Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-02935-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-02935-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2022-02935-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
1 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., primero (1o.) de julio de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-02935-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: DIEGO ARMANDO GUEVARA BRAVO
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO
POR CARENCIA DEL REQUISITO DE INMEDIATEZ.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL BUEN NOMBRE, A LA HONRA Y A
ELEGIR Y SER ELEGIDO.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte
actora contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA1 y la
SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO2.
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
El señor DIEGO ARMANDO GUEVARA BRAVO, actuando a través
1 En adelante el Tribunal.
2 En adelante la Sección Quinta.
2
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de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de tutela prevista en
el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al buen nombre, a la honra, a elegir y ser
elegido y al principio de inocencia, los cuales, a su juicio, le fueron
vulnerados por el Tribunal y la Sección Quinta al proferir las
providencias de 18 de septiembre de 2020 y 18 de febrero de 2021,
respectivamente, dentro del medio de control de nulidad electoral
identificado con el número único de radicación 19001-23-33-000-
2019-00370-01.
I.2. Hechos
Indicó que fue elegido Concejal del Municipio de Popayán para el
período constitucional 2020-2023 en los comicios adelantados en
octubre de 2019, avalado por el partido Cambio Radical, por lo que
en enero de 2020 tomó posesión del cargo e inició el ejercicio de sus
funciones en el referido municipio.
Refirió que el acto de elección como Concejal Municipal de Popayán
fue objeto de demanda dentro del medio de control de nulidad
electoral, aduciendo que estaba incurso en la causal consagrada en
el numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, comoquiera
que en su contra se había proferido decisión condenatoria por parte
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de Juzgado Tercero Penal del Circuito de Popayán que, en sentencia
de 22 de agosto de 2003, lo declaró responsable del delito de tráfico,
fabricación o porte de estupefacientes.
Sostuvo que a la referida demanda le fue asignado el número único
de radicación 2019-00370-00 y le correspondió por reparto al
Tribunal que, en sentencia de 18 de septiembre de 2020, accedió a
las pretensiones y declaró la nulidad del acto de elección.
Relató que, inconforme con lo anterior, interpuso recurso de
apelación el cual fue desatado por la Sección Quinta que, a través de
sentencia de 18 de febrero de 2021, confirmó la decisión del a quo,
por lo que perdió su calidad de concejal municipal, siendo
reemplazado por el señor JOSÉ DANIEL VELASCO HOYOS.
Adujo que formuló acción de revisión ante la Sala Penal del Tribunal
Superior de Popayán contra la sentencia de 22 de agosto de 2003,
proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Popayán, con
fundamento en la causal prevista en el numeral 6 del artículo 222 de
la Ley 600 de 2000, pues la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia modificó su criterio jurisprudencial frente al delito de tráfico,
fabricación o porte de estupefacientes, señalando que para su
configuración era necesario demostrar el propósito del tráfico, lo que
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no ocurrió en el asunto.
Manifestó que la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán, en
sentencia de 9 de diciembre de 2021, declaró fundada la causal de
revisión invocada y, en consecuencia, dejó sin efectos la sentencia
condenatoria de 22 de agosto de 2003, de tal forma que las
providencias proferidas dentro de la jurisdicción contencioso
administrativo perdieron fundamento de hecho y de derecho, pues la
sentencia penal que motivó la declaración de nulidad de su elección
desapareció del universo jurídico.
I.3 Fundamentos de la solicitud
A juicio de la parte actora, mantener vigente los efectos de una
decisión de nulidad electoral cuyos fundamentos de hecho y de
derecho han desaparecido desconoce sus derechos fundamentales
invocados e incurre en violación directa de la Constitución.
Resaltó que, como consecuencia de la decisión proferida por el
Tribunal Superior de Bogotá, la condena penal que sirvió como
fundamento del proceso de nulidad electoral, desaparece desde
siempre, esto es, con efectos ex tunc, por lo que ningún efecto
adverso a sus intereses puede gravitar sobre la base de una
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sentencia inválida que fue sustituida por la declaración de inocencia,
de tal forma que las providencias cuestionadas desconocen su
presunción de inocencia.
En ese mismo sentido, arguyó que las decisiones acusadas
desconocen su derecho a elegir y ser elegido, pues al desaparecer el
fundamento de la decisión que nulitó su elección, lo lógico es que
tales sentencias queden sin efectos y se restablezcan sus derechos
políticos que le permitan seguir ejerciendo su cargo de Concejal
Municipal de Popayán, así como restablecer su derecho al buen
nombre trasgredido.
I.4. Pretensiones
La parte actora solicitó que se amparen sus derechos fundamentales
invocados y, en consecuencia:
“[…] ii) DEJAR SIN EFECTOS las providencias de primera y segunda
instancia, proferidas por el Tribunal Administrativo del Cauca y el
Consejo de Estado, respectivamente, las cuales son objeto de esta
tutela y en consecuencia,
iii) ORDENAR al Concejo Municipal de Popayán el reintegro
inmediato del señor DIEGO ARMANDO GUEVARA BRAVO,
identificado con Cédula de Ciudadanía No. 4.617.791, al cargo de
Concejal de ese municipio en lo que resta del periodo constitucional
2020- 2023 […]”.
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I.5. Defensa
I.5.1.- El Tribunal y la Sección Quinta pese a ser notificados en
debida forma del presente trámite constitucional, guardaron silencio.
I.6. Intervinientes
I.6.1.- El Concejo Municipal de Popayán sostuvo que la facultad
de analizar las decisiones proferidas por la jurisdicción contencioso-
administrativa, está asignada al juez constitucional, por lo que se
atiene a lo que se disponga en el presente trámite de acción de tutela.
Añadió que no es el responsable de los perjuicios que presuntamente
se le causaron al actor y que ahora alega sean resarcidos, por lo que
solicitó que se denieguen las pretensiones incoadas en su contra y,
además, se le desvincule de la presente solicitud de amparo por
carecer de legitimación en la causa por pasiva.
I.6.2.- Los señores GUSTAVO ADOLFO CASTRILLO ARRIETA y
DANIEL VELASCO HOYOS, vinculados como terceros interesados,
sostuvieron que al momento de la elección, inscripción y posesión el
actor se encontraba inhabilitado para postularse como Concejal
Municipal de Popayán, de tal forma que la acción de revisión es un
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hecho sobreviniente y un proceso independiente, no siendo la acción
de tutela el mecanismo idóneo para el asunto, máxime cuando no se
están cuestionando las decisiones proferidas dentro del medio de
control de nulidad electoral.
Sumado a lo anterior, refirieron que las sentencias cuestionadas se
encuentran debidamente ejecutoriadas y en firme, además, la acción
de tutela no está instituida como una tercera instancia para entrar a
valorar aspectos que ya fueron objeto de estudio.
Indicaron que el proceso de nulidad electoral estuvo apegado a la
ley, de conformidad con los hechos y normas vigentes para el
momento de proferirse la decisión, por lo que no es de tal acierto que
se hayan vulnerado los derechos fundamentales del actor, pues el
mismo nunca debió postularse al cargo de elección popular, ya que
para ese momento tenía conocimiento de la existencia de una
condena en su contra que lo inhabilitaba, sumado a ello, la presente
solicitud de amparo, a sus juicios, carece del requisito de inmediatez.
Por lo anterior, solicitaron que se denieguen las pretensiones de la
acción de tutela de la referencia.
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I.6.3.- La Registraduría Nacional del Estado Civil refirió que no
tiene competencia para pronunciarse sobre lo pretendido por el actor,
pues las providencias que motivaron la presente solicitud de amparo
fueron proferidas por el Tribunal y la Sección Quinta dentro de su
autonomía e independencia judicial y en ejercicio de sus
competencias, situación que, a su juicio, configura una falta de
legitimación en la causa por pasiva, por lo que solicitó que se le
desvincule del presente trámite constitucional.
I.6.4.- El Consejo Nacional Electoral manifestó que se opone a la
prosperidad de la presente acción constitucional, comoquiera que no
ha vulnerado o amenazado los derechos fundamentales invocados,
lo que configura una falta de legitimación en la causa por pasiva ante
la inexistencia de una conducta de esa corporación respecto de la
cual se pueda efectuar el juicio de vulnerabilidad.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de
11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
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regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y
del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma
Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de
tutela.
Cuestión previa
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la
sentencia.
La Sala advierte que la Registraduría Nacional del Estado Civil y
el Consejo Nacional Electoral solicitaron su desvinculación en la
presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por
pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
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“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que la Registraduría Nacional del Estado Civil y el
Consejo Nacional Electoral fueron parte demandada dentro del
proceso de nulidad electoral identificado con el número único de
radicación 2019-00370-01, objeto de reproche, les asiste interés
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como terceros interesados en las resultas de la acción de tutela de la
referencia, razón por la que la Sala denegará sus solicitudes de
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
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Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de
forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta
los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que
la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la
acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre
que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.
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d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada
en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a
la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y
que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
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d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el caso bajo examen, la actora pretende que se dejen sin efecto
las sentencias de 18 de septiembre de 2020 y el 18 de febrero
de 2021, proferidas por el TRIBUNAL y la SECCIÓN QUINTA,
respectivamente, por medio de las cuales se declaró la nulidad de su
elección como Concejal Municipal de Popayán, dentro del medio de
control de nulidad electoral identificado con el numero único de
radicación 2019-00370-01.
A las citadas providencias la parte actora le atribuye la vulneración
de los derechos fundamentales al buen nombre, a la honra, a elegir
y ser elegido y al principio de inocencia, habida cuenta que, a su
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juicio, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en violación
directa de la Constitución.
Por lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste
en: i) determinar si el caso cumple con los presupuestos generales
de procedibilidad de la acción de tutela y, de ser así, establecer si las
autoridades judiciales accionadas vulneraron los derechos
fundamentales deprecados e incurrieron en el defecto alegado por la
parte actora.
En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en especial, el requisito de la inmediatez.
Al respecto, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha
sostenido, de manera reiterada, que la acción de tutela está instituida
como un mecanismo ágil para obtener la protección inmediata de
los derechos fundamentales que se consideran vulnerados; y que
aunque no tenga previsto un término de caducidad para su
presentación, es necesario que se invoque tal protección dentro de
un plazo razonable y prudente, dado que: “[…] de transcurrir un
lapso injustificadamente largo, se desvirtúa la urgencia de la
protección y la gravedad de la afectación, por ende, no cabría la
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procedencia del mecanismo […]”3.
Desde luego que el juez debe valorar las circunstancias de cada caso,
para determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el
momento en que ocurre la presunta vulneración de los derechos y la
instauración de la tutela.
Este requisito tiene una especial connotación cuando la acción se
ejerce contra una providencia judicial, en razón a que exige un
examen más riguroso en aras de preservar los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica y de salvaguardar el interés de terceros,
cuya situación podría verse injustamente afectada por el
otorgamiento tardío de la protección constitucional. En este sentido,
la Corte Constitucional ha señalado que4:
“[…] Según la Jurisprudencia Constitucional, la exigencia de
inmediatez responde a necesidades adicionales. En primer lugar,
proteger derechos de terceros que pueden verse vulnerados por
una tutela ejercida en un plazo irrazonable, caso en el que ‘se
rompe la congruencia entre el medio de protección y la finalidad
que se busca: la protección integral y eficaz de los derechos
fundamentales de las personas’. En segundo lugar, impedir que el
amparo ‘se convierta en factor de inseguridad [jurídica]’. En tercer
lugar, evitar ‘el uso de este mecanismo constitucional como
herramienta supletiva de la propia negligencia’ en la agencia de los
derechos […]”.
3
Corte Constitucional, sentencia T-941 de 16 de diciembre de 2013, M.P. doctor Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo.
4
Corte Constitucional, sentencia T-1028 de 10 de diciembre de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra
Porto.
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En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, al unificar la jurisprudencia en torno a los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, sostuvo5:
“[…] Es de la esencia de este medio de defensa judicial la urgencia
en la protección de las garantías constitucionales y el respeto a la
seguridad jurídica y los derechos de terceros afectados. […]
De ahí que la reacción inmediata o pronta frente a la
situación que vulnera o amenaza vulnerar un derecho
fundamental sea un elemento consustancial para la
protección que se ofrece.
Este requisito que opera de forma general frente a todas las
acciones de tutela, es más estricto cuando se interpone
contra providencias judiciales, por lo que, como lo ha sostenido
la Corte Constitucional, ‘si se deja pasar un tiempo significativo
desde el hecho vulneratorio de los derechos, resulta claramente
desproporcionado el control constitucional de una providencia
judicial por la vía de tutela’. Por tal razón, debe mediar un término
razonable entre la ejecutoria de la decisión judicial que se aduce
como violatoria de los derechos fundamentales del accionante y la
presentación de la acción de tutela para buscar su amparo. […]
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional
para la protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere
que la acción se ejerza en un tiempo razonable, prudencial,
requisito que garantiza la realización del principio de
seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa juzgada, al
asegurar que la decisión judicial alcance el grado de certeza
material, que la hace definitiva e inmutable […]
[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela
contra providencias judiciales se ejerce oportunamente […]”.
(Destacado fuera de texto).
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, op. cit.
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Actor: DIEGO ARMANDO GUEVARA BRAVO
En el examen de la razonabilidad y oportunidad en la interposición
de la acción de tutela, ha dicho la jurisprudencia que el juez debe
tener en cuenta los siguientes eventos:
(i) Si existen razones válidas para la inactividad, como un caso
fortuito o de fuerza mayor, la incapacidad o imposibilidad del actor
para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de
un hecho nuevo e inesperado, entre otras6;
(ii) Si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la
vulneración de los derechos fundamentales del interesado7;
(iii) Si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión8;
(iv) Si el fundamento de la acción de tutela surgió después de
acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales9;
(v) Si el accionante se encuentra en situación de debilidad
manifiesta10.
6
Corte Constitucional, sentencia T-678 de 17 de agosto de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
7
Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1º de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
8
Corte Constitucional, sentencia T-326 de 3 de mayo de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo.
9
Corte constitucional, sentencia T-743 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
10
Estos eventos fueron reseñados en la sentencia T-1028 de 2010, Magistrado ponente: doctor
Humberto Antonio Sierra Porto.
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Actor: DIEGO ARMANDO GUEVARA BRAVO
Precisado lo anterior, la Sala advierte que conforme con lo señalado
en el escrito introductorio, así como de acuerdo con las constancias
obrantes en el proceso ordinario origen de la controversia, la
providencia de segunda instancia de 18 de febrero de 2021, aquí
cuestionada, fue notificada al apoderado del actor, vía correo
electrónico, el 19 de febrero de 202111, sin embargo, en aplicación
del inciso tercero del artículo 8º de la Ley 2213 de 13 de junio de
2022 y el numeral segundo del artículo 205 de la Ley 1437 de 2011,
modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021, la Sala
entenderá que la notificación de la sentencia cuestionada se surtió
debidamente el 24 de febrero de 2021.
Ahora bien, la Sala observa que la solicitud de amparo de la
referencia se presentó el 31 de mayo de 2022, esto es,
transcurridos 1 año, 3 meses y 7 días, superados así los 6 meses
que han sido estimados por la jurisprudencia como término razonable
para impugnar por vía de tutela el contenido de una decisión judicial.
Ahora bien, en el escrito introductorio, la parte actora solicitó la
flexibilización en el conteo del término, en tanto que la providencia
11
Constancia de notificación índice 28 aplicativo Samai, trámite Segunda Instancia proceso identificado
con el número único de radicación 19001-23-33-000-2019-00370-01.
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=11001031500020
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proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán, que
dejó sin efectos la sentencia condenatoria de 22 de agosto de 2003,
proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Popayán y que
sirvió de sustento para dictar las providencias dictadas dentro del
proceso de nulidad electoral, se profirió hasta el 9 de diciembre de
2021.
La Sala destaca que las razones aducidas por el actor no justifican la
inactividad o tardanza en la presentación de la solicitud de amparo,
toda vez que en tratándose de las acciones de tutela contra
providencias judiciales, el término con el que cuenta el interesado
para promover la solicitud de amparo se determina por la fecha en
la que se surte debidamente la notificación de la decisión
cuestionada, sin que para tal efecto, pueda considerarse como válido
el argumento presentado, pues la decisión proferida por la Sala Penal
del Tribunal Superior de Popayán dentro de la acción de revisión es
absolutamente autónoma e independiente del proceso cuestionado.
Aunado a lo anterior, la Sala señala que para que proceda el amparo
constitucional como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia
de un perjuicio irremediable, debe ser actual y las medidas que se
requieran para conjurarlo han de ser urgentes; no basta cualquier
perjuicio, se requiere que sea grave, lo que equivale a una gran
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intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber
jurídico de la persona; y la urgencia y la gravedad determinan que la
acción de tutela sea impostergable, debido a que tiene que ser
adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.
Precisado lo anterior, y teniendo en cuenta que en la presente acción
de tutela no se evidenció que la situación de la parte actora se
enmarque en alguno de los supuestos establecidos por la
jurisprudencia constitucional que puedan excusar su presentación
por fuera del término establecido por la Sala Plena del Consejo de
Estado, se concluye que la solicitud de amparo constitucional se
presentó por fuera de la pauta jurisprudencial de los seis meses que
fijó la Sala Plena del Consejo de Estado como término razonable para
cuestionar vía tutela providencias judiciales.
Finalmente, se destaca que en la sentencia SU-354 de 201712, la
Corte Constitucional, además de reiterar la importancia del requisito
de inmediatez en la acción de tutela contra providencia judicial, para
resolver el caso concreto exceptuó el término de los seis meses
establecido por regla general como tiempo razonable, dadas las
particularidades especiales del asunto que allí se estudiaba en el que
existió un hecho relevante que justificaba la tardanza en la
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Magistrado ponente: doctor Iván Humberto Escrucería Mayolo.
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interposición de la solicitud de amparo. Empero, tal situación no se
observa en el presente caso.
Consecuente con lo anterior, se declarará improcedente el amparo
deprecado, por las razones expuestas en precedencia, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentadas por la
Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional
Electoral, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
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Actor: DIEGO ARMANDO GUEVARA BRAVO
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 1o. de julio de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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