Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02854-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02854-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-02854-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
23 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02854-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: INÉS GARCÍA DE VÁSQUEZ
TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. LAS AUTORIDADES
JUDICIALES ACCIONADAS NO INCURRIERON EN LOS DEFECTOS
FÁCTICO, SUSTANTIVO Y DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE
ALEGADOS. LA SENTENCIA QUE SE PRETENDÍA EJECUTAR NO
DISPUSO LA FORMA DE LIQUIDAR LOS PERÍODOS A DESCONTAR NI
LAS FÓRMULAS PARA ELLO, DE TAL FORMA QUE NO PODÍA EL JUEZ
DEL PROCESO EJECUTIVO MODIFICAR O AGREGAR ASPECTOS QUE
NO FUERON DISCUTIDOS DENTRO DEL PROCESO DE NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD, A LA SEGURIDAD SOCIAL Y AL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora
contra el JUZGADO CINCUENTA Y TRES ADMINISTRATIVO DEL
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Actora: INÉS GARCÍA DE VÁSQUEZ
CIRCUITO DE BOGOTÁ1 y la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN
“A”- DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA2.
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
La señora INÉS GARCÍA DE VÁSQUEZ, actuando a través de
apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la
seguridad social, al acceso a la administración de justicia y al
principio de seguridad jurídica, los cuales, a su juicio, le fueron
vulnerados por el Juzgado y el Tribunal, al proferir las providencias
de 8 de marzo de 2021 y 10 de febrero de 2022, respectivamente,
dentro del proceso ejecutivo identificado con el número único de
radicación 11001-33-42-053-2019-00408-01.
I.2. Hechos
Indicó que estuvo vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público desde el 3 de noviembre de 1964 al 30 de noviembre de
1
En adelante el Juzgado.
2 En adelante Tribunal.
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Actora: INÉS GARCÍA DE VÁSQUEZ
1991, período en el cual estaba vigente la Ley 4º de 1966, la Ley 33
de 1985 y la Ley 100 de 1993.
Relató que la Caja Nacional de Previsión Social -CAJANAL-, ahora la
Unidad Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social -UGPP-, le reconoció y ordenó el pago de una
pensión de jubilación omitiendo la inclusión de la totalidad de los
factores salariales devengados en el último año de servicios, así como
la indexación de la primera mesada.
Sostuvo que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la UGPP, a la cual le fue asignado el número único de
radicación 2014-00153-00 y correspondió por reparto al Juzgado
Décimo Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá que,
en sentencia de 19 de noviembre de 2015, accedió a las pretensiones
y ordenó lo siguiente:
“[…] Segundo: Como consecuencia de lo anterior y a título de
restablecimiento del derecho CONDENAR a la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL –
UGPP a reliquidar la pensión mensual vitalicia por vejez de la
señora INÉS GARCÍA DE VÁSQUEZ identificada con C.C. No
28.535.508 de Bogotá, a partir del 11 de septiembre de 1996, con
el 75% de todos los factores salariales devengados en el último año
de servicios, es decir, además de la asignación básica, la
bonificación por servicios prestados y la prima de antigüedad, los
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Actora: INÉS GARCÍA DE VÁSQUEZ
factores de: subsidio de alimentación, prima de servicios y prima
de navidad, percibidos entre el 30 de noviembre de 1990 y el 29
de noviembre de 1991, con efectos fiscales a partir del 17 de
febrero de 2009, por prescripción trienal, debiéndose resaltar que
aquellos factores cuya causación tiene lugar en períodos laborados
de un año, para efecto de la liquidación de la primera mesada
pensional, debe hacerse sobre la base de una doceava (1/12)
parte.
TERCERO: DECLARAR la prescripción del pago del reajuste de las
mesadas causadas con anterioridad al 17 de febrero de 2009 […]”.
Adujo que la anterior decisión fue confirmada por el Tribunal
mediante sentencia de 11 de agosto de 2016.
Indicó que la UGPP mediante Resolución RDP 014986 de 10 de abril
de 2017, dio cumplimiento al fallo proferido por el Juzgado Décimo
Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá y reliquidó la
pensión en cuantía mensual de $380.747.00, efectiva a partir del 11
de septiembre de 1996; igualmente, que en el artículo 8º de la
mencionada resolución, la UGPP ordenó descontar de las mesadas
atrasadas a las que tiene derecho la suma de $7.865.424 por
concepto de aportes para pensión de factores de salario no
efectuados.
Adujo que presentó derecho de petición ante la UGPP, a fin de que
se modificara la anterior resolución en cuanto al descuento ordenado,
solicitud que fue resuelta de forma negativa mediante Resolución
RDP 041089 de 30 de octubre de 2017.
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Refirió que, por lo anterior, promovió demanda ejecutiva contra la
UGPP, a fin de que se diera cabal cumplimiento al fallo de 19 de
noviembre de 2015, proceso al cual le fue asignado el número único
de radicación 2019-00408-00 y correspondió al Juzgado que,
mediante auto de 8 de marzo de 2021, se abstuvo de librar
mandamiento de pago al considerar que la obligación reclamada no
existe, por lo que la discusión sobre las sumas descontadas, las
fórmulas utilizadas y los períodos sobre los que se efectuó tales
descuentos, se escapa de la órbita del proceso ejecutivo y deben ser
ventiladas en un nuevo proceso, pues ello no fue objeto de debate
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.
Manifestó que, inconforme con lo anterior, interpuso recurso de
apelación el cual fue desatado por el Tribunal que, mediante
providencia de 10 de febrero de 2022, confirmó la decisión del a quo.
I.3 Fundamentos de la solicitud
A juicio de la actora, las autoridades judiciales accionadas incurrieron
en defecto fáctico, toda vez que omitieron darle valor probatorio al
certificado de los factores salariales que acreditaban su derecho a la
devolución de la diferencia de los dineros descontados de más por
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concepto de aportes a pensión; igualmente, pasaron por alto que la
sentencia que se pretendía ejecutar sí contiene una obligación clara,
expresa y exigible.
Añadió que también se incurrió en defecto sustantivo al no observar
las leyes vigentes en el tiempo de servicios prestado, esto es, la Ley
4º de 1966, la Ley 33 de 1985 y la Ley 62 de 1985 y la forma en la
que estas normas ordenan realizar los descuentos por aportes; en
ese mismo sentido, al dejar de aplicar las normas referentes al
proceso ejecutivo de las que se derivaba que se debió librar
mandamiento de pago.
Agregó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
desconocimiento del precedente judicial dispuesto por el Consejo de
Estado3 y la Corte Constitucional4 en cuanto a la forma en cómo se
debe liquidar la suma a descontar y las fórmulas actuariales utilizadas
para los descuentos por aportes, de tal forma que lo pretendido no
es desconocer los descuentos ordenados sino la manera en cómo se
efectuaron.
3
Consejo de Estado, sentencia de 5 de diciembre de 2013, radicado interno 1846-2013.
Consejo de Estado, auto de 6 de junio de 2019, número único de radicación 11001-33-42-
048-2016-00009-01.
Consejo de Estado, Sección Segunda, auto de 7 de abril de 2016, número único de
radicación 68001-23-31-000-2002-01616-01.
4 Sentencia T-1036 de 2005.
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Finalmente, arguyó que se vulneró su derecho a la seguridad social
al realizarse descuentos por aportes indebidamente, sin tener en
cuenta las normas aplicables al caso, descontándosele gran parte del
retroactivo al que tenía derecho; además, se pasó por alto el principio
de seguridad jurídica, toda vez que no se acató lo dispuesto en el
fallo judicial, el cual era de obligatorio cumplimiento.
I.4. Pretensiones
La actora solicitó que se amparen sus derechos fundamentales
invocados y, en consecuencia:
“[…] 2. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “A” , en
amparo a los derechos enunciados, REVOCAR el auto proferido el
10 de febrero de 2020, que confirmó el auto de primera instancia
por la cual negó mandamiento de pago y en consecuencia se
ordene librar mandamiento de pago teniendo en cuenta los hechos,
pretensiones y las pruebas aportadas al escrito de demanda, de los
cuales se puede establecer que la UGPP deberá realizar la
devolución de las diferencias por concepto de aportes a pensión
[…]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- El Juzgado y el Tribunal pese a ser notificados del presente
trámite constitucional, guardaron silencio.
I.6. Intervinientes
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I.6.1.- La UGPP adujo que no es de tal acierto que se le hayan
vulnerado los derechos fundamentales invocados a la actora, pues
dio cumplimiento al fallo expidiendo los actos administrativos y
acatando las órdenes emitidas por el Juzgado, para lo cual ya se le
canceló un retroactivo por la suma de $27.564.393.07 y se encuentra
activa en nómina de pensionados con una asignación de $2.369.461
sin interrupción alguna, lo que garantiza su mínimo vital.
Añadió que en el presente caso no se presenta ninguno de los
requisitos generales y menos específicos para que procesa la acción
de tutela incoada, pues las decisiones acusadas se fundamentaron
en las normas que regulan el tema de la pensión de jubilación, de tal
forma que la solicitud de amparo se torna improcedente, máxime
cuando la actora pretende que se invada la órbita del juez natural del
asunto sin que se advierta la existencia de un perjuicio irremediable.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de
11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
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regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y
del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma
Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de
tutela.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
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unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de
forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta
los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración [6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
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incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada
en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a
la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y
que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
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c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en
el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que
se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se
dejen sin efecto las providencias de 8 de marzo de 2021 y 10 de
febrero de 2022, proferidas por el Juzgado y el Tribunal,
respectivamente, por medio de las cuales se abstuvo de librar
mandamiento de pago dentro del proceso ejecutivo identificado con
el número único de radicación 2009-00408-01.
A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso
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a la administración de justicia, a la seguridad social y al principio de
seguridad jurídica, habida cuenta que, a juicio de la actora, las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos fáctico,
sustantivo y desconocimiento del precedente, al abstenerse de librar
mandamiento de pago contra la UGPP, por incumplimiento del fallo
de 19 de diciembre de 2015, proferido por el Juzgado Décimo
Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá y confirmado
por el Tribunal en sentencia de 11 de agosto de 2016.
Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala
consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial y, de ser así, ii) determinar si las
autoridades judiciales accionadas vulneraron los derechos
fundamentales de la accionante, al proferir las providencias acusadas
dentro del proceso ejecutivo identificado con el número único de
radicación 2019-00408-01.
De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la
Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida
por la Sala Plena de esta Corporación.
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La Sala observa que, en el presente caso se cumple con el requisito
de la relevancia constitucional, por cuanto la parte actora plantea con
suficiente carga argumentativa, las razones por las cuales, en su
criterio, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
endilgados y vulneró sus derechos fundamentales invocados; contra
la decisión cuestionada no proceden recursos y tampoco se
estructuran las causales de los recursos extraordinarios de revisión
(artículo 248 y ss. del CPACA) y unificación de jurisprudencia (artículo
256 y ss., ídem); la acción de tutela se interpuso en un plazo
razonable5 y, por último, la solicitud identifica los hechos y derechos
que se estiman lesionados.
Verificado lo anterior, corresponde determinar si la autoridad judicial
accionada incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial endilgados a las
providencias de 8 de marzo de 2021 y 10 de febrero de 2022,
proferidas dentro del proceso ejecutivo identificado con el número
único de radicación 2018-00408-01.
Del defecto fáctico
5 Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero
ponente: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
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En lo que respecta al defecto fáctico la Corte Constitucional, en
sentencia T-362 de 20136, explicó lo siguiente:
“[…] El defecto fáctico o probatorio ocurre cuando el juez “toma
una decisión, sin que se halle plenamente comprobado el
supuesto de hecho que legalmente la determina, como
consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de las
pruebas, de una valoración irrazonable de las mismas, de la
suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance
contraevidente a los medios probatorios.
Es importante resaltar que, esta causal es una de las más
exigentes para su comprobación, debido a que la valoración de
las pruebas en un proceso judicial es uno de los ámbitos en que
el juez desarrolla en mayor medida el ejercicio de la autonomía
e independencia judicial, pues se basa en la aplicación de las
reglas de la lógica y la sana crítica. De hecho, esta Corporación
ha identificado que “el yerro en la apreciación del material
probatorio constitutivo del defecto fáctico debe ser flagrante,
protuberante y manifiesto, a tal punto que en razón de él se
desconozca “la realidad probatoria del proceso […]”.
En esa medida, a juicio de la referida Corte:
“[…] solo es factible fundar una acción de tutela, cuando se
observa que de una manera manifiesta aparece irrazonable la
valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente
providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba
debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y
manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa
en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse
en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto, según las reglas generales de competencia, porque ello
sería contrario al principio de que la tutela es un medio
alternativo de defensa judicial, aparte de que se invadiría la
órbita de la competencia y la autonomía de que son
titulares las otras jurisdicciones […]”. (Negrillas del original).
6 M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
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De las consideraciones transcritas la Sala advierte que el defecto
fáctico debe ser manifiestamente arbitrario, esto es, que el error en
el juicio valorativo de la prueba sea ostensible y flagrante, además
con una incidencia directa en la decisión, en razón a que el Juez de
tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad
de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto, según las reglas generales de competencia.
Del defecto sustantivo
La Corte Constitucional7 ha precisado que el defecto sustantivo se
presenta cuando “[…] la autoridad judicial aplica una norma claramente
inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por
una interpretación que contraría los postulados mínimos de la razonabilidad
jurídica […]”.
En ese orden de ideas, respecto de los eventos que dan lugar a
conceder el amparo a los derechos fundamentales que resulten
vulnerados por la configuración del defecto sustantivo, en sentencia
T-949 de 20098, la Corte Constitucional señaló los siguientes:
“[…] (i) cuando la decisión judicial tiene como fundamento una
7 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
8 M.P Mauricio González Cuervo.
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norma que no es aplicable, porque a) no es pertinente b) ha
perdido su vigencia por haber sido derogada, c) es inexistente d)
ha sido declarada contraria a la Constitución, e) a pesar de que
la norma en cuestión está vigente y es constitucional, “no se
adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a la
norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a
los expresamente señalados por el legislador”.
(ii) cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima
facie, dentro del margen de interpretación razonable o “la
aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o
claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las
partes” o cuando en una decisión judicial “se aplica una norma
jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del marco
de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal
decisión judicial […]”
De igual forma, la Corte Constitucional9 ha dicho que al examinar
estos eventos, el Juez de tutela se debe limitar a verificar esa ruptura
con el ordenamiento constitucional o legal, pues su decisión “[…]no
puede constituirse en un escenario para la evaluación acerca del grado de
convencimiento que ofrecen los razonamientos elaborados por el Juez
ordinario, sino que se restringe a identificar la incompatibilidad entre estos
y las normas jurídicas que regulan la materia debatida en sede
jurisdiccional […]”.
Desconocimiento del precedente judicial
Por su parte, en lo que respecta al desconocimiento del
precedente judicial se ha determinado que de acuerdo con lo
9 Sentencia T-310 de 2009, M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
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establecido en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, el
poder judicial es autónomo e independiente y los Jueces en sus
providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Esta regla
general de independencia y autonomía no es absoluta, ya que
encuentra sus límites en la realización de otros valores
constitucionales, según lo ha definido la Jurisprudencia
constitucional.
En efecto, en la sentencia T-267 de 2013, la Corte Constitucional
puntualizó:
“Es así como, en materia de decisiones judiciales, se destaca el
respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de la Carta),
que supone no solamente la igualdad ante la ley sino también
de trato por parte de las autoridades y concretamente igualdad
en la interpretación y aplicación de la ley por las autoridades
judiciales, garantizándose de esta forma la seguridad jurídica y
con ella la certeza de la comunidad respecto a la forma en la
que se van a decidir los casos iguales. Como resultado de lo
anterior, surge como límite a la autonomía e independencia de
los Jueces el respeto por el precedente10”.
De la misma forma, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte
Constitucional precisó que el desconocimiento del precedente
constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela cuando
la decisión judicial afecta derechos fundamentales de las partes. En
especial, respecto del precedente vertical, la Jurisprudencia de esa
10 Ver, entre otras, sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de
2006, T-571 de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008, T-014 de 2009 y T-100 de 2010, de
la Corte Constitucional.
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Corporación ha sido enfática en sostener que el Juez no sólo está
vinculado por el artículo 13 de la Constitución Política, que impone la
igualdad de trato jurídico en la aplicación de la ley, sino también que
su autonomía se encuentra limitada por la eficacia de los derechos
fundamentales y, en particular, del debido proceso judicial11.
No obstante lo anterior, la Jurisprudencia Constitucional también ha
admitido la posibilidad de que un Juez se aparte de su propio
precedente o del precedente de su superior jerárquico, siempre y
cuando se sustenten debidamente las razones de su posición
(principio de razón suficiente)12.
Caso concreto
Para resolver los cargos planteados, es necesario traer a colación la
providencia cuestionada de 10 de febrero de 2022, proferida por el
Tribunal, que dio por terminado el proceso ejecutivo, con el fin de
verificar los fundamentos de la decisión expuestos por la autoridad
judicial accionada.
La providencia cuestionada se translitera a continuación:
11 Sentencia T-766 de 2008. Magistrado ponente: doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
12 Ver sentencia T-292 de 2006.
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“[…] En el presente asunto debe la Sala establecer si le asiste razón
al juez de instancia al negarse a librar el mandamiento de pago por
considerar que las sumas reclamadas no están contenidas de forma
clara, expresa y exigible en la sentencia presentada al cobro; o si
por el contrario, tal como lo afirma la apelante, las sumas
reclamadas fueron descontadas de forma arbitraria por la
ejecutada al cumplir la sentencia judicial.
Para resolver se debe considerar como primera medida cual fue la
orden dada en las sentencias presentadas al cobro, siendo la
primera de ellas la de 19 de noviembre de 2015 en la cual el
Juzgado 10 Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá
dispuso:
“SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y a título de
restablecimiento del derecho CONDENAR a la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -
UGPP- a reliquidar la pensión mensual vitalicia de vejez de la
señora INÉS GARCÍA DE VÁSQUEZ identificada con la cédula de
ciudadanía No. 28.535.508 de la Bogotá, a partir del 11 de
septiembre de 1996 con el 75% de todos los factores salariales
devengados en el último año de servicios, es decir, además de la
asignación básica, la bonificación de servicios prestados y la prima
de antigüedad, los factores de: subsidio de alimentación, la prima
de servicios u prima de navidad, percibidos entre el 30 de
noviembre de 1990 y el 29 de noviembre de 1991, con efectos
fiscales a partir del 17 de febrero de 2009, por prescripción trienal,
debiéndose resaltar que aquellos factores cuya causación tiene
lugar en periodos laborados de un año, para efectos de la
liquidación de la primera mesada pensional, debe hacerse sobre la
base de una doceava (1/12) parte.
(…)
SÉPTIMO: LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP- deberá realizar los descuentos
correspondientes a los aportes que no se hicieron, con el ajuste de
valor correspondiente, de conformidad a lo expuesto en los
considerandos de esta providencia.”
En cuanto a la parte motiva de dicha providencia y su referencia a
los descuentos a practicar, se dijo:
“Para efectos de la reliquidación ordenada, la entidad
demandada realizará los descuentos correspondientes a los
aportes que no se hicieron, en el evento en que no se hayan
efectivamente cotizado a la entidad, sobre la totalidad de
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los factores reconocidos en esta providencia; lo anterior por
cuanto no es posible establecer con claridad dicha
información.”
Dicha decisión fue confirmada íntegramente por esta Sala en
sentencia de 11 de agosto de 2016.
En cumplimiento a lo anterior la UGPP expidió resolución RDP
014986 de 10 de abril de 2017, la cual reliquidó la mesada
pensional y en el ordinal octavo dispuso:
“Descontar de las mesadas atrasadas a las que tiene derecho la
señora GARCÍA DE VÁSQUEZ INÉS, la suma de $7.865.424.00 por
concepto de aportes para pensión de factores de salario no
efectuados. Lo anterior sin perjuicio de que con posterioridad se
determine que el pensionado adeudada valores adicionales o
superiores por el referido concepto, o se establezca que los aportes
inicialmente descontados deben ser objeto de la aplicación de algún
tipo de actualización o ajuste en su valor, y en consecuencia se
procederá a adelantar su cobro, para lo cual se deberá enviar una
copia de la presente resolución al área competente. Igualmente la
Subdirección de nómina tendrá especial cuidado en deducir los
valores previamente ordenados y descontados en actos
administrativos anteriores por el mismo concepto.”
La actora presentó solicitud el 19 de septiembre de 2017 a fin de
que se revoque el ordinal octavo transcrito y se le explicara de
forma detallada como se efectuó la liquidación de la condena y
como se determinó el valor a descontar por aportes no efectuados.
Como respuesta a lo anterior, mediante Resolución RDP 041089 de
30 de octubre de 2017 la UGPP le negó lo pretendido y le certificó
a la accionante los valores liquidados por la condena, señalándole
además que efectos de tal liquidación hizo uso de la fórmula
dispuesta por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
El (sic) su recurso de alzada la parte actora señala que la
UGPP al momento de cumplir este tipo de sentencias, ha
implementado una fórmula actuarial extraña al proceso
judicial para determinar el valor adeudado, lo cual
desconoce el contenido del título ejecutivo donde no se
ordenó nada diferente a efectuar los descuentos no
efectuados sobre los factores a incluir.
Revisados los apartes de las providencias transcritos se
advierte que efectivamente en ellas nada se dijo respecto a
la forma de efectuar la liquidación de los descuentos a
pensión no efectuados respecto de los factores a incluir
como resultado de la orden judicial, limitándose a señalar
que se deben determinar los factores que no fueron objeto
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de cotización, pero sin indicar en qué periodo de cotización,
en qué porcentaje de deducción.
Es por ello que en la demanda la accionante efectúa discusiones
tales como que, la Ley 4ª de 1966 disponía un aporte único del 5%
sobre el salario mensual “como cuota patronal, por lo que se debe
presumir en derecho que las entidades cobraron y cancelaron
oficiosamente esos aportes en su totalidad”.
Igualmente afirmó que:
“El Decreto 1045 de 1978 en su artículo 45 consagraba los factores
a tener en cuenta para el cálculo de la pensión, entre los cuales
estaban el auxilio de alimentación, prima de servicios y prima de
navidad. De lo cual se podía deducir que en ese 5% de retención
del salario mencionado anteriormente, ya se había incluido o que
la norma no había hecho distinción en su cobro. Lo que representa
que el operador administrativo no podía hacer diferenciación del
destino de este 5%, ya que el legislador tampoco lo hizo.
Es decir que, durante la vigencia de esta norma, mi representado
aportó en la forma y porcentaje indicado en la Ley 4 de 1966, sin
que quedará pendiente suma alguna por concepto de aportes. Lo
que quiere decir que la liquidación y deducción de aportes
realizados por la UGPP en el periodo de 3 de noviembre de 1964 al
30 de noviembre de 1991, no tiene sustento jurídico alguno para
asegurar que dichos aportes no se realizaron por parte de mi
mandante.
Con la entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985, en su artículo 3º
es clara al determinar los factores salariales sobre los cuales era
obligatorio realizar el pago de aportes, pero entre los factores que
se estipulaban no estaba el auxilio de alimentación, prima de
servicios y prima de navidad, es decir que claramente a partir del
13 de febrero de 1985, sobre los factores que no se contemplaban
este artículo, no se autorizó su deducción ni legal ni expresa.”.
De lo anterior advierte la Sala la existencia de una
verdadera controversia normativa, pues correspondería al
Juez de la causa ejecutiva, agregar elementos de tal índole
que no fueron discutidos en el proceso ordinario, tales como
las normas a aplicar para los descuentos, los periodos a
afectar, el porcentaje de cotización según el régimen legal
de cada periodo, las fórmulas de indexación entre otros
aspectos.
Debe recordarse que el juicio ejecutivo se funda en la
existencia de una obligación clara, expresa y exigible, cuya
determinación no requiera juicios normativos o de valor
diferentes al análisis del pago o impago de la obligación
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deprecada, por tanto ante la ausencia de tales
presupuestos, conforme lo señaló el A quo, las decisiones
adoptadas por la UGPP de forma unilateral en cuanto a la
forma de efectuar los descuentos sobre los factores no
cotizados, escapa a la órbita del proceso ejecutivo.
El título ejecutivo sea cual sea su naturaleza, es inmodificable por
el juez o las partes, sin importar las condiciones existentes al
momento de la ejecución de la condena y por tanto, aunque el Juez
que emitió la sentencia es a quien corresponde verificar como se le
dio cumplimiento, no se le habilita por ello a agregar
elementos normativos o subjetivos al título, pues sería tanto
como reabrir la Litis que en virtud de la ley ha hecho tránsito
a cosa juzgada.
Dicho lo anterior entiende la Sala que no es a través del
proceso ejecutivo que debe discutirse la forma como la
UGPP le practicó el precitado descuento a la actora, pues
como atrás se vio la orden emitida fue la de efectuar los
descuentos sobre los factores no cotizados, sin señalar el
periodo, el porcentaje o las normas a aplicar.
Obsérvese que la actora no se está oponiendo a que se le realicen
dichos descuentos, su inconformidad recae sobre la forma como se
liquidó la suma a descontar haciendo uso de fórmulas actuariales,
y pretendiendo que en el juicio ejecutivo se debata la norma a
aplicar para dichos fines, lo cual desnaturaliza el proceso ejecutivo
[…]”. (Destacado fuera de texto).
De lo anterior se infiere que la autoridad judicial accionada, al
conocer del proceso ejecutivo identificado con el número único de
radicación 2019-00408-01, encontró que tal como lo estimó el a quo,
no era posible librar mandamiento de pago en el asunto pues la
inconformidad de la actora recaía exclusivamente en la forma como
se liquidó la suma a descontar y a las fórmulas actuariales empleadas
por la UGPP, aspecto que no fue objeto de pronunciamiento dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
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En efecto, el Tribunal consideró que la forma de efectuar los
descuentos sobre los factores no cotizados como lo realizó la UGPP,
escapaba de la órbita del juez del proceso ejecutivo, comoquiera que
el juicio en esta clase de procesos se funda en la existencia de una
obligación clara, expresa y exigible, sin que le sean permitidos juicios
normativos o de valor diferentes al análisis de la obligación
deprecada.
Para arribar a la anterior conclusión, la autoridad judicial accionada
analizó la sentencia de 19 de noviembre de 2015 y la orden emitida,
así como la providencia de 11 de agosto de 2016 que confirmó la
decisión del a quo, para lo cual sostuvo que en ellas nada se dijo
respecto de la forma a realizar la liquidación de los descuentos de
pensión no efectuados en cuanto a los factores a incluir, de tal forma
que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se limitó a
señalar que se debían determinar los factores sobre los cuales no se
cotizó, sin indicar los períodos a afectar, el porcentaje de cotización
según el régimen legal de cada período y las fórmulas de indexación,
entre otros.
Así las cosas, advirtió que no corresponde al juez de la causa
ejecutiva agregar elementos que no fueron objeto de debate dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que
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el título ejecutivo es de naturaleza inmodificable.
Sobre el particular, la parte actora alega que la providencia acusada
incurrió en defecto fáctico comoquiera que se omitió darle valor
probatorio al certificado de los factores salariales que acreditaban su
derecho a la devolución de la diferencia de los dineros descontados
de más, por concepto de aportes a pensión, así como la sentencia
que se pretendía ejecutar.
En este punto, es del caso destacar que no le asiste razón a la actora,
dado que tal como lo advirtió el Tribunal en la providencia
cuestionada, la inconformidad de la señora GARCÍA DE VÁSQUEZ
se funda en la forma como se liquidó la suma a descontar y las
fórmulas actuariales utilizadas por la UGPP, sin que la misma se
oponga a que se realicen dichos descuentos o los factores salariales
sobre los cuales se realizó, de tal forma que no le correspondía a la
autoridad judicial accionada analizar el certificado de los factores
salariales, pues ello no estaba en discusión.
Sumado a lo anterior, como quedó expuesto en los apartes
transcritos de la providencia acusada, el Tribunal fundamentó su
decisión precisamente en las sentencias de 19 de noviembre de 2015
y 11 de agosto de 2016, que la actora pretendía ejecutar, de las
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cuales logró concluir que las sumas reclamadas no estaban
contenidas de forma clara, expresa y exigible, por lo que tampoco se
advierte la ocurrencia de un defecto fáctico frente a tal aspecto, pues
sí tuvo en cuenta el título ejecutivo para proferir la sentencia
cuestionada.
De otra parte, a juicio de la actora, el Tribunal incurrió en defecto
sustantivo al no observar las leyes vigentes en el tiempo de servicios
prestado, esto es, la Ley 4º de 1966, la Ley 33 de 1985 y la Ley 62
de 1985 y la forma en la que estas normas ordenan realizar los
descuentos por aportes; en ese mismo sentido, al dejar de aplicar las
normas referentes al proceso ejecutivo de las que se derivaba que se
debió librar mandamiento de pago.
Sobre el particular, la Sala advierte que contrario a lo esgrimido por
la actora, tal como se expuso en líneas anteriores, la autoridad
judicial accionada no podía analizar las normas que ordenan realizar
los descuentos por aportes comoquiera que en las sentencias que se
pretendía ejecutar no se expuso de forma clara y expresa la forma
en la que se debían liquidar los descuentos ni la fórmula que debía
utilizar la UGPP para ello, por lo que no le era posible al Tribunal
estudiar el cumplimiento de aspectos que no fueron objeto de
discusión ni se ordenaron dentro del proceso ordinario.
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De otra parte, en cuanto a las normas que regulan lo referente al
proceso ejecutivo, es del caso destacar que de conformidad con el
artículo 297 del CPACA, constituyen título ejecutivo las sentencias
debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una
entidad pública al pago de una suma dineraria.
Sumado a lo anterior, el artículo 422 del Código General del Proceso,
aplicable por remisión expresa del CPACA, dispone que podrán
demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y
exigibles, tal como se observa a continuación:
“[…] ARTÍCULO 422. TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse
ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que
consten en documentos que provengan del deudor o de su
causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen
de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de
cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las
providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de
costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás
documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de
un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en
el interrogatorio previsto en el artículo 184 […]”.
De lo anterior, es dable inferir que la autoridad judicial accionada si
aplicó en debida forma las normas referentes al proceso ejecutivo,
pues se centró en determinar si las sumas y el cumplimiento
reclamado estaban contenido de forma clara, expresa y exigible en
la sentencia que se pretendía ejecutar, lo que evidencia que tampoco
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incurrió en defecto sustantivo.
Finalmente, en lo atinente al desconocimiento del precedente, la
actora aduce que las autoridades judiciales accionadas dejaron de
aplicar la jurisprudencia dispuesta tanto por la Corte Constitucional
como por el Consejo de Estado, en lo referente a la forma de liquidar
las sumas a descontar y las fórmulas actuariales utilizadas para el
efecto.
En este punto, la Sala destaca que tal inconformidad no tiene
vocación de prosperidad, en la medida que el Tribunal no llegó a
analizar la forma en la que se liquidaron los descuentos por aporte ni
las fórmulas usadas para ello, precisamente porque, se insiste, tal
aspecto no fue objeto de análisis en el proceso ordinario, por lo que
mal haría el juez del proceso ejecutivo en agregar elementos que no
se discutieron dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y sobre los cuales no puede verificar el
cumplimiento.
Por lo anterior, para la Sala ni el análisis ni la decisión contenida en
la providencia controvertida, resultan caprichosos o excedidos, sino
que fueron adoptados a partir del alcance dado a la situación fáctica
de la demanda respectiva y a las fuentes jurídicas aplicables al caso,
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de tal suerte que lo que se advierte es la inconformidad de la actora
con las razones de la providencia judicial acusada, no así la
configuración de las falencias que se alegan.
Situación distinta es que la actora no comparta la tesis allí dispuesta,
al ser adversa a sus intereses, lo cual no significa que la decisión sea
arbitraria, sino que de conformidad con la autonomía judicial de la
que goza el juez de conocimiento, el TRIBUNAL decidió el asunto
sometido a su consideración.
De tal suerte que lo que se advierte es la inconformidad de la
accionante con las razones de la providencia judicial acusada, no así
la configuración de las falencias que alega, por lo que el amparo
solicitado será denegado, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR el amparo solicitado, de conformidad con lo
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expuesto en la parte motiva de esta providencia
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 23 de junio de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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