Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02844-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02844-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-02844-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
15 de septiembre de 2022
Demandante: Corpoamazonía
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02844-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02844-01
Demandante: CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
SUR DE LA AMAZONÍA–CORPOAMAZONÍA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
TERCERA, SUBSECCIÓN B
Tema: Tutela contra providencia judicial – desconocimiento del
precedente y defecto fáctico.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Decide la Sala la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo del 15 de
julio de 2022, a través del cual el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía, en
adelante, Corpoamazonía, actuando mediante apoderado judicial, interpuso acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B1. Con la solicitud de amparo pretende la salvaguarda de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia.
2. En criterio de la parte accionante, las referidas garantías resultaron
quebrantadas por parte de la autoridad judicial accionada con ocasión de la
sentencia de segunda instancia que profirió el 25 de marzo de 2022. Mediante esta
1 Remitida el 24 de mayo de 2022 al buzón electrónico de la Secretaría General de la Corporación
(secgeneral@consejodeestado.gov.co)
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Corpoamazonía
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B
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providencia se revocó la dictada el 30 de junio de 2021 por el Juzgado Treinta y Uno
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que había negado las pretensiones
formuladas al interior del medio de control de reparación directa adelantado por el
señor Floriberto Rodríguez García para reclamar los perjuicios causados por la
avenida torrencial ocurrida en el municipio de Mocoa, que causó la destrucción de un
lago de peces de propiedad del demandante2.
1.2 Pretensiones
3. El ente accionante solicitó al juez constitucional lo siguiente:
PRIMERA. - Tutelar los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO (Art. 29
C.P.); A LA IGUALDAD (Art. 13 C.P.); y al ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA (Art. 229 C.P.) del accionante Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Sur de la Amazonia - CORPOAMAZONIA.
SEGUNDA.- Que se declare la nulidad de la Sentencia de segunda instancia
proferida el 25 de marzo de 2022, notificada el 26 de abril de 2022, por el
Tribunal Administrativo De Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B,
Magistrado Franklin Pérez Camargo, Magistrada Clara Cecilia Suárez Vargas Y
Magistrado Henry Aldemar Barreto Mogollón, Radicado : 11001-33-36-031-
2019-0075-01, proceso entre Floriberto Rodriguez García contra
CORPOAMAZONIA, Nación-Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible,
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Departamento del
Putumayo y Municipio de Mocoa, por los hechos de la Avenida Torrencial de
Mocoa del 31 de marzo y 01 de abril de 2017. (Sic a toda la cita)
1.3. Hechos
A continuación, se presentan los hechos relevantes para la decisión que se adoptará
en la presente sentencia:
4. El señor Floriberto Rodríguez García es dueño de un lote de terreno ubicado
en el municipio de Mocoa en la vereda Villa Nueva – San Luis de Chontayaco, en el
que tenía un proyecto productivo de crianza de peces.
5. Con ocasión de la avalancha sucedida en el municipio de Mocoa entre el 31
de marzo y el 1º de abril de 20173 luego del desbordamiento de distintas quebradas
por la avenida torrencial, la bocatoma que surtía de agua el pozo de peces del señor
Rodríguez García se dañó y su producción se perdió por la muerte de todos los
ejemplares que tenía para la venta.
6. El 22 de marzo de 2019, el señor Rodríguez García instauró demanda en
ejercicio del medio de control de reparación directa, en contra de la Nación -
2 Dicho proceso se identificó con el número de radicado 110013336031201900075-00/1.
3 https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/avalanchas-en-mocoa-causan-tragedia-73806.
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Demandante: Corpoamazonía
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres -UNGRD-, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Sur de la Amazonía -Corpoamazonía-, el Departamento de Putumayo y el Municipio
de Mocoa. Ello, con el propósito de que se les declarara administrativa y
patrimonialmente responsables por los perjuicios causados como consecuencia de
su actuar omisivo al no haber desplegado acciones con el fin de evitar e impedir la
destrucción que aparejó la avenida torrencial ocurrida en Mocoa, Putumayo, los días
31 de marzo y 1° de abril de 2017.
7. El conocimiento del proceso correspondió en primera instancia al Juzgado
Treinta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá. Esta autoridad, mediante
sentencia del 30 de junio de 2021, declaró probada la excepción de fuerza mayor
alegada por las entidades demandas y, por tanto, negó las pretensiones de la
demanda.
8. Como fundamento de su decisión, el juez afirmó, entre otras cosas, que si bien
las entidades demandadas podrían haber incurrido en la omisión en lo referido a la
prevención de desastres naturales por lo menos de tipo inundación, lo cierto es que
la avenida torrencial ocurrió como consecuencia de un fenómeno natural súbito,
imprevisible e irresistible que rompió el nexo de causalidad entre el daño y la
imputación.
9. La decisión de primer grado fue recurrida por el señor Rodríguez García y su
conocimiento correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B. Dicha colegiatura, mediante sentencia del 25 de marzo de
2022, revocó la decisión de primera instancia. En su lugar, declaró
administrativamente responsables a las autoridades demandadas por el daño
antijurídico sufrido por el señor Floriberto Rodríguez García, con ocasión de la
avenida torrencial ocurrida en Mocoa y, en consecuencia, las condenó al pago de
perjuicios por concepto de daño emergente en abstracto y por perjuicios morales.
10. En síntesis, el tribunal concluyó que las entidades demandadas no llevaron a
cabo las acciones necesarias y pertinentes para conjurar la destrucción presentada
en Mocoa por los hechos materia del proceso. Ello, por cuanto desconocieron la
participación coordinada y planificada en los diferentes niveles del territorio a
instancias de la articulación adecuada para la gestión ambiental y del riesgo.
Asimismo, porque se presentó una omisión en el deber de vigilancia y cuidado para
adoptar las medidas de prevención requeridas pues, en el momento de los hechos, ni
siquiera se contaba con un Sistema de Alertas Tempranas en el municipio. Esta
providencia fue notificada el 26 de abril de 2022.
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1.4. Fundamentos de la vulneración
11. La parte actora alegó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B, al proferir la sentencia del 25 de marzo de 2022,
incurrió en i) desconocimiento del precedente y; en ii) defecto fáctico.
12. Con relación al desconocimiento del precedente, el extremo accionante
manifestó que la autoridad judicial accionada desconoció la sentencia C-386 de 2017
de la Corte Constitucional, oportunidad en la que se refirió al Decreto 601 de 2017,
“Por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el
municipio de Mocoa”.
13. Igualmente, la parte tutelante señaló que la autoridad judicial accionada
desatendió distintos fallos desestimatorios proferidos por las Subsecciones A y C de
esa Corporación y los emitidos por el Tribunal Administrativo de Nariño, que guardan
identidad fáctica y jurídica con el aquí analizado. En este sentido, expuso que no
debe tolerarse que la misma colegiatura tome decisiones disímiles frente a un caso
igual, pues ello repercute en la garantía de su derecho a la igualdad.
14. De otra parte, la entidad actora consideró que se desconocieron distintos
pronunciamientos de esta Corporación en los cuales se ha tratado la responsabilidad
estatal en caso de ocurrencia de fenómenos naturales bajo la óptica de la fuerza
mayor como causal eximente. En específico, se hizo alusión a las sentencias
proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado el i) treinta 30 de junio de
2015, radicado 25000-23-26-000-1996- 02987-01(33112); ii) 28 de mayo de 2015,
radicado 15001-23-31-000-2000-00160-01(34307) y; iii) 20 de septiembre de 2007,
radicado 70001-23-31-000-1997-06259-01(16014).
15. En el mismo sentido, indicó que se desconocieron 46 fallos proferidos en
primera instancia por juzgados administrativos, al interior de procesos de reparación
directa adelantados con ocasión de lo sucedido en Mocoa en 2017, en los que se
concluyó que no existía responsabilidad del Estado, toda vez que se trató de un
evento de fuerza mayor, imprevisible, irresistible y externo.
16. En lo que se refiere al defecto fáctico, la actora esgrimió que la decisión
censurada carece de fundamento probatorio, ya que no se acreditó la existencia de
un proyecto productivo ni de los peces supuestamente perdidos.
17. En este sentido, mencionó que la autoridad accionada valoró de manera
equivocada i) el contrato celebrado entre el demandante y el INCODER; ii) la
declaración extrajuicio del señor Floriberto Rodríguez García y; iii) la constancia de
su inclusión en el Registro Único de Damnificados. En sentir de la tutelante, estos
elementos de convicción no daban cuenta de las pérdidas ni de su monto, lo cual
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comprobaba la inexistencia del daño, así como tampoco el perjuicio moral respecto
del cual se impuso condena.
18. Adicional a lo anterior, manifestó que el señor Rodríguez García no había
precisado el valor del supuesto daño material, pues no allegó soportes de la compra
de los peces ni indicó su peso, clase o alimento. En consecuencia, no habían
elementos de convicción que dieran cuenta de su existencia y tampoco de que haya
sido damnificado de la avenida torrencial.
1.5. Actuaciones relevantes
1.5.1. Admisión de la acción de tutela
19. Mediante auto del 31 de mayo de 2022, el magistrado ponente de la Sección
Tercera, Subsección C del Consejo de Estado admitió la solicitud de amparo y
ordenó notificar a la entidad demandante y al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, en calidad de autoridad accionada.
20. Asimismo, por tener interés en el resultado del mecanismo constitucional
promovido, dispuso vincular a la Nación - Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD,
al Departamento de Putumayo, al Municipio de Mocoa, al Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales- IDEAM y a Floriberto Rodríguez García.
Igualmente, notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en los
términos y para los efectos establecidos en el artículo 610 del Código General del
Proceso.
1.5.2. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.5.2.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B
21. En síntesis, indicó que profirió la sentencia censurada con garantía del debido
proceso de las partes y que las sentencias mencionadas en el líbelo como
presuntamente desconocidas no son precedente aplicable al caso en concreto.
22. Respecto a la sentencia C-386 de 2017, mediante la cual la Corte
Constitucional declaró exequible el Decreto 601 de 6 de abril de 2017, esgrimió que
en dicha oportunidad el Alto Tribunal no efectuó un juicio de responsabilidad
administrativa sino de gravedad y necesidad de las medidas extraordinarias para
afrontar la emergencia generada por los sucesos en Mocoa. Lo anterior, implicaba
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que las circunstancias particulares que dieron origen al medio de control de
reparación directa, no fueron tratadas por dicha Corporación.
23. Frente a las decisiones de las Subsecciones A y C de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que la parte actora invocó como
desatendidas, expuso que si bien las mismas decidieron demandas interpuestas con
ocasión de la avenida torrencial acaecida en el municipio de Mocoa, dichos asuntos
no resultaban análogos al decidido en la sentencia objeto de censura pues en tales
oportunidades el estudio se agotó en la configuración del daño como primer
elemento de configuración de la responsabilidad administrativa extracontractual del
Estado.
24. En consecuencia, sostuvo que tales pronunciamientos resultaban
sustancialmente diferentes a la providencia contra la que se dirige el mecanismo
constitucional, pues en ninguno de ellos se realizó un juicio de imputabilidad ni del
nexo de causalidad.
25. En este sentido, señaló que en cada uno de los asuntos traídos a colación por
la entidad accionante, el operador judicial consideró que el daño no se encontraba
demostrado. En contraste, en el caso del señor Floriberto Rodríguez García sí se
acreditó este primer elemento de la responsabilidad extracontractual y por eso se
continuó con el análisis pertinente.
26. Indicó que si bien no había un daño cuantificable en concreto, las pruebas
allegadas al expediente daban cuenta de su existencia. Agregó que a la solicitante le
correspondía controvertir las pruebas en las oportunidades procesales
correspondientes, sin que ello hubiese sucedido.
27. En suma, se opuso al mecanismo de amparo promovido pues consideró que
las conclusiones de la providencia objeto de reproche son razonables y encuentran
sustento en los elementos de convicción obrantes en el expediente. Ello, sumado a
que fueron tenidas en cuenta cada una de las atribuciones y funciones legales de las
entidades demandadas y su participación en los hechos desde una perspectiva
técnica y jurídica.
28. En consecuencia, solicitó que se denegara el amparo invocado por la parte
tutelante.
1.5.2.2. La UNGRD, el Departamento del Putumayo y el Municipio de
Mocoa reiteraron los argumentos del escrito de tutela y solicitaron que se accediera
al amparo invocado.
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1.5.2.3. Floriberto Rodríguez García
29. Se opuso a la prosperidad del mecanismo constitucional promovido por
cuanto aseguró que se encontraba acreditado en el proceso ordinario que las
autoridades demandadas, pese a conocer de la posible ocurrencia de un fenómeno
como el acaecido, omitieron implementar un sistema de alertas tempranas y otras
medidas necesarias para la prevención o mitigación del daño.
1.5.2.4. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
30. Esta cartera manifestó oponerse a todas las pretensiones formuladas por la
parte accionante, pues los argumentos sobre los cuales se edifican se dirigen a
reprochar lo decidido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B, con lo cual se demuestra que el referido ministerio no incurrió
en la vulneración de los derechos fundamentales invocados.
31. En consecuencia, solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la
causa por pasiva.
1.5.2.5. Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado
32. Solicitó que se accediera al amparo invocado, toda vez que los elementos de
convicción tenidos en cuenta por el Tribunal no daban cuenta de la previsibilidad de
la avenida torrencial, sino que, por el contrario, acreditaron que el mes de los hechos
fue el más lluvioso de los últimos años, por encima de los valores históricos entre
1981 y 2010.
33. En este orden de ideas, expuso que los informes técnicos del IDEAM en los
días anteriores a la avenida torrencial no previeron su ocurrencia. Adicional a ello, se
refirió a sentencias proferidas por la Sección Tercera de esta Corporación en las que
se declaró la fuerza mayor por incrementos súbitos de lluvia.
1.5.2.6. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-
IDEAM, pese a ser notificado en debida forma, guardó silencio.
1.6. Sentencia de primera instancia
34. La Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación, mediante
sentencia del 15 de julio del año que avanza, declaró improcedente la solicitud de
amparo por considerar que los argumentos expuestos en el escrito tutelar estaban
encaminados a que se discutiera nuevamente sobre la controversia decidida por el
juez natural.
35. El a quo indicó que la tutela contra providencia judicial tiene un carácter
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excepcional, y por tanto, no le corresponde al juez constitucional revisar o evaluar la
interpretación y el alcance dado por el juez natural del asunto a los preceptos
aplicados al resolver la controversia.
36. Asimismo, señaló que el mecanismo de amparo no se edifica como una
instancia adicional al proceso ordinario, ni es un escenario para refutar la valoración
probatoria del juez de conocimiento.
37. Al no advertir que la decisión objeto de reproche fuera caprichosa o arbitraria y
por considerar que los argumentos presentados por la parte actora están
encaminados a volver sobre la controversia resuelta por el juez natural de la causa,
decidió no estudiar el fondo del asunto de cara a los defectos propuestos.
1.7. Impugnaciones
38. Corpoamazonía, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la
Gobernación del Putumayo y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres, presentaron impugnación contra el proveído de primera instancia.
39. En concepto de tales entidades, la sentencia proferida por la Subsección C de
la Sección Tercera de esta Corporación el 15 de julio de 2022 que declaró la
improcedencia de la acción de tutela carece de motivación pues en la misma no se
analizó el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad del mecanismo
de amparo contra providencias judiciales de conformidad con lo establecido con la
Corte Constitucional.
40. Reprocharon que el a quo se hubiera limitado a señalar que la decisión
censurada no era caprichosa o arbitraria y que la parte actora pretendía reabrir una
controversia decidida por el juez natural para no estudiar de fondo el asunto que,
advirtieron, es de la mayor relevancia constitucional.
41. Coincidieron en que, en el caso concreto, se encuentran plenamente
acreditados los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, y pese a ello, el juez constitucional declaró la improcedencia del
mecanismo de resguardo constitucional sin que se advirtiera un sustento válido para
arribar a dicha resolutiva.
42. Asimismo, las entidades en comento señalaron que en el escrito tutelar se
especificaron los defectos que se le atribuyen a la decisión tomada por la autoridad
judicial accionada y se desarrollaron los argumentos sobre los cuales se edifican
cada uno de los mismos.
43. En este sentido, solicitaron que se revocara la decisión tomada en primer
grado por el juez constitucional y, en su lugar, se estudiara de fondo la tutela
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promovida por la parte accionante en atención a los fundamentos contenidos en el
libelo y se accediera a las pretensiones formuladas.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
44. La Sala es competente para conocer de las impugnaciones presentadas por la
parte accionante y las entidades vinculadas referenciadas contra la sentencia de
primera instancia proferida el 15 de julio de 2022, por la Subsección C de la Sección
Tercera de esta Corporación. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el
artículo 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el
artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Cuestiones previas
2.2.1. Solicitud de coadyuvancia
45. La UNGRD, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el
Departamento del Putumayo y el Municipio de Mocoa manifestaron coadyuvar las
pretensiones de Corpoamazonía en el presente trámite constitucional.
46. Frente al particular, debe recordarse que tratándose de acciones de tutela, la
figura de la coadyuvancia está prevista en el inciso 2º del artículo 13 del Decreto
2591 de 1991, el cual señala que “quien tuviere un interés legítimo en el resultado del
proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o
autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud.”
47. A su turno, el Consejo de Estado, en la sentencia de 30 de octubre de 2014 4,
explicó que basta con demostrar el interés legítimo en las resultas del proceso para
actuar como coadyuvante en sede de tutela, pues con ello se materializa el fin
esencial del Estado de facilitar la participación de todos en las decisiones que los
afectan contemplado en el artículo 2 de la Carta Política, de ahí que la solicitud de
coadyuvancia pueda realizarse mientras no se haya dictado sentencia de única o de
segunda instancia, de conformidad con el artículo 715 del Código General del
Proceso.
4 M.P. Gerardo Arenas Monsalve, rad. 25000-23-41-000-2014-01394-01.
5 “ARTÍCULO 71. COADYUVANCIA. Quien tenga con una de las partes determinada relación
sustancial a la cual no se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, pero que pueda afectarse si
dicha parte es vencida, podrá intervenir en el proceso como coadyuvante de ella, mientras no se
haya dictado sentencia de única o de segunda instancia.”
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48. Con fundamento en lo anterior, se aceptará la manifestación de coadyuvancia
de las entidades en comento, pues, con excepción de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, quien fue vinculada por virtud del artículo 610 del
Código General del Proceso, integraron la parte demandada al interior del proceso
de reparación directa en el que se les declaró administrativamente responsables por
el daño antijurídico sufrido por el señor Floriberto Rodríguez García.
2.2.2. Solicitud de desvinculación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible
49. En su intervención esta cartera manifestó que carecía de legitimación en la
causa por pasiva, razón por la cual solicitó que se le desvinculara del presente
trámite, toda vez que la vulneración de derechos invocada por la parte actora se
derivaba de lo resuelto por la autoridad judicial accionada.
50. Frente al particular, la Sala observa que este requerimiento no fue resuelto en
primera instancia, razón por la cual corresponde pronunciarse frente al mismo.
51. Al respecto no se accederá a lo solicitado, toda vez que la vinculación de esta
cartera al presente trámite no se dio en calidad de accionada, sino por haber
integrado la parte demandada al interior del medio de control de reparación directa
instaurado por el señor Floriberto Rodríguez García al que se ha aludido con
anterioridad.
2.3 Legitimación en la causa
52. Frente a este punto, la Sala advierte que Corpoamazonía está legitimada en la
causa por activa, a la luz de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
los artículos 1°, 10, 46 y 49 del Decreto Ley 2591 de 1991.
53. Lo anterior, en la medida en que integró la parte demandada en el proceso de
reparación directa, al que se ha hecho referencia en líneas anteriores, promovido en
su contra por el señor Floriberto Rodríguez García con el propósito de reclamar los
perjuicios causados por la avenida torrencial ocurrida en el municipio de Mocoa, que
causó la destrucción de un lago de peces de propiedad del demandante.
54. Por otro lado, esta Sala de Decisión observa que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B está legitimado en la causa por
pasiva, por ser la autoridad judicial que profirió la decisión de segunda instancia cuya
resolutiva censura el accionante.
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2.4. Problema jurídico
55. Corresponde en este caso determinar si de conformidad con la situación
fáctica expuesta, el material probatorio recaudado y los argumentos planteados en el
escrito de impugnación hay lugar a confirmar, modificar o revocar el fallo de primera
instancia proferido por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado que
declaró la improcedencia del mecanismo de amparo promovido. Para este fin, se
deberán resolver los siguientes interrogantes:
¿Se superan en el caso concreto los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencia judicial por los cargos propuestos?
56. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo siguiente:
¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B
al proferir la sentencia del 25 de marzo de 2022 incurrió en los defectos que
se le atribuyen y con ellos resultaron vulnerados los derechos fundamentales
de la parte accionante, al considerar que las entidades demandadas en el
proceso de reparación directa incurrieron en una omisión en el deber de
vigilancia y cuidado al no haber adoptado las medidas de prevención
requeridas pues, en el momento de los hechos, ni siquiera se contaba con un
Sistema de Alertas Tempranas en el municipio de Mocoa?
57. Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i)
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) los
requisitos generales de procedibilidad y de superarse, (iii) caso concreto en atención
a las generalidades de los defectos invocados.
2.5. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
58. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20126. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema7. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales8.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
8 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
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59. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 9. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia10 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial11.
60. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configura los
defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:
i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho
vi) cuando proceda, efecto decisivo de la irregularidad procesal
61. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se
configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de la
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
10 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014
son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan
agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii)
Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la
parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
11 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento del
precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de
la Constitución.
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acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.
62. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.6. Estudio sobre los requisitos generales de procedencia
2.6.1. Tutela contra tutela
63. En el caso objeto de estudio, es imperioso concluir que no existe reparo
alguno frente al presente requisito de procedibilidad, toda vez que no se trata de una
tutela contra decisión de la misma naturaleza, pues la providencia que se censura
fue proferida dentro del proceso de reparación directa al que se ha hecho alusión con
antelación.
2.6.2. Inmediatez
64. En relación con este requisito, tampoco se advierte ningún reproche, si se
tiene en cuenta que la providencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B que se censura por esta vía fue dictada el 25 de
marzo de 2022, mientras que la acción de tutela fue incoada el 24 de mayo del
mismo año. Así las cosas, sin necesidad de determinar la fecha en que se notificó y
aquella en que cobró ejecutoria, se observa que se interpuso dentro de los seis
meses que esta Sala ha considerado razonable para el uso del mecanismo
excepcional.
65. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201412,
en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
200513, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia
judicial y reiteró que seis (6) meses es el término razonable para acudir y solicitar el
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez.
13 c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
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amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de
providencias judiciales.
2.6.3. Subsidiariedad
66. De la redacción del artículo 86 de la Constitución Política y de las normas que
lo desarrollan consagradas en el Decreto Ley 2591 de 1991, se desprende el
carácter subsidiario de la acción de tutela, en cuanto procede únicamente cuando el
afectado no haya dispuesto o disponga de otros medios de defensa judicial, en ese
segundo evento, esto es, que aun cuente con ellos, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
67. Descendiendo al caso concreto, la entidad accionante esgrimió que la
autoridad judicial accionada, al proferir la sentencia de segunda instancia, incurrió en
desconocimiento del precedente y en defecto fáctico.
68. Respecto al cargo relacionado con el defecto fáctico, la Sala advierte que de
los planteamientos por medio de los cuales el actor argumenta que se materializó tal
irregularidad, particularmente los dirigidos a reprochar la condena impuesta en lo
relacionado con el daño material en su modalidad de daño emergente, no se supera
el requisito de subsidiariedad.
69. Lo anterior, por cuanto al tratarse de una condena en abstracto, la parte
interesada debe iniciar el respectivo incidente de liquidación establecido en el artículo
193 del CPACA, oportunidad en la cual la entidad accionante puede controvertir el
eventual reconocimiento que se haga de este concepto.
70. Ciertamente, al interior del trámite incidental, la entidad accionante puede
presentar sus argumentos de oposición, así como recurrir por vía de apelación la
providencia que, eventualmente, le resulte desfavorable. Situación que, en cualquiera
de los casos, corresponde resolver al juez natural de la causa y no a esta Sala de
Decisión como operador constitucional.
71. A lo mencionado, se suma que, en todo caso, no existe certeza en cuanto al
quantum del daño a reconocer pues ello depende, como se mencionó, de que la
parte interesada inicie el referido incidente dentro del término concedido para el
efecto.
72. Lo anterior, si se tiene en cuenta que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C al referirse a la solicitud del señor
García Rodríguez en torno al pago de perjuicios materiales causados a título de daño
emergente con ocasión a la pérdida del pozo, manifestó lo siguiente:
Pese a que se acreditó la existencia del daño antijurídico en los términos indicados en
el acápite anterior, no se encuentra demostrada la cuantía de los perjuicios
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materiales. Así, no obra en el expediente material probatorio que permita constatar la
valoración efectuada por la parte actora, por lo que, al no existir certeza del monto, se
condenará en abstracto por el detrimento ocasionado, el cual deberá ser tasado
mediante incidente de liquidación de perjuicios.
73. Debido a lo expuesto, el cargo del defecto fáctico relacionado con la condena
por los perjuicios materiales (daño emergente) no supera el requisito de agotamiento
de todos los medios de defensa judicial, comoquiera que en tal caso la accionante
cuenta con el instrumento ordinario para controvertir dicha disposición al interior del
eventual incidente de liquidación, y por lo tanto, la Sala se abstendrá de su estudio.
74. Ahora bien, con respecto a los demás yerros propuestos por el ente
accionante, se tiene que no cuenta con otro medio de defensa judicial distinto a la
tutela para conjurar la eventual transgresión que la aludida decisión de la autoridad
judicial accionada pudiera causarle a sus derechos fundamentales; esto, toda vez
que contra tal providencia no procede ningún recurso ordinario ni extraordinario.
75. Ciertamente, los argumentos en los que se edifican los defectos invocados en
la tutela, y reiterados en la impugnación, estos son, el desconocimiento del
precedente y el defecto fáctico en lo relacionado con el reconocimiento del daño
moral en la sentencia censurada, no se enmarcan en las causales taxativas previstas
por el legislador en los artículos 250 y 257 de la Ley 1437 de 2011, en relación a la
procedencia del recurso extraordinario de revisión y al de unificación de
jurisprudencia, con lo cual se considera superado el requisito de subsidiariedad
frente a los mismos.
2.6.4. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados
76. Tal y como sostuvo la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 la
acreditación de este requisito resulta comprensible “pues, sin que la acción de tutela
llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no
previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la
haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de
pretender la protección constitucional de sus derechos”.
77. De conformidad con lo anterior, la Sala considera que la parte actora ha
presentado con claridad que la transgresión de sus derechos al debido proceso, a la
igualdad y de acceso a la administración de justicia se derivan del hecho que la
autoridad judicial accionada haya considerado que en el caso objeto de análisis en el
proceso ordinario no se presentó el eximente de responsabilidad de fuerza mayor,
sino que advirtió un accionar omisivo por parte de las entidades demandadas en el
deber de vigilancia y cuidado para adoptar las medidas de prevención requeridas
ante lo sucedido.
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2.6.5. Relevancia constitucional
78. Para la Sala este requisito se encuentra superado por cuanto se discute,
principalmente, si tal y como lo manifestó la parte accionante, así como las entidades
que coadyuvaron, el tribunal accionado desconoció que la Corte Constitucional
catalogó el evento catastrófico acaecido en el municipio de Mocoa como imprevisible,
y por tanto, se materializó la fuerza mayor como eximente de responsabilidad,
situación que implicaba el rompimiento del nexo de causalidad entre el daño sufrido
por el señor Floriberto Rodríguez García y la imputación a las entidades demandadas
en el ordinario, luego de considerar que las mismas incurrieron en un actuar omisivo
frente a sus deberes de gestión del riesgo.
79. Asimismo, si como indicó la entidad actora, el tribunal accionado pretermitió
los pronunciamientos de la Sección Tercera de esta Corporación en los que se ha
aludido a la responsabilidad estatal en caso de ocurrencia de fenómenos naturales.
80. Igualmente, si el juez ordinario de la causa incurrió en una valoración
irrazonable de los elementos de convicción al considerar que el señor Floriberto
Rodríguez García sufrió un daño antijurídico imputable a las entidades demandadas
en el proceso ordinario.
81. En concepto de esta Sala, todo lo anterior implica que el asunto de la acción
de tutela de la referencia no se trata de un debate de orden exclusivamente legal, el
cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el titular del derecho o el
interesado legítimo quede en un estado de indefensión.
82. Por tanto, se advierte que prima facie el asunto que se discute tiene
importancia para la interpretación de la Constitución, su aplicación, su eficacia y la
determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales y libertades
públicas.
2.7. Generalidades de los defectos invocados
2.7.1. Desconocimiento del precedente
83. Para la Sala el precedente es aquella regla de derecho creada por una alta
corte y órgano de cierre de la jurisdicción correspondiente para solucionar un
determinado conflicto, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el
mismo sentido para que dicha regla sea considerada como tal. Esta decisión es
vinculante para los demás operadores del sistema jurídico, porque, se reitera, crea
una regla aplicable a los demás asuntos que se funden en los mismos
supuestos de hecho.
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84. Lo anterior tiene lugar en el ejercicio de la actividad creadora de derecho que
ejercen los jueces, ya sea para definir la interpretación de la norma aplicable o la
forma en que debe dársele la mejor solución jurídica a los asuntos en estudio, en
caso de vacíos normativos, siempre a la luz de los preceptos constitucionales.
85. Dicha labor busca brindar mayor seguridad jurídica a los usuarios y
operadores judiciales y constituye una actividad creadora de derecho, al definir
directrices que permiten resolver una controversia bajo la primacía de la
Constitución.
86. Sin embargo, se precisa que no todas las decisiones judiciales generan una
regla o subregla, pues aquellas corresponden más al resultado de la aplicación al
caso en concreto de la norma cuyos presupuestos fácticos se subsumen al caso, sin
que exista necesariamente una actividad creadora del juez como tal14.
87. De allí que esta Sección ha considerado que la parte que invoca el
desconocimiento de un precedente judicial debe cumplir con la carga mínima de
identificar en su proceder argumentativo: (i) la decisión que considera desatendida;
(ii) la ratio de esta aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la
jurisdicción dada la analogía con la litis anterior y (iii) la incidencia de esta en la
decisión final que adopte el fallador de instancia.
2.7.2. Defecto fáctico
88. Respecto al defecto fáctico, esta Sala en decisión del 12 de noviembre del
15
2015 precisó los alcances y requisitos que deben atenderse al momento de
alegarse la ocurrencia de este en una providencia judicial, los cuales son traídos a
colación en la presente decisión así:
i) Omisión de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii)
desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de
los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las
pruebas aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con
violación del debido proceso, los cuales tienen las siguientes características:
Evento Características
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que
alega, solicitó al juez el decreto de una prueba relevante
para resolver el problema jurídico sometido a
14 Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No.
11001-03-15-000-2013-02690-01.
15 Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez,
Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
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consideración, y ésta fue negada; ello sin desconocer la
facultad del juez ordinario de negar pruebas que no
atiendan los requisitos de conducencia, pertinencia e
idoneidad. Así las cosas, es importante considerar que no
Omisión de toda negativa a un decreto de pruebas abre la posibilidad
decreto y a la configuración del defecto, ya que este procederá
práctica de cuando se rechace el decreto y práctica de la prueba que,
pruebas solicitada oportunamente, no cumpla con los parámetros
indispensables arriba señalados.
para fallar el
asunto De esta manera, se requiere:
a) Que la parte identifique el elemento probatorio que
solicitó
b) Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad
legal
c) Que se expongan las razones por las cuales la prueba
solicitada era conducente, pertinente o idónea.
d) Señalar de manera razonada el motivo por el cual, de
haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión
hubiere sido otro.
Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción
en el expediente, y estos resultan decisivos frente a los
hechos que se pretenden probar, estos no son tenidos en
Desconocimiento cuenta por el fallador ordinario. En este punto, se requiere
del acervo que de forma específica, se concrete en el escrito de
probatorio amparo, cuáles pruebas, aportadas oportuna y legalmente,
determinante fueron desconocidas por el juez.
para identificar la
veracidad de los Así las cosas, se configura siempre que:
hechos alegados
por las partes a) Se identifiquen los elementos de prueba no valorados
por el juez.
b) Se demuestre que estos fueron aportados en forma
legal y oportunamente al proceso
c) Se señalen las razones por las cuales eran
relevantes para la decisión
d) Se precise, razonadamente, la incidencia de los
mismos para variar el sentido del fallo.
Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana
crítica, la apreciación efectuada por el fallador, resulta
manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el
peso otorgado a la prueba se entiende alterado.
Valoración Requiere entonces que:
irracional o
arbitraria de las a) La parte precise cuál o cuáles de las pruebas
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pruebas fueron objeto de indebida valoración por el juez
aportadas b) La razón del por qué, en cada caso en particular, la
consideración del operador judicial se aleja de las
reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica.
El segundo de los elementos señalados, resulta de
vital importancia, pues es claro que un sencillo
desacuerdo en relación con la conclusión a la cual
arribó el juez de instancia, de ninguna manera puede
ser razón para ordenar el amparo constitucional por
este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría una
sustitución arbitraria del juez natural.
c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado
Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide
Dictar sentencia el asunto con base en pruebas que no observaron los
con fundamento requisitos legales para su producción o introducción al
en pruebas proceso. Así las cosas, el juez no ignora la prueba ni se
obtenidas con equivoca en su apreciación, pero yerra al haberla tenido
violación del en cuenta para decidir el problema jurídico que le fue
debido proceso planteado, al ser esta una prueba que desconoce el
debido proceso de las partes.
Para su configuración corresponde:
a) Señalar con claridad los elementos probatorios
aportados con violación al artículo 29 constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha
vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción fueron
el sustento de la decisión.
89. Como se observa, la parte accionante debe precisar en su escrito el cargo que
plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto, sino también, su
incidencia en la decisión judicial.
90. Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para
lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una
providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad jurídica,
la buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución
Política.
91. Asimismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida
en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre sí, de tal
manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba, como
suele ocurrir, pues ello resulta desacertado.
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2.8. Caso concreto
92. La parte actora consideró que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B incurrió en i) desconocimiento del precedente y en ii)
defecto fáctico.
93. En concreto, refirió que la autoridad accionada desatendió i) la sentencia C-
386 de 2017 de la Corte Constitucional; ii) el precedente horizontal establecido en las
sentencias proferidas por las Subsecciones A y C de la Sección Tercera del propio
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del Tribunal Administrativo de Nariño, así
como iii) las decisiones de la Sección Tercera del Consejo de Estado frente a la
fuerza mayor y la responsabilidad estatal en caso de ocurrencia de fenómenos
naturales.
94. Igualmente, esgrimió que resultaron desatendidos 46 fallos proferidos por
juzgados administrativos, al interior de procesos de reparación directa instaurados
con ocasión de lo sucedido en Mocoa en 2017, en los que se arribó a la conclusión
de que no existía responsabilidad del Estado, en la medida en que se trató de un
evento de fuerza mayor, imprevisible, irresistible y externo.
95. Asimismo, la entidad accionante arguyó que la colegiatura contra la que se
dirige el mecanismo constitucional incurrió en una valoración irrazonable de los
elementos de convicción al concluir que el señor Rodríguez García sufrió un daño
antijurídico imputable a las entidades demandadas, en el marco del proceso ordinario
adelantado por tal sujeto para reclamar los perjuicios causados por la avenida
torrencial ocurrida en el municipio de Mocoa, que causó la destrucción de un lago de
peces de su propiedad.
96. Estos argumentos fueron reiterados en la impugnación presentada por la parte
actora y las entidades coadyuvantes, quienes manifestaron que en la acción de tutela
estaban especificados los argumentos que se le atribuían a la sentencia objeto de
reproche.
En este sentido, solicitaron que se revocara la decisión tomada en primer grado por
el juez constitucional y, en su lugar, se estudiara de fondo la tutela promovida por la
parte accionante en atención a los fundamentos contenidos en el libelo y se
accediera a las pretensiones formuladas.
97. La Sala anuncia que se revocará el fallo impugnado, pero no accederá a las
pretensiones del mecanismo de amparo por las razones que se exponen a
continuación:
98. La entidad accionante esgrimió que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B desconoció que la Corte
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Constitucional en la sentencia C-386 de 2017, al referirse a la exequibilidad del
Decreto 601 de 201716, indicó que la avenida torrencial ocurrida fue imprevisible.
99. En la referida sentencia, el Alto Tribunal centró su análisis en determinar si el
Decreto 601 de 2017, “Por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social
y Ecológica en el municipio de Mocoa” cumplía con los requisitos formales y materiales
contenidos en la Constitución Política, la Ley Estatutaria de los Estados de
Excepción y la jurisprudencia constitucional para que fuera declarado dicho Estado
de excepción con el propósito de conjurar la crisis e impedir la extensión de sus
efectos.
100. Del análisis de la sentencia presuntamente desconocida se tiene que,
contrario a lo sostenido por la parte actora, la Corte Constitucional no afirmó que el
desastre natural ocurrido “fue imprevisible y de una magnitud inusitada”, sino
que ello fue mencionado por el Gobierno Nacional en la parte motiva del texto del
decreto legislativo objeto de revisión, y que el Alto Tribunal simplemente citó, pero no
como una aseveración propia.
101. En efecto, en el Decreto Legislativo en mención se indicó lo siguiente:
(…) 1. Presupuesto fáctico
Que el día viernes 31 de marzo de 2017, a las 11:30 de la noche, Mocoa, capital
del departamento de Putumayo, fue sorprendida por la creciente de varias
quebradas y de los ríos Mulato, Mocoa y Sangoyaco, avalancha que acabó con la
vida de 290 personas, dejó heridas a 332 más, afectó 1.518 familias y produjo la
desaparición de aproximadamente 200 habitantes, según Reporte General 001 del
4 de abril de 2017 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
(UNGRD).
Que el desastre natural (técnicamente conocido como avenida torrencial)
obedeció a circunstancias ambientales imprevistas y de magnitud inusitada”.
(Subrayado fuera de texto)
102. Ahora bien, debe ponerse de presente que la Corte Constitucional indicó que,
de conformidad con la línea hermenéutica reiterada en la sentencia C-216 de 2011
en torno al control material de una una declaratoria de emergencia económica, social
y ecológica por grave calamidad pública, le corresponde, entre otras, realizar un
juicio de sobreviniencia que implica verificar lo siguiente:
[Q]ue la eventualidad de carácter catastrófico “no sea únicamente de carácter grave,
“es decir, que tenga entidad propia de alcances e intensidad traumáticos, que logren
conmocionar o trastrocar el orden económico, social o ecológico”, sino que también
debe ser “imprevista, es decir, diferente a lo que se produce regular y
cotidianamente, esto es, sobreviniente a las situaciones que normalmente se
16 “Por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el municipio de
Mocoa”.
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presentan en el discurrir de la actividad de la sociedad, en sus diferentes
manifestaciones y a las cuales debe dar respuesta el Estado mediante la utilización
de sus competencias normales presupuesto que se relaciona con el juicio valorativo”.
(Énfasis fuera de texto).
103. Frente a este punto específico, la Corte Constitucional señaló que el juicio de
sobreviniencia se agota “con la comprobación del carácter sobreviniente de los hechos,
que también es de índole objetivo, esto es, que implica únicamente constatar tanto la
ocurrencia de los hechos como su carácter excepcional. Por tanto, no se trata entonces de
un análisis de valoración de la alteración del orden social, económico y ecológico o de la
circunstancia sobreviniente de los mismos, sino [de] una verificación objetiva de la
existencia de la amenaza o de la perturbación”. (Énfasis fuera de Texto).
104. Así las cosas, y al margen de que algunos de los intervinientes cuestionaran el
carácter sobreviniente, y específicamente, de la “imprevisibilidad” de lo sucedido en el
municipio de Mocoa por cuanto señalaron que existían múltiples informes según los
cuales lo acontecido fue un riesgo advertido, desobedecido y no mitigado, la Corte
Constitucional puso de presente que “el mero hecho de que algunas de las causas
materiales o físicas que explican un desastre natural o sus efectos puedan estar
relacionadas con conductas u omisiones humanas y, por tanto, no solamente puedan
explicarse sino, incluso, predecirse o advertirse —lo que además resulta cada vez más
posible por razón de los avances de la ciencia y, con ella, de la experticia técnica—, no
necesariamente quiere decir que no pueda declararse el estado de excepción de emergencia
económica, ecológica y social cuando ocurra un desastre de esa naturaleza”.
105. En este sentido, a partir del juicio objetivo al que hizo alusión el Alto Tribunal,
se advirtió que aun cuando se presentara oposición ante la imprevisibilidad de lo
acontecido, lo cierto es que a todas luces se trató de un evento extraordinario que
por las proporciones de los daños que aparejó, no existía discusión en torno a la
necesidad de que se declarara el Estado de excepción a efectos de que se
adoptarán todas las medidas necesarias para conjurar la crisis e impedir la
propagación de sus efectos.
106. Lo anterior, sumado al hecho de que, tal y como indicó la Corte Constitucional,
en el artículo 215 superior, solo se exige específicamente para la declaratoria del
estado de emergencia que “sobrevengan hechos distintos de los previstos en los
artículos 212 [Estado de Guerra Exterior] y 213 [Conmoción Interior] que perturben o
amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del
país, o que constituyan grave calamidad pública”.
107. En este orden de ideas, esta Sala de Decisión considera que el estudio
realizado por la Corte Constitucional en la sentencia C-386 de 2017 se circunscribió
a verificar si el Decreto 601 de 2017 cumplía con todos los requisitos formales y
materiales exigibles de conformidad con la Constitución Política de 1991, la Ley
Estatutaria de Estados de Excepción y la jurisprudencia constitucional para la
declaratoria del referido estado de emergencia.
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108. En efecto, aun cuando dicho estudio incluyera el juicio de sobreviniencia
desde la perspectiva de la imprevisibilidad, y que dicha etapa se haya tenido por
superada, lo cierto es que la propia Corte puso de presente que puede declararse un
estado de excepción por emergencia económica, ecológica y social cuando ocurra un
desastre de esa naturaleza, incluso “cuando algunas de las causas materiales o físicas
que explican un desastre natural o sus efectos puedan estar relacionadas con conductas
u omisiones humanas y, por tanto, no solamente puedan explicarse sino, incluso,
predecirse o advertirse”.
109. En todo caso, dicha Corporación en la sentencia presuntamente desconocida
no realizó un pronunciamiento de responsabilidad administrativa frente a las
circunstancias particulares que dieron origen al medio de control de reparación
directa en el que se profirió la decisión objeto de censura, sino que circunscribió su
análisis, como se indicó, en los distintos juicios valorativos que le permitieron verificar
la constitucionalidad de la declaratoria de determinado Estado de excepción y la
necesidad de adoptar medidas transitorias para conjurar la crisis correspondiente.
110. En este sentido, la Sala no vislumbra que la Corte Constitucional hubiese
desarrollado en la sentencia que se tuvo como desatendida una regla de derecho
aplicable al asunto en particular, pues como se indicó, su análisis se circunscribió en
un aspecto muy concreto que dista del que realiza el juez contencioso administrativo.
111. Por esto, la autoridad judicial accionada no se encontraba en la obligación de
aplicar la aludida providencia para adoptar su decisión. Esto, por cuanto, se insiste,
en aquella no se estableció una regla en torno a la responsabilidad extracontractual
del Estado por el desastre natural ocurrido en el municipio de Mocoa, Putumayo, sino
que por el contrario se limitó en ejercicio de sus facultades a resolver si el decreto de
declaratoria del Estado de excepción se acompasaba con las exigencias
constitucionales y legales.
112. Ahora bien, la parte actora consideró que la autoridad judicial accionada se
apartó injustificadamente de lo resuelto en casos análogos por las Subsecciones A y
C de la misma Corporación, del Tribunal Administrativo de Nariño y de 46 fallos
proferidos por diversos juzgados administrativos, al interior de procesos de
reparación directa instaurados con ocasión de lo sucedido en Mocoa en 2017, en los
que se desestimaron las pretensiones y en los que se tuvo como probada la fuerza
mayor como causal eximente de responsabilidad. Por esto, consideró que se vulneró
su derecho a la igualdad.
113. Con relación a este aspecto, es preciso manifestar que los fallos proferidos por
los juzgados y los tribunales administrativos no constituyen precedente para la
autoridad judicial accionada, razón por la cual no serán tenidos en cuenta.
114. Ahora bien, con relación a la presunta vulneración del derecho a la igualdad
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con ocasión a las decisiones dictadas por el propio Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y de Nariño, debe ponerse de presente que tales pronunciamientos
fueron proferidos por subsecciones e incluso una Corporación diferente a la
cuestionada en esta oportunidad, razón por la cual no se puede colegir que se
vulneró el derecho fundamental contenido en el artículo 13 superior, en razón del
principio de autonomía e independencia de los jueces.
115. Así las cosas, se tiene que en el caso concreto no se trató de una misma
autoridad judicial que, bajo idénticos supuestos fácticos y jurídicos, decidió dos casos
de manera diferente. En consecuencia, se descarta cualquier análisis de las
providencias dictadas por las Subsecciones A y C del Tribunal de Cundinamarca, así
como del de Nariño.
116. Por otro lado, la entidad actora esgrimió que con ocasión a lo resuelto por la
Colegiatura accionada resultaron desatendidos unos pronunciamientos de la Sección
Tercera del Consejo de Estado en torno a la fuerza mayor y la responsabilidad
estatal en caso de ocurrencia de fenómenos naturales.
117. En específico, se trajeron a colación las decisiones proferidas por la Sección
Tercera del Consejo de Estado i) el 30 de junio de (2015), radicado 25000-23-26-
000-1996- 02987-01(33112); ii) el 28 de mayo de 2015, radicado 15001-23-31-000-
2000-00160-01(34307) y; iii) el 20 de septiembre de 2007, radicado 70001-23-31-
000-1997-06259-01(16014).
118. Del análisis del escrito tutelar se tiene que aun cuando el accionante identificó
las decisiones que consideraba desatendidas, se limitó a citar in extenso apartados
de las mismas sin precisar, siquiera sucintamente, la ratio aplicable al caso materia
de análisis.
119. Pese a ello, se evidencia de los apartados traídos a colación que dichos
pronunciamientos giraron en torno a medios de control de reparación directa
promovidos con ocasión de perjuicios que se produjeron, presuntamente, como
consecuencia de la ocurrencia de fenómenos naturales, cada uno atendió a
circunstancias particulares y específicas que, por tanto, no guardan plena identidad
fáctica con lo acontecido en Mocoa.
120. No obstante, se advierte que los extractos citados por la parte accionante
convergen en el sentido de indicar que la responsabilidad patrimonial del Estado por
los daños provenientes de la ocurrencia de fenómenos naturales depende de la
previsibilidad, así como de la demostración de un incumplimiento del deber de
vigilancia y cuidado.
121. En el caso concreto se tiene que el Tribunal de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B advirtió que con antelación a la avenida torrencial ocurrida el
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31 de marzo de 2017 en Mocoa, existía conocimiento de la vulnerabilidad y
predisposición de la zona ante tales fenómenos naturales, al punto que la UNGRD
presentó un informe técnico en el que expuso que el desastre sí era previsible.
122. En este sentido, especificó que no se afirmaba que la actuación u omisión de
la administración produjo el evento natural, sino que fue su omisión en desplegar las
medidas de prevención ante avenidas torrenciales lo que constituía un actuar
desprovisto de diligencia para conjurar los posibles efectos de un fenómeno natural
de esta clase, sobretodo, teniendo en cuenta la existencia de conceptos técnicos que
indicaban la posibilidad de implementar medidas para mitigar riesgos asociados con
la situación acaecida.
123. En virtud de lo anterior, y dada la previsibilidad de lo sucedido, el tribunal
accionado, en ejercicio de su autonomía judicial, consideró que las entidades
demandadas no ejecutaron las acciones necesarias y pertinentes para conjurar los
efectos de la avenida torrencial presentada en Mocoa, con lo cual desconocieron el
deber de vigilancia y cuidado a su cargo pues se advirtió que, ni siquiera existía un
Sistema de Alertas Tempranas en el municipio para el momento de los hechos,
situación a partir de la cual concluyó que en ese asunto debía accederse a las
pretensiones invocadas en la demanda de reparación directa.
124. Por lo expuesto, resulta claro para esta Sala de Decisión que el
desconocimiento del precedente invocado por la parte actora no tiene vocación de
prosperidad.
125. Arribados a este punto corresponde analizar si la judicatura accionada, valoró
de manera errónea i) el contrato entre el demandante y el INCODER, ii) la
declaración extrajuicio del señor Floriberto Rodríguez García y, iii) la constancia de
su inclusión en el Registro Único de Damnificados; elementos de convicción que, en
sentir de la tutelante, no daban cuenta ni del monto de las pérdidas materiales del
señor Floriberto García Rodríguez, ni tampoco del perjuicio moral presuntamente
soportado.
126. La actora expuso que el señor Rodríguez García no había precisado el valor
del supuesto daño, pues no allegó soportes de la compra de los peces ni indicó su
peso, clase o alimento, y por tanto, no habían elementos de convicción que dieran
cuenta de su existencia y tampoco de que haya sido damnificado como
consecuencia de la avenida torrencial.
127. Tal y como se puso de presente en líneas anteriores, teniendo en cuenta que
estos medios probatorios tratan de cuestionar la tasación del perjuicio material, con
ocasión a la condena en abstracto, este juez constitucional no se pronunciará frente
al particular toda vez que la parte accionante puede formular sus reproches en este
sentido al interior del trámite incidental que se adelante.
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128. Con tal precisión, debe abordarse el reproche relacionado con la valoración de
los elementos de convicción que efectuó el tribunal accionado para concluir que se
debía condenar a las entidades demandadas por el perjuicio moral ocasionado al
señor García Rodríguez.
129. En específico, la parte accionante reprochó que para probar el daño moral se
tuviera en cuenta la declaración juramentada siendo que, durante el desarrollo de la
audiencia de pruebas, la parte demandante prescindió de dicho testimonio.
130. En lo que atañe a este punto en concreto, la Sala observa que la judicatura
tutelada, en ejercicio de su autonomía, consideró que dicha declaración en la que se
manifestó que la pérdida del pozo implicó para el señor García Rodríguez una fuerte
escasez y una crisis económica que le aparejó una congoja y angustia que debía ser
resarcida, resultaba una prueba pertinente, conducente y útil para concluir que se
debía condenar a las demandadas por el perjuicio moral.
131. Al efecto, recordó que el perjuicio moral no se limita a las lesiones, muerte o
privación de la libertad de un individuo, sino que, además, comprende todo aquello
que haya producido el dolor y la congoja en la persona, que bien pudo haber ocurrido
por la afectación al derecho de propiedad protegido constitucionalmente. En el caso
concreto, el tribunal señaló que el sustento del señor García Rodríguez y el de su
familia, dependía de las actividades de piscicultura que realizaba.
132. Así, atendiendo al principio de equidad y al arbitrio iuris, y teniendo en cuenta
la naturaleza del hecho causante del daño antijurídico y las condiciones particulares
del individuo, consideró que debía ser indemnizado por concepto de perjuicio moral
como consecuencia del actuar omisivo de las entidades demandadas ante el deber
de vigilancia y cuidado para adoptar las medidas de prevención pertinentes para
mitigar la magnitud de lo sucedido.
133. En el presente asunto, la Sala no advierte una valoración caprichosa, arbitraria
o irrazonable del juez natural, quien en ejercicio de su autonomía e independencia
analizó los medios de convicción y consideró que existían unos perjuicios que debían
ser reparados.
134. En todo caso, también debe tenerse en cuenta que cuando se trata de
cuestionar el análisis probatorio hecho por los operadores jurídicos de instancia, el
juez de tutela se encuentra limitado, pues solo puede tomar medidas ante la
existencia de una valoración a todas luces arbitraria o caprichosa. Lo anterior, debido
a que no cuenta con la inmediatez para evaluar los medios de convicción, como sí la
tienen los juzgadores naturales, que realizan el estudio probatorio en ejercicio de su
autonomía e independencia. Sobre el punto se pronunció la Corte Constitucional en
la sentencia SU-132 del 2002:
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Los jueces son autónomos e independientes para proferir sus decisiones. La
jurisdicción constitucional establecida en sede de tutela no está llamada a
sustituirlos ni a erigirse en última instancia de decisión, ni a resolver las cuestiones
litigiosas en los procesos. En materia probatoria, la revisión que efectúa el juez
de tutela es, entonces, muy limitada por la dificultad que éste encuentra para
calificar de fondo el comportamiento del fallador al valorar los elementos
probatorios allegados al proceso bajo su conocimiento, dada la falta de
inmediatez del juez constitucional con respecto de la práctica de los mismos.
Escapa de la órbita de la competencia del juez de tutela, no obstante la
argumentación de la violación de derechos fundamentales de las personas, ejercer
una valoración de los medios de prueba tal y como le correspondería efectuar al
juez de la causa. El análisis que debe realizarse en la sede de tutela, no se compara
con los alcances de las potestades de los jueces para la práctica y valoración de los
medios de prueba dentro de un proceso en especial, ni para concluir sobre la
conducencia de los mismos para la demostración de los hechos en discusión. El
juez de tutela cumple con la función de verificar si en la decisión pertinente se
evidencia una irregularidad protuberante con las características de una vía de
hecho. De advertirla, emite las órdenes con los parámetros constitucionales
que sean necesarios para que el juez natural enmiende el error en que se
incurrió con violación del ordenamiento superior.
(…)
En la valoración probatoria efectuada por una autoridad judicial, prima la autonomía
e independencia del juez que la realiza. Lo que se rechaza de la misma es el posible
exceso en que se pueda llegar a incurrir, por un ejercicio arbitrario de esa
discrecionalidad. Esto es lógico, puesto que como director del proceso, el juez de la
causa es el que está llamado a determinar la utilidad, pertinencia y procedencia del
material probatorio, a través de criterios objetivos y razonables, de manera que
pueda formar su convencimiento y sustentar la decisión final, utilizando las reglas de
la sana crítica.
135. Por lo tanto, como en el presente asunto no se advirtió una valoración
caprichosa, arbitraria, irrazonable o contraevidente por parte del juez natural, el
defecto fáctico invocado por la parte accionante no tiene vocación de prosperidad.
136. En tal sentido, el hecho de que la decisión objeto de reproche resultara
desfavorable a los intereses de la accionante, quien integró la parte demandada del
proceso ordinario, no implica per se que el operador jurídico cuestionado vulnerara
sus derechos fundamentales.
2.9. Conclusión
137. Para esta colegiatura, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B, al proferir la sentencia del 25 de marzo de 2022, no incurrió
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en el defecto fáctico y por desconocimiento del precedente invocados.
138. Bajo tal orientación, esta Sala de Decisión revocará la providencia del 15 de
julio de 2022, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera de esta
Corporación que declaró la improcedencia de la tutela promovida por
Corpoamazonía y coadyuvada por la UNGRD, la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, el Departamento del Putumayo y el Municipio de Mocoa, para en
su lugar, declarar la improcedencia respecto del defecto fáctico relacionado con la
condena por perjuicios materiales y negar el amparo solicitado en lo restante.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NO ACCEDER a la solicitud de desvinculación propuesta por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
SEGUNDO: RECONOCER la calidad de coadyuvantes de la UNGRD, la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el Departamento del Putumayo y el
Municipio de Mocoa.
TERCERO: REVOCAR la sentencia del 15 de julio de 2022 proferida por la Sección
Tercera, Subsección C de esta Corporación para, en su lugar, DECLARAR LA
IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida por CORPOAMAZONÍA contra
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B
respecto al defecto fáctico en lo relacionado con el perjuicio material y NEGAR en lo
restante.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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