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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-02893-01

Fecha
8 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-02893-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada, proferida el 14 de julio de 2022 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2022-02893-01 Demandante: Ana Delfa Cadavid Cadavid 4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2022-02893-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

8 de septiembre de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-02893-01
Demandante: Ana Delfa Cadavid Cadavid

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2022-02893-01
Demandante ANA DELFA CADAVID CADAVID
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO CON FUNCION DE
DESCONGESTIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA

Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Defecto fáctico.
Caducidad del medio de control de reparación directa. Prueba
de la radicación de la demanda.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el apoderado de la Caja de
Compensación Familiar de Antioquia COMFAMA contra la sentencia del 14 de julio
de 2022, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que dispuso:
“PRIMERO: Niégase la solicitud de desvinculación propuesta por la Empresa Social del
Estado Hospital Marco Fidel Suárez, por los motivos descritos en precedencia.

SEGUNDO: Ampáranse los derechos fundamentales al debido proceso y a las garantías
judiciales de la señora Ana Delfa Cadavid Cadivid y déjese sin efecto la providencia proferida
por el Tribunal Administrativo del Quindío del 11 de noviembre de 2021, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia. En consecuencia, ordénase al Tribunal
Administrativo del Quindío que profiera, dentro de los 20 días siguientes a la ejecutoria de
esta providencia, un nuevo fallo en el que tenga en cuenta los sellos contenidos en el folio
80 del expediente 05001233100020110096500, que posteriormente fue identificado con el
número de radicación 05001333100420110039400 para determinar si el medio de control de
reparación directa interpuesto por el señor Lázaro Alberto Cadavid Cadavid y otros contra el
Departamento de Antioquia y la EPSS Comfama está caducada.

TERCERO: Niégase la acción de tutela presentada por la señora Ana Delfa Cadavid Cadavid
contra el Tribunal Administrativo del Quindío respecto del cargo de la limitación de la libertad
probatoria en relación con el dictamen de parte, por las razones expuestas en este
proveído.”1.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 26 de mayo de 20222, Ana Delfa Cadavid Cadavid instauró acción de tutela contra
el Tribunal Contencioso Administrativo del Quindío con función de descongestión
del Tribunal Administrativo de Antioquia, por considerar vulnerado su derecho
fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución

1 Página 17 de la sentencia de tutela de primera instancia que data del 14 de julio de 2022. Samai en primera
instancia, índice 16.
2 La acción de tutela fue radicada a través de la plataforma tutela en línea de la Rama Judicial, con radicación
nro. 854913. Samai, índice 2.
1

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Demandante: Ana Delfa Cadavid Cadavid

Política. Así como los derechos humanos a las garantías y protección judiciales
consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.

En consecuencia, formuló la siguiente pretensión:
“Solicito respetuosamente tutelar el derecho fundamental al debido proceso (art.29 de la
Constitución) y los derechos humanos a las garantías judiciales y a la protección judicial
(artículo 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) y en consecuencia
se de valor probatorio al registro del reloj radicador tanto en el documento de recibido como
en la demanda dentro del proceso 0500133310040110039400 (que fuera radicado
inicialmente como 050012331000020110096500); asimismo solicito garantice el derecho a
la libertad probatoria como parte del debido proceso y se ordene otorgar valor al dictamen
pericial.”3.

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. Ana Joaquina Cadavid de Cadavid, Ana Rita, Ana Delfa, Juan José, Lázaro
Alberto y Mariana Cadavid Cadavid promovieron medio de control de
reparación directa contra la ESE Hospital Marco Fidel Suárez de Bello
Antioquia y el Departamento de Antioquia. Pretendían que se declarara la
responsabilidad administrativa del extremo pasivo de la litis con ocasión de la
falla en el servicio médico que afectó la integridad del señor Lázaro Alberto
Cadavid Cadavid, en el mes de abril de 2009.

La demanda fue radicada el 4 de noviembre de 2010, en la oficina de apoyo
judicial de los juzgados administrativos de Medellín. Se identificó con la
radicación número 050013331013320100051200.

Ante la oficina de apoyo judicial del Tribunal Administrativo de Antioquia
también se radicó demanda de reparación directa contra el Departamento de
Antioquia y contra la EPS COMPFAMA, fundamentada en similares hechos y
pretensiones. Al proceso se le asignó el número 05001233100020110096500
(después 050001333100420110039400)4.

2.2. Las demandas fueron acumuladas. El trámite de la primera instancia se surtió
ante el Juzgado 32 Administrativo de Medellín que, en sentencia del 22 de
enero de 2018, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En
consecuencia, condenó a la EPS-S COMFAMA al pago de perjuicios de orden
material e inmaterial.

2.3. Los demandantes y COMFAMA interpusieron recurso de apelación contra la
decisión de primera instancia.

2.4. En sentencia del 11 de noviembre de 2021, el Tribunal Administrativo de
Quindío con funciones de Descongestión declaró probada la excepción de

3 Página 3 del escrito de tutela. Samai, índice 2.
4 Es importante tener presente que la demanda con radicado 2011-00965-00 fue remitida por competencia a
los juzgados administrativos del circuito judicial de Medellín y le correspondió al Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, dependencia judicial en la cual se le asignó el número de
radicado 0500133100420110039400. Posteriormente, esta demanda fue acumulada al proceso 05001-
3331-013-2010-00512-01
2

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caducidad frente al cargo por diagnóstico inoportuno. Luego, negó las
pretensiones de la demanda derivadas de ese argumento.

Como fundamento de lo anterior, expuso que el término de caducidad inició el
15 de abril de 2009, día siguiente al que la parte demandante tuvo
conocimiento del daño y feneció el 15 de abril de 2011. Sin embargo, la
demanda se presentó hasta el 13 de junio de 2011 y el lapso de un mes en el
que se suspendieron los términos por la solicitud de conciliación, no explica la
demora en la interposición de la demanda, dentro del expediente nro. 2011-
0394-00.

De otra parte, declaró que Comfama era patrimonial y administrativamente
responsable por el daño antijurídico causado a los accionantes, como
consecuencia de la mora en la autorización y práctica del cierre de la
colostomía ordenada a Lázaro Alberto Cadavid Cadavid. Acto seguido, tasó el
daño moral a favor de los demandantes.

2.5. La parte demandante presentó solicitud de corrección y/o aclaración. El
Tribunal Administrativo del Quindío, en auto del 24 de febrero de 2022, negó
la petición por considerar que su finalidad era la de reabrir el debate jurídico
frente al fenómeno de caducidad.

3. Fundamentos de la acción

La parte accionante considera que el Tribunal Administrativo del Quindío incurrió en
defecto fáctico al declarar probada la excepción de caducidad, dado que omitió
considerar el sello de radicación de la demanda visto en su primera página con
fecha del 4 de mayo de 2011. Fecha diferente a la del acta de reparto emitida que
data del 13 de junio de 2011.

Dijo que la manifestación de que el documento idóneo para probar la radicación es
el acta y no el sello, desconoce el principio de libertad probatoria establecido en el
artículo 165 del Código General del Proceso.

También estimó desconocido este principio, con la valoración que hizo el Tribunal
Administrativo del Quindío frente al dictamen pericial que tenía por fin acreditar la
pérdida de capacidad laboral. Advirtió que ni la Ley ni la jurisprudencia exige un
medio de prueba específico para acreditar ese hecho, por lo que el juicio probatorio
de la accionada se traduce en una violación al debido proceso.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. El 3 de junio de 2022, la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la
acción de tutela presentada por Ana Delfa Cadavid Cadavid contra el Tribunal
Administrativo del Quindío.

Además, vinculó, en calidad de terceros con interés, al Juzgado 32
Administrativo del Circuito de Medellín, al representante legal de la ESE
Hospital Marco Fidel Suárez de Bello Antioquia, al Departamento de Antioquia,
a la EPS Comfama y a los señores Ana Joaquina Cadavid de Cadavid, Ana
Rita y Mariana Cadavid Cadavid y a los señores Juan José y Lázaro Alberto
Cadavid Cadavid. Todos estos, sujetos procesales dentro de los procesos de

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reparación directa con Radicado Nro. 050013331013320100051200 y Nro.
050001333100420110039400.

4.2. La Caja de Compensación Familiar de Antioquia COMFAMA, por conducto
de apoderado judicial, solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de
tutela, dado que la decisión del Tribunal Administrativo del Quindío está
soportada en las pruebas del proceso.

Dijo que al consultar el histórico de actuaciones del proceso en la página web
de la Rama Judicial se encuentra que la demanda fue radicada el 13 de junio
de 2011. Luego, es cierto que operó el fenómeno de la caducidad de la acción.

De acuerdo con lo anterior, destacó que la intención de la accionante es revivir
los términos procesales para que se valore la copia del sello de radicación de
la demanda.

Agregó que la solicitud de aclaración o corrección de la sentencia que radicó
la parte demandante buscaba que se diera mérito probatorio a la copia del
recibo de radicación de la demanda y al dictamen pericial de parte, por lo que
era claramente improcedente.

4.3. La ESE Hospital Marco Fidel Suárez, por conducto del gerente de la entidad,
indicó que le asistió razón a la entidad accionada al declarar la caducidad de
la acción, dado que se probó que la demanda se presentó por fuera del término
legal.

Adicional a lo anterior, requirió que se le desvinculara del trámite del proceso
constitucional debido a que el Hospital no vulneró ninguno de los derechos
invocados, ni tiene la facultad de satisfacer las pretensiones de la demanda de
tutela.

4.4. El Tribunal Administrativo del Quindío, el Juzgado 32 Administrativo del
Circuito Judicial de Medellín y demás demandantes del proceso ordinario
guardaron silencio.

5. Providencia impugnada

El a quo adecuó los cargos de la acción de tutela, que se habían presentado como
defecto procedimental y sustantivo, al cargo por defecto fáctico. Estimó que las
inconformidades expuestas en la acción de tutela en realidad se concentraban en
el juicio de valoración de las pruebas del proceso.

Al resolver el fondo del asunto, el a quo advirtió que en el expediente del proceso
de reparación directa sub examine estaba la prueba de que la demanda fue radicada
en tiempo, la cual descarta la prosperidad de la excepción de caducidad. Dijo que
la prueba idónea de la fecha de radicación de la demanda era el sello de recibo y
no el acta de reparto. Esto en atención a lo dispuesto en el artículo 89 del Código
General del Proceso que establece que la demanda se entrega ante el o la
secretaria del despacho al que va dirigida o en la oficina judicial que corresponda y
la autoridad dejará constancia de la recepción.

Dado lo anterior, el juez de tutela de primera instancia manifestó que, el documento
que en este caso probaba el ejercicio de la acción, era el memorial en el que obraba

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el sello de radicación impuesto por el secretario del Tribunal Administrativo de
Antioquia, el cual acredita que la demanda fue presentada el 4 de mayo de 2011.

De otra parte, desestimó el cargo de defecto fáctico frente a la valoración del
dictamen pericial de parte, debido a que no le asistió razón a la accionante al indicar
que se había limitado el principio de libertad probatoria frente a este medio de
convicción.

En suma, en sentencia del 14 de julio de 2022, la Sección Quinta del Consejo de
Estado adoptó las siguientes determinaciones: (i) negó la solicitud de
desvinculación de la ESE Hospital Marco Fidel Suárez; (ii) amparó el derecho al
debido proceso y garantías judiciales de la accionante frente al defecto fáctico al
decidir la excepción de caducidad; y (iii) negó el amparo constitucional en relación
con el defecto fáctico por indebida valoración de la prueba pericial.

6. Impugnación

COMFAMA impugnó la sentencia de tutela de primera instancia. Expuso que la
pretensión de la accionante es la de revivir términos procesales, para insistir en una
discusión probatoria que ya se surtió.

Dijo que la pretensión de reparación directa caducó en relación con el cargo por
diagnóstico inoportuno, dado que el hecho dañoso que se discute ocurrió el 6 de
abril de 2009 y “(…) el demandante presentó escrito de la demanda el cual fue admitido mediante
auto del día diecinueve (19) de agosto de 2011, por lo se constata razonablemente que dicha acción
ya caducó, en razón del vencimiento del plazo para intentar la acción de Reparación directa, que en
su momento establecía el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo
(Decreto 01 de 1984).”

Llamó la atención en que una vez que se ha declarado por el juez de la causa el
fenómeno de la caducidad de la acción, no es posible controvertirlo en ejercicio de
ningún mecanismo, ni siquiera de la acción de tutela. Como fundamento de esta
afirmación, relacionó la sentencia del 7 de diciembre 2017, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación (Exp. 35770).

Finalmente, indicó que el fenómeno de la caducidad opera en beneficio de la
seguridad jurídica, por lo que no es susceptible de renuncia ni admite suspensión.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19915, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,

5 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales6
y especiales7 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional8 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.

Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un
mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso

3. Planteamiento del problema jurídico

En consideración de COMFAMA debe revocarse la sentencia de tutela de primera
instancia, porque las pruebas del proceso dan cuenta de que sí operó el fenómeno
de caducidad de la acción frente al cargo por diagnóstico médico inoportuno.
Manifestó que el lapso transcurrido entre la ocurrencia del hecho dañoso y la
admisión de la demanda, superó el término legal establecido en el artículo 136.8 del
CCA, de manera que su radicación fue inoportuna. Insistió en que la caducidad no
es una figura desistible ni objeto de contradicción una vez se declara.

Expuesto lo anterior, el análisis en impugnación se limitará al argumento discutido
por COMFAMA. Esto es, el defecto fáctico en relación con el cómputo de la
caducidad de la acción.

Conforme a los antecedentes expuestos, la Sala debe establecer si le asistió razón
al a quo al declarar que la sentencia del 11 de noviembre de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo del Quindío, adolecía de defecto fáctico.

6 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son:
i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya
utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus
derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial
(inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión
proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
7 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
8 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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4. El Tribunal Administrativo del Quindío incurrió en defecto fáctico. No hay
lugar a revocar la sentencia de tutela de primera instancia.

4.1. El defecto fáctico declarado por el a quo está acreditado en la acción de tutela.
Luego, no hay lugar a revocar la decisión de amparo.

Conviene recordar que el Tribunal Administrativo del Quindío, en la sentencia
del 11 de noviembre de 2021, declaró probada la excepción de caducidad de
la acción. Dijo que el cómputo de la caducidad inició el 15 de abril de 2009,
por lo que, en principio, la demanda podía radicarse oportunamente hasta el
15 de abril de 2011. No obstante, la solicitud de conciliación se radicó el 15 de
marzo de 2011 y se declaró fallida el 4 de mayo de 2011. Lo que implica que,
considerando el lapso de la suspensión, el interesado tenía hasta el 7 de junio
para presentar la demanda, pero ello solo ocurrió hasta el 13 de junio de 2011.

Los antecedentes del caso dan cuenta de que el Tribunal Administrativo del
Quindío determinó la fecha de radicación de la demanda conforme lo indicado
en el acta individual de reparto9, pero no tomó en consideración que a folio 80
del expediente obraba sello de radicación de la demanda ante el Tribunal
Administrativo de Antioquia, con fecha 4 de mayo de 2011.

Además, como anexo a la acción de tutela, la señora Ana Delfa Cadavid allegó
constancia firmada por la secretaria del Tribunal Administrativo de Antioquia10,
Marcela Amariles Tamayo, en la que se indicó:

9 En relación con el medio de prueba que acredita la presentación de la demanda, en el auto del 24 de febrero
de 2022, el Tribunal Administrativo del Quindío expuso: “(…) la fecha tomada como presentación de la
adenda, y que concuerda con el extremo temporal final para el conteo del fenómeno jurídico procesal de la
caducidad, se extrajo del acta judicial de reparto obrante a folio 81 del expediente 2011-00394, que resulta
ser el documento idóneo para determinar la presentación del libelo demandatorio (…)”
10 Samai. Histórico de actuaciones proceso nro. 11001031500020220289300 índice 10 id.
11001031500020220289300005025220019.
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Conforme lo anterior, es claro que la autoridad judicial accionada incurrió en
una omisión probatoria al momento de determinar la fecha de radicación de la
demanda, dado que solo tomó en consideración el acta de reparto. Es decir
que, desconoció que en el expediente obraba otra prueba determinante para
establecer el momento de radicación de la demanda, como lo era el sello de
radicación impuesto por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia
el 4 de mayo de 201111.

4.2. Recuérdese que, el defecto fáctico es aquel vicio relacionado con el decreto,
práctica o valoración de las pruebas, que tiene una incidencia directa en la
decisión. La jurisprudencia constitucional ha reconocido que este defecto tiene
dos dimensiones: una dimensión negativa y una positiva.

Para efectos de resolver esta acción, es pertinente recordar que, la dimensión
negativa se produce por omisiones del juez, como, por ejemplo, (i) por ignorar
o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el
desenlace del proceso ; (ii) por decidir sin el apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión ; o (iii) por no
decretar pruebas de oficio en los procedimientos en que el juez está legal y
constitucionalmente obligado a hacerlo .

4.3. Así pues, para esta Sala asistió razón al a quo al amparar el derecho a debido
proceso del accionante. Asimismo, al ordenar que se emitiera una nueva
sentencia en la que se tuvieran en cuenta los sellos de radicación de la
demanda que obran en el expediente 05001233100020110096500, que
posteriormente fue identificado con el número de radicación
05001333100420110039400, para determinar si operó la caducidad de la
pretensión de reparación directa interpuesta por el señor Lázaro Alberto
Cadavid Cadavid y otros.

4.4. Adicional a lo anterior, esta Sala descarta la prosperidad de los argumentos
expuestos por COMFAMA a efectos de lograr la revocatoria del fallo de tutela
de primera instancia, debido a que no encuentran sustento en el marco
procesal aplicable y porque incurrió en una interpretación errada de las
sentencias del Consejo de Estado relativas al fenómeno de la caducidad de la
acción.

4.4.1. En la impugnación, COMFAMA manifestó que se materializó el
fenómeno de la caducidad de la acción frente a la pretensión de
diagnóstico inoportuno, porque el hecho dañoso ocurrió el 6 de abril de
2009 y la demanda se admitió en auto del 19 de agosto de 2011. A su
juicio, ese lapso supera el término establecido en el artículo 136.8 del
CCA.

11 En sentido similar ver: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta.
Sentencia del 22 de febrero de 2018. 11001-03-15-000-2017-02582-00(AC). M.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto.
“En ese orden de ideas, es claro que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico en su
dimensión negativa, toda vez que no tuvo en cuenta el mencionado sello, el cual hubiese puesto en una
mejor situación al demandante, pues en razón a que se observan dos fechas de presentación, esta Sala en
aras de privilegiar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia del accionante, considera
que se debió tomar la que aparece en el sello de la Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
es decir, el 25 de febrero de 2011.”
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Demandante: Ana Delfa Cadavid Cadavid

Al respecto, conviene recordar que la Sección Tercera del Consejo de
Estado ha dicho que la configuración de la caducidad implica el “(…)
fenecimiento del tiempo objetivo que tienen los administrados para accionar y por
consiguiente, para elevar todas las pretensiones que deseen respecto del suceso o
de la situación de la que se derivaría su interés para acceder a la administración de
justicia, lapso que es determinado por el medio de control que deban usar (…)” 12

Como se observa, el fenómeno de la caducidad de la acción refiere a la
oportunidad que tiene el usuario de la administración para ejercer la
pretensión o medio de control. Luego, es claro que, en el análisis del
fenómeno de caducidad para los casos de reparación directa, conforme
al artículo 136.8 del CCA, el juez de la causa deberá considerar, en
principio, dos fechas: la de acaecimiento o conocimiento del hecho
dañoso y la del ejercicio de la acción o presentación de la demanda.

Así pues, la caducidad de la acción es una sanción al ejercicio
extemporáneo de las acciones judiciales, por lo que depende de la
diligencia del demandante en relación con la interposición de la
pretensión o medio de control. En ningún caso, está determinada por la
fecha en que el juez de la causa profiere el auto admisorio de la
demanda, por lo que no es dable, como lo pretende la impugnante,
considerar esta fecha a efectos de determinar la oportunidad de la
acción.

La fecha que se debe considerar, como ya lo indicaron los jueces de
instancia y el juez de tutela, es la de la radicación de la demanda de
reparación directa. Además, para su acreditación, como lo dijo el a quo,
el Tribunal accionado debió considerar, además del acta individual de
reparto, el sello de radicación impuesto por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Antioquia el 4 de mayo de 2011.

4.4.2. De otra parte, COMFAMA indicó que una vez el juez de la causa declara
el fenómeno de caducidad, no es posible cuestionar esta declaración a
través de ningún mecanismo judicial, menos aún por medio de la acción
de tutela. Afirmación que sustentó en la sentencia del 7 de diciembre de
2017 (exp. 35770).

Valga indicar que el entendimiento de la providencia citada no es el que
propone la impugnante. En la sentencia referenciada en realidad se
indicó que una vez fenecido el plazo con que cuentan los administrados
para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es decir,
una vez opera la caducidad de la acción, el interesado ya no podrá
elevar peticiones ante la jurisdicción.

La cita completa de la providencia referenciada es la siguiente:
“13.13 Debido a lo anterior, y dado que la caducidad de la acción marca la
finalización del plazo en que los administrados pueden accionar para elevar las
solicitudes que quieran propias del medio de control que corresponda, se debe
advertir que una vez configurado dicho instituto no es posible que a través de
ningún mecanismo, sea mediante la presentación de una demanda o de su

12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Providencia de
unificación del 25 de mayo de 2016. Proceso nro. 66001-23-31-000-2009-00056-01(40077). M.P. Danilo
Rojas Betancourth.
9

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-02893-01
Demandante: Ana Delfa Cadavid Cadavid

reforma en el tiempo establecido para ello, se expongan nuevas pretensiones a
la jurisdicción, por lo que en ese escenario realmente no hay una diferencia entre
el individuo que no demandó en ningún momento y el sujeto que sí lo hizo, pero
que sólo expuso parcialmente las peticiones que estaba legitimado para elevar,
puesto que a los dos les habría fenecido la oportunidad objetiva que tenían para
accionar y por consiguiente, para formular ante la justicia las solicitudes que
desearan en ejercicio de ese derecho (…)”

Como se ve, la cita en cuestión no equivale a indicar, como lo interpreta
la impugnante, que la declaración de caducidad que haga el juez es
incontrovertible. Sino que una vez opere la caducidad, no le está
permitido al usuario de la administración de justicia proponer sus
pretensiones.

Entonces, cuando la providencia que declara la caducidad de la acción
supera los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
y acredita alguno o varios de los defectos establecidos en la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, como sucedió en el caso
individual, el juez de tutela está facultado para estudiar si se incurrió en
yerro que afecte los derechos fundamentales de las partes del proceso.

Así pues, la decisión y órdenes proferidas por el a quo están conforme
al marco jurídico y a la doctrina de las causales generales y especiales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Establecido lo anterior, esta Sala considera que los argumentos expuestos en
el escrito de impugnación no tienen la aptitud de afectar la sentencia de tutela
de primera instancia.

5 Conclusión

De conformidad con los argumentos expuestos, la Sala confirmará la sentencia de
tutela del 14 de julio de 2022, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

Esto porque el Tribunal Administrativo del Quindío, en la sentencia del 11 de
noviembre de 2011, incurrió en defecto fáctico comoquiera que en el cómputo de la
caducidad no tomó en consideración el sello de la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Antioquia en el que consta la fecha de radicación de la demanda
de reparación directa, dentro del proceso 2011-00394-00.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada, proferida el 14 de julio de 2022 por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, conforme a las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

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4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

11

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