Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02865-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-02865-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02865-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-02865-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
28 de julio de 2022
1
Radicación: 11001-03- 15-000 2022-02865-00
Demandante: Fabián Andrés Baquero Hernández
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02865-00
Demandante: Fabián Andrés Baquero Hernández
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Bogotá- Cundinamarca- Amazonas-
Archivo Central y otros
Tema: Derecho de petición / expedición de piezas procesales de un
proceso judicial
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por el señor Fabián Andrés Baquero
Hernández en contra del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá- Cundinamarca- Amazonas- Archivo
Central.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, el señor Fabián Andrés Baquero Hernández actuando en nombre propio
promovió demanda y solicitó lo siguiente:
«De conformidad con los hechos narrados anteriormente y sustentados jurídicas en la
sección anterior, me permito Accionar al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
BOGOTÁ, por medio de la presente solicitud de amparo, con el fin de que se me
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 11001-03- 15-000 2022-02865-00
Demandante: Fabián Andrés Baquero Hernández
proteja el DERECHO DE PETICIÓN, hoy desconocido y vulnerado por la NO respuesta
por parte de la empresa accionada». (sic en todo el texto)
1.1.2. Los hechos
El accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:
i) Los señores José Ramiro Ladino Guevara y Fabio Alejandro Ladino
Betancourt, propietarios del vehículo de placas GGQ-016, le otorgaron poder para
presentar derecho de petición ante el Centro de Servicios Judiciales del Consejo
Superior de la Judicatura de Bogotá.
ii) Ante el Centro de Servicios Judiciales, Jueces del Circuito Especializado y la
Unidad de Archivo se formuló el derecho de petición con la finalidad de que se
expidieran copias del expediente 59862 del 18 de marzo de 2003, en el cual se
ordenaron «medidas» sobre el vehículo de placas GGQ-016.
iii) La petición se presentó el 24 de marzo de 2022 a través de correo electrónico
a la dirección archivo04pq@cendoj.ramajudicial.gov.co y a la fecha la entidad no le
ha dado dado respuesta.
1.1.3. Fundamentos jurídicos
El accionante considera vulnerados los derechos arriba citados por los siguientes
motivos:
i) El «Constitucionalista» al consagrar el derecho de petición, apuntó a que no
solamente este «se hiciera posible», sino que sea verdaderamente eficaz para lograr
del Estado y de quienes ejerzan funciones públicas una interlocución con los
administrados.
ii) En ese sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional al señalar que no es
suficiente que al ciudadano se le permita elevar peticiones ante las autoridades
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicación: 11001-03- 15-000 2022-02865-00
Demandante: Fabián Andrés Baquero Hernández
públicas y los organismos privados, sino que el derecho se hace real cuando se
obtiene una respuesta oportuna que resuelva lo peticionado.1
1.2. Actuación Procesal
1.2.1. Mediante auto del 31 de mayo de 2022 se admitió la acción de tutela en contra
del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá – Cundinamarca – Amazonas, Archivo Central y,
se ordenó, otorgarle el término de dos días para contestarla con la advertencia de
que si no lo hiciere en el lapso señalado se entenderán como ciertos los hechos
aducidos en el escrito de tutela (artículo 20 del Decreto 2591 de 1991).
Se vincularon al trámite de la presente acción a los señores José Ramiro Ladino
Guevara y Fabio Alejandro Ladino Betancourt y se les confirió igual lapso para que
rindieran informe; asimismo, se dispuso que si no lo hicieren se entenderán como
ciertos los hechos aducidos en el escrito de tutela.2
1.2.2. Mediante auto del 29 de junio de 2022, se indicó que el Consejo Superior de la
Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá –
Cundinamarca – Amazonas, Archivo Central el 3 de junio de 2022 remitió por correo
electrónico al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Penales del
Circuito Especializado de Bogotá la notificación del auto admisorio de la acción de
tutela al considerar el asunto de su competencia.
En ese sentido, se expresó en esa decisión lo siguiente:
«Por lo anterior, se denota que el 6 del mismo mes y año la secretaria del Centro de
Servicios mencionado, María Cristina Rodríguez Morales, informó que, al realizar una
búsqueda en el sistema CIANIC, encontró registro del proceso con radicado de Fiscalía
núm. 59862, el cual se encuentra a cargo del Juzgado Segundo Penal del Circuito
Especializado de Bogotá, por lo cual, debido a que no tiene acceso a los expedientes
que se encuentran bajo custodia de los despachos judiciales, ni a los procesos que
tiene en archivo definitivo, procedió a remitir la comunicación de la providencia
mencionada a la autoridad judicial precitada».
1 La actuación procesal se surtió a través de expediente electrónico
2 Se citó también el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicación: 11001-03- 15-000 2022-02865-00
Demandante: Fabián Andrés Baquero Hernández
Se indicó en el referido auto de trámite, que el Consejo Superior de la Judicatura en
el informe rendido al interior del presente trámite, informó que el correo electrónico al
que el accionante elevó la petición, esto es,
archivotec04pq@cendoj.ramajudicial.gov.co pertenece al Centro de Servicios
Judiciales con sede en Paloquemao.
En ese orden de ideas, se concluyó que resultaba necesario vincular al presente
trámite al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá y al Centro
de Servicios Judiciales con sede en Paloquemao y, para el efecto, se les concedió el
plazo de dos días para señalar los argumentos que consideren pertinentes y para
que aporten y soliciten las pruebas que pretendan hacer valer.
1.3. Contestaciones de la demanda
1.3.1 De la presidencia del Consejo Superior de la Judicatura
La magistrada auxiliar de la Oficina del Despacho de la Presidencia del Consejo
Superior de la Judicatura, solicitó se declarara la falta de legitimación en la causa por
pasiva toda vez que las acciones u omisiones que según la parte actora vulneran sus
derechos recaen exclusivamente sobre la Oficina de Archivo del Centro de Servicios
Judiciales de Paloquemao toda vez que el correo electrónico
archivotec04pq@cendoj.ramajudicial.gov.co en el cual fue radicada la petición es de
dominio de dicha autoridad.
1.3.2. Del director ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Bogotá
El director ejecutivo seccional de Administración Judicial de Bogotá- Cundinamarca-
Amazonas, manifestó que según lo aduce el accionante, el 24 de marzo de 2022
solicitó el desarchivo del proceso con radicado No. 59862 ante el Centro de Servicios
Judicial – Jueces del Circuito Especializado (Ley 600) y la Unidad de Archivo, correo
electrónico archivotecpq@cendoj.ramajudicial.gov.co y hasta la fecha no ha recibido
respuesta.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicación: 11001-03- 15-000 2022-02865-00
Demandante: Fabián Andrés Baquero Hernández
Sobre el particular, expresó que este hecho es parcialmente cierto, pues una vez se
allegó la presente acción constitucional se instó al Grupo de Archivo Central en aras
de que emitiera información de la ubicación actual del proceso requerido por el señor
Fabián Andrés Baquero Hernández y esa dependencia certificó que no se ha recibido
la solicitud objeto de la acción constitucional.
Por lo anterior, se procedió a dar traslado de la tutela al Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados Penales del Circuito Especializado para los fines de
su competencia, dado que Archivo Central adscrito a la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Bogotá en cuanto a procesos penales, solamente tiene
bajo su custodia y manejo los expedientes archivados por los extintos Juzgados
Penales Municipales y Penales del Circuito de la Ley 600 de 2000 de la ciudad de
Bogotá.
En consecuencia, manifestó que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial y el área de Archivo Central carecen de legitimidad en la causa por pasiva
para acceder a lo solicitado por el accionante.
1.3.3 De la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, Archivo
Central:
Por conducto de la asistente administrativo, la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial, Bogotá – Cundinamarca, Archivo Central anexó correo
enviado al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Penales del Circuito
Especializados de Bogotá en el cual se informó que por considerarlo de su
competencia, se remite para los fines competentes la acción de tutela, dado que al
adelantar la respectiva búsqueda no se encontraron registros de la petición que se
menciona en la vía de amparo.
Igualmente, expresó que la dependencia Archivo Central, adscrita a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá Cundinamarca, en cuanto a
procesos penales tienen bajo su custodia y manejo los expedientes archivados por
los extintos Juzgados Penales Municipales y Penales del Circuito de la Ley 600 de
2000.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicación: 11001-03- 15-000 2022-02865-00
Demandante: Fabián Andrés Baquero Hernández
1.3.4. Del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Penales del
Circuito Especializado de Bogotá
La secretaria y el jefe del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados
Penales del Circuito Especializado de Bogotá informó que recibió correo procedente
del Archivo Central, sede Fontibón Penales Ley 600 de 2000 y que da respuesta a la
acción de tutela en los siguientes términos:
1.3.4.1. Se realizó búsqueda en el sistema CIANIC (extinta Justicia Regional),
encontrando registro de proceso con radicado de Fiscalía No. 59862 y radicado
interno No. 476-2 seguido en contra del señor Helder Antonio Betancur Acosta, el
cual se encuentra a cargo del Juzgado 2 de esa especialidad.
1.3.4.2. El Centro de Servicios no tiene acceso a los expedientes que se encuentran
bajo el conocimiento y custodia de los despachos judiciales ni a los procesos que
tienen en archivo definitivo, motivo por el cual se corrió traslado al juzgado citado
para que en el ámbito de sus competencias procedan a brindar la respuesta
correspondiente.
1.3.5. Del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá
La juez Segunda Penal del Circuito Especializado de Bogotá en el escrito de
contestación expresa los siguientes argumentos:
1.3.5.1. El 6 de junio de 2022 recibió correo electrónico por parte del Centro de
Servicios Administrativos de los Juzgados del Circuito Especializado de Bogotá,
órgano judicial que a su turno recibió correo electrónico enviado por el Archivo
Central sede Fontibón.
1.3.5.2. Dentro del correo enviado por el Centro de Servicios se adjuntó imagen con
el requerimiento del señor Baquero, en la cual se vislumbra que el proceso 476-2,
sindicado: Helder Antonio Betancur Acosta fue conocido por el Juzgado Segundo
Penal del Circuito Especializado de Bogotá.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicación: 11001-03- 15-000 2022-02865-00
Demandante: Fabián Andrés Baquero Hernández
1.3.5.3. No obstante, una vez verificada la información del despacho y realizada la
búsqueda a través del Sistema de Consulta Siglo XXI, se evidenció que el proceso
476-2 se siguió en contra del ciudadano Alexander Ramírez Vásquez y no respecto
del nombre referido en la imagen.
1.3.5.4. Adicionalmente, se procedió con la verificación del expediente físico a fin de
validar si de los hechos jurídicamente relevantes se relacionaban tanto con el
vehículo como con las personas solicitantes, y se encontró que el 31 de octubre de
2003, se condenó al señor Alexander Ramírez Vásquez por los hechos datados el 21
de agosto de 2002, ocurridos en el aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá, es
decir, la información aportada no corresponde con el expediente que conoció el
Juzgado.
1.3.5.5. El 1 de julio de 2022 mediante correo electrónico remitido a la dirección
baquerof4@gmai.com y que fue copiado al Centro de Servicios Administrativos se le
brindó respuesta al petente en los siguientes términos:
«Cordial saludo
En atención a la solicitud de fecha 25 de marzo de 2022, la cual fue remitida por
competencia a este despacho el 6 de junio de 2022, indicando que la petición estaba a
cargo de este juzgado bajo el radicado 472-2 (sic) proceso seguido en contra de Helder
Antonio Betancur Acosta tal como consta (sic) el oficio 0121 del 6 de junio de 2022.
Una vez realizada la búsqueda en el sistema de consulta Siglo XXI así como en el
expediente físico que reposa en el despacho, se evidencia que el proceso bajo
radicado 476-2 (110013107002-2003-00103) se siguió en contra del ciudadano
Alexander Ramírez Vásquez y no a su nombre.
Por lo que, se hace necesario indicarle que, una vez validados los sistemas
respectivos, la información referida en el sistema de registro de procesos de Justicia
Regional no concuerda con los datos obrantes en este estrado judicial ni con el
proceso físico, por tal motivo, se dispone a indicarle que este despacho no cuenta con
el expediente requerido, impidiendo darle respuesta favorable a su requerimiento. Al
respecto la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente frente a la respuesta negativa
de los derechos de petición:
“Respuesta de fondo. Otro componente del núcleo esencial supone que la contestación
a los derechos de petición debe observar ciertas condiciones para que sea
constitucionalmente válida. Al respecto, esta Corporación ha señalado que la respuesta
de la autoridad debe ser: “(i) clara, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de
fácil comprensión; (ii) precisa, de manera que atienda directamente lo pedido sin
reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas ; (iii)
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicación: 11001-03- 15-000 2022-02865-00
Demandante: Fabián Andrés Baquero Hernández
congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con
lo solicitado; y además (iv) consecuente con el trámite que se ha surtido, de manera
que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de petición formulada dentro
de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la
información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición
aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se
ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no procedente
La respuesta de fondo no implica tener que otorgar necesariamente lo solicitado por el
interesado, salvo cuando esté involucrado el derecho de acceso a la información
pública (art. 74 C.P), dado que, por regla general, existe el “deber constitucional de las
autoridades públicas de entregarle, a quien lo solicite, informaciones claras, completas,
oportunas, ciertas y actualizadas sobre cualquier actividad del Estado.” Sobre este
punto, es preciso anotar que al tratarse de una garantía fundamental que permite el
ejercicio de muchos otros derechos fundamentales, así como la consolidación de la
democracia, las restricciones al derecho de petición y de información deben ser
excepcionales y deberán estar previamente consagradas en la ley. Al respecto, en el
Título III de la Ley 1712 de 2014 se hace referencia a los casos especiales en los
cuales se puede negar el acceso a la información, por ejemplo, entre otros, al tratarse
de información clasificada y reservada, o que pueda causar daños a personas
naturales o jurídicas en su derecho a la intimidad, vida, salud, seguridad o secretos
comerciales, industriales y profesionales”. (rad. siete (7) de julio de dos mil veinte
(2020) T-23020).
Adicionalmente, me permito informarle que esta información fue verificada con el
personal del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Circuito Penal
Especializado área encargada del trámite de expedientes llevados por la extinta
Justicia Regional, quienes se encontrarían en la obligación de validar la información
suministrada a fin de darle respuesta a su requerimiento. Motivo por el cual, se procede
a copiarlos de la presente respuesta para lo pertinente. En esos términos la petición
elevada por usted, queda resuelta de fondo por parte de este Despacho Judicial»
1.3.5.6. Se allega el pantallazo del correo enviado a la dirección electrónica
reportada por el accionante baquerof@gmail.com y al Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados Penales del Circuito Especializados
cserjesbt@cendoj.ramajudicial.gov.co
1.3.5.7. Se evidencia la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que
el supuesto fáctico sobre el cual se basó el amparo constitucional incoado
desapareció, dado que el despacho judicial dio respuesta de fondo a la petición que
fuera puesta en su conocimiento el pasado 6 de junio de 2022.
1.3.6. El Centro de Servicios Judiciales con sede en Paloquemao no rindió el
informe solicitado, a pesar de que fue debidamente notificado del presente trámite
constitucional.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicación: 11001-03- 15-000 2022-02865-00
Demandante: Fabián Andrés Baquero Hernández
2. Consideraciones
2.1. Competencia
De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto
1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021, que prevé que
«[l]as acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura […]
serán repartidas para su conocimiento en primera instancia […] al Consejo de
Estado» en concordancia con los artículos 86 Constitucional y 25 del Acuerdo 080 de
20193, según el cual «[l]as tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado
en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre
todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas
por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la presente
acción de tutela.
2.2. Problema jurídico
Consiste en dilucidar si las entidades accionadas, vulneraron el derecho fundamental
de petición del accionante al no dar respuesta a la solicitud que formuló el día 24 de
marzo de 2022.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos
fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y se
caracteriza por ser residual y subsidiaria. Dichos elementos dan cuenta del ámbito
restringido de procedencia de las peticiones que se elevan en ejercicio de este medio
de amparo, ya que el ordenamiento jurídico establece diversas acciones ordinarias
que se encaminan igualmente a la defensa de los derechos que no se pueden pasar
por alto.
3
Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicación: 11001-03- 15-000 2022-02865-00
Demandante: Fabián Andrés Baquero Hernández
Por ello el artículo 6.º, numeral 1.°, del Decreto 2591 de 1991 establece como causal
de improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable».
La jurisprudencia de la Corte Constitucional4 reitera que el juez de tutela debe
analizar los asuntos que llegan a su conocimiento con observancia estricta del
carácter subsidiario y residual de la acción. Ello quiere decir que sólo tiene lugar
cuando dentro de los diversos medios legales existentes, ninguno resulte idóneo
para proteger objetivamente el derecho que se alegue conculcado.
También es viable el amparo cuando a pesar de disponer de otro medio de defensa
judicial idóneo para proteger su derecho, el ciudadano acuda a la acción de tutela
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá
probar. De no atender a estos parámetros se desconocería el principio de
subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría el juez constitucional en contravía del
sistema jurídico.
2.3.2. El derecho fundamental de petición
La Corte Constitucional en la sentencia C-818 de 2011,5 sintetizó las reglas que
previamente habían sido desarrolladas por la jurisprudencia en materia de protección
4 Corte Constitucional, sentencias T-030 de 2015, T-871 de 1999, T-069 de 2001, T-1268 de 2005, T-
972 de 2006, T-074 de 2009, T-954 de 2010, T-177 de 2011, T-595 de 211, T-890 de 2011 y T-205 de
2012, entre otras muchas.
5 Referencia: expediente D-8410 y AC D-8427, demanda de inconstitucionalidad contra los artículos
10 (parcial), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 309
(parcial) de la Ley 1437 de 2011 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo”, magistrado ponente: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, sentencia del
11 de noviembre de 2011». Las anteriores normas se declararon inexequibles y se dispuso, diferir los
efectos de la inexequibilidad declarada de los artículos 13 a 33 del CPACA, hasta el 31 de diciembre
de 2013.
Sobre el derecho fundamental de petición, dicha sentencia señaló: «a) El derecho de petición es
fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.
Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la
información, a la participación política y a la libertad de expresión.
b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la
cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o
se reserva para sí el sentido de lo decidido.
c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara,
precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicación: 11001-03- 15-000 2022-02865-00
Demandante: Fabián Andrés Baquero Hernández
del derecho fundamental de petición. La sentencia precedente declaró inexequibles
las normas analizadas de la Ley 1437 de 2011, bajo los siguientes fundamentos:
i) No obstante que el anterior Código Contencioso Administrativo a pesar de
contener una regulación sobre el derecho de petición, no fue tramitado por una ley
estatutaria, debe tenerse en cuenta que esa regulación se trataba de una norma
preconstitucional- Decreto Ley 1 de 1984, proferida en ejercicio de las facultades
extraordinarias que le confirió el artículo 11 de la Ley 58 de 1982 y, por tanto, dentro
del ordenamiento constitucional colombiano no existía la figura de las leyes
estatutarias.
ii) Como lo ha admitido la Corte Constitucional,6 en principio la actualización
estructural del contenido de un derecho fundamental debe ser discutido en la
célula legislativa a través del procedimiento estatutario.7 En este sentido, es
indudable que los artículos 13 a 33 de la Ley 1437 de 2011, actualizan el derecho
fundamental de petición, consagrado expresamente como fundamental en la
se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental
de petición.
d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre
en una respuesta escrita.
e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen
autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo
determine.
f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante particulares, es
necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio público o cuando realiza
funciones de autoridad. El derecho de petición opera igual como si se dirigiera contra la
administración. 2. Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la
efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela
se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental
solamente cuando el Legislador lo reglamente.
g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la administración
para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6º del Código
Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se
cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la
autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la
contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la
Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordena responder
dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes.
h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver
oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es la prueba
incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición.
i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una expresión más
del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994».
6 Incluso en la sentencia C-791 del 21 de octubre de 2011 magistrado ponente: Humberto Antonio
Sierra Porto
7 En iguales términos, lo señaló la sentencia C-973 de 2010, magistrado ponente:.Nilson Pinilla Pinila
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicación: 11001-03- 15-000 2022-02865-00
Demandante: Fabián Andrés Baquero Hernández
Constitución Política de 1991, y reconocido igualmente por la jurisprudencia
constitucional desde 1992.
iii) Fija por demás, su procedencia frente a particulares, situación no contemplada
en la regulación pre-constitucional y que como se advirtió hace parte de su
estructura.
iv) Los temas mediante ley estatutaria se hacen necesarios a) cuando se trata de
normas que se refieren a contenidos muy cercanos a los elementos estructurales
esenciales del derecho de petición y b) los artículos 13 a 33 contienen un desarrollo
integral y sistemático del derecho fundamental de petición, y por tanto, todas las
materias tratadas, sea cual fuere su contenido específico, han debido ser objeto de
una ley estatutaria.
v) Dicho trámite legislativo fue realizado a través del procedimiento ordinario, tal
y como consta en la certificación expedida por el secretario general del Congreso de
la República, doctor Jesús Alfonso Rodríguez Camargo, de fecha 5 de abril de 2011,
la Ley 1437 de 2010, se ciñó al trámite que se exige para las leyes ordinarias y fue
tramitado en dos legislaturas, razón por la cual los artículos 13 a 33 deberán ser
declarados inexequibles.
vi) En relación con el ámbito de las disposiciones afectadas por el vicio, y tal y
como se ha procedido en otras oportunidades, el defecto trae consigo la
inconstitucionalidad de todos los artículos relacionados con la materia que regula el
derecho fundamental, en la medida en que al hacer un desarrollo integral del mismo,
todos ellos resultan afectados, en cuanto nacieron a la vida jurídica mediante el
trámite de una ley ordinaria y no de una ley estatutaria, como era imperativo que
ocurriera en cumplimiento de los preceptos superiores.
La Corte Constitucional expidió la sentencia C-951 de 2014,8 que estudió el proyecto
de Ley Estatutaria sobre el derecho fundamental de petición, el cual se convirtió en
8 Declaró exequible el Proyecto de Ley Estatutaria 65 de 2012, Senado, número 227 de 2012 «Por
medio del cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye el título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», con las siguientes salvedades: del
artículo 13 la expresión “en relación a (sic) las entidades dedicadas a su protección o
formación” contenida en el inciso final del mismo artículo, la cual se declara EXEQUIBLE, siempre y
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicación: 11001-03- 15-000 2022-02865-00
Demandante: Fabián Andrés Baquero Hernández
la Ley 1712 de 2014 y que, en esencia, mantuvo los pilares del citado derecho, los
cuales se han consignado en múltiples sentencias, entre ellas, la T-230 de 20209 en
la cual esa corporación expresó la caracterización de ese derecho de la siguiente
manera:
i) Su condición de derecho fundamental implica una garantía que promueve un
canal de diálogo entre los administrados y la administración.
ii) Su fluidez y eficacia constituye una exigencia impostergable para los
ordenamientos organizados bajo la insignia del Estado Democrático de Derecho.
iii) Tiene dos componentes esenciales: a) la posibilidad de formular peticiones
respetuosas ante las autoridades y b) como correlativo a ello la garantía de que se
otorgue respuesta de fondo, eficaz, oportuna y congruente con lo solicitado.
iv) Su núcleo esencial se circunscribe a la formulación de la petición, a la pronta
resolución, a la existencia de una respuesta de fondo y a la notificación de la
decisión al peticionario.
a) Respecto de la formulación de la petición
cuando no excluya la posibilidad de que los menores de edad presenten directamente peticiones
dirigidas a otras entidades para el pleno ejercicio de sus derechos
fundamentales; INEXEQUIBLES las expresiones “ante el funcionario competente” del inciso primero
y “o ante el servidor público competente” del parágrafo 3º del artículo 15 del proyecto de Ley
Estatutaria revisado y EXEQUIBLE el resto de la disposición, bajo el entendido que la exigencia de
que las peticiones sean presentadas por escrito, deberá ser motivada por la autoridad correspondiente
mediante acto administrativo de carácter general; EXEQUIBLE el artículo 16 del proyecto de Ley
Estatutaria revisado, siempre y cuando el numeral 2º se entienda sin perjuicio de que las peticiones de
carácter anónimo deban ser admitidas para trámite y resolución de fondo, cuando exista una
justificación seria y creíble del peticionario para mantener la reserva de su identidad; EXEQUIBLE el
artículo 22 del proyecto de ley estatutaria examinado, sin perjuicio de que deba enviarse la respuesta
a todos los que hayan formulado la petición; EXEQUIBLE el artículo 24, con excepción del parágrafo,
el cual se declara EXEQUIBLE bajo el entendido de que los eventos allí previstos, también son
aplicables para el numeral 8 referente a los datos genéticos humanos; EXEQUIBLE el artículo 26 del
proyecto de Ley Estatutaria revisado, en el entendido de que en los municipios en los que no exista
juez administrativo, se podrá instaurar este recurso ante cualquier juez del lugar; EXEQUIBLE el
artículo 31, salvo la expresión “gravísima” que se declara INEXEQUIBLE; EXEQUIBLE el artículo 32,
salvo la expresión “estarán sometidos a los principios y reglas establecidos en el Capítulo I de este
título” contenida en el inciso segundo que se declara EXEQUIBLE, bajo el entendido de que al
derecho de petición ante organizaciones privadas se aplicarán, en lo pertinente, aquellas
disposiciones del Capítulo I que sean compatibles con la naturaleza de las funciones que ejercen los
particulares.
9 Referencia: Expediente T-7.040.215, Asunto: Acción de tutela instaurada por el señor Christian
Fernando Joaquín Tapia en contra de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán,
magistrado ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez, sentencia del 7 de julio de 2020.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Radicación: 11001-03- 15-000 2022-02865-00
Demandante: Fabián Andrés Baquero Hernández
i) Cualquier persona podrá dirigir solicitudes respetuosas a las autoridades, ya
sea verbalmente, por escrito o por cualquier otro medio idóneo —artículo 23 de la
Constitución Política y 13 del CPACA—.
ii) La petición puede, por regla general, formularse ante autoridades públicas, lo
cual es una de las formas de iniciar o impulsar procedimientos administrativos ante
las autoridades públicas.
iii) Estas últimas tienen la obligación de recibirlas, tramitarlas y responderlas de
forma clara, oportuna, suficiente y congruente con lo pedido, de acuerdo con los
estándares establecidos por la ley.
b) Pronta resolución
i) Otro de los componentes del núcleo esencial del derecho de petición consiste
en que las solicitudes formuladas ante las autoridades o los particulares deben ser
resueltas en el menor tiempo posible, sin que se exceda el término fijado por la ley
para tal efecto.
ii) En la actualidad rige el artículo 5 del Decreto Legislativo 491 de 2020,
declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-242-2020.10
iii) La ampliación transitoria de los términos para atender peticiones, prevista en
la citada norma, es conforme a la Constitución, porque si bien es una medida que
modifica una norma estatutaria, como lo es el artículo 14 del CPACA, lo hace de forma
temporal a fin de permitir el ejercicio racional del derecho examinado con respecto
del criterio de proporcionalidad.
10 Referencia: Expediente RE-253, Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 491 de 2020,
Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios
por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman
medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades
públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, magistrados
ponentes: Luis Guillermo Guerrero Pérez y Cristina Pardo Schlesinger, sentencia del 9 de julio de
2020.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Radicación: 11001-03- 15-000 2022-02865-00
Demandante: Fabián Andrés Baquero Hernández
iv) La ampliación de términos persigue una finalidad legítima desde una
perspectiva constitucional, como lo es superar de forma racional las afectaciones
causadas en el desarrollo de las actividades de las autoridades debido a las
restricciones implementadas para enfrentar la pandemia originada por el coronavirus
Covid-19 y, en este sentido, cumple con el mandato superior de prestar los servicios
de forma adecuada, continua y efectiva.
v) La medida se orienta a satisfacer un bien constitucional (buen funcionamiento
del Estado) y aunque afecta el ejercicio de un derecho constitucional (de petición), lo
hace en el ámbito de su regulación legal y reglamentaria y con el objetivo de permitir
su más adecuada realización, razón por la cual la limitación temporal que se impone
satisface el juicio de proporcionalidad.
vi) Los plazos establecidos por el legislador excepcional no anulan la oportunidad
que subyace al derecho de petición, ya que la regla general para responder las
peticiones se modificó de 15 a 30 días, lo cual no es un término excesivamente largo,
y que una situación similar ocurre con la ampliación de 10 a 20 días para la atención
de peticiones de información y documentos, o de 30 a 35 días para las consultas, en
los que, a pesar de que se aumentaron los tiempos de respuesta para las solicitudes
de estirpe no iusfundamental, en ningún caso se supera el doble del término legal
ordinario.
c) Respuesta de fondo
i) El componente del núcleo esencial supone que la contestación a las
peticiones debe observar ciertas condiciones para que sea constitucionalmente
válida. Es decir, la respuesta de la autoridad debe ser:
a) clara, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión;
b) precisa, de manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en
información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas; c) congruente,
de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con lo
solicitado;
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Radicación: 11001-03- 15-000 2022-02865-00
Demandante: Fabián Andrés Baquero Hernández
c) consecuente, con el trámite que se ha surtido, de modo que si la respuesta
se produce con motivo de una petición formulada dentro de un procedimiento del que
conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no basta con
ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que,
si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones
por las cuales la petición resulta o no procedente.
d) Notificación de la decisión
Para materializar la decisión es imperativo que el solicitante conozca el contenido de
la contestación realizada. Para ello, la autoridad deberá realizar la efectiva
notificación de su decisión, de conformidad con los estándares contenidos en el
CPACA.
2.4. Hechos probados
De conformidad con las pruebas allegadas al expediente, la Sala puede establecer lo
siguiente:
2.4.1. El accionante, recibió poder de los señores José Ramiro Ladino Guevara y
Fabio Alejandro Ladino Betancourt para que presentara y tramitara derechos de
petición ante el «CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA — CENTRO DE
SERVICIOS JUDICIALES». Lo anterior se expresa en el cuerpo del escrito. No
obstante, en el encabezamiento se menciona que el poder para actuar se dirige al
«CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES JUECES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO
(LEY 600) UNIDAD DE ARCHIVO».
2.4.2. El 24 de marzo de 2022 dirige escrito al «CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA BOGOTÁ CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES JUECES PENALES
ESPECIALIZADOS (Ley 600/00) UNIDAD DE ARCHIVO» en el cual invoca el
ejercicio del derecho fundamental de petición previsto en el artículo 23 de la
Constitución Política, la Ley 1755 de 2015 y demás normas concordantes, con la
finalidad de obtener copa íntegra digital o física del expediente 59862 del 18 de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Radicación: 11001-03- 15-000 2022-02865-00
Demandante: Fabián Andrés Baquero Hernández
marzo de 2003 adelantado por el delito de tráfico de estupefacientes y conocido por
la Fiscal Especializada Despacho 23 UNAM, doctora Nelcy Lulú Rodríguez Beltrán,
especialmente de las siguientes piezas procesales:
«a. Acta de incautación, identificación preliminar, pasaje y toma de muestras,
sellamiento, guarda y cadena de custodia de una sustancia al parecer estupefaciente
del 17/03/2003.
b. Auto Interlocutorio que dispuso el embargo preventivo del vehículo automotor marca
CHEVROLET NUEVO NPR, PLACAS GGQ-016, MODELO 1998, del 18/03/2003.
c. Oficio con radicado de la dirección de tránsitos (sic) de Campoalegre – Huila, donde
se informe de la orden de embargo.
d. Respuesta del Instituto de Transportes y tránsito (sic) del Huila, así como certificado
donde conste la inscripción de la medida cautelar.
e Resolución que ordenó la entrega definitiva del vehículo de placas GGQ-016 del
25/09/2003.
f. Acta de Entrega del vehículo de placas GGQ-016.
g. Oficio con radicado del Instituto de Transporte y Tránsito del Huila, así como
respuesta de esta entidad, sobre el levantamiento de la medida cautelar con el
respectivo certificado de tradición.
h. Fallo que dio fin al proceso».
Lo anterior comoquiera que:
«1. Servicios Integrados y especializados de Tránsito y Transporte de Cáqueza –
Cundinamarca, inscribió medida cautelar ordenada por la Fiscalía Especializada
Delegada Antinarcóticos de Bogotá en el Proceso N° 59862, esto a solicitud de la
Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación (Hoy Sociedad e (sic) Activos
Especiales) según oficio 702–4592–2013, Expediente 20653, radicado
20137020513851 de fecha 27/06/2013.
2. Inscripción hecha desde el 08/07/2013 por la entidad tránsito, según oficio CAQ–
JUR–0337–13 y como puede observarse en el certificado de tradición que se adjunta.
3. Dicha inscripción de la medida, ha impedido que mis mandantes realicen un trámite
de cambio de motor del vehículo y por tanto la imposibilidad de usarlo para los fines
que lo adquirieron.
4. La inscripción se realiza en la Secretaria (sic) de Transito (sic) de Cundinamarca –
sede Cáqueza y no en la Secretaria (sic) de Transito (sic) del Huila debido a un
traslado de matrícula que hizo en el año 2006 el entonces propietario del vehículo.
5. Que se solicitó esta información a la Fiscalía General de la Nación el 14/03/2022 y
dicha entidad a través de oficio No. 082 del 23/03/2022 (sic) indicando que dicha
información se encuentra en poder de los otrora Jueces Especializados (Ley 600/00)».
2.4.3. El 24 de marzo de 2022 el accionante envió correo a la dirección electrónica:
archivotec04pq@cendoj.ramajudicial.gov.co en el cual se manifiesta que radica el
derecho de petición.
2.4.4. El coordinador de Archivo Central de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial, expresó en certificación del 3 de junio de 2022, que
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Radicación: 11001-03- 15-000 2022-02865-00
Demandante: Fabián Andrés Baquero Hernández
revisados los hechos narrados en la acción de tutela, se evidencia que el actor
refiere que presentó una solicitud a la dirección electrónica
archivotec04pq@cendoj.ramajudicial.gov.co dirigida al Centro de Servicios
Judiciales -Jueces del Circuito Especializado (Ley 600) y la Unidad de Archivo.
Sobre el particular, expresó los siguientes aspectos:
«En primer lugar, es de precisar que, en Archivo Central no se ha recibido la solicitud
objeto de la acción constitucional.
Por lo anterior, se procedió a dar traslado de la tutela al Centro de Servicios
Administrativos de los Juzgados Penales del Circuito Especializados para los fines de
su competencia, teniendo en cuenta lo mencionado por el accionante en su escrito.
Es de anotar que, el Archivo Central adscrito a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, en cuanto a procesos penales, tiene bajo su
custodia y manejo los expedientes archivados por los extintos Juzgados Penales
Municipales y Penales del Circuito de Ley 600 de 2000 de la ciudad de Bogotá.
La presente constancia se expide para que el Área Jurídica de respuesta a la Tutela
No. 2022-02865, recibida el día 03 de junio de 2022, mediante correo electrónico
remitido por la Secretaría General del Consejo de Estado. La elaboración de
certificación fue realizada por Claudia Georgina Wilches Barón, Asistente
Administrativo, Bodega Fontibón»
2.4.5. La asistente administrativo, Archivo Central, Sede Fontibón, Penales Ley 600
de 2000, envió correo electrónico al Centro de Servicios Administrativos de los
Juzgados del Circuito Penal Especializado el 3 de junio de 2022 en el cual indicó:
«En atención a la Acción de Tutela No. 2022-286550 que está siendo adelantada por el
H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Segunda –
Subsección A,. siendo promovida por el señor Fabián Andrés Baquero Hernández, de
manera atenta y por considerarlo de su competencia se remite para los fines
pertinentes. Cabe anotar que, se adelantó la respectiva búsqueda, sin encontrar
registros de la petición que se menciona en el escrito de Tutela.
Así mismo, se informa que la dependencia de Archivo Central adscrita a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca, en cuanto a
procesos penales, tiene bajo su custodia y manejo los expedientes archivados por los
extintos Juzgados Penales Municipales y Penales del Circuito de la Ley 600 de 2000
de Bogotá»
2.4.6. La secretaria y jefe del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados
Penales del Circuito Especializado de Bogotá el 6 de junio de 2022 informó a esta
corporación lo siguiente:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Radicación: 11001-03- 15-000 2022-02865-00
Demandante: Fabián Andrés Baquero Hernández
«…Me dirijo a su Despacho con el inicial propósito de brindar respuesta dentro de la
acción de tutela de la referencia, incoada por el señor Fabián Andrés Baquero
Hernández, siendo recibida el pasado viernes 3 de junio del presente año en esta
dependencia vía coreo (sic) electrónico, procedente del Archivo Central Sede Fontibón
Penales Ley 600/2000, en los siguientes términos:
i) Se realizó búsqueda en el sistema CIANIC (Extinta Justicia Regional) encontrando
registro de proceso con radicado de Fiscalía No. 59862 y radicado interno No. 476-2,
seguido en contra del señor HELDER ANTONIO BETANCUR ACOSTA, mismo que
encuentra a cargo del Juzgado 2° de esta especialidad (se anexa pantallazo).
ii) Que este Centro de Servicios no tiene acceso a los expedientes que se
encuentran bajo el conocimiento y custodia de los Despachos, ni a los procesos que
tienen en archivo definitivo, motivo por el cual se corrió traslado de su comunicación al
juzgado en comento al correo electrónico: pctoes02bt@cendoj.ramajudicial.gov.co para
que en el ámbito de sus competencias procedan a brindar la respuesta
correspondiente».
2.4.7. El 1 de julio de 2022 mediante correo electrónico remitido a la dirección
electrónica reportada por el accionante: baquerof4@gmai.com y que fue copiado al
Centro de Servicios Administrativos, la juez Segundo Penal del Circuito
Especializado en Bogotá le informó lo siguiente:
«Cordial saludo
En atención a la solicitud de fecha 25 de marzo de 2022, la cual fue remitida por
competencia a este despacho el 6 de junio de 2022, indicando que la petición estaba a
cargo de este juzgado bajo el radicado 472-2 (sic) proceso seguido en contra de Helder
Antonio Betancur Acosta tal como consta el oficio 0121 del 6 de junio de 2022.
Una vez realizada la búsqueda en el sistema de consulta Siglo XXI así como en el
expediente físico que reposa en el despacho, se evidencia que el proceso bajo
radicado 476-2 (110013107002-2003-00103) se siguió en contra del ciudadano
Alexander Ramírez Vásquez y no a su nombre.
Por lo que, se hace necesario indicarle que, una vez validados los sistemas
respectivos, la información referida en el sistema de registro de procesos de Justicia
Regional no concuerda con los datos obrantes en este estrado judicial ni con el
proceso físico, por tal motivo, se dispone a indicarle que este despacho no cuenta con
el expediente requerido, impidiendo darle respuesta favorable a su requerimiento. Al
respecto la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente frente a la respuesta negativa
de los derechos de petición:
“Respuesta de fondo. Otro componente del núcleo esencial supone que la contestación
a los derechos de petición debe observar ciertas condiciones para que sea
constitucionalmente válida. Al respecto, esta Corporación ha señalado que la respuesta
de la autoridad debe ser: “(i) clara, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de
fácil comprensión; (ii) precisa, de manera que atienda directamente lo pedido sin
reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas ; (iii)
congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con
lo solicitado; y además (iv) consecuente con el trámite que se ha surtido, de manera
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Radicación: 11001-03- 15-000 2022-02865-00
Demandante: Fabián Andrés Baquero Hernández
que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de petición formulada dentro
de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la
información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición
aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se
ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no procedente
La respuesta de fondo no implica tener que otorgar necesariamente lo solicitado por el
interesado, salvo cuando esté involucrado el derecho de acceso a la información
pública (art. 74 C.P), dado que, por regla general, existe el “deber constitucional de las
autoridades públicas de entregarle, a quien lo solicite, informaciones claras, completas,
oportunas, ciertas y actualizadas sobre cualquier actividad del Estado.” Sobre este
punto, es preciso anotar que al tratarse de una garantía fundamental que permite el
ejercicio de muchos otros derechos fundamentales, así como la consolidación de la
democracia, las restricciones al derecho de petición y de información deben ser
excepcionales y deberán estar previamente consagradas en la ley. Al respecto, en el
Título III de la Ley 1712 de 2014 se hace referencia a los casos especiales en los
cuales se puede negar el acceso a la información, por ejemplo, entre otros, al tratarse
de información clasificada y reservada, o que pueda causar daños a personas
naturales o jurídicas en su derecho a la intimidad, vida, salud, seguridad o secretos
comerciales, industriales y profesionales”. (rad. siete (7) de julio de dos mil veinte
(2020) T-23020).
Adicionalmente, me permito informarle que esta información fue verificada con el
personal del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Circuito Penal
Especializado área encargada del trámite de expedientes llevados por la extinta
Justicia Regional, quienes se encontrarían en la obligación de validar la información
suministrada a fin de darle respuesta a su requerimiento. Motivo por el cual, se procede
a copiarlos de la presente respuesta para lo pertinente. En esos términos la petición
elevada por usted, queda resuelta de fondo por parte de este Despacho Judicial».
2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto
De la relación de los medios probatorios allegados al plenario, la Sala puede inferir,
por un lado, que la dirección electrónica a la cual el accionante envió el derecho de
petición, esto es: archivotec04pq@cendoj.ramajudicial.gov.co corresponde al Centro
de Servicios Judiciales con sede en Paloquemao, y de otro, que el órgano
mencionado no tenía competencia para resolver el derecho de petición sino que esta
le correspondía al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá.
En ese sentido, se puede inferir que aun cuando el derecho de petición se formuló a
un órgano que no tenía competencia para resolverlo, la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial, Archivo Central — que fue vinculada a la acción de
tutela— remitió copia del auto admisorio al Centro de Servicios Administrativos de los
Juzgados Penales del Circuito Especializado de Bogotá, y luego de una búsqueda en
el Sistema CIANIC (Extinta Justicia Regional), este encontró registro de proceso con
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Radicación: 11001-03- 15-000 2022-02865-00
Demandante: Fabián Andrés Baquero Hernández
radicado de Fiscalía No. 59862 y radicado interno No. 476-2 seguido en contra del
señor Helder Antonio Betancur Acosta, a cargo del Juzgado Segundo Penal del
Circuito Especializado de Bogotá, por lo cual se puso en su conocimiento el 6 de
junio del año en curso, la existencia de la solicitud formulada por el accionante.
A su turno, la funcionaria judicial el 1 de julio de 2022, le contestó al accionante a la
dirección reportada en la acción de tutela baquerof@gmail.com y al Centro de
Servicios Administrativos de los Juzgados Penales del Circuito Especializados
cserjesbt@cendoj.ramajudicial.gov.co, que revisado el sistema de consulta Siglo XXI,
así como el expediente físico radicado 476-2, se evidencia que esa información
corresponde al proceso seguido en contra del ciudadano Alexander Ramírez
Vásquez, es decir, a una persona diferente a las mencionadas por el accionante.
Se colige de lo expuesto que aunque el accionante presentó el derecho de petición al
Centro de Servicios Judiciales con sede en Paloquemao, órgano que no era el
competente para resolverla, durante el trámite de la acción de tutela y en virtud de
los traslados de competencia, se corrobora que se dio respuesta a la petición que
formuló, en la cual se le informó que la identificación del proceso no corresponde con
la verificación física que se hizo del expediente.
En ese orden de ideas, deduce la Sala que no existe afectación del derecho de
petición del accionante porque radicó la solicitud a un órgano que no era competente
para resolverla y, pese a lo anterior, con motivo de la vinculación de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, Archivo Central al trámite de la acción
de tutela se logró determinar que el competente para resolverla era el Juzgado
Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá. A su turno, comoquiera que la
titular del despacho judicial le indicó al accionante que la identificación del proceso
que proporcionó no correspondía al que cursó en el mentado juzgado, es dable
concluir que se le brindó una respuesta en consonancia con la información que
suministró.
De esta forma y conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional,11 cuando la
situación fáctica que motiva la presentación de la acción de tutela desaparece o se
11 Véase, por ejemplo, la sentencia T533 de 2009, donde decidió que la característica esencial del fenómeno de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Radicación: 11001-03- 15-000 2022-02865-00
Demandante: Fabián Andrés Baquero Hernández
modifica, en el sentido de que cesa la presunta acción u omisión que, en principio,
podría generar la vulneración de los derechos fundamentales del accionante «la
solicitud de amparo pierde eficacia en la medida en que desaparece el objeto jurídico
sobre el que recaería una eventual decisión del juez de tutela».12
Así las cosas, si la actuación u omisión que causa la supuesta amenaza o
vulneración se extingue o se encuentra superada, la acción de tutela pierde su razón
de ser como mecanismo idóneo y expedito de protección judicial, pues la decisión
que puede adoptar el juez, respecto del caso concreto, resultaría inocua e iría en
contra del objetivo constitucionalmente previsto para esta acción.13
Conforme a lo expuesto, se tiene que dentro del trámite de la tutela se constató la
satisfacción del pedimento fundamental planteado por el accionante acorde con la
información que brindó y, en consecuencia, colmada la pretensión que sustentó la
interposición de la vía de amparo, carece de objeto cualquier decisión que pudiera
emitir el juez constitucional frente a la vulneración del derecho de petición alegado
por el accionante.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se
concluye que corresponde declarar la cesación de la actuación por carencia actual
de objeto por hecho superado, toda vez que durante el curso de la acción
constitucional, se dio respuesta al pedimento formulado por el accionante, luego de
los traslados por competencia que se efectuaron por la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial, Archivo Central y el Centro de Servicios Administrativos
de los Juzgados Penales del Circuito Especializado de Bogotá al Juzgado Segundo
Penal del Circuito Especializado de Bogotá.
la carencia actual de objeto es que la orden del juez de tutela, destinada a conceder lo pretendido en la demanda
de amparo, no ejercer ningún efecto sobre la protección, es decir, es infructuosa. Esto como resultado de dos
eventos: el hecho superado o el daño consumado.
12Ibidem.
13Corte Constitucional, sentencia T-308 de 2003.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Radicación: 11001-03- 15-000 2022-02865-00
Demandante: Fabián Andrés Baquero Hernández
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar la cesación de la actuación por carencia actual de objeto por
hecho superado conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo: Si no impugnada, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Salvamento de voto
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
M.E.C.G.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.