Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02843-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02843-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-02843-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
30 de junio de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02843-00
Demandante: Manuel Arturo Solarte Delgado
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2022-02843-00
Demandante MANUEL ARTURO SOLARTE DELGADO
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA Y JUZGADO OCTAVO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN
Temas Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho. Régimen de cesantías.
Defecto sustantivo, desconocimiento de precedente
constitucional y violación directa de la constitución. Requisito
general de relevancia constitucional.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por Manuel Arturo Solarte Delgado, de conformidad con lo dispuesto
por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 24 de mayo de 20221, por intermedio de apoderado, Manuel Arturo Solarte
Delgado interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cauca y el
Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Popayán, por considerar vulnerado
su derecho fundamental del debido proceso, igualdad, trabajo en condiciones
dignas y seguridad social.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“De acuerdo a lo expuesto en precedencia, solicito a esta distinguida Corporación, se sirva
TUTELAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD, DEBIDO PROCESO,
AL TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS, SEGURIDAD SOCIAL, el principio
constitucional SEGURIDAD JURIDICA de mi representado, los principios mínimos
fundamentales del trabajador: "Igualdad de oportunidades para los trabajadores", la
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; la situación
más favorable del trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales del derecho; en consecuencia proceda a dejar sin efecto y/o revocar:
La SENTENCIA del 23 de mayo de 2019 proferida por el Juzgado Octavo administrativo del
circuito de Popayán y la SENTENCIA No. 219 del 11 de noviembre de 2021, proferida por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA, notificada el 29/11/2019, y como consecuencia
despachar favorablemente las pretensiones de la demanda relacionadas en el hecho
NOVENO de este escrito de tutela, que en síntesis van dirigidas a que se otorgue al señor
MANUEL ARTURO SOLARTE el derecho a que sus cesantías sean liquidadas reconocidas
y pagadas con el régimen retroactivo y a que en la liquidación de sus cesantías se incluya el
tiempo laborado como docente horas cátedra”.
1 Índice 2 Samai.
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Demandante: Manuel Arturo Solarte Delgado
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El señor Manuel Arturo Solarte Delgado estuvo nombrado como docente
horas cátedra por el Gobernador del Cauca en colegios desde el 10 de
septiembre de 1985 hasta cuando fue nombrado en propiedad en plaza de
tiempo completo, mediante Decreto 0066 de 20 de enero de 1994.
2.2. A través de la Resolución 20151700081014 de 3 de septiembre de 2015, la
Secretaría de Educación del Municipio de Popayán, en nombre del Ministerio
de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones de Sociales del
Magisterio, le reconoció la cesantías parciales, pero aplicando el régimen de
anualidad, por el tiempo laborado entre el 31 de enero de 1994 y el 30 de
diciembre de 2014.
El hoy actor interpuso recurso de reposición, planteando que tenía derecho al
régimen de retroactividad de cesantías porque su vinculación data de antes
de la expedición de la Ley 344 de 1996. La entidad no le dio respuesta,
configurándose silencio administrativo negativo.
2.3. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
Manuel Arturo Solarte demandó a la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones de Sociales del Magisterio y otros,
para que se declarase la nulidad parcial de la Resolución 20151700081014
de 3 de septiembre de 2015 y total del acto ficto derivado del silencio
administrativo negativo. A título de restablecimiento del derecho pretendía se
ordenara reliquidar las cesantías aplicando el régimen de retroactividad y que
se incluyera el tiempo laborado por horas cátedra desde el 10 de septiembre
de 1985 o en su defecto que se liquidaran con retroactividad desde el 1º de
febrero de 1994, hasta la fecha en que las solicitó.
2.4. En primera instancia conoció de ese proceso el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Popayán, que mediante sentencia del 23 de
mayo de 2019 negó las pretensiones de la demanda
Concluyó que el demandante no tenía derecho a la aplicación del régimen
retroactivo de cesantías, debido a que su vinculación de tiempo completo fue
posterior al 1º de enero de 1990, fecha a partir de la cual debe aplicarse el
régimen de anualidad, implementado mediante la Ley 91 de 1989 para los
docentes, sumado a que el Decreto 524 de 1975 no estableció el pago de
cesantías para docentes hora cátedra.
Que con apego a la norma que regula la situación administrativa del actor, no
era viable que con ocasión de su prestación de servicios como docente de
hora cátedra se le reconocieran cesantías, dado que con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 91 de 1989 e incluso con posterioridad a su
expedición, las normas expresas que regían este tipo de servicios, no
regulaban las cesantías como una prestación a la que ellos tuvieran derecho.
2.5. El demandante interpuso recurso de apelación, alegando, entre otras cosas,
que se vulneró el artículo 13 y 53 de la Constitución Política; que si bien el
Decreto 524 de 1975 no consagra el pago de cesantía a los docentes hora
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cátedra, tampoco lo prohíbe, ya que le habían reconocido cesantías cuando
trabajó bajo la modalidad hora cátedra, y que el tiempo de vinculación hora
cátedra resultaba útil para demostrar que tenía derecho a la retroactividad de
sus cesantías en los términos de la Ley 91 de 1989, por tener esa vinculación
desde antes de 1990.
2.6. Mediante sentencia del 11 de noviembre de 2021 el Tribunal Administrativo
del Cauca confirmó la decisión del juzgado. Al igual que el juzgado,
estableció que al actor no le asiste el derecho al reconocimiento y pago de
cesantías bajo el régimen de retroactividad, sino anualizado. Además, dejó
en claro que el hecho que le hayan pagado cesantías con ocasión de su
vinculación hora cátedra, no implica que la norma legal así lo dispusiera ni
que ese tiempo laborado como hora cátedra se pueda asumir para efectos de
la aplicar el régimen de retroactividad de cesantías.
La sentencia del Tribunal se notificó a las partes por correo electrónico el 29
de noviembre de 2021 (así aparece en el expediente digitalizado del proceso
ordinario, que obra a índice 11 y 12 Samai).
3. Fundamentos de la acción
Sostiene el actor que en sus decisiones, tanto el Juzgado Octavo Administrativo
del Circuito de Popayán como el Tribunal Administrativo del Cauca, incurren en
defecto sustantivo, desconocimiento de precedente constitucional y violación
directa de la Constitución Política, que se sintetizan así:
3.1. Defecto sustantivo, porque las decisiones cuestionadas están en contravía
de los artículos 13, 25 y 53 de la Constitución Política, en los que se
establece derechos y principios fundamentales de los trabajadores, como la
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales,
la situación más favorable al trabajador en caso de duda en aplicación e
interpretación de las fuentes formales del derecho y la primacía de la realidad
sobre las formalidades derecho, los que, afirma, se han conculcado con la
decisión de negar el derecho que tiene a que se le aplique el régimen
retroactivo en la liquidación de sus cesantías, en tanto que se “negó el
derecho a incluir en la liquidación de las cesantías con régimen retroactivo, el
tiempo laborado por hora catedra desde el 10/09/1985 hasta 30/01/1994, decisión
basada en el decreto extraordinario 524 de 1975, demás normas que allí se citan,
esto es, con el argumento en que la ley no prevé el reconocimiento de cesantías
para docente horas cátedra y por tanto este tiempo laborado como tal, no cuenta
para determinar que la vinculación data antes de 1990”.
3.2. Desconocimiento del precedente constitucional, pues, afirma que en la
sentencia C-006 de 1996, mediante la cual se declaró inexequibles apartes
del artículo 74 de la Ley 30 de 1992, que regula la educación superior, la
Corte Constitucional señala que al personal docente de cátedra debe
corresponderle el mismo tratamiento en cuanto a prestaciones sociales que a
los profesores de tiempo completo, porque también tienen una relación
laboral subordinada.
Pero, que en las dos instancias judiciales cuestionadas se aplicó normas y
jurisprudencia que van en contravía de ese criterio de la Corte.
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3.3. Violación directa de la constitución, pues, sostiene, los jueces de primera y
segunda instancia desconocieron los artículos 4, 13, 25 y 53, “ quedándose en
el criterio de la jurisdicción que a todas luces, desconoce que todo trabajador,
incluido el de horas cátedra, tiene derecho al pago de sus prestaciones sociales,
esto es, al pago de sus cesantías y como consecuencia de ello, el tiempo laborado
por el actor como docente horas cátedra de forma continua e ininterrumpida desde
el 10/09/1985 hasta el 30/01/1994 y continuar como docente de tiempo completo
desde el 31/01/1994 hasta la actualidad, cuenta para demostrar que su vinculación
data de antes de 1990 y tiene derecho a que se le aplique el régimen retroactivo de
sus cesantías, en tanto prueba que cumple con lo dispuesto en el numeral 1 del
artículo 15 de la ley 91 de 1989, esto es, que a los docentes que venían vinculados
antes de entrar en vigencia la ley 91 de 1989, tienen derecho al régimen retroactivo
de sus cesantías”.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 31 de mayo de 2022 se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar a las partes.
Asimismo, como terceros con interés, se dispuso notificar a la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio; al Municipio de Popayán, Secretaría de Educación y a la
Fiduciaria La Previsora S.A., quienes actuaron como demandados en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con el
Nro. 19001-33-33-008-2017-00215-00/01.
4.2. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Popayán se pronunció
por intermedio de su titular.
Sostuvo que su despacho no ha incurrido en los defectos alegados por el
actor.
La decisión adoptada mediante la sentencia del 23 de mayo de 2019, se
encuentra ajustada integralmente a la legalidad y al desarrollo jurisprudencial
sobre el tema y conforme a las pruebas arrimadas al juicio y la valoración
probatoria efectuada a estas en debida forma, que condujeron a determinar
que los actos administrativos enjuiciados fueron expedidos ajustados a
derecho.
Lo argumentando por el accionante choca con la realidad procesal, sin que
sea de recibo que pretenda lograr modificación a decisión judicial a través de
este mecanismo constitucional de carácter residual y subsidiario; y que su
despacho ha sido garante no solo de los derechos fundamentales de la parte
demandante, sino de la parte demandada y en respeto irrestricto a los
mismos se cumplió a cabalidad con las ritualidades propias del proceso
contencioso administrativo, lo que pone en evidencia que no existe
vulneración alguna a los derechos fundamentales invocados.
Solicitó se declare la improcedencia de la acción de tutela porque “ no puede
convertirse en una tercera instancia”.
4.3. El Tribunal Administrativo del Cauca, al igual que los vinculados como
terceros con interés, no obstante haber sido notificados, no se pronunciaron.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin
embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos
generales3 y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se
deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o
requisitos especiales la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen
de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para
no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de
legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al
debido proceso.
Es por lo anterior, que la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos
debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes
en el proceso.
3. Delimitación del análisis y planteamiento del problema jurídico
En primer lugar, se precisa que el análisis de los argumentos de la acción de tutela
se restringirá a la providencia de segunda instancia proferida en el curso del medio
2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
3 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son:
i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya
utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de
sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término
prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de
una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia
atacada.
4 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y
viii) defecto por violación directa de la Constitución.
5 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado Nro. 19001-33-33-
008-2017-00215-01. Esta delimitación obedece a que las inconformidades contra
la providencia de primera instancia se deben plantear ante la autoridad
competente en ejercicio del recurso idóneo, para este caso, el de apelación. En
esta medida, es en la segunda instancia donde se define de manera definitiva la
controversia y en la que corresponde al juez de tutela concentrar el análisis de la
alegada vulneración iusfundamental.
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, y por tratarse de una acción de
tutela contra providencia judicial, corresponde a la Sala, de manera preliminar,
determinar si se cumplen a cabalidad los requisitos generales de procedibilidad,
en particular el de relevancia constitucional.
De superar dicho análisis, corresponderá a la Sala establecer si al proferir la
sentencia del 11 de noviembre de 2021, el Tribunal Administrativo del Cauca
incurrió en los defectos alegados por la parte actora, al confirmar la decisión de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.
4. El requisito de relevancia constitucional y su análisis en el caso
concreto
4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales
vulnerados y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. En
ningún modo aquel puede inmiscuirse en los asuntos propios del juez
natural.
Con base en esta premisa, uno de los requisitos generales para la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales es que el asunto sea
de evidente relevancia constitucional.
Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos
que son de relevancia constitucional y los que no, la Sala Plena del Consejo
de Estado en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y la Corte
Constitucional en la sentencia T-248 de 2018 han señalado algunos criterios
orientadores para determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o
no con este requisito:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales»6. Es necesario que el
6 Ibidem
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interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la
providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la
propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar
o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el
juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por
más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.
La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional
evidencie de manera diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una
marcada importancia constitucional que afecte derechos fundamentales.
Desde esta perspectiva, el presupuesto de relevancia constitucional lo que
persigue es que el juez de tutela evite inmiscuirse en asuntos que carezcan
de importancia iusfundamental y que corresponde decidir de manera
exclusiva al juez natural7.
De esta forma, conforme se indicó debe existir una coherencia lógica de los
planteamientos de las partes en relación con los asuntos puestos a
consideración del juez natural, decididos por estos, y la supuesta vulneración
de derechos fundamentales como consecuencia de lo decidido o acontecido
en el respectivo proceso, pues la acción de tutela no puede ser utilizada para
adicionar, completar, modificar los argumentos que dejaron de plantearse
ante el juez de la causa.
En palabras de la Corte Constitucional, el deber de identificar de manera
razonable los hechos que generan la vulneración que se alega a través de la
presente acción, tiene su justificación en la medida en que “sí es menester que
el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que
imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé
7 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T-
422 de 2018, T- 715 de 2016, C-590 de 2005.
7
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cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos”8.
4.2. Del estudio del caso concreto, se avizora que la controversia propuesta no
cumple el requisito de relevancia constitucional, en tanto que la parte actora
utiliza la acción de tutela, que es un medio excepcional y residual, como una
tercera instancia del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado 2017-00215-00/01.
El sustento que expone la parte actora como argumento de los defectos que
plantea y de la vulneración de sus derechos fundamentales, en esencia, son
los mismos propuestos y decididos en la segunda instancia del proceso
ordinario, concretamente los que propuso en el recurso de apelación para
controvertir la decisión asumida en primera instancia por el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Popayán.
Tanto en el recurso de apelación (índice 11 y 12 Samai 9), como en su escrito
de tutela (índice 2 Samai), argumenta:
i) Considera que es contrario a los artículos 13 y 53 de la Constitución
Política, el entendimiento y aplicación que se hizo del Decreto 524 de
1975, de la Ley 91 de 1989 y de los pronunciamientos del Consejo de
estado, donde se ha dicho que los docentes de hora cátedra no tienen
derecho al reconocimiento de cesantías porque sólo perciben lo
dispuesto en las normas pertinentes en la que no se previó esa
prestación a su favor y por tanto no habría lugar a discutir el régimen de
retroactividad o de anualidad.
ii) Que si bien ese decreto establece que los profesores de hora cátedra
tienen derecho a vacaciones remuneradas y prima de Navidad, pero no
a cesantías, considera el actor que la norma no prohíbe que se paguen,
porque a él le habían sido reconocidas y pagadas cesantías cuando
laboró por hora cátedra.
ii) Que la aplicación normativa y jurisprudencial hecha por la autoridad
judicial accionada se hallaba en contravía de precedentes
constitucionales.
iii) Que cumple con el requisito de la Ley 91 de 1989 para tener derecho al
régimen prestacional existente para los vinculados antes del 1º de
enero de 1990, entre ellos el de retroactividad de cesantías, si se
asume su vinculación por hora cátedra desde 1985 hasta 1994.
Es más, lo que argumenta corresponde no solo a lo expuesto en su recurso
de apelación, sino a lo expuesto en el concepto de violación de su demanda
ordinaria, pues, allí, al igual que en esta tutela, considera desconocidos los
artículos 4, 13, 25, 53 de la Constitución Política, y mal aplicadas las leyes 91
de 1989, 344 de 1996, que también menciona en la presente solicitud de
amparo constitucional, como sustento de la vulneración de los derechos
fundamentales.
8 Sentencia C-590 de 2005.
9 En el índice 11 y 12 aparece el expediente digitalizado al proceso ordinario radicado 2017-00215-00/01
que allegó el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Popayán.
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4.3. Revisada la sentencia cuestionada (índice 11y 12 Samai), observa la Sala
que en ella se despejaron las inconformidades planteadas en el recurso de
apelación y se expusieron las razones de hecho y de derecho por las cuales
se concluyó que, contrario a alegado en el demandante, conforme a las
normas aplicables y a la jurisprudencia del Consejo de Estado, la vinculación
del actor como docente de hora cátedra desde 1985 hasta el año de 1994 no
le otorgó el derecho al régimen retroactivo de cesantías y, por ende, su
vinculación como docente de tiempo completo ocurrida en 1994, debía
entenderse que fue posterior a la expedición de la Ley 91 de 1989, de
manera que le resultaba aplicable el régimen de anualidad establecido por la
entidad demandada.
Además, se explicó la razón por la cual no resulta aplicable la Ley 344 de
1996 al actor y que el hecho que se le hubiera reconocido cesantías como
docente hora cátedra no implicaba que eso ordenara la norma legal ni mucho
menos que ese hecho signifique que tenga derecho al régimen de
retroactividad de las mismas.
El Tribunal Administrativo del Cauca, atendiendo al argumento de la
apelación, dijo que el problema jurídico era “determinar si el demandante tiene
derecho a que sus cesantías le sean liquidadas y reconocidas con aplicación del
régimen de retroactividad”.
Para ese cometido, en sus consideraciones inició exponiendo el régimen de
liquidación del auxilio de cesantías para los docentes, donde trascribió los
artículos 1º, 2º, 4º y el artículo 15 numeral 1º de la Ley 91 de 1989, precisó
que el sistema prestacional de la Ley 91 de 1989 es de carácter especial y
dispuso que los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre
de 1989, mantendrían el régimen prestacional previsto en la normativa
vigente de la entidad territorial; mientras que a los docentes nacionales y a
los vinculados a partir del 1º de enero de 1990, sin distinción de su
vinculación (nacional, nacionalizada o territorial), se les aplicarían las
disposiciones vigentes para los empleados públicos del orden nacional, y que
ese aspecto no se vio afectado por la Ley 344 de 1996.
Puntualmente, sobre las cesantías retroactivas, resaltó que el artículo 13 de
la Ley 344 de 1996 excluyó de su aplicación a los docentes que estuvieran
regidos por la Ley 91 de 1989.
Como soporte de esa consideración, se apoyó en el entendimiento que sobre
ese tema tiene la Sección Segunda del Consejo de Estado, razones por las
cuales señaló que “las cesantías de los docentes territoriales o nacionalizados
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, se rigen por el sistema de
retroactividad, y las cesantías de los docentes nacionales y de los que se vinculen a
partir del 1º enero de 1990 -sin hacer distinción entre nacionales y territoriales- se
rige por un sistema anualizado de cesantías sujeto al reconocimiento de intereses,
sin retroactividad”.
4.4. Luego de hechas las anteriores consideraciones, en el acápite “Caso
concreto” expuso que conforme a los documentos que reposan en el
proceso, se tiene que “[l]a Secretaría de Educación Municipal certificó que Manuel
Arturo Solarte Delgado prestó sus servicios como docente bajo la modalidad de
horas catedra, desde el 10 de septiembre de 1985 hasta el 30 de enero de 1994 (fol.
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19-21 c. ppal. 1; con respaldo en los decretos y autorizaciones que obra a folios 42
a 66 del expediente)”.
Y que “mediante Resolución Nro. 066 de 20 de enero de 1994, el gobernador del
departamento del Cauca, resolvió convertir 216 horas catedra del Colegio Luis
Vásquez del municipio de Popayán en 09 plazas de tiempo completo con cargo al
presupuesto del referido departamento, nombrando en propiedad al actor, quien
tomó posesión desde el 31 de enero de 1994. (fol. 67-69 c. ppal. 1)”.
Observó el Tribunal que el actor tuvo dos tipos de vinculaciones: una entre
los años 1985 y 1994, como docente hora cátedra, y la segunda, a partir
enero de 1994, cuando fue nombrado docente de tiempo completo.
Frente a la primera, a juicio del Tribunal, no le otorgó el derecho a que en
materia de cesantías se le aplique el régimen de retroactividad, porque fue
una vinculación como docente de hora cátedra, modalidad en la que se
percibía la remuneración correspondiente únicamente a las horas impartidas
y en la que no se tenía contemplada legalmente causación de cesantías.
Respecto de la segunda, determinó que al haber sido vinculado de tiempo
completo con posterioridad al 31 de diciembre de 1989, no cumplía el
supuesto de la Ley 91 de 1989 para aplicarle régimen prestacional anterior,
por lo tanto no tiene derecho al régimen de retroactividad de cesantías.
Citó la definición de hora cátedra consagrada el artículo 2º del Decreto 111
de 1986, en el que se reitera que “[e]l personal así vinculado tendrá derecho a la
remuneración señalada en este Decreto conforme al número de horas
efectivamente dictadas y al pago de los emolumentos a que se refieren los artículos
3° y 4° del Decreto extraordinario 524 de 1975. en la forma establecida en dichas
disposiciones". Donde no está contemplado el reconocimiento y pago de
cesantías.
Disposición que, resaltó el Tribunal, se mantuvo en los artículos 2° y 5° de
los decretos 199 de 1987 y 125 de 1988, así como en los 2° y 3° de los
decretos 44 de 1989, 74 de 1990 y 111 de 1991, 908 de 1992, 34 de 1993 y
52 de 1994, donde se fijaron las asignaciones correspondientes para los
distintos grados del Escalafón Nacional Docente y se dictaron otras
disposiciones sobre remuneraciones en el sector educativo oficial.
Trascribió los artículos 2º, 3º y 4º del Decreto extraordinario 524 de 1975 y
puso de presente el pronunciamiento de la Sección Segunda, Subsección B
del Consejo de Estado, del 22 de julio de 2010, radicado 0664-09, en el que
se explicó que los docentes de hora cátedra no tienen derecho al
reconocimiento de las cesantías, porque solo perciben lo dispuesto en las
normas pertinentes, en las que no se previó dicha prestación a su favor, del
que trascribió el siguiente aparte:
"No es posible el reconocimiento de las cesantías equivalentes a un mes de
salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año
laborado, habida consideración que el artículo 3 del Decreto 52 de 1994 no previó
el pago de cesantías para los Docentes vinculados por hora cátedra, cuando
advirtió que no tendrán derecho a otras prestaciones sociales diferentes a las
previstas en dicha norma y en el Decreto Extraordinario 524 de 1975.
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En consecuencia, como la legislación no previó el reconocimiento de la hora
cátedra como factor para el pago de las cesantías, el proveído impugnado que
negó el reconocimiento del período laborado por hora cátedra para efectos de la
liquidación de las cesantías amerita ser confirmado".
Destacó que en esa línea se pronunció el Consejo de Estado en sentencia
del 7 de febrero de 201910, luego de analizar un asunto de similares
condiciones sobre esa forma de vinculación al servicio docente, donde reiteró
que “[p]ara la época en la que la norma autorizaba los nombramientos docentes
territoriales por el sistema de hora cátedra, existía regulación especial frente a las
prestaciones sociales a reconocerles, las cuales eran únicamente las vacaciones y
la prima de navidad y, tal disposición expresa del legislador se mantuvo vigente aun
con la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, pues dicha norma respetó el
régimen prestacional que exista para los docentes nacionalizados en cada entidad
territorial”.
De manera particular destaca que mediante sentencia del 23 de enero de
202011, el Consejo de Estado confirmó lo resuelto en primera instancia por el
Tribunal Administrativo del Cauca, donde luego de hacer un recuento
normativo se reiteró la anterior posición para un caso con similares
supuestos, en la que se dijo:
“En tal sentido, se precisa que aun cuando la accionante se vinculó como docente
por hora cátedra desde el 5 de octubre de 1988, ese periodo, conforme va se
explicó, no puede tenerse en cuenta para efectos de la liquidación de las
cesantías: no obstante, para cuando comenzó a prestar sus servicios tiempo
completo (18 de abril de 1990), ya estaba vigente la Ley 91 de 1989, disposición
que en el literal b) del numeral 3° del artículo 15 establece que "los docentes que
se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los docentes nacionales
vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías
generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de
estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas
anualmente y sin retroactividad (. ..)".
Por ende, la Sala advierte que en vista que la demandante comenzó a laborar en
calidad de docente tiempo completo a partir del 18 de abril de 1990, esto es,
después del 1 enero de 1990, no tiene derecho a beneficiarse del régimen
retroactivo de cesantías, ya que en aplicación de la Ley 91 de 1989, la liquidación
de sus cesantías se realiza cada año.
En este punto de lo debatido, se aclara que los docentes tienen una regulación en
materia de cesantías contenida en la Ley 91 de 1989, que por ser norma especial
prima frente a la Ley 344 de 1996, que contempló el régimen anualizado de
cesantías para las personas que vinculen a los órganos y entidades del Estado.
Además, la misma Ley 344 de 1996 en el inciso primero del artículo 13 sostiene
que el referido régimen anualizado se aplica "Sin perjuicio de los derechos
convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de
la presente Ley'', (...)". (Subraya del texto trascrito).
10 “Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicación No. 08001-23-33-000-2013-00218-
01(4258- 14), C.P. William Hernández Gómez”.
11 “Segunda, Subsección B, sentencia de 23 de enero de 2020, radicado: 19001-23-33-000-2013-00428-01
(1081-2015), CP. César Palomino Cortés, demandante: Nohora Cristina Muñoz Fuentes, demandado:
Nación - Ministerio de Educación Nacional -Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
Fiduprevisora S.A., Municipio de Popayán- Secretaría de Educación Municipal”.
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Todo lo cual condujo a la Corporación judicial accionada a considerar que el
período como docente por hora cátedra desde 1985 no puede tenerse en
cuenta para efectos de la liquidación de las cesantías del señor Manuel
Arturo Solarte Delgado, y que como para la fecha en que inició su vinculación
bajo la modalidad de tiempo completo (1994) ya estaba vigente la Ley 91 de
1989, es claro que la liquidación de las cesantías debe ser anual y sin
retroactividad (literal b, numeral 3º del artículo 15 ib.).
Explicó las razones por las cuales, contrario a lo estimado por el apelante
(hoy actor), el hecho que se haya reconocido cesantías cuando prestó
servicios por la hora cátedra no le otorga derecho al régimen de
retroactividad en cesantías. Textualmente dijo:
“A pesar de que el apelante manifieste que sí le fue reconocido un auxilio de
cesantías por el período prestado como docente de horas cátedra, lo cierto es que
ello no varía la anterior conclusión, porque ese hecho, en sí mismo, no implica la
mutación de la forma de vinculación de hora cátedra de Manuel Arturo Solarte, la
que, como se vio, desde el punto de vista normativo, no contempla el auxilio de
cesantías como una prestación a reconocer frente a tales docentes.
En otros términos, como el auxilio de cesantías no es una prestación a la que
tuvieran derecho los docentes de hora cátedra, el hecho de que la Caja de
Previsión Departamental se lo hubiera reconocido por un período de servicios
prestado bajo esa modalidad, a pesar de que la norma no lo facultara, no puede
servir de fundamento para entender que la vinculación fue territorial y con
anterioridad a la vigencia de la Ley 91 de 1989, pues, como se dijo, el Decreto 524
de 1975, otorgó a este tipo de docentes el derecho a percibir, además de la
asignación básica por las horas efectivamente dictadas, las vacaciones
remuneradas y la prima de navidad, pero no así las cesantías mencionadas, tal y
como lo indicó el Consejo de Estado en las sentencias de 2010, 2019 y 2020 (en
esta última donde se confirmó la decisión de primera instancia dictada por este
Tribunal), ya citadas.
En conclusión, el hecho de que exista un reconocimiento de cesantías al actor por
unos períodos como docente de hora cátedra, el cual, se recalca, no se atempera
a las normas que rigen la materia, no puede servir de fundamento para la
aplicación del régimen de retroactividad de estas, máxime cuando la
jurisprudencia vigente ha sido pacífica en este tópico”.
Finalmente, el Tribunal precisó que no se está en presencia de un derecho
mínimo laboral irrenunciable reconocido en la ley y que si bien la
jurisprudencia del Consejo de Estado ha dicho que a los de hora cátedra
debe dárseles igual tratamiento que a los vinculados de tiempo completo, lo
ha sido para otro tipo de pretensiones, como para efectos pensionales. Dijo:
“Si bien, la jurisprudencia contenciosa administrativa predica que a los docentes
ocasionales o de cátedra, debe darse igual tratamiento que a los docentes
vinculados de tiempo completo, lo cierto es que dicho razonamiento ha sido
aplicado en asuntos distintos al petitum y a la causa petendi de la demanda de la
referencia, como, por ejemplo, en casos de contrato realidad.
Al mismo tiempo, como la ley no prevé la causación de cesantías para los
docentes vinculados por hora cátedra, no se está en presencia de un derecho
mínimo laboral reconocido en la ley, por lo que no cabe el principio de
irrenunciabilidad de los derechos mínimos laborales contemplados en la ley. Y si
bien el Consejo de Estado, en sentencia de unificación, explicó que la experiencia
docente de una persona vinculada por hora cátedra, es válida para el
reconocimiento de la pensión gracia, lo cierto es que esto encontró fundamento en
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la normatividad especial que rige esta pensión, y no significa el reconocimiento de
otras prestaciones a los docentes vinculados por hora cátedra”.
Y concluyó:
“Así, en criterio de la Sala, la vinculación del actor como docente de hora cátedra
desde 1985 hasta el año de 1994, no le otorgó el derecho al régimen retroactivo
de cesantías.
Por el contrario, como se incorporó como docente de tiempo completo en el año
de 1993, esto es, con posterioridad a la vigencia de la Ley 91 de 1989 - 1º de
enero de 1990-, se encuentra inmerso en el régimen de anualidad, y, por tanto, no
le asiste derecho al reconocimiento de la calidad de beneficiario del régimen de
retroactividad, tal y como lo indicó la primera instancia.
Además, no resulta posible equiparar las condiciones salariales y prestacionales
de docentes a la de los demás empleados del régimen general territorial o a
aquellos que conservaron esta condición con anterioridad a la Ley 91 de 1989, en
tanto, que, como lo puntualizó el Consejo de Estado, los docentes ostentan un
régimen especial y en esa medida gozan de unas previsiones especiales en
cuanto a ingreso, ascenso y prestaciones, independientemente de su condición de
empleado público.
Ello aunado al hecho de que el artículo 13 de la Ley 344 de 1996, excluyó de su
aplicación a los docentes vinculados con posterioridad a la Ley 91 de 1989, esto
es, a partir del 1° de enero de 1990.
4.6 Por lo anterior, se revocará el fallo de instancia y en su lugar se denegarán las
pretensiones de la demanda”.
4.5. Es claro que los argumentos en los que se fundan los supuestos defectos
que se alegan como sustento en esta tutela, no son más que reiteraciones de
lo expuesto en el proceso ordinario.
Es evidente para la Sala que lo que pretende la parte actora es que se
realice un nuevo estudio de lo que de manera adecuada dentro de la órbita
de su autonomía y competencia analizó y definió el Juez natural de la causa,
esto es, el Tribunal Administrativo del Cauca, como si la solicitud de amparo
constitucional fuera una tercera instancia o prolongación del proceso
ordinario. Lo que resulta contrario al fin y naturaleza para cual esta instituida
la acción de tutela.
En este sentido, dentro de los criterios orientadores para verificar si el asunto
reviste o no relevancia constitucional, se encuentra el que la acción de tutela
no se convierta en una instancia adicional del proceso en el que fue proferida
la providencia acusada, de donde deriva la carga que se impone al
interesado de exponer “serios y fuertes argumentos para derribar las
decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad”,
justamente porque no debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el
trámite ordinario, los cuales fueron decididos por el juez natural.
Que la parte actora no comparta el análisis efectuado y la decisión adoptada
por el Tribunal Administrativo del Cauca, escapa a la órbita de competencia
del juez constitucional, la cual está dada en clave de derechos
fundamentales y no para dirimir diferencias de juicio o de opinión, pues no
debe olvidarse que la simple disparidad de criterio no constituye per se una
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vulneración a los derechos fundamentales. De aceptar esa posibilidad, se
desnaturalizaría la acción de tutela como mecanismo excepcional de
protección de los derechos fundamentales.
Además, la jurisprudencia constitucional reiteradamente ha sostenido que,
cuando se controvierten decisiones judiciales, la procedencia del amparo
está sujeta a que el asunto sea de tal relevancia en materia constitucional
que se logre apreciar sin mayor esfuerzo una vulneración grosera o de bulto.
Lo que no se aprecia en el presente caso.
5. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de
tutela de la referencia, por no cumplir a cabalidad con los requisitos generales de
procedibilidad de este mecanismo contra providencias judiciales, específicamente
el de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Manuel
Arturo Solarte Delgado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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