Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02879-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02879-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-02879-00
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
7 de julio de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02879-00
Accionante: Yobanis Ramos Romaña y otros
Se niega el amparo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., siete (7) de julio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02879-00
Accionante: Yobanis Ramos Romaña y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial proferida dentro de un proceso de
reparación directa / Afectación al buen nombre / Se niega el amparo porque no se
encuentra configurado un defecto fáctico o por desconocimiento de las reglas
jurisprudenciales.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver la acción de tutela presentada por Yobanis Ramos Romaña,
Marisol Romaña Mosquera y Jenifer Yulieth Ramos Campaña contra la sentencia
proferida el 25 de noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
en el marco del proceso de reparación directa de radicado No. 76147-33-33-001-2013-
00135-01, el cual adelantaron contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1.- El 25 de mayo de 2022 los señores Yobanis Ramos Romaña (en nombre propio y en
representación de su hija menor M.R.R.), Marisol Romaña Mosquera (en nombre propio
y en representación de su hija menor Y.R.M.) y Jenifer Yulieth Ramos Campaña (en
nombre propio) presentaron una acción de tutela para obtener el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En
su concepto, dichas garantías constitucionales fueron vulneradas por la sentencia
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Accionante: Yobanis Ramos Romaña y otros
Se niega el amparo
proferida el 25 de noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
dentro del proceso de reparación directa de radicado No. 76147-33-33-001-2013-00135-
01. En esa providencia, la autoridad judicial accionada confirmó la sentencia de primera
instancia proferida el 21 de mayo de 2014 por el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Cartago, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda de
reparación directa que los actores interpusieron contra la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional.
2.- Como pretensiones, los accionantes formularon las siguientes (se transcribe):
<<PRIMERA: Que se tutelen nuestros derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia y demás derechos que resulten afectados como
consecuencia de la providencia de segunda instancia N° 202 del 25 de noviembre de
2021, proferida por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA dentro del trámite de medio de control de reparación directa con radicado
N°761473333001201300135.
SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, se deje sin valor y efecto la sentencia N
°202 del 25 de noviembre de 2021, proferida por el TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA.
TERCERA: Que se ordene al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
VALLE DEL CAUCA proferir un nuevo fallo, en el sentido de revocar la sentencia recurrida
de primera instancia N°160 del 21 de mayo de 2014, proferida por el JUZGADO
PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DE CIRCUITO CARTAGO – VALLE DEL CAUCA,
y en su lugar conceda a las pretensiones de la demanda>>.
B. Hechos
3.- El 22 de noviembre de 2008 el Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de
control de garantías de Cartago, (Valle del Cauca) ordenó la captura del señor Yobanis
Ramos Romaña como presunto responsable del delito de rebelión. Lo anterior, debido a
que fue señalado en una diligencia de reconocimiento fotográfico como uno de los
integrantes del frente <<Aurelio Rodríguez>> de las FARC.
3.1.- En 2010 el Departamento de Policía de Cartago publicó un volante en el que
señalaba al señor Ramos Romaña como uno de los quince delincuentes más buscados
del municipio y ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de pesos. Afirmaron que
dicho volante fue difundido a través de los medios de comunicación locales y en las calles
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de Cartago (Valle del Cauca), de Pereira (Risaralda) y del corregimiento de La Italia
(Chocó).
3.2.- El 18 de marzo de 2010 el señor Ramos Romaña se presentó de manera voluntaria
en la Estación de Policía de San José del Palmar. Desde ese momento se adelantó en
su contra un proceso penal que culminó el 9 de diciembre 2010 con sentencia
absolutoria. Lo anterior, debido a que la Fiscalía General de la Nación no presentó
elementos probatorios suficientes para demostrar su participación en el delito
investigado.
3.3.- En ejercicio del medio de control de reparación directa, el señor Ramos Romaña y
su grupo familiar presentaron una demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional con el fin de obtener un resarcimiento por los perjuicios que sufrieron
con ocasión de la afectación a su buen nombre, la cual se originó con la publicación de
los volantes en los que figuraba como un delincuente de alta peligrosidad.
3.4- En sentencia del 21 de mayo de 2014 el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
de Cartago negó las pretensiones del medio de control. Para ello, afirmó lo siguiente:
<<[N]o se encuentra demostrado que la entidad demandada haya causado un daño
antijurídico a los demandantes como consecuencia de la publicación donde aparece el
señor Yobanis Ramos Romaña como uno de los 15 delincuentes más buscados del
Municipio de Cartago (…), pues la misma tuvo fundamento legal en la captura solicitada
por la Fiscalía General de la Nación y ordenada por el Juzgado Tercero Penal Municipal
de Cartago, de tal manera que dicha actuación no fue grosera ni desproporcional como
lo afirma la parte demandante, sino en procura de hacer efectiva una decisión judicial, en
cumplimiento de mandatos de orden constitucional y legal. En consecuencia, al no existir
un daño antijurídico no hay lugar a declaratoria de responsabilidad administrativa frente
a la demanda ni a resarcimiento de perjuicio alguno, lo que lleva a negar las súplicas de
la demanda>>.
3.5.- La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia1, y en sentencia del
25 de noviembre de 2021 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca decidió
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En su escrito de apelación, los accionantes alegaron lo siguiente: (i) la publicación de los volantes fue <<irracional,
exagerada, falsa y embustera>>, como quiera que la información allí consignada no es verídica ni se encuentra
soportada en la orden de captura que se había librado en contra del señor Ramos Romaña; (ii) es gravísimo que no
se haya encontrado probado el daño antijurídico, pues este se acreditó a través el testimonio rendido por el señor
Nagle Ricaurte Romaña, de las declaraciones de amenaza rendidas por los demandantes ante la Fiscalía y de la
certificación de la asociación de campesinos de La Italia en la que manifestaron que el señor Ramos Romaña es un
hombre honesto y trabajador; (iii) los demandantes tuvieron que abandonar su vivienda en La Italia y reciben amenazas
constantes, pues el señor Ramos Romaña todavía figura en los medios de comunicación como un delincuente; (iv) la
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confirmarla. Tras analizar las pruebas aportadas al proceso de reparación directa,
determinó que no se acreditó la existencia de un daño antijurídico, toda vez que no se
demostró con suficiencia la distorsión del concepto público que se tenía sobre el señor
Ramos Romaña, ni que con la publicación de los volantes se le hubiera generado un
perjuicio cierto.
C. Fundamentos de la vulneración
4.- Por un lado, los accionantes afirman que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
incurrió en un defecto fáctico, pues –a su juicio– erró al valorar las pruebas encaminadas
a demostrar que la Policía Nacional afectó el buen nombre del señor Ramos Romaña.
4.1.- Manifiestan que sí se acreditó la publicación de una noticia que tildaba al señor
Ramos Romaña como uno de los delincuentes más buscados de Cartago y que daba
cuenta de su captura como presunto responsable del delito de rebelión. Por un lado,
indican que con la demanda allegaron un enlace en el que se podía constatar la
existencia de la noticia publicada por CartagoNoticias.com en fusión con
CiudadRegión.com. Por otro lado, señalan que, si bien no fue posible conseguir un
ejemplar del Diario el Otún del 11 de marzo de 2010, ello no quiere decir que no se haya
difundido la noticia. Además, aducen que el tribunal erró al concluir que estas noticias no
tienen valor probatorio porque se ocuparon de registrar un hecho comprobado (la captura
del actor), pues –a su juicio– que estas hayan hecho referencia a que el señor Ramos
Romaña era uno de los delincuentes más buscados de la zona demuestra que son una
consecuencia de los volantes publicados por la Policía.
4.2.- Advierten que el tribunal accionado no tuvo en cuenta los testimonios rendidos por
los señores Ricaurte Romaña Nagle y Carmen Yurley Mosquera, quienes manifestaron
(i) que el accionante no ha podido conseguir trabajo porque lo tildan de guerrillero y (ii)
que el volante fue difundido física y virtualmente. Adicionalmente, alegan que es
desproporcionado que el tribunal haya desestimado el testimonio del señor Romaña
Nagle porque no recordó la fecha en la que vio los volantes en las calles del corregimiento
de La Italia.
jurisprudencia ha reconocido perjuicios por concepto de <<daño al buen nombre y a la honra>>, por ejemplo, mediante
la sentencia proferida el 29 de enero de 2014 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el
marco del proceso de reparación directa de radicado No. 25000-23-26-000-1995-10714-01 (C.P. Hernán Andrade
Rincón).
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4.3.- Afirman que de las pruebas es posible colegir que el volante se publicó en La Italia,
Pereira y Cartago. Así mismo, aseguran que debido a que la noticia se publicó en la
Internet, cualquier persona en el país pudo haberla visto. Por consiguiente, estiman
desatinado que el tribunal haya encontrado incoherente que el señor Romaña Nagle dijo
que los volantes fueron difundidos en San José del Palmar (Chocó), pero fue en Pereira
(Risaralda) donde su patrón se negó a contratar al accionante bajo el pretexto de que
<<era guerrillero>>.
4.4.- Aseveran que el tribunal accionado se equivocó al determinar que la denuncia penal
que presentó la cónyuge del señor Ramos Romaña debido a las amenazas que
supuestamente recibió <<no aporta al plenario nada más que su interposición, pues su
contenido no fue acompañado de ninguna prueba que aporte elementos de juicio
pasibles de ser valorados en este escenario>>. Los actores alegan que sí se aportó
prueba para la valoración de la denuncia; en particular, mencionan que la señora Carmen
Yurley Mosquera manifestó lo siguiente en su testimonio: <<PREGUNTADO. Infórmele
al despacho si el demandante ha tenido inconvenientes con ocasión a la publicación de
esos afiches. RESPUESTA. Sí, él ha sido amenazado, así mismo la esposa.
PREGUNTADO. Como es la situación del demandante. RESPUESTA. En el barrio lo
tildan de guerrillero>>.
4.5.- Por otro lado, aseguran que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
desconoció las reglas jurisprudenciales –relativas a la afectación al buen nombre y la
honra– contenidas en la sentencia proferida el 8 de septiembre de 2021 por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el marco del proceso de
reparación directa de radicado No. 25000- 23-26-000-2009-00585-01 (43437)2.
D. Oposiciones e intervenciones
5.- El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cartago (tercero con interés)
anuncia que acatará la decisión que tome esta Sala y que está dispuesto a proveer las
medidas u órdenes que asistan a su competencia. Adicionalmente, aclara que la
sentencia atacada es aquella que profirió el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
el 25 de noviembre de 2021, y no la que profirió su despacho en primera instancia el 21
de mayo de 2014.
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C.P. Alberto Montaña Plata.
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6.- La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional (tercero con interés)
pide que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela de la referencia, por cuanto
en ningún momento se vulneraron los derechos fundamentales de los accionantes.
Argumenta que en el proceso no se probó la circulación masiva a través de un diario
informativo del volante en el que figuraba el señor Ramos Romaña como uno de los
delincuentes más buscados de la zona de Cartago. Señala que la mera existencia del
mencionado volante no acredita una afectación al buen nombre del accionante. Aduce
que los testimonios rendidos dentro del proceso con el fin de demostrar las afectaciones
laborales que sufrió el actor no fueron asertivos, pues fueron rendidos por sus familiares
y no dieron cuenta de las condiciones de tiempo, modo y lugar de los hechos. Finalmente,
asegura que el señor Ramos Romaña y sus familiares no acreditaron la existencia de un
perjuicio irremediable.
7.- El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (accionado) allegó el expediente digital
del proceso de reparación directa de radicado No. 76147-33-33-001-2013-00135-01; sin
embargo, no rindió un informe de contestación.
8.- El Ministerio Público (tercero con interés) y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado (interviniente), a pesar de haber sido debidamente notificados, guardaron
silencio.
II. CONSIDERACIONES
9.- La Sala negará las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor
Yobanis Ramos Romaña y su grupo familiar, por cuanto considera que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca no incurrió en un defecto fáctico por indebida
valoración probatoria ni en un vicio por desconocimiento de las reglas jurisprudenciales
aplicables al caso.
E. Se encuentran satisfechos los requisitos generales que habilitan la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales
10.- La Sala constata que la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales: (i)
los accionantes indicaron de manera clara los hechos y las razones en las que se
fundamenta la acción; (ii) el asunto es de evidente relevancia constitucional porque se
afirma la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, y se señalan los vicios o defectos en los que habría incurrido
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la providencia acusada3; (iii) se encuentra cumplido el requisito de subsidiariedad, pues
los actores utilizaron todos los mecanismos judiciales a su alcance para la protección de
sus derechos fundamentales y contra la providencia atacada no procede ningún recurso;
(iv) la solicitud se presentó en un término prudencial (inmediatez), puesto que la decisión
de segunda instancia se profirió el 25 de noviembre de 2021, fue notificada el 29 de
noviembre 2021 y la tutela se presentó el 25 de mayo de 2022, es decir, dentro del
término de los seis meses precisado tanto por esta Corporación4 como por la Corte
Constitucional5; y (v) no se trata de una decisión proferida en sede de tutela.
F. La autoridad judicial accionada no incurrió en un defecto fáctico, pues valoró de
manera apropiada todas las pruebas que obran en el expediente ordinario
11.- Por regla general, la vinculación de una persona a una actuación penal no causa un
daño antijurídico que deba ser reparado. A diferencia, por ejemplo, de lo que sucede con
la privación de la libertad, el sometimiento a una investigación penal no es una carga
excesiva y desproporcionada; no obstante, dicho sometimiento puede causar un daño
antijurídico si se demuestra que le causó a la víctima una afectación grave y particular
que carece de un título jurídico que imponga el deber de soportarla y, de conformidad
con el artículo 90 superior, el Estado debe reparar los perjuicios que se originen de este
daño.
11.1- En el caso que ocupa a la Sala, los actores argumentan que la Policía Nacional les
causó un daño antijurídico al difundir de forma masiva un volante en el que el señor
Ramos Romaña figuraba como uno de los delincuentes más buscados de Cartago, pues
–en virtud del mismo– este no ha podido encontrar trabajo y han recibido amenazas. A
su turno, el tribunal accionado encontró que si bien el volante fue expedido y contenía
una expresión injuriosa y ofensiva, lo cierto es que no está probado que fue difundido ni
que generó un impacto sobre el buen nombre y la honra de los accionantes; conclusión
que, según lo dispuesto en el escrito de tutela, se derivó de una indebida valoración de
las pruebas, por lo que el tribunal accionado supuestamente incurrió en un defecto
fáctico.
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Adicionalmente, cabe anotar que los reproches alegados en el escrito de tutela surgen de la interpretación que el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca –como fallador de segunda instancia– ejerció de las pruebas encaminadas
a acreditar la afectación al buen nombre del señor Ramos Romaña y sus familiares.
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Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2012-02201- 01(IJ),
C.P. Jorge Octavio Ramírez.
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Corte Constitucional, Sentencia T-031 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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11.2.- La Sala considera que a los accionantes no les asiste razón, toda vez que el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no incurrió en ninguno de los yerros
probatorios alegados en la solicitud de amparo como un defecto fáctico. A
continuación, se abordará cada uno de estos y se mostrará que la autoridad accionada
estaba en lo correcto cuando concluyó que las pruebas no logran acreditar la difusión ni
el impacto del volante, por lo que no es posible concluir que los actores sufrieron un daño
que no están jurídicamente obligados a soportar.
12.- En primer lugar, los actores alegan haber acreditado que la información contenida
en el volante se difundió masivamente, por cuanto en la demanda anotaron un enlace
que supuestamente redirige a una noticia publicada por CartagoNoticias.com en fusión
con CiudadRegión.com que anuncia la captura del señor Ramos Romaña y lo señala
como uno de los delincuentes más buscados de Cartago. Aducen que ese señalamiento
acredita el grado de difusión que tuvo la información falaz de los volantes de la Policía.
Sin embargo, la Sala advierte que este argumento no guarda coherencia con la realidad
probatoria, pues a folio 101 del cuaderno principal se encuentra el boletín de prensa en
el que se registró la captura del accionante6, y este no establece que se trata de <<uno
de los quince delincuentes más buscados de Cartago>>. Tal como lo estableció el
tribunal, en dicho boletín solo se consignaron las circunstancias fácticas de su captura:
<<En este informe aparece registrada la captura del señor Ramos Romaña, en el Puesto
de Salud Corregimiento La Italia – municipio San José del Palmar, por el delito de rebelión.
(…) [S]olo se ocupó de registrar un hecho comprobado, la captura del actor y el
motivo de la misma, no se describe ninguna situación que falte a la verdad. Tampoco
puede establecerse la publicación de esta información u otra, que empañe el buen
nombre del reclamante (…)>>.
12.1.- En segundo lugar, la Sala considera que a los accionantes no les asiste razón
cuando aseguran que la autoridad judicial accionada valoró de forma excesivamente
rigurosa los testimonios rendidos por los señores Ricaurte Romaña Nagle y Carmen
Yurley Mosquera Mosquera. De hecho, concuerda con el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca en que dichos testimonios no tienen la identidad suficiente para
demostrar que los volantes expedidos por la Policía Nacional fueron difundidos de
manera virtual y física, y encuentra acertada la argumentación que se planteó con
relación a este punto (la cual, contrario a lo establecido en la tutela, no se fundó
6
Este documento fue aportado –a petición del Juez Primero Administrativo del Circuito de Cartago– por el director
general de CartagoNoticias.com en fusión con CiudadRegión.com en comunicación del 21 de noviembre de 2013.
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únicamente en que uno de los testigos no recordó la fecha de publicación de los
mencionados volantes). En la sentencia reza:
<<Si bien, el testigo Ricaurte Romaña Nagle expresó que vio los afiches pegados en La
Italia, donde vivía, no recordó la fecha, ni expuso ninguna otra circunstancia que permita
establecer la razón de la ciencia de su dicho. Igual descalificación merece la declaración
de Carmen Yurley Mosquera Mosquera, quien manifestó haberse enterado del volante a
través de Marisol Romaña, cónyuge del afectado directo, y a través de internet, sin
ninguna otra precisión que otorgue convencimiento.
La Sala advierte debilidad probatoria en la manera en que fue difundida la información
falsa sobre el demandante (…). Esta flaqueza probatoria se erige como un obstáculo para
hallar probado el daño. Al desconocerse con precisión la forma en que se difundió la
información calumniosa sobre el reclamante, la Sala queda desprovista de elementos
para calificar el impacto o repercusión en su buen nombre y honra>>.
12.1.1.- Así mismo, la Sala no encuentra equivocado que el tribunal haya considerado
incoherente el testimonio rendido por el señor Romaña Nagle, pues lo cierto es que este
manifestó que una persona en Pereira (Risaralda) se negó a contratar al actor, pero
afirmó que fue en el corregimiento de La Italia (Chocó) donde se fijaron los volantes.
Debido a que en ningún momento se ofreció una explicación que permitiera entender
esta situación, la Sala concuerda con la autoridad judicial accionada en que estas
declaraciones no prueban que el señor Ramos Romaña no ha podido conseguir trabajo
debido –específicamente– a la publicación del volante por parte de la Policía Nacional.
En palabras de la sentencia:
<<[L]a afirmación de Romaña Nagle sobre la imposibilidad para el señor Yobanis de
acceder a oportunidades laborales, presuntamente por cuenta de la información falsa que
circuló en su contra, es confusa, carece de fuerza demostrativa. Si se analiza, expresó
que el afiche fue fijado en La Italia, corregimiento de San José del Palmar, el señalamiento
de guerrillero por parte de su “patrón” contra su recomendado aconteció en Pereira y no
se exteriorizó la cronología o el motivo de haber transcurrido en uno u otro lugar, ni cómo
llegó la información a este tercero, de quien, además, dijo no saber cómo se enteró>>.
12.1.2.- Igualmente, no es de recibo el argumento relativo a que <<[si la noticia se publicó
en Internet], es apenas lógico que en cualquier parte del país o el mundo se enteren>>,
como quiera que –tal como se expuso en el acápite 12.- de la presente providencia– en
el proceso no se logró acreditar la publicación de una noticia que señalara al accionante
como uno de los quince delincuentes más buscados del municipio de Cartago. Por el
contrario, solo se probó la difusión de un boletín de prensa que no faltó a la verdad, pues
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no repitió la afirmación calumniosa que fue consignada en el volante de la Policía
Nacional.
12.2.- En tercer lugar, la Sala observa que el tribunal determinó que la denuncia
presentada por la señora Marisol Romaña Mosquera –cónyuge del señor Ramos
Romaña– no acredita nada más que su interposición debido a que <<no fue acompañada
de ninguna prueba que aporte elementos de juicio posibles de ser valorados en este
escenario>>; y que, frente a esto, los accionantes alegaron que sí aportaron evidencias
adicionales; en particular, indicaron que allegaron el testimonio de la señora Carmen
Yurley Mosquera Mosquera.
12.2.1.- Al respecto, cabe anotar que si bien es cierto que la señora Mosquera Mosquera
manifestó que <<el [señor Ramos Romaña] ha sido amenazado, así mismo la esposa>>,
el caso es que esta afirmación no aporta elementos de juicio que puedan ser tenidos en
cuenta –en conjunto con la denuncia penal– a la hora de evaluar si los accionantes
sufrieron un daño antijurídico con ocasión del volante de la Policía Nacional. En otras
palabras: en tanto que las denuncias per se no acreditan nada más que su existencia,
es necesario ponerlas en contexto con otros medios de prueba y, en este caso, la testigo
con la que se pretendió contextualizar la denuncia no otorgó detalles acerca de las
amenazas, no especificó cómo se enteró de las mismas, no dijo por qué le constaba que
los actores estaban siendo amenazados, etc. Por consiguiente, la Sala encuentra
acertado que el tribunal haya establecido que la denuncia no se acompañó de otros
elementos de juicio y que haya determinado que ni la denuncia ni el testimonio permiten
entrever que la publicación de los volantes tuvo un impacto sobre el buen nombre de los
accionantes.
G. La autoridad judicial accionada no incurrió en un defecto por desconocimiento
de las reglas jurisprudenciales
13.- Al analizar el fallo proferido el 8 de septiembre de 2021 por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, cuyo desconocimiento alegaron los accionantes,
la Sala advierte que esta no estableció reglas jurisprudenciales que deban ser aplicadas
al caso concreto. Por lo demás, la Sala advierte que –en esa oportunidad– el fallador
utilizó el mismo método que la autoridad judicial accionada: ambas se dieron a la tarea
de valorar cada una de las pruebas aportadas al proceso con el fin de verificar si se
configuró un daño antijurídico derivado de la afectación al buen nombre de una
ciudadana; con la diferencia de que, en ese caso, sí hubo evidencia suficiente para emitir
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una condena (sin embargo, es claro que dicha diferencia se derivó de las particularidades
fácticas de cada uno, y no de una regla jurisprudencial aplicable a ambos).
13.1.- Lo anterior, aunado a que los accionantes en ningún momento argumentaron por
qué consideran que dicha sentencia debió ser tenida en cuenta por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, resulta suficiente para concluir que este reproche no
ha de prosperar.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela de la referencia por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
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