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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02860-00

Fecha
7 de julio de 2022
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02860-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: ACCEDER a la solicitud de coadyuvancia presentada por los señores Roberto Enrique Villegas de Ávila, Cristian Camilo Mendoza Pérez, Adairson Alberto Sequea Imitola y Esteban Luis Canole Díaz. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la petición de amparo constitucional presentada por los señores Dilia Rosa Velilla Wilches, Neider Luis Barreto Parra, Luis Miguel Barreto Velilla, Angy Carolina Barreto Velilla, Herly Marina Barreto Velilla, Enalba Judith Villegas de Ávila, Rosa María Villegas de Ávila, Fredy Alberto Peluffo Martínez, José Alfredo Peluffo Martínez, Filiberto Mendoza Oviedo, Héctor Manuel Sequea López, Usyaris Candelaria Imitola Blanco, Andrés Eduardo Sequea Imitola, Claudia Patricia Diaz Rivero, Wilson Rafael Canole Arrieta, Luis Adolfo Canole Pérez y Cenelis Paola Fernández Cerra, contra la decisión adoptada el 23 de agosto de 2019 por parte del Tribunal Administrativo de Sucre. TERCERO: NEGAR la solicitud de protección a las garantías constitucionales de la parte actora en relación con la sentencia de 25 de noviembre de 2021 dictada por Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado. CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: En caso de no ser impugnada la presente decisión, enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-02860-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

7 de julio de 2022

Demandantes: Dilia Rosa Velilla Wilches y otros
Demandados: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02860-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., siete (7) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02860-00
Demandantes: DILIA ROSA VELILLA WILCHES Y OTROS
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SALA PLENA DE LA SECCIÓN
TERCERA Y OTRO

Tema: Requisito general de procedibilidad de inmediatez. Niega por
inexistencia de vulneración.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela ejercida por la
señora Dilia Rosa Velilla Wilches y otros contra el Consejo de Estado, Sala Plena
de la Sección Tercera y el Tribunal Administrativo de Sucre.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Mediante escrito remitido al buzón electrónico de la Secretaría General de
esta Corporación el 25 de mayo de 2022, Dilia Rosa Velilla Wilches, Neider Luis
Barreto Parra, Luis Miguel Barreto Velilla, Angy Carolina Barreto Velilla, Herly
Marina Barreto Velilla, Enalba Judith Villegas de Ávila, Rosa María Villegas de Ávila,
Fredy Alberto Peluffo Martínez, José Alfredo Peluffo Martínez, Filiberto Mendoza
Oviedo, Héctor Manuel Sequea López, Usyaris Candelaria Imitola Blanco, Andrés
Eduardo Sequea Imitola, Claudia Patricia Diaz Rivero, Wilson Rafael Canole Arrieta,
Luis Adolfo Canole Pérez y Cenelis Paola Fernández Cerra, actuando mediante
apoderado judicial, interpusieron acción de tutela contra la Sección Tercera de esta
Corporación y el Tribunal Administrativo de Sucre.

2. Lo anterior, con el fin de que les sean amparados sus derechos
fundamentales a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y al
precedente judicial.

3. Desde el punto de vista de la parte accionante, la trasgresión de las citadas
garantías constitucionales encontró sustento en la providencia del 25 de noviembre

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Demandantes: Dilia Rosa Velilla Wilches y otros
Demandados: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera y otro
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de 2021 proferida por el Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera. En
esta providencia, se desestimó el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia promovido por el extremo demandante con ocasión a la sentencia
dictada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Sucre el 23 de agosto
de 2019, al interior del proceso de reparación directa adelantado contra la Nación -
Ministerio de Defensa – Armada Nacional – Policía Nacional 1.

1.2. Pretensiones

4. A título de amparo constitucional, solicitó lo siguiente:

2. Como consecuencia de la protección deprecada se deje parcialmente sin efecto la
sentencia de fecha (23) de agosto del año 2019 proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SUCRE y se revoque en todas sus partes la sentencia de
fecha 25 de noviembre del 2021 expedida por la SECCIÓN TERCERA DEL
CONSEJO DE ESTADO y en consecuencia se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SUCRE que expida una nueva providencia, en la cual se tenga
en cuenta lo siguiente: (…)

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia 2:

5. El 15 de julio de 2015, la señora Dina Rosa Velilla Wilches y otros, por
intermedio de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de reparación
directa, presentaron demanda en contra de la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Armada Nacional – Policía Nacional, con el fin de que se les indemnizara
por los perjuicios generados por el desplazamiento forzado que sufrieron con
ocasión de los hechos ocurridos el 17 de enero de 2001 en el corregimiento de
Chengue, municipio de Ovejas – Sucre.

6. Mediante sentencia proferida el 1 de junio de 2018, el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo negó las pretensiones porque, si bien
los demandantes probaron la condición de desplazados, lo cierto fue que no
demostraron que ello hubiese sido consecuencia de “la masacre de Chengue”,
ocurrida en Ovejas – Sucre. Además, no probaron que residieran en dicho municipio
para la época de los hechos.

1 Según se expone en el escrito de tutela, esta demanda se interpuso con el propósito de obtener

los perjuicios causados con ocasión del desplazamiento f orzado padecido como consecuencia de la
masacre de Chengue en el municipio de Ovejas, Sucre; cuyo conocimiento correspondió en primera
instancia al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo. Dicho proceso se identificó
con el número de radicado 70001-33-33-003-2015-00127-00/1.
2 Los cuales se construyen a partir de lo indicado por la parte actora y de la verif icación hecha

of iciosamente por la Sala.

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7. La parte demandante apeló el fallo del a quo, por cuanto, en su criterio, sí se
probó que el desplazamiento forzado tuvo como origen los actos violentos sucedidos
el 17 de enero de 2001, en el corregimiento de Chengue.

8. A través de fallo 23 de agosto de 2019, el Tribunal Administrativo de Sucre
revocó la providencia de primera instancia. Para fundamentar su decisión sostuvo que
se probó que el hecho dañino ocurrió por los actos violentos ocurridos en el referido
corregimiento. Esto, por cuanto, a juicio de la autoridad judicial, el Estado tuvo pleno
conocimiento de la presencia de un grupo subversivo en la zona y omitió atender las
alertas dadas, lo que conllevó a un a falla en la prestación del servicio de protección a
la ciudadanía.

9. En lo relacionado con la indemnización a reconocer, el Tribunal indicó que los
actores solicitaron la indemnización por perjuicios morales con base en el “miedo,
terror, angustia, zozobra” causado por las amenazas y persecución del grupo armado
“que cometió el horrendo crimen”; por lo que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta
Corporación, dicho menoscabo “se presume” y reconoció a cada actor 20 SMLMV y
15 SMLMV para los menores de edad.

10. En lo concerniente a la “alteración en las condiciones de existencia”, el ad quem
concluyó que ese perjuicio se fundó en los traumas afectivos generados por el
desplazamiento forzado del que fueron víctimas los accionantes y, como dicho
perjuicio “se entiende comprendido en el daño moral”, negó la indemnización pedida
por tal concepto.

11. En cuanto al daño emergente, se consideró que la parte actora no acreditó los
inmuebles, cultivos o semovientes que eran de su propiedad, ni tampoco los gastos
en los que incurrió con ocasión del desplazamiento forzado “con el objeto de
procurarse vivienda, enseres y vestido”.

12. Por último, explicó que, como la parte actora no demostró la actividad
económica que ejercía, se debía acudir al criterio fijado por el Consejo de Estado,
según el cual, una persona en edad productiva devenga al menos 1 SMLMV. Por
ende, el lucro cesante ascendía a $6’210.870 a favor de cada demandante que para
la época de los hechos ostentaba la “mayoría de edad”.

13. La mencionada decisión fue notificada el 30 de agosto de 2019 y quedó
ejecutoriada el 4 de septiembre siguiente.

14. La parte demandante interpuso oportunamente el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia en contra de la sentencia dictada en la segunda
instancia en el proceso de reparación directa. Para fundamentar el recurso adujo

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que el mencionado Tribunal desconoció el fallo proferido por la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado el 28 de agosto de 2014 3.

15. Señaló que la mencionada autoridad judicial, al liquidar los perjuicios
morales, pasó por alto que “la masacre de Chengue” conllevó a una grave violación
a los derechos humanos y, según la sentencia de unificación mencionada, en estos
eventos se puede reconocer una suma superior a los 100 SMLMV, pero que en su
situación particular fue un monto “inferior e irrisorio”.

16. Este mecanismo extraordinario se identificó con el radicado N.º 11001-03-26-
000-2020-00024-00, y fue resuelto mediante sentencia de 25 de noviembre de 2021,
para lo cual desestimó lo pretendido y condenó en costas a los recurrentes.

17. La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado adujo que el
Tribunal Administrativo de Sucre valoró las particularidades del caso y los elementos
probatorios que obraban en el expediente, con base en lo cual concluyó que no se
probó alguna vulneración diferente de las ya reconocidas bajo el concepto de daño
moral que permitieran un reconocimiento económico mayor al ya otorgado sin que
esto implicara desconocer los lineamientos fijados en la providencia de unificación
aludida como desconocida.

1.4. Sustento de la vulneración

18. La parte actora planteó reproches a las providencias emitidas tanto por el
Tribunal Administrativo de Sucre en sede de reparación directa, como por la Sala
Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el marco del recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia. Bajo este en tendido, esta
Magistratura escindirá los cuestionamientos en mención.

1.4.1. De la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Sucre

19. Al respecto, indicó que no comparte la manera como el tribunal liquidó los
perjuicios inmateriales, en virtud de que estos fueron tazados por suma muy
irrisorias con respecto a los valores otorgados, en providencias dictadas el 21 de
septiembre de 2009 y el 25 de agosto de 2011, a otros ciudadanos que fueron
víctimas de la masacre de Chengue y, además, se emplearon las mismas pruebas
alegadas por ellos.

20. Adujo que aquella autoridad judicial no reconoció los perjuicios reclamados
por alteración a las condiciones de existencia, hoy denominados perjuicios por
afectaciones a derechos convencionales y constitucionalmente amparados,
derivados por el desplazamiento forzado, en consideración a que erradamente
consideró que esa tipología de perjuicios se encuentra comprendida dentro de la

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, M.P. Ramiro Pazos Guerrero,
expediente N.º 05001-23-25-000-1999-01063-01.

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categoría de tipo moral, pese a que en el expediente existe abundante material
probatorio que da por demostrado la existencia de estos detrimentos de manera
autónoma a aquel daño. En ese sentido acotó que hubo un desconocimiento del
precedente tanto horizontal como vertical, dejando de lado los mandatos dados por
la Corte Constitucional sobre la materia y, con ello, una notoria vulneración al
derecho fundamental de igualdad.

21. Recordó que, en la situación bajo estudio, los derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso efectivo a la administración de justicia y reparación plena
resultaron trasgredidos, dado que pesar de que la autoridad accionada estaba en el
deber de declarar dicha responsabilidad y de reconocer de manera automática una
indemnización por los conceptos de afectaciones a derechos constitucionales, no
realizó ningún pronunciamiento al respecto.

22. Ligado a esto, señaló que la Sección Tercera del Consejo de Estado en
múltiples providencias viene reconociendo los perjuicios morales a favor de las
víctimas del desplazamiento en la suma invariable de (50) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, sin tener en cuenta que en el presente caso se encuentran
acreditadas circunstancias de una mayor intensidad o gravedad del daño 4.

1.4.2. De la decisión adoptada por la Sala Plena de la Sección Tercera del
Consejo de Estado

23. Expuso que la providencia adoptada por esta Corporación desconoció los
lineamientos fijados en la sentencia de unificación de fecha 28 de agosto de 2014,
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la cual consagra que, en casos de
graves violaciones de los derechos humanos e infracción al derecho internacional
humanitario, entre otros, podrá otorgarse una indemnización superior a 100
SMLMV.

24. Para ello, adujo que en su situación particular sí se encuentran reunidos los
requisitos para tazar en mayor proporción los perjuicios morales reclamados en la
demanda y reconocer una medida pecuniaria por el daño a afectaciones relevantes
a derechos constitucionales y convencionalmente amparados, en especial por
cuanto esa misma Sección en casos de desplazamiento viene reconociendo sumas
de dineros hasta por 200 SMMLV con ocasión del primer concepto referido,
separándolo del segundo, el cual ha sido de hasta a 100 SMMLV.

4 Sobre el particular ref irió las siguientes decisiones: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, M.P. Ramiro Pazos Guerrero, sentencias de 1 de
junio de 2017, 31 de agosto de 2017, 30 de noviembre de 2017. Asimismo, aquellas bajo ponencia
de los magistrados Mauricio Fajardo Gómez de 18 de f ebrero de 2010; Hernán Andrade Rincón de
14 de junio de 2016 y 23 de marzo de 2017; Danilo Rojas Betancourth de 3 de mayo de 2013 y 20
de marzo de 2018; Jaime Orlando Santof imio Gamboa de 12 de junio de 2014 y 7 de mayo de 2018;
Alberto Montaña Plata de 27 de agosto de 2019.

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1.5. Actuaciones procesales relevantes

1.5.1. Trámite de admisión

25. Mediante auto de 2 de junio de 2022, el magistrado ponente resolvió admitir
la acción de tutela. En esta providencia se ordenó notificar a la parte actora, a la
Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado y al Tribunal Administrativo
de Sucre como autoridades accionadas.

26. Asimismo, también se vincularon, en calidad de terceros con interés: (i) a la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Armada Nacional – Policía Nacional, en
su calidad de parte demandada al interior del proceso de reparación directa
promovido por la parte accionante; (ii) al Juzgado Tercero Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Sincelejo por ser la autoridad que profirió la sentencia en primera
instancia del proceso de reparación directa de radicación 70001-33-33-003-2015-
00127-00/1; (iii) a los señores Roberto Enrique Villegas de Ávila, Cristian Camilo
Mendoza Pérez, Adairson Alberto Sequea Imitola, Aura María Arrieta Cárdenas y
Esteban Luis Canole Díaz quienes también conformaron el extremo demandante en
los procesos de reparación directa y del recurso extraordinario de unificación y; (iv)
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en los términos y para los
efectos del artículo 610 del Código General del Proceso.

1.5.2. Intervenciones

27. Remitidos los oficios correspondientes, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.2.1. Tribunal Administrativo de Sucre

28. Solicitó declarar improcedente la acción de tutela porque no se reúnen los
requisitos de procedibilidad y, en todo caso alegó que el trámite adelantado por esa
autoridad no vulneró ningún derecho fundamental, ya que la decisión bajo estudio
aplicó la normatividad y jurisprudencia correspondiente a la situación concreta, con
garantía de las distintas etapas procesales, quedando en evidencia que el presente
mecanismo pretende es generar una instancia más de discusión.

1.5.2.2. Consejo de Estado, Sala Plena, Sección Tercera

29. La titular del despacho ponente de la providencia que resolvió el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia realizó un recuento de los hechos
que suscitaron aquel mecanismo y recordó que este no tiene como propósito ser
una tercera instancia del proceso primigenio, sino que su margen de acción se
limitaba a identificar el criterio de unificación, sin que en el asunto analizado se
advirtiera un desconocimiento de una providencia de esta naturaleza.

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1.5.2.3. Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo

30. A través de su secretaria procedió a enviar enlace digital que contiene el
expediente del medio de control de reparación directa.

1.5.2.4. Ministerio de Defensa Nacional

31. La coordinadora del grupo Contencioso Constitucional adujo que la acción de
tutela no satisfacía el requisito de inmediatez, pues aun cuando la parte actora
promovió el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, este no
suspende la ejecución de la sentencia recurrida.

32. Agregó que las pretensiones del medio de control de reparación directa
estuvieron encaminadas a declarar administrativa y patrimonialmente responsable
por los daños y perjuicios causados con ocasión al desplazamiento forzado del que
fueron víctimas los accionantes derivados de los hechos relacionados con la
masacre de Chengue sin que lograran probar bajo ningún medio probatorio un
perjuicio en su mayor intensidad, lo que no permite dar aplicación de los
lineamientos fijados en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014
proferida por el Consejo de Estado.

1.5.2.5. Policía Nacional

33. El jefe del Área Jurídica solicitó denegar las pretensiones constitucionales
por cuanto, bajo su criterio, los tutelantes no satisfacen los requisitos de
procedibilidad de la acción y que, en todo caso, no existe trasgresión a las garantías
constitucionales pues las autoridades demandadas realizaron un análisis coherente
del material probatorio obrante en el expediente.

1.5.2.6. Terceros con interés

34. Roberto Enrique Villegas de Ávila, Cristian Camilo Mendoza Pérez,
Adairson Alberto Sequea Imitola y Esteban Luis Canole Díaz presentaron
intervenciones en las que señalaron que la indemnización otorgada por el Tribunal
Administrativo de Sucre resultó irrisoria, desconociendo los hechos que motivaron
iniciar el medio de control de reparación directa. Pusieron de presente que su niñez
y adolescencia fue vivida en condiciones de indefensión debido al desplazamiento
forzado del que fueron víctimas. Por ende, consideran que se debe replantear lo
decidido en aquella decisión judicial para que puedan obtener justicia por los
perjuicios padecidos.

35. En todo caso solicitaron que les fueran extendidos los efectos de la decisión
que se profiera en esta acción de tutela.

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1.5.2.7. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Armada
Nacional de Colombia, pese a haber sido notificados en debida forma de la
existencia de este proceso, guardaron silencio.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

36. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela interpuesta por
la señora Dilia Rosa Velilla Wilches y otros contra el Consejo de Estado, Sala Plena
de la Sección Tercera y el Tribunal Administrativo de Sucre. Lo anterior de
conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el
artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado
por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación 5.

2.2. Legitimación en la causa

37. El inciso 1 del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.

38. En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 1991 6, en los artículos 1, 10, 46 y
49, precisa que el mecanismo de amparo puede ser presentado por cualquier
persona que encuentre vulnerados sus derech os fundamentales, bien sea i) por sí
misma; ii) a través de representante; iii) apoderado; o iv) por medio de la agencia
oficiosa, cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de
promover su defensa. También pueden interponer acción de tutela los defensores
del pueblo y los personeros municipales 7.

39. Con fundamento en el marco conceptual expuesto 8, la Sala advierte que los
señores Dilia Rosa Velilla Wilches, Neider Luis Barreto Parra, Luis Miguel Barreto
Velilla, Angy Carolina Barreto Velilla, Herly Marina Barreto Velilla, Enalba Judith
Villegas de Ávila, Rosa María Villegas de Ávila, Fredy Alberto Peluffo Martínez, José
Alfredo Peluffo Martínez, Filiberto Mendoza Oviedo, Héctor Manuel Sequea López,
Usyaris Candelaria Imitola Blanco, Andrés Eduardo Sequea Imitola, Claudia Patricia
Diaz Rivero, Wilson Rafael Canole Arrieta, Luis Adolfo Canole Pérez y Cenelis Paola
Fernández Cerra son los titulares de los derechos fundamentales que reclama, en

5 Reglamento interno de la Corporación.
6 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
7 Corte Constitucional, Sentencia T-793 de 2007.
8 Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Co ntencioso Administrativo, Sección Quinta,

ha venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones
de tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Al respecto, véase, entre otras, sentencia
de 02.06.22. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, Rad. 11001-03-15-000-2022-02431-00.

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razón a que conformaron la parte demandante dentro del proceso de reparación
directa en el que se dictó la providencia aquí enjuiciada.

40. En consecuencia, la parte accionante goza de legitimación en la causa por
activa, presupuesto procesal que al superarse permite el estudio sobre los requisitos
de procedibilidad y la supuesta vulneración de los derechos invocados.

41. Asimismo, la demanda se dirigió contra el Consejo de Estado, Sala Plena de
la Sección Tercera y el Tribunal Administrativo de Sucre entidades que profirieron
las providencias objeto de censura, razón por la cual, se encuentra legitimada por
pasiva.

2.3. De la solicitud de coadyuvancia

42. Los señores Roberto Enrique Villegas de Ávila, Cristian Camilo Mendoza
Pérez, Adairson Alberto Sequea Imitola y Esteban Luis Canole Díaz, solicitaron que
les sean extendidos los efectos de la presente decisión judicial.

43. Al respecto, la Sala se permite traer a colación la figura de la coadyuvancia
en la acción de tutela. Sobre esto, la Corte Constitucional en sentencia T-1062 de
2010, expuso:

Coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como la participación de un
tercero con interés en el resultado del proceso que manifiesta compartir las
reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante de la tutela, sin
que ello suponga que éste pueda realizar planteamientos distintos o
reclamaciones propias que difieran de las hechas por el demandante, pues
de suceder esto se estaría realmente ante una nueva tutela, lo que
desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica de la coadyuvancia.

44. En ese orden, comoquiera que lo pretendido por los referidos ciudadanos se
encamina a ser parte del presente trámite constitucion al sin que medie
planteamiento que vaya en contravía a lo señalado por la parte actora, se accederá
a su solicitud, admitiéndolos en calidad de coadyuvantes dentro de esta acción de
tutela.

2.4. Problema jurídico

45. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, los
defectos formulados, el material probatorio recaudado, los informes presentados y
el estudio oficioso hecho por la Sala, el problema jurídico que subyace al caso
concreto es el siguiente:

• ¿Se superan en el caso bajo estudio los requisitos de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencia judicial?

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46. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo
siguiente:

• ¿El Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Terca y el Tribunal
Administrativo de Sucre vulneraron los derechos invocados por los
accionantes, por presuntamente incurrir en un desconocimiento del
precedente al proferir la sentencia del 25 de noviembre de 2021 y del 23 de
agosto de 2019, mediante las cuales se desestimó el recurso extraordinario
de unificación de jurisprudencia y se accedió parcialmente a las súplicas de
la demanda dentro de un proceso de reparación directa, respectivamente?

47. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad;
de superarse lo anterior (iii) nociones de los defectos invocados y; (iv) el análisis
del caso concreto.

2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

48. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 2012 9. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema10. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales11.

49. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 12. En esta sentencia se

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,

M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del f allo de la Sala Plena antes

reseñado.
11 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conf ormidad con lo expresado a f olios 2 a 50 de esta providencia”.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de

2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.

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establecieron seis requisitos generales de procedencia 13 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial 14.

50. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configura
los defectos especiales, es obligatorio que la Sala determine si se superan los
siguientes requisitos generales de procedencia (i) inmediatez, (ii) que no se trate de
tutela contra tutela, (iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado, (iv) relevancia constitucional, (v) que
la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en
el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y (vi) cuando se trate de
una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo
o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora.

51. De modo que, de no observarse el cumplimiento de u no de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si
se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
(i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal

13 Los seis criterios adjetivos establecid os en la sentencia de unif icación del 05 de agosto del 2014

son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan
agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de def ensa judicial al alcance de la persona
af ectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusf undamental irremediable;
iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un ef ecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que af ecta los derechos f undamentales de la parte
actora; v) Que la parte actora identif ique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
14 Los ocho def ectos materiales son los siguientes: i) Def ecto orgánico, que se presenta cuando el

f uncionario judicial que prof irió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Def ecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Def ecto f áctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Def ecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los f undamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal f ue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que af ecta derechos
f undamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los f undamentos f ácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita f uncional; vii). Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho f undamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la ef icacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante d el derecho f undamental vulnerad y viii) Violación directa
de la Constitución.

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entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y (ii) que la acción no
intente reabrir el debate de instancia.

52. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.6. Estudio de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial

2.6.1. Inmediatez

53. Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de tutela debe
ejercerse en un plazo razonable 15, el cual requiere ser ponderado por el juez en
cada caso, pues de lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el
constituyente y se desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual,
inmediato y efectivo16.

54. De acuerdo con lo anterior, esta Sección 17 ha considerado como plazo
prudencial el de seis (6) meses desde la ocurrencia del hecho generador –el cual
es la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada- que da lugar a la solicitud de
protección y la presentación de esta, y cuando este es excesivo se declara su
improcedencia.

55. No obstante, se analiza en cada caso concreto si median razones suficientes
que justifiquen el retardo, como para omitir su consideración y entrar al fondo del
debate jurídico planteado.

56. En relación con aquellas circunstancias que justifican el retardo para
promover la acción de tutela en un término razonable, la Corte Constitucional en
sentencia T-256 de 2015, cuya tesis es acogida por esta Sala como criterio auxiliar,
indicó que la acción de tutela será procedente “cuando fuere promovida en un
extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración, siempre que: (i) exista
un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el estado de
indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad f ísica, entre
otros; (ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión; (iii) exista un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados; o (iv)

15 Dicho criterio f ue expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 05.08.14,

Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01, Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
16 Corte Constitucional, Sentencia T-290 de 2011.
17 Ver, entre otras, Sentencias de 09.06.22. Rad 11001-03-15-000-2022-02627-00, M.P. Pedro Pablo

Vanegas Gil; 02.06.22. Rad 11001-03-15-000-2022-02209-00, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio;
26.05.22. Rad. 11001-03-15-000-2022-01403-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra y; 05.05.22. Rad.
11001-03-15-000-2022-01942-00, M.P. Rocío Araújo Oñate.

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cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a
que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela,
la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos, con tinúa
y es actual”18.

57. Al descender al caso concreto, la Sala advierte la necesidad de escindir el
estudio del requisito de procedencia en cuestión por cuanto, como se explicó en el
acápite de sustentación de vulneración, existen reparos dirigidos tanto a la decisión
del Tribunal Administrativo de Sucre, como a la de la Sala Plena de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.

58. En primera medida, tratándose de los reproches encaminados a cuestionar
la liquidación de los perjuicios por parte del tribunal, esto es, (i) el desconocimiento
del precedente horizontal en donde la misma autoridad judicial, con fundamento en
las mismas pruebas y fundamentos de derecho, otorgó un reconocimiento
económico superior al que les fue concedido y; (ii) el desconocimiento vertical y
ausencia de pronunciamiento respecto de la tipología denominada “afectaciones a
derechos convencionales y constitucionalmente amparados, derivados por el
desplazamiento forzado” lo que implicó que toda la vulneración que motivó el medio
de control se estudiara desde la óptica de los perjuicios morales, no se supera el
requisito de procedibilidad de la inmediatez.

59. Esto es así por cuanto los cuestionamientos en mención controvierten la
decisión de 23 de agosto de 2019, que fue notificada por estado el 30 siguiente y
quedó ejecutoriada el 4 de septiembre de 2019, por lo que desde el día siguiente
empezó a correr el término de los 6 meses, teniendo como último plazo para
interponer esta acción de tutela el 5 de marzo de 2020, sin que esto ocurriera.

60. Por otro lado, en relación con los planteamientos al presunto
desconocimiento sobre la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014 y la
posibilidad que tiene una autoridad judicial de reconocer perjuicios superiores a 100
SMLMV cuando se está ante una situación de desplazamiento forzado en donde
queda en evidencia una mayor intensidad o gravedad del daño, lo que se acompasa
con jurisprudencia del Consejo de Estado en el que desde la promulgación de
aquella providencia se han dictado múltiples fallos que así lo reconocen, sin que
esto fuera valorado en la sentencia de 25 de noviembre de 2021 dictada por la Sala
Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, notificada por estado el 13 de
diciembre de 2021, lo que implica que su ejecutoria venció el 16 de diciembre de
2021 y, por tanto, tenía hasta el 17 de junio de 2022 para activar el mecanismo
constitucional por lo expuesto en precedencia, lo que efectivamente ocurrió pues la
acción se interpuso el 25 de mayo de 2022.

18 Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de
2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010.

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2.6.2. Tutela contra decisión de tutela

61. La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad. En efecto, no se trata de una tutela contra decisión de la misma
naturaleza, pues la providencia judicial controvertida fue proferida en el trámite
recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia que promovió la señora Dilia
Rosa Velilla Wilches y otros contra la sentencia de 23 de agosto de 2019 proferida
por el Tribunal Administrativo de Sucre.

2.6.3. Subsidiariedad

62. Este requisito se encuentra superado, pues la providencia dictada por la Sala
Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que se cuestiona en sede de
tutela puso fin al recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, identificado
con radicado N.º 11001-03-26-000-2020-00024-00 y frente a tal providencia no
procede recurso ordinario alguno.

63. Tampoco los extraordinarios, pues los motivos que sustentan esta solicitud
de amparo no se enmarcan en las causales que hacen procedente el recurso
extraordinario de revisión ni el de unificación de jurisprudencia.

2.6.4. Relevancia constitucional

64. Para la Sala es necesario precisar que este requisito se encuentra superado
por cuanto en primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad de la
providencia que desestimó el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
comoquiera que, a su juicio, incurrió en el defecto de desconocimiento del
precedente. Por tanto, considera que, la autoridad demandada no tuvo en cuenta
los lineamientos fijados en una sentencia de unificación que permitiría dejar en
evidencia la procedibilidad de una tasación de perjuicios superior a la otorgada por
el juez de reparación directa que falló su caso.

65. En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el
titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, pues
en efecto, la parte actora considera vulnerados sus derechos fundamentales a la
igualdad, de acceso a la administración de justicia “y precedente jurisprudencial”.

66. Luego, es de relevancia constitucional cuando subsiste la presunta violación
o amenaza a unos derechos fundamentales, pilares del sistema judicial, como lo
son los invocados en la presente acción de amparo.

67. Ello quiere significar que el asunto de la acción de tutela de la referencia tiene
importancia para la interpretación de la Constitución, su aplicación y eficacia, la
determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales y libertades
públicas.

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2.6.5. Identificación razonable de los hechos generadores de la presunta
vulneración y los derechos trasgredidos

68. En relación con este aspecto, la Sala considera que la parte actora prersentó
con claridad que la transgresión de sus derechos se deriva, en su entender, de una
decisión contraria al precedente de unificación jurisprudencial de 28 de agosto de
2014 dictado por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado ante
el desconocimiento de los lineamientos allí fijados en materia de tasación de
perjuicios en casos de desplazamiento forzado por cuanto, bajo su consideración
se encuentran acreditadas circunstancias que demuestran una mayor intensidad o
gravedad del daño moral, lo que implica un reconocimiento económico mayor con
ocasión a ello.

69. Ciertamente, la Sala considera que la parte tutelante expuso con
razonabilidad los argumentos de constitucionalidad que habilitan el mecanismo bajo
análisis, lo que permite superar el requisito en cuestión.

2.6.6. Irregularidad procesal

70. Finalmente, no se observa que se haya alegado una irregularidad procesal,
razón por la que no es procedente su análisis en el caso concreto.

71. Así las cosas, habiéndose cumplido los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, la Sala analizará si en el caso concreto se
encuentra configurado el defecto de desconocimiento del precedente alegado por
la parte accionante, para lo cual pasará en un primer momento a realizar una
explicación general sobre este.

2.7. Noción del defecto invocado: desconocimiento del precedente

72. Resulta importante precisar la posición de la Sala sobre el concepto de
precedente19. Este se sintetiza en los siguientes términos:

(…) es la decisión, o el conjunto de decisiones, que sirven de referente al juez que
debe pronunciarse respecto de un asunto determinado, por guardar una similitud en
sus presupuestos fácticos y jurídicos, y respecto de los cuales la ratio decidendi
constituye la regla… que obliga al operador jurídico a fallar en determinado sentido
(…).20 (Negrilla y subrayado fuera de texto).

73. En otras palabras, por regla general, se entiende como precedente aquella
sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo
objeto de escrutinio en materia de patrones fácticos, problemas jurídicos y ratio
decidendi que fija una regla para resolver la controversia, que sirve también para

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15 de

julio de 2021. Rad. N.º 11001-03-15-000-2021-01626-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 19 de

f ebrero de 2015. Rad. N.º 11001-03-15-2013-02690-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.

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solucionar el caso reciente 21.

74. Aunado a ello, esta Sección en reiterados pronunciamientos22 explicó que el
concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del
sentido de la decisión y su contenido específico. Es decir, la ratio decidendi, la cual
no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una providencia en
donde se especifique una regla o sub-regla de derecho.

75. La Sala analiza el asunto de la referencia, teniendo en cuenta la
caracterización dada por la Corte Constitucional y esta Sección al mencionado
defecto.

2.8. Caso concreto

76. De conformidad con lo señalado por la parte actora, la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en un desconocimiento del
precedente de la sentencia de unificación de 28 de agosto de 201423.

77. Para fundamentar el recurso extraordinario de unificación, la parte
demandante señaló que el Tribunal Administrativo de Sucre, al liquidar los perjuicios
morales, pasó por alto que “la masacre de Chengue” conllevó a una grave violación
a los derechos humanos y, según la providencia de unificación en mención, en estos
eventos se puede reconocer una suma superior a los 100 SMLMV, pero que en su
situación particular fue un monto “inferior e irrisorio”.

78. Sobre el particular, la autoridad accionada, en sentencia de 25 de noviembre
de 2021 desestimó lo pretendido y condenó en costas a los recurrentes, para lo cual
adujo que el Tribunal Administrativo de Sucre valoró las particularidades del caso y
los elementos probatorios que obraban en el expediente, con base en lo cual
concluyó que no se probó alguna vulneración diferente de las ya reconocidas bajo
el concepto de daño moral que permitieran un reconocimiento económico mayor al
ya otorgado sin que esto implicara desconocer los lineamientos fijados en la
providencia de unificación aludida.

79. Con este escenario, para la Sección resulta imperioso definir que, en la
referida sentencia de 2014, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de
Estado admitió que en los casos de graves violaciones a los derechos humanos e
infracciones al derecho internacional humanitario es posible reconocer hasta 300
SMLMV por perjuicios morales, siempre que se cumplan determinados requisitos,
dentro de los que se destacan:

21 Corte Constitucional. Sentencias T-292 de 2006 y T-794 de 2011.
22 Ver,entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencia de 6 de mayo de 2021, Rad. No. 11001-03-15-000-2021-00281-01, M.P. Rocío Araújo
Oñate.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, M.P. Ramiro Pazos Guerrero,

expediente N.º 05001-23-25-000-1999-01063-01.

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(i) El objetivo de reparar este daño es el de restablecer plenamente a la
víctima en el ejercicio de sus derechos, como consecuencia, la reparación está
orientada a que desaparezcan las causas originarias del daño, a que en lo
posible la víctima directa disfrute sus derechos en condiciones similares y a
que en el futuro no se repita dicha vulneración.

(ii) Las medidas de reparación de este tipo de daños pueden serlo a
petición de parte o de oficio, siempre y cuando aparezca acreditada su
existencia.

(iii) Se reconoce a favor de la víctima directa de la lesión como a su núcleo
familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero/a permanente y los
parientes hasta el primer grado de consanguinidad, incluida la relación familiar
biológica, la civil derivada de la adopción y aqu ellas denominadas "de crianza".

(iv) Se repara principalmente mediante medidas no pecuniarias; empero,
en casos excepcionales cuya reparación integral, a consideración del juez, no
sea suficiente, pertinente, oportuna o posible podrá otorgarse una
indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, hasta por 100
SMLMV. Dicha cuantía deberá motivarse por la autoridad judicial competente
y ser proporcional a la intensidad del daño y/o la naturaleza del bien o derecho
afectado.

(v) Debe existir una expresa declaración de responsabilidad del Estado
por la existencia de un daño a bienes constitucionales y convencionales que
le sean imputables, por cuanto su propósito es el de reprobar las relevantes
violaciones a los derechos humanos y concretar las medidas para efectivizar
las garantías de verdad, justicia, reparación, no repetición y las demás
definidas por el derecho internacional.

(vi) Es un daño frente al cual se impone la necesidad de que el juez acuda
a otras medidas distintas de las que tradicionalmente se h an adoptado frente
a otro tipo de vulneraciones, con el fin de reparar plenamente a las víctimas.

80. Ahora bien, adujo que la autoridad judicial tendrá el deber de verificar que
efectivamente se esté ante un daño antijurídico con fundamento en el acervo
probatorio y que, de adoptarse una medida pecuniaria, esta no podría estar inmersa
en perjuicio material o inmaterial ya reconocido. En concreto expuso:

En aras de evitar una doble reparación, el juez deberá verificar ex ante: (a) que se
trate de una vulneración o afectación relevante de un bien o derecho constitucional o
convencional; (b) que sea antijurídica; (c) que en caso de ordenarse una
indemnización excepcional, no esté comprendida dentro de los perjuicios materiales
e inmateriales ya reconocidos, y (d) que las medidas de reparación sean correlativas,
oportunas, pertinentes y adecuadas al daño generado.

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81. Bajo estas premisas, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de
Estado en la providencia cuestionada en esta acción de tutela, realizó un recuento
de la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Sucre respecto de la
tasación de la indemnización por concepto de perjuicios morales, así como de la
denegatoria por concepto del perjuicio de “alteración a las condiciones de
existencia”.

82. En cuanto al primer componente concluyó que el operador jurídico del medio
de control de reparación directa había encontrado que la inclusión de los
accionantes en el Registro Único de Víctimas y certificaciones expedidas por las
respectivas entidades permitía establecer que el desplazamiento de los
demandantes ocurrió como consecuencia de los actos violentos de 17 de enero de
2001. Sin embargo, la ausencia de un reconocimiento económico en los términos
solicitados por los recurrentes obedeció a que no se aportaron elementos
probatorios que permitieran establecer el período por el cual se prolongó el
desplazamiento forzado de los accionantes.

83. Además de lo anterior, encontró que, de acuerdo con lo señalado por el
tribunal recurrido, no se demostró si a los demandantes no les fue dable retornar a
ese corregimiento por razones de seguridad o ello se debió a una decisión personal,
ni tampoco se acreditaron las circunstancias particulares en las que la parte actora
se vio obligada a desplazarse forzadamente de su residencia.

84. Así, refirió que la decisión adoptada en aquel medio de control, en cuanto a
los perjuicios morales, obedeció a “la presunción fijada de forma pacífica [por el
Consejo de Estado] frente a ese tipo de perjuicios en casos de desplazamiento
forzado”, para lo cual trajo a colación providencias de la Sección Tercera de esta
Corporación en las que si bien se declaró la responsabilidad estatal por
desplazamiento forzado, lo cierto es que se otorgaron diferentes sumas por aquel
concepto en ejercicio de la discrecionalidad del juez, pues la variación del
reconocimiento variará según lo probado de acuerdo con el daño resulte ser “más
gravoso e intenso”.

85. Por ello, concluyó que “la aplicación del criterio de unificación dependerá de
las particularidades de cada asunto, por ende, será la autoridad judicial encargada
quien determinará, con base en el material probatorio que obre en el expediente, la
suma correspondiente, lo cual, en todo caso, deberá motivarse por el juez”, lo que
dio lugar a establecer que el cargo en mención no prosperaba.

86. Ahora bien, en lo concerniente a la denegatoria por concepto de “alteración
a las condiciones de existencia”, la autoridad accionada recopiló el estudio hecho
por el Tribunal Administrativo de Sucre sobre este elemento y encontró que, distinto
a lo planteado por los recurrentes, y a la luz del contenido de la sentencia de
unificación de 28 de agosto de 2014, el reconocimiento de las afectaciones a bienes
o derechos constitucional y convencionalmente protegidos implica la configuración
de varios supuestos, entre ellos, que debe existir una expresa declaración de

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responsabilidad del Estado por la existencia de un daño a bienes constitucionales y
convencionales que le sean imputables, sumado a ello, dicha vulneración debe estar
plenamente probada en el correspondiente proceso.

87. Con este presupuesto, refirió que la autoridad recurrida valoró las
particularidades del caso y los elementos probatorios que obraban en el expediente,
con base en lo cual concluyó que no se probó alguna vulneración diferente de las
ya reconocidas bajo el concepto de daño moral, lo que, con fundamento en la
sentencia de unificación, impedía reconocer un monto adicional.

88. En todo caso recordó a los demandantes que aquel trámite extraordinario no
constituye una instancia adicional a través de la cual resulte procedente imponer
una interpretación de las normas aplicables al asunto debatido en el proceso
ordinario, ni tampoco para que se especifique una determinada valoración
probatoria, a efectos de que aquella Sala de Decisión coincida con el raciocinio de
las partes, por lo que, respecto de este reproche, también desestimó el recurso.

89. De esta manera, para esta Sección se evidencia que la autoridad accionada
no desconoció el precedente aplicable. Por el contrario, al tener en cuenta las
consideraciones allí plasmadas encontró que no era dable acceder a extender los
efectos de la sentencia de unificación alegada pues la decisión por parte del Tribunal
Administrativo de Sucre, en uso de su sana crítica y autonomía judicial, de no aplicar
la tasación de perjuicios contenidas en aquella providencia, obedeció a la falta de
pruebas que permitiera evidenciar un daño moral más gravoso e intenso.

90. Por tanto, ante la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales de
la parte actora con ocasión de la providencia judicial de 25 de noviembre de 2021
adoptada por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, esta
Sección negará la solicitud de amparo.

2.9. Conclusiones

91. En atención a la solicitud de los señores Roberto Enrique Villegas de Ávila,
Cristian Camilo Mendoza Pérez, Adairson Alberto Sequea Imitola y Esteban Luis
Canole Díaz de que se les extienda los efectos de esta decisión judicial, esta
Sección accederá a ello y los vinculará al trámite en calidad de coadyuvantes.

92. Por otro lado, teniendo en cuenta que la presente acción constitucional en
realidad buscó dejar sin efectos de lo resuelto por el Tribunal Administrativo de
Sucre y al no superarse el requisito general de procedibilidad de inmediatez, esta
Sala de Decisión declarará la improcedencia de la solicitud de amparo presentada
por los señores Dilia Rosa Velilla Wilches, Neider Luis Barreto Parra, Luis Miguel
Barreto Velilla, Angy Carolina Barreto Velilla, Herly Marina Barreto Velilla, Enalba
Judith Villegas de Ávila, Rosa María Villegas de Ávila, Fredy Alberto Peluffo
Martínez, José Alfredo Peluffo Martínez, Filiberto Mendoza Oviedo, Héctor Manuel

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandantes: Dilia Rosa Velilla Wilches y otros
Demandados: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02860-00

Sequea López, Usyaris Candelaria Imitola Blanco, Andrés Eduardo Sequea Imitola,
Claudia Patricia Diaz Rivero, Wilson Rafael Canole Arrieta, Luis Adolfo Canole
Pérez y Cenelis Paola Fernández Cerra.

93. Finalmente, en relación con la presunta vulneración de las garantías
constitucionales de los mencionados ciudadanos con ocasión de la sentencia de 25
de noviembre de 2021 dictada por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, esta Sección no acredita la trasgresión en cuestión, por lo que denegará
lo pretendido.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

3. FALLA

PRIMERO: ACCEDER a la solicitud de coadyuvancia presentada por los señores
Roberto Enrique Villegas de Ávila, Cristian Camilo Mendoza Pérez, Adairson Alberto
Sequea Imitola y Esteban Luis Canole Díaz.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la petición de amparo constitucional
presentada por los señores Dilia Rosa Velilla Wilches, Neider Luis Barreto Parra,
Luis Miguel Barreto Velilla, Angy Carolina Barreto Velilla, Herly Marina Barreto
Velilla, Enalba Judith Villegas de Ávila, Rosa María Villegas de Ávila, Fredy Alberto
Peluffo Martínez, José Alfredo Peluffo Martínez, Filiberto Mendoza Oviedo, Héctor
Manuel Sequea López, Usyaris Candelaria Imitola Blanco, Andrés Eduardo Sequea
Imitola, Claudia Patricia Diaz Rivero, Wilson Rafael Canole Arrieta, Luis Adolfo
Canole Pérez y Cenelis Paola Fernández Cerra, contra la decisión adoptada el 23
de agosto de 2019 por parte del Tribunal Administrativo de Sucre.

TERCERO: NEGAR la solicitud de protección a las garantías constitucionales de la
parte actora en relación con la sentencia de 25 de noviembre de 2021 dictada por
Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros con interés, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: En caso de no ser impugnada la presente decisión, enviar el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo
establecido por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

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Demandantes: Dilia Rosa Velilla Wilches y otros
Demandados: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02860-00

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012”.

21
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