Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02848-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02848-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-02848-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
14 de julio de 2022
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea de Colombia
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02848-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02848-00
Demandantes: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – FUERZA AÉREA DE
COLOMBIA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y
OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial – defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente – reajuste de la asignación
básica mensual de los funcionarios de la Fuerza Pública de
acuerdo con el índice de precios al consumidor
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela que ejerció la
Nación – Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea de Colombia contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Diecinueve Administrativo del
Circuito Judicial de Santiago de Cali.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito enviado el 24 de mayo de 2022 al buzón web de la Secretaría
General del Consejo de Estado, la Nación – Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea
de Colombia, a través de apoderada, ejerció acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Diecinueve Administrativo del
Circuito Judicial de Santiago de Cali, con el fin de que se ampararan sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
igualdad.
2. La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales,
con ocasión de las sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca y el Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito Judicial de Santiago
de Cali el 17 de febrero de 2022 y el 9 de julio de 2020, respectivamente,
mediante las cuales se accedió a las pretensiones de la demanda que presentó la
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señora Maximina Prado, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, contra la Nación – Ministerio de Defensa – Fuerza
Aérea de Colombia.
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
“SEGUNDA: Como consecuencia de la declaratoria anterior, se conceda el amparo
de tutela solicitado por la Nación – Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea
Colombiana y en consecuencia DEJAR SIN EFECTO tanto la sentencia de primera
instancia proferida el 09 de julio de 2020, como la sentencia de segunda instancia
proferida por el Juzgado Diecinueve Administrativo Oral del Circuito de Cali,
confirmada por el Honorable Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 17 de
febrero de 2022, Magistrado Ponente VICTOR ADOLFO HERNANDEZ DIAZ,
notificada a la entidad a través del canal digital el día 11 de marzo de 2022,
emitida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicada
bajo el No. 76001 33 33 019 2017 00208 01.
Que en virtud de lo anterior, se revoque el fallo de primera y segunda instancia
proferido por el Juzgado diecinueve (19) Administrativo Oral del Circuito de Cali y
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca respectivamente, por incurrir en un
DEFECTO SUSTANTIVO”, “DEFECTO FÁCTICO”, “DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE” y “VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN”.
TERCERA: ORDENAR al Honorable Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
que, en el término, dispuesto por su digno Despacho, contado a partir de la
notificación la providencia, profiera nueva sentencia, bajo los lineamientos
señalados en la presente Acción de Tutela.” (Sic a toda la transcripción)
1.2. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
4. La señora Maximina Prado estuvo vinculada a la Fuerza Aérea de Colombia
desde el 8 de junio de 1982 y hasta el 23 de junio de 2002, fecha a partir de la
cual se le reconoció una asignación de retiro conforme al último cargo que ejerció,
esto es, adjunto tercero1. El 20 de abril de 2017, solicitó que se reliquidara el
monto de la referida prestación económica, por cuanto el incremento de los
1 El artículo 12 del Decreto 1214 de 1990 “Por el cual se reforma el estatuto y el régimen prestacional civil
del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional”, derogado por el Decreto 1792 de 2000, establecía lo
siguiente en relación con este cargo: “Artículo 12. Adjuntos. Son adjuntos los empleados públicos que
posean título de escuelas o institutos de enseñanza técnica, o que, sin ostentarlo, acrediten experiencia e
idoneidad en la especialidad, mediante pruebas exigidas por la autoridad nominadora, de conformidad con la
reglamentación que expida el Gobierno.
Los Adjuntos tienen las siguientes categorías, en orden descendente:
a) Adjunto jefe;
b) Adjunto Intendente;
c) Adjunto Mayor;
d) Adjunto Especial;
e) Adjunto Primero;
g) Adjunto Tercero.” (Negrita y subrayado fuera del texto)
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salarios que recibió de los años 1997 a 2002 fue inferior al índice de precios
consumidor, sin embargo, su petición se resolvió desfavorablemente.
5. La señora Maximina Prado presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de
Defensa – Fuerza Aérea de Colombia, con el fin de que se declarara la nulidad de
los actos administrativos2 mediante los cuales se negó el reajuste de la asignación
básica mensual que percibió de los años 1997 a 2002 y, en consecuencia, la
reliquidación de su pensión de jubilación.
6. El proceso le correspondió en primera instancia al Juzgado Diecinueve
Administrativo del Circuito Judicial de Santiago de Cali que, mediante fallo del 9 de
julio de 2020, accedió las pretensiones de la demanda y, expresamente, dispuso:
“1. DECLARAR NO PROBADAS las excepciones propuestas por el ente
demandado.
2. DECLARAR la nulidad de los oficios Nos. OFI17-31528 MDNSGAGPSAP del 24
y 26 de abril de 2017, respectivamente, por las razones expuestas.
3. DECLARAR el reajuste de la asignación básica en actividad de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva.
4. DECLARAR el reajuste de la pensión de jubilación de la señora Maximina Prado
conforme a lo indicado en la parte motiva.
5. A título de restablecimiento del derecho CONDENAR a la Nación – Ministerio de
Defensa – Fuerza Aérea Colombiana al pago de la suma de un millón ochocientos
setenta y cinco mil novecientos noventa y siete pesos ($1’875.997) a favor de
Maximina Prado por concepto de diferencias retroactivas entre el 20 de abril de
2014 y el 30 de junio {de} 2020. A partir del 01 de julio de 2020 la mesada de la
señora Maximina Prado sería de $1’280.364.
6. SIN COSTAS en esta instancia.
(…)”
7. Inconforme con lo anterior, la Nación – Ministerio de Defensa – Fuerza
Aérea de Colombia interpuso recurso de apelación y la alzada le correspondió
resolverla al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, autoridad judicial que,
con sentencia del 17 de febrero de 2022, confirmó la decisión recurrida y condenó
en costas a la entidad3, al considerar, entre otras cosas, lo siguiente:
“Ahora, de acuerdo con la regla jurisprudencial fijada por la Corte Constitucional en
la sentencia C-1433 de 2000, se tiene que no puede el Gobierno Nacional hacer
incrementos inferiores al IPC a quien devengue hasta dos (2) salarios mínimos
legales mensuales vigentes, por lo tanto, se procede a revisar si el ajuste de
2 Oficios OFI17-21528 MDNSGAGPSAP del 24 de abril de 2017 y 201734484751 del 26 de abril de
2017.
3 En el numeral 2° de la sentencia del 17 de febrero de 2022, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca dispuso: “SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS a la parte demandada en esta instancia. Las
agencias en derecho se fijan {en} un (1) SMLMV a la fecha de ejecutoria.”
3
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salarios de la actora cumple con esta regla.
La Subdirección de Personal de la Fuerza Aérea Colombiana, certificó los grados y
salarios devengados por la actora para los años 1997 a 2002.
(…)
De acuerdo con lo anterior, se encuentra acreditado que la actora durante los años
comprendidos ente 1997 y 2002 devengó salarios inferiores a los dos (2) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, por lo tanto, el incremento se debía realizar
conforme el IPC y, comoquiera que no se efectuó en esta forma, se quebranta la
regla jurisprudencial fijada por la Corte Constitucional C-1433 de 2000, QUE
TIENE COMO destinatarios aquellos que tengan un salario no superior a los dos
(2) S.M.M.L.V.
En este sentido, al asistirle a la parte demandante el derecho al reajuste de la
asignación básica mensual por el periodo 1997 a 2002, debe confirmarse la
decisión de primera instancia, por los motivos expuestos en esta providencia”
8. La sentencia del 17 de febrero de 2022 se notificó por correo electrónico
enviado el 11 de marzo de 2022 a las 5:38 p.m.
1.3. Sustento de la vulneración
9. La parte actora aseguró que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y
el Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito Judicial de Santiago de Cali
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la igualdad, por las razones que se exponen a
continuación:
10. De manera preliminar, describió el núcleo esencial de las garantías
superiores que invocó y sostuvo que la solicitud de amparo cumplía con todos los
requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia
judicial.
11. Posteriormente, indicó que como fundamentos jurisprudenciales de la
solicitud de amparo identificaba las sentencias del Consejo de Estado – Sección
Segunda – Subsección A del 20 de septiembre de 20204 y 28 de enero de 20215.
12. Hizo un recuento normativo, desde 1989 hasta la actualidad, de las
disposiciones que regulan el régimen salarial y prestacional de los miembros de la
Fuerza Pública.
13. Al argumentar el fondo de la vulneración, consideró que las autoridades
judiciales accionadas incurrieron en los defectos sustantivo y desconocimiento del
precedente, por lo siguiente:
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
Sentencia del 20.09.20., M.P. William Hernández Gómez, Rad. 25000-23-42-000-2016-01078-01.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
Sentencia del 28.01.21., M.P. Gabriel Valbuena Hernández, Ra. 25000-23-42-000-2017-00214-01.
4
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14. Manifestó que no se tuvieron en cuenta los Decretos 122 de 1997, 58 de
1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001 y 745 de 2002 expedidos por el
Gobierno Nacional en los que se estableció la escala gradual salarial de los
miembros de la Fuerza Pública, pues, la señora Maximina Prado percibió su
asignación básica mensual de conformidad con esas normas, las cuales además
no fueron objeto de control de legalidad por parte de la jurisdicción contencioso-
administrativa.
15. Aclaró que se interpretaron de manera equivocada los “presupuestos
normativos y jurisprudenciales aplicables al caso”, porque de conformidad con la
sentencia del Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A del 28 de
enero del 20216 no era procedente el reajuste de la asignación básica mensual.
16. Precisó que se ha ordenado el reajuste de los incrementos de conformidad
con el IPC7 para los años 1997 a 2004, pero “sobre la asignación de retiro” y a
quienes se le había reconocido esa prestación para aquel momento, por lo que no
había lugar a acceder a las pretensiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
17. Por otra parte, describió en qué consistía la excepción de
inconstitucionalidad y manifestó que, si bien la accionante solicitó que no se
aplicaran los referidos decretos expedidos por el Gobierno Nacional, lo cierto es
que ese control de constitucionalidad no podía operar de oficio, puesto que la
señora Maximina Prado no formuló “los cargos de inconstitucionalidad para cada uno
de los Decretos”.
18. En este punto, reiteró que las referidas normas gozaban de presunción de
legalidad y que la demandante del proceso ordinario tenía a su disposición medios
de control para controvertirlas. Además, consideró que no existía una
contradicción “manifiesta, palmaria, o flagrante” entre los decretos y la Constitución,
por lo que no había lugar a que se aplicara la excepción de inconstitucionalidad.
19. De otro lado, expuso el análisis que hizo la Corte Constitucional en la
sentencia C-432 de 2004 respecto del régimen prestacional especial de los
miembros de la Fuerza Pública y advirtió que:
“A partir de dichos postulados, es menester precisar que las asignaciones básicas
y demás prestaciones sociales para el personal de la Fuerza Pública, se ciñen a lo
dispuesto en el régimen especial cuya aplicación es de estricto cumplimiento, sin
que pueda pretenderse la aplicación del régimen ordinario a la Asignación básica
salarial y otras prestaciones devengadas por los miembros de la Fuerza Pública en
actividad, pues esto, a todas luces quebranta el principio de inescindibilidad de la
norma, máxime cuando el Decreto 1224 de 1990, ha establecido múltiples
beneficios en favor de estos.”
6 Ibidem.
7 Índice de Precios al Consumidor.
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20. Transcribió parte de las consideraciones del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca esbozadas en la sentencia del 17 de febrero de 2022 para
resolver el problema jurídico que formuló y consideró que ellas eran contrarias a lo
dispuesto en las sentencias proferidas por el Consejo de Estado – Sección
Segunda – Subsección A que identificó como desconocidas.
21. Al respecto, aclaró que se incurrió en un error al aplicar la regla de decisión
establecida en la sentencia de la Corte Constitucional C-1433 de 2000, porque si
bien la señora Maximina Prado devengaba menos de 2 salarios mínimos legales
mensuales vigentes, lo cierto es que el órgano de cierre en materia de derecho
laboral administrativo no ha estado de acuerdo con ello.
22. Puso de presente que la demandante del proceso ordinario, por estar
cobijada por un régimen especial, tenía derecho a percibir otros emolumentos
distintos a la asignación básica tales como las primas de servicios, actividad,
alimentación y navidad, subsidio familiar y auxilio de transporte, por lo que no
podía afirmarse que perdió poder adquisitivo.
23. Por otra parte, indicó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
omitió estudiar si el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
que ejerció la señora Maximina Prado había caducado, por cuanto ella ya se había
retirado del servicio.
24. En este punto, transcribió apartes de la sentencia del Consejo de Estado –
Sección Segunda – Subsección B del 18 de mayo de 20188 relacionados con la
caducidad del medio de control que ejercen las personas que fueron
desvinculadas de la entidad a la que demandan y aseguró:
“De contera con el postulado normativo, esto es, el artículo 164 del CPACA y la
jurisprudencia traída en mención, que avala una postura del Honorable Consejo de
Estado, es claro que el medio de control invocado por la señora MAXIMINA
PRADO, se encontraba caduco, pues dicha prestación (ASIGNACION BÁSICA
SALARIAL) con ocasión a su retiro, paso (sic) de ser de carácter periódico a
carácter definitivo cuando se retiró del servicio activo el día 23 de junio de 2002,
encontrándose más que fenecido el término para solicitar el reconocimiento del
incremento o reajuste a la asignación básica que devengaba en actividad con la
aplicación del índice de Precios al Consumidor, configurándose así un defecto
material o sustantivo que no daba lugar ni siquiera al estudio del medio de control,
por configurarse la ineptitud sustantiva de la demanda, respecto de los actos
objeto de juicio.”
25. También indicó que se incurrió en un defecto sustantivo por la condena en
costas impuesta por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, comoquiera
que esa autoridad judicial no indicó las razones que soportaban esa decisión y,
además, porque era excesiva teniendo en cuenta que sobrepasaba en más del
8Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
Sentencia del 18.05.18., M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad. 25000-23-42-000-2014-01388-00.
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50% la suma de dinero que debía pagar la entidad a título de restablecimiento del
derecho.
26. Indicó que no se observó lo dispuesto en los artículos 188 de la Ley 1437
de 2011 y 362 de la Ley 1564 de 2012, porque la Nación – Ministerio de Defensa –
Fuerza Aérea de Colombia no tuvo una conducta dilatoria en el proceso y tampoco
actuó de mala fe. Además, manifestó que “no obra prueba siquiera sumaria que dé
cuenta de la causación de las mismas”.
27. Precisó que permitirse que una condena en costas supere el 50% de las
pretensiones que se reconocieron haría que “nadie se atrevería a cuestionar los fallos
de primera instancia” y se desconocerían los derechos a la defensa y a la doble
instancia.
28. Por último, insistió en que debía concederse el amparo, toda vez que, si
bien el órgano de cierre en materia de derecho laboral administrativo consideraba
que debían reliquidarse las pensiones de los miembros de la fuerza pública que
fueron “retirados entre 1997 a 2004”, lo cierto es que no era dable ordenar el reajuste
de las asignaciones básicas mensuales que percibieron.
29. Lo anterior, con fundamento en la sentencia proferida por el Consejo de
Estado – Sección Segunda – Subsección A del 12 de agosto de 20219.
1.4. Trámite de la acción de tutela
30. La magistrada que funge como ponente de la presente decisión, mediante
auto del 13 de junio de 2022, admitió la demanda de tutela y dispuso su
notificación a la parte actora, así como a los magistrados del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y al juez Diecinueve Administrativo del Circuito
Judicial de Santiago de Cali, en calidad de autoridades judiciales accionadas.
31. Igualmente, vinculó como terceros con interés a la señora Maximina Prado
y al Ministerio Público. Además, ordenó publicar copia digital de la demanda y del
auto admisorio en las páginas web del tribunal y el juzgado, y notificar a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los términos y para los efectos
previstos en el artículo 610 de la Ley 1564 de 2012.
1.5. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en la copia digital del expediente de la acción de tutela, se presentaron las
siguientes intervenciones:
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
Sentencia del 12.08.22., M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, Rad. 25000-23-42-000-2017-
05764-01.
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1.5.1. Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito Judicial de Santiago
de Cali
32. Con escrito enviado por correo electrónico el 16 de junio de 2022 al buzón
web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el titular del despacho
sostuvo que, en efecto, había conocido en primera instancia el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho y, por ello, ratificaba “lo decidido y plasmado
en el expediente”.
33. Aseguró que la parte actora no cumplía con la “carga argumentativa” para
demostrar la vulneración de derechos fundamentales que alegó y que, en todo
caso, su decisión se fundamentó en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y
el Consejo de Estado aplicable al caso.
34. Allegó la constancia de publicación de la demanda y del auto admisorio, y
remitió el enlace para acceder al expediente digital del proceso ordinario.
35. En ese orden de ideas, pidió que se negara el amparo deprecado.
1.5.2. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
36. Con escrito enviado por correo electrónico el 21 de junio de 2022 al buzón
web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el magistrado ponente de la
decisión de segunda instancia cuestionada sostuvo que las garantías
constitucionales de la accionante no fueron transgredidas, por cuanto la sentencia
del 17 de febrero de 2022 estuvo debidamente argumentada y sustentada.
37. Manifestó que la providencia atacada se fundamentó en las reglas de
decisión establecidas por la Corte Constitucional en las sentencias C-1433 de
2000 y C-1064 de 2001, teniendo en cuenta que la asignación básica que percibió
la señora Maximina Prado era inferior a 2 salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
38. Por otra parte, indicó que la condena en costas atendió al criterio “objetivo-
valorativo” adoptado por el Consejo de Estado a partir del artículo 188 de la Ley
1437 de 2011 y, por ello, tampoco se vulneraban los derechos fundamentales de
la Fuerza Aérea de Colombia.
39. Finalmente, señaló que la acción de tutela se pretendía utilizar como si se
tratara de una “tercera instancia”, por no estar conforme con lo decidido en segunda
instancia en el proceso ordinario.
40. Así las cosas, solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda.
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1.5.3. La señora Maximina Prado10, el Ministerio Público y la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado, a pesar de haber sido notificados en debida
forma, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
41. Esta Sala es competente para resolver la acción de tutela ejercida por la
Fuerza Aérea de Colombia contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y
el Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito Judicial de Santiago de Cali, de
conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por los
Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021, así como en el artículo 13 del Acuerdo 80
de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Cuestión previa
42. En el encabezado de la demanda la parte actora señaló que las autoridades
judiciales accionadas eran el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el
Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito Judicial de Santiago de Cali.
43. No obstante, únicamente es pertinente estudiar la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 17 de febrero de 2022, comoquiera
que esta decisión fue la que resolvió el recurso de apelación que se interpuso
contra el fallo que dictó el Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito Judicial
de Santiago de Cali el 9 de julio de 2020 y, en ese sentido, puso fin al medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió la señora
Maximina Prado contra la Nación – Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea de
Colombia.
44. Así las cosas, el análisis de este juez constitucional recaerá únicamente
sobre la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
2.3. Legitimación en la causa
45. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene
toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos
10 El 5 de julio de 2022 a las 4:01 p.m. el despacho de la magistrada que funge como ponente de la
presente decisión se comunicó telefónicamente con la abogada Ana Milena Rivera Sánchez, que
actuó como apoderada de la demandante del proceso ordinario, para que suministrara los datos de
contacto de la ciudadana. La asistente legal de la referida profesional del derecho manifestó que el
correo electrónico de notificación de la señora Maximina Prado es: jimeandre18@hotmail.com y su
número telefónico 602 – 4406331. Por ello, se solicitó a la Secretaría General del Consejo de
Estado que notificara a la tercera con interés al referido buzón web, lo cual se realizó el 6 de julio
de 2022 a las 8:35 a.m.
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resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y
sumario.
46. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que toda
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá
ejercer la acción descrita por sí mismo o por representante, o a través de un
agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no
esté en condiciones de promover su propia defensa.
47. Desde el proferimiento por parte de la Corte Constitucional de la sentencia
T-416 de 199711, se estableció que la legitimación en la causa por activa
constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se
analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se
discute en el proceso de tutela.
48. En la sentencia T-086 de 201012, la Alta Corporación reiteró que “Esta
exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un
derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior no se
opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a través de
representante legal, apoderado judicial o aun de agente oficioso”.
49. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 201113, indicó que la
legitimación en la causa por activa constituye una garantía de que la persona que
ejerce la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo
que se solicita al juez constitucional, “de tal forma que fácilmente el fallador pueda
establecer que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante”.
50. En la sentencia T-435 de 201614, la Corte estableció las condiciones que
deben concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro de los cuales hizo
especial énfasis en la titularidad de los derechos fundamentales reclamados, lo
cual quedó reiterado en la SU-454 de 201615, en la que, adicionalmente, señaló
que el estudio de la legitimación en la causa de las partes es un deber de los
jueces constitucionales y constituye un presupuesto procesal de la demanda.16
11 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-416, 28.08.97., M.P. Antonio
Barrera Carbonell.
12 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-083, 15.02.10., M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
13 Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-176, 14.03.11., M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
14 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-435, 12.08.16., M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
15 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-454, 25.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
16 Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-511,
08.08.17., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Así mismo, Corte Constitucional, Sala Tercera de
Revisión, Sentencia T-318, 19.09.18., M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, en la cual se señaló:
“En el marco de los procesos de amparo, previo al estudio del fondo del caso planteado, el juez constitucional
debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, que al tenor
del artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se sintetizan en: (i) la existencia de
legitimación en la causa por activa y por pasiva; (ii) la instauración del recurso de protección de manera
oportuna (inmediatez); y (iii) el agotamiento de los mecanismos judiciales existentes, salvo que tales vías no
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51. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que la
Nación – Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea de Colombia es la titular de los
derechos fundamentales que reclama, en consideración a que fungió como
demandada en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el
que se profirió la providencia censurada.
52. En consecuencia, la accionante goza de legitimación en la causa por
activa, presupuesto procesal que al superarse permite el estudio sobre los
requisitos de procedibilidad y el núcleo esencial de los derechos fundamentales
presuntamente vulnerados.
53. En relación con la autoridad accionada, se advierte que la demanda se
dirigió contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que profirió la decisión
que, a juicio de la parte actora, vulneró sus derechos fundamentales, por lo que
se encuentra legitimado por pasiva.
2.4. Problemas jurídicos
54. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la accionante, los
argumentos del libelo introductorio, las intervenciones presentadas y el material
probatorio recaudado, los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son
los siguientes:
¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de
la acción de tutela contra providencia judicial?
55. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo
siguiente:
¿El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia
y a la igualdad de la parte actora, por presuntamente incurrir en los defectos
sustantivo y desconocimiento del precedente al proferir la sentencia del 17
de febrero de 2022, mediante la cual confirmó el fallo dictado por el
Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito Judicial de Santiago de Cali
el 9 de julio de 2020, a través del cual se accedió a las pretensiones de la
demanda que presentó la señora Maximina Prado, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Nación –
Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea de Colombia?
56. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción
de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de
procedibilidad adjetiva; y (iii) el análisis del caso concreto.
sean eficaces o idóneas, o en su defecto se configure la ocurrencia de un perjuicio irremediable
(subsidiariedad)”.
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2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
57. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
17
2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 18 y declaró su
procedencia.19
58. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como
parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i)
relevancia constitucional ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
59. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que
la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.
60. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.6. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.6.1. Relevancia constitucional
2.6.1.1. Análisis del requisito en relación con la condena de costas
procesales
61. La parte actora sostuvo que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
también vulneró sus derechos fundamentales con ocasión de la condena en
costas que le impuso, toda vez que: (i) no indicó las razones que soportaban esa
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
18 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
19 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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decisión; (ii) era excesiva, porque el monto superaba el 50% de las pretensiones
reconocidas; y (iii) no observó lo dispuesto en los artículos 188 de la Ley 1437 de
2011 y 362 de la Ley 1564 de 2012, teniendo en cuenta que la entidad no tuvo una
conducta dilatoria y tampoco actuó de mala fe.
62. La Sala advierte que las controversias suscitadas en torno a las condenas
de costas procesales no superan el requisito de procedibilidad adjetiva de la
relevancia constitucional, comoquiera que se trata de asuntos meramente legales
y de carácter económico
63. En efecto, respecto de la naturaleza y composición de las costas
procesales, la Sala Especial de Decisión No. 27 del Consejo de Estado, en la
sentencia de unificación jurisprudencial del 6 de agosto de 201920, sostuvo lo
siguiente:
“5.1 Costas procesales –concepto, composición y configuración
72. Las costas procesales son aquella erogación económica que debe asumir la
parte que resulte vencida en un proceso judicial, que se compone de las i)
expensas y las ii) agencias en derecho.
73. Las primeras responden a los gastos necesarios para tramitar el proceso,
tales como son el valor de copias, publicaciones, impuestos de timbre, honorarios
de peritos, honorarios de auxiliares de la justicia, gastos de desplazamiento por
diligencias fuera del despacho judicial, gasto de traslado de testigos, por citar
algunos ejemplos.
74. Las segundas -agencias de derecho-, obedecen a la suma que el juez debe
ordenar en beneficio de la parte favorecida con la condena en costas, para
reconocerle los costos afrontados por la representación de un abogado o, si
actuó en nombre propio, como contraprestación por el tiempo y esfuerzo
dedicados a la causa” (Negrita propia del texto)
64. Desde ese panorama, es evidente que las costas, en sus dos componentes,
repercuten económicamente en el patrimonio del demandante o del demandado,
según el caso, toda vez que lo que se pretende es el pago de una suma de dinero
proporcional a los gastos en que hubiera incurrido la parte vencedora del litigio.
65. Por otra parte, la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 201921, en
relación con el análisis que el juez de tutela debe hacer para establecer si un
asunto cumple con el requisito de relevancia constitucional, indicó que:
“48. Primero, la controversia debe versar sobre un asunto constitucional,
pero no meramente legal y/o económico22. Según la jurisprudencia constitucional,
las discusiones de orden legal, esto es, aquellas relativas a un derecho de índole
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N°27,
Sentencia de Unificación del 06.08.19., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 15001-33-33-007-2017-
00036-01.
21 Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia SU-513 del 27.11.19., M.P. Carlos Bernal Pulido.
22 Ob. Cit. “Sentencia SU-439 de 2017”.
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económica23, deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos
para su trámite24, dado que “le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma
imprudente en asuntos de carácter netamente legal o reglamentario”25, so pena
de “involucrarse en [cuestiones] que corresponde definir a otras jurisdicciones”26.
En tales términos, un asunto carece de relevancia constitucional, según lo ha
considerado la Corte, (i) cuando la discusión se limita a la mera determinación
de aspectos legales de un derecho27, como la correcta interpretación o aplicación
de una norma “de rango reglamentario o legal”28, salvo que de esta “se
desprend[a]n violaciones a los derechos y deberes
constitucionales”29 o (ii) cuando sea evidente su naturaleza o contenido
económico30, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, “que no representen un interés general”31.”
66. Al aplicar las consideraciones expuestas por la Corporación de cierre en
materia de derechos fundamentales a la inconformidad planteada por la Nación –
Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea de Colombia, en relación con la condena en
costas procesales, resulta claro que la acción de tutela es improcedente.
67. Lo anterior en la medida que, en realidad, la presunta vulneración a los
derechos fundamentales de la accionante, con ocasión de la condena en costas,
versa sobre una cuestión de interpretación meramente legal, que no impacta
garantías superiores sino intereses patrimoniales.
68. Así las cosas, habrá que declararse improcedente la acción de tutela,
respecto de la condena en costas, por no superarse el requisito de procedibilidad
adjetiva de la relevancia constitucional32.
23 Ob. Cit. “No en todos los eventos en que se denuncie el desconocimiento de los derechos al acceso a la
administración de justicia y debido proceso se está ante un asunto relevante constitucionalmente, pues si el
reclamo se vincula de manera irrestricta a la satisfacción de una pretensión de contenido económico, la
discusión carecerá de tal relevancia”.
24 Ob. Cit. “Sentencia T-606 de 2000”.
25 Ob. Cit. “Ibid”.
26 Ob. Cit. “Sentencia T-173 de 1993”.
27 Ob. Cit. “En la Sentencia SU-439 de 2017, al resolver un asunto en el que “la empresa accionante solicitó
que se ordene a la Supersalud, por una parte, evocar las Resoluciones N° 1485 del 13 de agosto de 2013 y
1744 del 19 de septiembre del mismo año”, la Corte advirtió su evidente falta de relevancia constitucional, por
cuanto se limitaba a “un debate estrictamente relacionado con la legalidad de tales actos administrativos, y por
otra, proferir una nueva resolución mediante la cual habilite a Salud Andina EPS S.A. para operar en el
Régimen Subsidiado en Salud, es decir, una pretensión cuyos efectos claramente se circunscriben sólo a
beneficios meramente económicos que se tendrían con la operatividad de esa EPS”.
28 Ob. Cit. “Sentencias T-114 de 2002 y T-379 de 2007”.
29 Ob. Cit. “Sentencias T-114 de 2002 y T-540 de 2013”.
30 Ob. Cit. “En la Sentencia SU-498 de 2016, la Corte señaló que una controversia circunscrita a actos por
medio de los cuales se había impuesto una sanción pecuniaria no tenía relevancia constitucional, en la
medida en que era un asunto de carácter legal y económico”.
31 Ob. Cit. “Sentencia T-610 de 2015”.
32 En el mismo sentido la Sección Quinta del Consejo de Estado ha proferido, entre otras, las
siguientes decisiones: Sentencia del 23.09.21., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-
2021-05716-00; Sentencia del 26.08.21., M.P, Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-
000-2021-01776-01; Sentencia del 18.03.21., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-
2021-00004-00; Sentencia del 25.02.21., M.P: Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-
000-2021-00248-00; Sentencia del 10.12.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-
2020-04560-00; Sentencia del 10.12.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-
03-15-000-2020-04598-00; Sentencia del 20.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-
000-2019-04788-01.
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2.6.1.2. Análisis del requisito en relación con los defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente
69. Para la Sala es necesario precisar que, este requisito se encuentra
superado por cuanto en primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad de
la sentencia del 17 de febrero de 2022 comoquiera que, a su juicio, incurrió en los
defectos sustantivo y desconocimiento del precedente, comoquiera que: (i) no se
tuvieron en cuenta los Decretos 122 de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de
2000, 2737 de 2001 y 745 de 2022 por medio de los cuales el Gobierno Nacional
estableció la escala gradual salarial de los miembros de la Fuerza Pública; y (ii) no
aplicó las reglas de decisión establecidas en varios pronunciamientos del Consejo
de Estado – Sección Segunda – Subsección A relacionadas con la improcedencia
de acceder al reajuste de las asignaciones básicas mensuales.
70. En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el
titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión,
pues en efecto, la accionante considera vulneradas las garantías constitucionales
al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad, por
cuanto una vez el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó el fallo
dictado por el Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito Judicial de Santiago
de Cali, desconoció que no había lugar a declarar la nulidad de los Oficios OFI17-
21528 MDNSGAGPSAP del 24 de abril de 2017 y 201734484751 del 26 de abril
de 2017.
71. En ese sentido, el argumento que a juicio del tutelante es irrazonable y
contrario al ordenamiento jurídico, concretamente, considerar que las
asignaciones básicas mensuales que percibió la señora Maximina Prado desde
1997 a 2002 debían reajustarse y, en consecuencia, reliquidarse su pensión de
jubilación, habría transgredido el alcance y la aplicación de sus derechos
fundamentales, lo que conllevó a que se omitiera el deber del juez contencioso
administrativo de actuar tanto como juez de legalidad, de constitucionalidad y de
convencionalidad en la causa ordinaria.
72. Así las cosas, es evidente la tensión alegada por la parte actora entre la
razonabilidad de la decisión que, al confirmar el fallo de primera instancia que
accedió las pretensiones de la demanda ordinaria, vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la
igualdad.
73. Luego, es de relevancia constitucional cuando subsiste violación o amenaza
a los derechos fundamentales, después de haber agotado el procedimiento legal o
judicial establecido por la ley para su protección, como lo alega la parte actora en
el caso objeto de estudio, lo que implica que el mecanismo constitucional no fue
utilizado como una instancia adicional que busque reabrir el debate procesal.
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74. Ello quiere significar que el asunto de la acción de tutela de la referencia
tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, para
su eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales y libertades públicas, concretamente al debido proceso.
2.6.2. Tutela contra tutela
75. La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión de la
misma naturaleza, pues, la providencia judicial demandada fue proferida en el
trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado N° 76001-33-33-019-2017-00208-01, que promovió la señora Maximina
Prado contra la Nación – Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea de Colombia.
2.6.3. Inmediatez
76. En relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, no se advierte
ningún reproche, toda vez que la parte actora considera vulnerados sus derechos
fundamentales con ocasión de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca el 17 de febrero de 2022, notificada el 11 de marzo de 2022 y
ejecutoriada el 18 de marzo de 2022, y la acción de tutela se ejerció el 24 de mayo
de 2022, lo que para la Sala es un término razonable para el uso del mecanismo
de amparo constitucional.
77. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de
33
2014 , en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-
590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra
providencia judicial y reiteró que seis (6) meses es el término razonable para
acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen
vulnerados con ocasión de providencias judiciales.
2.6.4. Subsidiariedad
78. En consideración al requisito de subsidiariedad, por tratarse de la sentencia
del 17 de febrero de 2022 de una providencia que resolvió el recurso de apelación
que interpuso la parte actora contra el fallo dictado por el Juzgado Diecinueve
Administrativo del Circuito Judicial de Santiago de Cali el 9 de julio de 2020, en el
trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado N° 76001-33-33-019-2017-00208-01, es evidente el agotamiento de los
recursos ordinarios.
79. Así mismo, no proceden los recursos extraordinarios de revisión y de
unificación de jurisprudencia, comoquiera que las inconformidades señaladas por
33 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05.08.14., M.P.
Jorge Octavio Ramírez, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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la parte actora no se adecúan a las causales establecidas en los artículos 250 y
258 de la Ley 1437 de 2011.
80. Sin embargo, uno de los cargos formulados por la Nación – Ministerio de
Defensa – Fuerza Aérea de Colombia no cumple con este requisito y, por ello, no
es posible hacer un estudio de fondo sobre este.
81. En efecto, la inconformidad relacionada con que el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que promovió la señora Maximina Prado
había caducado, no fue un argumento planteado por la Nación – Ministerio de
Defensa – Fuerza Aérea de Colombia en el recurso de apelación y, tampoco, en
los alegatos de conclusión de segunda instancia.
82. Lo anterior significa que ni siquiera la autoridad judicial accionada tuvo la
oportunidad de pronunciarse sobre el referido cargo, razón por la cual éste
comporta un hecho nuevo y externo a la controversia del proceso ordinario que no
puede ser alegado en sede de tutela.
83. Como lo ha indicado la Sala en ocasiones anteriores34, se trata de un
requisito de procedencia adoptado por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en un movimiento de articulación respecto
de la jurisprudencia de la Corte Constitucional35 en la materia.
84. Al respecto, en la sentencia de 5 de agosto de 201436, la Sala Plena de
esta Corporación adoptó como condiciones necesarias para amparar los derechos
fundamentales invocados en una acción de tutela contra una providencia judicial
del Consejo de Estado, aquellas erigidas por la Corte Constitucional en sentencia
C-590 de 2005. En esta oportunidad, se advirtió:
“3.1.- En la Sentencia C-590 de 2005, posición que se adopta de manera
expresa en la presente providencia, la Corte señaló como requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, los siguientes:
(…)
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible37.
Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse
de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento
de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de
pretender la protección constitucional de sus derechos.” (Negrita y subrayado
fuera del texto)
34 Ver al respecto las sentencias del Consejo de Estado, Sección Quinta del 15.03.18 M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez. Rad. 11001-03-15-000-2017-02644-01 y del 24.05.18. M.P. Rocío
Araújo Oñate. Rad. 11001-03-15-000-2018-00099-01.
35 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8.06.05. M.P. Jaime Córdoba Triviño
36 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 5. 08.14. M.P.
Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
37 Corte Constitucional, Sentencia T-658 del 11.11.98. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
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85. Se concluye de lo expuesto que, en este presupuesto de procedibilidad del
recurso de amparo en contra de providencias judiciales, el accionante además de
identificar de manera clara y precisa los yerros e irregularidades imputables a la
autoridad jurisdiccional acusada, debe haberlos puesto en conocimiento del juez
de instancia oportunamente, de haber sido ello posible.
86. Es decir, debe existir cierta congruencia o coherencia entre las falencias
esgrimidas al interior del proceso ordinario y las acciones u omisiones
cuestionadas por parte de la accionante a las autoridades judiciales vía acción de
tutela. Empero, la anterior exigencia se morigera luego de que se constata la
existencia de circunstancias objetivas que impiden la alegación de estas en el
procedimiento jurisdiccional de instancia38, que no se presentan en el caso
concreto.
87. Así las cosas, solo los cargos relacionados con la presunta configuración de
los defectos sustantivo y desconocimiento del presente cumplen con el requisito
de subsidiariedad, razón por la cual habrá que declararse la improcedencia de la
acción de tutela respecto de la inconformidad relativa a la caducidad del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.
88. Superados todos los requisitos de procedibilidad adjetiva, la Sala abordará
de fondo el amparo solicitado, no sin antes resaltar el carácter excepcional de la
acción de tutela, la cual tiene como fin garantizar la intangibilidad de la cosa
juzgada, el respeto de la autonomía judicial, la protección de derechos de terceros
de buena fe, la seguridad jurídica y la confianza en las decisiones judiciales.
2.7. Caso concreto
89. La Nación – Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea de Colombia aseguró
que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad, por cuanto al
proferir la sentencia del 17 de febrero de 2022 incurrió en los defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente.
90. Por su parte, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en su
contestación, sostuvo que su decisión se fundamentó en las reglas de decisión
establecidas en las sentencias de la Corte Constitucional C-1433 de 2000 y C-
1064 de 2001, por cuanto la asignación básica que percibió la señora Maximina
Prado fue inferior a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
91. Así las cosas, se estudiarán de manera conjunta los defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente formulados en la demanda, comoquiera que se
erigen sobre la misma inconformidad, esto es, la improcedencia de ordenar el
reajuste de la asignación básica mensual teniendo en cuenta el IPC, por cuanto
38 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-297 del 21.05.15., M.P. Luis Guillermo Guerrero.
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los incrementos del salario de los miembros de la Fuerza Pública fueron
establecidos en los decretos expedidos por el Gobierno Nacional.
2.7.1. Generalidades del defecto sustantivo
92. La Corte Constitucional39, ha explicado que el defecto sustantivo se
presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o
deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los
postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”40.
93. Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:
a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al
caso concreto, por impertinente41 o porque ha sido derogada42, es inexistente43,
inexequible44 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el
Legislador45.
b) No se hace una interpretación razonable de la norma46.
c) La disposición aplicada es regresiva47 o contraria a la Constitución48.
d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no
previstos en la disposición49.
e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma50 .
f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial
sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.
39 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Dr. Jorge Iván Palacio
Palacio.
40 Corte Constitucional, Sentencias SU.159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Espinosa,
T-043 del 27 de enero de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31 de marzo de
2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-657 del 10 de agosto de 2006, M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra, T-686 del 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 del 24 de julio
de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1º de febrero de 2010, M.P. Jorge Iván
Palacio Palacio, T-792 del 1º de octubre 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras.
41 Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3 de marzo de 2005. M.P. Manuel José cepeda
Espinosa
42 Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4 de marzo de 2004. M.P. Clara Inés Vargas
Hernández
43 Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araujo
Rentería
44 Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
45 Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
46 Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30 de enero de 2009. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa y T-1101 del 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
47 Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
48 Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.
49 Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13 de mayo de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
50 Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26 de agosto de 2004. M.P. Clara Inés Vargas.
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94. Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la
existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han
presentado anteriormente, siempre que la parte accionante cumpla con la carga
argumentativa.
2.7.2. Generalidades del desconocimiento del precedente
95. La Sala precisa que el precedente es aquella regla creada por una Alta
Corte para solucionar un determinado conflicto jurídico, sin que sea necesario un
número plural de decisiones en el mismo sentido para que aquella sea
considerada como precedente. También se considera que constituyen precedente
las sentencias de constitucionalidad y las de unificación, expedidas tanto por la
Corte Constitucional, como por el Consejo de Estado.
96. Sin embargo, resulta necesario advertir que “(…) debe aceptarse que no todas
las decisiones judiciales que profieren las Altas Cortes, generan una regla o subregla,
pues son el resultado de la aplicación al caso concreto de la norma que viene al caso, sin
una actividad creadora del juez”51.
2.7.3. Análisis de los defectos
97. La parte actora cumplió con la carga argumentativa mínima para estudiar
los yerros que le endilgó a la autoridad judicial accionada.
98. En relación con el defecto sustantivo, precisó que no se tuvieron en cuenta
los Decretos 122 de 1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001 y
745 de 2002 a través de los cuales el Gobierno Nacional estableció la escala
gradual salarial de los miembros de la Fuerza Pública.
99. Respecto del desconocimiento del precedente, identificó las reglas de
decisión establecidas en las sentencias del Consejo de Estado – Sección Segunda
– Subsección A del 20 de septiembre de 202052, 28 de enero de 202153 y 12 de
agosto de 202154, en las que se indicó que era improcedente acceder al reajuste
de las asignaciones básicas mensuales.
100. Ahora bien, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante fallo
del 17 de febrero de 2022, confirmó la providencia dictada por el Juzgado
Diecinueve Administrativo del Circuito Judicial de Santiago de Cali que negó las
pretensiones de la demanda. Como sustento de su decisión, citó y trascribió
51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del
19.02.15, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-02690-01.
52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
Sentencia del 20.09.20., M.P. William Hernández Gómez, Rad. 25000-23-42-000-2016-01078-01.
53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
Sentencia del 28.01.21., M.P. Gabriel Valbuena Hernández, Ra. 25000-23-42-000-2017-00214-01.
54 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
Sentencia del 12.08.22., M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, Rad. 25000-23-42-000-2017-
05764-01.
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apartes de las sentencias de la Corte Constitucional C-1433 de 200055, C-1064 de
200156 y C-432 de 200457 y del Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección B del 22 de noviembre del 201858 y 26 de noviembre del 201859, y
precisó lo siguiente:
“Se encuentra acreditado que la actora ingresó a la Fuerza Aérea Colombiana el 8
de junio de 1982 hasta el 23 de junio de 2002.
Mediante Resolución No. 3699 del 21 de octubre de 200260, se le reconoció
asignación de retiro equivalente a 75% de los haberes computables para
prestaciones sociales, a partir del 23 de junio de 2002.
El 20 de abril de 201761, a través de apoderado judicial solicitó a la Fuerza Aérea el
reajuste y reliquidación de la asignación básica, teniendo en cuenta el incremento
anual para los años 1997 a 2002, conforme el Índice de Precios al consumidor,
incremento que se debe reflejar en el ajuste de la asignación de retiro, a partir de
junio de 2002.
Como lo manifestó la jurisprudencia, para regular los salarios del personal en
actividad de la Fuerza Pública, el Gobierno Nacional aplica la escala gradual,
razón por la cual, ésta no puede ser modificada por decisión judicial para cada
caso individual, comoquiera que es el Gobierno, con sujeción a las normas,
criterios y objetivos contenidos en la Ley 4ª de 1992, quien fija el régimen salarial y
prestacional de los miembros de la Fuerza Pública, acatando lo dispuesto en el
artículo 150 de la Constitución Política, para lo cual, el IPC no constituye el único
indicador o variable económica que puede ser aplicado para el reajuste de los
salarios de los servidores públicos.
Por tanto, aunque el índice de precios al consumidor haya sido mayor entre los
años 1997 a 2002, al incremento realizado anualmente por el Gobierno Salarial
(sic) al personal en actividad de la fuerza pública, éste reajuste se efectúa de
conformidad con la escala gradual porcentual, lo cual no desconoce la protección
constitucional a mantener el poder adquisitivo del salario.
Ahora, de acuerdo con la regla jurisprudencial fijada por la Corte
Constitucional en la sentencia C-1433 de 2000, se tiene que no puede el
Gobierno Nacional hacer incrementos inferiores al IPC a quien devengue
hasta dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por lo tanto, se
procede a revisar si el ajuste del salario de la actora cumple con esta regla.
La Subdirección de Personal de la Fuerza Área Colombiana, certificó los grados y
salarios devengados por la actora para los años 1997 a 200262
(…)
55 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-1433 del 23.10.00., M.P. Antonio Barrera
Carbonell.
56 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-1064 del 10.10.01., M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa y Jaime Córdoba Triviño.
57 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-432 del 06.05.04., M.P. Rodrigo Escobar Gil.
58 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
Sentencia del 22.11.18., M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad. 25000-23-42-000-2013-04748-01.
59 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
Sentencia del 26.11.18., M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad. 25000-23-42-000-2015-06050-01.
60 Ob. Cit. “Doc. “01 Demanda” Pág. 32-33 Expediente Digital”.
61 Ob. Cit. “Doc. “01 Demanda” Pág. 37-52 Expediente Digital”.
62 Ob. Cit. “Doc. “01 Demanda” Pág. 54-55 Expediente Digital”.
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De acuerdo con lo anterior, se encuentra acreditado que la actora durante los años
comprendidos entre 1997 y 2002 devengó salarios inferiores a los dos (2)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, por lo tanto, el incremento se
debía realizar conforme el IPC y, como quiera que no se efectúo en esta forma,
se quebranta la regla jurisprudencial fijada por la Corte Constitucional C-
1433 de 2000, que tiene como destinatarios aquellos que tengan un salario no
superior a los dos (2) S.M.M.L.V.
En este sentido, al asistirle a la parte demandante el derecho al reajuste de la
asignación básica mensual por el periodo 1997 a 2002, debe confirmarse la
decisión de primera instancia, por los motivos expuestos en esta providencia.”
101. De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que la providencia dictada
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca es razonable y no vulneró los
derechos fundamentales de la parte actora, comoquiera que se fundamentó en la
regla de decisión establecida por la Corte Constitucional en la sentencia C-1433
de 2000 y aplicada por el órgano de cierre en materia de derecho laboral
administrativo.
102. Lo anterior, por cuanto durante los años 1997 a 2002 la señora Maximina
Prado percibió una asignación básica mensual que no excedió los 2 salarios
mínimos legales mensuales vigentes y, por ello, se encontraba dentro de la escala
salarial más baja que es merecedora de una protección reforzada en procura de
garantizar su capacidad adquisitiva.
103. Al respecto, la autoridad judicial accionada se fundamentó en 2 sentencias
proferidas por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B en las
que se resolvieron controversias relacionadas con el reajuste del salario básico
devengado en actividad con base en el IPC63 y, en ambas, se consideró lo
siguiente:
“59. Como se puede observar de todo lo expuesto, se tiene en primer orden que,
para las anualidades en que reclama el actor le fue reconocido un reajuste por
debajo del IPC, ello per se no desconoce el ordenamiento constitucional y legal,
puesto que, la Carta Superior protege el derecho constitucional a mantener el
poder adquisitivo del salario y que ello comprende que cada año éste sea
reajustado para todos los servidores cobijados por la ley anual de presupuesto,
pero no necesariamente, que dicho incremento deba hacerse con aplicación
únicamente de la variación porcentual del IPC del año inmediatamente anterior.
60. Además, conforme la regla jurisprudencial fijada por la Corte
Constitucional C-1433 de 2000, se tiene que no puede el Gobierno nacional
(sic) hacer incrementos inferiores al IPC a quien devengue hasta dos (2)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, condición que no cumple el actor
en la medida que su salario para las anualidades 1997, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003 y 2004, siempre estuvo por encima dicha cuantía, tal como se obtiene del
63 En la sentencia del 22 de noviembre de 2018, dictada en el proceso Rad. 25000-23-42-000-
2013-04748-01, se precisó: “42. Cuestiona la parte demandante en su escrito de apelación que el acto
acusado vulneró la norma superior en los artículos 13, 48 y 53, porque su salario y por ende, su asignación de
retiro debieron ser reajustadas conforme al índice de precios al consumidor como lo establece la Ley 4ª de
1992, y no conforme a los incrementos ordenados por el Gobierno Nacional a través de los Decretos 122 de
1997, 62 de 1999, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003 y 4158 de 2004”.
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informe de sueldos básicos e incrementos que obra a folios 14 y 15 del plenario y
el histórico de salarios mínimos legales vigentes64 , así:
Año SMLMV Equivalente a Salario Encuadra o no
2 SMLMV recibido por en la regla
el actor jurisprudencial
1997 $172.005 $344.010 $727.714 no
1999 $236.460 $472.920 $1.038.553 no
2000 $260.100 $520.200 $1.134.412 no
2001 $286.000 $572.000 $1.377.075 no
2002 $309.000 $618.000 $1.444.551 no
2003 $332.000 $664.000 $1.521.978 no
2004 $358.000 716.000 $1.597.163 no
61. El cuadro anterior permite determinar que el actor durante las anualidades
1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 devengó salarios por encima o
superiores del equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes,
por consiguiente, no lo cobija la limitación que se impone al derecho
constitucional de los servidores públicos a mantener el poder adquisitivo del
salario, como quiera que la misma tiene como destinatarios aquellos que
tengan un salario no superior superior (sic) a los dos (2) salarios mínimos
legales mensuales, de tal manera que, para el caso del accionante al percibir
salarios superiores a dicho monto podía ser objeto de limitación, es decir, su
salario podía ser reajustado en una proporción menor a la de la inflación causada
en año inmediatamente anterior.
62. Aunado a lo antes expuesto, la Sala encuentra que de acuerdo al informe de
sueldos básicos e incrementos recibidos por el demandante durante los años 1997
al 200465, éste percibió los siguientes incrementos: 1997: 13.40%; 1999: 14.91%;
2001: 5.14%; 2002:7,29%; 2003:5.36% y 2004: 4,94%.
63. Es decir, que no hubo una sola de las anualidades reclamadas por el
accionante en las que el Gobierno nacional no generara un incremento al salario
percibido en comparación con la del año inmediatamente anterior, de tal suerte
que, al no poseer la condición de sujeto que mereciera una protección
reforzada, su derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario podía ser
limitado, siempre y cuando la limitación fuera razonable, máxime, cuando no se
encuentra demostrado que tales aumentos hubieran vulnerado el principio de
progresividad por escalas salariales, como quiera que quienes perciben salarios
más altos están sujetos a las mayores limitaciones y los servidores ubicados en
la escala salarial más alta definida por el Gobierno son quienes están
sometidos al grado más alto de limitación.
64. En esa medida, observa la Sala que el demandante para los años 1997 al
2000 obtuvo salarios en el grado de Mayor y para las anualidades 2001 a 2004
percibió salarios en el grado de Teniente Coronel, es decir, grados o rangos
militares que hacen parte de la línea de mando de oficiales de la Fuerza
Aérea ubicándose entre los más altos niveles de insignia militar y por ende,
de mayor escala salarial, susceptible de ser objeto de las más altas limitaciones
al momento de hacer la fijación del salario o reajustes salariales anuales.
(…).”66 (Negrita y subrayado fuera del texto)
64 Ob. Cit. “http://www.salariominimo2017colombia.com/historico-del-salario-minimo-en-colombia-1997-
2017/”.
65 Ob. Cit. “Ver folios 14 y 15 del expediente”.
66 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
Sentencia del 22.11.18., M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad. 25000-23-42-000-2013-04748-01.
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104. De lo transcrito se infiere que, en efecto, la regla establecida por la Corte
Constitucional en la sentencia C-1433 de 2000 es reconocida y aplicada por el
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B en los casos en los que el
funcionario de la Fuerza Pública, que reclama el reajuste de su asignación básica
y la reliquidación de su pensión, percibió un salario que no superó 2 salarios
mínimos legales mensuales vigentes durante los años 1997 a 2004.
105. Por lo tanto, se advierte que la decisión del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca se adecuó al precedente de la Corte Constitucional y al criterio del
Consejo de Estado, aplicable a los casos en los que se discute si un funcionario
de la Fuerza Pública tiene derecho al reajuste de sus asignaciones básicas
mensuales y a la reliquidación de pensión de jubilación de conformidad con el IPC.
106. En ese orden de ideas, contrario a lo manifestado por la Fuerza Aérea de
Colombia, la autoridad judicial accionada no debía aplicar los Decretos 122 de
1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001 y 745 de 2002
expedidos por el Gobierno Nacional, por cuanto en el caso de la señora Maximina
Prado resultaban contrarios a la Constitución.
107. Igualmente, tampoco se desconoció lo dispuesto en las sentencias del
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A que identificó la parte
actora, comoquiera que en esos pronunciamientos las controversias que se
resolvieron no guardan identidad con el caso objeto de estudio, teniendo en
cuenta los cargos y salarios de los exfuncionarios que reclamaron el reajuste de
su asignación básica y la reliquidación de su pensión, así como los argumentos
esgrimidos en cada asunto, diferencias que determinan la aplicación o no de la
regla establecida por la Corte Constitucional en la sentencia C-1433 de 2000.
108. Ello, con fundamento en el siguiente análisis:
• Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, sentencia del 16
de julio de 2020
109. El señor Rafael Oswaldo Acosta Acevedo en su calidad de coronel retirado
presentó demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, contra la Nación – Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea de
Colombia y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, con el fin de que se
declarara la nulidad de los actos administrativos a través de los cuales se negó la
reliquidación y reajuste de su asignación de retiro de acuerdo con el IPC para los
años 1997 a 2004.
110. En esta ocasión, el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección B que negó las pretensiones de la demanda, al concluir
que:
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“El reconocimiento de la asignación de retiro del demandante se efectuó conforme
el principio de oscilación, esto es, con la asignación básica de un coronel en
servicio activo para el año 2013, con los porcentajes del artículo 14 y las partidas
señaladas en el artículo 13 del Decreto 4433 de 2004.
En esa medida, el reajuste de la asignación de retiro de acuerdo con los artículos
14 y 279 de la Ley 100 de 1993, es decir, con base en el IPC de los años 1997 a
2004 «en los años en que el incremento sea menor», se aplicó para los
pensionados o retirados de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional y no para el
personal activo, en la medida que, como se indicó, a partir del 1.º de enero de
2005 se implementó nuevamente el principio de oscilación a través de la expedición
del Decreto 4433 de 2004.
Bajo ese entendido, es claro para esta Subsección que al demandante no le asiste
derecho a la reliquidación de la asignación de retiro conforme al IPC, pues como
se analizó en precedencia, para los años 1997 a 2004, el señor Acosta Acevedo
se encontraba en servicio activo en la Fuerza Aérea Colombiana, por lo que no
percibía aún asignación de retiro, la cual solo fue reconocida a partir del año
2013.”
111. De conformidad con lo expuesto, resulta claro que la regla establecida por
el Consejo de Estado consistía en que los incrementos sobre la asignación de
retiro de los miembros de las Fuerzas Militares que hubiese sido reconocida con
anterioridad al 2004 debía ser reajustada con fundamento en el IPC. Pero si aquel
se encontraba en servicio activo entre los años 1997 y 2004, no tenía derecho
dicho reajuste.
112. Ahora, si bien la señora Maximina Prado se encontraba en servicio activo
en dicha fecha, lo cierto es que su caso no guarda similitud fáctica con el del señor
Rafael Oswaldo Acosta Acevedo y, por lo tanto, tampoco puede dárseles el mismo
trato jurídico.
113. Lo anterior, por cuanto los cargos que ambos ejercían y, en consecuencia,
los salarios que percibían no son similares. En efecto, mientras ella era adjunto
tercero y devengaba menos de dos salarios mínimos, él era coronel y por ende,
percibía una asignación básica mensual superior, lo que se traduce en que a la
primera se le debía aplicar la regla establecida por la Corte Constitucional en la
sentencia C-1433 de 2000, reconocida igualmente por el Consejo de Estado, y no
el criterio expuesto en la sentencia que se alega como desconocida.
114. En efecto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no debía atender a
lo que resolvió en este pronunciamiento el Consejo de Estado – Sección Segunda
– Subsección A para proferir la sentencia del 17 de febrero de 2022.
• Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, sentencia del 28
de enero de 2021
115. El señor Luis Alfredo Rodríguez Pérez en su calidad de oficial retirado
presentó demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, con el fin
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Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
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de que se declarara la nulidad de los actos administrativos a través de los cuales
se negó el reajuste de su salario y reliquidación de su asignación de retiro de
acuerdo con el IPC para los años 1997 a 2004.
116. En esta ocasión, el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección C que negó las pretensiones de la demanda, al concluir
que:
“En efecto, en los Decretos anuales correspondiente a los años 1997, 1999, 2001,
2002, y 2003 se establecieron los montos salariales que devengó el señor Luis
alfredo Rodríguez Pérez como oficial activo de la Policía Nacional, sin que sea
pertinente acudir a una fuente distinta para realizar el correspondiente incremento
salarial, en la medida que existe prohibición expresa consagrada en el artículo 10
de la citada Ley 4 de 1992 e implicaría la modificación de la escala gradual
porcentual, con base en la cual el Gobierno Nacional fija anualmente los sueldos
básicos del personal de las fuerzas militares en actividad.
A lo anterior se debe agregar que en la demanda que dio origen al presente
proceso no se solicitó la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad de los
Decretos que año a año establecieron la asignación del demandante, y tampoco
se estableció el fundamento jurídico con base en el cual se pretende la nulidad de
los actos que negaron este reajuste, pues solo se hizo referencia al artículo 14 de
la Ley 100 de 1993, que tal como se señaló en la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, opera exclusivamente en materia
pensional.”
117. De conformidad con lo expuesto, resulta claro que los casos de la señora
Maximina Prado y del señor Luis Alfredo Rodríguez Pérez no guardan similitud
fáctica y, por lo tanto, tampoco puede dárseles el mismo trato jurídico.
118. Lo anterior, por cuanto los cargos que ambos ejercían y, en consecuencia,
los salarios que percibían no son similares. En efecto, mientras ella era adjunto
tercero de la Fuerza Aérea de Colombia, él era oficial de la Policía Nacional.
119. Aunado a lo anterior, la referida ciudadana en la demanda que presentó sí
solicitó que se aplicara la excepción de inconstitucionalidad de los decretos
expedidos por el Gobierno Nacional que establecieron los incrementos de su
asignación básica mensual de los años 1997 a 2002, con fundamento en la regla
de decisión establecida en la sentencia de la Corte Constitucional C-1433 de
2000.
120. Desde ese panorama, la autoridad judicial accionada no tenía que aplicar lo
dispuesto en este pronunciamiento para resolver la controversia del proceso
ordinario que dio origen a esta acción de tutela.
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• Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, sentencia del 21
de agosto de 2021
121. El señor Mauricio Fernando Cárdenas Romero en su calidad de teniente
coronel retirado presentó demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, con el fin de que se
declarara la nulidad de los actos administrativos a través de los cuales se negó el
reajuste de su salario y reliquidación de su asignación de retiro de acuerdo con el
IPC para los años 1997 a 2004.
122. En esta ocasión, el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección C que negó las pretensiones de la demanda, al concluir
que:
“Para los años 1997 a 2004, el reajuste de los salarios del personal activo de la
Fuerza Pública se estableció por el Gobierno nacional con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 13 de la Ley 4.ª de 1992, mediante los Decretos 122 de
1997, 58 de 1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552
de 2003 y 4158 de 2004.
Así, debido a que para esos periodos el señor Cárdenas Romero era miembro
activo de la Policía Nacional, ya que su retiro del servicio activo se produjo por
medio del Decreto N.º 965 del 27 de mayo de 2014, a partir del 4 de junio de
2014,67 el incremento de su sueldo básico mensual debía atender a las citadas
disposiciones gubernamentales y no podía efectuarse con fundamento en una
norma dirigida al personal retirado de la Fuerza Pública. En ese sentido, el
desacuerdo con los salarios fijados debió discutirse a partir del contenido de los
mencionados decretos, pues fue en aquellos en donde se plasmó la voluntad de la
administración sobre el particular.
Por consiguiente, la pretensión relacionada con el reajuste salarial por los periodos
1997 a 2004 no tiene vocación de prosperidad, en tanto que las normas en que se
fundamenta tal solicitud se refieren al incremento de pensiones y asignaciones de
retiro y no al incremento anual de los salarios, es decir, que lo previsto en el
artículo 14 de la Ley 100 de 1993 no es aplicable para efectos de ajustar los
sueldos del personal de las Fuerzas Militares y de Policía.
Ahora bien, debido a que la pretensión de reliquidación de la asignación de retiro
depende, necesariamente, de que prosperara la pretensión del reajuste salarial,
pues sería el aumento del sueldo lo que desembocaría en un aumento de la
asignación de retiro, no hay lugar a conceder dicha súplica ni a que se ordene un
aumento de la pensión con base en el IPC, en la medida en que el régimen
especial de la Fuerza Pública ordena la aplicación del principio de oscilación.”
123. De conformidad con lo expuesto, resulta claro que los casos de la señora
Maximina Prado y del señor Mauricio Fernando Cárdenas Romero no guardan
similitud fáctica y, por lo tanto, tampoco puede dárseles el mismo trato jurídico.
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Ob. Cit. “Véase, parte motiva de la Resolución N.º 03865 de 24 de septiembre de 2014, folio 114 reverso”.
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124. Lo anterior, por cuanto los cargos que ambos ejercían y, en consecuencia,
los salarios que percibían no son similares. En efecto, mientras ella era adjunto
tercero de la Fuerza Aérea de Colombia, él era teniente coronel de la Policía
Nacional.
125. Por ello, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no debía atender a lo
que resolvió en este pronunciamiento el Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección A para proferir la sentencia del 17 de febrero de 2022.
126. En ese orden de ideas, la autoridad judicial accionada no incurrió en los
defectos sustantivo y desconocimiento del precedente formulados por la parte
actora y, en consecuencia, no transgredió sus garantías superiores.
127. Así las cosas, se negará el amparo de los derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad solicitado
por la accionante.
2.8. Conclusiones
128. La acción de tutela es improcedente en relación con la condena en costas
impuesta, por cuanto este cargo no cumple el requisito de procedibilidad adjetiva
de la relevancia constitucional.
129. La solicitud de amparo es improcedente respecto de la presunta caducidad
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que esta
inconformidad no cumple con el requisito de procedibilidad adjetiva de la
subsidiariedad.
130. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al proferir la sentencia del 17
de febrero de 2022, no incurrió en los defectos sustantivo y desconocimiento del
precedente y, en consecuencia, no vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad de la Fuerza
Aérea de Colombia.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela respecto del cargo
de la condena en costas impuesta, de conformidad con los argumentos expuestos
en el numeral 2.6.1.1. de la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo en relación con
el cargo de la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
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derecho, de conformidad con los argumentos expuestos en el numeral 2.6.4. de la
parte considerativa de esta providencia.
TERCERO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso,
de acceso a la administración de justicia y a la igualdad solicitado por la Nación –
Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea de Colombia, de conformidad con los
argumentos expuestos en el numeral 2.7. de la parte considerativa de esta
providencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: En el evento de no ser impugnada en esta decisión, dentro de los tres
(3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y
efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364
de 2012.
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