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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02823-00

Fecha
25 de agosto de 2023
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02823-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Gustavo Adolfo Álvarez Villarreal, Edgar Velásquez Pereira y otros, contra la sentencia del 7 de octubre de 2020, proferida en segunda instancia por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del proceso de reparación directa identificado con el radicado Nro. 68001-23-31-000-2001- 00889-01 (55955), al cual se acumuló el proceso de radicado Nro. 68001-23- 31-000-2001-00890-01. 2. Sin condena en costas, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia. 3. En firme esta providencia, archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-02823-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

25 de agosto de 2023

Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02823-00 (4523)

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN Nro. 13

CONSEJERO PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, veinticinco (25) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia Recurso extraordinario de revisión
Radicación 11001-03-15-000-2022-002823-00 (4523)
Demandante GUSTAVO ADOLFO ÁLVAREZ VILLARREAL Y OTROS

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
Procede la Sala Especial de Decisión Nro. 13 a decidir el recurso extraordinario
especial de revisión interpuesto por Gustavo Adolfo Álvarez Villarreal y otros contra
la sentencia del 7 de octubre de 2020, proferida en segunda instancia por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del proceso de
reparación directa identificado con el radicado Nro. 68001-23-31-000-2001-00889-
01 (55955), al cual se acumuló el proceso de radicado Nro. 68001-23-31-000-2001-
00890-011.

ANTECEDENTES

1. Proceso de reparación directa

1.1. Demanda

Gustavo Adolfo Álvarez Villarreal y su grupo familiar, por una parte, y, Edgar
Velásquez Pereira y su grupo familiar, por otra, a través de apoderado judicial, en
ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demandas contra la
Nación-Rama Judicial; Nación-Fiscalía General de la Nación; y, Nación-Ministerio
de Defensa-Policía Nacional, con el fin de que les indemnizaran los perjuicios
irrogados con la privación de la libertad de la que fueron objeto.

En consecuencia, solicitaron se condenara a las accionadas al pago de los
perjuicios materiales y morales causados.

Para el efecto señalaron que el daño antijurídico y su imputación devenían del
carácter injusto de la privación, puesto que la libertad, finalmente concedida, se
sustentó en la aplicación del principio de indubio pro reo.

1.2. Sentencia de primera instancia

El 23 de julio de 2015, el Tribunal Administrativo de Santander (Subsección de
Descongestión) declaró administrativa y extracontractualmente responsable a la
Nación-Fiscalía General de la Nación de los perjuicios ocasionados a los
demandantes con ocasión de la privación injusta de la libertad de que fueron objeto
los señores Gustavo Adolfo Álvarez Villarreal y Edgar Velásquez Pereira2: aquel,

1
Acumulación decretada por auto del 19 de septiembre de 2014.
2
No se condenó a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional al tratarse de una entidad que carecía
de funciones jurisdiccionales para privar de la libertad. Su actuación se limitó a cumplir las órdenes judiciales

1
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desde el 26 de julio de 1998 hasta el 8 de enero de 1999, esto es, por 5 meses y 13
días; este, desde el 14 de julio de 1998 hasta el 13 de agosto de la misma anualidad,
esto es, por 1 mes.

Consecuencialmente, condenó a dicha entidad al pago de algunos perjuicios
materiales y morales, estos últimos reconocidos solo a los sujetos privados de la
libertad y a quienes demostraron el vínculo de parentesco con ellos3.

Lo anterior, con fundamento en sentencia de unificación del 17 de octubre de 20134,
proferida por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, con base en
la cual el tribunal de primera instancia estimó que el caso debía ser analizado desde
la óptica del daño especial.

Por lo tanto, ante la inexistencia de una causa eximente de responsabilidad,
procedía la condena de la Fiscalía General de la Nación por ser la entidad que emitió
la orden de captura e impuso la medida de aseguramiento privativa de la libertad y,
posteriormente, precluyó la investigación en favor de los sujetos mencionados,
dando aplicación al principio de indubio pro reo.

Finalmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 171 del Código Contencioso
Administrativo (en adelante C.C.A.) no se condenó en costas porque no se advirtió
“temeridad en las actuaciones de la parte accionante como de las entidades accionadas”.

1.3. Recursos de apelación

Tanto la parte actora como la Nación-Fiscalía General de la Nación impugnaron la
anterior sentencia.

1.3.1. Parte actora

La parte actora recurrió la decisión para que se declarara la responsabilidad
administrativa y extracontractual de la Nación-Rama Judicial y Nación-Ministerio de
Defensa-Policía Nacional.

Adicionalmente, porque no compartió las siguientes determinaciones: (i) no
reconocimiento del daño emergente solicitado por el señor Gustavo Adolfo Álvarez
Villarreal y de los perjuicios morales pretendidos por los señores Gustavo Álvarez
Cifuentes y Elina Villarreal de Álvarez; (ii) montos indemnizatorios reconocidos, los
cuales se calificaron como no integrales ante la grave violación de los derechos
humanos por la privación injusta de la libertad, el “descrédito público sufrido”, y la
violación “al debido proceso, la honra, el derecho al trabajo y el derecho a la inviolabilidad de la
tranquilidad personal y familiar”; y, (iii) la no condena en costas al estimar que sí existió
una conducta temeraria por parte de las accionadas.

de captura vigentes y a poner a disposición de las autoridades correspondientes las personas privadas de
la libertad dentro de los términos respectivos, sin que se observara la existencia de alguna falla en el servicio
en dicho proceder.
Tampoco se condenó a la Nación-Rama Judicial porque en vigencia del Decreto 2700 de 1991 -Código de
Procedimiento Penal vigente para el momento de realización de las actuaciones- su intervención solo se
presentaba cuando la actuación pasaba a la etapa de juzgamiento, lo que no sucedió en el caso concreto
con ocasión de la preclusión de la investigación efectuada por la Fiscalía, órgano este último competente
para imponer, o no, medida de aseguramiento y calificar el mérito del sumario, tal como lo hizo.
3
Por esto no se accedió al reconocimiento de perjuicios morales solicitado por los señores Gustavo Álvarez
Cifuentes, y Elina Villarreal de Álvarez, quienes adujeron su calidad de padres del señor Gustavo Adolfo
Álvarez Villarreal pero, a juicio del juez de primera instancia, no demostraron dichas calidades.
4
Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia de 17 de octubre de 2013. Rad. 52001-23-
31-000-1996-07459-01. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

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1.3.2. Nación-Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia al considerar
que no existió error, irregularidad o falla en la actuación que desplegó en ejercicio
de sus funciones constitucionales y legales y con ocasión de la cual se privó de la
libertad a los demandantes: las medidas de aseguramiento se fundaron en pruebas
serias y legalmente aportadas a la investigación que daban cuenta de la existencia
de, por lo menos, dos indicios graves de responsabilidad de los entonces
sindicados; cuestión reforzada porque la libertad se produjo como consecuencia del
indubio pro reo, y no por la certeza acerca de la no comisión de punible alguno.

Además, refirió la existencia del hecho de un tercero en atención a las “denuncias
previas, investigaciones que señalaban y conducían a que los hoy demandantes habían cometido el
ilícito”.

1.4. Sentencia de segunda instancia. Decisión objeto de revisión

El 7 de octubre de 2020, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
revocó la sentencia recurrida y negó las pretensiones de la demanda, ya que no se
probó la existencia del daño antijurídico alegado -privación injusta de la libertad-.

Contrario a lo sostenido por la Corporación en la sentencia del 17 de octubre de
2013, el ad-quem, a la luz de lo previsto en el artículo 90 superior, sostuvo que no
existía fundamento para favorecer un régimen de responsabilidad de tinte
marcadamente objetivo. Todo, por cuanto, el régimen aplicable correspondía
establecerlo al juez de acuerdo con las circunstancias que rodearan cada caso
concreto.

Por eso, el carácter antijurídico del daño exigía “constatar si la orden de detención y las
condiciones bajo las cuales ésta se llevó a cabo se apegaron a los cánones legales y constitucionales
o no, e igualmente si el término de duración de la medida de restricción fue excesivo, así como si la
medida era necesaria, razonable y proporcional, de donde, si la detención se realizó de conformidad
con el ordenamiento jurídico, se entenderá que el daño carece de antijuridicidad y por lo tanto quien
lo sufrió no tendrá derecho a que se le indemnicen los perjuicios por su padecimiento”.

Esa concepción de la fuente de responsabilidad no excluía la posibilidad de estudiar
la responsabilidad por privación injusta a la luz de un régimen objetivo, tal como
sucedía tratándose del daño especial, pero, en tales casos, “ello [resultaba] de aplicación
residual frente a la falla del servicio y [podía presentarse] en situaciones en las cuales el mismo reo
no dio pie a la adopción de la medida dictada en su contra, donde la actuación del Estado se ajustó
al ordenamiento jurídico, pero se causó un desequilibrio de las cargas públicas respecto del
administrado, como cuando [lograba] establecerse que el hecho que pretendía imputarse al detenido
no existió o la conducta era objetivamente atípica, eventos donde el daño antijurídico [resultaba]
acreditado sin mayor arrojo”.

De ahí, entonces, que los eventos en los que se demostró que el sindicado no
cometió la conducta o que fue absuelto en aplicación del principio de indubio pro
reo debían ser examinados a la luz de un régimen subjetivo de responsabilidad ya
que “el juez penal [debía] concluir su veredicto luego de un riguroso análisis probatorio que
[p]ermitiera calificar la conducta y verificar la participación del individuo en el ilícito al cual se lo vincula
de cara a las pruebas que se [recaudaron] y [valoraron] en el proceso penal respectivo de cuya
valoración procesal se [desprendía] la suerte procesal del investigado”.

Analizado el caso concreto a la luz de esas premisas, y considerando que no existía
limitación para resolver pues tanto accionante como accionado apelaron, el ad quem
concluyó que no se demostró el carácter antijurídico de la privación de la libertad:

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ninguna pieza del material probatorio permitía acreditar las condiciones bajo las
cuales se realizó la captura, ni cómo se dictó la medida de aseguramiento, ni si la
misma resultaba adecuada, proporcional, y necesaria, ni si contó con el mínimo
probatorio exigido para su emisión.

En palabras del juez de segunda instancia:

“…del escaso recaudo probatorio no puede dilucidarse si la captura y la medida precautelativa
de privación de la libertad se realizaron de forma irregular, bien por desconocimiento sustancial
o procesal de una norma jurídica o por una actuación administrativa abiertamente ilegal e
irracional o si la medida de restricción de la libertad se prolongó más allá del tiempo debido;
es decir, por no haber sido soportada en el caudal probatorio mínimo exigido por la norma
penal para poder dictar en contra de alguna persona una decisión de esta dimensión o por no
hallar justificación en el ordenamiento dado el delito cometido, la pena que le correspondería
y las condiciones características del detenido”

Por lo tanto, la parte actora no cumplió con la carga que le correspondía, esto es,
demostrar el carácter injusto de la privación de la libertad.

Por último, no se condenó en costas porque “no se [evidenció] una actuación temeraria de
alguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que esta
proceda”.

2. Recurso extraordinario especial de revisión

2.1. Demanda

Gustavo Adolfo Álvarez Villarreal y su grupo familiar, y Edgar Velásquez Pereira y
su grupo familiar, a través de apoderado judicial, solicitaron la infirmación de la
sentencia del 7 de octubre de 2020, proferida en segunda instancia por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, ante la configuración
de la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, esto es, por “[e]xistir
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación”.

Consecuencialmente, solicitaron que en la sentencia de reemplazo se accediera a
las pretensiones de la demanda de reparación directa, así como a las siguientes:

“5º) Ordenar a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA (POLICIA NACIONAL) y la FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN y LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO pagarán
a la parte demandante las indemnizaciones y compensaciones que establezcan el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas a través de
sus organismos defensores de los Derechos Humanos y los instrumentos internacionales de
protección de tales derechos.
6º) Ordenar en abstracto lo que no sea posible reconocer en concreto.
7º) Consiguientemente, ordenar, en abstracto o en concreto, según el caso, que LA NACIÓN
– MINISTERIO DE DEFENSA (POLICIA NACIONAL), LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE
LA NACIÓN y la NACIÓN – RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO pagarán el daño
emergente consistente en los costos de la defensa técnica a la que tiene derecho, legal,
constitucional y convencional, toda persona privada de la libertad y sindicada de la comisión
de un delito, así como también los costos que debe asumir quien acude al recurso
extraordinario de revisión, en la cuantía que aparezca demostrada o en la que resulte de la
aplicación de la equidad.
(…)
9º) Declarar que LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA (POLICIA NACIONAL), la Nación
– FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL DEL PODER
PÚBLICO incurrieron en conducta procesal temeraria, dilatoria, obstructiva y desleal dentro

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del proceso de reparación directa frente a la solicitud de la parte demandante para que se
remitiera con destino al proceso de resolución de preclusión y su correspondiente constancia
de ejecutoria, pues no remitieron dichas piezas en forma pronta y completa, ni prestaron
colaboración alguna, como partes procesales, para la agilización de esa remisión.
10º) Condenar a LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA (POLICIA NACIONAL), la Nación
– FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN y LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL DEL PODER
PÚBLICO, en abstracto o en concreto según el caso, a indemnizar a la parte demandante
recurrente por los daños y perjuicios sufridos a consecuencia de la conducta procesal
temeraria, dilatoria, obstructiva y desleal desplegada dentro del proceso de reparación directa
frente a la solicitud de la parte demandante para que se remitiera con destino al proceso la
resolución de preclusión y su correspondiente constancia de ejecutoria.
11º) Ordenar, así mismo, en abstracto o en concreto, según el caso, que LA NACIÓN –
MINISTERIO DE DERENSA (POLICIA NACIONAL), LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE
LA NACIÓN y LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO pagarán solidariamente
las costas , gastos y agencias en derecho generados por este recurso extraordinario y por el
proceso de reparación directa.”

Como sustento de lo anterior, se señaló que la nulidad originada en la sentencia se
presentó por las siguientes razones:

• Ausencia de motivación de la decisión de absolver a la Nación-Ministerio de
Defensa-Policía Nacional, entidad a la que se le imputó el daño producido con
ocasión del “señalamiento público que, en rueda de prensa de cobertura nacional, les hizo
[a los entonces demandantes en calidad de víctimas directas] el director nacional de la DIJIN
de la Policía Nacional, general Ismael Trujillo Polanco, de haber sido ´los autores´ del
multimillonario robo a las bodegas de la Transportadora de Valores Brinks, de Bucaramanga,
cuando, por el contrario, se profirió a favor de ambos PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN” .

Sobre ese aspecto nada se dijo en la sentencia cuya infirmación se pretende,
pese a que en las pretensiones de la demanda se solicitó, también, la
reparación por el daño derivado de esa actuación, tal como lo informaba la
lectura integral del libelo introductor, específicamente los acápites de
pretensiones y de daño moral.

Daño antijurídico debidamente probado a la luz de los dichos de Héctor Jaime
Solano, Antonio Vicente Rueda León, Carlos Enrique Granados, Rosa Cecilia
Álvarez Borrais, Pedro Antonio Quintero Velandia, Jorge Garzón Sarmiento, y
Carmen Rosa Sánchez Guerrero.

• Carencia de motivación de la decisión de no imponer costas a la Fiscalía
General de la Nación y a la Rama Judicial pese a su actuación temeraria dentro
del proceso ordinario de reparación directa.

Según la demanda, se presentaron maniobras dilatorias con ocasión de las
cuales el proceso, iniciado en el año 2001, llegó al año 2018, para cuando se
presentó un cambio de posición respecto del título de imputación aplicable a
eventos de privación injusta de la libertad en virtud del principio indubio pro
reo.

Dilaciones, referidas tanto en primera como en segunda instancia,
consistentes en la mora para remitir los elementos solicitados por la entonces
parte actora para acreditar las pretensiones que formuló.

• Violación del derecho de defensa por el desconocimiento del principio de
confianza legítima, ya que en la sentencia cuestionada se exigió a la parte

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actora el cumplimiento de requisitos inexistentes para el momento de
presentación de la demanda de reparación directa.

Para el efecto se señaló que, al amparo de la jurisprudencia vigente, la
demanda de reparación directa se presentó considerando que el régimen
aplicable en eventos de privación injusta de la libertad por indubio pro reo,
como sucedía en el caso concreto, debía examinarse a la luz de un título
objetivo de imputación, con ocasión del cual no era necesario acreditar la
existencia de una falla en el servicio como se exigió, posteriormente, por el
juez de segunda instancia.

De ahí que, en sentir de la parte demandante, el proceso debiera decidirse, en
primera y en segunda instancia, aplicando la tesis de la responsabilidad
objetiva que existía al momento de la interposición de la reclamación judicial,
máxime cuando esa jurisprudencia fue la que se invocó en el libelo introductor
del proceso ordinario5.

Ello explicó que en la demanda ordinaria no se solicitaran elementos de prueba
orientados a acreditar la existencia de una falla en el servicio y que tampoco
pudieran pedirse para cuando ya había fenecido la oportunidad para el efecto:
el cambio de posición por parte de la Sección Tercera del Consejo de Estado
respecto de los casos de privación injusta de la libertad fue en febrero de 2018,
esto es, para cuando no se podía solicitar la práctica de pruebas nuevas dentro
del proceso de reparación directa.

• Omisión deliberada del ejercicio de la facultad oficiosa, pues “a pesar de que era
evidente de toda evidencia que los demandantes no tenían absolutamente ninguna culpa en
haber solicitado en su demanda solamente que se oficiara a las correspondientes entidades
para que allegaran al proceso la prueba documental de que i.) Gustavo Álvarez y Édgar
Velásquez habían estado privados de la libertad y ii.) al final habían sido exonerados de toda
responsabilidad por haberse proferido a su favor resolución de preclusión de la investigación,
dado que eso, y no cosa adicional distinta, era lo que al momento de la demanda exigía la
Sección Tercera del Consejo de Estado para que procediera la indemnización, en lugar de
hacer uso de sus amplísimos poderes de instrucción, lo que hizo fue venirse lanza en ristre en
contra de ellos reprochándoles su “desidia”, su “desinterés”, etc.” (Resalto del original).

En esa medida, “[s]i a los demandantes la Sección Tercera les había cambiado las reglas
de juego en el camino con una nueva jurisprudencia suya que ahora exigía requisitos
adicionales a los que exigía para el momento de la demanda, debió, antes de fallarles su
proceso, hacer uso de sus amplísimos poderes oficiosos y traer al expediente lo que ella
misma había introducido como nuevo elemento de análisis”. (Resalto del original)

• Desconocimiento del non bis in idem, porque “[s]i ya Gustavo Álvarez y Édgar
Velásquez habían sido declarados inocentes por la justicia penal competente al decretar a su
favor la PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, no podía pretender la Subsección C de la
Sección Tercera someterlos a un nuevo análisis del expediente penal, cuya ausencia fue
determinante de la denegación de sus pretensiones, pues era evidente de toda evidencia que
ya, para todos los efectos, eran inocentes y, por lo tanto, dos inocentes habían tenido que
sufrir prisión por un delito que no habían cometido, además del descredito público al cual se
les sometió y que, obviamente, daño su patrimonio moral.”

Por ello, la denegatoria de las pretensiones revictimizó a las personas que
estuvieron privadas de la libertad, al poner en duda su inocencia. Aspecto
apoyado en sentencia de tutela del 15 de noviembre de 2019, proferida por la

5
Posición sustentada en lo expuesto en la sentencia del 4 de mayo de 2011 proferida dentro del expediente
de número interno 19.957, M.P.: Ruth Stella Correa Palacio.

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Sección Tercera, Subsección B, dentro del proceso de radicado Nro. 11001-
03-15-000-2019-00169-01.

• Violación del principio de presunción de inocencia 6, ya que “no se trataba de juzgar
la actuación de fiscales y de jueces, sino simplemente de aplicar un elemental sentido de
equidad y de justicia respecto de quien había sufrido el rigor de la cárcel para terminar
finalmente exonerado de responsabilidad penal, con un daño económico y moral a cuestas,
con el estigma de haber ostentado la condición de presidiario, con el lastre de tener que
encarar la vida de ahí en adelante soportando la carga abrumadora del señalamiento social,
con graves dificultades para la consecución de un nuevo empleo, en fin, con dificultades de
todo orden para una pacífica readaptación a la sociedad de cuyo seno fue arrancado por las
autoridades públicas, tal y como se puso en evidencia en este caso, donde el solo hecho de
volver a conseguir trabajo se convirtió en un calvario tanto para Gustavo Álvarez como para
Édgar Velásquez.” (Resalto del original)

2.2. Intervención de la Nación-Rama Judicial7

Luego de exponer consideraciones generales respecto del recurso extraordinario
de revisión y la causal invocada, solicitó que se declarara infundado el mecanismo
de la referencia al utilizarse como una instancia adicional para debatir los
razonamientos que sustentaron la decisión de instancia, máxime cuando no
resultaba procedente reemplazar a la entonces parte actora en la carga que le
correspondía, esto es, demostrar la antijuridicidad del daño.

2.3. Intervención de la Nación-Fiscalía General de la Nación8

La entidad concurrió al proceso y solicitó desestimar el recurso extraordinario de
revisión porque “lo pretendido … es cuestionar el criterio empleado por dicho juzgador para no
declarar la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación es por el error
jurisdiccional en que incurrió dentro del proceso penal que se le siguió por el delito de Hurta Calificado
y Agravado”.

2.4. Intervención de la Nación-Ministerio de Defensa Policía Nacional

La entidad no concurrió al proceso pese a la notificación que se le realizó al buzón
de notificaciones judiciales.

2.5. Intervención del Ministerio Público

El agente del Ministerio Público guardó silencio.

CONSIDERACIONES

1. Competencia

Según los artículos 111 y 249 del CPACA, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado tiene competencia para conocer de los

6 En la sentencia cuestionada se reconoció que, de acuerdo con la resolución de preclusión, Edgar Velásquez
“antes de que se produjera el robo este había puesto en conocimiento de los superiores jerárquicos de
la empresa transportadora Brinks en la ciudad de Medellín las omisiones e irregularidades que
estaba observando en materia de seguridad en dicha empresa, sin haber sido escuchado” (Resalto
del original)
No obstante, se “desconoció que ya la justicia penal competente había declarado inocente a Édgar
Velásquez, [además] que, incluso volviendo a someter a examen su conducta, salía incólume su inocencia”.
7
Índice 32 del SAMAI.
8 Índice 33 del SAMAI.

7
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Recurso extraordinario de revisión
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recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las
Secciones y Subsecciones de esta Corporación9. Se agrega que, en ejercicio de las
atribuciones conferidas por el artículo 107 del CPACA10, mediante el Acuerdo 80 de
201911, que compiló, entre otros, el Acuerdo 321 de 2014, emanado de la Sala Plena
del Consejo de Estado, se reglamentó la creación de salas especiales de decisión,
encargadas de resolver los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra
las sentencias de las Secciones o Subsecciones de esta Corporación12.

Luego, la Sala Especial de Decisión Nro. 13 de esta Corporación es competente
para conocer el presente recurso extraordinario de revisión al tratarse de una
sentencia proferida por una de las Subsecciones del Consejo de Estado.

2. Oportunidad de la acción

De acuerdo con lo previsto en el inciso primero del artículo 251 de la Ley 1437 de
2011, en casos como el de la referencia, el recurso extraordinario de revisión “podrá
interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia”.

En el presente asunto, la sentencia cuya infirmación se pretende quedó ejecutoriada
el 21 de mayo de 202113, razón por la cual el término para interponer el recurso
vencía el 22 de mayo de 2022; sin embargo, al tratarse de un día no hábil, el mismo
se extendía hasta el día hábil inmediatamente siguiente, esto es, el 23 del mismo
mes y año.

Como la demanda se presentó el 20 de mayo de 202214 debe considerarse
interpuesta dentro de la oportunidad establecida por el legislador.

3. Problema jurídico

Le corresponde a esta Sala Especial de Decisión establecer si se configura la
causal de revisión alegada por la parte actora, esto es, si existe una nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede el
recurso de apelación.

9 “Artículo 111 CPACA. Funciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La Sala de lo
Contencioso administrativo en pleno tendrá las siguientes funciones: “(…).2. Resolver los recursos
extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones y los demás que
sean de su competencia”.
“Artículo 248 CPACA. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos”.
“Artículo 249 CPACA. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las
secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
sin exclusión de la sección que profirió la decisión”.
10 “Artículo 107 CPACA Integración y composición. (…)”.
“Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este
Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de nulidad por
inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por cada una de las
secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto, si fuere el caso.
“La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que al respecto
establezca el reglamento interno”.
11 Publicado en el diario oficial, edición 50.913 de 1º de abril de 2019.
12
“Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019. Artículo 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes
asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: 1. Los recursos extraordinarios
de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado”.
13
Índice 11 del SAMAI.
14 Índice 2 del SAMAI.

8
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Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02823-00 (4523)

Para ello, se procederá, inicialmente, con la exposición de algunos aspectos
generales del recurso extraordinario de revisión; posteriormente, se efectuarán
algunas anotaciones frente a la causal de revisión invocada en la demanda; y,
finalmente, se examinará el caso concreto a la luz de esas premisas.

4. Recurso extraordinario de revisión. Objeto y procedencia

El recurso extraordinario de revisión es, al tenor de lo previsto en el artículo 248 del
CPACA15, un medio extraordinario de impugnación de sentencias, que tiene lugar,
únicamente, por la configuración de alguna de las causales especiales
contempladas en el artículo 250 de la misma codificación.

Dado que su objeto es “el rompimiento de la cosa juzgada” 16, en caso de prosperar “hay
lugar a que el sentenciador extraordinario sustituya la decisión adoptada en la sentencia que por tal
razón resulte infirmada” 17. Por tanto, su finalidad, como lo ha precisado la Sala Plena
Contenciosa de esta Corporación, es “conciliar nociones esenciales del ordenamiento legal,
como lo son la seguridad jurídica que representa el principio de inmutabilidad de las sentencias
ejecutoriadas, o la cosa juzgada material y el principio de restablecimiento de la justicia material que
persigue asegurar la vigencia de un orden justo, propuesto por el Preámbulo de la Constitución
Política” 18.

En otras palabras, el objetivo de este mecanismo excepcional es procurar el
restablecimiento de la justicia material de la decisión, cuando quiera que ésta ha
sido afectada por situaciones exógenas que no pudieron plantearse en el proceso
correspondiente, pero que, a juicio del legislador, revisten tal gravedad que
autorizan romper el principio de la cosa juzgada19. En palabras de la Corte
Constitucional20:

“… la revisión, más que un recurso, es un medio para conseguir la realización de la justicia,
pero no de la justicia formal propia de las sentencias en firme contrarias a derecho, sino de
aquella verdadera que demandan el Preámbulo y los artículos 1º, 228 y 230 del estatuto
superior”.

En atención a su carácter extraordinario, este mecanismo judicial no es, en
consecuencia, una “tercera instancia”21 en la que puedan plantearse, nuevamente,
argumentos de fondo en relación con la sentencia que se pretende revisar: no es
una oportunidad para reabrir un debate propio de las instancias, ni para suplir la
deficiencia probatoria; tampoco es un medio para cuestionar los fundamentos
jurídicos de las providencias.

15 Artículo 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas
dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos.
16 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de abril 27 de 2004. Radicado:
11001-03-15-000-1999-0194-01(REV). C.P. María Inés Ortiz Barbosa. En igual sentido, Sentencia de junio
1 de 2005. Radicado: 11001-03-15-000-2002-01259-01. C.P. Ligia López Díaz.
17 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de abril febrero 26 de 2013.
Radicado: 11001-03-15-000-2009-00050-00(REV). C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
18 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de julio 12 de 2005. Expediente
REV-00143. C.P. María Claudia Rojas Lasso.
19 Cfr. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 20 de octubre de 2009.
Radicado 11001-03-15-000-2003-00133-00 (REV). C.P. Enrique Gil Botero. Sección Tercera. Subsección
B. Sentencia del 29 de agosto de 2014. Expediente 34016. C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Sección Tercera.
Subsección B. Sentencia del 29 de abril de 2015. Radicado 25000-23-26-000-1999-00319-01(26239). C.P.
Danilo Rojas Betancourth.
20 Sentencia C-739 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
21
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de diciembre 1 de 1997.
Radicado: REV-117. M.P. Libardo Rodríguez. En igual sentido, Sentencia marzo 30 de 2004. Radicado:
11001-03-15-000-1997-0145-01(REV). C.P. Darío Quiñones Pinilla.

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Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02823-00 (4523)

En ese orden de ideas, las pretensiones deben limitarse a demostrar la
configuración de alguno de los supuestos contemplados en las causales para su
procedencia. De ahí que los vicios o errores en que se deban fundamentar los
recursos extraordinarios de revisión, conforme con las causales taxativas previstas
por el legislador en el artículo 250 del CPACA, sean eminentemente
procedimentales22, pues ninguna cuestiona la labor intelectual de juzgamiento23,
sino que involucran irregularidades procesales (numeral 5, referido a la existencia
de causal originada en la sentencia, y numeral 8, referido al desconocimiento de la
cosa juzgada), o bien aspectos relativos a la validez intrínseca o insuficiencia de
los elementos de prueba que determinaron el sentido de la decisión (numerales 1,
2, 3, 6 y 7), a excepción de la causal del numeral 4, referida a la violencia o cohecho
en que se pudo incurrir en el pronunciamiento del fallo24.
En conclusión, el recurso extraordinario de revisión busca revertir decisiones que
fueron obtenidas injustamente, esto es, por medios ilícitos o irregulares.

En esas condiciones, no es la vía judicial adecuada para tratar de enmendar la
deficiencia probatoria ni lo que, en términos legales y jurisprudenciales, se conoce
como errores judiciales, es decir, los casos de inadecuada valoración de las pruebas
(error de hecho) o falta de aplicación de la norma o la indebida aplicación de la
misma (error de derecho)25.

5. Causal de revisión invocada. Nulidad originada en la sentencia que puso
fin al proceso y contra la que no procede el recurso de apelación

En el presente asunto se invocó la causal de revisión establecida en el numeral 5
del artículo 250 del CPACA según el cual:

“Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, son causales de revisión: (…)
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede el recurso de apelación (…).”

Una lectura de la causal permite establecer que para su procedencia se requiere
acreditar, de una parte, que contra la sentencia cuestionada no procede el recurso
de alzada -pues de hacerlo esa sería la oportunidad para corregir la irregularidad
procesal correspondiente-, y, de otra, que se configuró una nulidad, aspecto este
último que se ha entendido como referido a situaciones “originadas en la misma sentencia
recurrida o en circunstancias sobrevinientes con influencia en la decisión, por desconocimiento
grave o insaneable de alguna ritualidad sustantiva propia de la actuación 26”.

22 Los errores “in procedendo” hacen referencia a vicios en el procedimiento. Nacen de la "inejecución de la
ley procesal, en cuanto alguno de los sujetos del proceso no ejecuta lo que esta ley le impone (inejecución
in omittendo), o ejecuta lo que esta ley prohíbe (injecución in faciendo), o se comporta de un modo diverso
del que la ley prescribe”. Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-998 de 2004 y C-252 de 2001.
23 Los errores “in iudicando” o “vicios de juicio”, son errores de derecho que se producen por falta de aplicación
o aplicación indebida de una norma sustancial o por interpretación errónea. Son, entonces, errores ocurridos
en la labor de juzgamiento propiamente dicha. Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-998 de 2004 y C-252
de 2001.
24 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 20 de noviembre de 2013.
Radicado: 13001-33-31-005-2011-00254-01 (REV). C.P.: Lucy Jeannette Bermúdez.
25 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 29 de abril de 2015. Radicado 25000-
23-26-000-1999-00319-01(26239). C.P. Danilo Rojas Betancourth.
26
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 7 de octubre de 2019, radicado 11001-
33-31-035-2008-00180-01.

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Ahora bien, siguiendo la jurisprudencia de esta Corporación, es necesario tener en
cuenta los siguientes elementos para examinar la causal de revisión en comento.
Así:

• Las cuestiones que dan lugar a la estructuración de la causal de revisión se
refieren, en principio, a aquellas irregularidades que el legislador estableció
como causales de nulidad bien en el Código de Procedimiento Civil ora en el
Código General del Proceso, según el caso.

Se dice que en principio, porque también pueden dar lugar a la estructuración
de la causal los vicios que puedan derivar en el desconocimiento o violación
del debido proceso, esto es, los relativos a la inobservancia de aspectos
procesales trascendentales que tengan incidencia en dicha garantía
constitucional. Por esto, resulta improcedente la formulación de reparos
orientados a cuestionar el contenido de la motivación, la valoración probatoria
o a la forma de aplicación de una determinada norma realizada por el juez de
instancia.
Ello explica por qué la jurisprudencia, de modo enunciativo, ha considerado
que la causal de revisión en comento puede tener lugar en eventos como los
siguientes:
(i) Dictar sentencia en un proceso que terminó por desistimiento, transacción,
perención o estando legalmente suspendido o interrumpido y antes de la
oportunidad para reanudarlo;
(ii) Sentencia firmada por menor o mayor número de magistrados o cuando la decisión
es adoptada con un número de votos diferente al previsto en la ley;
(iii) Violación o desconocimiento del principio de non reformatio in pejus;
(iv) Dictar sentencia condenatoria respecto de quien no es parte dentro del proceso;
(v) Sentencia proferida con falta de competencia o de jurisdicción;
(vi) Dictar sentencia con pretermisión de instancias procesales previas;
(vii) Sentencia que carece totalmente de motivación;
(viii) Sentencia proferida vulnerando el principio de congruencia, bien en su acepción
interna27 o en su acepción externa28, aspecto este último que se afecta ante la
existencia de decisiones ultra-petita29, extra-petita30, o infra-petita31.

Además, a partir de la sentencia del 8 de mayo de 201832, el dictar un fallo
inhibitorio injustificado también da lugar a la configuración de la causal de
revisión en comento.

• Las causales de nulidad o de irregularidad procesal con incidencia en el
debido proceso deben acaecer en la misma sentencia, lo que excluye la
proposición de aquellas cuestiones que tuvieron lugar con anterioridad a la

27 Referida a la correspondencia entre las partes motiva y resolutiva de la sentencia.
28 Atinente a la concordancia entre lo decidido y el marco delimitado por la demanda, la contestación y la
apelación, sin perjuicio de las competencias oficiosas otorgadas al juez por el ordenamiento jurídico, de
acuerdo con lo contemplado en el artículo 281 del C.G.P., aplicable por la remisión consagrada en el artículo
306 del C.P.A.C.A.
29 Determinaciones que reconocen un mayor derecho al pretendido.
30
Decisiones que reconocen una cuestión no reclamada o que siendo reclamada se concedió por una causa
distinta al supuesto fáctico y jurídico enunciado en la demanda.
31
Providencia en la que no se resuelve algún asunto debidamente planteado.
32
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de 2018, M.P.:
Alberto Yepes Barreiro, radicado: 11001-03-15-000-1998-00153-01(REV).

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misma, pues para ello debió hacerse uso de las oportunidades procesales
establecidas para el efecto.
Cabe anotar, eso sí, que, de forma excepcional, se ha admitido la proposición
de la nulidad procesal ocurrida antes de la expedición de la sentencia, siempre
y cuando esta no haya podido ser advertida por el recurrente, evento en el
que a la parte actora le corresponde demostrar que efectivamente no tuvo la
posibilidad de proponer la nulidad en el curso del proceso.
• Por último, la anomalía debe ser de una entidad tal que de no haberse
presentado la decisión adoptada hubiera sido distinta.

6. Caso concreto

Esta Sala Especial de Decisión estima que no se configura la causal de revisión
invocada. De una parte, porque varios de los argumentos discuten o debaten los
razonamientos del juez de instancia. De otra, porque no se presentaron decisiones
carentes de motivación.

En ese orden se procede a su análisis.

6.1. Reproches orientados a reabrir el debate propio de las instancias

Los reparos relacionados con el desconocimiento de los principios de confianza
legítima, non bis in idem, y presunción de inocencia, así como el atinente a la
omisión de ejercer la facultad oficiosa en materia probatoria se orientan a rebatir las
decisiones adoptadas por el juez de instancia, mediante la proposición de errores
de derecho; propósito que desconoce la finalidad del recurso extraordinario de
revisión. Así se tiene que:

• Bajo el argumento relativo al desconocimiento del principio de confianza
legítima lo discutido es el régimen de imputación aplicado por el juez de
segunda instancia.

Para el ad-quem, tratándose de eventos de indubio pro reo, el título de
imputación era el de falla del servicio, razón por la cual era procedente
examinar las circunstancias que rodearon las capturas y la imposición de las
medidas de aseguramiento consistentes en privación de la libertad en
establecimiento penitenciario, con el fin de determinar si ellas se ajustaron a
derecho.

Contrario a ello, para la parte actora el régimen aplicable era objetivo por ser
el utilizado por la jurisprudencia para abordar el análisis de los casos de
responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad por
indubio pro reo al momento de la presentación de la demanda de reparación
directa.

Es por eso que para los demandantes estaba vedado analizar el asunto a la
luz de un título de imputación diferente, so pena de desconocer la confianza
legítima y, por ende, el debido proceso.

Vistas así las cosas, no se cuestiona la existencia de una irregularidad
procesal con incidencia en el debido proceso, sino la labor de juzgamiento
propiamente dicha; aspecto que no hace parte de la finalidad del recurso

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extraordinario, según se anotó en el numeral 4 de la parte considerativa de
esta providencia.

Cabe anotar, por demás, que la decisión de aplicar un régimen subjetivo de
falla del servicio fue debidamente motivada por el juez de segunda instancia,
pues en la providencia cuestionada se consignaron las razones para aplicar
ese título de imputación y no uno objetivo, como el utilizado por el juez de
primera instancia.

• Mediante los cuestionamientos referidos a la vulneración de los principios
del non bis in idem y de inocencia se continúa debatiendo el régimen de
imputación aplicado por el juez de segunda instancia.

Y, contrario a lo afirmado en la demanda de revisión, el ad-quem no pretendió
realizar un nuevo análisis de la responsabilidad penal de las personas que
fueron privadas de la libertad. Nada de eso se dijo en la sentencia cuya
infirmación se pretende.

La actuación adelantada tenía un fin distinto, como lo fue el de verificar la
antijuridicidad del daño imputado a las entonces accionadas; propósito para el
cual se requería, a juicio del funcionario judicial correspondiente, examinar “si
la orden de detención y las condiciones bajo las cuales esta se llevó a cabo se apegaron a los
cánones legales y constitucionales o no, e igualmente si el término de duración de la medida
era necesaria, razonable y proporcional, de donde, si la detención se realizó de conformidad
con el ordenamiento jurídico se entenderá que el daño carece de antijuridicidad y por lo tanto
quien lo sufrió no tendrá derecho a que se le indemnicen los perjuicios por su padecimiento”.

En esas condiciones, es claro que esa forma de proceder dista de la referida
en la demanda de revisión, pues, se insiste, ningún análisis de responsabilidad
penal se propuso ni se adelantó. Lo único que se señaló fue el deber de
verificar la antijuridicidad del daño mediante en título diferente al que la hoy
parte actora consideraba aplicable para resolver su caso; aspecto que, como
se anotó, no hace parte del ámbito del recurso extraordinario de revisión.

Finalmente, es de precisar que dentro de la sentencia atacada tampoco se
consignaron elementos, o análisis que desconocieran o afectaran la
presunción de inocencia.

• Por intermedio del reproche atinente al no ejercicio de la facultad para
decretar pruebas de oficio se pretenden atacar las razones por las cuales el
juez de segunda instancia del proceso ordinario no decretó pruebas de oficio.

En la sentencia cuestionada se consignaron los argumentos para no hacer uso
de dicha facultad, los cuales aludían a la inexistencia de un punto oscuro, así
como al incumplimiento de la carga de la prueba de la antijuridicidad del daño
en cabeza de la entonces demandante, razón por la que un uso de la facultad
aparejaría el desequilibrio de las partes del proceso.

Fue por eso que en dicha providencia se consignó lo siguiente sobre el
particular:

“ Ahora, aunque el juez posee claras facultades oficiosas para decretar pruebas y con ellas
auscultar algunos vacíos que en materia probatoria pudo dejar una deficiente concepción de
la prueba por el extremo procesal interesado y de esta manera buscar la verdad material,
dichas facultades deben utilizarse para esclarecer las partes oscuras que puedan quedar en

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el proceso, pero no puede esgrimirse para suplir la ritualidad probatoria que corresponde
atender a las partes, desequilibrando la relación jurídico procesal entre ambos extremos, pues
al juez corresponde guardar la debida neutralidad en el transcurso del proceso, salvo que
presenten o existan condiciones excepcionales que exijan hacer uso de las atribuciones
oficiosas en materia probatoria.
En el presente expediente se encuentra un evidente y amplio desinterés de la parte
demandante de ofrecer al plenario la ilustración probatoria de las afirmaciones de la demanda,
que impide al juez de instancia completar el material probatorio en la medida en que no se
trata en este caso de llenar vacíos probatorios, de lograr compensar aspectos que
permanecieron oscuros por ausencia de alguna prueba o de superar alguna condición o
situación de la parte que propone la litis, sino de una ausencia probatoria más profunda que
implica dejar sin fundamento alguno la proposición judicial contenida en la demanda. De
suplirse tal desidia en la iniciativa probatoria se rompería el aludido equilibrio procesal que
propugna la Sala”.

Luego, lo pretendido, a modo de corrección de la decisión de instancia, es
discutir el fundamento que se tuvo para no hacer uso de la facultad oficiosa;
cuestión ajena al mecanismo extraordinario de la referencia.

6.2. Ausencia de motivación

En la demanda de revisión se adujo la existencia de decisiones carentes de
motivación respecto de (i) la absolución de responsabilidad patrimonial de la Nación-
Ministerio de Defensa-Policía Nacional frente a la pretensión de reparación por la
presentación de los nombres de los señores Gustavo Adolfo Álvarez Villarreal y
Edgar Velásquez Pereira como ´los autores´ del multimillonario robo a las bodegas de la
Transportadora de Valores Brinks, de Bucaramanga, cuando, por el contrario, se profirió a favor de
ambos PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN; y, (ii) la imposición de condena en costas,
pues no se condenó pese a que se encontraba demostrada la conducta temeraria y
dilatoria de las accionadas.

Esta Sala de Decisión no maneja la misma perspectiva.

Primero, porque frente a la Policía Nacional no se formuló una pretensión principal
autónoma e independiente relativa a los perjuicios acarreados por la presentación
de los nombres de los capturados como responsables del delito de hurto.

Ese asunto se presentó como consecuencial a la privación injusta de la libertad,
razón por la cual, una vez descartado el carácter injusto de la privación, no debía
procederse con el análisis de lo que dependiere del mismo.

Considérese que:

• En el proceso ordinario solo se solicitó la reparación de los perjuicios causados
por la privación de la libertad de los señores Álvarez Villarreal y Velásquez
Pereira.

Fue por ello que en las pretensiones de las demandas presentadas por tales
sujetos y sus grupos familiares, posteriormente acumuladas, se consignó lo
siguiente:

“Declaraciones: La parte demandada es administrativamente responsable de la totalidad de
los daños y perjuicios de todo orden ocasionados a los demandantes a consecuencia de la
privación de la libertad que hubo de sufrir el señor GUSTAVO ADOLFO ÁLVAREZ
VILLARREAL para ser finalmente exonerado de cargos penales, mediante providencia
calendada el 8 de enero de 1999, y ejecutoriada el 19 de abril del mismo año, privación de la

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libertad que tuvo lugar en el lapso comprendido entre los días de julio de 1998 y 8 de enero
de 1999, la mayor parte en la Cárcel Modelo de Bucaramanga, proceso que estuvo a cargo
de la Fiscalía Décima Delegada ante los Jueces Penales del Circuito, situación que, además
dada la profusa publicidad que tuvo el caso empeoró de manera grave la deshonra del
incriminado y de su familia”.

“Declaraciones: La parte demandada es administrativamente responsable de la totalidad de
los daños y perjuicios de todo orden ocasionados a los demandantes a consecuencia de la
privación de libertad que hubo de sufrir el señor EDGAR VELÁSQUEZ PEREIRA para ser
finalmente exonerado de cargos penales, mediante providencia calendada el 8 de enero de
1999, y ejecutoriada el 19 de abril del mismo año, privación de la libertad que tuvo lugar en el
lapso comprendido entre los días 2 de julio de 1998 y 16 de agosto de 1998, la mayor parte
en la Cárcel Modelo de Bucaramanga, proceso penal que estuvo a cargo de la Fiscalía Décima
Delegada ante los Jueces Penales del Circuito, situación que, además dada la profusa
publicidad que tuvo el caso empeoró de manera grave la deshonra del incriminado y su
familia”.

• Esa conclusión se refuerza al tener presente que la afectación del buen
nombre, honra y demás, como consecuencia de la presentación de los
nombres de dichos sujetos como autores del ilícito, se refirió dentro del aparte
relativo al daño moral subjetivo reclamado como consecuencia de la privación
injusta de la libertad.

Ello explica que en el apartado de daño moral subjetivo (que integraba las
condenas reclamadas ante la prosperidad de las pretensiones de declaratoria
de responsabilidad), se le señalara como integrado, entre otros, por los
siguientes “factores”: “[e]l Director Nacional de la DIJIN, General ISMAEL TRUJILLO
POLANCO, en rueda de prensa dio a conocer los pormenores de cómo había sucedido ¨el
robo a la Brinks¨, involucrando al actor principal como uno de sus actores”.

Adicionalmente, los fundamentos de derecho, conformados por la
jurisprudencia invocada y el concepto de violación, se refirieron a la privación
injusta de la libertad.

• Vistas así las cosas, lo relativo al daño por la presentación de los nombres de
los señores Álvarez Villarreal y Velásquez Pereira correspondió a una
pretensión consecuencial a la declaratoria de responsabilidad patrimonial por
privación injusta de la libertad.

Por lo tanto, si no se accedió a la indemnización por privación injusta, mal
podía pronunciarse el juez de segunda instancia sobre un aspecto que hacía
parte del daño moral irrogado con ella. Luego, no puede hablarse de carencia
absoluta de motivación de la determinación.

Segundo, porque la decisión de no condenar en costas sí se motivó expresamente
en la sentencia atacada, según lo informa la simple lectura del numeral 6.3.4. de la
parte motiva de dicha providencia, en el que se expresó lo siguiente:

“6.3.4. Condena en costas

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia una actuación temeraria
de alguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de LE ley 446 de 1998 para que
ésta proceda”. (Resalto del original)

Esta Sala de Decisión observa que en los alegatos de primera instancia, en el
recurso de apelación, y en los alegatos en segunda instancia, la entonces parte

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demandante, hoy recurrente, refirió la existencia de una conducta temeraria y
dilatoria a cargo de las accionadas; actuaciones en virtud de las que era procedente,
en su sentir, condenarlas en costas.

Por lo tanto, el propósito del cargo es cuestionar la no condena en costas mediante
la discusión de la ausencia de temeridad referida por el juez de instancia; cuestión
que no hace parte del ámbito del recurso extraordinario al pretender utilizarlo como
un espacio adicional para rebatir el argumento que sustentó la decisión de no
condenar en costas.

7. Costas

Mediante auto del 28 de marzo de 202333 se concedió el amparo de pobreza
solicitado por la parte actora, razón por la que, al tenor de lo previsto en el inciso
primero del artículo 15434 del C.G.P., no es procedente la condena en costas pese
a que el recurso extraordinario de revisión se declarará infundado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Especial de Decisión Nro. 13, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
Gustavo Adolfo Álvarez Villarreal, Edgar Velásquez Pereira y otros, contra la
sentencia del 7 de octubre de 2020, proferida en segunda instancia por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del proceso
de reparación directa identificado con el radicado Nro. 68001-23-31-000-2001-
00889-01 (55955), al cual se acumuló el proceso de radicado Nro. 68001-23-
31-000-2001-00890-01.

2. Sin condena en costas, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de
esta providencia.

3. En firme esta providencia, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala Especial Decisión
Nro. 13 en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Magistrada Magistrada (E)

33 Índice 24 del SAMAI.
34
“Artículo 154. Efectos. El amparado por pobre no estará obligado a prestar cauciones procesales ni a pagar
expensas, honorarios de auxiliares de la justicia u otros gastos de la actuación, y no será condenado en
costas.”

16
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Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02823-00 (4523)

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
ACLARA EL VOTO

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

17
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