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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02815-00

Fecha
7 de julio de 2022
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02815-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Agencia Nacional de Tierras. SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela ejercida por el señor Augusto Bermúdez Fula contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, por la vulneración del derecho fundamental de petición, frente a los ítems de relativos al decreto de pruebas y la expedición de un concepto jurídico. TERCERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado frente a la solicitud de información del estado del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. 14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2021-02815-00 Demandante: Augusto Bermúdez Fula Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C QUINTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-02815-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

7 de julio de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2021-02815-00
Demandante: Augusto Bermúdez Fula
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., siete (7) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02815-00
Demandante: AUGUSTO BERMÚDEZ FULA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA –
SUBSECCIÓN C

TEMAS: Tutela de fondo – Derecho de petición ante autoridades
judiciales – niega amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Resuelve la Sala la acción de tutela formulada por el señor Augusto Bermúdez Fula
contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y,
el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Mediante escrito presentado el 23 de mayo de 2021 a través del aplicativo
apptutelassmr@cendoj.ramajudicial.gov.co,1 el señor Augusto Bermúdez Fula, en
nombre propio, instauró acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, con el fin de obtener el amparo de sus derechos
fundamentales de petición y al debido proceso.

Dichas garantías constitucionales las consideró vulneradas por la omisión de la
autoridad demandada en dar respuesta a la petición de información debidamente
elevada el 29 de marzo de 20222 a través del buzón web
ces3secr@consejodeestado.gov.co, en el marco del proceso de nulidad y

1
Enviado el 22 de mayo después de las 5 p.m.
2
Se entiende presentado el 29 de marzo de 2022 por cuanto el escrito fue radicado el 28 de marzo de
la misma anualidad después de las 5 p.m.

1

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www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2021-02815-00
Demandante: Augusto Bermúdez Fula
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C

restablecimiento del derecho identificado con el radicado 11001-03-26-000-2013-
00022-00.

1.2. Pretensiones

La parte accionante presentó las siguientes:

“PIDO: Me informe su despacho en que estado se encuentra el proceso de la
Referencia.

PIDO: Me informe mediante un concepto jurídico estando el mencionado proceso
vigente en donde está vinculado la A.N.T., pregunto ¿si esta entidad puede proceder
administrativamente en contra del predio la Agrícola cuando el proceso no ha terminado
en donde no se aceptan más prácticas de pruebas”. (Sic para la cita).

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

El señor Augusto Bermúdez Fula adujo que radicó petición de información el 29 de
marzo de 2022 ante el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, a través
del buzón web ces3secr@consejodeestado.gov.co.

Indicó que su solicitud fue elevada en el marco de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que se identifica con el radicado 11001-03-26-000-
2013-00022-003 que actualmente se tramita en la Subsección censurada, mediante
el cual se debate la recuperación de un predio baldío.

En el documento petitorio, el tutelante requirió lo siguiente:

“PIDO: Me informe su despacho en que estado se encuentra el proceso de la
Referencia.

PIDO: Me informe mediante un concepto jurídico estando el mencionado proceso
vigente en donde está vinculado la A.N.T., pregunto ¿si esta entidad puede proceder
administrativamente en contra del predio la Agrícola cuando el proceso no ha terminado
en donde no se aceptan más prácticas de pruebas”. (Sic para la cita).

Finalmente, la Sala advierte que el accionante adjuntó con la solicitud una serie de
documentos, tales como certificados catastral y de libertad y tradición al parecer
del bien baldío en controversia, así como una petición elevada a la
Superintendencia de Notariado y Registro y su respectiva respuesta.

3
Augusto Bermúdez y Darwis José Ortiz GilFula contra Agencia Nacional de Tierras e INCODER.

2

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Demandante: Augusto Bermúdez Fula
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C

1.4. Fundamentos de la solicitud

El señor Augusto Bermúdez Fula consideró vulnerado, concretamente, su derecho
fundamental de petición ante la omisión de la autoridad judicial demandada en dar
respuesta a la solicitud de información elevada el 29 de marzo de 2022.

1.5. Trámite de la acción

1.5.1. Con auto de 26 de mayo de 2022, el magistrado ponente de esta decisión,
previo a admitir, requirió al accionante para que aportara al escrito de tutela la
constancia de recibo del mensaje de datos con su solicitud de información; también
para que informara si había remitido su petición a la dirección electrónica establecida
por la judicatura censurada para la recepción de memoriales, o si lo hizo a través de
la ventanilla virtual. Lo anterior fue atendido a través de correo de 3 de junio de 2022.

1.5.2. En providencia de 15 de junio de 2022, se admitió la solicitud de amparo, se
ordenó notificar en calidad de demandada al Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, y se dispuso la vinculación de la Agencia Nacional de Tierras
[autoridad mencionada en la petición].

1.6. Intervenciones

1.6.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, a través de
memorial allegado el 22 de junio de 2022 por el magistrado Guillermo Sánchez
Luque, informó que con memorial de “28 de marzo de 2022” el actor aportó y “solicitó
que se decretaran unas pruebas”4 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 11001-03-26-000-2013-00022-00.

Agregó que el accionante también requirió que el despacho profiriera un concepto
jurídico “sobre si la Agencia Nacional de Tierras puede proceder administrativamente en
contra del predio La Agrícola sin que ese proceso judicial hubiera terminado y se le informara
el estado del proceso”.

Al respecto, indicó que mediante auto de 17 de junio de 2022 se resolvió la petición
del actor, providencia que se encuentra disponible en el sistema de gestión judicial
SAMAI.

Finalmente, advirtió que el tutelante invocó el amparo del derecho de petición en el
marco de un proceso judicial, ante lo cual la Corte Constitucional ha señalado que las
actuaciones de los jueces se rigen por los códigos procesales dispuestos para
regular cada jurisdicción “y no por la Ley 1755 de 2015, incorporada en la primera parte
4
La Sala advierte que la autoridad cuestionada infirió que, con el aporte de algunos medios
documentales con la petición, el actor pretendía incorporarlos al proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, razón por la cual se pronunció al respecto.

3

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del CPACA, que regula la presentación de peticiones ante las autoridades administrativas”,
en ese sentido, precisó que la acción de la referencia es improcedente.

1.6.2. La Agencia Nacional de Tierras con escrito aportado el 24 de junio de 2022,
por la abogada de la oficina jurídica, luego de un extenso relato de las actuaciones
administrativas, judiciales y de la competencia funcional de la entidad, advirtió que su
representada no tiene injerencia en la causa de la presunta vulneración de los
derechos fundamentales del accionante, razón por la cual solicitó su desvinculación.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por el señor Augusto Bermúdez Fula contra el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, de conformidad con lo establecido por el artículo
2.2.3.1.2.1., del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así
como el Acuerdo 080 de 2019, de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

En atención a que la Agencia Nacional de Tierras solicitó ser desvinculada del
trámite de la referencia, la Sala anuncia que dicha petición será denegada por cuanto
su vinculación no fue realizada en calidad de demandada sino como tercero con
interés en las resultas del proceso por ser parte del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho respecto del cual el señor Augusto Bermúdez Fula
elevó una petición de información.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración del derecho fundamental de petición invocado por la parte actora, por
parte del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, ante la omisión de dar
respuesta a la solicitud elevada el 29 de marzo de 2022.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la naturaleza
de la acción de tutela; (ii) las generalidades del derecho de petición; (iii) la petición
en actuaciones judiciales; y (iv) el análisis del caso concreto.

2.4. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos

4

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fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de
las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el
Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no
sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la
ocurrencia de un perjuicio irremediable5.

2.5. Del derecho de petición

En el artículo 23 superior el derecho fundamental de petición se define como la
posibilidad que tienen todas las personas de “presentar peticiones respetuosas a las
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución”. El
mismo artículo superior precisa que el Legislador podrá reglamentar su ejercicio ante
organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

El referido Tribunal Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha
establecido algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este
derecho, en el sentido de indicar que: “(…) reside en la resolución pronta y oportuna de la
cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o
se reserva para sí el sentido de lo decidido”.

También se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la respuesta a la petición.
Frente a la oportunidad para resolver, por regla general, a los términos señalados en
la Ley 1755 de 20156 y, de no ser posible, antes de que se cumpla con el plazo allí
dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o

5
Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
6 “ARTÍCULO 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma

legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince
(15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes
peticiones:
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días
siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para
todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la
administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las
materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.
PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí
señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del
término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo
razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto.”

5

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el particular deberá explicar los motivos y señalar el momento en el cual se realizará
la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del tiempo será
determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la
complejidad de la solicitud.

Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y congruente
con lo solicitado. Ello significa que “la respuesta al derecho de petición debe versar sobre
aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto
principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe
encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial
de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado. // Desde luego, este deber
de contestar de manera clara y coherente, no impide que la autoridad suministre información
adicional relacionada con los intereses del peticionario, pues eventualmente ésta puede
significar una aclaración plena de la respuesta dada.”

Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar “los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello (…) la
notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el propósito de
que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el solicitante.”

En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la Corte
Constitucional ha explicado que:

“i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos de
la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la
participación política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial comprende
los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos
respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se
abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos
establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación
material, lo que supone que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud,
sobre la base de su competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos
planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta), excluyendo
fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al peticionario,
con independencia de que su sentido sea positivo o negativo”.

Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la
satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.

Sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha sido enfática
en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el derecho a lo pedido,
por lo que el primero se ejerce y agota en la solicitud y la respuesta, cuestión distinta
a si se decide sobre el reconocimiento o no del derecho subjetivo.

6

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Ahora bien, no debe perderse de vista que tratándose de peticiones ante autoridades
judiciales, la Corte Constitucional precisó las limitaciones que trae consigo el ejercicio
de este derecho bajo dicho contexto7:

“a) El derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o
para solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales,
ya que esta es una actuación reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora
bien, en caso de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y del
derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho de petición.

b) Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden distinguirse dos. De un lado, los
actos estrictamente judiciales y, de otro lado, los actos administrativos. Respecto de
éstos últimos se aplican las normas que rigen la administración, esto es, el
Código Contencioso Administrativo.

c) Por el contrario, las peticiones en relación con actuaciones judiciales no
pueden ser resueltas bajo los lineamientos propios de las actuaciones
administrativas, como quiera que “las solicitudes que presenten las partes y los
intervinientes dentro de aquél [del proceso] en asuntos relacionados con la litis tienen
un trámite en el que prevalecen las reglas del proceso” (Destacado por la Sala)

De este modo, se debe poner de presente que las peticiones dirigidas a las
autoridades judiciales, no deben tener como objeto el pronunciamiento sobre las
actuaciones a su cargo, ya que se rigen por las normas propias de cada juicio, salvo
que se trate de actuaciones administrativas del respectivo despacho, evento en
el que sí procede la petición en los términos previstos en la ley para el efecto.

2.6. Del derecho de petición en actuaciones judiciales

Al respecto, la Sala considera necesario precisar que el ejercicio del derecho de
petición “(…) no es aplicable a las autoridades judiciales en el curso de los procesos, ya
que estos se rigen por las normas legales propias de cada uno, sin que sea lo adecuado
impulsarlos mediante la formulación de peticiones en cada uno de los momentos
procesales”8

En relación con este punto, la Corte Constitucional precisó:

“(…) 5. Específicamente en relación con el derecho de petición frente a los jueces las
sentencias T- 334 de 1995 y T-07 de 1999 señalaron que:

a) El derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o para
solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya que esta es
una actuación reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso de
mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y del derecho de acceso
efectivo a la justicia; pero no del derecho de petición.

7
Sentencia T-377 de 2000. En el mismo sentido, se profirieron las sentencias T-311 de 2013 y T-172
de 2016.
8
Sentencia T-178 de 2000.

7

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b) Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden distinguirse dos. De un lado, los
actos estrictamente judiciales y, de otro lado, los actos administrativos. Respecto de
éstos últimos se aplican las normas que rigen la administración, esto es, el Código
Contencioso Administrativo.

c) Por el contrario, las peticiones en relación con actuaciones judiciales no pueden ser
resueltas bajo los lineamientos propios de las actuaciones administrativas, como quiera
que “las solicitudes que presenten las partes y los intervinientes dentro de aquél [del
proceso] en asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que prevalecen las
reglas del proceso (…)”.9

2.7. Caso concreto

2.7.1. En el sub examine, se advierte que las alegaciones y los fundamentos
expuestos por el señor Augusto Bermúdez Fula se concentran en señalar que su
derecho fundamental de petición fue transgredido por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, ante la omisión de dar respuesta a la solicitud radicada el 29
de marzo de 2022, a través de la cual aportó unas pruebas, pidió un concepto
jurídico por parte de la judicatura accionada y que se le informara del estado actual
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho N°. 11001-03-26-000-
2013-00022-00.

2.7.2. Al respecto, esta Sala de Decisión advierte que, de conformidad con el marco
conceptual expuesto en el numeral 2.6. de este proveído, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional que es acogida por el Consejo de Estado, ha sido consistente
en señalar que las peticiones relacionadas con actuaciones judiciales no se
resuelven a partir de los lineamientos de orden administrativo, por cuanto los
aspectos afines a la litis se encuentran regulados por la ley procesal.

Es por ello que, el reparo planteado por el accionante relativo a la presunta
inobservancia de su garantía superior de petición no tiene vocación de prosperidad,
toda vez que lo pretendido por el señor Bermúdez Fula consiste en que la autoridad
reprochada: (i) decrete pruebas, lo cual se contrae a un acto meramente judicial que
se encuentra sujeto a las normas que gobiernan el referido medio de control; (ii) rinda
un concepto jurídico respecto de las facultades administrativas de la Agencia
Nacional de Tierras sobre un predio baldío mientras el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho referido no ha culminado, con clara omisión de las
funciones de los jueces de la República por cuanto estos funcionarios emiten
providencias a través de las cuales dirimen controversias judiciales, no informes,
dictámenes o conceptos; y (iii) un informe del estado actual del trámite ordinario,
pese a que este puede ser consultado a través de los sistemas de gestión judicial
SAMAI y Justicia Siglo XXI o, en su defecto, solicitar una certificación a la Secretaría
de conformidad con lo estipulado en el artículo 115 del CGP.

9
Sentencia T-377 de 2000.

8

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En ese sentido, en la sentencia T-162 de 2016 la Corte Constitucional iteró:10

La Corte Constitucional ha establecido que todas las personas tienen derecho a
presentar peticiones ante los jueces de la República y que éstas sean resueltas,
siempre y cuando el objeto de su solicitud no recaiga sobre los procesos que un
funcionario judicial adelanta. En concordancia con esto, resulta necesario hacer una
distinción entre los actos de carácter estrictamente judicial y los actos administrativos
que pueden tener a cargo los jueces, puesto que respecto de los actos administrativos
son aplicables las normas que rigen la actividad de la administración pública, mientras
que, respecto de los actos de carácter judicial, se estima que estos se encuentran
gobernados por la normatividad correspondiente a la Litis.

En este orden de ideas, no es dado a las personas afirmar que los jueces
vulneran el derecho de petición cuando presentan una solicitud orientada a
obtener la definición de aspectos del proceso. En tales casos, se puede invocar el
derecho al debido proceso, y demostrar que el operador judicial se ha salido de los
parámetros fijados por el ordenamiento jurídico al respecto, desconociendo las reglas
correspondientes al trámite de un determinado proceso judicial.

Es evidente que en el caso sub lite la solicitud del accionante, respecto al decreto de
pruebas y a la expedición de un concepto jurídico sobre aspectos del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho no versa sobre actuaciones administrativas,
por cuanto el objeto de esta recae en un proceso que adelanta la Subsección C, de
la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Tal como lo indicó la Alta Corte, no es dable invocar el derecho fundamental de
petición cuando el requerimiento está direccionado a poner en marcha el aparato
judicial; o para que un funcionario cumpla con sus deberes jurisdiccionales; o para
obtener la resolución de aspectos del proceso.

La anterior precisión tiene como fundamento que, al escrito radicado ante la
autoridad judicial censurada no se le puede impartir el trámite que regula el derecho
de petición por cuanto se direcciona a la definición de un aspecto procesal y otro
sustancial que, evidentemente incidirían en el desconocimiento de las etapas
procesales establecidas en el ordenamiento jurídico y, en el pronunciamiento
preliminar sobre las facultades administrativas de la Agencia Nacional de Tierras
respecto al predio baldío objeto de la causa contenciosa.

Es por ello que, en auto de 17 de junio de 2021 el magistrado Guillermo Sánchez
Luque manifestó:

(i) En relación con el aspecto probatorio:

“La principal oportunidad para solicitar e incorporar pruebas al proceso es el escrito de
demanda y el de contestación. El artículo 162.5 CPACA señala que la demanda con
que se promueva todo proceso deberá contener la petición de pruebas que el

10
Ver sentencias T-1124 de 2005, T-215A de 2011, T-920 de 2012, T-311 de 2013 y C-951 de 2014.

9

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Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C

demandante pretenda hacer valer y el artículo 175.4, sobre el contenido de la
contestación, retoma la misma disposición en relación con las pruebas que pretenda
hacer valer el demandado. El 1 de diciembre de 2014, en la audiencia inicial, el
Despacho decretó las pruebas solicitadas por las partes. Como la parte demandante
solicitó pruebas después de las oportunidades probatorias, esto es, mediante memorial
radicado el 28 de marzo de 2022 (índice 153, Samai), NIÉGASE la solicitud por
extemporánea”.

(ii) Respecto a la expedición de un concepto jurídico:

“2. Según el artículo 104 CPACA, la jurisdicción en lo contencioso administrativo está
instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución y en leyes
especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén
involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función
administrativa. Las providencias del juez pueden ser sentencias o autos. Las primeras
deciden sobre las pretensiones de la demanda, las excepciones de mérito, el incidente
de liquidación de perjuicios y los recursos de casación y revisión. En los procesos
declarativos reconocen derechos al estar revestidas del atributo de la cosa juzgada por
mandato legal y constituye una fuente de obligaciones (arts. 1494 CC, 332 CPC y 302
CGP). Las demás providencias corresponden a los autos (art. 278 CGP).

La parte demandante solicita que el Despacho “conceptúe si la ANT puede proceder
administrativamente en contra del predio “La Agrícola” sin que este proceso judicial
hubiera terminado”. Como los jueces, a través de sus providencias, dirimen con fuerza
obligatoria las controversias planteadas por las partes y no profieren conceptos, rinden
dictámenes o informes relacionados con los aspectos objeto del proceso, NIÉGASE la
solicitud”.

En este contexto, la Sala no advierte la existencia de la alegada vulneración del
derecho de petición del señor Augusto Bermúdez Fula, como primera medida, por
cuanto los dos primeros ítems de su solicitud corresponden llanamente a asuntos
relacionados con el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que se
encuentra en trámite ante la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, lo cual, como se expuso en líneas previas, no está sujeto a las normas que
regulan lo concerniente a las peticiones presentadas ante las autoridades
administrativas puesto que, cada causa judicial se encuentra gobernada por las
disposiciones legales en la jurisdicción respectiva.

Lo anterior, en atención a que, el tutelante elevó una petición ante el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C y, en virtud de la garantía fundamental
estipulada en el artículo 23 de la Constitución Política, requirió a tal judicatura para
que efectuara unas actuaciones propias del proceso judicial, no obstante, sin estar
obligado legalmente, el juez reprochado se pronunció para señalar que lo pretendido
no es procedente por cuanto, concretamente en lo que atañe a las pruebas, no es la
oportunidad procesal para aportarlas y, en cuanto a la rendición de un concepto, no
hace parte de la carga funcional del operador judicial.

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Demandante: Augusto Bermúdez Fula
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2.7.3. Ahora bien, el único aspecto de la petición elevada por el señor Bermúdez Fula
que se encuadra en una diligencia administrativa, es aquella relativa a la información
del estado actual del medio de control ordinario, frente a lo cual la Colegiatura
demandada señaló:

“3. El artículo 115 CGP dispone que el secretario expedirá certificaciones sin necesidad
de auto que las autorice. PÓNGASE el expediente a disposición de la Secretaría y
ATIÉNDANSE la solicitud de la parte demandante”.

Al respecto, tal como lo expuso la judicatura reprochada en su intervención, mediante
el auto de 17 de junio de 2022 ordenó que por Secretaría se expida la certificación
solicitada por el tutelante y, para ello, dispuso poner el expediente en dicha
dependencia para que se atienda lo pedido por el accionante. Tal providencia fue
publicada en el sistema de gestión judicial SAMAI y se notificó por estado electrónico
y mediante mensaje de datos el 26 de junio de la misma anualidad.

Bajo este panorama, este juez constitucional considera que en este asunto se
configura la carencia actual de objeto por hecho superado, comoquiera que durante
el trámite de la acción de tutela de la referencia el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C dio respuesta al señor Bermúdez Fula, en cuanto hace
referencia al aspecto de índole administrativa concerniente a ordenar a la Secretaría
de Sección que expida una constancia del estado del proceso ordinario.

Visto lo anterior, esta Colegiatura destaca que en anteriores oportunidades11 se ha
referido a la acción de tutela y ha explicado que este mecanismo de defensa judicial
ha sido instituido como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección
de derechos fundamentales que sean vulnerados o amenazados de una manera
actual e inminente.

Asimismo, se ha señalado que existen eventos en los que la amenaza o efectiva
vulneración al derecho fundamental desaparece en el transcurso de la acción
de tutela, como sucede en el caso concreto, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la intervención del juez
constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los
derechos fundamentales.

En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del
proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres

11
Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencias de: (i) 15 de noviembre de 2017, Rad. No. 2017-00085-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro;
(ii) de 19 de octubre de 2017, Rad. No. 2017-2365-00, M.P. Rocío Araújo Oñate, (iii) 6 de junio de
2019, Rad. No. 11001-03-15-000-2019-00591-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.

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supuestos de hecho: (i) por hecho superado; (ii) por daño consumado; y, (iii) por
una situación sobreviniente.

En ese sentido, dicha Alta Corporación, en la sentencia T-481 de 2016, que la Sala
cita como criterio auxiliar, señaló que:

«La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de
los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual. Por lo
tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el
desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y
sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que
recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se
pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se
tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta
acción.12

A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó sobre
este respecto, que:

“La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente
bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como su
amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o
amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya sido o
que simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese presentado un peligro
ya subsanado”. (Énfasis propio)

“Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia
actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad
material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que
permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el
particular, se tiene que éste se constituye en el género que comprende el fenómeno
previamente descrito, y que puede materializarse a través de las siguientes figuras: (i)
“hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a
desarrollar por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una “situación
sobreviniente13”».

Con base en el anterior marco referencial, el Máximo Tribunal Constitucional ha
sostenido que:

(i) El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley 2591
de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se materializa
cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad

12
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual
se transcribe literalmente: “Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005”».
13
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual
se transcribe literalmente: “Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013”».

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demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración
de los derechos fundamentales.

(ii) El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho
fundamental que se pretendía evitar se materializa, antes de la interposición de
la solicitud de amparo constitucional o en el trámite de la acción de tutela, por
lo que no es posible retrotraer los efectos de la vulneración pues el daño resulta
perenne.

Al respecto ha sostenido el Tribunal Constitucional: “[l]a segunda de las figuras
referenciadas [daño consumado], consiste en que a partir de la vulneración ius-
fundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con
la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer
cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de
tutela dé una orden al respecto”.14

(iii) Por último, de manera reciente, la Corte Constitucional ha distinguido el supuesto
de hecho correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la
vulneración de los derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la
acción de tutela, pero por una circunstancia que no se encuadra en los
conceptos de daño consumado y hecho superado.

La citada Corporación ha indicado, sobre este supuesto de hecho para declarar la
carencia actual de objeto, que:

«El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por las
distintas Salas de Revisión. Es una categoría que ha demostrado ser de gran
utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud
cobija casos que no se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño
consumado y hecho superado. El hecho sobreviniente remite a cualquier ‘otra
circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a
lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto
caiga en el vacío’. No se trata entonces de una categoría homogénea y
completamente delimitada»15.

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que lo pretendido con este ítem de la
solicitud del señor Augusto Bermúdez Fula, consistente en que la autoridad
censurada le informara sobre el estado del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, se cumplió con el auto de 17 de junio de 2022 a través del cual se ordenó
que por Secretaría de la Sección se expidiera la certificación correspondiente, en
consecuencia, se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado, toda
vez que, desapareció la circunstancia que podía originar algún quebranto de los
derechos fundamentales del accionante, de ahí que cualquier orden que se imparta

14
«Corte Constitucional. Sentencia T-030/2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado».
15
«Corte Constitucional. Sentencia SU-522/2019, M.P. Diana Fajardo Rivera».

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por parte de esta Sala resultaría inane, debido a que la posible vulneración cesó con
la actuación de la parte enjuiciada.

Adicionalmente, se insiste, mediante los sistemas de gestión judicial SAMAI y
Justicia Siglo XXI el actor puede acceder en cualquier momento al expediente digital
ingresando con el número de radicado del proceso, a fin de que pueda verificar, si es
necesario, diariamente, las actuaciones que se encuentran y las que se van
registrando a lo largo del proceso de su interés.

2.8. Conclusión

La Sala de Decisión negará la solicitud de amparo promovida por el señor Augusto
Bermúdez Fula contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, al no
encontrar acreditada la violación a la garantía fundamental de petición, respecto de
las pretensiones relativas al decreto de pruebas y que se profiriera un concepto
jurídico, por cuanto estos aspectos se contraen a actos meramente judiciales.

De otro lado, se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado en
relación con el requerimiento de información sobre el estado actual del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, habida cuenta que la presunta vulneración
cesó durante el trámite de este mecanismo constitucional.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Agencia Nacional de Tierras.

SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela ejercida por el señor Augusto Bermúdez Fula
contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, por la vulneración del
derecho fundamental de petición, frente a los ítems de relativos al decreto de
pruebas y la expedición de un concepto jurídico.

TERCERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado frente a la
solicitud de información del estado del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

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Demandante: Augusto Bermúdez Fula
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C

QUINTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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