundamentales a un
ambiente sano, a la intimidad, a la vida y a la salud, a causa de la contaminación
ambiental por la emisión de las partículas de carbón que genera la explotación
carbonífera a cielo abierto y ante el incumplimiento por parte de la empresa
accionada de hacer efectivo el proceso de reasentamiento de sus familias, sin
tener en cuenta su identidad étnica como comunidad negra.
Mediante sentencia del 2 de abril de 2014, el Juzgado Promiscuo Municipal de
Barrancas declaró que la acción de tutela interpuesta por miembros de la
Comunidad de negros afrodescendientes de los corregimientos de Patilla y
Chancleta era improcedente, por no cumplir con el requisito de subsidiariedad y el
Juzgado Promiscuo de Familia de San Juan del Cesar confirmó el fallo de primera
instancia, al considerar que la acción de tutela incumplió con los requisitos de
subsidiariedad e inmediatez y no involucró el acaecimiento de un perjuicio
irremediable. El expediente fue seleccionado mediante auto del 10 de noviembre
de 2014, proferido por la Sala de Selección Número Once y asignado al
conocimiento de la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional.
Justamente, dentro del censo que fue aportado en esa oportunidad por solicitud
de la Corte, a efecto de identificar las familias que integraban los caseríos de
Chancleta y Patilla, ubicados en la jurisdicción de Barrancas, departamento de La
Guajira, se encuentra que fue relacionada la señora Eneida Barbosa Díaz con
cédula de ciudadanía número 1.118´814.432, junto con su núcleo familiar,
conformado por el señor German Antonio Carrillo Pérez con cédula de ciudadanía
número 84´005.344 y el menor Valeri Carrillo Díaz, como habitantes del caserío
de Patilla.
La Corte Constitucional precisó que del material probatorio se evidenciaba que en
la época se ejecutaba un proceso de reasentamiento a los habitantes de los
corregimientos de Patilla y Chancleta en el municipio de Barrancas, por cuanto la
empresa accionada consideró que la reubicación era necesaria en la medida que
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la explotación carbonífera a cielo abierto avanza hacia el sur de La Guajira. Por lo
que, desde el año 2006 se inició un proceso de reubicación, previos acuerdos con
la comunidad, el cual, indicó, se ha desarrollado de manera parcial con familias
pertenecientes a la comunidad accionante.
Al tiempo, indicó que, a la fecha de la interposición de esa acción de tutela, el
proceso de reasentamiento se encontraba suspendido, debido a que un grupo de
habitantes de la zona de influencia del proyecto, entre ellos los demandantes, se
negaba a aceptar las propuestas ofrecidas por la empresa accionada, al
considerar que los referidos acuerdos no satisfacían sus necesidades, en
atención a su identidad rural y campesina. Estimaron que se les estaba
sometiendo a vivir en condiciones indignas y a soportar la contaminación que se
genera en la zona.
En ese sentido, dado que los demandantes estimaron vulnerados los derechos
fundamentales a un ambiente sano, a la intimidad, a la vida y a la salud a causa
de la contaminación ambiental por la emisión de las partículas de carbón que
genera la explotación carbonífera a cielo abierto, ante el incumplimiento por parte
de la empresa accionada de hacer efectivo el proceso de reasentamiento de sus
familias sin tener en cuenta su identidad étnica como comunidad negra, la Corte
Constitucional planteó los siguientes problemas jurídicos.
(i) la empresa Carbones del Cerrejón Limited vulnera los derechos fundamentales
a la consulta previa y al reconocimiento y subsistencia como pueblo
afrodescendiente a los accionantes, miembros del Consejo Comunitario Negros
Afrodescendientes de Chancleta, asentados en los corregimientos de Patilla y
Chancleta, al negarse a reconocer la identidad afrodescendientes que alegan los
peticionarios y, en esa medida, efectuar consulta previa a fin de que en el proceso
de reasentamiento se garantice su identidad social, económica y cultural y, (ii) si
existe vulneración del derecho fundamental al agua de las comunidades
reasentadas como consecuencia de la actividad minera carbonífera en los
corregimientos de Patilla y Chancleta y de ser así, dictará las medidas
encaminadas a proteger el derecho fundamental.
Para resolver el primer problema jurídico, la Sala de decisión se refirió, entre
otras, a: (i) la procedencia de la acción de tutela para la protección de derechos
colectivos; (ii) protección del derecho al ambiente sano como deber del Estado
Social de Derecho; (iii) el traslado, reubicación y derechos de las comunidades
afectadas por proyectos de explotación a gran escala; (iv) el marco normativo
aplicable a procesos de traslado y reubicación de comunidades afectadas por
actividades de explotación minera y, (v) el derecho a la consulta previa y otros
mecanismos de participación de grupos étnicos en procesos de explotación de
recursos naturales.
En lo que aquí interesa, se destacan las siguientes consideraciones efectuadas
por la Corte Constitucional:
En relación con la procedencia excepcional del mecanismo constitucional
«115. Se observa que este caso involucra la protección de derechos fundamentales que, como la
consulta previa o el derecho fundamental a la participación efectiva y el derecho al reconocimiento
de la identidad étnica, los cuales están orientados a garantizar la pervivencia física y cultural de
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comunidades afrodescendientes, a proteger su derecho a subsistir en la diferencia. Al respecto, la
Corte ha dado aplicación a una regla especial cuando están de por medio los derechos de los
pueblos indígenas o las comunidades afrodescendientes, de acuerdo con la cual la tutela es, en
principio, el medio idóneo para proteger sus derechos.7
116. La intervención del juez constitucional en el presente caso, resulta necesaria para examinar las
consecuencias que se derivan de la explotación carbonífera por parte de la empresa Carbones del
Cerrejón Limited desde la perspectiva de la posible afectación de los derechos fundamentales de la
comunidad afrodescendiente accionante situada en el área de influencia del proyecto, con el fin de
que, en caso de encontrar afectación de estos derechos, se puedan ordenar medidas de protección
inmediatas. La acción popular no resulta un mecanismo idóneo para obtener una protección efectiva
y concreta de los derechos fundamentales cuyo amparo se demanda en el presente caso, por
cuanto, además de estar en juego la protección del derecho fundamental a la participación de los
accionantes, la puesta en funcionamiento de la obra de extracción minera amenazaba con generar
un perjuicio irremediable para otros derechos fundamentales, toda vez que con ella se modifica de
manera drástica el entorno del que derivan su sustento y, muy especialmente, pone en riesgo las
fuentes de agua de las que se abastecen los miembros de las comunidades de Patilla y Chancleta.
Se trata, por tanto, de una cuestión en la que están en juego condiciones elementales de vida digna
de las personas.
117. Así mismo, la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, ha concluido que el mecanismo
de las acciones populares no impide la procedencia de la acción de tutela cuando la afectación del
derecho colectivo, para cuya protección se consagran las primeras, conlleva la vulneración o
amenaza de derechos fundamentales en el caso concreto.8
En esta oportunidad, la Sala encuentra que los demandantes no se limitan a invocar la afectación en
abstracto de su derecho al medio ambiente, sino que se refieren de manera específica a la
contaminación de las fuentes de agua de las que se abastecen y a la afectación directa a su salud a
causa del material particulado o polvillo de carbón que genera la extracción de carbón a cielo
abierto.
118. En este orden, la Sala estima que no está ante un riesgo meramente hipotético para derechos
fundamentales no especificados, como consecuencia de la afectación del derecho colectivo al medio
ambiente.
No se puede desconocer que en Colombia el impacto negativo generado por la explotación de
carbón a cielo abierto ha repercutido en severos daños medioambientales como: el cambio o desvío
de importantes fuentes hídricas, filtraciones, botaderos de estériles y residuos sólidos de las áreas
de influencia, perjuicios causados al suelo, la tala masiva de árboles que llevan a deterioro del
medioambiente, la afectación de la salud de los habitantes de una zona donde se realice explotación
carbonífera y la pérdida de biodiversidad, entre otros .
119. De la Inspección Judicial realizada por la Corte Constitucional en los corregimientos de Patilla y
Chancleta se pudo verificar que en la actualidad las fuentes hídricas de las que se abastecen los
habitantes de la comunidad accionante se encuentran contaminadas; (ii) existe un riesgo constante
para la salud de la comunidad debido a la permanente explotación carbonífera y al material
particulado que se genera; (iii) la población accionante no cuenta con servicio de acueducto ni de
alcantarillado; (iv) no existen en la actualidad medidas tendientes contrarrestar los impactos
causados por la extracción de carbón; y, (v) resulta necesario establecer acciones de prevención,
mitigación, corrección y compensación correspondientes teniendo en cuenta concepción cultural y
social de la comunidad. De otro lado, (vi) se constató la precaria prestación del servicio de agua
potable en el lugar de reasentamiento dispuesto por la empresa accionada, así como, (vi) la falta de
condiciones óptimas para desarrollar proyectos productivos que permitan el auto sostenimiento de
las familias reubicadas, entre otras falencias presentadas por el presunto incumplimiento de las
7
Sentencias SU-039 de 1997, T-880 de 2006, T-769 de 2009, T-547 de 2010, T-129 de 2011, T-693 de 2011 y T-657 de
2013, T-294 de 2014 entre muchas otras.
8
Las condiciones de procedencia de la tutela en este tipo de situaciones han sido examinadas, entre otras, en las
sentencias T-1451 de 2000, SU-1116 de 2001, T-661 de 2012, T-814 de 2012, entre otras. De acuerdo con la síntesis
efectuada en la sentencia SU-1116 de 2001, y reiterada en posteriores decisiones: ““[P]ara que la tutela proceda y
prevalezca en caso de afectación de un interés colectivo, es necesario (i) que exista conexidad entre la vulneración de un
derecho colectivo y la violación o amenaza a un derecho fundamental, de tal suerte que el daño o la amenaza del derecho
fundamental sea ‘consecuencia inmediata y directa de la perturbación del derecho colectivo’. Además, (ii) el peticionario
debe ser la persona directa o realmente afectada en su derecho fundamental, pues la acción de tutela es de naturaleza
subjetiva; (iii) la vulneración o la amenaza del derecho fundamental no deben ser hipotéticas sino que deben aparecer
expresamente probadas en el expediente. Y (iv) finalmente, la orden judicial debe buscar el restablecimiento del derecho
fundamental afectado, y ‘no del derecho colectivo en sí mismo considerado, pese a que con su decisión resulte protegido,
igualmente, un derecho de esta naturaleza’”.
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obligaciones adquiridas por la empresa Carbones del Cerrejón dentro del proceso de reasentamiento
de las comunidades de Patilla y Chancleta.
120. En definitiva, en este caso se cumple con el requisito de subsidiariedad, toda vez que: (i ) está
en juego la protección de derechos fundamentales de una comunidad afrodescendiente, frente a los
cuales opera la regla especial según la cual es la tutela el mecanismo idóneo para su protección;
adicionalmente porque (ii) la acción popular permitiría obtener la protección del derecho colectivo al
medio ambiente, más no procedería para obtener la protección de los restantes derechos
fundamentales en juego; y, (iii) existe prueba sumaria de la amenaza del derecho fundamental al
agua potable, por lo cual la acción de tutela también se erige en el mecanismo idóneo para procurar
su protección.
b. Otros requisitos de procedibilidad formal
Verificado el cumplimiento del requisito de subsidiariedad, queda por establecer si están satisfechas
las restantes condiciones de procedibilidad formal de esta acción de tutela, esto es, las referidas a la
legitimación y a la inmediatez.
121. En primer término, se constata el cumplimiento del requisito de legitimación por activa en tanto
la tutela fue interpuesta por el apoderado judicial de la comunidad afrodescendiente denominada
Consejo Comunitario de Negros Ancestrales de Chancleta, la cual tiene un origen histórico
reconocido mediante Resolución No. 008 del 16 de enero de 2013, donde se acredita que el referido
Consejo Comunitario inscribió en la Alcaldía Municipal de Barrancas, La Guajira, Acta No. 001 de
Elección de la Junta del Consejo Comunitario Negros Ancestrales de Chancleta, de fecha 03 de
diciembre de 2011, las personas que aparecen como accionantes fueron elegidas integrantes de la
Junta Directiva del Cabildo.9
122. También se verifica el requisito de legitimación por pasiva, por cuanto la acción de tutela se
dirige contra la empresa Carbones del Cerrejón Limited responsable de ejecutar el proyecto de
extracción de carbón a cielo abierto en la zona donde habita la comunidad accionante y que ha
estado a cargo del reasentamiento de las familias afectadas.
123. Finalmente, se satisface el requisito de la inmediatez, pues como lo ha precisado esta
Corporación, cuando se trata de la afectación de la integridad cultural, social y económica de grupos
étnicos, el examen de esta exigencia tiene una especial connotación, por cuanto en estos casos la
afectación de derechos fundamentales persiste en la medida en que se mantengan los actos de
ejecución, razón por la cual es predicable la existencia de un daño susceptible de amparo 10,
independiente de si en el caso objeto de revisión es procedente o no la consulta. En el presente
caso, para examinar el requisito de la inmediatez, debe tenerse en cuenta, que si bien el proceso de
reasentamiento de la población de Patilla se inició en 2005 y la reubicación de la comunidad del
corregimiento de Chancleta en octubre de 2012, al momento en que se interpuso esta acción de
tutela (17 de marzo de 2014), transcurrieron cerca de dieciséis (16) meses, durante ese lapso la
comunidad afrodescendiente accionante no ha sido reasentada en su totalidad, por lo que continúa
en proceso de concertación con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales.
124. Así mismo, se debe tener en cuenta que para el momento en que se interpuso la tutela
continuaban las omisiones a las que los accionantes imputan la vulneración de sus derechos
fundamentales, toda vez que: (i) no se ha completado el reasentamiento de la comunidad
accionante, por lo cual aún habitan en el área de influencia del proyecto; y, (ii) las afectaciones
derivadas de la ejecución de la explotación de carbón a cielo abierto continuaban para el momento
en que se interpuso la tutela».
En relación con el análisis del primer problema jurídico planteado
«Sobre la vulneración de los derechos fundamentales al reconocimiento de la identidad de la
comunidad afrodescendiente residente en la zona de influencia de los corregimientos de
Patilla y Chancleta área de exploración y explotación de carbón a cielo abierto.
126. En respuesta al primero de los problemas jurídicos planteados, la Sala estima que, la empresa
Carbones del Cerrejón Limited vulneró los derechos fundamentales a la consulta previa y al
reconocimiento y subsistencia como pueblos afro descendientes a los miembros del Consejo
Comunitario Negros Afrodescendientes de Chancleta, asentados en los corregimientos de Patilla y
9
En la resolución de inscripción del Acta de Elección de la Junta del Consejo Comunitario Negros Ancestrales se reconoció
al señor Wilman Palmezano como presidente y representante legal, al señor Ramiro Enrique Carrillo como vice-presidente,
a la señora Devis Leonor Medina como secretaria, al señor Luis Antonio Duarte como tesorero y al señor Álvaro Contreras
como fiscal. (Folio 29 de la acción de tutela.).
10
Criterio empleado por la Sala Primera de Revisión, entre otras, en sentencias T-993 de y T-657 de 2013.
15
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Demandante: Eneida Barbosa Díaz, miembro de la Comunidad
Afrodescendiente de Patilla y Chancleta
Chancleta, al negarse a reconocer su presencia en la zona de influencia y a efectuar consulta previa
al otorgamiento de la licencia ambiental y al inicio del proyecto de exploración y extracción de carbón
a cielo abierto. Ello se tradujo en la vulneración de los derechos fundamentales al medioambiente, a
la vida en condiciones dignas, debido a la vulneración del derecho de acceso al agua potable, y a la
participación de la comunidad accionante asentada en la zona de influencia del mencionado
proyecto.
(…)
131. A lo largo de su historia, los miembros de las comunidades negras de Patilla y Chancleta,
dedicadas principalmente a actividades agrícolas, han establecido todo un complejo sistema
toponímico sobre su territorio, dándole significado a cada uno de sus lugares, estableciendo normas
de comportamiento para su uso. Dentro de su proceso de fortalecimiento de su identidad étnica
estas prácticas se visibilizan como marcas asociadas a referentes propios de las comunidades
afrodescendientes como vocación rural, religiosidad, la reciprocidad y la relación con el territorio,
entre otras influencias. 11
El desconocimiento de la identidad negra de las comunidades de Patilla y Chancleta, entre otras, se
funda en posturas esencialistas que desde referentes normativos pretenden determinar la
pertenencia étnica en cada caso en particular12.
(…)
134. En el caso concreto, los miembros de las comunidades de Patilla y Chancleta se auto
reconocen como negros afrodescendientes, con el fin de defender su vida, territorio y sentido
comunitario como sujetos de derechos étnicos tales como la consulta previa, desvirtuando la
concepción de que una comunidad negra solo puede ser reconocida como tal, cuando de
comprueban purezas culturales asociadas a la africanidad.
(…)
137. Todos los elementos hasta aquí señalados le permiten a esta Sala concluir que: (i) los
accionantes de la presente acción de tutela se auto reconocen como una comunidad de negros
afrodescendientes y en esa medida, se hacen parte de un proceso de reivindicación identitaria y
territorial, con el fin de proteger su derecho a la tierra y a seguir existiendo como comunidad negra y
culturalmente diversa; (ii) no existe ningún obstáculo en términos legales para que las comunidades
negras de Patilla y Chancleta al sur de La Guajira conformadas por familias de ascendencia
afrocolombiana, quienes poseen una cultura propia, comparten una historia y conservan sus propias
tradiciones y costumbres, puedan ser reconocidas como titulares de derechos colectivos, territoriales
y culturales; (iii) en la actualidad conforman el Consejo Comunitario Negros Ancestrales de
Chancleta, acción colectiva orientada a la defensa del territorio que reclaman como ancestral y a la
consolidación de la identidad negra, el cual aún no cuenta con reconocimiento por el Ministerio del
Interior. 13
Para que un proyecto sea consultado no es necesario que la afectación se produzca en
territorios colectivos
(…)
141. A diferencia de lo que sostiene la empresa Carbones del Cerrejón Limited, no es necesario que
existan territorios colectivos afectados por un proyecto de explotación minera, para que surja el
deber de consultar.
De conformidad con el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, los Estados como Colombia deben
“consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones
representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles
directamente”. Una de las medidas que los pueden afectar es la explotación carbonífera a cielo abierto
en su ámbito territorial, máxime, si dentro del Plan de Manejo Ambiental se contempla la necesidad
de reasentar a toda la comunidad. Al respecto el art. 13.2 del Convenio 169 que forma parte del
11
Concepto técnico emitido por el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP/Programa para la Paz. Folios 871 al
906 del cuaderno principal.
12
Restrepo Eduardo, “Avatares del negro en la antropología colombiana”. Nómadas, No. 9, pp 191-200. Colombia,
Universidad Central 1998.
13
Mediante Resolución No. 008 del 2013 se realizó inscripción en la Alcaldía del Municipio de Barrancas, la Guajira el Acta
No. 001 de elección de la junta del consejo comunitario. (Folio 28 y 29 del cuaderno principal).
16
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bloque de constitucionalidad,14 establece que “la utilización del término “tierras” en los artículos 15 y 16 deberá
incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan
o utilizan de alguna otra manera” (subraya original).
De igual manera el Convenio reitera este concepto amplio de territorio al referirse a las prioridades
de los pueblos indígenas y tribales en las “prioridades de desarrollo en la medida que éste afecte (…) a las
tierras que ocupan o utilizan de alguna manera” (subraya original).
142. Una de las hipótesis de la consulta previa se encuentra regulada en el artículo 13 del Decreto
1320 de 199815, cuando se adopten medidas en el territorio de un resguardo.
“la consulta previa se realizará cuando el proyecto, obra o actividad se pretenda desarrollar en zonas de
resguardo o reservas indígenas o en zonas adjudicadas en propiedad colectiva a comunidades negras.
Igualmente, se realizará consulta previa cuando el proyecto, obra o actividad se pretenda desarrollar
en zonas no tituladas y habitadas en forma regular y permanente por dichas comunidades indígenas o
negras, de conformidad con lo establecido en el siguiente artículo”.
En consecuencia, el hecho de que los integrantes de la Comunidad de Negros Afrodescendientes de
Patilla y Chancleta no se encuentren asentados en un territorio colectivo, no justifica que no se
realice el derecho a la consulta previa, porque del Convenio 169 se desprende que se deben
consultar aquellas medidas que los afecten directamente con el objeto de obtener su consentimiento
previo, libre e informado. En el presente caso, está clara la afectación porque la ejecución del
proyecto de exploración y explotación de carbón a cielo abierto se encuentra en el ámbito territorial
de la Comunidad de Negros Afrodescendientes de Patilla y Chancleta, ubicado en los corregimientos
de Patilla y Chancleta del municipio de Barrancas, La Guajira.
143. Esa conclusión se desprende de la Resolución No. 008 de 2013 por medio de la cual la Alcaldía
del Municipio de Barrancas, resolvió inscribir el Acta No. 001 de elección de la Junta del Consejo
Comunitario Negros Ancestrales de Chancleta, de fecha 3 de diciembre de 2011, con lo cual se
desvirtúa la conclusión hecha por el apoderado judicial de la empresa accionada en la contestación
de la presente acción de tutela, al sostener que “ese Consejo se conformó en el año 2013” , es decir, mucho
tiempo después de haberse iniciado el proceso de reasentamiento. “con el claro propósito de recibir
mayores beneficios del programa de reasentamiento”16. Sobre el particular se reitera que la jurisprudencia de
la Corte Constitucional ha sostenido que no puede negarse el derecho de una comunidad étnica a
ser consultada con el argumento de que la constitución de un Consejo Comunitario tuvo lugar con
posterioridad al otorgamiento de la licencia ambiental para el respectivo proyecto 17.
144. Así mismo, en Resolución No. 008 del 16 de enero de 2013, la Alcaldía del Municipio de
Barrancas, La Guajira ordenó en su artículo cuarto enviar copia del acta inscrita al Gobernador de La
Guajira y a la Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras del Ministerio del Interior, para lo
de su conocimiento y fines pertinentes. Sin que, a la fecha de interposición de la presente acción de
amparo, exista prueba dentro del expediente que corrobore que el Ministerio del Interior, a través de
la dirección pertinente, haya iniciado los trámites necesarios para realizar la respectiva certificación.
Sin embargo, este tampoco sería un argumento válido para desconocer la existencia de la
comunidad negra accionante en la zona de influencia del presente proyecto carbonífero y por ende
garantizar su derecho a la consulta18 y de esta manera obtener el consentimiento previo, libre e
informado sobre las medidas a adoptar en el proyecto a gran escala ejecutado por la empresa
carbonífera accionada.
145. Adicionalmente, no comparte esta Sala de Revisión lo afirmado por el apoderado general de la
empresa Carbones del Cerrejón Limited dentro de la diligencia de interrogatorio de parte 19,
desarrollada durante la Inspección Judicial en los corregimientos de Patilla y Chancleta, respecto a
que en los corregimientos de Patilla y Chancleta no puede hablar de la existencia de una comunidad
afrodescendientes conformada por los accionantes. Lo anterior, por cuanto lo manifestado por el
apoderado de la empresa Cerrejón no se ajusta a la realidad plasmada dentro de los hechos y
pretensiones de la demanda de protección de derechos fundamentales, teniendo en cuenta, además
los antecedentes históricos referidos anteriormente, que: (i) la acción de tutela fue interpuesta en
representación de todos los miembros la comunidad de negros afrodescendientes de Patilla y
Chancleta (incluidas las 2 familias Wayuu que conviven en esa comunidad), lo que es claramente el
14
La Corte Constitucional ha señalado en las siguientes decisiones que el Convenio 169 forma parte del bloque de
constitucionalidad: Auto 005 de 2009; sentencia 175 de 2009; sentencia C-208 de 2007; sentencia C-864 de 2008;
sentencia SU-183 de 2003.
15
“Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos
naturales dentro de su territorio”.
16
Folio 177 del cuaderno principal.
17
Sentencia T-993 de 2012.
18
Sentencias T-693 de 2012, T-993 de 2012, T-172 de 2013 y T-294 de 2014.
19
Folio 530 del cuaderno constitucional. Pregunta número 9 realizada por el Magistrado Auxiliar delegado al representante
legal de la Empresa Carbones del Cerrejón Limited, durante la primera parte de la diligencia. Marzo 05 de 2015.
17
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ejercicio de una acción colectiva; (ii) en ejercicio del derecho a la autonomía los accionantes se auto
identifican y reconocen como una comunidad netamente campesina y rural, de origen
afrodescendiente, y como tal, solicitan que la empresa accionada tenga en cuenta su interés de
conservar, sus usos, tradiciones y costumbres sociales y culturales; y, (iii) manifiestan que como
comunidad negra tienen derecho a conservar su acervo cultural e histórico, en el caso de ser
reasentados.
146. De las pruebas aportadas al proceso de revisión, la Sala observa que los miembros de la
comunidad accionante y Carbones del Cerrejón han desarrollado diferentes talleres y reuniones de
concertación, en distintas etapas de proceso de reasentamiento que en la actualidad la empresa
explotadora de carbón ejecuta dentro de los corregimientos de Patilla y Chancleta, y sobre lo cual
Cerrejón expone que “en este momento el número de familias que actualmente se encuentran en las comunidades,
identificadas como impactadas por el proceso, se les ha venido presentando varias alternativas a fin de conceder su
traslado20”.
Esas alternativas que no son aceptadas por los peticionarios por no cumplir con sus exigencias en
torno a que se respete su identidad étnica y en esa medida se garanticen sus derechos como
comunidad negra y medios rurales de subsistencia21, sobre el particular manifestaron:
“…nosotros somos campesinos y como tal requerimos un traslado de la misma forma, no como lo están
haciendo con una parte de las personas que se fueron que los pusieron a vivir en conjuntos cerrados,
urbanizaciones, siendo campesinos hoy en día están en dificultad por la misma razón. Entonces yo no,
nosotros los que estamos aquí no queremos eso, queremos una reubicación diferente que principalmente nos
den tierras porque somos campesinos porque el campesino sin tierra no es campesino, entonces nosotros
queremos conservar nuestra identidad que aquellos no la tienen ya porque no viven como estaban, entonces
nosotros no queremos perder nuestra identidad”
Por estas razones, consideran que se les están vulnerando otros derechos fundamentales como el
goce efectivo de una vida en condiciones dignas, a la salud, a la intimidad y a un ambiente sano, al
continuar viviendo en la zona de influencia del proyecto carbonífero.
147. Ahora bien, al tener certeza esta Sala de Revisión acerca de que el proceso de reasentamiento
está en curso y según lo manifestado por el apoderado general de Carbones del Cerrejón Limited,
sobre el avance de la explotación minera hacia el sur de La Guajira, en los siguientes términos:
“…dentro de los compromisos que tiene la compañía y dentro de la vocación del país de hacer explotación de
sus recursos, pues las minas requieren seguir avanzando, el avance de la minería se hace hacia esta zona y
si bien en este momento estamos en unas condiciones óptimas para respirar el aire, para poder hacer la
debida explotación minera y atender los compromisos que tiene la empresa con la agencia nacional de
minería y en general con el país pues vamos a necesitar avanzar minería hacia el sur, entonces
precautelarmente, antes de que eso suceda queremos hacer el reasentamiento, no sería serio ni responsable
que nosotros esperáramos a tener unos niveles de calidad de aire por fuera de la norma para hacer es te
ejercicio que hoy estamos haciendo de manera anticipada, de manera preventiva , evitando cualquier clase de
riesgo para que de ese manera podamos hacer el desarrollo del proyecto. Entonces, en síntesis, que quiero
decir hoy no tenemos contaminación, hoy claramente los niveles como lo pueden constatar las entidades que
están aquí presentes, los niveles están dentro de los marcos admitidos por la ley. Pero es posible que en tres
años el avance de la minería si modifique esos estatus y antes de que eso suceda lo responsable es lograr el
traslado de estas comunidades”22.
Ese hecho demuestra que el proyecto de explotación de carbón en los corregimientos de Patilla y
Chancleta es inminente.
148. Por lo anterior, se ordenará al Ministerio del Interior que adelante proceso de consulta previa,
por la afectación generada por la explotación de carbón a cielo abierto ejecutada por la empresa
Carbones del Cerrejón Limited en los corregimientos de Patilla y Chancleta.
La finalidad del derecho a la consulta previa, es entrar en un proceso de diálogo y concertación, que
permita llegar a acuerdos antes de que se inicie la exploración y explotación de la obra en la zona de
influencia comprendida por los corregimientos de Patilla y Chancleta. Para garantizar el carácter
previo de la consulta ésta debe realizarse bajo una estrategia de enfoque diferencial conforme a las
particularidades de la comunidad negra asentada en esos territorios, respetando su auto
reconocimiento, su identidad cultural, sus costumbres y procurando la conservación de su forma de
vida y subsistencia rural.
20
Folio 186 del cuaderno principal.
21
Folio 518 del cuaderno constitucional. Pregunta número 14 realizada por el Magistrado Auxiliar delegado al líder
comunitario Wilman Palmezano Arregocés, durante la primera parte de la diligencia. Marzo 05 de 2015.Acta de Inspección
Judicial.
22
Folio 527 del cuaderno constitucional. Pregunta número 5 realizada por el Magistrado Auxiliar delegado al apoderado
general de la empresa Carbones del Cerrejón dentro del interrogatorio de parte. Inspección Judicial. Marzo 5 y 6 de 2015.
18
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Así mismo, encuentra la Sala Octava de Revisión necesario resaltar que el proceso de consulta
previa que se realice por la empresa Carbones del Cerrejón Limited en los corregimientos de Patilla
y Chancleta debe ejecutarse respetando siempre los principios de razonabilidad y proporcionalidad
con el fin de garantizar derechos y principios constitucionales; en esa medida, debe existir en el
presente caso la aceptación expresa y libre por parte de la comunidad de Patilla y Chancleta, con el
fin de obtener siempre una participación efectiva por parte de estas comunidades. En todo caso, el
proceso de consulta previa solo será constitucionalmente válido, si cuenta con el
consentimiento previo, libre e informado de la comunidad accionante.
149. En todo caso, se deberá garantizar a los miembros de la comunidad de negros
afrodescendientes de Patilla y Chancleta, incluidas las 2 familias Wayuu que libremente decidieron
convivir en esa comunidad, el derecho fundamental a la participación efectiva y significativa,
aplicando en todos los casos la regla del consentimiento previo, libre e informado, en la evaluación
de los estudios de impactos ambientales, sociales y culturales derivados del proyecto, en la
determinación de las medidas de prevención, mitigación y compensación, y en la elaboración de los
instrumentos empleados para censar a la población afectada. Así mismo, su derecho a recibir
compensaciones equitativas por las mayores cargas ambientales y sociales correspondientes.
Dentro del referido proceso de consulta previa se deberá tener en cuenta la participación de todas
las familias que conforman la referida comunidad, las cuales fueron plenamente identificadas (…).
(…)
Las deliberaciones llevadas a cabo en el proceso de diálogo, participación y concertación deberá
respetar el principio de buena fe y estar orientado a lograr acuerdos que plasmen una adecuada
ponderación de los derechos cuya efectividad está en juego, procurando evitar posturas
adversariales y de confrontación que bloqueen la toma de una decisión definitiva, propugnando
siempre por la obtención del consentimiento libre, expreso e informado de las comunidades de
Patilla y Chancleta, como garantía reforzada del derecho general de participación de los pueblos
étnicos.
150. Finalmente, se solicitará a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación
apoyar, acompañar y vigilar el pleno cumplimiento de lo determinado en el presente fallo, con el fin
de garantizar la efectividad de los derechos aquí protegidos
(…)».
Del cumplimiento del requisito general de subsidiariedad
Como se indicó, dentro de los requisitos generales de procedencia se encuentra
el de subsidiariedad, consistente en “(…) (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (…)” .
En cuanto al requisito de subsidiariedad, se tiene que dicho requisito consiste en
impedir que la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicación, se
convierta en un mecanismo principal de protección de los derechos
fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la ley
estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para
garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
No en vano los artículos 86 23 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del
Decreto 2591 de 1991 24 prevén como causal de improcedencia de la acción de
23
“Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública.
(…)
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)” (se destaca).
24
“Artículo 6º-Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante (…).”
19
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tutela la existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos
invocados. De manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han
agotado los mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto
para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales.
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por
lo menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues,
de lo contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no
solo involucra la interposición de los recursos que proceden, sino también que en
éstos se cuestionen las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de
tutela.
Del requisito de subsidiariedad en el caso concreto
Como se anticipó, mediante el ejercicio de la presente acción la parte actor a
pretende, concretamente: (i) el pago de utilidades y/o regalías a favor de la comunidad étnica
de Patilla y Chancleta; (ii) suspender las explotaciones de carbón que actualmente se están
realizando dentro del globo de terreno de la comunidad del Cerrejón, hasta tanto se pague a la
comunidad étnica de Patilla y Chancleta las utilidades en dineros desde el año 2002; (iii) modificar
o cambiar las condiciones de los contratos celebrados entre el Estado, la empresa Carbones del
Cerrejón y la comunidad del Cerrejón; (iv) ordenar a la Agencia Nacional de Tierras que determine
quiénes son los propietarios del territorio de Patilla y Chancleta y, (v) ordenar al Instituto
Colombiano de Antropología e Historia que determine el origen y la antigüedad que tiene la
comunidad afrodescendientes de Patilla y Chancleta municipio de Barrancas La Guajira.
La actora sustenta la vulneración de los derechos fundamentales invocados en los
actos de despojo y desplazamientos forzosos contra la Comunidad étnica de
Patilla y Chancleta del municipio de Barrancas, La Guajira, en razón de la
explotación de carbón en el subsuelo de su territorio por parte de la empresa
Carbones del Cerrejón Limited, lo cual, a su juicio, pone en riesgo la
supervivencia de la comunidad.
Al respecto, de las contestaciones de la acción de tutela y de los supuestos
fácticos narrados en la sentencia T- 256 de 2015, se observa que la Corte
Constitucional logró determinar respecto de la comunidad étnica de Patilla y
Chancleta del municipio de Barrancas, La Guajira, en primer lugar, que «los
integrantes de la Comunidad de Negros Afrodescendientes de Patilla y Chancleta no se
encuentren[tran] asentados en un territorio colectivo».
En segundo lugar, quedó establecido en ese proceso de tutela que, incluso
durante el trámite de ese mecanismo constitucional, se encontraba adelantado un
proceso de reasentamiento de la comunidad por parte de la empresa Carbones
del Cerrejón Limited, que comprendía a todos los integrantes.
En tercer lugar, que, en esa oportunidad, el amparo de la tutela consistió en
ordenar al Ministerio del Interior que adelantara proceso de consulta previa, por la
afectación generada por la explotación de carbón a cielo abierto ejecutada por la
empresa Carbones del Cerrejón Limited en los corregimientos de Patilla y
Chancleta, orden en la que no solo se precisó sobre la importancia de tener en
cuenta el consentimiento previo, libre e informado de la comunidad accionante,
sino que, expresamente se previó «su derecho a recibir compensaciones equitativas por las
mayores cargas ambientales y sociales correspondientes. Dentro del referido proceso de consulta
20
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previa se deberá tener en cuenta la participación de todas las familias que conforman la referida
comunidad, las cuales fueron plenamente identificadas (…)» .
Todo lo anterior para señalar que lo relacionado con el “pago de utilidades y/o regalías
a favor de la comunidad étnica de Patilla y Chancleta” y “suspender las explotaciones de carbón
que actualmente se están realizando dentro del globo de terreno de la comunidad del Cerrejón,
hasta tanto se pague a la comunidad étnica de Patilla y Chancleta las utilidades en dineros desde
el año 2002” es un asunto que no puede ser analizado en este escenario
constitucional, porque el pago de compensaciones fue un aspecto abordado en el
amparo concedido en la sentencia T-256 de 2015, oportunidad en la que, valga
decir, la orden comprendió la totalidad del censo aportado por el entonces
apoderado de la comunidad étnica, en el que incluso, como se vio, fue incluida la
señora Eneida Barbosa Díaz, junto con su núcleo familiar.
En ese orden, en el presente caso, corresponde a la demandante estarse a lo
resuelto en la sentencia T-256 de 2015 de la Corte Constitucional, en relación con
los miembros de la comunidad ancestral de negros afrodescendientes de los
corregimientos de Patilla y Chancleta del municipio de Barrancas, La Guajira.
Ahora, si la parte actora considera que no se ha dado cumplimiento a las órdenes
contenidas en la sentencia T-256 de 2015 o a alguno de los acuerdos suscritos en
cumplimiento de tal, o del proceso de diálogo y concertación prevista para la
consulta previa ordenada, le corresponde bien, a la solicitud de cumplimiento, o
bien, al incidente de desacato de que tratan los artículos 27 y 52 del Decreto 2591
de 1991, respectivamente.
Adicionalmente, la pretensión de que se suspenda las explotaciones de carbón
que actualmente se están realizando dentro del terreno de la comunidad del
Cerrejón, implica cuestionar un contrato de concesión minera que fue celebrado
hace más de 30 años y modificado hace más de 15 en lo que tiene que ver con la
zona de asentamiento de la comunidad afrodescendiente y respecto del cual se
observa, precisamente, que la Corte Constitucional intervino por considerar que
en el marco de la explotación de carbón se había vulnerado fundamentalmente el
derecho a la consulta previa de la comunidad y, por esa razón, emitió ordenes
dirigidas a llevar a cabo un proceso de diálogo y concertación.
En lo demás, las pretensiones dirigidas a ordenar a la Agencia Nacional de
Tierras que determine quiénes son los propietarios del territorio de Patilla y
Chancleta y ordenar al Instituto Colombiano de Antropología e Historia que
determine el origen y la antigüedad que tiene la comunidad afrodescendiente de
Patilla y Chancleta municipio de Barrancas La Guajira, no resultan procedentes
porque de acuerdo con la respuesta proporcionada por la Agencia Nacional de
Tierras - Subdirección de Asuntos Étnicos, se encuentra en trámite la petición de
titulación colectiva del Consejo Comunitario de Negros Ancestrales de Chancleta
y Patilla, en cuanto, en radicado ANT 20205001197631, se le informó a la
comunidad que la solicitud no cumplió con los requisitos establecidos en el
artículo 20 del Decreto 1745 de 1995, compilado en el artículo 2.5.1.2.20 del
Decreto 1066 de 2015, porque faltó información y se les requirió para que
aportaran el croquis del área pretendida por la comunidad, en donde se
especifiquen los accidentes geográficos -ríos, quebradas, montañas, etc.-,
coordenadas, puntos limites, medidas que demarquen el área, o cualquier otra
información que permita la representación gráfica de la misma.
21
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Demandante: Eneida Barbosa Díaz, miembro de la Comunidad
Afrodescendiente de Patilla y Chancleta
Si bien, en escrito radicado ANT 20216200048262, el representante legal Consejo
Comunitario de Negros Ancestrales de Chancleta y Patilla solicitó tiempo para la
entrega de la documentación requerida y la entidad con Oficio ANT
20205001197631 le indicó que una vez la comunidad cuente con los documentos
requeridos para complementar la solicitud de titulación colectiva, podía remitirlos a
la Dirección de Asuntos Étnicos, al correo electrónico institucional
info@ant.gov.co. Sin que la comunidad haya allegado la información solicitada.
De manera que, en el presente caso, corresponde estarse a lo en la sentencia T-
256 de 2015 de la Corte Constitucional, en relación con los miembros de la
comunidad ancestral de negros afrodescendientes de los corregimientos de Patilla
y Chancleta del municipio de Barrancas, La Guajira y declarar improcedente la
solicitud en cuanto a la petición de titulación de suelos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Estarse a lo resuelto en la sentencia T-256 de 2015 de la Corte
Constitucional, en relación con los miembros de la comunidad ancestral de
negros afrodescendientes de los corregimientos de Patilla y Chancleta del
municipio de Barrancas, La Guajira, conforme con lo expuesto en la parte
motiva.
2. Declarar improcedente, en lo demás, la acción de tutela.
3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
22
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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