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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02880-01

Fecha
6 de octubre de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02880-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Revocar los ordinales primero y segundo de la sentencia proferida el 13 de julio de 2022 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, mediante los cuales amparó los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de la señora María de Jesús Ramírez Gómez y dictó una orden al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para, en su lugar, rechazar por improcedente la acción de tutela, en lo que tiene que ver con la mora judicial alegada, y confirmarla en todo lo demás, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13 Ra d ic ad o : 11 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 2 88 0- 0 1 Ac c io n a nt e : M ar ía de J es ús R a mír ez G ó m ez Segundo:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-02880-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

6 de octubre de 2022

Ra d ic ad o : 11 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 2 88 0- 0 1
Ac c io n a nt e : M ar ía de J es ús R a mír ez G ó m ez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., seis (6) de octubre de dos mil veintidós (2022)

F.T: 250
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02880-01
Accionante: MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ DE GÓMEZ
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Y OTRO

Temas: Acción de tutela para obtener el reconocimiento de una pensión de vejez y
discutir la tardanza de una autoridad judicial para resolver un recurso de apelación.
Incumplimiento del requisito general de subsidiariedad y ausencia de un perjuicio
irremediable.

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de tutela,
decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra de la sentencia
proferida el 13 de julio de 2022 por la Subsección B de esta Sección.

HECHOS RELEVANTES

a) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

La señora María de Jesús Ramírez de Gómez instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Administradora Colombiana de
Pensiones (en adelante Colpensiones), con el propósito de obtener la nulidad de las
resoluciones núm. GNR 25380 del 24 de enero de 2014, GNR 291808 del 21 de
agosto de 2014, GNR 64600 del 5 de marzo de 2015, GNR 333384 del 10 de
noviembre de 2016, GNR 379799 del 14 de diciembre de igual anualidad y VPB
4475 del 2 de febrero de 2017 y, a título de restablecimiento del derecho, el
reconocimiento y pago de la pensión prevista en la Ley 33 de 1985, con el promedio
de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.

El 25 de marzo de 2021 el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Zipaquirá negó las pretensiones de la demanda, al considerar que la parte
demandante no cumplió con los requisitos exigidos para el reconocimiento de la
pensión bajo el amparo del régimen de transición (Ley 33 de 1985, Ley 71 de 1988
y Acuerdo 049 de 1990) y tampoco del dispuesto en el artículo 33 de la Ley 100 de
1993. Por lo anterior, aquella parte interpuso recurso de apelación en contra de esa

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decisión, el cual fue concedido, en efecto suspensivo, el 6 de mayo de esa anualidad
por la autoridad judicial precitada. El 13 del mismo mes y año fue remitido el
expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, y el 23
de junio de igual anualidad ingresó el expediente al despacho del magistrado José
Rodrigo Romero Romero.

b) Inconformidad

La accionante consideró que Colpensiones y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca vulneraron sus derechos fundamentales al mínimo vital, dignidad
humana, debido proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad social y
«protección a personas en circunstancias de debilidad manifiesta». Para el efecto,
afirmó que, de un lado, la entidad mencionada, al expedir los actos administrativos
mediante los cuales negó el reconocimiento de su pensión de vejez, no tuvo en
cuenta que, aun sin contarse el tiempo laborado entre 1989 y 1992, acreditaba un
mínimo de 500 semanas de cotización durante los últimos 20 años anteriores al
cumplimiento de la edad mínima (55 años), por lo que tenía derecho a la referida
prestación, de conformidad con lo dispuesto por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-769 de 2014, y, del otro, que el Tribunal referido incurrió en una mora
injustificada al no resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
de 25 de marzo de 2021 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de
Zipaquirá en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
2017-00282.

Adicionalmente, manifestó que la acción de tutela es procedente, para evitar un
perjuicio irremediable, debido a que tiene más de 74 años, vive sola en una vereda
del municipio de Machetá, Cundinamarca, y no cuenta con mayores ingresos
económicos para su subsistencia, lo que la obliga a continuar trabajando de manera
informal.

PRETENSIONES

La parte accionante solicitó amparar sus derechos fundamentales previamente
citados y, en consecuencia, requirió ordenar, primero, a Colpensiones reconocer y
pagar su pensión de vejez, en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-769 de 2014 y, segundo, al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca informar el estado del trámite del recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 25 de marzo de 2021 en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicado 2017-
00282 y la fecha probable para su resolución.

CONTESTACIONES AL REQUERIMIENTO

Colpensiones

La directora de Acciones Constitucionales, Malky Katrina Ferro Ahcar, aseguró que
la señora María de Jesús Ramírez Gómez pretende, con la acción de tutela, obtener

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el reconocimiento de la pensión de vejez por parte de Colpensiones, desconociendo
o pretermitiendo la vía ordinaria que se encuentra en trámite para ese efecto, por lo
que aquella resulta improcedente, debido a que no cumple con el requisito general
de subsidiariedad.

Igualmente, expuso que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca es el
competente para pronunciarse sobre el requerimiento de la parte accionante,
comoquiera que ante aquella autoridad cursa el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 2017-00282, con el que la accionante
busca el reconocimiento de la pensión de vejez, por lo que hasta tanto culmine el
proceso judicial y la sentencia proferida se encuentre en firme y debidamente
ejecutoriada esa administradora carece de competencia. Agregó que esta última no
ha vulnerado ningún derecho fundamental, por cuanto a la fecha no existe trámite
administrativo alguno pendiente por resolver a favor de aquella, de modo que solicitó
su desvinculación del presente trámite, al no encontrarse legitimada en la causa por
pasiva.

Por otra parte, sostuvo que la accionante no demostró que la mora judicial alegada
obedezca a dilaciones injustificadas de la autoridad judicial accionada, por lo que
acceder favorablemente al amparo constitucional implicaría (i) vulnerar el derecho
a la igualdad de otros ciudadanos, quienes también llevan años esperando a que
se les resuelva su litigio, por causas similares y (ii) abrir la puerta para que todos los
asuntos judiciales se resuelvan por vía de tutela, lo que generaría un mayor
desgaste del aparato judicial.

Advirtió que el juez constitucional no puede extender su decisión para resolver
litigios, obstaculizar el ejercicio de diligencias ordenadas por el juez ordinario,
modificar sus providencias o cambiar las formas propias de cada juicio, pues ello
implicaría una vulneración de los principios constitucionales del debido proceso de
las demás partes en conflicto. Además, resaltó que en su jurisprudencia la Corte
Constitucional ha considerado el patrimonio público como un derecho colectivo,
frente al cual los jueces, en cada uno de los procesos que se adelanten, deben
ejercer un papel preponderante tratándose de pretensiones que involucren al tesoro
público, por lo que en materia de tutela se exige una mayor rigurosidad en cuanto a
la subsidiariedad de la acción, al momento de efectuar cualquier tipo de
reconocimiento prestacional.

En consecuencia, deprecó denegar el amparo solicitado, por cuanto las
pretensiones son abiertamente improcedentes, comoquiera que no se encuentra
satisfecho el requisito general de subsidiariedad y, adicionalmente, solicitó su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá

El juez Jorge Luis Lima Navarro afirmó que su despacho tramitó el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicado 2017-00282, en
el cual, mediante sentencia del 25 de marzo de 2021, se resolvieron

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desfavorablemente las pretensiones de la demanda. Señaló que el 8 de abril de la
misma anualidad, la parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de
dicha providencia, que fue concedido en efecto suspensivo el 6 de mayo del mismo
año, por lo que el 13 de mayo de esa anualidad fue remitido el expediente al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B.

El magistrado José Rodrigo Romero Romero indicó que en el proceso promovido
por la señora María de Jesús Ramírez de Gómez en contra de Colpensiones se han
realizado, en segunda instancia, las siguientes actuaciones: i) la admisión del
recurso de apelación contra el fallo de primera instancia y ii) la expedición del auto
que corre traslado a las partes y al Ministerio Público para presentar sus alegatos.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El 13 de julio de 2022 el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, de un
lado, declaró improcedente el amparo de tutela contra la actuación de Colpensiones
y, de otro, protegió los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia de la accionante y, en consecuencia, dispuso lo siguiente:

«[…] SEGUNDO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección B, que, dentro de sus competencias, tenga en
cuenta la especial situación de la señora María de Jesús Ramírez de Gómez, con
el fin de dar trámite célere al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado N° (sic) 25899-33-33-003-2017-00282-01, promovido por la accionante
contra COLPENSIONES. Sin perjuicio de la autonomía que le asiste como juez
natural, para adoptar la decisión de fondo a que haya lugar […]».

Como fundamento de lo anterior, afirmó que la autoridad accionada adelantó las
etapas procesales necesarias para dar trámite al recurso de apelación, en tanto lo
admitió y corrió traslado para que las partes presentaran sus alegatos de conclusión
y el Ministerio Público emitiera su concepto, sin que esto revele una dilación
injustificada o un comportamiento displicente en relación con el trámite judicial.

Sin embargo, advirtió que no puede desconocerse la edad de la accionante que
constituye un elemento para tener en cuenta por parte del juez ordinario, con el fin
de tramitar en forma célere el asunto puesto en su conocimiento, de manera que se
garantice una efectividad de sus decisiones, más aún cuando el contenido del litigio
en el que tiene interés aquella tiene relación directa con un tema pensional, como
un instrumento de protección del derecho al mínimo vital de una persona de la
tercera edad, por lo que consideró que la acción de tutela resultaba procedente para
garantizar una prelación en la definición del proceso ordinario por parte del Tribunal
accionado.

Al respecto, resaltó que si bien es cierto que esa Subsección, en casos similares,
ha considerado que la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para solicitar
o dar impulso a las actuaciones judiciales y que los asuntos asignados al

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conocimiento de los jueces deben resolverse en orden cronológico de llegada al
despacho, también lo es que la jurisprudencia constitucional ha señalado que las
autoridades judiciales pueden decidir prioritariamente algunos casos, cuando el
tema objeto de debate guarde relación con un sujeto de especial protección
constitucional, como ocurre en el caso de la accionante, quien reclama vía judicial
el reconocimiento y pago de una pensión, para obtener una prestación que le
permita garantizar su mínimo vital, dado que tiene 74 años de edad y no cuenta con
las condiciones para continuar laborando.

De otra parte, con respecto a los cargos presentados contra Colpensiones,
consideró que no se encuentra satisfecho el requisito de subsidiariedad, comoquiera
que la parte accionante cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, como lo es
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, para controvertir la
legalidad de los actos administrativos proferidos, en cuyo trámite puede solicitar las
medidas cautelares distintas a la suspensión provisional de los efectos de aquellos,
que permitan garantizar la protección inmediata de sus derechos fundamentales, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 230 de la Ley 1437 de 2011.

Adicionalmente, precisó que la accionante no acreditó en debida forma la ocurrencia
de un perjuicio irremediable que permita la procedibilidad de la tutela de manera
transitoria, pues si bien allegó copias de la cédula de ciudadanía y el registro civil,
con los que demuestra su edad, y de los actos administrativos con los que fue
retirada del servicio y se le negó la pensión de vejez, lo cierto es que de esos
documentos no logra evidenciarse la gravedad e inminencia de un perjuicio ni una
circunstancia de riesgo latente que requiera la intervención del juez de tutela,
máxime si con la Resolución GNR 291808 del 21 de agosto de 2014 Colpensiones
reconoció y ordenó el pago de una indemnización sustitutiva a favor de la
accionante.

IMPUGNACIÓN

La accionante impugnó la sentencia de primera instancia, para lo cual aseguró que
utilizó todos los mecanismos administrativos y judiciales tendientes a controvertir
los actos administrativos cuestionados y así obtener su reconocimiento pensional,
pero estos no son eficaces ni idóneos para la protección de sus derechos. Agregó
que en el expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
pueden observarse las barreras de acceso para presentar las pruebas que han
extendido el proceso por muchos años.

Expuso que con la impugnación allegó una certificación expedida por el alcalde de
Machetá en la que se indica que aquella no ha sido favorecida con ningún tipo de
ayuda y una declaración extrajudicial en la que reitera lo expuesto en los hechos de
la demanda sobre la carencia de medios de subsistencia.

De otra parte, insistió en la aplicación de la sentencia SU-769 de 2014 proferida por
la Corte Constitucional, cuyo acatamiento ha solicitado a Colpensiones, a los jueces
ordinarios y de tutela, sin que ninguno se pronunciara al respecto.

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CONSIDERACIONES

Competencia

La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente
para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política y el artículo 25 del Acuerdo 080 de 20191, en cuanto regula
que «Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera
instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los
magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la
sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto».

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura reiterada
y uniforme de la Corte Constitucional2 y del Consejo de Estado3 ha sido admitir su
procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de
procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de procedencia
(defectos).

La posición ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional empezando por la
tesis de la vía de hecho fijada en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993,
entre otras providencias, y su redefinición en la T-949 de 2003, hasta llegar a su
sistematización en la sentencia C-590 de 2005.

Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia
jurídica del 5 de agosto de 2014, con ponencia de Jorge Octavio Ramírez, concluyó
que la acción de tutela procede contra providencias judiciales siempre y cuando se
respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos
generales y específicos precisados por la Corte Constitucional. Veamos:

Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en
su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de la
vía de hecho planteada. Estos son los siguientes:(i) la cuestión que se discute tiene
relevancia constitucional; (ii) se agotaron todos los medios de defensa judicial con
los que cuenta la persona afectada; (iii) se cumple el requisito de inmediatez; (iv)
cuando se alegue una irregularidad procesal, la misma debe ser decisiva en la
sentencia que se controvierte y afectar derechos fundamentales; (v) se expresaron

1 Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.
2 Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009

de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814
de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807
de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-
051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-074 de 2012,
T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, , T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de 2015.
3Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.

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de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo
estudio y (vi) la providencia objeto de la presente acción no fue dictada dentro de
una acción de tutela.

Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales puede
incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes4: a) defecto orgánico, que se
presenta cuando el juez carece de forma absoluta de competencia; b) defecto
procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actúa completamente al
margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto ocurre cuando: el juez
carece de apoyo probatorio, la valoración es absolutamente equivocada o no tiene
en cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir la decisión;
d) defecto material o sustantivo, el cual se origina cuando exista un error judicial
ostentoso, arbitrario y caprichoso que desconozca lineamientos constitucionales y/o
legales, específicamente ocurre cuando: se decida con fundamento en normas
inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas o exista una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando
la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar
una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación; g)
desconocimiento del precedente judicial y h) violación directa de la Constitución
Política.

Es importante advertir que si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de
las causales específicas podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional.

Problema jurídico

El problema jurídico en esta instancia puede resumirse en las siguientes preguntas:

1. ¿La accionante cuenta con otros mecanismos de defensa idóneos y eficaces
para discutir los actos administrativos, mediante los cuales Colpensiones le
negó el reconocimiento de su pensión de vejez, y para cuestionar la presunta
mora judicial en que incurrió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al
no resolver el recurso de apelación instaurado en contra de la sentencia de
primera instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho?

2. En caso de una respuesta afirmativa al anterior interrogante, deberá
resolverse el siguiente: ¿Está acreditada la probable e inminente
configuración de un perjuicio irremediable?

Para resolver el problema así planteado, se abordarán las siguientes temáticas: (I)
exigencia general de subsidiariedad, (II) improcedencia de la acción de tutela
cuando el proceso se encuentra en trámite, (III) análisis de la existencia de otros
mecanismos de defensa judicial, (IV) perjuicio irremediable y (V) inexistencia de ese
perjuicio en el caso bajo estudio. Veamos:

4Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, T-176 de 2016, SU-573 de 2017, entre otras.

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• Primer problema jurídico

¿La accionante cuenta con otros mecanismos de defensa idóneos y eficaces para
discutir los actos administrativos, mediante los cuales Colpensiones le negó el
reconocimiento de su pensión de vejez, y para cuestionar la presunta mora judicial
en que incurrió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al no resolver el recurso
de apelación instaurado en contra de la sentencia de primera instancia en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho?

I. Exigencia general de subsidiariedad

La jurisprudencia de la Corte Constitucional5 como de esta corporación ha sostenido
que, debido al carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, en principio,
este medio de defensa judicial resulta improcedente cuando: 1. El accionante dejó
de interponer los recursos judiciales ordinarios que estaban a su alcance para
confrontar la vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales; 2. El
accionante acude directamente a la acción de tutela, a pesar de existir otro
mecanismo de defensa judicial a su disposición o 3. El proceso o asunto se
encuentra en trámite.

Pese a lo anterior es dable reconocer que la mencionada regla general tiene algunas
excepciones. En relación con el primero de los casos, la acción de tutela resulta
procedente cuando logre demostrarse que dicha acción es el único mecanismo de
defensa para proteger un daño gravísimo a un derecho fundamental y que el
accionante no utilizó los mecanismos ordinarios de defensa por encontrarse en una
situación que se lo impedía por completo. Ahora, en cuanto a la excepción frente al
segundo y tercero de los eventos, se configura cuando los otros mecanismos no
resultan idóneos para proteger el derecho fundamental presuntamente vulnerado
y/o no son expeditos para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

II. Improcedencia de la acción de tutela cuando el proceso se encuentra en
trámite

En caso de que mediante la acción de tutela pretenda cuestionarse una decisión
dictada dentro de un proceso judicial que está en trámite y en el cual existan
mecanismos idóneos y eficaces para la protección de los derechos fundamentales,
esta se torna en improcedente, puesto que es al juez natural a quien corresponde
subsanar los yerros en que pueda incurrir. Aunado a ello, la Corte Constitucional 6
ha reiterado que el interior del proceso es el primer escenario donde debe
efectuarse la protección de los derechos fundamentales y de las garantías propias

5 Corte Constitucional, sentencia T-011 de 2007. Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil. «[…]En este

orden de ideas, si la parte afectada no interpuso en su debido momento, los recursos establecidos en el
ordenamiento jurídico para salvaguardar los derechos amenazados o vulnerados, es innegable que la acción
de amparo constitucional no tiene la virtualidad de revivir los términos vencidos ni de convertirse en un recurso
adicional o supletorio de las instancias ordinarias previstas en el desarrollo de cada actuación procesal, como
de forma reiterada lo ha manifestado esta Corporación […]»
6 Ver entre otras la sentencia T-211 de 2013.

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de aquel, para lo cual en el ordenamiento jurídico se han creado los medios y
recursos necesarios, con el fin de que las partes puedan utilizarlos para alegar las
irregularidades que se presenten y el juez se pronuncie sobre el particular.

En efecto, la acción de tutela no es un mecanismo complementario a los procesos
ordinarios, debido a que lo deseado no es reemplazar al juez natural, sino proteger
derechos fundamentales que puedan verse transgredidos con la actuación u
omisión de una autoridad judicial o administrativa o de un particular, en los casos
señalados en la ley. Por lo tanto, debe declararse la improcedencia de la tutela y,
por ende, no es posible conocer el fondo, cuando la decisión controvertida haya sido
dictada dentro de un proceso que está en curso y en el cual existen los mecanismos
judiciales para proteger los derechos fundamentales de las partes.

III. Análisis de la existencia de otros mecanismos de defensa

a. Estudio del desacuerdo frente al reconocimiento pensional

La señora María de Jesús Ramírez Gómez solicitó la protección de sus derechos
fundamentales a la seguridad social, mínimo vital, acceso a la administración de
justicia, debido proceso, dignidad humana y «protección a personas en condiciones
de debilidad manifiesta», los cuales estimó vulnerados por Colpensiones, al expedir
las resoluciones GNR 333384 del 10 de noviembre de 2016, mediante la cual negó
el reconocimiento y pago de su pensión de vejez, y GNR 379799 del 14 de diciembre
de 2016 y VPB 4475 del 2 de febrero de 2017, por medio de las cuales resolvió
desfavorablemente los recursos de reposición y apelación instaurados contra el
anterior acto administrativo7, puesto que, aún sin tener en cuenta el tiempo laborado
entre 1989 y 1992, acreditaba un mínimo de 500 semanas de cotización durante los
últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima (55 años), por lo que
tenía derecho a la prestación precitada, conforme a lo dispuesto por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-769 de 2014.

En sentencia de primera instancia de esta acción, la Subsección B de esta Sección
determinó que la acción de tutela, frente a los cargos presentados en contra de
Colpensiones, no cumplía el requisito de subsidiariedad, comoquiera que la parte
accionante dispone del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
para controvertir la legalidad de los actos administrativos precitados. Por su parte,
la accionante, en el escrito de impugnación, aseguró que acudió a todos los
mecanismos administrativos y judiciales tendientes a controvertir los actos
mencionados y así obtener su reconocimiento pensional, distinto es que estos no
han sido idóneos ni eficaces para la protección de sus derechos.

Pues bien, con el fin de determinar si se encuentra insatisfecho o no el requisito de
subsidiariedad y, en esa medida, si hay lugar a confirmar la sentencia de primera

7 Al respecto, se advierte que si bien es cierto que la accionante no especificó los actos administrativos a los

que se refería, también lo es que de una revisión integral del escrito de tutela y de las pruebas aportadas logra
evidenciarse que se trata de los aquí mencionados, comoquiera que en ellos se analizó la solicitud de
reconocimiento pensional y se resolvieron los recursos instaurados contra el acto administrativo que negó el
reconocimiento de dicha prestación.

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instancia, la Subsección advierte que del recuento realizado en la parte inicial de la
presente providencia y de las pruebas aportadas al expediente de la referencia,
logra evidenciarse que la señora María de Jesús Ramírez Gómez presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de Colpensiones,
para que se declarara la nulidad, entre otras, de las resoluciones GNR 333384 del
10 de noviembre de 2016, GNR 379799 del 14 de diciembre de 2016 y VPB 4475
del 2 de febrero de 2017, mediante las cuales fue negado el reconocimiento y pago
de su pensión de vejez.

Adicionalmente, se avizora que el 25 de marzo de 2021 el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá negó las pretensiones de la
demanda, por lo cual la parte demandante interpuso recurso de apelación en contra
de esa decisión. Asimismo, se aprecia que el 6 de mayo de igual anualidad fue
concedido, en efecto suspensivo, ese recurso y que el 13 del mismo mes y año el
expediente fue remitido al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda.

Así las cosas, lo primero que la Subsección advierte es que en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho la hoy accionante cuestiona, entre otras,
las resoluciones que pretende controvertir a través de esta instancia constitucional.
Igualmente, se evidencia que en dicho proceso no se ha emitido una decisión
definitiva, pues se encuentra pendiente por resolver el recurso de apelación
interpuesto en contra de la sentencia proferida el 25 de marzo de 2021 por el
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá, por lo que mal
podría el juez constitucional invadir la órbita de la autoridad judicial que tiene a cargo
el conocimiento de ese medio de control y anticipar una posición frente al tema, en
este caso, si la señora María de Jesús Ramírez Gómez tiene derecho a su pensión
de vejez, pues ello implicaría desconocer las competencias que le son propias al
juez natural.

Al respecto, debe precisarse que la acción de tutela no es un mecanismo alterno o
complementario a los procesos judiciales, de tal manera que no es factible que los
ciudadanos acudan paralelamente a este medio subsidiario, para que sea en esta
sede donde se resuelvan las discusiones que deben efectuarse al interior del
proceso ordinario. En consecuencia, como los cargos formulados en contra de
Colpensiones versan sobre el fondo del asunto del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, al encontrarse este en trámite, la acción de tutela es
improcedente. Por tanto, se confirmará la decisión adoptada por el juez de tutela de
primera instancia.

b. Examen de la inconformidad relativa a la mora judicial

La señora María de Jesús Ramírez Gómez afirmó que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca vulneró sus derechos fundamentales, previamente señalados, por la
tardanza en resolver el recurso de apelación que instauró contra la sentencia del 25
de marzo de 2021 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito

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Judicial de Zipaquirá en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
número de radicado 2017-00282.

Al respecto, se aclara que el juez constitucional para estudiar de fondo los
argumentos expuestos, a través del mecanismo de amparo, en primer lugar, debe
determinar si se encuentran satisfechos los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela.

Así, conviene precisar que para los casos en que las partes consideren que las
corporaciones judiciales o jueces están incurriendo en mora judicial y requieren una
pronta resolución del caso, tienen a su alcance otro medio de defensa, esto es, la
vigilancia judicial administrativa. En efecto, en el artículo 101-6 de la Ley 270 de
1996, reglamentado por el Acuerdo PSAA11-8113 del 4 de mayo de 20118 de la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se atribuyó como función
a las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura: «ejercer
la vigilancia judicial administrativa para que la justicia se administre oportuna y
eficazmente, y cuidar del normal desempeño de las labores de funcionarios y
empleados de los despachos judiciales ubicados en el ámbito de su circunscripción
territorial», mecanismo que goza de procedimiento preferente o sumario para su
resolución.

Quiere decir lo anterior que las solicitudes de presunta mora judicial o demás
irregularidades que los sujetos procesales estimen se presenten en un proceso,
deberán dirigirse a los Consejos Seccionales, siendo estos la autoridad
administrativa competente para realizar el trámite respectivo y así garantizar que los
funcionarios y empleados de la Rama Judicial administren una oportuna y eficaz
justicia en cada uno de los procesos adelantados en sus despachos.

Acerca de ello, debe precisarse que la acción de tutela reviste un carácter
subsidiario que exige el agotamiento de los mecanismos de defensa con los que
cuenta el interesado antes de acudir a la misma, lo cual no ocurrió en el caso
concreto, comoquiera que la accionante no empleó el medio con el que contaba
para la protección de los derechos fundamentales que estimó vulnerados, por lo que
a esta Subsección no le es posible emitir un pronunciamiento de fondo frente a lo
alegado.

En esos términos, la Subsección concluye que en el presente asunto tampoco se
cumple el requisito de subsidiariedad, con respecto al cargo sobre la mora judicial
en que presuntamente incurrió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sin
embargo, en los siguientes acápites se verificará si se evidencia la existencia de un
perjuicio irremediable que flexibilice este requisito general y amerite estudiar de
fondo las inconformidades expuestas por la parte accionante.

8 Que derogó el Acuerdo 088 de 1997.

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• Segundo problema jurídico

¿Está acreditada la probable e inminente configuración de un perjuicio
irremediable?

IV. El perjuicio irremediable

El perjuicio que determina la procedencia de la acción de tutela de manera
transitoria es aquel que genera un daño de imposible reparación, lo cual justifica la
intervención del juez en orden a evitar el menoscabo de los derechos y garantías
constitucionales. De conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional9, el
perjuicio debe reunir varias características, que deben ser identificadas por la
autoridad judicial para poder conocer el fondo del asunto, estas son: 1. Inminencia,
lo cual implica que el solicitante debe demostrar que el daño está por suceder
prontamente y que no se trata de una simple posibilidad y 2. Gravedad, esto es, que
revista gran relevancia para el ordenamiento jurídico y que, por ende, amerita la
atención inmediata de las autoridades públicas.

De igual manera, para que se acredite un perjuicio irremediable debe probarse que
las medidas necesarias para evitar su configuración son urgentes, pues de aplazar
su adopción no podría evitarse la ocurrencia del daño. Así las cosas, se reitera que
para que la acción de tutela proceda, a pesar de la existencia de otro medio de
defensa judicial, es necesario que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
esa afectación.

V. Inexistencia de un perjuicio irremediable en el caso bajo estudio

La accionante afirmó que la acción de tutela procede de manera transitoria, para
evitar un perjuicio irremediable, debido a que tiene más de 74 años, vive sola en
una vereda del municipio de Machetá, Cundinamarca, y no cuenta con mayores
ingresos económicos para su subsistencia, lo que la obliga a continuar trabajando
de manera informal.

Pues bien, lo primero que debe precisarse es que la señora María de Jesús Ramírez
Gómez no puede considerarse, en razón a su edad, como un sujeto de especial
protección constitucional, pues, en múltiple jurisprudencia10, la Corte Constitucional
ha sostenido que esa calidad es aplicable a quienes superan la expectativa de vida
certificada por el DANE, que actualmente se encuentra estimada en los 76 años, en
los términos definidos en el documento “Proyecciones de Población 2005-2020”.

Adicionalmente, se avizora que de los documentos allegados al expediente de la
referencia, tal y como lo expuso el juez de primera instancia, se observa que
Colpensiones, mediante la Resolución GNR 291808 del 21 de agosto de 2014,

9 Corte Constitucional. Sentencia T-1316 del 7 de diciembre de 2001. M.P: Rodrigo Uprimny Yepes.
10 Ver entre otras las sentencias T-598 de 2017, T-339 de 2017 y T-015 de 2019.

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reconoció y ordenó el pago de una indemnización sustitutiva a favor de la
accionante.

Asimismo, se repara en que esta última, en la declaración extrajudicial aportada con
el recurso de impugnación, afirmó que sus hijas son las que suministran todos los
recursos necesarios para suplir sus necesidades. Igualmente, al consultar en la
página web de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud (ADRES) se evidencia que la señora Ramírez Gómez se encuentra
afiliada como cotizante a la EPS Compensar, en estado activo, por lo que no se
vislumbra una circunstancia de extrema vulnerabilidad que haga necesaria la
intervención del juez constitucional y que le impida a la peticionaria esperar hasta
que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dicte la sentencia de segunda
instancia en el proceso contencioso donde discute los actos administrativos que le
negaron el reconocimiento de su pensión de vejez.

En todo caso, se denota, al consultar en el sistema de gestión judicial «SAMAI»,
que el proceso con radicado 2017-00282-02, se observa que el 15 de septiembre
del año en curso el Tribunal Administrativo de Cundinamarca registró proyecto de
sentencia de segunda instancia.

En esos términos, la Subsección, al no cumplirse con la exigencia de subsidiariedad,
como requisito general de procedibilidad para acudir al presente trámite, y no
haberse acreditado la probable e inminente configuración de un perjuicio
irremediable, revocará los ordinales primero y segundo de la sentencia proferida el
13 de julio de 2022 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
mediante los cuales amparó los derechos fundamentales al debido proceso y acceso
a la administración de justicia de la señora María de Jesús Ramírez Gómez y ordenó
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca dar trámite célere al proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado 2017-00282, para, en su lugar,
rechazar por improcedente la acción de tutela, en lo que tiene que ver con la mora
judicial alegada, y confirmarla en todo lo demás.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Revocar los ordinales primero y segundo de la sentencia proferida el 13
de julio de 2022 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
mediante los cuales amparó los derechos fundamentales al debido proceso y acceso
a la administración de justicia de la señora María de Jesús Ramírez Gómez y dictó
una orden al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para, en su lugar, rechazar
por improcedente la acción de tutela, en lo que tiene que ver con la mora judicial
alegada, y confirmarla en todo lo demás, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

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Segundo: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

Cuarto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firma electrónica
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Salvamento parcial de voto
Firma electrónica

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firma electrónica

ARF

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