Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02879-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-02879-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-02879-01
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
1 de septiembre de 2022
Demandantes: Yobanis Ramos Romaña y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02879-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá D.C., primero (1º) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02879-01
Demandantes: YOBANIS RAMOS ROMAÑA Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Defecto fáctico y
desconocimiento del precedente. Responsabilidad del Estado
por daño al buen nombre y a la honra.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra
el fallo de 7 de julio de 2022, por medio del cual el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, negó la acción de tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Los señores Yobanis Ramos Romaña1, Marisol Romaña Mosquera2 y Jenifer
Yulieth Ramos Campaña, en nombre propio, presentaron acción de tutela3 contra
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, con ocasión de la providencia de 25 de noviembre de 2021 proferida por
la mencionada autoridad judicial, por medio de la cual confirmó la decisión que
negó las pretensiones de la demanda dentro del medio de control de reparación
directa que promovieron contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional con radicado 76147-33-33-001-2013-00135-00/01.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, los actores solicitaron:
“PRIMERA: Que se tutelen nuestros derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia y demás derechos que resulten afectados
como consecuencia de la providencia de segunda instancia N° 202 del 25 de
1
Quien actúa en nombre propio y en representación de su hija menor Maryeli Ramos Romaña.
2
En nombre propio y en representación de su hija menor Yerlenis Romaña Mosquera.
3
Mediante escrito enviado el 5 de mayo de 2022.
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Demandantes: Yobanis Ramos Romaña y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02879-01
noviembre de 2021, proferida por el TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA dentro del trámite de medio de
control de reparación directa con radicado N° 761473333001201300135.
SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, se deje sin valor y efecto la
sentencia N° 202 del 25 de noviembre de 2021, proferida por el TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA.
TERCERA: Que se ordene al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL VALLE DEL CAUCA proferir un nuevo fallo, en el sentido de revocar la
sentencia recurrida de primera instancia N° 160 del 21 de mayo de 2014, proferida
por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DE CIRCUITO CARTAGO
– VALLE DEL CAUCA, y en su lugar conceda a las pretensiones de la demanda.”
(Negrilla del texto original)
La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
1.3. Hechos
La parte actora relató que el 22 de noviembre de 2008 el Juzgado Tercero Penal
Municipal con funciones de control de garantías de Cartago (Valle del Cauca)
ordenó la captura del señor Yobanis Ramos Romaña como presunto responsable
del delito de rebelión, debido a que fue señalado en una diligencia de
reconocimiento fotográfico como uno de los integrantes del frente “Aurelio
Rodríguez” de las FARC.
Narró que en el año 2010 el Departamento de Policía del Valle del Cauca publicó
un volante en el que señaló al mencionado ciudadano como uno de los quince
delincuentes más buscados en Cartago (Valle del Cauca) y ofreció una
recompensa de hasta cinco millones de pesos, el cual fue difundido en los
medios de comunicación locales, así como en las calles de ese municipio, de
Pereira (Risaralda) y del corregimiento de La Italia (Chocó).
Indicó que el 18 de marzo de 2010 el señor Yobanis Ramos Romaña se presentó
de manera voluntaria en la Estación de Policía de San José del Palmar (Chocó) y
desde ese momento se adelantó un proceso penal en su contra, el cual culminó
el 9 de diciembre 2010 con sentencia absolutoria por cuanto la Fiscalía General
de la Nación no presentó pruebas suficientes para demostrar su participación en
la actuación investigada.
Afirmó que el señor Yobanis Ramos Romaña4 junto con sus familiares5
demandaron en ejercicio del medio de control de reparación directa a la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional, con el propósito de obtener el
reconocimiento de los perjuicios originados con la afectación a su buen nombre
tras ser categorizado como un delincuente de altísima peligrosidad.
Explicó que del asunto conoció el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
Judicial de Cartago que, en sentencia de 21 de mayo de 2014, negó las súplicas
de la demanda tras concluir que la publicación tuvo fundamento en la captura
4
Quien actuó en nombre propio y en presentación de sus hijas Jenifer Yulieth Ramos Campaña
(menor de edad para aquella época) y Maryeli Ramos Romaña.
5
Marisol Romaña Mosquera (cónyuge del señor Ramos Romaña), quien actuó en nombre propio
y en representación de su hija menor de edad Yerlenis Romaña Mosquera.
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Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
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solicitada por la Fiscalía General de la Nación y ordenada por el Juzgado Tercero
Penal Municipal con funciones de control de garantías de Cartago (Valle del
Cauca), de tal manera que dicha actuación se realizó en procura de hacer
efectiva una decisión judicial.
Adujo que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, pero el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó el fallo del a quo mediante
sentencia de 25 de noviembre de 2021, con respaldo en que si bien el volante de
la Policía Nacional contenía una expresión injuriosa y ofensiva, lo cierto es que
no se probó que fue difundido ni que ocasionó un impacto al buen nombre y la
honra del señor Yobanis Ramos Romaña.
1.4. Sustento de la petición
A juicio de la parte tutelante, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
incurrió en la providencia objeto de reproche en defecto fáctico por valoración
errada de las pruebas dirigidas a demostrar que la Policía Nacional afectó el
buen nombre del señor Yobanis Ramos Romaña y que aportó con la demanda,
como lo fueron:
i) Copia del proceso penal adelantado por el Juzgado Tercero Penal Municipal de
Cartago (Valle del Cauca) contra el señor Yobanis Ramos Romaña por el delito
de rebelión, en el cual se encuentra el acta de la audiencia en la que se realizó la
lectura del fallo que lo absolvió.
ii) Volante por medio del cual la Policía Nacional incluyó al mencionado
ciudadano dentro de los quince delincuentes más buscados del municipio de
Cartago (Valle del Cauca) y ofreció una recompensa de hasta cinco millones de
pesos.
iii) Denuncia presentada por la señora Marisol Romaña Mosquera ante la
Fiscalía General de la Nación, en la cual dejó constancia que era víctima de
amenazas como consecuencia de que su cónyuge fue confundido con “alias
Romaña”.
iv) Informe de la Policía del Valle del Cauca No. 078 - boletín de prensa del 19 de
marzo de 2010, en el que se informan los hechos ocurridos en esa fecha y los
resultados de una operación realizada por uniformados de la policía del Valle del
Cauca contra la delincuencia.
v) El siguiente enlace: “http://www.eldiario.com.co/seccion/JUDICIAL/autoridades
-trabajan-por-la-seguridad-en-tres-departamentos100310.html:”, mediante el cual
se podía verificar la publicación de la referida noticia.
vi) Certificación expedida por la asociación de trabajadores campesinos de La
Italia San José del Palmar (Chocó) - ASOTRACAI, con la cual se probó que el
señor Yobanis Ramos Romaña trabajaba antes de que ocurrieran los hechos
objeto de controversia.
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En ese sentido, resaltó que sí se acreditó la publicación de la noticia que tildaba
al referido ciudadano como uno de los delincuentes más buscados en Cartago
(Valle del Cauca) y que fue investigado como presunto responsable del delito de
rebelión, por medio del link que daba cuenta que se divulgó por
CartagoNoticias.com en fusión con CiudadRegión.com.
Mencionó que aunque no fue posible aportar un ejemplar del Diario el Otún de
Pereira del 11 de marzo de 2010, lo cierto es que se difundió dicha información
en otros medios de comunicación, por lo que la autoridad judicial demandada se
equivocó al decidir que los documentos allegados no tenían valor probatorio
porque se ocuparon de registrar la detención del señor Ramos Romaña, el cual
era un hecho comprobado.
Aseguró que en la providencia controvertida se desestimó lo declarado por el
señor Ricaurte Romaña Nagle por motivos desproporcionados y tampoco se tuvo
en cuenta el testimonio de la señora Carmen Yurley Mosquera, pese a que éstos
manifestaron i) que el accionante no ha podido conseguir trabajo por ser
catalogado como integrante de las FARC y ii) que el volante fue difundido física y
virtualmente.
Expuso que fue desatinado que la colegiatura enjuiciada encontrara incoherente
que el señor Ricaurte Romaña Nagle dijera que los “pasquines” fueron difundidos
en San José del Palmar (Chocó), pero fue en Pereira (Risaralda) donde se
negaron a contratar al accionante bajo el pretexto de que “era guerrillero”.
Cuestionó el argumento relativo a que la denuncia penal presentada por la
señora Marisol Romaña Mosquera –cónyuge del señor Yobanis Ramos Romaña–
por las presuntas amenazas que recibió “no aporta[ba] al plenario nada más que
su interposición, pues su contenido no fue acompañado de ninguna prueba que
aporte elementos de juicio pasibles de ser valorados en este escenario”, toda vez
que la señora Carmen Yurley Mosquera declaró en su testimonio lo siguiente:
“PREGUNTADO. Infórmele al despacho si el demandante ha tenido inconvenientes
con ocasión a la publicación de esos afiches. RESPUESTA. Sí, él ha sido
amenazado, así mismo la esposa. PREGUNTADO. Como es la situación del
demandante. RESPUESTA. En el barrio lo tildan de guerrillero”. (Negrilla del
texto original)
Además, la parte accionante consideró que el tribunal cuestionado desconoció el
precedente concerniente a la responsabilidad del Estado por vulnerar el derecho
al buen nombre y la honra contenido en la sentencia proferida el 8 de septiembre
de 2021 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, M.P.
Alberto Montaña Plata, en el marco del proceso de reparación directa con
radicado 25000-23-26-000-2009-00585-01.
1.5. Actuación procesal en primera instancia
Mediante auto de 1º de junio de 2022, la Sección Tercera, Subsección B de esta
Corporación admitió la solicitud de tutela, ordenó notificar esta decisión a la parte
actora y como demandados a los magistrados del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca; además, vinculó al Juzgado Primero Administrativo del Circuito
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Judicial de Cartago, al Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y al
Ministerio Público, por tener interés en el resultado del presente mecanismo
constitucional.
Remitidas las respectivas comunicaciones, mediante oficios enviados el 7 de
junio de 2022, se presentaron las siguientes intervenciones:
1.5.1. Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Cartago
El juez titular del despacho rindió informe el 8 de junio del año en curso, por
medio del cual sostuvo que acataría la decisión que se profiera en el presente
trámite y aclaró que la parte actora cuestiona la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 25 de noviembre de 2021, mas no
aquella que dictó esa autoridad judicial en primera instancia.
1.5.2. Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
El jefe del Área Jurídica de la institución policial se pronunció con memorial
remitido el 9 de junio de 2022, en el cual se opuso al amparo solicitado por los
actores dado que en el proceso de reparación directa no se probó la circulación
masiva a través de un diario informativo del volante en el que figuraba el señor
Yobanis Ramos Romaña como uno de los delincuentes más buscados de la zona
de Cartago (Valle del Cauca).
Destacó que la existencia de tal aviso no implica por sí sola la afectación al buen
nombre del señor Yobanis Ramos Romaña y que los testimonios practicados no
fueron asertivos tras no evidenciar las condiciones de tiempo, modo y lugar en
que ocurrieron los hechos objeto de discusión.
Solicitó denegar las pretensiones de la demanda “ante la improcedencia de la
acción de tutela”, toda vez que los actores no acreditaron la existencia de un
perjuicio irremediable y en atención a que en la providencia censurada se realizó
una valoración integral de las pruebas obrantes en el plenario.
1.5.3. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Mediante escrito de 9 de junio de 2022 envió el expediente digital del proceso de
reparación directa de radicado 76147-33-33-001-2013-00135-00/01, pero no
realizó manifestación alguna respecto a los reparos expuestos por la parte
actora.
1.5.4. El Ministerio Público, pese a que fue debidamente notificado de la
existencia del presente trámite, no rindió informe.
1.6. Sentencia de primera instancia
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en providencia de 7 de
julio de 2022, luego de encontrar superados los requisitos de procedibilidad
adjetiva abordó el estudio de los yerros invocados por la parte actora, análisis a
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partir del cual resolvió negar las pretensiones de la acción de tutela de la
referencia.
Explicó que no guardaba coherencia con la realidad probatoria el reparo
concerniente a que la información contenida en el volante que presuntamente
atentó contra el buen nombre del señor Yobanis Ramos Romaña se difundió
masivamente, pues a folio 101 del cuaderno principal encontró un boletín de
prensa en el que se registró su captura y éste no estableció que era “uno de los
quince delincuentes más buscados de Cartago”.
Indicó que no les asistía razón a los actores cuando aseguraron que la autoridad
judicial accionada valoró de forma excesivamente rigurosa los testimonios
rendidos por los señores Ricaurte Romaña Nagle y Carmen Yurley Mosquera,
pues concordó con el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en que éstos no
tenían la identidad suficiente para demostrar que los afiches expedidos por la
Policía Nacional fueron publicados de manera virtual y física.
Agregó que tampoco fue errado que en la providencia cuestionada se
considerara incoherente lo declarado por el señor Ricaurte Romaña Nagle, pues
lo cierto es que éste manifestó que una persona en Pereira (Risaralda) se negó a
contratar al actor, pero afirmó que fue en el corregimiento de La Italia (Chocó)
donde se fijaron los volantes, sin que ofreciera una explicación que permitiera
entender esta situación.
Expresó que no era de recibo el argumento referente a que “[si la noticia se
publicó en Internet], es apenas lógico que en cualquier parte del país o el mundo
se enteren”, pues en el proceso tan solo se probó la divulgación de un boletín de
prensa que no faltó a la verdad, en tanto que no repitió la afirmación calumniosa
que fue contenida en el volante de la Policía Nacional.
Consideró que fue acertada la conclusión a la que arribó el tribunal cuestionado
en torno a que la denuncia penal presentada por la señora Marisol Romaña
Mosquera no se acompañó de otros elementos de juicio, pues la testigo Carmen
Yurley Mosquera no otorgó detalles respecto de las amenazas, no especificó
cómo se enteró de las mismas y tampoco mencionó por qué le constaba que los
actores fueron intimidados.
Advirtió que en el fallo proferido el 8 de septiembre de 2021 por la Subsección B
de la Sección Tercera de esta Corporación, cuyo desconocimiento alegaron los
accionantes, no se establecieron reglas jurisprudenciales que debieran ser
aplicadas al caso analizado, aunado a que en ese proceso sí hubo evidencia
suficiente para emitir una condena.
1.7. Impugnación
Por medio de escrito enviado por correo electrónico el 27 de julio de 2022 a la
Secretaría General de la Corporación6, la parte actora impugnó la providencia de
6
Impugnación que fue presentada dentro del término establecido por el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991, teniendo en cuenta que el fallo de primera instancia se notificó el 22 de julio del
presente año.
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primera instancia debido a que no se valoraron integralmente las pruebas que
fueron aportadas con la demanda de reparación directa y que referenció en el
escrito de tutela, mediante las cuales se evidenciaba que en el boletín de prensa
se hizo referencia a la captura del señor Yobanis Ramos Romaña, la cual se
produjo como consecuencia del volante emitido por la Policía Nacional.
Afirmó que no comparte lo concluido por el a quo respecto a que el tribunal
demandado valoró de forma acertada los testimonios practicados dentro del
proceso de reparación directa, pues efectuó un análisis aislado y desintegrado
de éstos para restarles credibilidad y no se estudiaron en conjunto con las demás
pruebas aportadas, con lo cual se denotaba que “la policía no va a sacar un
volante para no publicarlo”.
Puntualizó que debía entenderse que la divulgación de una noticia no puede
hacer alusión solo a medios virtuales, sino también físicos pues los afiches
emitidos por la policía fueron vistos por los testigos en el municipio de San José
del Palmar, corregimiento La Italia (Chocó), en Pereira y Cartago (Valle del
Cauca), situación que acredita que fueron conocidos en varios lugares del país.
Indicó que en la sentencia impugnada no se hizo referencia a la certificación
expedida por la asociación de trabajadores campesinos de La Italia San José del
Palmar (Chocó) - ASOTRACAI, en la cual consta que el señor Yobanis Ramos
Romaña laboraba al momento en que fue tildado como integrante de un grupo al
margen de la ley, información que concuerda con lo declarado por el señor
Ricaurte Romaña Nagle, quien señaló que aquél tuvo que dejar su trabajo y no
ha podido obtener un empleo por la situación deshonrosa que le ocasionó el
pasquín de la policía.
Reiteró que la denuncia presentada por la señora Marisol Romaña Mosquera y el
testimonio de la señora Carmen Yurley Mosquera sí demuestran que existió el
daño antijurídico reclamado, dado que el señor Yobanis Ramos Romaña vivía
con su familia en el corregimiento La Italia – San José del Palmar (Chocó) y por
lo sucedido tuvo que dejar su lugar de residencia.
En cuanto al desconocimiento de la providencia proferida el 8 de septiembre de
2021 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, insistió
en que en su caso se configuró la responsabilidad estatal pues aunque el señor
Yobanis Ramos Romaña no goza de un estrato social como el de la demandante
en el asunto resuelto en esa decisión, lo cierto es que su buen nombre se vio
afectado al ser catalogado como guerrillero.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la
parte demandante contra la providencia proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, el 7 de julio de 2022, según lo previsto en los
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Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20157, así como en el Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 20198.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala verificar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la
decisión proferida en primera instancia, para lo cual se debe analizar si el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró los derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la parte actora, al
presuntamente incurrir en los defectos fáctico y por desconocimiento del
precedente planteados.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20129, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:
“…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como
se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo,
cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados
hasta el momento Jurisprudencialmente.”10 (Negrilla fuera de texto)
Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme
a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra
providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la
jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas
características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir
7
Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
8
Reglamento interno de la Corporación.
9
Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.
10
Ibídem.
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cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia
sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –
procedencia adjetiva–.11
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
“tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.4. Caso concreto
La parte actora afirma que se vulneraron sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de la
providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el
marco del medio de control que promovió con el propósito de obtener la
reparación de los perjuicios originados con la publicación realizada por la Policía
Nacional, en la cual señalaron al señor Yobanis Ramos Romaña como uno de
los delincuentes más buscados en la ciudad de Cartago (Valle del Cauca) por el
delito de rebelión.
Para respaldar lo anterior, indicó que la decisión cuestionada adolece de defecto
fáctico por indebida valoración de las pruebas que aportó con la demanda y los
testimonios practicados dentro del proceso, cuya valoración integral demostraba
la existencia del daño irrogado a la entidad demandada pues la información
contenida en el volante emitido por la policía fue conocida en varios lugares del
país, situación por la que no ha podido obtener un empleo y su cónyuge recibió
amenazas.
A su vez, planteó el desconocimiento del precedente fijado por la Subsección B
de la Sección Tercera de esta Corporación en la sentencia de 8 de septiembre
de 2021, M.P. Alberto Montaña Plata, dentro del proceso de reparación directa
con radicado 25000-23-26-000-2009-00585-01, concerniente a la
11
Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de 2004
y C-590 de 2005.
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Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02879-01
responsabilidad del Estado por vulnerar el derecho al buen nombre y la honra.
En primera instancia, la Sección Tercera, Subsección B de esta Corporación
negó la solicitud de tutela tras encontrar que fue razonado el estudio probatorio
realizado por la autoridad judicial cuestionada, toda vez que en el boletín de
prensa en el que se registró la captura del señor Yobanis Ramos Romaña no se
estableció que era “uno de los quince delincuentes más buscados de Cartago”.
Adicionalmente, consideró que los testimonios rendidos no fueron conducentes
para demostrar que el volante de la Policía Nacional fue difundido de manera
virtual y física, así como que no se configuró el desconocimiento de la
providencia citada dado que en ésta no se estableció alguna regla que debiera
ser aplicada en el asunto en estudio.
Inconformes con la anterior decisión, los actores la impugnaron pues, en su
sentir, el a quo no analizó realmente los elementos probatorios que referenció en
la tutela, por lo que arribó a conclusiones desacertadas, aunado a que no se
pronunció en lo que atañe a la presunta valoración errada de la certificación
expedida por la asociación de trabajadores campesinos de La Italia San José del
Palmar (Chocó) – ASOTRACAI.
Agregó que si bien es cierto que no tiene el mismo estrato social que la
demandante del medio de control que fue resuelto en la sentencia aludida como
desatendida, también lo es que en su caso se configuró la responsabilidad
estatal debido a que su buen nombre se vio afectado por ser catalogado como
guerrillero.
Precisado lo anterior se puede colegir que la parte actora reiteró la presunta
configuración del defecto fáctico expuesto en el escrito de la tutela, teniendo en
cuenta que en criterio de la Sala12 este yerro se vincula con asuntos probatorios y
se presenta en los eventos en que:
i) Existe una omisión por parte de la autoridad judicial al decretar o practicar
pruebas indispensables para fallar el asunto, ii) se desconoce el acervo
probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por
las partes, iii) se realiza una valoración irracional o arbitraria de las pruebas
aportadas y iv) se profiere sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con
violación del debido proceso.
Esta Sección estableció que al momento de invocar la ocurrencia de la aludida
irregularidad es necesario que la parte actora indique con claridad: i) cuál o
cuáles han sido las pruebas objeto de una valoración indebida por parte del
funcionario judicial y ii) por qué en cada caso, las consideraciones del juez se
alejan de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana critica, al punto de
tornarse arbitrarias o si se quiere absurdas.
Lo anterior aplicado al caso concreto le permite a la Sala advertir que la parte
accionante cumplió con la carga argumentativa exigida, pues tanto en el escrito
12
Sentencia de 26 de mayo de 2016, M.P. Rocío Araújo Oñate, rad. 11001-03-15-000-2015-
02017-01.
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de la tutela como en la impugnación refirió que se valoraron de forma errada las
siguientes pruebas que aportó con la demanda de reparación directa:
i) La copia del proceso penal adelantado contra el señor Yobanis Ramos
Romaña por el delito de rebelión, en el cual se encuentra el acta de la audiencia
en la que se realizó la lectura del fallo absolutorio, ii) el volante de la Policía
Nacional en el que aquél figuraba como uno de los delincuentes más buscados
en el municipio de Cartago (Valle del Cauca) y iii) la denuncia presentada por la
señora Marisol Romaña Mosquera al ser víctima de amenazas debido a que su
cónyuge fue confundido con “alias Romaña”.
iv) El boletín de prensa en el que se informa los hechos ocurridos el 19 de marzo
de 2010 y los resultados de una operación efectuada por uniformados de la
policía del Valle del Cauca contra la delincuencia, v) el enlace13 que redirige a la
noticia publicada por CartagoNoticias.com en fusión con CiudadRegión.com en
la se anuncia la captura del señor Yobanis Ramos Romaña y vi) la certificación
expedida por la asociación de trabajadores campesinos de La Italia San José del
Palmar (Chocó) - ASOTRACAI.
En sentir de los actores, el estudio de tales documentos junto con los testimonios
rendidos por la señora Carmen Yurley Mosquera y el señor Ricaurte Romaña
Nagle permitían concluir que en el boletín de prensa se hizo referencia a la
captura del señor Yobanis Ramos Romaña, la cual precisamente se ocasionó
por el afiche de la Policía Nacional, así como que dicho acontecimiento fue
conocido en diferentes lugares del país tras ser divulgado por medios visuales y
físicos.
Igualmente, evidenciaban que el mencionado ciudadano trabajaba antes de la
situación deshonrosa que le provocó la publicación que lo tildó de ser un
delincuente, que por los señalamientos de que fue objeto se le ha dificultado
obtener un empleo y que el testimonio de la señora Carmen Yurley Mosquera
corrobora lo afirmado por la señora Marisol Romaña Mosquera en la denuncia
radicada ante la Fiscalía General de la Nación.
Al revisar la providencia controvertida se constató que el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca verificó si se había probado la existencia del daño irrogado
por las entidades demandadas, teniendo en cuenta que la Sección Tercera,
Subsección B del Consejo de Estado14 estableció los siguientes requisitos para
efectos de declarar la responsabilidad del Estado por vulneración a los derechos
constitucionalmente protegidos de la honra y el buen nombre:
“(...) En suma, de acuerdo con la jurisprudencia referida, para efectos de declarar
la responsabilidad del Estado por difusión de información, el juez deberá examinar
si se encuentra demostrado que (i) la información fue inexacta o errónea o que se
trató de expresiones injuriosas u ofensivas, (ii) la conducta de la parte demandada
no dio lugar a la publicación de tal información, (iii) que con esa situación se
13
Cabe precisar que se indicó el siguiente:
“http://www.eldiario.com.co/seccion/JUDICIAL/autoridades-trabajan-por-la-seguridad-en-tres-
departamentos100310.html:”; sin embargo, al consultarlo no arroja algún resultado relacionado
con el caso del señor Ramos Romaña.
14
En la sentencia de 24 de julio de 2013, expediente 24770, M.P. Danilo Rojas Betancourth.!
!!"
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generó un perjuicio cierto y (iv) que se distorsionó el concepto público que se tenía
sobre el individuo directamente afectado [15]16”.
Desde esta óptica, la judicatura en cuestión analizó el siguiente material
probatorio: i) audio que contiene la lectura del fallo absolutorio del señor Yobanis
Ramos Romaña y ii) el oficio de 18 de noviembre de 2009 expedido por el
Juzgado Primero Penal Municipal de Cartago dirigido a la fiscal 22 Seccional de
Cartago, mediante el cual se le informó que se autorizó la prórroga de
aprehensión del señor Yobanis Ramos Romaña por seis meses.
iii) Memorial de 23 de diciembre de 2013 del Departamento de Policía del Valle
del Cauca, mediante el cual allegó copia del cartel de los más buscados de
Cartago, iv) oficio de 19 de marzo de 2010 del Departamento de Policía Valle –
Estación de Policía San José del Palmar, mediante el cual se presentó al señor
Yobanis Ramos Romaña ante la Fiscalía 22 Seccional de Cartago, v)
comunicación del 21 de noviembre de 2013 del director general de
CartagoNoticias.com en fusión con CiudadRegión.com, a través del cual remitió
el informe de la Policía del Valle del Cauca No. 078 - boletín de prensa del 19 de
marzo de 2010.
vi) Constancia expedida el 5 de junio de 2011 por el presidente de la Asociación
de Trabajadores Campesinos de La Italia del municipio de San José del Palmar
(Chocó), vii) denuncia de la señora Marisol Romaña Mosquera recibida el 8 de
febrero de 2013 y viii) las declaraciones juramentadas rendidas por el señor
Ricaurte Romaña Nagle y la señora Carmen Yurley Mosquera.
De este modo, el tribunal accionado señaló que el volante de la Policía Nacional
contenía una “expresión injuriosa y ofensiva” tras señalar que el señor Yobanis
Ramos Romaña era uno de los quince delincuentes más buscados de Cartago
(Valle del Cauca), en tanto que no había alguna prueba que lo implicara en la
conducta que dio lugar a la publicación de tal información, pese a la orden de
captura que pesaba en su contra.
Sin embargo, concluyó que las pruebas obrantes en el expediente no eran
suficientes para establecer la existencia del daño ocasionado a la parte
demandante, dado que no se acreditó la distorsión del concepto público que se
tenía de él, ni que con esa situación se le produjo un perjuicio cierto.
La razón de ello obedeció a que en el informe de la Policía del Valle del Cauca
No. 078 - boletín de prensa del 19 de marzo de 2010 tan solo aparecía registrada
la captura del señor Yobanis Ramos Romaña, mas no se demostró el medio a
15
“Cfr. sentencia de 21 de marzo de 2012, expediente 23.478, C.P. Mauricio Fajardo Gómez:
“tratándose de un juicio de responsabilidad, al demandante, le corresponde acreditar, más allá de
la simple difusión de la información, que se ha afectado su derecho al buen nombre y a la honra,
esto es, demostrar que: i) la información fue inexacta o errónea o que se trató de expresiones
injuriosas u ofensivas; ii) que con su conducta no dio lugar a que se manifestara dicha
información; iii) que con tal situación se le ha generado un perjuicio tangible y que; iv) como
consecuencia, se ha distorsionado el concepto público que se tenía de esa persona.|| Sin el lleno
de los anteriores presupuestos, no hay lugar entonces a considerar que se ha causado una
vulneración o menoscabo de tales derechos y, por consiguiente, se tendrá por no acreditado el
daño’”.
16
“Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de julio de 2013,
expediente 24770, C.P. Hernán Andrade Rincón.”!
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través del cual se difundió y, de todos modos, en dicho documento no se
describió alguna situación que faltara a la verdad.
En la providencia debatida también se puso de presente que no se había
probado la publicación de esa información u otra que empañara el buen nombre
del reclamante, pues en el expediente no se encontraba el ejemplar del Diario El
Otún de Pereira, a pesar de que había sido una de las pruebas enlistadas en la
demanda.
A reglón seguido, la autoridad judicial accionada indicó que el volante mediante
el cual se rotuló al señor Yobanis Ramos Romaña como unos de los quince
delincuentes más buscados de Cartago (Valle del Cauca) por sí solo no era un
elemento del cual se derivaran las condiciones de modo, tiempo y lugar en que
fue divulgado, sino tan solo permitía inferir que tal hecho pudo ocurrir en una
fecha cercana al momento en que se entregó voluntariamente a la justicia.
En lo concerniente al testimonio del señor Ricaurte Romaña Nagle en el proveído
objeto de discusión se expuso que éste aunque afirmó que vio los afiches
pegados en el corregimiento La Italia – municipio San José del Palmar (chocó),
lugar donde vivía, no recordó la fecha ni expuso alguna otra circunstancia que
determinara la razón de la ciencia de su dicho.
Además, la colegiatura enjuiciada consideró que era confuso lo afirmado por el
señor Ricaurte Romaña Nagle, en torno a la presunta imposibilidad para el señor
Yobanis de acceder a oportunidades laborales como consecuencia de lo
indicado en el volante, pues expresó que el afiche fue fijado en La Italia,
corregimiento de San José del Palmar (Chocó) y el señalamiento de guerrillero
por parte de su “patrón” contra su recomendado aconteció en Pereira, sin
precisar la cronología y cómo llegó la información a este tercero.
De otro lado, el tribunal accionado desestimó la declaración rendida por la
señora Carmen Yurley Mosquera por cuanto se limitó a expresar que se enteró
por internet del anuncio realizado contra el señor Yobanis Ramos Romaña, sin
mayores detalles, afirmación que era de tal vaguedad que resultaba inadmisible
como elemento demostrativo.
Por último, en la sentencia objeto de reproche se indicó que la denuncia
presentada ante la Fiscalía por la cónyuge del afectado directo, no aportaba al
plenario nada más que su interposición, en tanto que su contenido no fue
acompañado de ninguna prueba que aportara elementos de juicio pasibles de
ser valorados en esa instancia procesal.
Precisado lo anterior, la Sala advierte que no le asiste razón a los actores al
considerar vulnerados sus derechos fundamentales invocados, toda vez que la
autoridad judicial cuestionada en ejercicio de su autonomía e independencia
judicial analizó razonablemente la información contenida en las pruebas
aportadas al proceso y lo declarado por los testigos, diferente es que no fueran
suficientes para probar la forma en que se difundió la información calumniosa
respecto al señor Yobanis Ramos Romaña y el impacto que pudo ocasionar a su
buen nombre y honra.
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Se concuerda con el a quo en que este cargo no tiene vocación de prosperidad
teniendo en cuenta que en el caso en estudio se probó la difusión del boletín de
prensa de 19 de marzo de 2010, en el cual no se incluyó alguna información
injuriosa u ofensiva respecto al señor Yobanis Ramos Romaña, pues tan solo se
comunicó que había sido capturado en el puesto de salud del corregimiento La
Italia – municipio San José del Palmar (Chocó) por el delito de rebelión.
Ahora, si bien el volante que lo señaló a él como uno de los quince delincuentes
más buscados del municipio de Cartago (Valle del Cauca) fue el motivo por el
cual se entregó a la policía para aclarar su situación jurídica, lo cierto es que la
conexidad entre estos hechos no fue objeto de controversia en el proceso y lo
transcendental era que se demostrara que tal afiche fue divulgado de manera
virtual o física, lo que no ocurrió en el asunto que nos ocupa.
En lo concerniente a la valoración de los testimonios resulta necesario traer a
colación las manifestaciones realizadas por la señora Carmen Yurley Mosquera y
el señor Ricaurte Romaña Nagle, a partir de las cuales el tribunal en cuestión
profirió su decisión para tener un mejor entendimiento del caso:
Ricaurte Romaña Nagle Carmen Yurley Mosquera
“Manifestó ser primo del señor Ramos “Dijo ser amiga del señor Yobanis
Romaña y de la cónyuge de éste. Que Ramos Romaña. Que lo conoce desde
la familia del afectado directo la hace ocho (8) años, igual que a la
conforman la mamá, Columna, los cónyuge de éste.
hermanos, de quienes no recuerda los
nombres y que el demandante laboraba La interrogó el apoderado de la parte
en minería. demandante.
Expresó que el demandante tomo la PREGUNTADO: Cómo se enteró de los
decisión de entregarse por los afiches afiches donde el señor Ramos
pegados en los postes, en La Italia, Mosquera aparecía como unos de los 15
donde vivía. Que el afiche decía que era delincuentes más buscados de Cartago
entre los hombres más buscados del Valle.
Norte del Valle. Que el demandante CONTESTADO: A través de Marisol
siempre ha sido una persona ejemplar Romaña y a través de internet.
que mantenía ocupado en ganadería,
arriar caballos. PREGUNTADO: Qué entidad publicó
esos afiches
(...) Que en La Italia siguió viviendo CONTESTADO: Sí señor, la Policía.
hasta el 2010, pero debido a las
amenazas tuvo que trasladarse. Refirió PREGUNTADO: Dónde conoció al señor
que las amenazas decían: «que los Yobanis
sapos morían», que de ahí no sabe CONTESTADO: En Pereira, en el barrio
más. Ante la pregunta sugestiva del El Plumón
apoderado de la parte demandante, de
si las amenazas surgieron por el afiche, PREGUNTADO: Tiene conocimiento si
el testigo dijo que sí, que de ahí estos afiches a los cuales usted hizo
vinieron, cuando «él empezó a declarar mención es (sic) conocido por otras
su inocencia». personas del barrio.
CONTESTADO: Si señor, varios amigos
Dijo que después de las amenazas se de ahí mismo.
fue a vivir [a] Pereira, donde era más
difícil conseguir trabajo. Que el PREGUNTADO: Cómo era la vida del
declarante lo llevó a trabajar en señor Romaña antes de la publicación
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construcción, pero que el patrón dijo que del afiche?
no porque a él lo sindicaron de CONTESTADO: Ellos eran alegres, se
guerrillero. Que finalmente le dio trabajo mantenían ahí en su casa. Ya no se
por el declarante, pero que, donde no lo reúnen con nadie, después de la
conocen no le dan trabajo. publicación de los afiches.
Que no sabe cómo el patrón se enteró PREGUNTADO: Infórmele al Despacho
que lo tildaban de guerrillero, pero que si el señor Yobanis ha tenido
en confianza se lo dijo al declarante. inconvenientes después de la
publicación de los afiches. Ha tenido
(...) A las preguntas de la contraparte amenazas.
[respondió]: CONTESTADO: Lo han amenazado a él
y a la esposa.
PREGUNTADO: En qué fecha vio la
publicación del afiche, emitido por el PREGUNTADO: Informe si en el barrio o
Comando Departamento de Policía en la localidad donde viven, otras
Valle y del cual usted hizo una personas saben, o lo han tildado de
apreciación de contenido, además de delincuente, qué le han dicho.
haberlo visto publicado. CONTESTADO: Sí, varias personas,
CONTESTADO: Fue en el 2010, la compañeros le han tildado de guerrillero.
fecha exacta no me recuerdo. Que el señor Yobanis no sale por el
afiche de los 15 delincuentes más
PREGUNTADO: Sabía usted que en buscados, por temor a salir que le vayan
contra del señor Yobanis Ramos existía a hacer algo.
orden de captura desde el 22 de
noviembre de 2008. PREGUNTADO: Sírvase informarle al
CONTESTADO: No sabía. Despacho si el señor Yobanis se
encuentra laborando.
PREGUNTADO: Sabía usted el delito CONTESTADO: No.
por el cual se había emitido esa orden
de captura. PREGUNTADO: Sírvase informarle al
CONTESTADO: Cuando yo me entero Despacho si el señor Yobanis ha
de eso es por los afiches, de resto yo no buscado trabajo.
tengo conocimiento.” (Sic a toda la cita CONTESTADO: Él ha buscado trabajo y
• subrayado fuera del texto original) no le dan porque aparece en el afiche de
los 15 delincuentes más buscados.” (Sic
a toda la cita - subrayado fuera del
texto original)
Del texto transcrito se puede colegir que no son de recibo los cuestionamientos
en torno al análisis realizado a los testimonios, dado que las conclusiones que
respaldaron la negativa de las pretensiones de la demanda concuerdan con la
información que se expuso por éstos, la cual no le ofreció al tribunal accionado
un verdadero convencimiento de la forma en que fue difundido el aviso de la
Policía Nacional.
Así pues, resulta acertado lo decidido en la providencia controvertida debido a
que la autoridad judicial enjuiciada expuso de manera clara los motivos por los
cuales advirtió que lo declarado por el señor Ricaurte Romaña Nagle no
comprobaba con grado de certeza que la dificultad del señor Yobanis Ramos
Romaña para obtener un trabajo obedecía específicamente a que fue señalado
como delincuente.
Esto, por cuanto dicho testigo afirmó que “no sab[ía] cómo el patrón se enteró
que [al señor Yobanis Ramos Romaña] lo tildaban de guerrillero” y solo podía
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pronunciarse respecto a la situación acaecida con su empleador, quien
finalmente contrató al actor, mas no aportó sustento alguno en torno a cuáles
fueron los motivos por los que éste presuntamente no fue vinculado a otros
trabajos.
Al igual que lo afirmado por la señora Carmen Yurley Mosquera tampoco
demostraba la forma en que se publicó el pasquín de la Policía Nacional, en
tanto manifestó haberse enterado del volante a través de Marisol Romaña
Mosquera, cónyuge del afectado directo y de internet, sin ninguna otra precisión.
En cuanto al reproche atinente a que lo declarado por la señora Carmen Yurley
Mosquera ratificaba las presuntas amenazas que recibió la señora Marisol
Romaña Mosquera y que fueron objeto de la denuncia penal, se coincide con el
juez de primera instancia en que si bien dicha testigo indicó que “[l]o han
amenazado a él y a la esposa”, lo cierto es que esa afirmación no era suficiente
para que el tribunal demandado contextualizara los hechos expuestos ante la
fiscalía.
Por otro lado, la Sala encuentra que en el fallo impugnado no se realizó algún
pronunciamiento relacionado con la certificación expedida por la asociación de
trabajadores campesinos de La Italia San José del Palmar (Chocó) –
ASOTRACAI, pese a que en la tutela se referenció como una de las pruebas
valoras de manera errada.
No obstante, dicho argumento tampoco tiene vocación de prosperidad toda vez
que en la providencia objeto de discusión se indicó que en ese documento se
dejó constancia que el señor Yobanis Ramos Romaña “es reconocido en la
región y por la comunidad en general (...) una buena persona y de no tener
ningún inconveniente”, aspectos que no fueron puestos en tela de juicio y en
nada varían el motivo por el cual se concluyó que no se demostró la existencia
del daño reclamado.
Para finalizar, se encuentra que la parte actora invocó la configuración del
defecto por desconocimiento del precedente. Al respecto, lo primero que
resulta importante precisar es que la posición de la Sala en lo que concierne a
este defecto corresponde a la siguiente:
“…es la decisión, o el conjunto de decisiones, que sirven de referente al juez que
debe pronunciarse respecto de un asunto determinado, por guardar una similitud
en sus presupuestos fácticos y jurídicos, y respecto de los cuales la ratio decidendi
constituye la regla… que obliga al operador jurídico a fallar en determinado
sentido…”.17
Esta Sección en reiterados pronunciamientos explicó que el concepto de
precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del sentido de la
decisión y su contenido específico, es decir, la ratio decidendi, la cual no está
atada al número de decisiones, dado que solo basta una providencia en donde se
especifique una regla o subregla de derecho.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 19 de
febrero de 2015, M.P. Alberto Yepes Barreiro, rad. 2013-02690-01.
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Cabe resaltar que el carácter vinculante de las reglas o subreglas de derecho
creadas por las Altas Cortes, encuentra su fundamento en la jerarquía del juez, a
sus funciones asignadas por la norma superior y a la garantía de los principios de
igualdad y seguridad jurídica, así como, en la coherencia del ordenamiento
jurídico.
Así que la parte que invoca el desconocimiento de un precedente jurisprudencial
debe cumplir con la carga mínima de i) identificar la decisión que considera
desatendida, ii) la ratio de la misma aplicable a la solución del nuevo caso que se
somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis anterior y iii) la incidencia de
esta en la decisión final que adopte el fallador de instancia.
Según se tiene, el reproche expuesto por la parte actora en la impugnación
radica en que la autoridad judicial accionada se apartó de lo señalado en la
sentencia de 8 de septiembre de 2021 proferida por la Subsección B de la
Sección Tercera de esta Corporación18, pues en su caso existió una afectación al
buen nombre del señor Yobanis Ramos Romaña tras ser catalogado como
guerrillero, aunque no ostente el mismo estrato social que la demandante del
proceso que allí se resolvió.
De entrada, se advierte que la decisión de primera instancia también será
confirmada en lo que atañe a este cargo, pues si bien es cierto que en la
providencia aludida como desconocida se abordó un caso en el que se invocó la
vulneración del derecho al buen nombre, a la honra y a la dignidad, también lo es
que en esa ocasión sí se encontró acreditado el menoscabo de tales derechos
constitucionalmente protegidos19.
Aunado a que en la providencia de 8 de septiembre de 2021 no se estableció
alguna regla de derecho respecto a la responsabilidad del Estado por difusión de
información errónea que debiera ser tenida en cuenta por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca para resolver la litis sometida a su
consideración, pues el estudio efectuado se limitó al caso en particular, en
especial, al análisis del material probatorio que sirvió de respaldo para proferir la
condena.
Por lo tanto, la Sala confirmará la sentencia impugnada al no encontrar
configurados los defectos invocados, toda vez que la autoridad judicial accionada
realizó una apreciación de las pruebas recaudadas en el plenario bajo los
criterios de la sana crítica, apreciación probatoria que la llevó a concluir que no
se acreditó el daño como elemento para imputarle responsabilidad a las
entidades demandadas, en los términos del artículo 90 de la Constitución.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
18
M.P. Alberto Montaña Plata, proceso de reparación directa con radicado 25000-23-26-000-
2009-00585-01.
19
Al respecto se indicó: “47. Para la Sala, se acreditó un daño consistente en la afectación al
derecho al buen nombre, a la honra y a la dignidad de Gloria Amparo Gaitán Jaramillo, cuando,
desde diferentes escenarios, se indicó, de manera más o menos expresa, que la administración
del Instituto Colparticipar por parte de aquélla había sido ilegal y se le impidió la entrada a la Casa
Museo Gaitán.”
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y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Confírmase la sentencia de 7 de julio de 2022, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante la cual negó la
acción de tutela presentada por el señor Yobanis Ramos Romaña y otros, por los
motivos descritos anteriormente.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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