Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02921-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02921-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-02921-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
1 de diciembre de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02921-01
Actor: UGPP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., primero (1°) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02921-01
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
“B” Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que ordenó el reconocimiento y pago
de pensión de sobrevivientes. Requisito de subsidiariedad porque
la entidad cuenta con el recurso extraordinario de revisión y no se
acreditó la existencia de un perjuicio irremediable
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la accionante contra la sentencia de 7 de julio de 2022, dictada por
la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado que declaró la
improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de la
subsidiariedad.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La entidad actora relató que por medio de la Resolución RDP 6760 de 23 de
febrero de 2017, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP), negó el
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes solicitada por el señor
Edwin Germán Torres Acosta, como cónyuge supérstite de la señora Aura Nelly
Bastidas Citelly con ocasión de su fallecimiento el 20 de junio de 2016, por cuanto
no se acreditó el requisito de la convivencia. Afirmó que dicho acto administrativo
fue confirmado por medio de las Resoluciones RDP 015596 de 18 de abril de 2017
y RDP 020629 de 18 de mayo de 2017.
Adujo que contra los anteriores actos administrativos el señor Edwin Germán
Torres Acosta presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que
fue decidida, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo de Nariño por
sentencia de 9 de octubre de 2019, en la que se declaró la nulidad de los actos
administrativos demandados y, en consecuencia, ordenó a la UGPP reconocer,
liquidar y pagar la pensión de sobrevivientes en favor del cónyuge sobreviviente
en un monto equivalente al 75% del promedio mensual de todos los factores
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Actor: UGPP
salariales devengados en el último año de servicio anterior al retiro, con efectos
fiscales desde el 20 de junio de 2016. Agregó que como fundamentos de esa
decisión expresó que el demandante probó el auxilio, apoyo mutuo y la
dependencia económica.
Por último, indicó que inconforme con la decisión esa entidad la apeló. En
segunda instancia, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, en
sentencia de 9 de septiembre de 2021, revocó la decisión recurrida únicamente en
lo pertinente a la condena en costas, y en lo demás la confirmó, decisión que tuvo
por sustento que se demostró el requisito de la convivencia, en tanto además del
vínculo matrimonial se acreditaron los lazos de afecto, solidaridad y apoyo mutuo
por más de 10 años antes del fallecimiento de la señora Bastidas Citelly.
2. Fundamentos de la acción
La parte actora presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección “B” y el Tribunal Administrativo de Nariño con el objeto de
que se ampare el derecho fundamental al debido proceso, el cual consideró
vulnerado con las sentencias 9 de septiembre de 2021 y 9 de octubre de 2019,
respectivamente, proferidas en el trámite del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la UGPP, que ordenaron el reconocimiento de
la pensión de sobrevivientes en favor del señor Edwin Germán Torres Acosta en
un monto equivalente al 75% del promedio mensual de todos los factores
salariales devengados en el último año de servicio anterior al retiro de la causante,
sin tener en cuenta que la pensión a sustituir no es una pensión de jubilación sino
se trata de una pensión gracia.
Comenzó por señalar que se cumplen los presupuestos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, en tanto (i) el caso presenta
relevancia constitucional pues se discute la vulneración del derecho fundamental
al debido proceso poque la decisión judicial cuestionada ordenó el reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes de la pensión gracia que percibía la causante y
dispuso que la liquidación del monto de dicha prestación debía liquidarse
conforme al 75% de los percibido el último año de servicios, lo que no fue objeto
de demanda y además que origina un valor que desconoce el ordenamiento
jurídico, (ii) no existe otro mecanismo judicial idóneo para controvertir la decisión
recurrida, pues aunque procede el recurso extraordinario de revisión el mismo no
es idóneo para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable en tanto el
cumplimiento del fallo cuestionado conlleva el pago de sumas de dinero que
impactan la estabilidad financiera del sistema pensional (subsidiariedad), (iii) la
acción de tutela fue radicada en un término razonable (inmediatez), (iv) se expresa
con claridad la irregularidad procesal que origina la vulneración ius fundamental
alegada, (v) no se trata de tutela contra tutela.
En ese orden, alegó la configuración de los siguientes defectos:
2.1. Defecto fáctico. Que se habría configurado por la indebida valoración de los
elementos probatorios que obraban en el expediente ordinario, concretamente, se
refirió a la Resolución No. 30023 de 2 de julio de 1993 que reconoció la pensión
gracia en favor de la docente Aura Nelly Bastidas Citelly, la cual disfrutó hasta el
momento de su fallecimiento el 21 de junio de 2016 y sobre la cual recaía las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida
por el señor Edwin Germán Torres Acosta.
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Señaló que en la sentencia de 9 de octubre de 2019, el Tribunal Administrativo de
Nariño ordenó reconocer y pagar la sustitución pensional de la pensión de
jubilación en cuantía del 75% del promedio mensual de todos los factores
salariales devengados por la docente durante el último año anterior al retiro y con
efectos fiscales desde el 20 de junio de 2016, aduciendo que al momento del
fallecimiento no le había sido reconocida a la causante pero que ya cumplía los
requisitos.
Al respecto, explicó que la autoridad accionada abordó aspectos relativos al
reconocimiento de la pensión de jubilación en favor de la causante y la sustitución
de la misma en favor del demandante como cónyuge sobreviviente, partiendo del
hecho de que esa prestación no había sido reconocida lo que no es cierto pues ya
estaba reconocida y. en todo caso, ese aspecto no hacía parte de las pretensiones
de la demanda.
Afirmó, que en el fallo de segunda instancia la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado consideró que le asistía el derecho al señor Edwin Germán
Torres Acosta a la pensión de sobrevivientes originada en una pensión gracia, sin
embargo, confirmó la sentencia de primera instancia.
De esta manera, acusó a las autoridades judiciales accionadas de haber “proferido
una decisión incongruente entre lo pedido y lo discutido dentro del proceso
contencioso, pues decidió con base en aspectos que fueron solicitados en sede
judicial motivo por el cual dicha decisión vulnera en forma flagrante los derechos
de contradicción y defensa de la Unidad frente a las órdenes impartidas”.
Manifestó que las autoridades judiciales accionadas desconocieron el principio de
congruencia, al desconocer que las pretensiones de la demanda estaban dirigidas
al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de la pensión gracia y no al
reconocimiento de la pensión de jubilación, o a que se liquidara el monto de esa
prestación al retiro del servicio, por lo que, a su juicio, se configuró un defecto
fáctico.
Con todo, precisó que lo que se controvierte no es el reconocimiento de la
prestación pensional en favor de cónyuge sobreviviente sino que, a partir de la
indebida valoración probatoria, hubiese dispuesto liquidar erróneamente el monto
de la pensión de sobrevivientes de la pensión gracia, como si fuera de la pensión
de jubilación.
2.2. Defecto sustantivo. Afirmó que las sentencias cuestionadas desconocieron
lo establecido en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 que
establecen que la pensión gracia debe liquidarse conforme al 75% del promedio
de todos los factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición del
estatus pensional, por lo que, señaló, ordenar que la sustitución pensional en un
monto equivalente al 75% del promedio de lo devengado en el último año de
servicio contraviene la citada normatividad y la diferenciación que el ordenamiento
jurídico ha precisado sobre ambas prestaciones.
Sobre este particular, indicó que la causante cumplió el estatus jurídico para el
reconocimiento de la pensión gracia el 15 de noviembre de 1992, por lo que el
monto de la misma se liquidó conforme con lo devengado en el año anterior, esto
es, desde el 15 de noviembre de 1991, regla que debe aplicarse para el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Al respecto, efectuó una
transcripción in extenso de sentencias proferidas por la Sección Segunda del
Consejo de Estado que establecen la forma de liquidar el monto de la pensión
gracia.
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En ese orden, concluyó que la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo
de Estado ha consolidado como regla para liquidar la pensión gracia el 75% de los
factores salariales devengados durante el último año en que se adquirió el estatus
pensional, la cual fue desconocida por las autoridades judiciales accionadas, sin
justificación alguna.
Del mismo modo, señaló que se configuró un abuso palmario del derecho
porque las autoridades judiciales accionadas fallaron extra petita, dado que las
pretensiones de la demanda estaban dirigidas al reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes de la pensión gracia y no se incluyó alguna relacionada con la
liquidación del monto y al ordenar que se defina el monto con aplicación de una
fórmula que desconoce el ordenamiento jurídico.
Finalmente, indicó que la decisión judicial cuestionada causa un menoscabo al
erario y afectan “gravemente” la sostenibilidad financiera del sistema pensional,
toda vez que genera la obligación para la entidad de efectuar los siguientes pagos:
“a. Pagar una mesada pensional y de forma vitalicia que a la fecha asciende a la suma
de $3.651.220 m/cte cuando ajustada a derecho la misma debería corresponder a
$2.011.095 m/cte, lo que evidencia un incremento ilegitimo de $1.640.125 m/cte.
b. Se le deba pagar un retroactivo que no le asiste por la suma aproximada de
$120.322.916 M/cte, causado por las diferencias de mesadas pensionales desde el 20
de junio de 2016 en los términos ordenados por el Despacho.
c. Y en adelante las diferencias de las mesadas futuras hasta la vida probable del
beneficiario que pueden ascender a una suma aproximada de $544.520.836 M/cte”.
En los anteriores términos, la UGPP expuso las razones y los fundamentos en los
que sustenta la solicitud de amparo constitucional.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formularon las siguientes:
“PRINCIPALES:
Primero. AMPARAR los derechos fundamentales deprecados por la UGPP, vulnerados
por el Tribunal Administrativo de Nariño y el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda Subsección B, con sus decisiones del 09 de octubre
de 2019 y 09 de septiembre de 2021 respectivamente.
Segundo. Consecuentemente a lo anterior:
a.- DEJAR PARCIALMENTE sin efectos las decisiones contenciosas del 09 de octubre
de 2019 y 09 de septiembre de 2021 emitidas por el Tribunal Administrativo de Nariño y
el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda
Subsección B respectivamente, proferidas en el proceso contencioso Rad.
52001233300020180031100 en lo que respecta a la forma en que ordena liquidar la
pensión de sobrevivientes a favor del señor Edwin Torres.
b.- ORDENAR al Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección
Segunda Subsección B, modifique la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo
de Nariño el 09 de octubre de 2019 y en consecuencia la ajuste al marco del principio
de legalidad.
SUBSIDIARIAS
En caso de que esa H. Magistratura no acceda a lo anterior en razón a no estar
superado el requisito de subsidiariedad solicitamos:
Primero. Sean amparados TRANSITORIAMENTE los derechos fundamentales
deprecados por la UGPP, vulnerados por el Tribunal Administrativo de Nariño y el
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Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda
Subsección B.
B. Segundo. Como consecuencia de lo anterior se SUSPENDAN PARCIALMENTE y
de manera transitoria las sentencias del 09 de octubre de 2019 y 09 de septiembre de
2021 proferidas por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO y el CONSEJO DE
ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B, hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario de revisión que se
iniciaría en virtud de su orden tutelar”.
4. Pruebas relevantes
Obran en el expediente los siguientes documentos:
• Copia de la sentencia de 9 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño.
• Copia del fallo de 9 de septiembre de 2021, dictado por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección “B”.
Del mismo modo, obra copia digitalizada del expediente No.
52001233300020180031101, correspondiente al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por el señor Edwin Germán Torres Acosta
contra la UGPP.
5. Trámite procesal
Por auto de 31 de mayo de 2022, se admitió la demanda y se ordenó notificar a
las autoridades judiciales accionadas, así como al señor Edwin Germán Torres
Acosta como tercero interesado en el resultado del proceso.
Del mismo modo, dispuso oficiar al Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “B”, para que remitiera copia digitalizada del expediente No.
52001233300020180031101, correspondiente al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por el señor Edwin Germán Torres Acosta
contra la UGPP.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”
El Magistrado ponente de la sentencia objeto de tutela rindió informe sobre la
solicitud de amparo, en el que señaló que se atiene a los hechos que se prueben
en el trámite constitucional, a lo que agregó que reitera los argumentos expuestos
en la sentencia cuestionada frente a los reproches expuestos en la demanda.
6.2. Respuesta del Tribunal Administrativo de Nariño
El Magistrado ponente de la sentencia objeto de tutela solicitó que se declare
improcedente o se nieguen las pretensiones de la demanda, al considerar que no
se vulneraron los derechos fundamentales invocados por el actor.
Al respecto, señaló que la orden relativa a la liquidación, reconocimiento,
sustitución y pago de la pensión de jubilación se fundamentó en la interpretación
del ordenamiento jurídico que resultaba aplicable al caso concreto en el marco de
los principios de autonomía e independencia judicial.
Por último, afirmó que ese aspecto no fue controvertido en el recurso de apelación
formulado por la UGPP, pues la entidad controvirtió el cumplimiento del requisito
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Actor: UGPP
de la convivencia y la condena en costas, sin que la liquidación del monto
pensional hubiese sido un punto objeto de controversia, por lo que, explicó, la
decisión adoptada en segunda instancia no podía extenderse a dicho aspecto en
virtud de lo establecido en el artículo 328 del Código General del Proceso. Por lo
tanto, aseveró que la parte actora pretende revivir etapas procesales ya vencidas.
6.3. Respuesta del señor Edwin Germán Torres Acosta
El señor Edwin Germán Torres Acosta vinculado al trámite constitucional como
tercero interesado, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela por no
cumplir el presupuesto de la subsidiariedad, toda vez que la UGPP tiene a su
disposición el recurso extraordinario de revisión para controvertir la sentencia de 9
de septiembre de 2021 dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “B”, en virtud de lo establecido en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
6.4. Respuesta de la Secretaría de Educación de Nariño
El Secretario de Educación Departamental de Nariño solicitó que se desvincule del
trámite constitucional por existir falta de legitimación en la causa por pasiva, en
razón a que las pretensiones de la demanda no pueden ser satisfechas por dicha
entidad conforme con las facultades legales que le son atribuidas, teniendo en
cuenta que el objeto de la demanda es que se deje sin efectos una decisión
proferida en un proceso judicial en el que no fue parte esa entidad.
7. Sentencia de tutela impugnada
La Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado por sentencia de 7 de
julio de 2022, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito
de subsidiariedad, en tanto consideró que la UGPP tiene a su disposición el
recurso extraordinario de revisión para controvertir la sentencia de 9 de
septiembre de 2021, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “B”.
Al respecto, evidenció que la UGPP fundamentó la acción de tutela en la
vulneración del principio de congruencia, al considerar que las autoridades
judiciales accionadas habrían decidido sobre aspectos que no fueron solicitados
en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cual se enmarca en la
causal de revisión consagrada en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de
2011, “existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso contra la
que no procede recurso de apelación”.
Para terminar, señaló que no se acredita la existencia de un perjuicio irremediable
que habilite la acción de tutela como mecanismo excepcional al ser un asunto que
data del año 2018, lo que desvirtúa su inminencia.
8. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
actora impugnó la sentencia que declaró improcedente la acción de tutela por no
cumplir el presupuesto de subsidiariedad.
Al respecto, señaló que aun cuando exista otro mecanismo de defensa judicial
para controvertir la decisión cuestionada, como lo es el recurso extraordinario de
revisión, en el presente asunto las ritualidades del mismo impiden que la
protección constitucional que se reclama sea inmediata y, por lo tanto, genera un
perjuicio irremediable en el sistema general de pensiones.
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Actor: UGPP
Afirmó que el a quo no realizó una valoración objetiva de los fundamentos fácticos
y jurídicos expresados en la demanda y que de las pruebas que se aportaron para
demostrar la existencia de un perjuicio irremediable, esto es, la pérdida de
recursos públicos. Agregó que tampoco efectuó un análisis de cada uno de los
elementos que conforman el perjuicio irremediable.
Indicó que las autoridades judiciales accionadas se “extralimitaron en sus
decisiones”, al ordenar que se liquide el monto de la pensión de sobrevivientes de
una pensión gracia con reglas de la pensión de jubilación.
En ese orden de ideas, insistió en que el perjuicio irremediable al que se hizo
referencia en la acción de tutela, el cual habilita al intervención del juez
constitucional aun cuando la entidad tiene a disposición el recurso extraordinario
de revisión (i) es inminente, toda vez la interposición no suspende el cumplimiento
de la sentencia, (ii) es grave, porque el cumplimiento de la orden judicial conlleva
el pago de un retroactivo equivalente a $120.322.916, (iii) el pago de la mesada
pensional equivale a $3.651.220, pero ajustada a derecho corresponde a
$2.011.095, lo que equivale a un pago indebido de $1.640.125, (iv) se requieren
medidas urgentes para superar el daño y (v) el pago de las anteriores sumas
afectan gravemente los recursos públicos.
Sobre este último particular, se refirió a la sentencia SU-427 de 2016 para señalar
que en este caso el requisito de subsidiariedad debe analizarse teniendo en
cuenta que se configuró una vía de hecho y existe un abuso del derecho originado
por reconocimientos pensionales irregulares que afectan el erario y la
sostenibilidad financiera del sistema pensional.
Insistió en que las autoridades judiciales incurrieron en un yerro al ordenar que se
liquide la pensión de sobrevivientes de la pensión gracia conforme con el 75% del
promedio mensual de lo devengado durante el último año de servicio, cuando lo
correcto era tener en cuenta la fecha en que cumplió el estatus pensional para la
pensión gracia que es lo perseguido con la demanda. En ese sentido, precisó que
“al fallecer la causante del derecho y cambiar la titularidad de la prestación ahora
bajo la pensión de sobrevivientes a favor del señor Edwin Torres, se debe ajustar
la mesada a derecho alineándose a lo dispuesto por el Consejo de estado en línea
jurisprudencial, sin embargo, con la decisión de primera instancia acá censura[da]
se dispuso una liquidación que no se ajusta al ordenamiento jurídico”.
Finalmente, efectuó una transcripción de los argumentos expresados en la acción
de tutela sobre los defectos fáctico y sustantivo frente a la decisión objetada.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Corresponde a la Sala, en los términos del escrito de impugnación, determinar si
debe revocar la sentencia de 7 de julio de 2022, dictada por la Sección Segunda,
Subsección “A” del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de
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tutela por desatender el presupuesto de la subsidiariedad, y si, superados los
demás requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, debe accederse
a la protección constitucional solicitada por la UGPP, por cuanto, a su juicio, las
autoridades judiciales accionadas vulneraron el derecho fundamental al debido
proceso al ordenar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en favor del
señor Edwin Germán Torres Acosta en un monto equivalente al 75% del promedio
mensual de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio
anterior al retiro de la causante, sin que fuese una pretensión de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho y sin tener en cuenta que la pensión a
sustituir no era una pensión de jubilación sino una pensión gracia, incurriendo en
los defectos fáctico y sustantivo.
3. De la subsidiariedad de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.”
Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción sólo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.
A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en
los siguientes términos:
“(..) La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el
solicitante”.
Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad al
juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar
si la acción de tutela es procedente o, si, por el contrario, existen otros medios
jurídicos que permiten satisfacer los derechos fundamentales del actor.
Siguiendo estos parámetros, la jurisprudencia constitucional ha extendido los
efectos del requisito de subsidiariedad, al considerar que el solo hecho de que
existan otros medios de defensa judicial, no hace que automáticamente la acción
de tutela se torne improcedente, ya que bajo ciertas circunstancias el carácter
subsidiario y residual de la misma puede llegar a tener algunas excepciones. Así
lo precisó la Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia SU- 263 de 20151:
1
Véase al respecto: Corte Constitucional, sentencia T-656 de 2006, M.P. María Victoria Calle
Correa, sentencia T-435 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-768 de 2005 M.P. Jaime
Araújo Rentería, sentencia T-651 de 2004 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, y T-1012 de 2003
M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
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Actor: UGPP
“(i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo
suficientemente idóneos y eficaces para proteger los derechos presuntamente
conculcados;
(ii) Aun cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no
concederse la tutela como mecanismo transitorio de protección, se produciría
un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales.
(iii) Cuando el accionante es un sujeto de especial protección constitucional
(personas de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de
familia, población desplazada, niños y niñas, etc.), y por tanto su situación
requiere de particular consideración por parte del juez de tutela."2 (Negrilla por
fuera del texto)
De esta forma, el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela ha servido
para restringir su procedencia, como quiera que el sistema judicial permite a las
personas valerse de diversas acciones ordinarias y extraordinarias que pueden ser
eficaces para la defensa de sus derechos3, ya que si bien, la regla de la
subsidiariedad debe aplicarse de forma general para determinar la procedencia de
la acción de tutela, el juez constitucional puede llegar a intervenir en algunos
casos en los que se demuestre que no existe otro medio de defensa judicial o que
a pesar de existir no es idóneo ni eficaz, cuando se pretenda evitar un perjuicio
irremediable o cuando el accionante es un sujeto de especial protección
constitucional, lo anterior, teniendo en cuenta que la finalidad de la acción de
amparo es la protección de los derechos fundamentales.
En conclusión, para la procedencia de la acción de tutela cuando exista otro medio
de defensa judicial, el juez constitucional debe tener en cuenta la eficacia e
idoneidad del otro medio, o si se encuentra frente a un perjuicio irremediable,
circunstancias que son determinantes a fin de valorar la procedencia formal del
amparo constitucional.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. La Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado por sentencia de
7 de julio de 2022, declaró improcedente la acción de tutela bajo el argumento de
que no se cumplió el requisito de la subsidiariedad, en tanto consideró que la
UGPP tiene a su disposición el recurso extraordinario de revisión previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011,
para controvertir las sentencias de 9 de octubre de 2019 y 9 de septiembre de
2021, proferidas en su orden por el Tribunal Administrativo de Nariño y el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, en las que, a juicio de la entidad
actora, se reconoció la sustitución de la pensión de sobrevivientes de la pensión
de jubilación, no de la pensión gracia como fue solicitado en la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho.
En el escrito de impugnación, la UGPP manifestó que si bien tiene a su
disposición el recurso extraordinario de revisión para controvertir la decisión objeto
de tutela, ese mecanismo no es idóneo para proteger de manera efectiva los
derechos fundamentales invocados porque el cumplimiento de la orden causa una
grave afectación al erario y a la sostenibilidad del sistema pensional, por lo que la
intervención del juez de tutela resulta necesaria para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable el cual (i) es inminente, toda vez la interposición no
suspende el cumplimiento de la decisión judicial, (ii) es grave, porque el
2
Corte Constitucional, sentencia SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
3
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-301 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo.
9
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cumplimiento de la orden conlleva el pago de un retroactivo equivalente a
$120.322.916, (iii) el pago de la mesada pensional equivale a $3.651.220, pero
ajustada a derecho corresponde a $2.011.095 lo que equivale a un pago indebido
de $1.640.125, (iv) se requieren medidas urgentes para superar el daño y (v) el
pago de las anteriores sumas afectan gravemente los recursos públicos.
4.2. La Sala considera que le asiste razón al a quo al señalar que el requisito de
subsidiariedad no se cumple en el caso bajo análisis, porque el recurso
extraordinario de revisión sí constituye un mecanismo idóneo para controvertir las
sentencias objetadas. En efecto, para controvertir providencias judiciales
relacionadas con el reconocimiento o reliquidación de prestaciones periódicas el
ordenamiento jurídico prevé herramientas de defensa judicial ordinarias a las que
puede acudir la UGPP4, como lo es el recurso extraordinario de revisión que puede
interponerse con fundamento en las causales previstas en el artículo 250 de la Ley
1437 de 2011, que invocan hechos como la falsedad, el fraude, el error, la
aparición de documentos decisivos que hubieren modificado el sentido de la
decisión o incluso la violación del debido proceso.
Asimismo, el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 prevé la posibilidad de acudir a
este mecanismo de defensa judicial ordinario para proteger el patrimonio público,
el interés general y el equilibrio financiero del sistema pensional, “[c]uando el
reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y b) [c]uando la
cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables”.
También, el Acto Legislativo 01 de 2005 que adicionó el artículo 48 de la
Constitución Política estableció que la ley definiría un procedimiento breve para la
revisión de las pensiones reconocidas (i) con abuso del derecho o (ii) sin el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley o en las convenciones y
laudos arbitrales válidamente celebrados, es decir, con fraude a la ley.
4.3. En el caso bajo análisis, la Sala observa que la UGPP considera que la causa
de la vulneración del derecho fundamental al debido proceso radica en que en las
sentencias cuestionadas se estableció la forma de liquidar el monto de la pensión
de sobrevivientes a la que tiene derecho el señor Edwin Germán Torres Acosta,
sin que en la demanda aquél hubiese incluido una pretensión en ese sentido y
aplicando una fórmula errónea que determina la cuantía de la pensión en términos
contrarios al ordenamiento jurídico. En ese sentido, en la acción de tutela se
expresó lo siguiente:
“Se hace la aclaración que esta entidad no discute el derecho a la pensión de
sobrevivientes que le asiste al señor EDWIN GERMAN TORRES ACOSTA, sino la
valoración probatoria incorrecta del material probatorio y el desconocimiento del
principio de congruencia que desencadenó el reconocimiento de una pensión de
sobrevivientes originada en una pensión gracia pero liquidada de manera errónea en
los términos de una pensión de jubilación a retiro, que no resulta acorde con la forma
legal y jurisprudencial en que se liquidan las pensiones gracia, configurándose así el
defectos factico que conlleva a un defecto material y/o sustantivo como se desarrollará
en el siguiente defecto”.
Al respecto, conforme con lo establece el numeral 5 del artículo 250 de la Ley
1437 de 2011, procede el recurso extraordinario de revisión por “[e]xistir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación”, siendo uno de los escenarios que permite la configuración
4
El Gobierno Nacional, con fundamento en el ordinal 6º del artículo 6º del Decreto 5021 de 2009
(arts. 9, 10, 11), delegó como función de la UGPP la de adelantar o asumir, cuando haya lugar, las
acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
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de esta causal la violación del principio de congruencia. Así lo estableció la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en la sentencia de
8 de mayo de 20185, que precisó:
“En síntesis, la nulidad que tiene origen en la sentencia se presenta por i) falta
de jurisdicción o competencia6, ii) cuando se dicta nueva sentencia en proceso
terminado normalmente por sentencia firme, iii) cuando sin más actuación se
dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido
aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del
proceso, iv) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo
trámite correspondiente, v) cuando se condena al demandado por cantidad
superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa
diferente de la invocada en ésta7, vi) cuando se condena a quien no ha sido
parte en el proceso, vii) o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia
después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de
suspensión8 o, en estos casos, antes de la oportunidad debida, viii) cuando la
sentencia aparece firmada con mayor o menor número de magistrados, o
adoptada con un número de votos diverso al previsto en la ley, ix) cuando la
providencia carece completamente de motivación9”. (Negrilla por fuera del texto
original)
De igual forma, las Sala Especiales de Decisión del Consejo de Estado en el
trámite del recurso extraordinario de revisión ha abordado el estudio de
decisiones judiciales que ordenan reconocimientos pensionales en casos en los
que la UGPP manifiesta que los mismos imponen la obligación de cubrir sumas
periódicas que desconocen el ordenamiento jurídico y afectan la sostenibilidad
financiera del sistema pensional.
En ese sentido, en sentencia de 25 de octubre de 202110, la Sala Once Especial
de Decisión conoció del recurso extraordinario de revisión formulado por la UGPP
contra una sentencia dictada por la Sección Segunda, Subsección “A” de esta
Corporación, en el que se alegó que allí se ordenó el reconocimiento pensional
sin tener en cuenta los topes pensionales. En aquella oportunidad, se reiteró la
procedencia de este mecanismo en virtud de las causales establecidas en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en los siguientes términos:
“El legislador contempló la acción de revisión de las providencias que hacen
reconocimientos pensionales, como un mecanismo para salvaguardar el interés general
ante los posibles excesos que pudieran presentarse, en detrimento de los principios de
la moralidad administrativa, solidaridad y equilibrio financiero.
La acción fue recogida en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y habilita la revisión
judicial de las sentencias ejecutoriadas que hayan decretado reconocimientos que
impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza, en los siguientes
eventos:
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de
2018, exp. REV 1998-00153, M.P. Alberto Yepes Barreiro. Reiterada en sentencia de 22 de
noviembre de 2021. M.P. María Adriana Marín. Expediente: 11001-03-26-000-2019-00001-00.
6 Cita del original. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de
1o de diciembre de 1997, Rad. REV-080.
7 Cita del original. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de
11 de mayo de 1998, Rad. REV-093.
8 Cita del original. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 3 de febrero
de 2009, Rad. REV-1998- 00170.
9 Cita del original. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1
de junio de 2005, Rad. REV-062.
10
M.P. María Adriana Marín. Expediente No 11001-03-15-000-2017-00129-00.
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i) Por las causales señaladas en la ley para la procedencia del recurso
extraordinario de revisión.
ii) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso,
y
iii) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables”.
4.4. Entonces, teniendo en cuenta la existencia de otro mecanismo de defensa
judicial, por regla general, la acción de tutela resulta improcedente para
controvertir sentencias judiciales que establecen montos pensionales que
presuntamente desbordan lo establecido en el ordenamiento jurídico. No obstante,
la Corte Constitucional ha establecido que excepcionalmente se habilita la acción
de tutela cuando se presenta un abuso palmario del derecho que puede
presentarse cuando se alega el incremento excesivo en la mesada pensional.
Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU-115 de 201811, reiteró las
reglas establecidas en las Sentencias SU-427 de 201612 y SU-631 de 201713 y
precisó que el abuso palmario por el incremento de la mesada pensional surgirá
cuando “se presente un incremento excesivo de la mesada pensional y con él una
ventaja ilegítima, que comprometa los principios de igualdad y solidaridad en el
caso concreto”. Por tanto, según consideró la Sala, debe haberse “generado un
incremento protuberante de la mesada pensional”, pues, solo así, “la aplicación
del IBL de un régimen especial, cobra una importancia tal que es imperiosa la
intervención del juez de tutela”. (Negrilla fuera del texto original)
En ese sentido, la Corte Constitucional en la Sentencia SU-136 de 202214 se refirió
a la revisión de las pensiones reconocidas con abuso palmario del derecho, y
recordó que la acción de tutela resulta procedente en tales escenarios, aun
cuando el ordenamiento jurídico ha establecido el recurso extraordinario de
revisión, para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable que se traduce en la
afectación al erario por el pago de una prestación reconocida irregularmente.
Al respecto, recordó que conforme a lo establecido en las sentencias SU-427 de
2016 y SU-631 de 2017 se debe revisar en cada caso concreto la existencia de un
ejercicio abusivo de un derecho en materia pensional, atendiendo las reglas de
apoyo interpretativo que se establecieron, de forma enunciativa, para tal efecto,
tales como: (i) que el abuso debe “saltar a la vista” y que los mecanismos de
defensa judicial ordinarios no son idóneos para evitar detrimento del sistema
pensional, (ii) también se debe evaluar la forma en que el beneficiario de la
prestación pensional accedió al reconocimiento de la misma y (iii) como criterio de
identificación, que se hubiere declarado judicialmente un incremento porcentual
trascendental en el monto pensional.
En ese escenario, la Corte Constitucional concluyó que, “en principio, las acciones
de tutela presentadas en contra de las providencias judiciales en las que se
reconocen pensiones con aparente abuso del derecho son improcedentes ante la
existencia del recurso extraordinario de revisión de que trata el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003. Sin embargo, excepcionalmente es posible que las entidades
legitimadas para recurrir a ese mecanismo ordinario de defensa acudan a la
11
M.P. Carlos Bernal Pulido.
12
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
13
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
14
M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
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acción de tutela cuando se acredite la existencia de un abuso palmario del
derecho”.
En aplicación de los anteriores criterios jurisprudenciales, la Sala de Revisión de la
Corte Constitucional en la sentencia T-290 de 202215, confirmó las sentencias de
tutela proferidas en primera y segunda instancia que habían declarado
improcedente la acción de tutela promovida por la UGPP contra el Tribunal
Administrativo de Casanare, al considerar que no se cumplía el presupuesto de la
subsidiariedad en tanto la entidad demandante tenía a su disposición el recurso
extraordinario de revisión para controvertir la decisión judicial objeto de tutela y no
se acreditó el abuso palmario del derecho. Al respecto, expresó lo siguiente:
“66. Por otro lado, la Sala encuentra que la UGPP no acreditó la configuración de un
abuso palmario del derecho para acudir de forma excepcional a la acción de tutela. En
primer lugar, la entidad no demostró una vinculación precaria en el caso de GLFA. En
el escrito de tutela señaló que este prestó sus servicios al Estado, en el Ministerio de
Trabajo desde el 12 de abril de 1966 hasta el 30 de noviembre de 1970 y en la Rama
Judicial desde el 1 de abril de 1971 al 31 de diciembre de 2000, y que su último cargo
desempeñado fue el de Magistrado Grado 21 del Tribunal de Yopal, Sala Civil Familia.
Sin embargo, no especificó el tipo de vinculación ni la duración de este último cargo y
tampoco adjuntó la historia laboral de GLFA. Esta falta de información contrasta con lo
expuesto por GLFA, quien sostuvo que de los treinta (30) años que laboró en la Rama
Judicial, diez (10) los desempeñó como Magistrado de Tribunal Superior, al cual llegó
por concurso de méritos. Asimismo, en el expediente obran certificaciones respecto del
tiempo laborado por GLFA como Magistrado de Tribunal Superior: (i) la Presidenta y
Secretaría General del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo
certificaron que GLFA desempeñó varios cargos en dicho Distrito, en propiedad y sin
interrupción, dentro de los cuales se incluye el de Magistrado de la Sala Laboral de
dicha corporación desde el 1 de septiembre de 1990 hasta el 30 de junio de 1998; y (ii)
el Presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal certificó que GLFA se
desempeñó como Magistrado de dicha corporación desde el 1 de julio de 1998 hasta el
31 de diciembre de 2000, en propiedad.
67. La Corte ha señalado que la vinculación precaria se presenta cuando un servidor,
durante la mayor parte de su vida laboral, aportó con una base de cotización y luego,
en el transcurso del último año de servicios, es nombrado para un cargo de mayor
remuneración por un tiempo corto y con fundamento en esa vinculación obtiene un
ingreso más alto que sirve para calcular su IBL y estimar su mesada pensional.
También ha resaltado que el carácter exiguo del vínculo solo puede impactar a los
nombramientos de libre nombramiento y remoción, en provisionalidad y aquellos
hechos en encargo, a diferencia de los nombramientos en propiedad por concurso de
méritos cuyo nivel de estabilidad es alto y no dan lugar a una vinculación precaria. En
este sentido, para la Sala resulta claro que de lo expuesto por la UGPP y de las
pruebas obrantes en el expediente no es posible acreditar que: (i) el cargo que ejerció
GLFA en el último año de servicios hubiese sido fugaz, por el contrario, se advierte que
dicho cargo lo desempeñó durante 2 años, 5 meses y 30 días; o (ii) el nombramiento de
dicho cargo hubiese sido de libre nombramiento y remoción, en provisionalidad o en
encargo, generando un nivel de estabilidad bajo.
68. En segundo lugar, si bien la UGPP señaló que la pensión de GLFA, para el año
2019, pasó de $13.322.862.42 a $19.358.249.19 generando una diferencia de
$6.035.386.77 y que por concepto de retroactivos se le ha pagado la suma de
$635.761.311.51, esta información es insuficiente por sí sola para acreditar un
incremento excesivo de la mesada pensional. Primero, la suma de $6.035.386.77 es
desvirtuada por GLFA, quien niega dicha cifra. Segundo, si en gracia de discusión se
aceptara tal monto como incremento pensional, este no se desprende de una
vinculación precaria de GLFA, pues este último elemento no fue acreditado. Y, tercero,
la suma de $19.358.249.19 por concepto de mesada pensional no viola el tope
pensional de 25 SMLMV fijados constitucional y legalmente16. Este último criterio fue
15
M.P. Alejandro Linares Cantillo.
16
Acto Legislativo 01 de 2005 y Ley 797 de 2003. Lo anterior, teniendo en cuenta que el salario mínimo en el
año 2019 correspondió a $828.116 y que, al multiplicar dicha suma por 25, arroja como resultado
$20.702.900, monto que no es sobrepasado por la mesada pensional referida por la UGPP
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utilizado en las sentencias T-212 de 2018 y T-080 de 2019 como parte de los
elementos analizados para desvirtuar la configuración de un abuso palmario del
derecho.
69. En tercer lugar, no se constata la ausencia de correlación entre la historia laboral de
GLFA y la pensión. En efecto, en el escrito de tutela, al referirse al abuso palmario del
derecho, la UGPP no hizo referencia a tal aspecto y tampoco aportó la historia laboral
de GLFA, por lo cual la Sala carece de elementos probatorios para inferir dicho
elemento”.
En el caso bajo estudio, en el escrito de impugnación, la UGPP adujo que el abuso
palmario del derecho se presenta por las siguientes razones:
“a. Por fallar extra petita, en razón a que lo pretendido por el señor EDWIN GERMAN
TORRES ACOSTA en el proceso 52001233300020180031100 era únicamente el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento de la
señora Aura Nelly Bastidas quien tenía reconocida una pensión gracia, sin embargo, el
Despacho sin que le fuere solicitado se pronuncia sobre la forma en que se debe
liquidar la prestación sin que este tema hubiese sido parte de la litis.
b. Al disponer los términos en que se debe liquidar la pensión desconoce el precedente
Jurisprudencial del Consejo de Estado como órgano de cierre y ordena de manera
errada la liquidación de la prestación gracia a sustituir con lo devengado en el último
año de servicio es decir a RETIRO, lo que implica:
a. Pagar una mesada pensional y de forma vitalicia que a la fecha asciende a la suma
de $3.651.220 m/cte., cuando ajustada a derecho la misma debería corresponder a
$2.011.095 m/cte., lo que evidencia un incremento ilegitimo de $1.640.125 m/cte.
b. Se le deba pagar un retroactivo por la suma aproximada de $120.322.916 M/cte., por
las diferencias de mesadas pensionales causadas desde el 20 de junio de 2016 en los
términos ordenados por el Despacho c. Y en adelante las diferencias de las mesadas
futuras hasta la vida probable del beneficiario que pueden ascender a una suma
aproximada de $544.520.836 M/cte”.
No obstante, para la Sala esa circunstancia no configura ese “incremento
protuberante” que ha establecido la jurisprudencia de la Corte Constitucional como
condición para que de manera excepcional proceda la acción de tutela aun
existiendo otro mecanismo de defensa judicial como lo es el recurso extraordinario
de revisión, dado que el error alegado por la entidad se cuantifica en unos montos
que no pueden llegar a impactar gravemente la sostenibilidad financiera del
sistema pensional mientras se resuelve el recurso extraordinario de revisión.
De acuerdo con lo anterior, la Sala no advierte la necesidad de que el juez
constitucional intervenga de manera urgente e inmediata para revisar si la misma
se encuentra o no ajustada al ordenamiento jurídico, tampoco encuentra que lo
sea el retroactivo pensional.
Asimismo, como se señaló de manera precedente, el recurso extraordinario de
revisión resulta procedente para la revisión de pensiones reconocidas con fraude a
la ley, es decir, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley o en las
convenciones y laudos arbitrales válidamente celebrados, conforme lo estableció
el Acto Legislativo 01 de 2005 que adicionó el artículo 48 de la Constitución
Política.
4.5. Ahora bien, la UGPP adujo que la intervención del juez constitucional era
necesaria para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, en razón a que la
interposición del recurso extraordinario de revisión no suspende el cumplimiento
de la sentencia judicial, por lo que, a su juicio, el pago de las sumas de dinero a
las que se ha hecho referencia que implican el cumplimiento de la orden dada por
las autoridades judiciales accionadas.
14
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Al respecto, es importante señalar que de conformidad con lo establecido en el
artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 y la
reiterada jurisprudencia constitucional sobre el asunto, la acción de tutela tiene un
carácter residual y subsidiario. Dada su naturaleza supletoria, esta acción solo
procede cuando no existen otros medios de defensa judicial para amparar los
derechos fundamentales invocados o, en su defecto, siempre que ello sea
necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual
procederá como mecanismo transitorio de protección.
Cabe resaltar que en cuanto al perjuicio irremediable, se deben seguir los criterios
jurisprudenciales fijados por la Corte Constitucional en la sentencia SU-695 de
201517, según la cual debe comprobarse que el perjuicio alegado sea (i)
inminente, es decir, que amenaza o está por suceder prontamente, esto es,
tiende a un resultado cierto derivado de una causa que está produciendo la
inminencia; (ii) que las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio
irremediable sean urgentes, en el sentido de que se debe precisar una medida o
remedio de forma rápida que evite la configuración de la lesión; (ii) grave, pues el
daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona, debe ser
de gran intensidad y, por último, que (iii) la urgencia y la gravedad hagan que la
acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para
restablecer el orden social justo en toda su integridad.
Así mismo, en la sentencia T-127 de 201418, la Corte Constitucional indicó que
“quien afirma una vulneración de sus derechos fundamentales con estas
características debe acompañar su afirmación de alguna prueba, al menos
sumaria, pues la informalidad de la acción de tutela no exonera al actor de probar,
aunque sea de manera sumaria, los hechos en los que basa sus pretensiones”.
En el presente asunto, la Sala no encuentra que el pago de las sumas de dinero
en favor del señor Edwin Germán Torres Acosta que tiene que efectuar la UGPP,
en cumplimiento de la sentencia de 9 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño y que fue confirmada por el órgano de cierre de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo al resolver el recurso de apelación
que la misma entidad promovió contra la decisión de primera instancia, a través de
la sentencia sentencia 9 de septiembre de 2021, se pueda catalogar como grave,
pues contrario a lo considerado por la UGPP dichas sumas no pueden llegar a
poner en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema pensional.
Por las razones expuestas, se confirmará la sentencia de 7 de julio de 2022,
dictada por la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, que
declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de
la subsidiariedad.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
17
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
18
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Actor: UGPP
RESUELVE:
Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 7 de julio de 2022, proferida por la
Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, por las razones aquí
expuestas.
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Cuarto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA
16
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