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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02925-00

Fecha
23 de junio de 2022
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02925-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO en la acción de tutela ejercida por Natturale y Cía S.C.A., en contra del Tribunal Administrativo del Bolívar, de conformidad con la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-02925-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

23 de junio de 2022

Demandante: Natturale y Cía S.C.A.
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Rad: 11001-03-15-000-2022-02925-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02925-00
Demandante: NATTURALE Y CÍA S.C.A.
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

Temas: Tutela de fondo – Carencia actual de objeto por hecho superado
– mora judicial

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA1

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve en primera instancia la acción de tutela formulada por Natturale y
Cía S.C.A., en contra del Tribunal Administrativo de Bolívar.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado el 31 de mayo de 2022 por correo electrónico al buzón
web de la Secretaría General de esta corporación, la sociedad Natturale y Cía
S.C.A., por medio de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra del
Tribunal Administrativo de Bolívar. Esto, con el fin de tener el amparo de sus
garantías fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.

2. La parte accionante consideró vulneradas las referidas garantías
constitucionales por la demora de la autoridad judicial accionada en resolver sobre
la admisión de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho formulada por
la sociedad Natturale y Compañía S.C.A., en contra de la Corporación Autónoma
Regional del Canal de Dique – Cardique, al interior del proceso No.13001-23-33-
000-2021-00389-00.

1
En reiteración de: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencia del 9 e junio de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-02569-00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Demandante: Natturale y Cía S.C.A.
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Rad: 11001-03-15-000-2022-02925-00

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte accionante solicitó:

PRIMERO: Se declare que el Tribunal Administrativo de Bolívar ha vulnerado los
derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, por no realizar el estudio de admisión de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por Natturale en contra de Cardique.

SEGUNDO: Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene al Tribunal
Administrativo de Bolívar hacer el estudio de la admisión de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho interpuesta por Natturale en contra de Cardique, en el
término de 3 días hábiles siguientes a la notificación del fallo de tutela2.
(SIC para toda la cita).

1.3. Hechos probados y/o admitidos

4. La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio
de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

5. El día 25 de noviembre de 2020, la compañía Natturale y Cía S.C.A., por
intermedio de apoderado judicial, presentó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho en contra de la Corporación Autónoma Regional del Canal Dique –
Cardique. Esto, con el fin de que se declare la nulidad de unos actos administrativos
en los cuales se le impulso una multa a la sociedad, dentro de un proceso
sancionatorio iniciado por esa entidad en contra de la sociedad accionante por la
tala y quema de árboles y de vegetación.

6. El asunto fue repartido al Juzgado 9 Administrativo de Oralidad del Circuito
Judicial de Cartagena. Esta autoridad, mediante auto del 2 de junio de 2021, ordenó
remitir el proceso ordinario por competencia al Tribunal Administrativo de Bolívar.
Este expediente fue enviado a esta última Corporación, el día 12 de julio de 2021.

7. El 13 de julio de 2021, el proceso fue asignado al Tribunal Administrativo de
Bolívar e ingresó al despacho el 14 del mismo mes y año para decidir sobre la
admisión de la demanda.

8. El 20 de agosto de 2021, la sociedad accionante a través de apoderado
judicial presentó memorial en el que solicitó la calificación de la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho.

9. La parte accionante señaló que para la fecha en que presentó la demanda
de tutela, el tribunal accionado no había proferido decisión alguna relativa a la
admisión de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

2
Folios 7 de la acción de tutela. Documento 8 cargado a SAMAI.

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Demandante: Natturale y Cía S.C.A.
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
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1.4. Fundamentos de la vulneración

10. La sociedad peticionaria consideró que la autoridad judicial accionada
vulneró sus garantías fundamentales, pues sin justificación alguna han transcurrido
más de 10 meses y no se ha pronunciado sobre la admisión del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho que presentó en contra de la Corporación
Autónoma Regional del Canal de Dique – Cardique.

1.5. Trámite de la acción de tutela

11. Mediante proveído del 6 de junio de 2022, el Despacho ponente admitió la
acción de tutela y dispuso su notificación a la empresa Natturale y Cía S.C.A., en
su calidad de accionante; y al Tribunal Administrativo de Bolívar – Sala de Decisión
Quinta en su condición de autoridad judicial accionada.

1.6. Intervenciones

12. El Tribunal Administrativo del Bolívar rindió informe en el que señaló que
mediante auto del 9 de junio de 2022 se inadmitió la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho y que esta le fue notificada a la sociedad accionante
el 10 del mismo mes y año. Por esto, solicitó que se declarara la carencia actual de
objeto por hecho superado.

II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la demanda presentada por la sociedad
Natturale y Cía S.C.A. en contra del Tribunal Administrativo de Bolívar. Esto, de
conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el
artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado
por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación.

2.2. Legitimación en la causa

13. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen, y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente
a quien deben reclamarse y controvertirse estas. Así estarían definidas la
legitimación en la causa por activa y por pasiva, respectivamente.

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14. Sobre el estudio de este presupuesto procesal en materia de tutela, la Corte
Constitucional, en la sentencia SU- 454 de 2016, señaló que el estudio de la
legitimación en la causa de las partes es un deber de los jueces constitucionales y
constituye un presupuesto procesal de la demanda3.

15. Con fundamento en lo anterior, la Sala procede a verificar la existencia de la
legitimación en la causa, en su orden: i) por activa y ii) por pasiva.

2.2.1. Legitimación en la causa por activa

16. En materia de tutela, el inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el
derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por
quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales
cuando estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento
preferente y sumario.

17. En desarrollo de lo anterior, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991
establece que cada persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales podrá ejercer la acción descrita por sí misma, mediante
representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los derechos
vulnerados o amenazados no este en condiciones de promover su propia defensa.

18. En el caso bajo estudio, esta Sección encuentra que la sociedad Natturale y
Cía S.C.A., goza de legitimación en la causa por activa para actuar en el proceso.
Esto porque es la titular de los derechos fundamentales que reclama a través de su
apoderada judicial. Lo anterior dado que es la parte demandante dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho en el cual se alega que se presentó
demora en el trámite de la admisión de dicha causa. En consecuencia, la tutelante
goza de legitimación en la causa por activa.

2.2.2. Legitimación en la causa por pasiva

19. La legitimación en la causa por pasiva en la acción de tutela hace referencia
a la aptitud legal de la persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente
la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental. En
la medida que refleja la calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el
interés sustancial que se discute en el proceso”, la misma, en principio, no se
predica del funcionario que comparece o es citado al proceso, sino de la entidad
accionada, quien finalmente será la llamada a responder por la vulneración del
derecho fundamental, en caso de que haya lugar a ello4.

3
Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sentencia T-511 de 2017. Así mismo, Corte
Constitucional, Sentencia T-318 de 2018, en la cual se señaló: “En el marco de los procesos de
amparo, previo al estudio del fondo del caso planteado, el juez constitucional debe verificar el
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, que al tenor del
artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se sintetizan en: (i) la existencia de
legitimación en la causa por activa y por pasiva (…), entre otros”.
4
Corte Constitucional, Sentencia T-1015 de 2016.

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20. En el caso concreto, la demanda se dirigió en contra del Tribunal
Administrativo de Bolívar, porque la parte accionante consideró que vulneró sus
derechos fundamentales, en razón de la presunta mora judicial en la que ha
incurrido al no decidir sobre la admisión del medio de control pluricitado. Por esto y
en aras de que dicho operador judicial pueda ejercer su derecho de defensa y
contradicción se encuentra legitimado en la causa por pasiva.

2.3. Problema jurídico

21. Con fundamento en el examen de la situación fáctica y de los argumentos
expuestos por la parte actora en el libelo introductorio y de las causales de
procedibilidad de la acción de tutela, le corresponde a la Sala dar respuesta al
siguiente interrogante

• ¿El Tribunal Administrativo de Bolívar vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia,
invocados por la parte accionante, en vista de que, en su sentir ha demorado
el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, al
no proferir decisión sobre su admisión?.

22. Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas:
(i) las generalidades de la acción de tutela; (ii) de la carencia actual de objeto y (iii)
el análisis del caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

23. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.

24. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción
a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la
lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar
sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como
mecanismo transitorio.

2.5. Carencia actual de objeto

25. La Corte Constitucional ha considerado que la acción de tutela, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 Constitucional y el desarrollo
consagrado en el Decreto Legislativo 2591 de 1991 tiene como objetivo la
protección efectiva, cierta e inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos
resulten vulnerados o amenazados por las actuaciones u omisiones de las

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autoridades y de los particulares, en los casos específicamente previstos por el
legislador5.

26. Al considerar la finalidad de la acción, la referida Corporación ha señalado
que, frente a una situación de hecho cuya vulneración o amenaza sea superada, en
el sentido de que la pretensión alegada se encuentre satisfecha, o cuando se ha
producido el perjuicio que se pretendía evitar por medio del amparo constitucional,
la acción de tutela resulta inocua o insustancial, es decir, “cae en el vacío”6. A la
primera de las hipótesis planteadas la jurisprudencia constitucional la ha
denominado hecho superado y, a la segunda, daño consumado.

27. Por otra parte, la Corte Constitucional7 también ha reconocido, como lo ha
hecho igualmente esta Sección recientemente8, que existen situaciones en las que
la carencia actual de objeto no necesariamente encuadra en las dos figuras jurídicas
referidas, sino que obedece a otras circunstancias asociadas a un evento posterior
a la solicitud de tutela. En esos casos, se ha considerado que la decisión que
pudiere proferir el juez de tutela resultaría igualmente inane por sustracción de
materia o por lo que en sede de unificación denominó “acaecimiento de una
situación sobreviniente”.

28. Sobre el tema cabe destacar la sentencia de unificación de jurisprudencia
sobre el tema –SU 522 de 20199–, en la que se precisó que si luego de acudir a la
autoridad judicial, “la situación ha sido superada o resuelta de alguna forma”, no
tendría sentido un pronunciamiento, puesto que “la posible orden que impartiera el
juez caería en el vacío”, siendo esta la “idea central que soporta el concepto de
carencia actual de objeto”.

29. En esa providencia la Corte aclaró que “el juez de tutela no ha sido concebido
como un órgano consultivo que emite conceptos o decisiones inocuas una vez ha
dejado de existir el objeto jurídico, sobre escenarios hipotéticos, consumados o ya
superados”.

30. Es importante hacer referencia a las subreglas que en materia de carencia
actual de objeto rigen a partir de la sentencia de unificación:

(i) En los casos de daño consumado: es perentorio un pronunciamiento de fondo
del juez de tutela (incluida la Corte Constitucional) cuando el daño ocurre durante
el trámite de la tutela; precisando si se presentó o no la vulneración que dio origen
a la acción de amparo. Además, el juez de tutela podrá, dadas las particularidades

5
Corte Constitucional, ver, entre otras, las sentencias T-082 de 2015 y T-484 de 2016.
6
Consultar, entre otras, las sentencias T-496 de 2003, T-309 de 2006, T-855 de 2007, T-159 de
2014, T-484 de 2016, T-021 de 2017 y T-657 de 2017 y la T-189 del 15.05.2018, M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
7
Corte Constitucional, Sentencia T-419 de 2017, M.P. Diana Fajardo Rivera.
8
En este sentido, esta Sección se pronunció recientemente. Al respecto consultar: Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 26 de mayo de 2022.
Rad. 11001-03-15-000-2021-11570-01. C.P. Rocío Araujo Oñate.
9
Corte Constitucional, Sentencia SU-522 de 2019, M.P. Diana Fajardo Rivera

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Demandante: Natturale y Cía S.C.A.
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Rad: 11001-03-15-000-2022-02925-00

del expediente, considerar medidas adicionales tales como: a) hacer una
advertencia a la autoridad o particular responsable para que en ningún caso vuelva
a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela; b)
informar al actor/a o a sus familiares sobre las acciones jurídicas de toda índole a
las que puede acudir para la reparación del daño; c) compulsar copias del
expediente a las autoridades competentes; o d) proteger la dimensión objetiva de
los derechos fundamentales trasgredidos y tomar medidas para que los hechos
vulneradores no se repitan;

(ii) En los casos de hecho superado o situación sobreviniente: no es perentorio que
el juez de tutela haga un pronunciamiento de fondo. Sin embargo, y especialmente
tratándose de la Corte Constitucional actuando en sede de revisión, podrá emitir un
pronunciamiento de fondo cuando lo considere necesario para, entre otros: a) llamar
la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó
la tutela y tomar medidas para que los hechos vulneradores no se repitan; b) advertir
la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes; c) corregir
las decisiones judiciales de instancia; o d) avanzar en la comprensión de un derecho
fundamental. (Subrayado fuera de texto)

2.6. Caso concreto

31. En el sub judice el alegato principal planteado por la parte accionante,
consiste en la presunta demora en que ha incurrido el Tribunal accionado en decidir
sobre la admisión del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
No.13001-23-33-000-2021-00389-00.

32. Al revisar las actuaciones que obran en el aplicativo SAMAI y que fueron
surtidas en ese proceso ordinario, se advierte lo siguiente:

33. El día 25 de noviembre de 2020 la sociedad Natturale y Cía S.C.A., a través
de apoderado, presentó demanda en contra de la Corporación Autónoma Regional
del Canal Dique – Cardique. La interposición del medio de control tiene como fin
que se declarara la nulidad de unos actos administrativos por medio de los cuales
se le impuso una multa por la tala y quema de árboles y de vegetación dentro de
esa jurisdicción.

34. El asunto inicialmente fue repartido al Juzgado 9º Administrativo de Oralidad
del Circuito Judicial de Cartagena, que una vez asumió su conocimiento, mediante
auto del 2 de junio de 2021, declaró la falta de competencia para conocer, tramitar
y decidir el asunto. En consecuencia, remitió el proceso al Tribunal Administrativo
de Bolívar para ser repartido entre los magistrados de esa Corporación.

35. Por lo anterior, el 13 de julio de 2021 el proceso fue asignado a la autoridad
judicial accionada para conocer en primera instancia sobre ese asunto e ingresado
al Despacho del ponente correspondiente, el 14 del mismo mes y año.

36. El 20 de agosto de 2021, el apoderado judicial presentó memorial en el que
solicitó la calificación de la demanda e impartir trámite preferencial al proceso.

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Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Rad: 11001-03-15-000-2022-02925-00

37. Ahora bien, durante el trámite de la presente acción de tutela, el Tribunal
Administrativo de Bolívar, mediante auto interlocutorio No. 14 del 9 de junio de 2022,
resolvió:

PRIMERO: INADMITIR la demanda presentada por Natturale y Cía S.C.A., a través
de apoderado judicial contra la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique
– Cardique.

SEGUNDO: CONCEDER al demandante el término de diez (10) días, para que
corrija los defectos expuestos, so pena de rechazo de la demanda, tal como lo está
previsto en el artículo 170 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso
Administrativo.

38. Se evidencia que la anterior providencia fue notificada a la sociedad
accionante el día 10 de junio de 2022, mediante envío de mensaje de datos a las
direcciones de correo electrónico que dispuso la compañía para ello
(contabilidad@natturale.com y juanfuentes30@hotmail.com10), tal como se
constata en el siguiente gráfico:

39. De conformidad con lo anterior, la Sala encuentra que lo pretendido por la
parte accionante en su escrito de tutela se limita a la tardanza en la que incurrió el
Tribunal Administrativo de Bolívar para tramitar la demanda. Por esto, inicialmente
sería del caso determinar si en el caso en estudio se logró demostrar la mora judicial
injustificada11, no obstante, lo que se advierte es la configuración de la carencia
actual de objeto por hecho superado.

10
Folio 32 del escrito de demanda. Documento 18 cargado a SAMAI.
11
La Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada en relación con la existencia
de la mora judicial, según la cual sólo se predica si hay dilación injustificada al resolver los asuntos
sometidos a la competencia del juez. En el evento de acreditarse esta conducta, constituye violación
al derecho de acceso a la administración de justicia y de contera, al debido proceso de las partes.

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40. En otras palabras, para la Sección se configuró el fenómeno en cuestión toda
vez que entre la presentación de esta acción de tutela y el momento en que se
dictará la respectiva sentencia, se calificó la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho por parte de la autoridad judicial accionada,
mediante auto del 9 de junio de 2022 que además ya fue notificado a la parte
accionante. Por esto, ya se garantizó por completo lo pretendido en el escrito del
amparo.

41. Así las cosas, la Sala observa que comoquiera que la finalidad de la acción
de tutela de la referencia era que el Tribunal se pronunciara en la etapa de admisión
de la demanda dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
aludido, lo cual ya sucedió en el trámite de la presente acción constitucional, al
desaparecer las circunstancias fácticas que generaron la presente solicitud de
amparo, junto con la presunta vulneración de derechos fundamentales alegada, se
entiende que se ha configurado la carencia actual de objeto, por hecho superado.

42. En este sentido, la Sala se pronunció en reciente oportunidad12 en un caso
similar:

62. En ese orden, el estudio que en este caso debería realizar el juez constitucional
carece de objeto actual, puesto que lo pretendido por la parte accionante se
circunscribía a la falta de pronunciamiento de fallo por parte de la autoridad judicial
accionada en el trámite de segunda instancia, lo cual ya se decidió.

(…)
67. En consecuencia, se declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado frente al cargo consistente en que la Sección Segunda, Subsección B
del Consejo de Estado incurrió en mora judicial, ya que, en el transcurso de la
presente acción de tutela, fue decidido lo cuestionado a través de esta vía
constitucional.

43. Por otro lado, es preciso aclarar que si bien el Tribunal Administrativo de
Bolívar en el auto del 9 de junio de 2022, notificado el 19 del mismo mes y año a la
parte accionante, no admitió la demanda, tal como se pretende en el escrito de
tutela, ello no significa que estemos ante una situación que de origen a una
amenaza o vulneración de derechos fundamentales.

44. Lo anterior, por cuanto se insiste que la autoridad judicial accionada ya le dio
trámite al proceso ordinario, pues luego de hacer el estudio correspondiente en la
etapa de admisión de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,

En el mismo sentido ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencia del 12 de mayo de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-01536-00. C.P. Pedro Pablo
Vanegas Gil.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 26 de
mayo de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-02396-00. C.P. Rocío Araujo Oñate.

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Demandante: Natturale y Cía S.C.A.
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Rad: 11001-03-15-000-2022-02925-00

resolvió inadmitir aquella para que sea corregida en los términos allí dispuestos
dentro de los 10 días siguientes a su notificación13.

45. Lo precedente, pone de manifiesto que se configuró la carencia actual de
objeto por hecho superado, habida cuenta que la decisión del juez de tutela pierde
o carece de objeto cuando, al momento de proferir sentencia, se advierte que la
situación fáctica expuesta por la parte accionante ya ha sido saneada, por lo que se
insiste, desaparece toda posibilidad de amenaza o vulneración a los derechos
fundamentales aludidos.

46. En razón de lo anterior, la Sala procederá a declarar la carencia actual de
objeto por hecho superado frente al cargo en cuestión, esto es, frente a la posible
transgresión de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia invocados por la parte accionante en el escrito de tutela.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO en la acción de tutela ejercida por Natturale y Cía S.C.A., en contra
del Tribunal Administrativo del Bolívar, de conformidad con la parte considerativa de
esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

13
Los 10 días se vencen el día 27 de junio de 2022, esto es con posterioridad a la fecha de esta
providencia.

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Demandante: Natturale y Cía S.C.A.
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Rad: 11001-03-15-000-2022-02925-00

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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