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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02810-00

Fecha
1 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02810-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor Ramón Arturo Ruiz Muñoz, en nombre propio, contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, por las razones aquí expuestas. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-02810-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

1 de septiembre de 2022

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02810-00
Demandante: RAMON ARTURO RUIZ MUÑOZ

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., primero (1) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02810-00
Demandante: RAMON ARTURO RUIZ MUÑOZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCION TERCERA, SUBSECCION
“A”

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de
reparación directa por omisión de inscripción de anotación en
certificado de libertad. Requisito general de procedencia de la
inmediatez

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Ramón Arturo Ruiz Muñoz, en nombre propio, contra el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, en la que pide el amparo
constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, vulnerados, supuestamente, por la sentencia de 6 de
noviembre de 2020, mediante la cual la autoridad judicial accionada modificó el
fallo de primera instancia, que había negado las pretensiones y declaró probada la
excepción de caducidad de la acción, en el marco del medio de control de
reparación directa que, junto con otros, promovió contra el municipio de Betulia,
Antioquia y la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia,
Corantioquia, con el fin de que se les declarara administrativa y patrimonialmente
responsables por los perjuicios derivados de la omisión de inscripción en el
certificado de libertad de un predio que adquirieron, de la anotación que lo
identificaba como un predio perteneciente a la “creación de distritos de manejo
integrado”.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El accionante manifestó que, junto con otros, promovió demanda a través del
medio de control de reparación directa contra el municipio de Betulia, Antioquia y
la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, Corantioquia, con el
fin de que se les declarara administrativamente responsables por la omisión de
inscripción en el certificado de libertad de un predio que adquirieron, de la
anotación que lo identificaba como un predio perteneciente a la “creación de
distritos de manejo integrado”, lo que no permitía el uso del suelo con la finalidad
de explotación agrícola.

Indicó que la demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, que en sentencia de 26 de julio de 2018 i)
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Demandante: RAMON ARTURO RUIZ MUÑOZ

declaró no probada la excepción de caducidad formulada por Corantioquia, ii)
declaró probada la excepción de inexistencia del daño propuesta por el municipio
de Betulia y iii) negó las pretensiones de la demanda.

Sostuvo que la caducidad se declaró no probada bajo la consideración de que,
“cuando se trata de una limitación a la propiedad privada, el cómputo de
caducidad de los dos (2) años, debía empezar a partir del día siguiente a aquel en
que se decretó la afectación de la propiedad por parte de la administración,
siempre que la persona afectada tuviera conocimiento de ello en ese momento, o
desde cuando la afectación se inscriba en el Registro de Instrumentos Públicos,
puesto que es desde ese evento en que se hace pública la decisión de la
administración de limitar el ejercicio de la propiedad”, como ocurrió en el caso, en
el que la anotación de la afectación al predio se hizo solo hasta el 7 de octubre de
2015.

Por último, manifestó que luego de que interpusiera recurso de apelación en
contra de la sentencia de primera instancia, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección “A”, en fallo de 6 de noviembre de 2020, modificó el fallo de
primera instancia que había negado las pretensiones, en el sentido de declarar
probada la excepción de caducidad de la acción, luego de considerar que el
demandante había conocido de la restricción a su derecho de dominio al menos
desde el año 2011, pues en ese entonces elevó una petición a Corantioquia en la
que solicitaba que se le tuviera en cuenta para comprar el inmueble, ya que no
podía explotar el predio en el cultivo de café por pertenecer a una zona de
reserva, declaración que ratificó en una acción popular que interpuso el 14 de
noviembre de 2012.

2. Fundamentos de la acción

El accionante presenta acción de tutela con el fin de que se protejan los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia,
supuestamente vulnerados con la sentencia de 6 de noviembre de 2020, mediante
la cual la autoridad judicial accionada modificó el fallo de primera instancia, que
había negado las pretensiones de la demanda, y declaró probada la excepción de
caducidad de la acción, en el marco del medio de control de reparación directa
que, junto con otros, promovió contra el municipio de Betulia, Antioquia y la
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, Corantioquia, con el fin
de que se les declarara administrativa y patrimonialmente responsables por la
omisión de inscripción en el certificado de libertad de un predio que adquirieron, de
la anotación que lo identificaba como un predio perteneciente a la “creación de
distritos de manejo integrado”.

Sostuvo que la providencia objetada vulneró el debido proceso, en tanto
desconoció el artículo 47 de la Ley 1579 de 2012, por medio del cual fue expedido
el Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos, el cual consagra que “por regla
general, ningún título o instrumento sujeto a registro o inscripción surtirá efectos
respecto de terceros, sino desde la fecha de su inscripción o registro”.

Agregó que el Consejo de Estado “desconoció por completo el análisis realizado
por el Tribunal Administrativo de Antioquia en relación a la caducidad del medio de
control” y que “no se valoró adecuadamente la prueba y más; la normatividad
vigente en el tema correspondiente como lo era la caducidad del medio de control
de reparación directa”.

Finalmente, indicó que en el caso “nuestro acceso a la justicia se limitó desde el
momento en que se dieron diversos incumplimientos de parte de la administración
publica en sus deberes para con los administrados”.
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3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“PRIMERO: Que se ordene al honorable Consejo de Estado – Sala de lo
Contencioso Administrativo – Sección Tercera, Subsección A con consejera
ponente Marta Nubia Velásquez Rico, nuevamente emitir sentencia en el
proceso radicado 05001-23-33-000-2016-01778-01 (62303), con la finalidad de
no realizar un análisis a la ligera y tener presente que no se debe predicar la
caducidad de la acción en forma definitiva sin tener el soporte documental de
forma plena”.

4. Pruebas relevantes

Se allegó copia digital de las providencias proferidas en el medio de control de
reparación directa radicado con el Nº 2016-01778-01, actor: Ramón Arturo Ruiz y
otros.

5. Trámite procesal

Por auto de 2 de junio de 2022, el despacho admitió la solicitud de tutela. En la
misma decisión se ordenó notificar al accionante, a la autoridad judicial accionada,
así como al resto de demandantes en el proceso que originó la controversia y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como terceros interesados en el
resultado del proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas Nº
64227 a 64234, todas de 9 de junio de 2022, con el fin de darle cumplimiento a la
referida decisión1.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”

La ponente de la decisión objetada rindió informe en el que solicitó que se
declarara la improcedencia de la acción por cuanto, señaló, la misma carece del
requisito de procedibilidad de la inmediatez, en tanto desde la notificación de la
sentencia que se censura han pasado más de seis meses, lo que incumple el
mencionado requisito.

Sostuvo que, toda vez que la providencia cuestionada se notificó por estado el 12
de enero de 2021, el plazo de 6 meses que la jurisprudencia ha considerado como
razonable para presentar la demanda de tutela se cumplió el 12 de julio de 2021,
no obstante, como la solicitud de amparo solo se radicó hasta el 23 de mayo de
2022, es claro que no cumple con el requisito de inmediatez.

Agregó que, en todo caso, si se llegase a estudiar de fondo el asunto, se debe
concluir que la demanda de tutela también resulta abiertamente improcedente,
toda vez que lo pretendido es una suerte de tercera instancia para que se revise
nuevamente el caso concreto, lo que desnaturaliza la acción constitucional.

Respecto del fondo del asunto, indicó que el accionante presentó demanda en
ejercicio del medio de control de reparación directa, con el fin de que se le
indemnizaran los daños padecidos por “la delimitación del área de manejo

1 La notificación se efectuó a las siguientes direcciones electrónicas: mateo.posada.g@gmail.com,
notiftutelas3@consejodeestado.gov.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co.

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integrado de recursos dispuesta en el predio identificado con el número 035-22885
de propiedad del señor Ramón Arturo Ruiz Muñoz”, por lo que en la sentencia de
6 de noviembre de 2020 se examinaron las pruebas que obraban en el proceso
con el propósito de verificar en qué momento el demandante conoció el daño y
surgió su interés para demandar.

Sostuvo que, en ese escenario se conocieron múltiples documentos provenientes
del señor Ruiz Muñoz, en los que solicitó la compra del predio por la afectación
derivada de la delimitación del área de manejo integrado de recursos del predio, e
incluso se evidenció que adelantó diversos procesos judiciales con los que intentó
buscar una indemnización por los mismos hechos.

Por último, refirió que bajo esos supuestos, la Sala consideró que el demandante
conoció de la afectación de su predio por la restricción ambiental y de la negativa
de las autoridades regionales para adquirir su inmueble, al menos desde la
presentación de la demanda en ejercicio de la acción popular de 14 de noviembre
de 2012, en la que manifestó el evidente desinterés de la administración en la
compra del predio a pesar de las restricciones en sus usos, “sin embargo, como la
demanda de reparación directa fue interpuesta el 1º de agosto de 2016, era claro
que para esa fecha el plazo de la caducidad ya había vencido”.

6.2. Respuesta del municipio de Betulia

El apoderado del municipio rindió informe en el que solicitó se le desvinculara del
presente trámite, por cuanto, manifestó, en el caso se configura la falta de
legitimación en la causa por pasiva a su favor, en tanto la vulneración de derechos
que fundamenta la solicitud de amparo se predica de actuaciones que no son de
su competencia.

Agregó que al municipio no le corresponde tomar ninguna decisión frente a las
medidas que requiere el actor, para, de acuerdo a su pretensión, asegurar el goce
efectivo de los derechos que señala le están siendo vulnerados, máxime cuando
no tiene ninguna incidencia o responsabilidad directa frente a los hechos que se
colocan de presente en el escrito de tutela.

6.3. Respuesta de Corantioquia

El apoderado de la entidad rindió informe en el que solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción, por cuanto la misma carece del requisito de
procedibilidad de la inmediatez, en tanto, señaló, desde la notificación de la
sentencia que se censura han pasado alrededor de dieciocho meses, lo cual riñe
con la amenaza o vulneración que dice padecer el accionante.

Indicó que la decisión de segunda instancia objetada en todo momento protegió el
derecho fundamental al debido proceso, puesto que respetó cada una de las
garantías definidas por la jurisprudencia en la sentencia C-341 de 2014.

En relación con el acceso a la justicia, sostuvo que el accionante trae consigo una
nueva referencia normativa que no fue argumentada en la demanda, la cual no es
aplicable al caso concreto de forma directa ni analógica, pues la declaratoria de un
área de manejo no es considerada una obra pública.

Finalmente, respecto de la contabilización del término de caducidad, adujo que la
autoridad judicial accionada, “siendo benévola en la interpretación de éste”, definió
como fecha inicial para contabilizarlo el 14 de noviembre de 2012, en la cual el
actor presentó la acción popular, aun cuando el hoy accionante conocía del
Acuerdo 385 de 2011 desde el 7 de septiembre de 2011, “al solicitar por medio de
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una petición la compra de su predio, el cual se encontraba ubicado en dicha área
protegida, por lo que ponía a disposición de Corantioquia el inmueble”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Previo al estudio de fondo de la controversia planteada, en tanto fue alegado por
la autoridad judicial accionada en la contestación, la Sala debe establecer si la
acción de tutela cumple con el requisito general de procedibilidad que debe
observar contra providencias judiciales, consistente en la inmediatez en su
presentación.

En caso de que la respuesta a este interrogante sea afirmativa, y de cumplirse los
restantes requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, corresponde
a la Sala determinar si la sentencia de 6 de noviembre de 2020, mediante la cual
la autoridad judicial accionada modificó el fallo de primera instancia que había
negado las pretensiones y declaró probada la excepción de caducidad de la
acción, en el marco del medio de control de reparación directa que el accionante
promovió contra el municipio de Betulia, Antioquia y la Corporación Autónoma
Regional del Centro de Antioquia, Corantioquia, vulneró i) el debido proceso, en
tanto desconoció el artículo 47 de la Ley 1579 de 2012, por medio del cual fue
expedido el Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos y ii) el derecho de
acceso a la administración de justicia, en tanto “se dieron diversos
incumplimientos de parte de la administración publica en sus deberes para con los
administrados”.

3. Requisito de la inmediatez como presupuesto general de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política establece que “toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”.
Ahora bien, aun cuando la Carta Política hace uso de la expresión “en todo
momento y lugar”, lo que podría dar a entender que la acción de amparo puede
solicitarse en cualquier tiempo, sin importar la urgencia, ni la relevancia de los
derechos vulnerados, lo único cierto es que se trata de un requisito que se debe
valorar en cada caso concreto.

Sin embargo, la Corte Constitucional2 ha señalado que si bien no es posible
establecer un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela,
ésta no puede presentarse en cualquier tiempo y por lo tanto debe existir un
término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los
derechos fundamentales del actor y la presentación de la demanda, en la medida
en que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que
ver con la urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una

2 Corte Constitucional, sentencia T- 123 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

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persona, sino también con el respeto de la seguridad jurídica y de los derechos de
los terceros afectados.

En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca que la
acción se presente en un término razonable contado desde el momento en que se
tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales y no
un término de caducidad. Justamente, porque la acción de tutela es un medio
excepcional para la protección pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en
un tiempo prudencial. Por ello, el presupuesto de la inmediatez constituye un
requisito para habilitar el estudio de fondo de la acción de tutela, pues se evita “el
uso de este mecanismo constitucional como herramienta que consienta la
negligencia o indiferencia de los actores, o que propicie la inseguridad jurídica.” 3

La jurisprudencia constitucional ha identificado cinco criterios orientadores para
que el juez de tutela pueda determinar4, en cada caso, si se ha cumplido con el
requisito de la inmediatez. Tales criterios se precisaron en la sentencia SU-391 de
20165, así: “(i) La situación personal del peticionario: debe analizarse la situación personal
del peticionario, pues en determinados casos esta hace desproporcionada la exigencia de
presentar la acción de tutela en un término breve; (ii) El momento en el que se produce la
vulneración: pueden existir casos de vulneraciones permanentes a los derechos
fundamentales. En estos casos, para analizar la inmediatez el juez de tutela no debe contar el
término desde el momento en el que la vulneración o amenaza inició hasta la fecha de
presentación de la tutela, sino que debe tomar en cuenta el tiempo por el que esta se
prolongó; (iii) La naturaleza de la vulneración: existen casos donde se presenta un nexo
causal entre el ejercicio inoportuno de la acción de tutela y la vulneración de los derechos de
los interesados. De acuerdo con este criterio, el juez debe analizar si la demora en la
presentación de la tutela guarda relación con la situación de vulneración de derechos
fundamentales que alega el peticionario; (iv) La actuación contra la que se dirige la tutela: la
jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis de la inmediatez puede variar
dependiendo de la actuación que se identifica como vulneratoria de los derechos invocados en
la tutela. Específicamente, ha señalado que este análisis debe ser más estricto tratándose de
acciones de tutela contra providencias judiciales y (v) Los efectos de la tutela: la Corte ha
considerado que, aún si se encuentra un motivo que justifique la demora en la interposición de
la tutela, el juez debe tener en cuenta los efectos que esta tendría en los derechos de terceros
si se declarara procedente”6

Específicamente, en torno a la verificación de este presupuesto cuando la tutela
que se analiza está dirigida contra una providencia judicial, la Sala Plena de esta
Corporación mediante sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 7
estableció, como regla general, que el mecanismo de amparo debe promoverse en
un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación de la
sentencia o providencia objeto de reproche constitucional, límite temporal que
también ha sido acogido por la Corte Constitucional8.

4. Estudio y solución del caso concreto

En el presente caso, el accionante considera que la sentencia de 6 de noviembre
de 2020, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”,
modificó el fallo de primera instancia que había negado las pretensiones y, en su
lugar, declaró probada la excepción de caducidad de la acción, en el marco del
medio de control de reparación directa que promovió contra el municipio de
Betulia, Antioquia y la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia,
3 Ibídem.
4 Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU 391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo, sentencia

T-246 de 2015 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, sentencia T-594 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño,
sentencia T-158 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia T-1110 de 2005 M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto, sentencia SU-961 de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
5 Corte Constitucional. M. P. Alejandro Linares Cantillo.
6 Ibídem.
7 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
8 T-031 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-619 de 2019, M. P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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Corantioquia, vulneró i) el debido proceso, en tanto desconoció el artículo 47 de la
Ley 1579 de 2012, por medio del cual fue expedido el Estatuto de Registro de
Instrumentos Públicos y ii) el derecho de acceso a la administración de justicia, en
tanto “se dieron diversos incumplimientos de parte de la administración publica en
sus deberes para con los administrados”.

Conforme da cuenta el aplicativo de búsqueda de procesos de la Rama Judicial9, y
como fue puesto de presente por la autoridad judicial accionada en la contestación
de la demanda, la sentencia mediante la cual el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección “A”, modificó el fallo de primera instancia y declaró probada
la excepción de caducidad de la acción, se notificó mediante correo electrónico
enviado el 20 de enero de 2021, fecha a partir de la cual se verificará el
cumplimiento del requisito de inmediatez.

Como la solicitud de amparo fue promovida el 23 de mayo de 202210,
transcurrieron dieciséis (16) meses y dos (2) días entre el momento de la
notificación y el de la interposición de la acción constitucional, término que excede
el límite establecido jurisprudencialmente por la Sala Plena de esta Corporación,
como regla general, acogido igualmente por la Corte Constitucional.

Sobre el particular, cabe resaltar que la Corte Constitucional en decisiones
recientes ha ratificado la posición jurisprudencial de esta Corporación, al indicar
que el plazo razonable para interponer la acción de tutela, si bien no es un término
fijo, puede entenderse como un periodo prudencial de seis (6) meses, el cual debe
analizarse en general, “en relación con el hecho generador de la tutela, las
condiciones del accionante y los derechos que subyacen en la pretensión” 11,
respecto del cual ha precisado “que (…) ha entendido que seis meses es un plazo
razonable para satisfacer el requisito de inmediatez sin que ello signifique que
dicho término es perentorio”12.

En este mismo sentido, en la sentencia T-619 de 2019, la Corte estimó que “el
juez debe ser muy cuidadoso en la constatación de este requisito por estar en
riesgo la seguridad jurídica y, aunque se ha destacado un periodo determinado (6
meses), lo cierto es que también se ha extendido dicho lapso, pues para su
fijación se debe acudir a criterios como el de razonabilidad y proporcionalidad en
cuya valoración le corresponde al juez tener en cuenta las circunstancias que
caractericen al caso concreto”13.

9 https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion
10 Acta individual de reparto.
11 Sentencia T-422 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
12 Sentencia T-338 de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
13 M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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Es cierto que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al juez a
concluir que la tutela se ha presentado de forma tardía, toda vez que pueden
existir circunstancias especiales que no solo justifiquen que la acción de tutela no
se haya presentado en un término razonable, sino que demuestren que el hecho o
la omisión que vulnera el derecho fundamental sean permanentes, persisten en el
tiempo, y hacen que la violación sea siempre actual.

En el presente caso no se presentaron circunstancias especiales, y la parte actora
no realizó ninguna manifestación dirigida a demostrar por qué debía relevársele
del cumplimiento de este requisito de procedencia, por lo que el mismo se
encuentra incumplido.

A lo anterior se agrega que la verificación de los requisitos generales contra
decisiones judiciales se tornan más exigentes, en tanto prima facie se privilengian
los principios de autonomía judicial, seguridad jurídica y cosa juzgada, lo que ha
llevado a que la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional, a
partir de la razonabilidad, haya considerado que ese término prudencial, por regla
general, es del de seis (6) meses, cuyo conteo se hace a partir de la notificación
de la decisión, pues supone que las partes tienen conocimiento de las decisiones
judiciales, regla que, por supuesto no es inflexible, y que se debe analizar caso a
caso.

En conclusión, la acción de tutela fue presentada con desconocimiento del
requisito de inmediatez y, en esa medida, se debe declarar su improcedencia.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Ramón Arturo Ruiz Muñoz, en nombre propio, contra el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección “A”, por las razones aquí expuestas.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual
revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

8

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(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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