Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02897-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02897-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-02897-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
28 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02897-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: ERICSSON ERNESTO MENA GARZÓN
TESIS: DENIEGA LA SOLICITUD DE AMPARO. NO SE OBSERVA
VULNERACIÓN ALGUNA AL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN
INVOCADO POR EL ACTOR.
DERECHO FUNDAMENTAL: DE PETICIÓN.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, el CONGRESO DE
LA REPÚBLICA, la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN,
la DEFENSORÍA DEL PUEBLO, el MINISTERIO DE AMBIENTE
Y DESARROLLO SOSTENIBLE y la EMBAJADA DE ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA EN COLOMBIA.
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Actor: ERICSSON ERNESTO MENA GARZÓN
I. ANTECEDENTES
I.1 La solicitud
El señor ERICSSON ERNESTO MENA GARZÓN, actuando en
nombre propio, promovió acción de tutela contra la
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, el CONGRESO DE LA
REPÚBLICA, la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, la
DEFENSORÍA DEL PUEBLO, el MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE y la EMBAJADA DE ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA EN COLOMBIA, por estimar que le
vulneraron su derecho fundamental de petición, por cuanto no ha
recibido una respuesta de fondo, clara y concreta a la solicitud que
les envió, vía electrónica, el 23 de marzo de 2022, en el que
requirió información acerca de almacenamiento de armamento
nuclear y/o biológico en el territorio colombiano.
I.2 Hechos
Indicó que el 23 de marzo de 2022, presentó derecho de petición
ante el Presidente de la República, el Congreso de la República, la
Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Embajada de
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Estados Unidos de América en Colombia, en el cual formuló las
siguientes preguntas:
“[…] 1. Se explique cuáles son las condiciones que deberá acoger
el gobierno de la REPUBLICA DE COLOMBIA para designar al país
como aliado principal extra-Otán y durante qué tiempo.
2. ¿Qué implicaría no acogerse a las condiciones que solicita el
gobierno de Estados Unidos?
3. ¿En las condiciones establecidas por el Gobierno de Estados
Unidos estaría el (sic) de almacenar grandes cantidades de
armamento Nuclear o Biológico?
4. Dado el caso de que el Gobierno Colombiano acepte
almacenar equipos o armamento con características nucleares o
biológicos, bajo el entendido de que la Constitución política de
Colombia en su Articulado 8, 79 y 80, resguardan el derecho a
un ambiente sano y comprendiendo que este tipo de elementos
constituyen un riesgo para el mismo, como pretenden hacer
valer estos derechos colectivos que tienen estrecha conexidad
con los derechos fundamentales a la Salud y la Vida, si no se ha
consultado con el pueblo la posibilidad de tener estos insumos
en TERRITORIO COLOMBIANO?
5. Se explique SI las condiciones que deberá acoger el gobierno
de la REPUBLICA DE COLOMBIA para designar al país como
aliado principal extra-Otán, EXPRESA los riesgos que rodea
cualquier tipo de insumos o equipos de características
NUCLEARES O BIOLOGICAS, que pueda generar afectaciones de
orden AMBIENTAL, para la SALUD Y LA VIDA de los colombianos.
6. Se explique SI las condiciones que deberá acoger el gobierno
de la REPUBLICA DE COLOMBIA para designar al país como
aliado principal extra-Otán, EXPRESA algún tipo de póliza para
cubrir algún riesgo a CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO que se
pueda presentar con equipos de características NUCLEARES O
BIOLOGICAS.
7. Se explique si existe alguna normatividad en Colombia que
permita el ingreso de cualquier tipo de insumo o equipo de
características NUCLEARES O BIOLOGICAS a territorio
colombiano.
8. Se entregue estudios que validen que el ingreso de cualquier
tipo de insumo o equipos de características NUCLEARES O
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BIOLOGICAS a territorio colombiano, NO afectara la SALUD, LA
VIDA Y EL MEDIO AMBIENTE DE LOS COLOMBIANOS.
9. De no tener ningún estudio o normativa que regule o reduzca
el riesgo por de ingreso de cualquier tipo de insumo o equipo de
características NUCLEARES O BIOLOGICAS a territorio
colombiano, SE DEBERAN ABSTENER de firmar acuerdo o acto
administrativo, por ser ANTICONSTITUCIONAL.
10. Bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO, se exponga cuántas
bases militares de ESTADOS UNIDOS hay en territorio
colombiano, con sus respectivas UBICACIONES, AREAS Y
EFECTIVOS PRESENTES y si en las mismas hay insumos o
equipos de características NUCLEARES O BIOLOGICAS, que
pongan en riesgo la SALUD, LA VIDA Y EL MEDIO DE (sic)
AMBIENTE DE LOS COLOMBIANOS, so pena de INSPECCIONES
aleatorias para la verificación de sus respuestas.
11. Deberán demostrar la EXCEPCIONAL motivación de la
presencia de bases militares de ESTADOS UNIDOS en territorio
colombiano y la consulta a los mismos colombianos de la
vulneración a su soberanía, dado el caso de se tengan bases
militares extranjeras en Colombia.
12. Se deberá exponer qué grado de afectación ambiental se ha
dado por la presencia de bases militares de ESTADOS UNIDOS
en territorio colombiano.
13. Defina el panorama de riesgos Ambientales por la tenencia,
almacenamiento de cualquier tipo de insumos o equipos de
características NUCLEARES O BIOLOGICAS y qué afectos (sic)
tiene a CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO para la SALUD, LA
VIDA Y EL AMBIENTE […]”.
Indicó que, a la fecha de presentación de la presente acción de
tutela, esto es, 26 de mayo de 2022, no le había sido resuelta su
petición.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio del actor, las autoridades accionadas vulneraron su
derecho fundamental de petición, toda vez que no ha recibido una
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respuesta de fondo, clara y concreta a la solicitud que les envió,
vía electrónica, el 23 de marzo de 2022.
I.4. Pretensiones
El actor solicitó el amparo de su derecho fundamental de petición
y, en consecuencia:
“[…] 2. Se DISPONGA que, en el término improrrogable de
cuarenta y ocho horas a partir de la notificación de la tutela,
la demandada resuelva sobre las peticiones elevadas por
mi representado ante la accionada.
3. Se dé respuesta por parte de las entidades al 100% del
cuestionario […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- El Congreso de la República, por intermedio del
secretario general, solicitó su desvinculación de la acción de tutela
de la referencia, toda vez que esa Corporación remitió
oportunamente al Ministerio de Defensa la petición del actor, al
considerar que era esa cartera ministerial la que tenía
competencia para conocer de los temas planteados en la misma.
I.5.2.- El Ministerio de Ambiente, a través de apoderado
judicial, solicitó denegar las pretensiones de la acción de tutela de
la referencia, ya que la misma no logra demostrar, siquiera de
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manera sumaria, la presunta vulneración de los derechos
fundamentales deprecados, además de incumplir los requisitos de
claridad y coherencia en los hechos y en las pretensiones.
Afirmó que además se trata de un hecho superado, por cuanto ya
había suministrado respuesta a la solicitud del actor a través de
radicado núm. 2100-E2-2022-0350 de fecha 10 de junio de 2022
y le corrió traslado de la petición a los ministerios
correspondientes, para que se pronunciaran dentro de sus
competencias.
Sostuvo que, en el presente caso, la respuesta proporcionada
contestó y resolvió de fondo la solicitud, fue notificada de manera
oportuna, conforme a las exigencias y a las competencias legales
que tiene asignadas, sin exceder sus facultades y potestades
legales.
Señaló que el hecho de que la respuesta suministrada no colme el
interés del peticionario no afecta la prerrogativa constitucional,
pues su núcleo esencial no se contrae a que se otorgue una
contestación que acoja los pedimentos formulados.
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I.5.3.- La Procuraduría General de la Nación, por intermedio
de la oficina jurídica de la entidad, solicitó denegar la presente
solicitud de amparo bajo el argumento de que se configuró una
carencia actual de objeto por hecho superado.
Sostuvo que la respuesta a la petición que motivó la instauración
de la presente acción constitucional fue de fondo, clara, concreta,
oportuna y congruente, cumpliendo con los presupuestos legales
y jurisprudenciales que rigen el derecho fundamental invocado.
I.5.4.- La Defensoría del Pueblo, a través del responsable del
grupo de defensa y representación judicial de la oficina jurídica,
solicitó negar las pretensiones y que se ordene su desvinculación
de la presente solicitud de amparo.
Afirmó que una vez revisado el sistema de radicación de
correspondencia física y virtual de la entidad se advertía que en
anteriores oportunidades el actor había presentado otras
solicitudes ante esa entidad, pero la petición que dio lugar a la
interposición de la presente solicitud de amparo no había sido
recibida en ninguno de los canales previstos para tal efecto.
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Señaló que esa entidad no tenía competencia para resolver la
petición del actor, en tanto que la misma se relaciona con: i)
definir “las condiciones que deberá acoger el gobierno de la
REPUBLICA DE COLOMBIA para designar al país como aliado
principal extra-Otán”, o ii) explicar “SI las condiciones que deberá
acoger el gobierno de la REPUBLICA DE COLOMBIA para designar
al país como aliado principal extra-Otán, EXPRESA los riesgos que
rodea cualquier tipo de insumos o equipos de características
NUCLEARES O BIOLOGICAS, que pueda generar afectaciones de
orden AMBIENTAL, para la SALUD Y LA VIDA de los colombianos”.
I.5.5.- La Presidencia de la República, por intermedio de
apoderado judicial, solicitó declarar improcedente la acción de
tutela por inexistencia de vulneración de los derechos deprecados
y que se ordenara su desvinculación de la presente acción.
Indicó que al actor le corresponde demostrar que la presunta
afectación de derechos fue una consecuencia de una actuación
específica de la entidad demandada y, en sentido opuesto, si la
presunta vulneración no se relaciona con el accionar de la entidad,
la consecuencia jurídica debería ser necesariamente declarar la
improcedencia.
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Expuso que el actor había radicado otras peticiones el 24 de enero,
el 4 de febrero, el 29 y el 31 de marzo y el 31 de mayo de 2022,
las cuales fueron resueltas mediante los Oficios OFI22-00004690
/ IDM 12000002 de 24 de enero de 2022, OFI22-00009608 / IDM
11040000 de 4 de febrero de 2022, OFI22-00030206 / IDM
13010000 de 29 de marzo de 2022, OFI22-00030480/ IDM
12000002 de 31 de marzo de 2022, OFI22-00044830 / IDM
13010000 de 11 de mayo de 2022, a través de los cuales le
informó que no era competente para resolver sus solicitudes.
Asimismo, remitió dichas comunicaciones a la dirección aportada
por aquel.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6
de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número
377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de
Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre
las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de
2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento
de las acciones de tutela.
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Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los
derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo
42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 1991 1. Dicha
acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que
solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de
defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio, con miras a evitar un perjuicio irremediable.
Cuestión previa
La Sala pone de presente que previo al planteamiento del
problema jurídico, resulta necesario precisar los extremos de
la litis para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en
discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.
La Sala advierte que el CONGRESO DE LA REPÚBLICA, la
DEFENSORÍA DEL PUEBLO y la PRESIDENCIA DE LA
1«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política».
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REPÚBLICA solicitaron su desvinculación de la presente acción
de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-
1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de
legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la
sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que
el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor
y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación
en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación
con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso,
como en cualquier otro, el juez debe lograr que la
actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad
y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia
que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991
avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la
violación de los derechos fundamentales de las personas,
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y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera
de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable
del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su
contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se
rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la
conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su
conducta la que inflige el daño […]”
(Destacado de la Sala).
Al respecto vale la pena aclarar que el actor presentó el derecho
de petición cuestionado en sede de tutela ante el CONGRESO DE
LA REPÚBLICA y la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, por lo
cual, dichas autoridades fueron notificadas de la solicitud de
amparo en calidad de parte demandada y, en consecuencia, les
asiste interés en las resultas de la acción de tutela de la referencia,
por lo que la Sala denegará la solicitud de desvinculación por falta
de legitimación en la causa por pasiva de las mismas, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
Ahora, frente a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO, es menester
precisar que, en el informe presentado por esa entidad en el
trámite de la acción constitucional de la referencia, puso de
presente que una vez revisado el sistema de radicación de
correspondencia física y digital de la entidad se estableció que, si
bien es cierto que, el señor MENA GARZÓN ha presentado
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solicitudes en anteriores oportunidades ante esa entidad; no es
menos cierto que, la petición que dio lugar a la interposición de la
acción de tutela de la referencia no se había encontrado, situación
que fue acreditada con imágenes e informes de trazabilidad
rendidos por los funcionarios encargados de la recepción de
correspondencia física y digital de la entidad, por lo cual, la Sala
concluye que no le asiste interés en la decisión que se profiera
dentro de este proceso.
En tal virtud, la Sala declarará probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada por la
DEFENSORÍA DEL PUEBLO, como en efecto se dispondrá en la
parte resolutiva de esta providencia.
Análisis del caso concreto
En el presente caso, el señor ERICSSON ERNESTO MENA
GARZÓN, actuando en nombre propio, promovió acción de tutela
con el fin de obtener el amparo de su derecho fundamental de
petición, el cual, a su juicio, le fue vulnerado por la PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA, el CONGRESO DE LA REPÚBLICA, la
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, la DEFENSORÍA
DEL PUEBLO, el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
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SOSTENIBLE y la EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA EN COLOMBIA, al no dar respuesta de fondo, clara y
concreta, a la solicitud radicada vía electrónica, el 23 de marzo de
2022, en la que requirió información acerca de almacenamiento
de armamento nuclear y/o biológico en el territorio colombiano.
En ese orden de ideas, la Sala procede a determinar si las
accionadas vulneraron el derecho fundamental de petición
invocado por la parte actora.
Del derecho de petición
El derecho de petición se encuentra establecido en el artículo 23
de la Constitución Política, que textualmente indica:
“[…] Toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general
o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales […]”.
Respecto del derecho de petición, la Jurisprudencia de la Corte
Constitucional, entre otras, en sentencia C-818 de 20112,
estableció que:
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M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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“[…] En relación con lo que debe entenderse como elementos
estructurales esenciales del derecho fundamental de
petición, reiteradamente, la Corporación ha señalado que
estos se constituyen en la posibilidad cierta y efectiva de
elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las
autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se
abstengan de tramitarlas. Sobre el particular, la Sentencia T-
490 de 2005, reiterada por la Sentencia T-1130 de 2005, T-
373 de 2005, T-147 de 2006 y T-108 de 2006, señaló:
“En lo que concierne al derecho de petición, considera la Sala
que conforme a las reglas que en esa materia ha fijado esta
Corporación y que se encuentran contenidas, entre otras, en
la Sentencia T-466 de 2004, el núcleo esencial del derecho
de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la
cuestión, el cual en el asunto de la referencia resulta
lesionado puesto que el Seguro Social, según se ha reseñado,
no demostró haber dado respuesta a la petición del actor
formulada el 5 de noviembre de 2003. Esta sola circunstancia
impedía al a-quo dar aplicación al artículo 26 del Decreto
2591 de 1991”.
En igual sentido, en la Sentencia T- 147 de 2006, se dijo:
“La abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional en
materia de características esenciales del derecho de
petición, cuyo núcleo esencial reside en la resolución pronta
y oportuna de la cuestión, tiene como presupuesto esencial
una de dos circunstancias: (i) que al accionante no se le
permita presentar petición, o (ii) que exista presentación de
una solicitud por parte del accionante. En este sentido, la
vulneración del derecho de petición se presentará o bien por
la negativa de un agente de recibir la respectiva petición o
frustrar su presentación – circunstancia (i)-; o bien que
habiendo presentado una petición respetuosa no ha obtenido
respuesta, o que la solicitud presentada no fue atendida
debidamente –circunstancia (ii).”
De la misma manera, las Sentencias T-1160A de 2001, T-
1889 de 2001, T-846 de 2003, T-306 de 2003, T-447 de
2003, T-855 de 2004, T-734 de 2004, T-915 de 2004, T-192
de 2007, T-243 de 2008, T-325 de 2010, entre muchas otras,
han señalado que el derecho de petición en su
contenido comprende los siguientes elementos: (i) la
posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos
respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas
se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) una
respuesta que debe ser pronta y oportuna, es decir otorgada
dentro de los términos establecidos en el ordenamiento
jurídico, así como clara, precisa y de fondo o material, que
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supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la
materia propia de la solicitud y de manera completa y
congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos y cada
uno de los asuntos planteados y (iii) una pronta
comunicación de lo decidido al peticionario,
independientemente de que la respuesta sea favorable o no,
pues no necesariamente se debe acceder a lo pedido […]”.
El derecho de petición es considerado fundamental y determinante
para la efectividad de los mecanismos de la democracia
participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros
derechos constitucionales, como el de información, participación
política y libertad de expresión.
Asimismo, que el núcleo esencial de dicho derecho reside en la
resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría
la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se
reserva para sí el sentido de lo decidido.
Que, por ello, la respuesta debe cumplir con estos requisitos: ser
oportuna; debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera
congruente con lo solicitado; ser puesta en conocimiento del
peticionario. Si la misma no cumple con estos parámetros se
incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental
de petición.
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Por su parte, la Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 20153 se
ocupó de regular el derecho fundamental de petición y sustituyó
el Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
En lo pertinente al objeto y modalidades del derecho de petición,
se refirió así la citada Ley:
“[…] Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de
petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los
términos señalados en este código, por motivos de interés
general o particular, y a obtener pronta resolución completa
y de fondo sobre la misma.
Toda actuación que inicie cualquier persona ante las
autoridades implica el ejercicio del derecho de petición
consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin
que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras
actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un
derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la
resolución de una situación jurídica, la prestación de un
servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir
copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias
y reclamos e interponer recursos.
El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede
realizarse sin necesidad de representación a través de
abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores en
relación a las entidades dedicadas a su protección o
formación […]”.
En cuanto al término para resolver las distintas peticiones, la Ley
3
“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
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1755 estableció que es de quince (15) días siguientes a su
recepción, excepto cuando se trate de peticiones de documentos
y de información o consultas a las autoridades en relación con las
materias a su cargo, cuyo plazo es de diez (10) y treinta (30)
días, respectivamente. En todo caso, si no es posible resolver la
petición en los plazos señalados, la autoridad debe informar esa
circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término
señalado, precisando los motivos de la demora y el plazo
razonable en que se dará respuesta, que no podrá exceder del
doble del inicialmente previsto.
Ahora bien, el Decreto 491 de 28 de marzo de 2020, dispuso
en el artículo 5°, ampliar los términos para resolver las peticiones,
así:
“[…] Para las peticiones que se encuentren en curso o se
radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se
ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley
1437 de 2011, así:
Salvo norma especial toda petición deberá resolverse
dentro de los treinta (30) días siguientes a su
recepción.
Estará sometida a término especial la resolución de las
siguientes peticiones:
(i) Las peticiones de documentos y de información
deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes
a su recepción.
(ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una
consulta a las autoridades en relación con las materias a su
cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35)
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días siguientes a su recepción.
Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la
petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe
informar esta circunstancia al interesado, antes del
vencimiento del término señalado en el presente artículo
expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el
plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no
podrá exceder del doble del inicialmente previsto en este
artículo.
En los demás aspectos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437
de 2011.
Parágrafo. La presente disposición no aplica a las peticiones
relativas a la efectividad de otros derechos fundamentales
[…]” (Negrillas no originales).
Sin perjuicio de lo anterior y a pesar de que la emergencia
sanitaria aún se encuentra vigente, se expidió la Ley 2207 de 17
de mayo de 20224 mediante la cual se derogaron los artículos 5 y
6 del Decreto 491 de 2020, lo cual implica la normalización de los
tiempos de respuesta de los derechos de petición e información,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley Estatutaria
1755 de 2015.
Por último, si la autoridad a la que se dirige la petición no es la
competente, debe informar de inmediato al interesado si este
actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de
la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado debe
remitir la petición al competente y enviar copia del oficio remisorio
4 “Por medio del cual se modifica el Decreto Legislativo 491 de 2020”
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al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así
se lo comunicará (Ley 1755, artículo 21).
Descendiendo al caso concreto, visto el marco normativo y
jurisprudencial aplicable al caso bajo estudio, la Sala procede a
realizar el análisis del acervo probatorio allegado al expediente.
De las pruebas obrantes en el proceso de la referencia se aprecia
que mediante petición de 23 de marzo de 2022, dirigida a la
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, el CONGRESO DE LA
REPÚBLICA, la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, la
DEFENSORÍA DEL PUEBLO, el MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE y la EMBAJADA DE ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA EN COLOMBIA, el accionante solicitó lo
siguiente:
“[…] Bogotá D.C, 23 de marzo de 2022
Señores
IVAN DUQUE MARQUEZ presidente de la República de
Colombia
JUAN DIEGO GÓMEZ JIMÉNEZ presidente - senado de la
república
CARLOS ERNESTO CAMARGO ASSIS Defensor del Pueblo
CARLOS EDUARDO CORREA ESCAF. Ministro de Ambiente y
Desarrollo Sostenible
GOLDBERG. PHILIP S. GOLDBERG Embajador de Estados
Unidos en Colombia
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Actor: ERICSSON ERNESTO MENA GARZÓN
Señora
MARGARITA CABELLO BLANCO Procuradora General de la
Nación
Asunto: Derecho de Petición sobre sobre almacenamiento de
armamento nuclear o biológico de EE. UU, en Colombia.
Respetados señores/as:
Yo, ERICSSON ERNESTO MENA GARZON, identificado como
aparece al pie de mi firma, de conformidad con lo establecido
en el artículo 23 de la Constitución Política, en concordancia
con la Ley 1755 de 2015, comedidamente me permito
presentar la petición que más adelante se describe.
1. Se explique cuáles son las condiciones que deberá acoger
el gobierno de la REPUBLICA DE COLOMBIA para designar al
país como aliado principal extra-Otán y durante qué tiempo.
2. ¿Qué implicaría no acogerse a las condiciones que solicita
el gobierno de Estados Unidos?
3. ¿En las condiciones establecidas por el Gobierno de
Estados Unidos estaría el (sic) de almacenar grandes
cantidades de armamento Nuclear o Biológico?
4. Dado el caso de que el Gobierno Colombiano acepte
almacenar equipos o armamento con características
nucleares o biológicos, bajo el entendido de que la
Constitución política de Colombia en su Articulado 8, 79 y 80,
resguardan el derecho a un ambiente sano y comprendiendo
que este tipo de elementos constituyen un riesgo para el
mismo, como pretenden hacer valer estos derechos
colectivos que tienen estrecha conexidad con los derechos
fundamentales a la Salud y la Vida, si no se ha consultado
con el pueblo la posibilidad de tener estos insumos en
TERRITORIO COLOMBIANO?
5. Se explique SI las condiciones que deberá acoger el
gobierno de la REPUBLICA DE COLOMBIA para designar al
país como aliado principal extra-Otán, EXPRESA los riesgos
que rodea cualquier tipo de insumos o equipos de
características NUCLEARES O BIOLOGICAS, que pueda
generar afectaciones de orden AMBIENTAL, para la SALUD Y
LA VIDA de los colombianos.
6. Se explique SI las condiciones que deberá acoger el
gobierno de la REPUBLICA DE COLOMBIA para designar al
país como aliado principal extra-Otán, EXPRESA algún tipo de
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póliza para cubrir algún riesgo a CORTO, MEDIANO Y LARGO
PLAZO que se pueda presentar con equipos de características
NUCLEARES O BIOLOGICAS.
7. Se explique si existe alguna normatividad en Colombia que
permita el ingreso de cualquier tipo de insumo o equipo de
características NUCLEARES O BIOLOGICAS a territorio
colombiano.
8. Se entregue estudios que validen que el ingreso de
cualquier tipo de insumo o equipos de características
NUCLEARES O BIOLOGICAS a territorio colombiano, NO
afectara la SALUD, LA VIDA Y EL MEDIO AMBIENTE DE LOS
COLOMBIANOS.
9. De no tener ningún estudio o normativa que regule o
reduzca el riesgo por de ingreso de cualquier tipo de insumo
o equipo de características NUCLEARES O BIOLOGICAS a
territorio colombiano, SE DEBERAN ABSTENER de firmar
acuerdo o acto administrativo, por ser
ANTICONSTITUCIONAL.
10. Bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO, se exponga cuántas
bases militares de ESTADOS UNIDOS hay en territorio
colombiano, con sus respectivas UBICACIONES, AREAS Y
EFECTIVOS PRESENTES y si en las mismas hay insumos o
equipos de características NUCLEARES O BIOLOGICAS, que
pongan en riesgo la SALUD, LA VIDA Y EL MEDIO DE (sic)
AMBIENTE DE LOS COLOMBIANOS, so pena de
INSPECCIONES aleatorias para la verificación de sus
respuestas.
11. Deberán demostrar la EXCEPCIONAL motivación de la
presencia de bases militares de ESTADOS UNIDOS en
territorio colombiano y la consulta a los mismos colombianos
de la vulneración a su soberanía, dado el caso de se tengan
bases militares extranjeras en Colombia.
12. Se deberá exponer qué grado de afectación ambiental se
ha dado por la presencia de bases militares de ESTADOS
UNIDOS en territorio colombiano.
13. Defina el panorama de riesgos Ambientales por la
tenencia, almacenamiento de cualquier tipo de insumos o
equipos de características NUCLEARES O BIOLOGICAS y qué
afectos (sic) tiene a CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO para
la SALUD, LA VIDA Y EL AMBIENTE.
ERICSSON ERNESTO MENA GARZON,
C.C No:80158042 de Bogotá
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Actor: ERICSSON ERNESTO MENA GARZÓN
PRIMERA LINEA AMBIENTAL COLOMBIA […]”.
Una vez revisado el expediente digital la Sala advierte que
mediante oficio de 8 de abril de 2022, la presidencia del Senado
de la República contestó la petición informándole al solicitante que
no tenía competencia para responderla y relevándose de efectuar
la remisión al competente, en los siguientes términos:
“[…] PRES-CS-CV-19-0004430-2022
Acusamos recibo de la petición allegada a la Presidencia del Senado
el día 23 de marzo de 2022, suscrita por el ciudadano ERICSSON
ERNESTO MENA GARZÓN, bajo el asunto “Almacenamiento de
armamento nuclear o biológico de EE. UU. en Colombia.
[…]
Es necesario destacar que el Congreso de la República, y de manera
específica, la Presidencia del Senado, no es el ente competente
para dar respuesta a su petición, ya que los temas motivos de su
consulta deben ser atendidos por la Presidencia de la República. Al
efecto, advertimos que su petición ya fue remitida a la entidad
antes mencionada, por lo cual esta oficina no realizará la
correspondiente remisión, toda vez que desde el inicio se hizo […]”.
Al respecto, del acervo probatorio, la Sala observa que mediante
oficio OFI22-00030206 / IDM 13010000 de 29 de marzo de 2022,
la Presidencia de la República le informó al actor que remitió la
totalidad de su petición al Ministerio de Defensa Nacional, para
que le suministrara la información solicitada así:
“[…] Doctor
DIEGO MOLANO APONTE
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Actor: ERICSSON ERNESTO MENA GARZÓN
Ministro de Defensa Nacional
Ministerio de Defensa Nacional
Carrera 54 No. 26-25. CAN
Bogotá, D.C.
despachomdn@mindefensa.gov.co;
diegomolano@mindefensa.gov.co
Clave: wtac1TYSmc
Asunto: Solicitud de información sobre el almacenamiento de
armamento nuclear o biológico de EE. UU en Colombia
Apreciado señor ministro:
Por considerarlo de su competencia, me permito remitir la
comunicación suscrita por el señor ERICSSON ERNESTO MENA
GARZON, mediante la cual solicita información sobre el
almacenamiento de armamento nuclear biológico de EE. UU EN
COLOMBIA […]”.
Dicha petición fue atendida mediante Oficio núm. 2100-E2-2022-
0350 de fecha 10 de junio del 2022, expedido por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en los siguientes términos:
“[…] Buen día Sr. Ericsson:
En atención al Derecho de Petición, sobre sobre
almacenamiento de armamento nuclear o biológico de EE. UU
en Colombia, radicado E1-2022-09666 de 2022, se adjuntan
los traslados por competencia, teniendo en cuenta que el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible carece de
competencias para otorgar una respuesta de fondo.
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21
de la Ley 1437 de 2011 (sustituido por el artículo 1 de la Ley
1755 de 2015), se realiza traslado al Ministerio de Defensa,
Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Minas y
Energía, para que se petición sea atendida dentro de las
facultades constitucionales y legales conferidas.
De igual manera, esta información será enviada de manera
oficial por correo electrónico certificado de la empresa 472
[…]”.
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De conformidad con los documentos allegados con el informe
rendido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
mediante los traslados a radicado de 22 de marzo de 2022
identificados así: MADS E1-2022-09666 remitió la solicitud al
Ministerio de Defensa Nacional; MADS E1-2022-09666 al
Ministerio de Minas y Energía y MADS E1-2022-09666 al Ministerio
de Relaciones Exteriores.
Así mismo, la Procuraduría General de la Nación presentó informe
en el que precisó que mediante oficio núm. 355 de 3 de junio de
2022 trasladó por competencia la petición a la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales -ANLA-, decisión que le fue comunicada
al tutelante mediante oficio 366 de esa misma fecha.
Revisado el expediente se advierte que las respuestas otorgadas
por el CONGRESO DE LA REPÚBLICA, la PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA, el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE y la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN,
informándole al actor que la petición aludida no guardaba relación
con sus funciones y procedieron a darle traslado a las entidades
que consideraban eran competentes para ello, fueron
suministradas oportunamente y puestas en conocimiento de aquel
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en debida forma, tal y como se observa en los diferentes correos
aportados con las contestaciones de demanda.
Al respecto, es necesario precisar que frente a las autoridades que
remitieron la petición por competencia no se observa vulneración
alguna por las razones que a continuación se exponen:
El artículo 21 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo establece:
“[…] ARTÍCULO 21. FUNCIONARIO SIN
COMPETENCIA. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley
1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Si la autoridad a
quien se dirige la petición no es la competente, se informará
de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o
dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si
obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la
petición al competente y enviará copia del oficio remisorio
al peticionario o en caso de no existir funcionario
competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o
responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de
la Petición por la autoridad competente […]”. (Resaltado por la
Sala)
En relación con la remisión por competencia de una petición, esta
Sala mediante sentencia de 19 de abril de 20215, precisó:
“[…] Al respecto, la Sala considera que con ocasión de la
remisión que hizo dicha Dirección Ejecutiva no se vulneró el
derecho fundamental de petición del actor, toda vez que, de
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 19 de abril de 2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-00816-00,
C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
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conformidad con el artículo 21 de la Ley 1755 de 30 de junio
de 2015, si la autoridad no tiene competencia para
responder, deberá remitir la petición a la autoridad
competente e informar al actor, lo cual aconteció en el caso sub
examine […]”. (Resaltado por la Sala)
Asimismo, esta Corporación mediante sentencia de 30 de junio de
20206, sostuvo:
“[…] Con base en lo expuesto, en el asunto sub examine la Sala
evidencia que le asiste razón al Centro de Arbitraje y Conciliación
de la Cámara de Comercio de Bogotá, al afirmar que no le concierne
expedir la constancia de ejecutoria del laudo de 6 de agosto de
2015, porque, se reitera, dicha actuación involucra una actividad
judicial, por consiguiente, carece de la competencia para realizarla.
No obstante, pese a que al señor director del mencionado Centro
de Arbitraje y Conciliación, en efecto, no le corresponde decidir
sobre la entrega del documento enunciado en el párrafo
precedente, se debe tener en cuenta lo previsto en el artículo
21 del CPACA, según el cual «[…] Si la autoridad a quien se dirige
la petición no es la competente, se informará de inmediato al
interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días
siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término
señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del
oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario
competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o
responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de
la Petición por la autoridad competente».
La anterior norma es clara en determinar que cuando una
autoridad se declara carente de competencia para conocer
de una solicitud deberá enviarla a la que corresponde,
mandato que no cumplió el señor director del Centro de Arbitraje
y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá en el sub lite,
omisión que quebranta el derecho constitucional
fundamental de petición de la actora […]”. (Resaltado por la
Sala)
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección B de la Sección
Segunda, sentencia de 30 de junio de 2020, número único de radicación 11001-03-15-
000-2020-00520-00, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que frente a el
CONGRESO DE LA REPÚBLICA, la PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA, el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE y la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN,
es decir, las autoridades que remitieron la petición por
competencia, no se observa vulneración alguna al derecho
fundamental de petición del actor, toda vez que conforme con el
artículo 21 del Código de procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, si la autoridad no tiene competencia
para responder, deberá remitir la petición a la autoridad
competente e informar al actor, tal y como sucedió en el caso sub
examine, por lo cual la Sala negará el amparo respecto de dichas
entidades, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
la presente providencia.
Ahora, en relación con la EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA EN COLOMBIA se advierte que no rindió informe
dentro de la acción de tutela de la referencia y de los anexos que
allegaron las demás entidades no se observa que dicho cuerpo
diplomático haya dado respuesta alguna a la petición del actor,
por lo cual, ante la ausencia de respuesta alguna, la Sala considera
necesario indagar si realmente la actuación de la misión
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diplomática afectó el derecho invocado y si dicho organismo puede
ser demandado en sede de tutela para reparar tal afectación.
Para ello, sea lo primero advertir que pese a que con fundamento
en el artículo 23 de la Constitución Política, las misiones o
delegaciones de Estados u organizaciones internacionales no son
autoridades de derecho público, porque no ejercen mando sobre
los ciudadanos del territorio nacional, ni tampoco son personas de
derecho privado que realizan funciones de carácter público o
prestan un servicio público, por lo cual gozan de fuero especial e
inmunidad de jurisdicción y, en principio, no estarían obligadas a
responder los derechos de petición que elevan los ciudadanos por
motivos de interés general o particular, dicha inmunidad de
jurisdicción no es absoluta.
En efecto, la Corte Constitucional ha reconocido que a la luz de la
Carta Política en el territorio colombiano ningún Estado u
organismo internacional goza de inmunidad absoluta, habida
cuenta que los privilegios e inmunidades plenos no son
compatibles con los principios del Estado constitucional, porque
aceptarlos como absolutos implicaría sacrificar “[…] las
atribuciones que le competen como estado libre y soberano para
asegurar la defensa de los derechos de las personas sometidas a
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su jurisdicción […]”7. Criterio reiterado por la Corte, entre otras,
en las sentencias T-883 de 2005, T-667-11 y T-344-13, en las que
sostuvo que desde la perspectiva del principio de inmunidad de
jurisdicción restringida y en virtud de la soberanía del Estado
colombiano, se considera que los organismos internacionales
sí estarían obligados a dar respuesta directa a las
peticiones respetuosas presentadas por los ciudadanos en
el territorio nacional, en principio, en los siguientes supuestos:
“[…] (1) Cuando la respuesta a la petición no amenace la
soberanía, independencia e igualdad de los Estados; y en el
caso de los organismos y agencias internacionales, no ponga
en riesgo la autonomía que necesitan para el cumplimiento
de su mandato.
(2) Cuando de la respuesta a la petición dependa la
protección de los derechos fundamentales al mínimo vital, al
trabajo y a la seguridad social de quien tenga una relación de
subordinación respecto de la misión diplomática o el
organismo internacional.
(3) Cuando de la respuesta a la petición presentada dependa
la protección de “derechos laborales y prestacionales de
connacionales y residentes permanentes del territorio
nacional[…]” (Destacado de la Sala).
Asimismo, en las sentencias T-344-13, T-462-15 y SU-443-16, la
Corte Constitucional señaló que debía existir un equilibrio entre el
derecho de petición que asiste a los ciudadanos por disposición
constitucional y las inmunidades y privilegios que tienen los
7 Corte Constitucional; Sentencia C-137 de 1996. M.P.; Eduardo Cifuentes Muñoz
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órganos internacionales, en virtud de los tratados de derecho
internacional que las crean y de la Convención de Viena sobre
Relaciones Diplomáticas de 1961, para lo cual estableció como
requisito adicional, para que proceda la contestación de la
solicitud, que los derechos fundamentales protegidos en virtud de
las respuestas que debe dar un organismo de derecho
internacional, se deben referir, en principio, al mínimo vital, al
trabajo y a la seguridad social, lo cual no puede predicarse en el
caso bajo examen, teniendo en cuenta que el derecho de petición
que dio lugar a la acción constitucional de la referencia estaba
encaminado a que se informara sobre el almacenamiento de
armamento nuclear y/o biológico en el territorio colombiano.
Aunado a lo anterior, la Sala advierte que dentro del material
probatorio obrante en el expediente no hay evidencia alguna que
permita establecer que la mencionada petición haya sido recibida
en la EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN
COLOMBIA, máxime si el accionante no indicó el correo
electrónico al cual fue remitida dicha solicitud, carga probatoria
que le correspondía.
En efecto, no basta con que el accionante afirme que su derecho
fundamental de petición se vulneró por la Embajada en comento,
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pues es necesario respaldar dicha afirmación con elementos que
permitan comprobar lo dicho, además de que las peticiones
elevadas ante las misiones diplomáticas tienen un trámite
especial.
Por los razonamientos anteriormente expuestos, la Sala concluye
que en el presente proceso no se vulneró el derecho fundamental
de petición invocado por el actor, por lo que se denegará la
solicitud de amparo constitucional, como en efecto se dispondrá
en la parte resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por el CONGRESO
DE LA REPÚBLICA y la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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Actor: ERICSSON ERNESTO MENA GARZÓN
SEGUNDO: ACEPTAR la solicitud de falta de legitimación en la
causa por pasiva formulada por la DEFENSORÍA DEL PUEBLO,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: DENEGAR la solicitud de amparo del derecho de
petición del actor, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 28 de julio de
2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
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34
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02897-00
Actor: ERICSSON ERNESTO MENA GARZÓN
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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