Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02800-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02800-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-02800-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
15 de septiembre de 2022
Demandante: Alfonso Prieto Rodríguez
Demandado: Consejo de Estado
– Sección Segunda – Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02800-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02800-01
Demandante: ALFONSO PRIETO RODRÍGUEZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN
A
Temas: Tutela contra providencia judicial – Confirma negativa y revoca
improcedencia – Defecto fáctico y vulneración al derecho a la
igualdad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte accionante en contra de la
sentencia de primera instancia del 13 de julio de 2022 proferida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B. En esta providencia se resolvió:
1º) Deniégase la acción de tutela presentada por el señor Alfonso Prieto
Rodríguez, en lo relacionado con el invocado defecto procedimental absoluto y el
defecto por desconocimiento del precedente judicial, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) Declárese improcedente la acción de tutela en lo atinente a los alegados
defectos sustantivo y fáctico1.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito enviado por correo electrónico el 23 de mayo de 2022 al buzón
web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el señor Alfonso Prieto
Rodríguez mediante apoderado judicial, interpuso acción de tutela en contra de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado. El tutelante consideró
que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, al mínimo vital, a la igualdad, a la seguridad jurídica y a la presunción de
buena fe2.
1
Folio 15 del fallo de tutela de primera instancia.
2
Folio 27 del escrito de tutela cargado a SAMAI.
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Alfonso Prieto Rodríguez
Demandado: Consejo de Estado
– Sección Segunda – Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02800-01
2. El accionante consideró violadas las referidas garantías constitucionales con
la sentencia de segunda instancia que resolvió la acción de lesividad que presentó
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social –UGPP– en contra del acto administrativo que
le reconoció una pensión gracia al señor Alfonso Prieto Rodríguez3.
1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, los accionantes solicitaron:
PRIMERA: Que se AMPARE los derechos fundamentales al mínimo vital, igualdad,
debido proceso, seguridad jurídica y presunción de buena fe, por los vicios y defectos
(procedimental, fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente) encontrados en
la sentencia del 02 de diciembre de 2021, emitida por el Consejo de Estado – Sección
Segunda – Subsección A, Consejero Ponente: Gabriel Valbuena Hernández.
SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTO el numeral primero de la sentencia del 02 de
diciembre de 2021, proferida por el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso
Administrativo – Sección Segunda – Subsección A, Consejero Ponente: Gabriel
Valbuena Hernández, dentro del radicado 15001233300020140030601 (1148-2019).
TERCERA: Ordenar al Honorable Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso
Administrativo – Sección Segunda – Subsección A que, profiera una nueva sentencia
en el que se niegue el restablecimiento del derecho a la entidad, esto es, la devolución
de los valores percibidos por el accionado con ocasión de la pensión gracia que le fue
reconocida, al no desvirtuarse la presunción de buena fe4. (SIC en toda la cita)
1.3. Hechos probados y/o admitidos
4. El señor Alfonso Prieto Rodríguez nació el 4 de diciembre de 1950, cumplió
50 años en el año 2000 y prestó sus servicios como docente por más de 20 años
así:
• Docente nacionalizado de la Escuela Catoba del Municipio de Sotaquirá (Boyacá)
entre el 12 de septiembre de 1969 y el 15 de julio de 1973.
• Docente nacional en el Colegio Municipal Río de Piedras en el Municipio de Tuta
(Boyacá) entre el 20 de agosto de 1973 y el 22 de agosto de 1990.
• Docente nacional del Instituto Gran Colombia de Tunja (Boyacá) entre el 23 de
agosto de 1990 y el 30 de diciembre de 2000.
5. Debido a lo anterior, el 16 de enero de 2001, el accionante solicitó ante
CAJANAL el reconocimiento y pago de la pensión gracia. En respuesta, esta entidad
expidió la Resolución No. 015522 del 14 de junio de 2001, por medio de la cual le
negó lo pretendido por no cumplir con el requisito de 20 años de servicio en la
docencia oficial del orden departamental, municipal o distrital. Esta decisión fue
confirmada mediante acto administrativo No. 000113 del 26 de junio de 2001.
6. Por esto, el accionante junto con otras 88 personas de diferentes partes del
país presentaron una acción de tutela5. En primera instancia el proceso le
3
Rad. 15001233300020140030601 (1148-2019)
4
Folio 27 del escrito de tutela. Documento 4 cargado a SAMAI.
5
Rad. 2006-194.
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Demandante: Alfonso Prieto Rodríguez
Demandado: Consejo de Estado
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correspondió al Juzgado 2.º Civil del Circuito Judicial de Magangué, Bolívar6 que en
sentencia del 6 de octubre de 2006 ordenó el reconocimiento y pago de la pensión
gracia a favor de cada uno de los docentes accionantes.
7. Por lo anterior, el 19 de noviembre de 2010, el accionante presentó petición
ante CAJANAL con el fin de obtener el cumplimiento del fallo de tutela del 6 de
octubre de 2006. Por esto, la UGPP, mediante Resolución RDP 026269 del 11 de
junio de 2013, dio cumplimiento al fallo de tutela en mención y en consecuencia
reconoció y ordenó pagar una pensión gracia a favor del señor Alfonso Prieto
Rodríguez efectiva a partir del 4 de septiembre del 20007.
8. Ahora bien, la UGPP por intermedio de apoderado judicial, presentó
demanda en la modalidad de lesividad con el fin de que se declarara la nulidad de
la Resolución RDP026269 del 11 de junio de 2013 antes mencionada; y a título de
restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara la devolución o reintegro de
los dineros pagados o indexados por concepto de la referida pensión gracia.
9. En primera instancia el asunto correspondió al Tribunal Administrativo de
Boyacá. Esa autoridad judicial, en sentencia del 13 de noviembre de 2018, declaró
la nulidad del acto administrativo demandado y negó el restablecimiento del
derecho.
10. Como fundamento de su decisión, consideró que el señor Alfonso Prieto
Rodríguez no acreditó el cumplimiento del requisito del tiempo de servicios
establecido en la Ley 114 de 1913, es decir, 20 años de servicio en el orden
departamental, municipal o distrital. Por esto, señaló que no le asistía el derecho al
reconocimiento y pago de la pensión gracia.
11. En cuanto al restablecimiento del derecho, concluyó que la UGPP como
demandante no cumplió con la carga de desvirtuar la buena fe del docente al
momento de acudir a través de la acción de tutela para el reconocimiento pensional,
razón por la que negó la solicitud de devolución de lo pagado como consecuencia
de la declaratoria de nulidad del acto demandado.
12. Contra la anterior decisión, el accionante, el Ministerio Público y la UGPP
presentaron recurso de apelación.
13. Los recursos de alzada fueron desatados por la Subsección A de la Sección
Segunda de esta Corporación, en sentencia del 2 de diciembre de 2021. En esta
providencia se confirmó la declaratoria de nulidad del acto administrativo
6
Al efecto, es preciso señalar que el Juez titular fue condenado por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo sucesivo y
heterogéneo sucesivo con prevaricato por omisión por proferir el fallo del 6 de octubre de 2006 en
cuestión. Esta decisión fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia en providencia del 25 de
enero de 2017.
7
De manera previa a esta actuación, CAJANAL expidió la Resolución No. 44480 del 25 de
septiembre de 2007, con la que negó el reconocimiento pensional, pues el docente no cumplía con
el tiempo de servicio requerido en el orden territorial.
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demandado, pero modificó el fallo de primera instancia, para en su lugar acceder a
la solicitud de devolución de las sumas percibidas por el señor Alfonso Prieto
Rodríguez por concepto de la pensión gracia que le fue reconocida.
14. Para llegar a la anterior conclusión, en primer lugar, encontró que le asistía
razón al a quo cuando estableció que los tiempos nacionales no se podían tener en
cuenta a efectos de la pensión gracia reconocida, pues solo le resultaba computable
el tiempo servido como docente del orden territorial, el cual resultó ser inferior a los
20 años de servicio que consagra la ley.
15. Ahora, con relación al restablecimiento del derecho consistente en el
reintegro de los valores pagados por concepto de pensión gracia a favor del
accionante, la autoridad judicial accionada señaló que las circunstancias en que se
concedió la mencionada pensión configuran el llamado fraude global pues habiendo
obtenido una respuesta negativa de la administración, y con pleno conocimiento de
no cumplir los requisitos mínimos, utilizó la acción de tutela instaurándola en un
lugar apartado de su domicilio, del último lugar de prestación de servicio o del lugar
de los actos administrativos previos (Boyacá). Esto, en su sentir ponía en entredicho
la buena fe del actuar del accionante, pues desconoce el artículo 378 del Decreto
2591 de 1991 y pasa por el alto las reglas fijadas en materia de reparto de las
acciones de tutela.
16. Finalmente, el operador judicial resaltó que el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena9 condenó al ciudadano Arnedys José Payares Pérez como
autor del delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo sucesivo y
heterogéneo sucesivo con prevaricato por omisión, al proferir como juez 2.º Civil del
Circuito de Magangué el fallo de tutela del 6 de octubre de 2006 antes mencionado
a favor de los docentes, entre ellos el hoy accionante, en contravía de la
Constitución, la ley y la jurisprudencia administrativa; y que tal decisión tuvo lugar al
analizar un fraude global cuyo origen es la pluricitada solicitud de amparo.
17. Por lo anterior, la autoridad judicial accionada concluyó que el actor no
cumplió con los requisitos para obtener el beneficio de la pensión gracia y además
actuó de mala fe, razón por la que ordenó la devolución de las sumas canceladas
por concepto de esta prestación, previo acuerdo de reembolso suscrito con el
accionante en condiciones que no amenacen sus garantías fundamentales, por ser
una persona de más de 70 años.
8
Artículo 37. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o
tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la
presentación de la solicitud.
(…)
9
Esta decisión fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal en
sentencia del 25 de enero de 2017. Rad. N° 47586. Obra providencia en:
http://consultajurisprudencial.ramajudicial.gov.co:8080/WebRelatoria/csj/index.xhtml
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1.4. Fundamentos de la vulneración
18. Para el accionante, la autoridad judicial accionada vulneró sus garantías
fundamentales, con la sentencia del 2 de diciembre de 2021, por cuanto incurrió en
los siguientes defectos:
1.4.1. Defecto procedimental absoluto
19. En este punto, el accionante indició que la acción de lesividad no era el medio
idóneo para realizar un juicio de responsabilidad de su conducta y exponer los
reproches sobre su mala fe porque para ello pudo remitir copias a la autoridad penal
competente.
1.4.2. Defecto fáctico
20. Para el demandante se incurrió en este yerro, porque la autoridad judicial
accionada no contaba con los medios probatorios para acreditar la mala fe con la
que pudo actuar para obtener el pago de los beneficios pensionales otorgados, pues
no existía evidencia que demostrara el fraude, las maniobras o actos ilegales
tendientes a lograr el reconocimiento pensional. Por el contrario, señaló que existían
pruebas que acreditaban su buena fe, tales como sus actas de nombramiento que
lo llevaron al íntimo convencimiento que tenía derecho al reconocimiento de la
pensión gracia.
21. También señaló que no existían pruebas en el plenario tendientes a
demostrar las afirmaciones hechas en el fallo de segunda instancia en torno a la
condena Arnedys José Payares Pérez por emitir la sentencia de tutela del 6 de
octubre de 2006 en el que resultó favorecido. Esto, porque no se allegó el proceso
penal adelantado en contra del juez 2º. Civil del Circuito de Magangué.
22. Por todo lo anterior, refirió que no estaba demostrado su actuar de mala fe.
Esto, porque no tenía conocimiento de que la tutela se interpuso en citado municipio,
sino solo hasta años después, pues él no presentó directamente la solicitud de
amparo, sino que lo hizo a través de apoderado judicial quien a su vez concertado
con el juez “encausaron sus actuares a la producción del fraudulento fallo de tutela que
dio origen al acto cuya nulidad fue declarada”10. No obstante, tales actuaciones del
abogado que lo representaba y del operador judicial no desvirtuaban su presunción
de buena fe.
1.4.3. Defecto sustantivo
23. El peticionario alegó que la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto
sustantivo por indebida interpretación del principio constitucional de buena fe con lo
cual desconoció el literal c) del numeral 1 del artículo 164 del CPACA que establece
que no hay lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe.
10
Folio 11 del escrito de tutela cargado a SAMAI.
5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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24. Al efecto, señaló que de conformidad con la precitada disposición normativa
y el principio constitucional de buena fe, “para que resulte procedente ordenar el
reintegro de los valores recibidos por aquellas personas a las que se les haya reconocido
una prestación social sin tener derecho a ella, en el proceso deberá estar acreditada la mala
fe con que pudieron actuar para obtener el pago de los beneficios pensionales otorgados,
en atención a que la buena fe es una presunción que requiere ser desvirtuada” 11.
25. Conforme a lo anterior, el peticionario consideró que en el caso concreto a la
entidad demandada le asistía la carga procesal de desvirtuar su buena fe a través
de los medios probatorios previstos en la ley, lo que no ocurrió en el sub examine.
De esta manera, no se probó en el plenario el uso fraudulento de un documento o
su producción por tales medios, o la existencia de inducción al error de la
administración por parte del peticionario.
1.4.4. “Desconocimiento del precedente horizontal”
26. El accionante consideró que se desconoció el precedente de esta
Corporación12, que en casos similares al aquí debatido en los que se ha decidido
que no es procedente la devolución de lo cancelado por concepto de pensión gracia
a favor de la UGPP, por cuanto no se demostró la mala fe de los peticionarios. Esto,
porque no se probó un actuar malicioso o fraudulento. Así, consideró que se
desconoció su derecho a la igualdad.
1.4.5. Violación directa de la Constitución
27. El señor Alfonso Prieto Rodríguez consideró que el juez de segunda instancia
incurrió en este yerro al referir en su providencia la teoría del fraude global, cuando
la entidad demandante no hizo referencia a este concepto. Por esto, consideró que
se desconoció el principio de congruencia de las sentencias.
1.5. Trámite de la acción de tutela
28. En auto del 25 de mayo de 202213, el magistrado ponente de primera
instancia admitió la demanda y dispuso su notificación a los magistrados que
integran la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación.
29. Igualmente, ordenó la vinculación como terceros con interés de la UGPP
(demandante dentro del proceso de lesividad) y a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Boyacá (autoridad judicial que conoció en primera instancia el
11
Folio 16 del escrito de tutela cargado a SAMAI.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
Sentencias del 23 de marzo de 2017. Rad. 19001-23-31-000-2012-00251-01; del 8 de febrero de
2018. Rad. 520012333000201200067-01; del 7 de septiembre de 2018. Rad.25000-23-42-000-2014-
03257-01; del 12 de abril de 2018. Rad.25-000-23-42-000-2014-02814-01; del 16 de agosto de 2018.
Rad. 19001-23-33-000-2015-00205-01; del 24 de enero de 2019. Rad. 25000-23-42-000-2014-
01363-01; del 22 de julio de 2021. Rad. 25000-23-42-000-2014-00718-01; y del 4 de febrero de 2021.
Rad. 41001-23-33-000-2012-00236-02.
13
Documento 6 cargado a SAMAI.
6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Alfonso Prieto Rodríguez
Demandado: Consejo de Estado
– Sección Segunda – Subsección A
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proceso ordinario) para que, si lo consideraban del caso ejercieran su derecho a la
defensa.
1.6. Intervenciones
30. Realizadas las notificaciones ordenadas14, de manera electrónica, se
presentaron las siguientes intervenciones:
1.6.1. Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación
31. Mediante escrito enviado al buzón web de la Secretaría General del Consejo
de Estado15, el magistrado ponente de la decisión reprochada solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela presentada por el accionante. Esto, por cuanto no
se cumplió con el requisito de subsidiariedad porque en contra de la sentencia del
2 de diciembre de 2021 procedía el recurso extraordinario de revisión que no fue
instaurado por el demandante.
32. Por otro lado, afirmó que el fallo objetado se fundamentó en el precedente
jurisprudencial pacífico y continuo que el Consejo de Estado y la Corte
Constitucional han mantenido para resolver casos similares, el cual fue descrito
detalladamente en la providencia accionada. Por esto, consideró que no se incurrió
en los defectos alegados en el escrito de tutela.
1.6.2. Tribunal Administrativo de Boyacá
33. El magistrado ponente de la decisión reprochada rindió informe en el que
luego de hacer un recuento de la acción de tutela y de la decisión de primera
instancia del proceso ordinario, señaló que se acogía a la decisión que a bien tenga
esta Corporación en sede de tutela16.
1.6.3. La UGPP
34. La UGPP mediante apoderado judicial presentó informe en el que solicitó que
se declare improcedente la acción de tutela17. Esto, por cuanto la parte accionante
pretende usar la acción de tutela como una tercera instancia para revisar las
decisiones adoptadas por el juez competente de la causa, después de haberse
agotado un procedimiento establecido en la ley para el efecto.
35. También consideró que, en la providencia confutada, la autoridad judicial
accionada no incurrió en un defecto sustantivo ni por desconocimiento del
precedente. Por el contrario, señaló que la misma se ajustó al ordenamiento legal y
al precedente jurisprudencial que regula el tema, para determinar que a quien
acciona no le asiste el derecho a la pensión gracia.
14
Documento 8 cargado a SAMAI.
15
Documento 18 cargado a SAMAI.
16
Documento 10 cargado a SAMAI.
17
Documento 12 cargado a SAMAI.
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36. Por otro lado, refirió que en este asunto existe cosa juzgada, la cual esta
siendo desconocida por la parte tutelante. Esto, por cuanto la actuación hoy
cuestionada ya se resolvió y se discutió en sede ordinaria.
37. Por último, señaló que la acción de tutela no puede ser usada para obtener
beneficios económicos a los cuales fue condenado quien acciona por haber
percibido mesadas pensionales gracia sin tener derecho a ella por haber estado
vinculado como docente nacional.
1.7. Fallo impugnado
38. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 13 de julio de 202218-19, declaró improcedente la acción de tutela en
lo atinente a los defectos sustantivo y fáctico; y negó las pretensiones de la solicitud
de amparo relacionadas con los defectos procedimental absoluto y desconocimiento
del precedente. Esto, por los siguientes motivos
1.7.1. Frente a la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela en lo
atinente a los defectos sustantivo y fáctico:
39. La Sala consideró que existía falta de relevancia constitucional respecto del
defecto sustantivo y que por ende se debía declarar su improcedencia, pues los
reparos elevados por el actor ya fueron parte de aquellos expuestos en el recurso
de apelación presentado contra la sentencia del 13 de noviembre de 2018 proferida
por el Tribunal Administrativo de Boyacá.
40. No obstante lo anterior, estudió de fondo el mencionado yerro en los
siguientes términos:
“5) Sobre la conducta del demandante se solicitó en el recurso contra el fallo de
primera instancia del proceso ordinario de lesividad lo siguiente:
“Debe aplicar en el caso de la referencia en el evento de que no revoque la
providencia (sic) le solicito a su señoría se sirva, mantener la decisión que no habrá
lugar al reintegro de las mesadas pensionales pagadas en cuanto a que el
demandado actuó de buena fe al haberse determinado que el reconocimiento de la
pensión gracia se hizo por tutela, la que no fue declarada fraudulenta teniendo
plenos efectos”.
6) Esa solicitud en concreto fue materia de estudio por parte de la autoridad judicial
accionada quien en la sentencia de 2 de diciembre de 2021 analizó la conducta del
señor Alfonso Prieto y concluyó que el hecho de presentar una acción de tutela
conjunta con otros 88 docentes en un distrito judicial diferente al de su domicilio y
18
Documento 25 cargado a SAMAI.
19
El magistrado Martín Bermúdez Muñoz presentó aclaración parcial de voto. Esto, porque en su
sentir se debió estudiar de fondo frente a los defectos fáctico y sustantivo y negar el amparo frente
a estos yerros. Esto, porque el juez valoró las pruebas y aplicó de manera adecuada el principio de
buena fe. Adicionalmente, el tema pensional del actor corresponde a los casos en los que se probó
la existencia de un fraude global para obtener el reconocimiento de la pensión. Documento 32
cargado a SAMAI.
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último lugar de trabajo, sin que exista una justificación válida para esa conducta,
configuró un fraude global constitutivo de mala fe.
7) Lo anterior sumado a que, por motivo del fallo de tutela en que se accedió al
reconocimiento de la pensión gracia para el actor, se suscitaron una serie de
decisiones judiciales entre las que se destacó aquella de la Sala Plena de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia que condenó al señor Arnedys Payares Pérez
como autor del delito de prevaricato por acción, en concurso homogéneo sucesivo
y heterogéneo sucesivo con prevaricato por omisión por proferir la mencionada
providencia, como Juez Segundo Civil del Circuito Judicial de Magangué.
8) Fue justamente a partir de ese análisis que la autoridad judicial accionada coligió
que resultaba improcedente la aplicación de la disposición prevista en el artículo 164
del CPACA y que debían devolverse las sumas canceladas al demandante por
concepto de reconocimiento pensional, a través de un acuerdo de reembolso en el
que se garantizaran sus derechos constitucionales fundamentales.
9) Así entonces, la discusión planteada en la acción de tutela, enmarcada en la
presunta configuración del defecto sustantivo, fue resuelta a plenitud por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado cuando desató la controversia de la acción de
lesividad que presentó la UGPP en contra del aquí demandante”.
41. De otra parte, frente al defecto fáctico señaló que el actor reclamó que la
autoridad judicial accionada no valoró debidamente las pruebas aportadas al
proceso; sin embargo, no expuso las razones por las cuales consideró que se
presentó tal defecto, esto es, a través de la identificación precisa de las pruebas
presuntamente desconocidas por la autoridad demandada o por lo menos una
mínima argumentación a partir de la cual se pudiera extraer la sustentación de tales
planteamientos.
1.7.2. En cuanto a la negativa de la acción de tutela por la no configuración de
los defectos procedimental y desconocimiento del precedente:
42. Con relación al primer yerro, refirió que la providencia del 2 de diciembre de
2021 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
fue proferida a la luz de las normas aplicables que le atribuyeron la competencia
para tramitar la acción de lesividad que presentó la UGPP en contra del señor
Alfonso Prieto Rodríguez.
43. En primer lugar, frente al defecto procedimental señaló que este cargo no
estaba llamado a prosperar por cuanto la decisión reprochada fue “proferida al
amparo de las normas que le atribuyeron la competencia para tramitar la acción de lesividad
que presentó la UGPP en contra del señor Alfonso Prieto Rodríguez”.
44. Así, el juez constitucional de primera instancia señaló que, en atención a las
particularidades de este caso, en tratándose de las pretensiones de lesividad, tal
acción equivale al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Por
esto, consideró que era evidente la competencia con que contaba el Tribunal
Administrativo de Boyacá en primera instancia y la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, para conocer y tramitar la demanda que presentó
la UGPP en contra del demandante de conformidad con lo establecido en los
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artículos 154, 156 y 157 del CPACA. Por esto, consideró que no se encontraba
configurado el defecto procedimental aludido.
45. En segundo lugar, el juez de tutela de primera instancia al analizar el defecto
procedimental hizo alusión a la presunta indebida interpretación del artículo 164 del
CPACA alegada bajo el defecto sustantivo20, así:
“f) (…) [B]asta con señalar que, contrario a lo afirmado por el demandante, existe un
deber legal en cabeza del operador judicial en orden a establecer si una determinada
pretensión dirigida a controvertir el contenido de actos administrativos que
reconocen o nieguen prestaciones periódicas está relacionada con la recuperación
de prestaciones pagadas a particulares de buena fe.
g) En efecto, el literal c) del numeral 1) del artículo 164 del CPACA dispone lo
siguiente:
“Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda.
1. En cualquier tiempo, cuando:
(…) c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente
prestaciones periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones
pagadas a particulares de buena fe; (…)”.
h) Así, entonces, el análisis sobre el principio de buena fe, a partir del cual el
ciudadano puede confiar en la administración y a su vez esta puede confiar en aquel,
no puede escapar a las prerrogativas con las que cuenta el juez administrativo para
decidir sobre las controversias que le son planteadas, en especial de aquellas
relacionadas con el pago de prestaciones periódicas, ante la posibilidad de que su
desconocimiento pueda conllevar una afectación del erario y del régimen
prestacional”.
46. Con relación al desconocimiento del precedente, señaló que en la Sección
Segunda de esta Corporación no existe una posición unificada para resolver
aquellos litigios en los que, como en el caso del actor, se obtuvo el reconocimiento
y pago de una erogación prestación a partir de un fallo que resolvió de manera
conjunta la situación de un grupo de docentes y que fue catalogado como
fraudulento.
47. Por lo anterior, para el juez de primera instancia cada una de las Salas que
profirió las sentencias invocadas como desconocidas desarrollaron sus criterios
independientes fijados “en el análisis fáctico, jurídico y de conformidad con las pruebas
obrantes en cada uno de los expedientes21” y cuyos resultados fueron opuestos al caso
concreto del actor, sin que tal condición pueda ser invocada como un
desconocimiento del precedente.
20
Vale la pena recordar que fue declarado improcedente en lo relacionado con el defecto sustantivo
por el juez de tutela de primera instancia.
21
Folio 13 del fallo de primera instancia.
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1.8. Impugnación
48. El 8 de agosto de 2022, el accionante impugnó la decisión de primera
instancia, en el que reiteró los argumentos expuestos en la acción de tutela con
relación al defecto fáctico y al “desconocimiento del precedente horizontal”.
49. Además de lo anterior expuso como argumentos nuevos los siguientes:
• En el caso concreto se debe dar aplicación al principio de favorabilidad
derivado del artículo 53 Constitucional y en consecuencia que se adapte una
decisión igual a la adoptada en otros casos que guardan identidad fáctica y
de causa.
• Que se incurrió en una violación directa de la Constitución y en un defecto
sustantivo porque la autoridad judicial accionada en el fallo confutado no
declaró la prescripción de manera oficiosa, sino que por el contrario indicó
que no operó22.
1.9. Trámite de segunda instancia
50. Mediante escrito enviado el 25 de agosto de 2022, al buzón web de la
secretaria general de esta Corporación, el accionante solicitó que en el presente
caso se empleen las facultades extra y ultra petita del juez constitucional y en
consecuencia se de aplicación a la sentencia de unificación proferida el 11 de
agosto de 2022 por la Sección Segunda de esta Corporación23, relacionada con el
reconocimiento de la pensión gracia.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
51. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación del fallo de tutela
del 13 de julio de 2022 dictado por el Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución Política, el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080
de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Cuestiones previas
2.2.1. Sobre la petición de la accionante en segunda instancia relacionada con la
aplicación de la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda de esta
Corporación el 11 de agosto de 2022
22
Al respecto, es preciso mencionar que en el escrito de tutela no se advirtió tales yerros en el
sentido planteado por el impugnante, razón por la que se trata de un hecho nuevo.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 11 de
agosto de 2022. Rad. 15001-23-33-000-2016-00278-01.
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52. El peticionario solicitó que, en el presente asunto, se de aplicación a la
sentencia de unificación proferida el 11 de agosto de 2022 por la Sección Segunda
de esta Corporación24 relacionada con el reconocimiento de la pensión gracia.
53. Al respecto, la Sala considera que no es procedente emitir un
pronunciamiento de fondo, en tanto que se trata de un hecho posterior y tal como lo
señala la sentencia de unificación de la referencia25, las reglas allí establecidas no
tienen efectos sobre aquellos asuntos en los que ya existe sentencia ejecutoriada,
como ocurre en el caso concreto, en el que se evidencia que la providencia del 2 de
diciembre de 2021 aquí reprochada cobró ejecutoria el 25 de febrero de 202226.
54. En otras palabras, resultaría inane pronunciarse frente al estudio de una
sentencia de unificación que aún no existía para la época de los hechos (2 de
diciembre de 2021); y que no surte efectos respecto de sentencias que ya han
cobrado ejecutoria como ocurre en el caso concreto.
2.2.2. Límite de la impugnación
55. En este punto resulta pertinente indicar que la Sala al verificar la
argumentación expuesta y en aras de garantizar el derecho al debido proceso del
accionante, circunscribe el debate a los siguientes yerros:
56. En primer lugar, al defecto fáctico, el cual lo hace consistir en que la autoridad
judicial accionada fundó su decisión de ordenar la devolución de lo cancelado por
concepto de pensión gracia, sin contar con el respaldo probatorio que se requería
para acreditar la mala fe con la que pudo actuar para obtener el pago de los
beneficios pensionales otorgados.
57. En segundo lugar, la Sala estudiará el yerro denominado “desconocimiento
del precedente horizontal” de la Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación, que en casos similares al aquí debatido ha decidido que no es
procedente la devolución de lo cancelado por concepto de pensión gracia a favor
de la UGPP, por cuanto no se demostró la mala fe de los peticionarios, porque no
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 11 de
agosto de 2022. Rad. 15001-23-33-000-2016-00278-01.
25
Al respecto, se lee: “2.6. Efectos de la presente decisión.
87. Conforme al criterio que ha mantenido la Sección Segunda del Consejo de Estado en torno a los
efectos de las providencias de unificación, las reglas jurisprudenciales fijadas en esta sentencia son
vinculantes en los siguientes casos: (i) respecto de los asuntos similares que actualmente se están
tramitando en sede administrativa; (ii) respecto de los procesos similares que se están adelantando
en juzgados, tribunales administrativos y Consejo de Estado. En consecuencia, no tiene efectos
respecto de aquellos asuntos en los que ya existe sentencia ejecutoriada. En tal virtud, los conflictos
judiciales ya resueltos están amparados por la cosa juzgada y, por ende, resultan inmodificables”.
(Subrayado fuera de texto) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda,
26
Lo anterior, teniendo en cuenta que la sentencia del 2 de diciembre de 2021, fue notificada el 18
de febrero de 2022, razón por la que teniendo en cuenta los dos días hábiles para que se entienda
surtida la notificación (según el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022) y los 3 días de ejecutoria (artículo
302 del CGP), se entiende que esta providencia quedó ejecutoriada en la fecha aludida.
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se probó un actuar malicioso o fraudulento; pero por vulneración al derecho a la
igualdad.
58. Sin embargo, no podrá tener en cuenta las exposiciones realizadas en el
escrito de impugnación relacionadas con la violación directa de la Constitución y el
defecto sustantivo alegado frente a la decisión de la autoridad judicial accionada de
no declarar que operó la prescripción; ni tampoco lo concerniente a la aplicación del
principio de favorabilidad. Esto, porque se trata de argumentos que no fueron
señaladas en la solicitud de amparo, ni tampoco objeto de decisión por parte del a
quo, razón por la que estudiarla en esta instancia implicaría desconocer el derecho
de defensa y contradicción de la autoridad judicial accionada.
59. De igual forma, la Sala precisa que tampoco es procedente pronunciarse en
esta instancia sobre el defecto sustantivo por indebida interpretación del artículo
164 del CPACA –esto es en los términos expuestos en el escrito inicial de la acción
de tutela–, en tanto que pese a declararse improcedente la acción de tutela sobre
tal yerro, el argumento sobre el que se edifica fue estudiado de fondo por el juez
constitucional de primera instancia y no fue objeto de impugnación.
60. Por esto, la Sala procede a pronunciarse en segunda instancia sobre el
defecto fáctico y la vulneración del derecho a la igualdad por desconocimiento del
precedente horizontal, de encontrar superados los requisitos generales de
procedibilidad.
2.2. Legitimación en la causa
61. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el
sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
62. Sobre el estudio de este presupuesto procesal en materia de tutela, la Corte
Constitucional, en la SU-454 de 2016, señaló que el estudio de la legitimación en
la causa de las partes es un deber de los jueces constitucionales y constituye un
presupuesto procesal de la demanda27.
63. Así las cosas, la Sala procede a verificar la existencia de la legitimación en
la causa, en su orden: i) por activa y ii) por pasiva.
2.2.1. Legitimación en la causa por activa
64. En materia de tutela, el inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el
derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por
27
Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sentencia T-511 de 2017. Así mismo, Corte
Constitucional, Sentencia T-318 de 2018, en la cual se señaló: “En el marco de los procesos de
amparo, previo al estudio del fondo del caso planteado, el juez constitucional debe verificar el
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, que al tenor del
artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se sintetizan en: (i) la existencia de
legitimación en la causa por activa y por pasiva (…), entre otros”.
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quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales
cuando estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento
preferente y sumario.
65. En desarrollo de lo anterior, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991
establece que cada persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales podrá ejercer la acción descrita por sí misma, mediante
representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los derechos
vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su propia defensa.
66. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que el
señor Alfonso Prieto Rodríguez se encuentra legitimado en la causa por activa, en
razón a que figuraba como demandado dentro del proceso de lesividad en el que
se profirió la providencia de segunda instancia aquí cuestionada.
2.2.2. Legitimación en la causa por pasiva
67. La legitimación en la causa por pasiva en la acción de tutela hace referencia
a la aptitud legal de la persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente
la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental. En
la medida que refleja la calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el
interés sustancial que se discute en el proceso”, la misma, en principio, no se
predica del funcionario que comparece o es citado al proceso, sino de la entidad
accionada, quien finalmente será la llamada a responder por la vulneración del
derecho fundamental, en caso de que haya lugar a ello28.
68. En el caso concreto, la Sala encuentra que la Subsección A de la Sección
Segunda Consejo de Estado, al ser la autoridad judicial que profirió la decisión en
el medio de lesividad aquí controvertida, se encuentra legitimada en la causa por
pasiva.
2.3. Problemas jurídicos
69. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión
de primera instancia proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B el 13 de julio de 2022, por medio de la cual declaró improcedente la
solicitud de amparo en lo atinente a los defectos sustantivo y fáctico; y negó la
acción de tutela en lo relacionado con los defectos procedimental absoluto y
desconocimiento del precedente.
• Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencia judicial?
70. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo
siguiente:
28
Corte Constitucional, sentencia T-1015 de 2016.
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71. ¿La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital y a la igualdad y
desconoció los principios de seguridad jurídica y de presunción de buena fe, con
ocasión de la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2021, en la que confirmó la
declaratoria de nulidad del acto administrativo29 pero modificó la providencia de
primer grado, y en su lugar ordenó la devolución de las sumas percibidas por el
señor Alfonso Prieto Rodríguez por concepto de la aludida prestación social?. Esto,
por cuanto, en su sentir incurrió en los defectos fáctico y en vulneración del derecho
a la igualdad.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
72. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 201230. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema31. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales32.
73. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201433. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia34 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial35.
29
Por medio del cual la UGPP en cumplimiento de un fallo de tutela, le reconoció al accionante una
pensión gracia.
30
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
31
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
32
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
33
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
34
Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05
de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de
sentencias de tutela.
35
Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
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74. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:
i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.
75. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si
se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se
intente reabrir el debate de instancia.
76. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
77. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad, y, solo en el caso de encontrarlos
superados, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.
2.5. Análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad
2.5.1. Tutela contra tutela
78. Se advierte que no se ataca una decisión de tutela, sino una sentencia
proferida dentro del proceso de lesividad, el cual se identifica con el radicado No.
15001233300020140030601 (1148-2019).
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa
de la Constitución.
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2.5.2. Subsidiariedad
79. En consideración al requisito de subsidiariedad, en primer lugar, por tratarse
de una sentencia de segunda instancia que resolvió los recursos de apelación
interpuestos por las partes, demandante y demandada y el Ministerio Público contra
la decisión de primera instancia, es evidente el agotamiento de los recursos
ordinarios.
80. Así mismo, los cargos alegados no se encuadran en las causales de
procedencia de los recursos extraordinarios de revisión, ni de unificación de
jurisprudencia.
2.5.3. Inmediatez
81. También se acredita el requisito de inmediatez, pues la sentencia de segunda
instancia reprochado fue dictado el 2 de diciembre de 2021, se notificó por medio
de correo electrónico el 13 de enero de 2022 y la solicitud de amparo se interpuso
el 23 de mayo de 2022, por lo que la Sala advierte que el instrumento se radicó
dentro del término razonable de 6 meses señalado por la jurisprudencia36.
2.5.4. Relevancia constitucional
82. La Sala considera que se cumple con este requisito porque la parte tutelante
justificó suficientemente en clave constitucional los motivos por los que consideró
que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales, ya que no
basta que se aduzca su desconocimiento37.
83. Aunado a lo anterior, esta Sala de Decisión encuentra que se cumple con la
exigencia de la relevancia constitucional porque se trata de una discusión que
involucra un debate ius fundamental – que no es de mera legalidad–, adoptado una
decisión, consistente en ordenar la devolución del dinero pagado al actor por
concepto de pensión gracia, sin apoyo probatorio; por vulnerar su derecho a la
igualdad, al desconocer que en casos similares al aquí debatido, la Subsección B
de la Sección Segunda de esta Corporación ha decidido que no es procedente la
devolución de lo cancelado por concepto de pensión gracia a favor de la UGPP.
36
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
37
En el mismo sentido ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta. Sentencia del 23 de junio de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-01687-01. Consejero
Ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil.
Lo anterior, en aplicación de la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha sido enfática en
señalar que También reiteró que para acreditar el requisito de relevancia constitucional no es
suficiente alegar una violación del derecho al acceso a la administración de justicia o del debido
proceso con fundamento en una simple relación de hechos del caso con aquellos, para que un asunto
tenga relevancia constitucional. Corte Constitucional. Sentencias SU-573 de 2019, SU-103 de 2022
y T-210 de 2022.
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84. Así las cosas, no se percibe este mecanismo de amparo como un medio
dirigido a reabrir el debate jurídico frente a la calificación efectuada por la autoridad
judicial accionada de los hechos y las pretensiones que dieron lugar al ejercicio del
medio de control contencioso por parte de la UGPP en contra del accionante.
85. Por lo anterior, el asunto es relevante desde el punto de vista constitucional.
Esto, porque el asunto de la acción de tutela de la referencia tiene importancia para
la interpretación de la Constitución, su aplicación, su eficacia y la determinación del
contenido y alcance de los derechos fundamentales y libertades públicas,
concretamente el debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
2.5.5. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
86. Por otro lado, la parte accionante presentó una explicación clara y suficiente
de los hechos y argumentos sobre los motivos por los que consideró le fueron
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital y a la
igualdad y desconoció los principios de seguridad jurídica y de presunción de buena
fe. Por tanto cumplió con la carga argumentativa mínima.
2.5.6. Irregularidad procesal
87. Finalmente, no se observa que se haya alegado una irregularidad procesal,
razón por la que no es procedente su análisis en el caso concreto.
88. Así las cosas, habiéndose cumplido los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, la Sala analizará si en el caso concreto se
encuentra configurado el defectos invocados. Para esto se pasará en un primer
momento a realizar una explicación general sobre aquellos, para posteriormente
abordar el fondo del asunto.
2.6. Noción del defecto fáctico invocado
89. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 201538, precisó los alcances
y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un
defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la
presente decisión.
90. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar
o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del
acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados
por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv)
dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido
proceso, los cuales tienen las siguientes características:
38
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta Sentencia del 12 de
noviembre de 2015. Rad. No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
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Demandante: Alfonso Prieto Rodríguez
Demandado: Consejo de Estado
– Sección Segunda – Subsección A
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Evento Características
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos
que alega, solicitó al juez el decreto de una prueba
relevante para resolver el problema jurídico sometido a
consideración, y ésta fue negada; ello sin desconocer la
facultad del juez ordinario de negar pruebas que no
atiendan los requisitos de conducencia, pertinencia e
idoneidad. Así las cosas, es importante considerar que
no toda negativa a un decreto de pruebas abre la
Omisión de decreto posibilidad a la configuración del defecto, ya que éste
y práctica de procederá cuando se rechace el decreto y práctica de
pruebas la prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla con
indispensables para los parámetros arriba señalados.
fallar el asunto
De esta manera, se requiere que la parte:
a) Identifique el elemento probatorio que solicitó
b) Demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
c) Exponga las razones por las cuales la prueba
solicitada era conducente, pertinente o idónea.
d) Señale de manera razonada la razón por la cual, de
haberse decretado la prueba, el sentido de la
decisión hubiere sido otro.
Se presenta cuando, obrando los elementos de
convicción en el expediente, y estos resultan
decisivos frente a los hechos que se pretenden
probar, éstos no son tenidos en cuenta por el fallador
ordinario. En este punto, se requiere que, de forma
específica, se concrete en el escrito de amparo, cuales
Desconocimiento pruebas, aportadas oportuna y legalmente, fueron
del acervo desconocidas por el juez.
probatorio
determinante para Así las cosas, se configura siempre que el interesado:
identificar la
veracidad de los a) Identifique los elementos de prueba no valorados
hechos alegados por el juez.
por las partes b) Demuestre que estos fueron aportados en forma
legal y oportunamente al proceso
c) Señale las razones por las cuales eran relevantes
para la decisión
d) Precise, razonadamente, la incidencia de estos
para variar el sentido del fallo.
Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana
Valoración
crítica, la apreciación efectuada por el fallador
irracional o
resulta manifiestamente equivocada o arbitraria, y
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Evento Características
arbitraria de las por ello, el peso otorgado a la prueba se entiende
pruebas aportadas alterado.
Se requiere entonces que la parte:
a) Precise cuál o cuáles de las pruebas fueron objeto
de indebida valoración por el juez
b) Identifique la razón del por qué, en cada caso en
particular, la consideración del operador judicial se
aleja de las reglas de la lógica, la experiencia y la
sana crítica.
El segundo de los elementos señalados resulta de
vital importancia, pues es claro que un sencillo
desacuerdo en relación con la conclusión a la cual
arribó el juez de instancia, en ninguna manera
puede ser razón para ordenar el amparo
constitucional por este aspecto. Aceptar lo
contrario, implicaría una sustitución arbitraria
del juez natural.
c) Refiera la incidencia de la prueba en el fallo
atacado
Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia
decide el asunto con base en pruebas que no
observaron los requisitos legales para su producción o
introducción al proceso. Así las cosas, el juez no ignora
la prueba ni se equivoca en su apreciación, pero yerra
al haberla tenido en cuenta para decidir el problema
Dictar sentencia jurídico que le fue planteado, al ser ésta una prueba que
con fundamento desconoce el debido proceso de las partes.
en pruebas
obtenidas con Para su configuración corresponde:
violación del
debido proceso a) Señalar con claridad los elementos probatorios
aportados con violación al artículo 29
constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha
vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción
fueron el sustento de la decisión.
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91. También la Corte Constitucional ha señalado que el defecto fáctico también
surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión39.
92. Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar
en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del
defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.
2.7. Caso concreto
93. En el sub judice la parte actora alegó que la Subsección A de la Sección
Segunda de esta Corporación vulneró sus derechos fundamentales con ocasión de
la expedición de la sentencia del 2 de diciembre de 2021, en la que confirmó la
declaratoria de nulidad del acto administrativo demandado, pero modificó el fallo de
primera instancia, para en su lugar acceder a la solicitud de devolución de las sumas
percibidas por el señor Alfonso Prieto Rodríguez por concepto de la pensión gracia
que le fue reconocida.
94. Lo anterior, porque en sentir del tutelante, la autoridad judicial accionada
incurrió en el defecto fáctico por cuanto dispusó la devolución del dinero a él
cancelado por concepto de pensión gracia, sin apoyo probatorio; vulneró su derecho
a la igualdad, porque desconoció que, en casos similares al aquí debatido, la
Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación ha decidido que no es
procedente tal reintegro al no estar probado el actuar de mala fe por parte del
obligado.
2.7.1. Análisis del defecto fáctico en el caso concreto
95. Al respecto, la autoridad judicial de segunda instancia en la sentencia del 2
de diciembre de 2021 modificó la decisión de primer grado para en su lugar acceder
a las pretensiones de restablecimiento del derecho de la demanda presentada por
la UGPP y en consecuencia ordenar la devolución de las sumas de dinero
percibidas por el señor Alfonso Prieto Rodríguez por concepto de la pensión gracia
que le fue reconocida, previo acuerdo de reembolso suscrito con el accionante en
39
Corte Constitucional. Sentencia T-384 de 2018, SU-453 de 2019.
También, la Corte Constitucional ha señalado que el defecto fáctico se estructura en dos
dimensiones, según recogió la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia SU-447 de 2011 (MP
Mauricio González Cuervo), las cuales se materializan así: (i) una negativa, que se presenta cuando
el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración
y sin razón valedera da por probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente. Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes
para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez; y, (ii) una positiva, que se configura
cuando el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia
cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente
recaudadas (artículo 29 C.P.) y al hacerlo el juez desconoce la Constitución .
Profundizando concretamente en el defecto fáctico por dimensión negativa, la jurisprudencia
constitucional ha identificado tres escenarios de ocurrencia que se pasan a enunciar: el primero, por
ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el desenlace del
proceso; el segundo, por decidir sin el apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; y, el tercero, por no decretar pruebas de oficio en los
procedimientos en que el juez esté legal y constitucionalmente obligado a hacerlo. (Subrayado fuera
de texto). Sentencia T-140 de 2012.
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condiciones que no amenacen sus garantías fundamentales, por ser una persona
mayor de 70 años.
96. Para llegar a la anterior conclusión, el operador judicial luego de realizar el
análisis probatorio de las certificaciones laborales que obraban en el expediente que
daban cuenta que laboró en el Departamento de Boyacá – específicamente en los
municipios de Sotaquirá y Tuta y en la ciudad de Tunja–, de las solicitudes de
pensión gracia realizadas a CAJANAL así como los actos administrativos negativos
de tal prestación que obraban en el expediente, señaló respecto del
restablecimiento del derecho:
“(…) [El accionante] de manera intencional junto con otros 88 docentes, radicó una
acción de tutela en los Juzgados Civiles del Circuito de Magangué (Bolívar), es decir
en un distrito judicial diferente al de su domicilio y último lugar al de su domicilio y
último lugar de trabajo (Tunja Boyacá). Al respecto, vale la pena resaltar que el Juez
Segundo Civil del Circuito de Magangué, quien otorgó el reconocimiento pensional,
fue condenado penalmente por otorgar prestaciones similares sin el lleno de los
requisitos legales, circunstancia que ocurrió con la tutela del señor Prieto Rodríguez.
Las circunstancias en que se concedió la mencionada pensión configuran el llamado
“fraude global”, pues habiendo obtenido una respuesta negativa de la
administración, y con pleno conocimiento de no cumplir los requisitos mínimos,
utilizó la acción de tutela instaurándola en un lugar apartado de: (i) el domicilio del
actor, (ii) el último lugar de prestación de servicios, (iii) o del lugar de expedición de
los actos previos, situaciones que ponen en entre dicho la buena fe de su actuar,
por lo que se encuadra dentro del presupuesto jurisprudencial establecido en la
sentencia T-218 de 2012”40.
97. Con fundamento en lo anterior, señaló que tal situación desconocía lo
previsto en el Decreto 2591 de 1991 según el cual son competentes para conocer
la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción donde
ocurre la violación o la amenaza que motivan la acción de tutela. También, que
pasaba por alto el Decreto 1382 de 1991, que señala las reglas de reparto que
señala que conocerán la solicitud de amparo, a prevención los jueces con
jurisdicción donde ocurriere la violación o amenaza que motiva la solicitud.
98. De otro lado, la autoridad judicial accionada refirió que el demandado hoy
accionante, no dio una justificación razonable para que la acción de tutela se
hubiese presentado en un lugar diferente al de su domicilio y donde se ocasionó la
supuesta vulneración del derecho.
99. En consecuencia, el operador judicial consideró que el accionante
“desconoció la línea jurisprudencial de esta Corporación sobre los requisitos para obtener
el beneficio de la pensión gracia; las reglas de competencia consagradas en los Decretos
2591 y 1832 de 2008 y se puso en entredicho [su] buena fe que faculta a la devolución de
las sumas que le han sido canceladas por concepto de reconocimiento pensional [de
conformidad con lo establecido en el artículo 165 del CPACA]”41.
40
Folio 17 de la sentencia reprochada.
41
Folio 20 de la sentencia reprochada.
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100. Hasta aquí, resulta evidente que la Subsección A de la Sección Segunda de
esta Corporación fundó su decisión en los medios probatorios que obraban en el
plenario para llegar a la conclusión de que el accionante había actuado de mala fe,
como quiera que presentó acción de tutela en un lugar diferente al de su domicilio
(Boyacá) y sin el lleno de los requisitos que prevé la ley, esto es, 20 años de servicio
como docente departamental o nacionalizada.
101. En este punto es importante precisar que el juez de segunda instancia no
llegó a la conclusión sobre el actuar de mala fe del accionante, por haber encontrado
acreditado que su pensión gracia hubiese sido reconocida vía tutela, sino porque
evidenció que el accionante prestó sus servicios y tenía su domicilio en una
jurisdicción diferente (Boyacá) al lugar en el que finalmente presentó la solicitud de
amparo. Así, tales actuaciones colocaban en entredicho el actuar del docente y
además desconocían las reglas de competencia y reparto establecidas en el
Decreto 2591 de 1991 y 1382 2009.
102. Así las cosas, contrario a lo dicho por el tutelante, el juez de segunda
instancia sí fundó su decisión en los medios probatorios que obraban en el
plenario42, no obstante el resultado de tal valoración no le fue favorable a las
pretensiones del señor Prieto Rodríguez. Esto, comoquiera que la valoración de las
mencionadas pruebas llevaron al operador judicial a concluir precisamente que el
accionante con sus actuaciones puso en entredicho la buena fe lo que faculta a que
se ordene la devolución de las sumas que le han sido canceladas por
reconocimiento pensional, de conformidad con lo previsto en el artículo 164 del
CPACA43.
103. Además de lo anterior, es preciso mencionar que la valoración de los medios
probatorios antes señalados (párrafo 97) realizada por la autoridad judicial
accionada, se acompasa con los elementos que deben acreditarse para establecer
si en un caso determinado se presenta un “fraude global”, que tiene lugar cuando
se acude ante un juez diferente a de su circunscripción territorial, quien a su vez
ordena vía tutela, tal prestación, según lo dicho por la Corte Constitucional44 y
acogido por la Sección Segunda de esta Corporación45, como en efecto ocurrió en
el caso concreto.
104. Por último, se observa que el accionante sostuvo que la Subsección A de la
Sección Segunda de esta Corporación en la providencia reprochada hizo
42
Tales como las certificaciones laborales que obraban en el expediente que daban cuenta que
laboró en el departamento de Boyacá – específicamente en los municipios de Sotaquirá y Tuta y en
la ciudad de Tunja–, de las solicitudes de pensión gracia realizadas a CAJANAL así como los actos
administrativos negativos de tal prestación que obraban en el expediente.
43
Artículo 164. La demanda deberá ser presentada: 1. En cualquier tiempo, cuando:
(…)
c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin
embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe.
44
Corte Constitucional. Sentencia T-218 de 2012.
45
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 1º de septiembre de 2014. Rad.25000-23-
25-000-2011-00609-02.
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afirmaciones relacionadas en torno a la condena del señor Arnedys José Payares
Pérez por emitir la sentencia de tutela del 6 de octubre de 2006 en el que resultó
favorecido, sin que dicho hecho estuviese probado, pues no obraba en el proceso
ordinario, el expediente penal adelantado en contra del juez 2.º Civil del Circuito de
Magangué no obraba dentro del proceso ordinario.
105. Sin embargo, este cargo no esta llamado a prosperar, toda vez que si bien
en el fallo reprochado se hizo alusión a la sentencia condenatoria y su confirmatoria,
sin que el expediente penal en el que se adelantó la investigación en contra el juez
obrara en el plenario, se evidencia que el fallo dictado por la Corte Suprema de
Justicia que confirmó la condena en contra del juez 2.º Civil del Circuito de
Magangué puede ubicarse fácilmente en el vínculo electrónico de consulta de
relatoría de esa Corporación46, que da cuenta de todas las actuaciones penales,
razón por la que es prudente afirmar que era un dato público al que la autoridad
judicial accionada podía tener acceso y de ahí arribar a sus propias conclusiones.
106. También, es pertinente señalar que las afirmaciones realizadas en torno a la
conducta punible del operador judicial mencionado47 no constituyeron la razón por
la que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado adoptó su
decisión de ordenar la devolución de lo cancelado por concepto de pensión gracia
sino porque encontró que las actuaciones adelantadas por el señor Alfonso Prieto
Rodríguez no se dirigieron por el principio de buena fe.
107. En conclusión, la Sala encuentra que la valoración probatoria realizada por
la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación no resulta arbitraria ni
irrazonable, pues es el producto de un análisis probatorio que fue realizado dentro
de las reglas de la sana crítica y en ejercicio de los principios de autonomía e
independencia judicial. Distinto es que el accionante se encuentre en desacuerdo
con la conclusión a la que se llegó en la providencia objeto de reproche y pretenda
desconocer tal decisión queriendo imponer su propio criterio, únicamente por ser
contraria a sus intereses.
46
Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal. Sentencia del 25 de enero de 2017. Rad.
N° 47586.
La anterior providencia se puede consultar en la página de relatoría de la Corte Suprema de Justicia
con el número de radicación en el siguiente link:
http://consultajurisprudencial.ramajudicial.gov.co:8080/WebRelatoria/csj/index.xhtml
47
En este sentido, la autoridad judicial accionada señaló: “La Sala advierte que mediante sentencia
del 7 de octubre de 2015, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena condenó al
ciudadano Arnedys José Payares Pérez, como autor del delito de prevaricato por acción en concurso
homogéneo sucesivo y heterogéneo sucesivo con prevaricato por omisión, por proferir como Juez
Segundo Civil del Circuito de Magangué los fallos de tutela del 6 de octubre y 11 de diciembre de
2006, con los cuales se ordenó a CAJANAL el reconocimiento y pago de pensiones gracia a favor
de docentes de orden nacional, entre éstos el demandado, en contravía de la Constitución Política,
la ley y la jurisprudencia administrativa. A través de la sentencia del 25 de enero de 2017, la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el
fallo del 7 de octubre de 2015, expedido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena,
confirmando la sentencia condenatoria en contra de Arnedys José Payares Pérez (…).
Las anteriores decisiones tuvieron lugar al analizar un fraude global pues Alfonso Prieto Rodríguez
junto con otros docentes más, presentaron una acción de tutela que fue conocida por el Juez
Segundo Civil del Circuito de Magangué – Bolívar, dentro de la acción radicada con el No. 2006-194,
quien tuteló los derechos fundamentales al debido y a la igualdad de los allí accionantes (…),
situación que difiere de manera ostensible de la línea jurisprudencial de esta Corporación y de la
Corte Constitucional sobre el tema”. Folios 18 y 19 de la sentencia reprochada.
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108. Por lo anterior, la Sala considera pertinente revocar el numeral segundo de
la parte resolutiva de la decisión de primera instancia que declaró improcedente la
acción de tutela en lo atinente al defecto fáctico por falta de relevancia constitucional
y en su lugar, negar la solicitud de amparo frente a este yerro por los motivos atrás
expuestos.
2.7.2. Análisis de la vulneración al derecho a la igualdad por desconocimiento
del precedente horizontal
109. En particular, el accionante señaló que la autoridad judicial accionada
desconoció 8 providencias48 proferidas por la Subsección B de la Sección Segunda
de esta Corporación, en casos similares al aquí debatido en las que ha decidido que
no es procedente la devolución de lo cancelado por concepto de pensión gracia a
favor de la UGPP, por cuanto no se demostró la mala fe de los peticionarios. Esto,
porque no se probó un actuar malicioso o fraudulento. Por lo anterior, consideró que
se desconoció su derecho a la igualdad.
110. Así las cosas, la Sala procede a realizar un examen estricto de igualdad, por
medio del cual se verifica si la autoridad judicial, bajo idénticos supuestos fácticos y
jurídicos decidió el caso de manera diferente49.
111. Al efecto, debe ponerse de presente que tales pronunciamientos fueron
proferidos por una Subsección de la Sección Segunda diferente a la cuestionada en
esta oportunidad (Subsección A), razón por la cual no se puede colegir que se
vulneró el derecho fundamental contenido en el artículo 13 superior, en razón del
principio de autonomía e independencia de los jueces.
112. De esta manera, se evidencia que las decisiones en esta oportunidad que se
alegan como desconocidas fueron proferidas por la Subsección B de la Sección
Segunda de esta Corporación50 que en ejercicio de su autonomía judicial ha
sostenido en diferentes acciones de lesividad que en los eventos en que una
persona le ha sido reconocida vía acción de tutela una pensión gracia que ha sido
otorgada sin el lleno de los requisitos legales para ello, no corresponde la devolución
esta prestación social, por cuanto no se encuentra demostrado un actuar contrario
a la buena fe.
48
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
Sentencias del 23 de marzo de 2017. Rad. 19001-23-31-000-2012-00251-01; del 8 de febrero de
2018. Rad. 520012333000201200067-01; del 7 de septiembre de 2018. Rad.25000-23-42-000-2014-
03257-01; del 12 de abril de 2018. Rad.25-000-23-42-000-2014-02814-01; del 16 de agosto de 2018.
Rad. 19001-23-33-000-2015-00205-01; del 24 de enero de 2019. Rad. 25000-23-42-000-2014-
01363-01; del 22 de julio de 2021. Rad. 25000-23-42-000-2014-00718-01; y del 4 de febrero de 2021.
Rad. 41001-23-33-000-2012-00236-02.
49
En este mismo sentido se pronunció la Sala, entre otras, en las sentencias de 5 de agosto de 2021,
M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2021-00164-01 y 29 de julio de 2021, M.P.
Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2021-04115-00.
50
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
Sentencias del 4 de febrero de 2021. Rad. 41001-23-33-000-2012-00236-02; del 22 de julio de 2021.
Rad. 25000-23-42-000-2014-00718-01;y del 7 de diciembre de 2021. Rad. 73-001-23-33-000-2016-
00723-01.
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113. Por lo anterior, no se puede predicar la vulneración del derecho fundamental
a la igualdad como quiera que los fallos aludidos como desconocidos no guardan
identidad fáctica con los supuestos mencionados en la sentencia reprochada por
esta vía constitucional.
114. Ahora, en sede de discusión es preciso señalar que en las sentencias
aludidas como desconocidas se discutió la aplicación del principio de buena fe y su
presunción para los casos de docentes a los que les fue reconocido el derecho
prestacional a obtener la pensión gracia sin cumplir los requisitos legales para ello.
No obstante, cada caso particular guarda aspectos disímiles con el aquí confutado,
como por ejemplo, el hecho de que en aquellas oportunidades los tutelantes
presentaron la solicitud de amparo en la que finalmente se les reconoció la pensión
gracia en la jurisdicción en la que prestaron sus servicios –elemento necesario para
determinar el fraude global–y que difiere del caso concreto.
115. En consecuencia, comoquiera que no se trata de fallos que guardan
identidad fáctica, las autoridades judiciales gozan de autonomía e independencia
para definir los procesos sometidos a su consideración y que el juez constitucional
debe respetar.
116. De esta manera, es evidente que el juez de segunda instancia profirió la
sentencia reprochada amparado en el principio de la autonomía judicial y acogiendo
los criterios independientes fijados por la Subsección A de la Sección Segunda de
esta Corporación frente a la devolución de las erogaciones prestacionales que
tuvieron su origen en un fallo de tutela y de conformidad con las pruebas obrantes
en el expediente, cuyo resultado fue opuesto al caso concreto del actor.
117. Por lo anterior, la Sala no encuentra que la autoridad judicial accionada
haya incurrido en violación directa de la Constitución por vulneración al derecho a
la igualdad.
118. En razón de lo anterior, la Sala confirmará el numeral primero de la decisión
proferida por el juez de tutela de primera instancia que negó la acción de tutela en
lo relacionado con el desconocimiento del precedente judicial pero por las razones
aquí expuestas, esto es, porque se insiste, no se incurrió en violación directa de la
Constitución por vulneración al derecho a la igualdad.
119. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta providencia, la Sala adoptará la siguiente decisión:
i) Revocar el numeral segundo de la sentencia de primer grado, que
declaró improcedente la solicitud de amparo, por cuanto no se acreditó
el requisito de relevancia constitucional en lo relacionado al defecto
fáctico y en su lugar, negar la acción de tutela, por cuanto no se encontró
configurado tal yerro.
ii) Confirmar el numeral primero de la decisión proferida por el juez de
tutela de primera instancia que negó la acción de tutela en lo relacionado
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con el desconocimiento del precedente judicial pero por los motivos atrás
expuestos.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: REVOCAR el numeral segundo de la sentencia proferida la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado el 13 de julio de 2022, que declaró
improcedente la solicitud de amparo al no encontrarse acreditado el requisito de
relevancia constitucional frente al defecto fáctico y en su lugar NEGAR las
pretensiones de la acción de tutela presentada por Alfonso Prieto Rodríguez en
contra de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en lo
relacionado a este yerro, por los motivos aquí expuestos.
SEGUNDO: CONFIRMAR el numeral primero de la decisión proferida el 13 de julio
de 2022 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado que negó
la acción de tutela en lo relacionado con el desconocimiento del precedente judicial
por los motivos aquí expuestos.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes, en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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