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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02919-00

Fecha
15 de julio de 2022
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02919-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. - DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. 18 Ver Rad. No. 13001-23-31-000-2012-00233-01(2820-14) del 21 de abril de 2016; Rad. No. 52001- 23-31-000-2002-00991-01(1425-15) del 17 de mayo de 2018; Rad. No. 68001-23-33-000-2014- 00483-01(0265-16) del 17 de octubre de 2018; y Rad. No. 81001-23-33-000-2013-00118-01(0973- 16) del 26 de octubre de 2017. 16 Radicación: 11001-03-15-000-2022-02919-00 Accionante: Lina María Ríos Rendón Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia) SEGUNDO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-02919-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

15 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., quince (15) de julio de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-02919-00
Demandante: Lina María Ríos Rendón
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES –
Improcedencia/RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - la parte actora pretende reabrir
un debate ya surtido y crear una instancia adicional al no estar de acuerdo con lo
decidido en el proceso.

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del recurso de amparo constitucional formulado por la señora Lina María Ríos
Rendón contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.

I. ANTECEDENTES

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 27 de mayo de 2022, la señora Lina María Ríos Rendón, presentó acción de
tutela para solicitar la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso,
precedente judicial, acceso efectivo a la administración de justicia, igualdad y al
trabajo, presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo de Antioquia, al
proferir el fallo de 26 de noviembre de 2021, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, radicado con el número 05-001-33-33-001-2016-
00998-01, que promovió contra el Hospital General de Medellín.

2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen
a lo siguiente:2

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y
2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho,
referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
2 Expediente digital, folio 21 del escrito de demanda.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02919-00
Accionante: Lina María Ríos Rendón
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

<< Ordene al Tribunal proferir una nueva decisión, en la que se realice una valoración
conjunta de los elementos de prueba, y a la luz de los criterios expuestos en la sentencia de
unificación de 9 de septiembre de 2021 por cuanto existen importantes indicios del elemento
de la subordinación laboral >>.

3.- Entre los presupuestos de orden fáctico y probatorio, se indicó lo siguiente:

3.1.- Desde el 18 de julio de 2012 y hasta el 30 de septiembre de 2013, la accionante
trabajó como auxiliar de enfermería en el Hospital General de Medellín por
intermedio de la Corporación para la Salud Fénix – CORFENIX –.

3.2.- A partir del 1 de octubre de 2013 y hasta el 30 de junio de 2014, continuó
laborando en el mencionado hospital, prestando sus servicios a través del sindicato
de Profesionales y Oficios de la Salud – DAR-SER –.

3.3.- El 1 de julio de 2014, la señora Ríos Rendon fue vinculada directamente al
Hospital General de Medellín, en el cargo de auxiliar área de la salud (enfermería),
con nombramiento en provisionalidad.

3.4.- Según la accionante el objeto de los convenios y/o contratos consistía en
prestar servicios de salud de forma personal, de acuerdo con las aptitudes,
capacidades y requerimientos exigidos por el Hospital General de Medellín. Además,
adujo que las funciones que desempeñó eran iguales en modo, lugar, y calidad a las
ejecutadas por los auxiliares de enfermería vinculados directamente en la planta de
personal del hospital.

También indicó que debía laborar como mínimo 200 horas al mes, mientras que el
personal de planta de la entidad solo debía trabajar 190 horas al mes y que, a pesar
de desempeñar sus labores bajo el sistema de turnos establecido por el Hospital, lo
que implicaba una rotación de 7 am a 7 pm o de 7 pm a 7 am y en consecuencia
una prestación del servicio de manera habitual y permanente durante dominicales,
festivos, jornadas nocturnas, extra nocturnas y diurnas, nunca se le reconoció el
pago de las sumas de dinero adicionales que debían ser canceladas por las labores
desempeñadas durante dichas jornadas. De igual forma señaló que la entidad
demandada no realizó los pagos devengados por concepto de seguridad social.

Por lo anterior, adujo que los contratos de prestación de servicios del Hospital
General de Medellín con CORFENIX y DAR-SER, en realidad, ocultaron la relación
laboral que sostuvo con la institución desde el 18 de julio de 2012 hasta el 30 de
junio de 2014.

3.5- En virtud de lo anterior, la accionante presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra del Hospital General
de Medellín, para que el juez administrativo declarara la nulidad de los Oficios No.
012 - 4405 del 21 de diciembre de 2015 y HGM 012 – 2016002641 del 24 de junio
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Accionante: Lina María Ríos Rendón
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

de 2016, por medio de los cuales se negó el reconocimiento y pago de las
reclamaciones de carácter laboral elevadas por la entonces demandante. En
consecuencia, solicitó que se reconociera la existencia de una relación laboral entre
la señora Ríos Rendón y el Hospital General de Medellín, a partir del 18 de octubre
del año 2012 y hasta el 30 de junio de 2014 y que se ordenará el reconocimiento de
todas las consecuencias jurídicas y económicas que ello conlleva, efectuando la
nivelación salarial y prestacional de la accionante, de conformidad con el código y
grado que en forma equivalente existían en la planta de personal del Hospital
General Medellín.

3.6.- El 17 de octubre de 2018, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Medellín, declaró la nulidad de los Oficios No. 012 - 4405 del 21 de diciembre de
2015 y HGM 012 – 2016002641 del 24 de junio de 2016 y ordenó al Hospital General
de Medellín, pagar el valor correspondiente a la nivelación salarial y a las
prestaciones sociales derivadas de la relación laboral comprendida entre el 18 de
octubre del año 2012 y el 30 de junio de 2014.

A partir del material probatorio allegado al proceso el juzgado concluyó que entre
octubre de 2012 y hasta 30 de junio de 2014, la accionante:

“(…) desempeñó o realizó funciones ordinarias cotidianas propias de la entidad, como es el
cargo de auxiliar de enfermería, en dicho lapso, se llevaron a cabo los servicios a través de
un contrato denominado prestación de servicios; la prueba documental da cuenta de
contratos y adiciones como se encuentra acreditado en el expediente. Los contratos dan
cuentan de un mismo objeto: Auxiliar de enfermería.

De los testimonios referidos, se desprende que la demandante debía cumplir y sujetarse a
órdenes, probándose la subordinación, además de ello, cumplía un horario de trabajo, unos
turnos y horas extras igual que el personal vinculado directamente en la Institución, que las
horas laboradas o los turnos pasaban de 220 horas a una extensión de 228 horas y no había
independencia ni libertad en el manejo de su tiempo.

De acuerdo con la norma, por tratarse de una actividad diaria que exige presencia
permanente, el Hospital General debió adecuar su planta de personal para la tarea que
realizaba diariamente la accionante, en el sentido de ampliarla de acuerdo a la necesidad
sentida por la institución; sin embargo, no lo hizo y más bien decidió bajo la modalidad de
contrato de prestación de servicios, vincular a la accionante a la
institución.

Otro elemento que permite inferir la subordinación, en la relación existente entre la
demandante y el Hospital General, es el suministro de materiales para la ejecución de su
labor o actividad continua, toda vez como se encontró probado que era o ha sido el Hospital
quien suministra los materiales, equipos e infraestructura para realizar el servicio de auxiliar
de enfermería.

Así pues, de las pruebas testimoniales recaudadas, se observó que el demandante
realizaba actividades que daban cuenta de la existencia de una relación laboral, toda
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Accionante: Lina María Ríos Rendón
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

vez que debía cumplir un horario y acatar órdenes de sus superiores”.

3.7.- El 26 de noviembre de 2021, la Sala Cuarta del Tribunal Administrativo de
Antioquia, resolvió revocar la sentencia proferida en primera instancia y, en su lugar,
ordenó negar en su integridad las pretensiones de la demanda. Para fundamentar
su decisión la entidad judicial accionada señaló que CORFENIX contaba con
coordinadoras para atender los procesos de quienes tenían su oficina en el mismo
hospital y que los cuadros de turnos del personal de CORFENIX eran elaborados
por la coordinadora administrativa de la corporación, quien además conseguía los
reemplazos en caso de incapacidades pues debían garantizar el cumplimiento de
24 horas del cuidado del paciente con auxiliares de enfermería permanentes en el
servicio y en caso de quejas de su personal, el hospital las dirigía directamente a
CORFENIX para que se encargaran de gestionarlas y dar respuesta.

De igual forma precisó que CORFENIX tenía su propio proceso de selección,
controlaban el desempeño del personal a través de ayudas con que contaban las
tutoras y coordinadoras, y eran quienes autorizaban o no los permisos requeridos
por sus empleados.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal concluyó que solo se encontraban
demostrados dos de los tres elementos configurativos de una relación laboral, esto
es, la existencia de una remuneración a cambio de los servicios prestados y la
prestación personal de los mismos, faltando entonces por acreditar, la continuada
subordinación y dependencia, lo que impedía acceder a las pretensiones de la
entonces demandante.

4.- La parte actora considera que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia,
al incurrir en un defecto fáctico y un defecto sustantivo.

Sobre la configuración del defecto fáctico, señaló que: “no hay lugar a tachar como
sospechoso el testimonio del señor Carlos Andrés Mondragón Mazo por el solo
hecho de que tenga una demanda contra la misma entidad hospitalaria, pues el
resultado de este proceso en absoluto lo beneficia o por lo menos el tribunal no
indico de qué manera lo favorecía, tampoco señalo los motivos de la sospecha y su
relación con las demás pruebas recaudadas, luego, la tacha de sospecha no estaba
llamada a prosperar.

Además, la tacha fue resuelta por el juez de primera instancia y, en el recurso de
apelación interpuesto por la entidad accionada no se argumentó ninguna
inconformidad, razón por la cual el tribunal no tenía justificación para volver a
resolver este asunto.

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Accionante: Lina María Ríos Rendón
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

En segundo lugar, contrario a lo concluido por el tribunal accionado, de haberse
valorado conjuntamente los testimonios con las pruebas documentales,
evidentemente se encontraría el elemento subordinación, pues los dos son
consistentes en afirmar que:

• La parte demandante debía cumplir con un horario de trabajo en turnos de 7 a.m.
a p.m. y 7 p.m. a 7 a.m., el cual se establecía a través de un cuadro de turno.

• No podía ausentarse de su puesto de trabajo cuando lo quisiera, es decir, no podía
ser una decisión inconsulta y autónoma, siempre debía contar con la autorización
de su jefe inmediato.

• Realizaba las mismas funciones que los auxiliares de enfermería que hacían
parte de la planta de cargos de la entidad, además indican que estas funciones
hacen parte del objeto misional de la entidad.

• Que el jefe inmediato podía ser una persona de la planta de cargos del hospital, o
a una persona designada por los intermediarios, pero siempre existió un jefe.

• Para cumplir con sus funciones obligatoriamente se debía dirigir hasta las
instalaciones del Hospital General de Medellín. De ninguna manera las podía cumplir
por fuera de la institución.

• Las herramientas de trabajo las otorgaba el propio hospital.

• Los insumos para la debida atención de los pacientes los concedía la institución.

• Que las ordenes provenían esencialmente de los médicos, los cuales las Id
Documento: 1100103150002022029190000502522000134 proporcionaban
verbalmente o por medio de la historia clínica.

• Necesariamente debía cumplir con los protocolos, directrices u órdenes
dispuestas por el hospital”.

De otra parte, sobre el defecto sustantivo, señaló que “La Sala Plena de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, en reciente sentencia del 9 de septiembre de 2021,
radicado N° 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016) procedió a unificar
jurisprudencia en cuanto a los temas relativos a la temporalidad.

Igualmente procedió a consolidar su jurisprudencia respecto del elemento de
subordinación, en los siguientes términos:

‘167. La primera regla define que el «término estrictamente indispensable», al que

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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio
a favor de la Administración, de forma esencialmente temporal u ocasional y, de
ninguna manera, con ánimo de permanencia.

168. La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no
solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en
atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del
plenario’”.

4.1- Además, adujo que lo manifestado por la señora Liliana Bermúdez no encuentra
respaldo en las pruebas documentales allegadas al proceso ya que en ninguno de
los contratos de prestación de servicios u otro documento, quedó estipulada una
cláusula informando de la supuesta oficina de CORFENIX, la cual operaría al interior
de las instalaciones del Hospital General de Medellín y tampoco se identificó el
nombre de las tres coordinadoras de CORFENIX, ni como era su labor en tiempo,
modo y lugar. Por el contrario, señaló que en los contratos de prestación de servicios
se lee el nombre de las coordinadoras de enfermería Luz Estella Gonzales Cardona
y María Eugenia Zapata, vinculadas al hospital. En este sentido, afirmó que
“aceptando en gracias de discusión que existían oficina y coordinadoras de las
cooperativas, ello es apenas otro indicio de subordinación por cuanto todo lo que
realizaran estos terceros, sin duda alguna era por orden estricta y expresa del
Hospital General de Medellín, pues no de otra manera se entiende a causa de que
dicha oficina debía funcionar permanentemente dentro del hospital”.

4.2.- Por último, manifestó que la decisión atacada omitió acatar el precedente
desarrollado por el Consejo de Estado en el que se ha considerado como indicios
de la subordinación: el lugar de trabajo, el horario de labores, la dirección y control
efectivo de las actividades a ejecutar.

B. Trámite procesal y contestación de la demanda

5.- Mediante auto de 7 de junio de 2022, el despacho admitió la acción de tutela,
ordenó notificar a la autoridad judicial demandada y vinculó a la E.S.E. Hospital
General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez, como tercero interesado en el proceso,
como tercero interesado en el proceso.

5.1.- También se requirió al Juzgado Primero Administrativo Oral de Medellín para
que remita, en calidad de préstamo, el expediente identificado con el radicado
número 05001-33-33-001-2016-00998-00.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02919-00
Accionante: Lina María Ríos Rendón
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

(i) Hospital General de Medellín "Luz Castro De Gutiérrez E.S.E”3

6- El 15 de junio de 2022, la jefe de la oficina jurídica del Hospital solicitó declarar
improcedente el amparo constitucional presentado. Para ello manifestó que, de
conformidad con la Sentencia de 15 de mayo de 2020, proferida por la Sección
Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, Rad. radicado 50001-23-31-000-
2011-00400-01 (2220-18), corresponde al demandante probar los supuestos de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico perseguido, a efectos de
establecer si la supuesta subordinación derivada de las órdenes y los contratos de
prestación de servicios celebrados son suficientes para demostrar la relación de
carácter laboral, de modo que la simple declaración de testigos y aseveración del
demandante sobre la existencia del cargo y quién era su titular, no dan el alcance
probatorio suficiente para corroborar que sus funciones también fueron ejecutadas
por un análogo de planta de personal.

Además, indicó que, de acuerdo con la Sentencia de Unificación de septiembre de
2021 emitida por el Consejo de Estado en el Rad. 05001-23-33-000-2013-01143-01
(1317- 2016), lo que debe existir entre contratante y contratista es una relación de
coordinación de actividades, la cual implica que el segundo se somete a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual, como
puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de
instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus resultados,
de modo que, los contratistas estatales son simplemente colaboradores episódicos
y ocasionales de la Administración, que brindan un apoyo o acompañamiento
transitorio a la entidad contratante, sin que pueda predicarse de su vinculación algún
ánimo o vocación de permanencia.

7.- A pesar de haber sido debidamente notificado, el Tribunal accionado, guardó
silencio.

II. CONSIDERACIONES

C. De la acción de tutela contra providencias judiciales

8.- La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo
del 31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales4.

8.1.- Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena
de la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia del mecanismo de amparo

3 Expediente digital, intervención contenida en 36 folios.
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012,

exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02919-00
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

constitucional contra providencias judiciales y reiteró que dicha acción es apenas un
instrumento de carácter residual y subsidiario para la protección de los derechos
fundamentales, tal y como lo señala el artículo 86 Superior5.

8.2.- Así entonces, esta Corporación no ha vacilado en reiterar que los requisitos
generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados son los siguientes6:

• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.

• Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable.

• Que se cumpla el requisito de inmediatez.

• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.

• Que la accionante identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y,

• Que no se trate de sentencias de tutela.

8.3.- Ahora bien, interesa destacar que la relevancia constitucional, como requisito
general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
supone la presentación de un conflicto que trascienda las discusiones legales ante
el juez constitucional. Bien es sabido que el ámbito de los derechos fundamentales
tiene un efecto irradiador en el ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no
existen temas jurídicos que no puedan relacionarse con un derecho constitucional7.
En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada providencia
judicial transgrede derechos fundamentales para dar por cumplido dicho requisito,
sino que este debe estructurar una fundamentación clara y suficiente en torno a la
necesidad de la intervención del juez de tutela con el propósito de hacer cesar la
presunta infracción de los derechos fundamentales invocados.

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,

exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de

febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
7 Sentencia T-079 de 2010 de la Corte Constitucional.

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Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

8.4.- Lo anterior, comoquiera que con dicho requisito se persiguen al menos tres
finalidades: (i) preservar los principios de autonomía e independencia judicial de los
jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional8 y, en ese sentido, evitar
que la acción de tutela se utilice para debatir asuntos de mera legalidad9; (ii) restringir
el ejercicio del recurso de amparo a cuestiones con clara y marcada relevancia desde
la óptica constitucional por afectar derechos fundamentales10; e (iii) impedir que la
interposición de la acción de tutela se transmute en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de las autoridades jurisdiccionales11.

8.5.- A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha decantado la
jurisprudencia constitucional a partir de la Sentencia C-590 de 2005, acogida por la
Sala Plena de esta Corporación, hacen relación a los denominados defectos
materiales, identificados y definidos como las fuentes de vulneración de derechos
fundamentales12: (i) orgánico; (ii) sustantivo; (iii) procedimental; (iv) fáctico; (v) error
inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial;
y (viii) violación directa de la Constitución.

8 Con relación a este aspecto, se indica en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), lo

siguiente: “En este sentido es muy importante reiterar que la acción de tutela no puede ser un
mecanismo que sirva para que el juez constitucional pueda desplazar al juez ordinario en la decisión
de la respectiva causa. En efecto, por esta vía no puede el juez de tutela convertirse en el máximo
intérprete del derecho legislado ni suplantar al juez natural en su función esencial como juez de
instancia. Lo que sin embargo sí habilita la tutela es la vigilancia de la aplicación judicial al caso
concreto de los derechos fundamentales pertinentes y, en especial, del derecho al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia”.
9 Estos son de competencia exclusiva de los jueces que integran las demás jurisdicciones distintas a

la constitucional; por tanto, la competencia del juez de tutela se limita a aquellos casos en que existan
afectaciones o vulneraciones de derechos fundamentales. Tal como se ha reiterado en la
jurisprudencia constitucional, “la definición de asuntos meramente legales o reglamentarios que no
tengan una relación directa con los derechos fundamentales de las partes o que no revistan un interés
constitucional claro, no puede ser planteada ante la jurisdicción constitucional”. Cfr, Sentencias T-
1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338
de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de
2014 de la Corte Constitucional.
10 Tal como lo consideró la Sala Plena, en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), “los

fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia
la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta
cuestión y ninguna otra. No se trata entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional
ordenar la anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de
interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se trata es de un mecanismo
excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber
pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión y que permite la aplicación
uniforme y coherente -es decir segura y en condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales
a los distintos ámbitos del derecho”.
11 En este sentido, la Corte ha exigido que, “teniendo en cuenta que la tutela contra providencias

judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es
necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un
derecho fundamental”. Cfr. Sentencia T-102 de 2006 de la Corte Constitucional.
12 Es de anotar que la jurisprudencia constitucional en torno a las vías de hecho evolucionó para

comprender situaciones que no despojaban a la providencia de su condición de tal, pero que aún
llevaban a un desconocimiento de derechos fundamentales, por lo cual se cambió el vocablo de vía
de hecho por causal específica de procedibilidad. Cfr. Sentencias T-774 de 2004 y T-453 de 2005 de
la Corte Constitucional.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02919-00
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Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

8.6.- En resumidas cuentas, los criterios generales y específicos de procedencia
suponen pautas metodológicas que limitan la competencia del juez constitucional al
abordar el escrutinio de una acción de tutela promovida en contra de una providencia
judicial. Tanto unos como otros confluyen en el propósito de realizar el mandato de
efectividad de los derechos fundamentales en un escenario de respeto por el valor
de la cosa juzgada, la garantía de seguridad jurídica y los principios constitucionales
de autonomía e independencia judicial. De ahí que la autoridad judicial a cargo de
esta labor carezca de competencia para reemplazar al juez de la causa en la
interpretación del derecho legislado o en la evaluación detenida de las pruebas del
caso o para imponer su criterio en debates de orden legal que corresponden a otras
autoridades judiciales, ya que su rol “se reduce a asegurar de manera residual y
excepcional la protección de los derechos fundamentales en los trámites
judiciales”13.

8.7.- Precisado lo anterior, le corresponde al juez de tutela verificar el cumplimiento
estricto de todos los requisitos generales, de tal manera que, una vez superado ese
examen formal, pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, los cuales deben ser adecuadamente formulados por el
interesado14.

D. Análisis del caso concreto

9.- En el caso objeto de estudio, se cuestiona la decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo de Antioquia en la cual se resolvió revocar la sentencia proferida por
el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Medellín y se resolvió negar las
pretensiones presentadas por la accionante.

10.- Revisado en su totalidad el escrito de tutela, las pruebas, las contestaciones, el
expediente digital allegado en préstamo contentivo del proceso ordinario del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la Sala observa que el presente
asunto carece del requisito general de relevancia constitucional, en la medida en que
la parte actora acude a la acción de tutela con el propósito de reabrir y continuar con
el debate que se surtió en el proceso ordinario. Resulta evidente que la parte
demandante busca un nuevo análisis de los aspectos definidos por el juez natural de
la causa, pues en la presente acción sigue planteando e insistiendo en los mismos
argumentos que fueron resueltos por el Tribunal Administrativo de Antioquia para

13 Sentencia T-297 de 2020 de la Corte Constitucional.
14 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 7 de

diciembre de 2016, exp. 2016 00134-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp. 2016-02213-01; sentencia de 24 de
noviembre de 2016, exp. 2016-02568-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, sentencia de 27 de noviembre de 2016, entre otras. Cfr. Sentencias de la Corte
Constitucional SU-556 de 2016, SU-542 de 2016 y SU-490 de 2016.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02919-00
Accionante: Lina María Ríos Rendón
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

fundamentar la Sentencia proferida el 26 de noviembre de 2021, dentro del proceso
No. 05-001-33-33-001-2016-00998-01.

11.- Por interesar a esta causa, la Sala traerá a colación el análisis efectuado sobre
dichos aspectos por el referido Tribunal en la providencia judicial cuestionada:

11.1.- Sobre la tacha como sospechoso del testimonio aportado por el señor Carlos
Andrés Mondragón Mazo, siguiendo el precedente establecido por la Sección
Primera de esta Corporación, en la Sentencia de 19 de septiembre, Rad. 25000-23-
42-000-2016-02966-0l(PI), el tribunal señaló que “conforme a la doctrina
constitucional el juez no tiene facultad para abstenerse de valorar un testimonio que
considere sospechoso. En su lugar, debe efectuar una práctica más rigurosa del
mismo y una evaluación detallada de cada una de las afirmaciones que lo
compongan (…) en conclusión (…) el juez, como directo del proceso, debe asumir la
responsabilidad de valorar bajo parámetros objetivos todas las pruebas allegadas a
la investigación. Sólo puede descartar aquellas respecto de las cuales compruebe
su ilegalidad o que se han allegado indebida o inoportunamente y, en todo caso,
cualquiera que se haya obtenido con la vulneración del debido proceso” 15.

Siguiendo los parámetros mencionados, la autoridad judicial accionada realizó una
valoración integral del testimonio aportado, contrastando su contenido con los otros
elementos materiales probatorios allegados al procesó, lo cual llevó al tribunal a
concluir que:

“En ese estado de cosas, en este proceso se encuentran enfrentadas dos versiones
de los hechos, por un lado, la ofrecida por el compañero de trabajo de la demandante,
quien, tiene interés directo en las resultas del proceso dado que es parte en un litigio
similar al presente, y por el otro lado, la rendida por quien se desempeñó como
interventora de los contratos que celebró el hospital con CORFENIX, la cual resulta
coincidente con la prueba documental obrante en el expediente, en especial, con el
clausulado de los contratos celebrados entre esa corporación y la entidad
demandada.

Ahora bien, considera la Sala que los dichos del señor Mondragón no resultan
suficientes para generar grado de convencimiento respecto a la subordinación en la
que supuestamente se hallaba la demandante, comoquiera que, de su declaración
no se desprende que, además de tener las mismas funciones del personal de planta
del hospital y cumplir los mismos protocolos, continuamente estuviera sometida a las
órdenes de algún empleado del hospital, por el contrario, aceptó que en éste había
una oficina de la corporación en la que estaban las coordinadoras de la misma,
quienes eran las encargadas de tramitar los permisos del personal vinculado y, por
regla general, de asignar los cuadros de turnos.

15 Expediente digital, Rad. 05-001-33-33-001-2016-00998-01, Sentencia de Segunda Instancia,
Tribunal Administrativo de Antioquia, fl. 28.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02919-00
Accionante: Lina María Ríos Rendón
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

En ese sentido, y en concordancia con la prueba documental obrante en el plenario,
es especial los contratos celebrados por el hospital con CORFENIX, la Sala estima
que ofrece mayor credibilidad el testimonio de la señora Bermúdez, quien, se
recuerda, de forma fluida y objetiva, narró, que era el personal administrativo de la
corporación, que se encontraba ubicado en las instalaciones del hospital, el que
ejercía la vigilancia y manejo del personal que prestaba sus servicios en los pisos
del hospital que se les habían asignado en el marco de la relación negocial.

Lo anterior se ve reforzado por el hecho de que, dentro de la prueba documental no
se cuenta con ninguna evidencia de llamados de atención, memorandos
comunicaciones, circulares u otros medios a través de los cuales se hubieren dado
órdenes a la demandante, o en las que se le informara que estaba obligada a cumplir
con un horario laboral impuesto por la entidad demandada.

Conforme a lo anterior, es posible sostener que las funciones cumplidas por la actora
correspondían a las pactadas en los contratos de prestación de servicios que el
Hospital General de Medellín suscribió con la Corporac1on CORFENIX, para atender
actividades, intervenciones y procedimientos electivos y urgentes en varios
subprocesos que exigían la prestación del servicio de auxiliar de enfermería, lo cual
hizo bajo el sistema de cuadros de turnos y la dirección de las coordinadoras de la
corporación y en el espacio separado que le fue asignado al personal contratado”.

11.2.- Sobre la valoración conjunta de los testimonios y pruebas documentales el
tribunal indicó que: “Así entonces, la información hasta ahora recaudada conforme a
la prueba documental y a la prueba testimonial que reposa en el expediente, en
relación con la prestación del servicio en forma personal de la demandante para con
la entidad demandada y respecto de la subordinación a la que se dice estaba
sometida, a lo sumo permite inferir que se trató de la ejecución de labores propias
del cuidado de paciente ejercidas en los pisos que fueron asignados a CORFENIX,
mediante el esquema de cuadros de turnos, en horarios de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.,
pero bajo la vigilancia, direccionamiento y tutela del personal de coordinación de la
misma corporación, sin injerencia de empleados del Hospital General de Medellín,
incluso porque estaban ubicados en forma separada, es decir, habían pisos en los
que laboraban los auxiliares de enfermería de CORFENIX en forma exclusiva y otros
en los que lo hacía el personal del ente hospitalario y simplemente debían ajustarse
a los protocolos que por motivos de gestión de calidad, existían en la entidad, lo cual
hubiere sido igual de laborar en cualquier centro asistencial, ello desde el 18 de
octubre de 2012 hasta el 30 de septiembre de 2013.

Empero, respecto del sindicato DARSER, a lo sumo se puede dar por comprobada
la prestación del servicio en forma personal de la accionante desde el 1 de octubre
de 2013 hasta el 1 de julio de 2014, no así la forma como ejerció sus funciones, sin
que pueda apelarse a la presunción de subordinación, porque como viene de

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Accionante: Lina María Ríos Rendón
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

indicarse, la entidad demandada logró desvirtuarla en el período inmediatamente
anterior, lo que hace pensar que no tendría porque ser diferente al efectuarse el
cambio de CORFENIX por el sindicato, cuando la necesidad y el objeto contractual
era el mismo.

Ahora bien, aunque las actividades desarrolladas por la demandante en el hospital
demandado, tuviesen carácter permanente y misional, lo que conllevaría la
obligación de la entidad de crear estos cargos en la planta de personal, es la misma
Ley 80 de 1993, artículo 32, numeral 3º, la que permite a las entidades celebrar
contratos de prestación de servicios para desarrollar actividades relacionadas con el
funcionamiento de aquella cuando no puedan desarrollarse con el personal de
planta. Aunado, la sola ejecución de una actividad misional no significa per se la
existencia de subordinación continuada, sino que se constituye en un indicio de esta,
y que debe ser valorado en conjunto con las otras circunstancias que dan lugar al
elemento configurativo de la relación laboral.

En suma, se reitera, el extremo activo de la contienda no probó, si en igualdad de
condiciones que un empleado de planta del Hospital General de Medellín, la actora
recibió y ejecutó órdenes, cumplió horarios o se vio sometido a reglamentos, lo cual
confirma que desarrolló su actividad dentro del marco de la relación contractual de
prestación de servicios que la Corporación CORFENIX el sindicato DARSER adquirió
con el Hospital General de Medellín”16.

11.3.- Finalmente sobre el testimonio de la señora Liliana Bermúdez y la supuesta
discrepancia entre este y las pruebas documentales en las que se identificó los
nombres de Luz Estella Gonzalez Cardona y María Eugenia Zapata, es importante
señalar que al revisar los contratos de prestación celebrados entre la accionante y la
entidad hospitalaria es posible identificar que las mencionadas enfermeras figuran
como supervisoras de los contratos en su calidad de coordinadoras y no como
coordinadoras directas de la accionante. Sobre su testimonio la entidad judicial
accionada indicó que:

“También se decepcionó el testimonio de la señora Liliana Bermúdez Carvajal,
enfermera jefa del Hospital General de Medellín desde el año 1997, e interventora
del proceso contractual con CORFENIX.

Expresó, que CORFENIX contaba con coordinadoras para atender los procesos
quienes tenían su oficina en el mismo hospital, y que los cuadros de turnos del
personal de CORFENIX eran elaborados por la coordinadora administrativa de la
corporación, quien además conseguía los reemplazos en caso de incapacidades
pues debían garantizar el cumplimiento de 24 horas del cuidado del paciente, con
auxiliares de enfermería permanentes en el servicio y en caso de quejas de su

16 Expediente digital, Rad. 05-001-33-33-001-2016-00998-01, Sentencia de Segunda Instancia,
Tribunal Administrativo de Antioquia, fls. 28 y 29.
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Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

personal, el hospital las dirigía directamente a CORFENIX para que se encargaran
de gestionarla y dar respuesta.

Afirmó, que CORFENIX tenía su propio proceso de selección, controlaban el
desempeño del personal a través de ayudas con que contaban las tutoras y
coordinadoras, y eran quienes autorizaban o no los permisos requeridos por el
personal vinculado. Permisos que posteriormente eran objeto de verificación por la
testigo para efectos de constatar cumplimiento y pagos contractuales.

Manifestó, que los equipos e insumos eran provistos por el hospital, por cuanto, por
disposición legal, la entidad demandada debía garantizar la idoneidad de los mismos.
Y que, en caso de pérdida o daño de equipos por el personal de la corporación, se
le informaba al representante legal de ésta, y se hacían la investigación
correspondiente.

En cuanto a la labor de las coordinadoras de CORFENIX, dijo, que les correspondía
dar a conocer los procesos del hospital, las guías, los instructivos, las cosas que
debían hacer por parte de enfermería, pero no sabe si ejercían sus labores de
manera autónoma, pues lo único que sabe es que el hospital les exigía adherirse a
los protocolos y si había incumplimiento a ello, les hacía requerimiento a los
responsables de los contratos.

Al ser indagada acerca de si las labores ejecutadas la demandante eran propias del
hospital, adujo que un auxiliar de enfermería ejerce las mismas funciones en todas
las entidades asistenciales y debe tener los mismos conocimientos y por ello, tenga
el tipo de contrato que tenga, es su formación lo que le permite ejercer el cargo.

Finalmente reiteró que el hospital dentro del sistema de gestión de calidad, contaba
con procesos documentados y sin importar el tipo de vinculación del personal, se
aplicaban las directrices en todos esos procesos”17.

12.- Con base en lo anterior, se advierte no solo que el tribunal accionado resolvió
en su totalidad las inconformidades planteadas por los demandantes y demandados
del proceso ordinario en los alegatos y recursos presentados, sino que, de las
circunstancias fácticas que dieron paso a la decisión sometida a estudio y de los
fundamentos jurídicos que expuso el Tribunal Administrativo de Antioquia, no se
deduce que dicha autoridad hubiere incurrido en una indebida motivación, en un
desconocimiento del precedente judicial o que se haya abstenido de efectuar un
examen riguroso de las pruebas, ni mucho menos que les haya otorgado un alcance
contraevidente que permita hacer factible la procedencia de la tutela formulada. Por
el contrario, la decisión cuestionada, encuentra claro sustento en el principio de la
libre valoración judicial y, antes de configurar una actuación subjetiva o arbitraria es,

17 Expediente digital, Rad. 05-001-33-33-001-2016-00998-01, Sentencia de Segunda Instancia,
Tribunal Administrativo de Antioquia, fls. 25 y 26.
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Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

en realidad, el resultado de una interpretación razonable del material probatorio
aportado al proceso, a su vez, confrontado con las preceptivas legales que lo
delimitan y que resultaban aplicables al caso concreto; por lo anterior, se advierte
que es válida la conclusión arrimada de revocar la decisión del A quo.

13.- Además, se observa que la valoración del material probatorio por parte de la
autoridad judicial accionada determinó, de forma coherente y razonable, las razones
por las cuales consideró que el material probatorio aportado por la entidad
demandada era suficiente para desestimar la subordinación alegada por la
demandante en el marco del proceso ordinario al cual se ha hecho referencia.

14.- Visto lo anterior, la presunta deficiencia alegada respecto de la valoración
probatoria que hizo el Tribunal Administrativo de Antioquia en la decisión objeto de
reproche y que llevó a confirmar el proveído del A quo en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, responde, en realidad, a una discrepancia valorativa
sobre la forma de los argumentos jurídicos y la metodología de estimación de las
pruebas evaluadas, que no es susceptible de admitirse como una causal de
procedibilidad especial, pues siempre que se trate de interpretaciones diversas y
razonables, es el juez natural el llamado a fijar aquella que mejor se ajuste al caso
de que se trate, conforme a los criterios de la sana crítica y en virtud de su autonomía
e independencia.

15.- Frente al defecto material o sustantivo, se advierte que también carece del
requisito de relevancia constitucional. Esto se debe a que, en la Sentencia de
Unificación de 9 de septiembre de 2021, la Sección Segunda de esta Corporación,
al referirse al componente de subordinación precisó entre otros aspectos que: “106.
iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través de
la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo,
tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio
del poder de disciplina o del ius variandi, la dirección y control efectivo de las
actividades del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para
identificar la existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que
debe probar el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y
disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto
contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control,
vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se
aleje de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado
como un indicio claro de subordinación”.

15.1- Ahora bien, en la decisión cuestionada, en la sección “4.1.2. Sentencia de
unificación jurisprudencial sobre la temporalidad, el término de solución de
continuidad entre contratos y la posibilidad de devolución de los aportes a la
Seguridad Social en salud en las relaciones laborales encubiertas o subyacentes”, el

15

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Accionante: Lina María Ríos Rendón
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

tribunal no solo hizo referencia al precedente que la parte actora alega como
desconocido, sino que a partir de los extractos previamente citados, es posible inferir
que dio aplicación a las reglas allí descritas, concluyendo que el material probatorio
allegado por las partes no permitía inferir razonablemente su inserción en el círculo
rector, organizativo y disciplinario de la entidad, decretando que la entidad
demandada no ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó a
cabo el cumplimiento de su objeto contractual.

15.2.- Sobre este último punto es importante reiterar que en el caso particular de los
contratos de prestación de servicios suscritos por entidades públicas como una
E.S.E. y auxiliares de enfermería, como es el caso de la aquí accionante, esta
Corporación ha señalado, en reiterada jurisprudencia que, por las características de
las funciones contratadas, se presume el componente de subordinación con
fundamento en que no es posible hablar de autonomía cuando una auxiliar de
enfermería, por lo general, no puede definir en qué lugar presta sus servicios ni en
qué horario y debido a que su labor de coordinación de las demás enfermeras y la
obligación de suministro de medicación y vigilancia de los pacientes no puede ser
suspendida sino por justa causa, previamente informada, pues pondría en riesgo la
prestación del servicio de salud, o sea, que existe una relación de subordinación, en
atención a que por regla general se debe tener en cuenta que a los médicos les
corresponde direccionar a las enfermeras y emitir órdenes tendientes a que estas
ejecuten un cuidado particular a cada paciente en los centros de salud. Pese a lo
anterior, la Sección Segunda del Consejo de Estado también ha sido enfática en
indicar que dicha presunción admite prueba en contrario y debe desestimarse en
aquellos casos en los que la entidad demandada aporta el material probatorio
necesario para desvirtuarla18.

16.- Así las cosas, la acción de tutela que se examina no cumple con el requisito
general de relevancia constitucional, por lo cual, esta Sala declarará improcedente
el amparo impetrado por la señora Lina María Ríos Rendón.

17.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. - DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

18 Ver Rad. No. 13001-23-31-000-2012-00233-01(2820-14) del 21 de abril de 2016; Rad. No. 52001-

23-31-000-2002-00991-01(1425-15) del 17 de mayo de 2018; Rad. No. 68001-23-33-000-2014-
00483-01(0265-16) del 17 de octubre de 2018; y Rad. No. 81001-23-33-000-2013-00118-01(0973-
16) del 26 de octubre de 2017.
16

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02919-00
Accionante: Lina María Ríos Rendón
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

SEGUNDO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE19
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDE

19 VF

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

17

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