Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-02944-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-02944-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-02944-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2022-02944-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
23 de junio de 2022
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones -
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02944-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02944-00
Demandante: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –
COLPENSIONES -
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN B
Temas: Tutela contra una providencia judicial proferida en el marco de
un recurso de insistencia – defecto sustantivo - documentos
sujetos a reserva legal.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de
1991 y 1069 de 20151.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. La Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones),
actuando por conducto de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B2.
Lo anterior con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia “y la prevalencia del
derecho sustancial”.
2. En sentir de la parte accionante, la transgresión de las citadas garantías
constitucionales se consolidó con la providencia del 11 de febrero de 2022, en
la que la autoridad judicial accionada resolvió el recurso de insistencia con
radicado N.° 25000-23-41-000-2021-01122-00, presentado por el Sindicato
Único Nacional de Trabajadores del Sector Financiero y Administradoras de
Pensiones (en adelante Sintrasecfin).
1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
2 La tutela se envió el 27 de mayo de 2022 al buzón web
apptutelasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co posteriormente se remitió al de la Secretaría General
del Consejo de Estado.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones -
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02944-00
1.2. Hechos
La Sala resume los hechos relevantes de la tutela de la siguiente manera:
3. El 5 de octubre de 2021, el presidente y representante legal de Sintrasecfin
presentó una petición de información ante Colpensiones. En esta requirió una
amplia cantidad de documentos sobre distintos asuntos relacionados con el
objeto y funciones de esa entidad.
4. Mediante Oficio N.° BZ 2021_14363406 del 30 de noviembre de 2021, la
gerente de talento humano y relaciones laborales de Colpensiones entregó
parte de lo solicitado por el peticionario. Adicionalmente, negó los contenidos en
los numerales 3.1., 6.4., 7.1. y 7.2., indicando que la información contenida en
estos se encontraba sujeta a reserva “de conformidad con el artículo 61 del
Código de Comercio, (…) el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015 y el artículo 18
de la Ley 1712 de 2014”.
5. Los documentos pedidos en los numerales relacionados son los siguientes:
(…)
3. De la Junta Directiva de COLPENSIONES
3.1. Remitir copia de las actas de junta directiva de COLPENSIONES
desde noviembre de 2018 hasta la fecha de entrega de respuesta a esta
comunicación.
(…)
6.4. Actas del comité de contratación desde noviembre de 2018 hasta la
fecha de respuesta a este derecho de petición.
(…)
7. Dirección de cartera:
7.1. Indicar los valores en pesos colombianos de la cartera por cobrar que
tiene a cargo la dirección de cartera discriminada por conceptos desde
noviembre de 2018 hasta la fecha de respuesta a este derecho de
petición, discriminado por meses y por años.
7.2. Indicar los valores en pesos colombianos de la cartera por cobrar
prescrita que tiene a cargo la dirección de cartera discriminada por
conceptos desde noviembre de 2018 hasta la fecha de respuesta a este
derecho de petición, discriminado por meses y por años.
(…)
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones -
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02944-00
6. En consecuencia, el presidente del Sindicato presentó el 6 de diciembre de
2021 un recurso de insistencia para que el Tribunal competente definiera si le
correspondía o no a Colpensiones, entregarle los documentos solicitados en la
petición del 5 de octubre de 2021, indicados en los numerales 3.1., 6.4., 7.1. y
7.2.
7. En providencia del 11 de febrero de 2022, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B ordenó a la gerente de talento
humano y relaciones laborales de Colpensiones:
(…) que en el término de veinte (20) días hábiles (sic) contados a partir de
la notificación de esta providencia, expida a costas del sindicato
peticionario la información relativa a (i) las actas de la junta directiva y las
actas del comité de contratación, exceptuando la entrega de información
que contenga puntos de vista y opiniones de los miembros de los órganos
empresariales en comento, así como las estrategias comerciales y planes
de inversión que puedan verse incluidos en las mencionadas actas; y (ii) la
cartera por cobrar que tiene a cargo la dirección de cartera desde
noviembre de 2018 hasta la fecha de respuesta y la cartera por cobrar
prescrita que tiene a cargo la dirección de cartera desde noviembre de
2018 hasta la fecha de respuesta, pero en la forma en que fue consignada
y reportada en sus estados financieros.
1.3. Sustento de la vulneración
8. Colpensiones manifestó que la autoridad judicial accionada al resolver el
recurso de insistencia el 11 de febrero de 2022 incurrió en defecto sustantivo
por indebida interpretación de los artículos 61 del Código de Comercio, 18 de la
Ley 1712 de 2014 en sus literales a y c, y 24 y 25 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA).
9. Lo anterior, porque a su juicio, los documentos relacionados en los
numerales 3.1., 6.4., 7.1. y 7.2. de la petición del 5 de octubre de 2021 gozan
de reserva legal.
10. Precisó respecto al artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 que contiene el tipo
de información cuya solicitud puede ser rechazada “por daño a personas
naturales o jurídicas”. Indicó que esta norma, en consonancia con el artículo 24
de la Ley 1755 de 2015, dispone que tienen el carácter de reservados los
documentos sometidos expresamente a esa connotación por la Constitución, y
que dentro de ese grupo están los “…protegidos por el secreto industrial o
comercial así como los planes estratégicos de las empresas de servicios
públicos”.
11. Señaló que la reserva legal dispuesta en el artículo 61 del Código de
Comercio le es aplicable a las entidades del Estado cuya naturaleza es
industrial y comercial. Precisó que eso lo aclara el artículo 85 de la Ley 489 de
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones -
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02944-00
1998 que establece que “las empresas industriales y comerciales del Estado
son organismos creados por la ley o autorizados por esta, que desarrollan
actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica
conforme a las reglas del Derecho Privado” (énfasis del texto original).
12. Iteró que el mismo artículo 85 dispone en su parágrafo que “las
disposiciones legales que protegen el secreto industrial y la información
comercial” son aplicables a las empresas industriales y comerciales del Estado
como Colpensiones.
13. Arguyó que de lo anterior desprende que los libros y papeles del
comerciante, dentro de los cuales se incluyen las actas de la junta directiva y
las del comité de contratación, tienen reserva legal la cual se extiende no solo a
las entidades privadas, sino también a las públicas de naturaleza industrial y
comercial.
14. Afirmó que en la sentencia T-181 de 2014, la Corte Constitucional estudió
un caso en el que se solicitó vía derecho de petición a una empresa de
servicios públicos domiciliarios las actas de la junta directiva y las de la
asamblea general de accionistas. En esa oportunidad, el Alto Tribunal
determinó que en el caso de este tipo de entidades que son mixtas, pero están
sometidas a las reglas del derecho privado para la realización de su objeto
social, algunos documentos eran públicos y otros privados.
15. Transcribió algunos apartes de la sentencia referida, según los cuales, son
públicos los documentos relacionados con la prestación del servicio público y
privados “aquellos que sean originados del ejercicio de las funciones que realice
la entidad equiparables a las que realizan los particulares en un mercado”. Así
las cosas, “los que se originen en el ejercicio de actividades propias que
realizan los particulares en su ámbito privado y en ejercicio de la libre
competencia serán de acceso restringido”.
16. Explicó que la reserva de los documentos puede ser levantada, según la
ley, por orden de autoridad competente o en cumplimiento de funciones de
vigilancia y auditoría.
17. Por todo lo expuesto, infirió que no le era posible entregar las actas de la
junta directiva ni las del comité de contratación porque es una empresa
industrial y comercial del Estado, organizada como entidad financiera que
desarrolla actividades que se encuentran en libre competencia en el mercado.
Apuntó que al ser conocida por el sindicato la información que solicita, se
generaría una inestabilidad a las decisiones que pudiera llegar a tomar la junta
directiva y se vulneraría la reserva de los secretos industriales.
18. Por último, aludió que en la sentencia T-487 de 2017, la Corte
Constitucional explicó que son documentos privados los libros de los
comerciantes, las historias clínicas y la información extraída en la inspección de
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones -
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02944-00
un domicilio.
1.4. Pretensión constitucional
19. En concreto la parte actora solicitó:
PRIMERO: Solicito respetuosamente al honorable CONSEJO DE
ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN
PRIMERA tutelar el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, SEGURIDAD
JURÍDICA, PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL EN LAS
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES de mi representada,
ORDENANDO al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN “B” dejar sin efecto el auto de
calenda once (11) de febrero de dos mil veintidós (2022), el cual ordeno
(sic) a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –
COLPENSIONES la entrega de la siguiente documentación “(i) las actas
de junta directiva y las actas del comité de contratación, exceptuado la
entrega de información que contenga puntos de vista y opiniones de los
miembros de los órganos empresariales en comento, así como las
estrategias comerciales y planes de inversión que puedan verse incluidos
en las mencionadas actas y (ii) la cartera por cobrar que tiene a cargo la
dirección de cartera desde noviembre de 2018 hasta la fecha de respuesta
y la cartera por cobrar prescrita que tiene a cargo la dirección de cartera
de noviembre de 2018 hasta la fecha de respuesta, pero en la forma que
fue consignada y reportada en sus estado financieros” la cual claramente
cuenta con RESERVA LEGAL, tal y como se ha venido informando desde
la presentación del derecho de petición radicado por la organización
sindical.
SEGUNDO, Que, como consecuencia de lo anterior, SE ORDENE AL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
PRIMERA SUBSECCIÓN “B” que en el término que otorgue el fallador de
tutela, proceda a emitir un nuevo auto que resuelva el recurso de
insistencia poniendo de presente la imposibilidad de entregar los
documentos descritos en el numeral anterior, en razón a su carácter de
reserva.
1.5. Trámite de la acción
20. Mediante auto del 2 de junio de 2022 se admitió la acción constitucional de
la referencia y se ordenó notificar como accionado al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B. De igual forma, se vincularon
como terceros con interés a Sintrasecfin y a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones -
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02944-00
1.6. Intervenciones
1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B
21. A través del ponente de la decisión cuestionada, manifestó que estudió
cada una de las reservas aludidas por la entidad, pero encontró que los
documentos solicitados por el sindicato no estaban sometidas a estas
particularidades.
22. Añadió que tuvo en consideración la Ley 1266 de 2008 del hábeas data que
permite el acceso a la información crediticia, financiera, comercial, de servicios,
entre otras.
23. Solicitó que se declare la improcedencia o que se niegue el amparo
deprecado, porque no hubo ninguna vía de hecho, sino que la entidad está
realizando una indebida interpretación normativa.
1.6.2. Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Sector Financiero y
Administradoras de Pensiones – Sintrasecfin -
24. A través del presidente y representante legal se opuso a las pretensiones
del mecanismo constitucional, principalmente, porque a su juicio la apoderada
de Colpensiones carece de falta de legitimación en la causa por activa por
ausencia del derecho de postulación.
25. Explicó que la representación legal de Colpensiones está en cabeza de
Juan Miguel Villa Lora y que en caso de ausencia puede delegar sus funciones
al jefe de la Oficina Asesora de Asuntos Legales. Por lo anterior, afirma que
Miguel Ángel Rocha Cuello que fue quien otorgó el poder para presentar esta
acción constitucional, no estaba facultado para ello, con fundamento en que
ostentó el cargo de jefe de la Oficina Asesora de Asuntos Legales del 24 de
enero de 2022 al 23 de abril del mismo año de acuerdo a la “certificación del 25
de enero de 2022 emitida por el GERENTE DE TALENTO HUMANO Y
RELACIONES LABORALES DE COLPENSIONES”, y el mandato fue conferido
el 17 de mayo de 2022.
26. Adicionalmente, sostuvo que lo que pretende hacer ver la parte actora como
una vulneración del derecho de acceso a la información es en realidad una
forma de “SUSTRAERSE DEL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN JUDICIAL
impartida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA”, para no
suministrar los documentos requeridos.
27. A su juicio, el asunto bajo examen carece de relevancia constitucional
porque el recurso de insistencia es de competencia exclusiva del juez de lo
contencioso administrativo.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones -
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02944-00
28. Señaló que la decisión del Tribunal está amparada en el derecho de acceso
a la información que tiene, considerando que le requirió a Colpensiones esa
documentación para realizar un control de los recursos públicos que se han
visto amenazados. Infirió que si la entidad “no tuviera temor a que esta
organización sindical conociera esos temas que son de gran importancia y
relevancia ciudadana” no tendría inconveniente en acatar la orden del Tribunal.
29. Respecto a las actas de la junta directiva, refirió que Colpensiones como
empresa industrial y comercial del Estado cuyo patrimonio se conforma con
recursos de todos los colombianos, “somos todos los interesados de las
decisiones adoptadas al interior de la compañía”.
30. Para finalizar, aclaró que está actuando en calidad de veedor de los
recursos de los administrados y solicitó que se le desvincule de este
instrumento constitucional, o se declare que es improcedente.
31. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio,
pese a ser notificada en debida forma del auto admisorio de esta acción de
tutela.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
32. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B. Lo anterior de conformidad con
lo establecido por el Decreto No. 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto
No. 1069 de 2015 modificado por el Decreto No. 333 de 2021 y el Acuerdo 080
de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Cuestión previa
33. El Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Sector Financiero y
Administradoras de Pensiones – Sintrasecfin – solicitó en su intervención que
se le desvincule del presente trámite constitucional, sin mencionar las razones
por las que considera que este juez debe acceder a su petición.
34. Se negará su desvinculación y se le mantendrá en este proceso en calidad
de tercero interesado, tal y como fue notificado en el auto admisorio de esta
tutela. Esta determinación porque fue su presidente y representante legal quien
formuló el recurso de insistencia cuya decisión cuestiona Colpensiones en el
ejercicio de esta acción constitucional, y por ende, tiene interés en las resultas
del proceso.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones -
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02944-00
2.3. Legitimación en la causa
35. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene
toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos
resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y
sumario.
36. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que toda
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá
ejercer la acción descrita por sí misma o por representante, o a través de un
agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no
esté en condiciones de promover su propia defensa.
37. Desde que fue proferida la sentencia T-416 de 1997, en ella se estableció
que la legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto de la
sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las
partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela.
38. En la sentencia T-086 de 2010, la Alta Corporación reiteró que “Esta
exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción
sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo
anterior no se opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda
lograrse a través de representante legal, apoderado judicial o aun de agente
oficioso”.
39. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 2011, indicó que la legitimación
en la causa por activa constituye una garantía de que la persona que ejerce la
acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se
solicita al juez constitucional, “de tal forma que fácilmente el fallador pueda
establecer que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante”.
40. En la sentencia T-435 de 2016, la Corte estableció las condiciones que
deben concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro de los cuales
hizo especial énfasis en la titularidad de los derechos fundamentales
reclamados, lo cual quedó reiterado en la SU-454 de 2016, en la que,
adicionalmente, señaló que el estudio de la legitimación en la causa de las
partes es un deber de los jueces constitucionales y constituye un presupuesto
procesal de la demanda3.
41. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que
Colpensiones está legitimada en la causa por activa en su condición de
accionada dentro del recurso de insistencia formulado por Sintrasecfin, cuya
decisión se cuestiona por esta vía.
3 Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sentencia T-511 de 2017 y Sentencia T-318
de 2018.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones -
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02944-00
42. Respecto a la presunta falta de postulación de la abogada que presentó la
acción constitucional propuesta por Colpensiones, advierte la Sala que pese a
que es cierto que en la certificación aportada por la apoderada a quien le
confirió el mandato Miguel Ángel Rocha Cuello, se observa que éste funcionario
se desempeñó como jefe de la oficina Asesora de Asuntos Legales del 24 de
enero al 23 de abril de 2022 y el documento fue suscrito el 17 de mayo
siguiente; lo cierto es que desde el 20 de marzo de 2019 el señor Rocha Cuello
se desempeña ante Colpensiones como director de asuntos judiciales.
43. De ese modo, aunque para la fecha en la que se otorgó el poder no
ostentara la calidad de jefe de la oficina Asesora de Asuntos Legales de la
entidad, suscribió el mandato como director de asuntos judiciales de la entidad
y esto implica que su poderdante sí tiene la capacidad de representar a
Colpensiones en el ejercicio de esta acción de tutela, en los términos del poder
aportado al expediente.
44. Por otro lado, la Sala evidencia que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, se encuentra legitimado en la
causa por pasiva, en tanto que dictó la providencia del 11 de febrero de 2022
dentro del recurso de insistencia con radicado N.° 25000-23-41-000-2021-
01122-00.
2.4. Problema jurídico
45. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora,
las pruebas incorporadas al expediente y las intervenciones allegadas en el
trámite del proceso, corresponde a esta Sala resolver los siguientes problemas
jurídicos que subyacen al caso en concreto:
¿Se superan los requisitos generales de procedencia que avalen el
estudio de los cargos presentados contra la providencia del 11 de
febrero de 2022 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección B?, de resultar afirmativo el anterior
interrogante, se deberá analizar si, ¿Resultaron vulnerados los derechos
fundamentales sobre los que Colpensiones invoca la protección, con
ocasión del proveído dictado por la autoridad judicial accionada dentro
del recurso de insistencia con radicado N. °25000-23-41-000-2021-
01122-00?
46. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, (ii) requisitos generales de procedibilidad de cara al sub-lite, (iii)
requisitos especiales de procedibilidad de la acción de tutela respecto a la
providencia controvertida, y de superarse los anteriores supuestos, (iii) el caso
concreto.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones -
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02944-00
2.5. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
47. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra
providencias judiciales, en fallo de 31 de julio de 20124. Lo anterior, porque
hasta ese momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían
diferentes posturas sobre este tema5. En la referida sentencia se estableció que
la tutela contra providencias judiciales es procedente si se cumplen ciertos
requisitos especiales y excepcionales6.
48. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena
de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 7. En esta
sentencia se establecieron seis requisitos generales de procedencia8 y ocho
defectos especiales en los que puede incurrir una providencia judicial9.
50. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configura
los defectos especiales, es obligatorio que la Sala determine si se superan los
siguientes requisitos generales de procedencia i) que no se trate de tutela
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.
6 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto
de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
8 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del
2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que
se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance
de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que
originó la vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que
la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi)
Que no se trate de sentencias de tutela.
9 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando
el funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́
completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando
el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el
juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la
toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la
Constitución.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones -
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02944-00
contra tutela, ii) inmediatez, iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los
requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado, iv) relevancia
constitucional, v) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere
sido posible y vi) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
49. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo
sentido, la sala ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo
impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
50. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.6. Estudio de los requisitos generales de la acción de tutela
2.6.1. Tutela contra tutela
51. La Sala no encuentra reparo alguno frente a este requisito, pues a través de
la presente acción constitucional se cuestiona la providencia del 11 de febrero
de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección B, dentro del recurso de insistencia con radicado N. °
25000-23-41-000-2021-01122-00.
2.6.2. Inmediatez
52. La tutela se ejerció en un término razonable, contado desde el día siguiente
a la ejecutoria (art. 302 CGP10), toda vez que el proveído cuestionado se profirió
10 «Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando
no sean impugnadas o no admitan recursos. || No obstante, cuando se pida aclaración o
complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud. ||
Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de
notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los
recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los
interpuestos».
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones -
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02944-00
el 11 de febrero de 2022 y la presente acción constitucional se radicó el 27 de
mayo siguiente.
53. Así, la Sala considera razonable el término transcurrido entre la providencia
debatida y la presentación de la solicitud de amparo, aún sin establecer su
fecha de ejecutoria.
54. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 11,
en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
200512, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra
providencia judicial y reiteró que seis (6) meses es el término razonable para
acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen
vulnerados con ocasión de providencias judiciales.
2.6.3. Subsidiariedad
55. En lo referente a la existencia de otro mecanismo de defensa judicial
para obtener la protección de los derechos fundamentales que la parte actora
considera vulnerados, la Sala precisa que la sentencia censurada resolvió el
recurso de insistencia que presentó Sintrasecfin contra Colpensiones y que al
ser este un proceso de única instancia, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 26 de la Ley 1437 de 201113 (en adelante CPACA), no proceden
recursos ordinarios.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto
de 2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica.
Actor: Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
12 c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto
en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo
contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que
sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
13 ARTÍCULO 26. INSISTENCIA DEL SOLICITANTE EN CASO DE RESERVA. <Artículo
CONDICIONALMENTE exequible> <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de
2015. El nuevo texto es el siguiente:> Si la persona interesada insistiere en su petición de
información o de documentos ante la autoridad que invoca la reserva, corresponderá al Tribunal
Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de
autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez
administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales decidir en única instancia si se
niega o se acepta, total o parcialmente la petición formulada.
Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al tribunal o al
juez administrativo, el cual decidirá dentro de los diez (10) días siguientes. Este término se
interrumpirá en los siguientes casos:
1. Cuando el tribunal o el juez administrativo solicite copia o fotocopia de los documentos sobre
cuya divulgación deba decidir, o cualquier otra información que requieran, y hasta la fecha en la
cual las reciba oficialmente.
2. Cuando la autoridad solicite, a la sección del Consejo de Estado que el reglamento disponga,
asumir conocimiento del asunto en atención a su importancia jurídica o con el objeto de unificar
criterios sobre el tema. Si al cabo de cinco (5) días la sección guarda silencio, o decide no
avocar conocimiento, la actuación continuará ante el respectivo tribunal o juzgado
administrativo.
PARÁGRAFO. El recurso de insistencia deberá interponerse por escrito y sustentado en la
diligencia de notificación, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones -
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02944-00
2.6.4. Relevancia constitucional
56. Para el caso en concreto, se advierte que el defecto sustantivo propuesto
por Colpensiones tiene relevancia constitucional, en la medida en que estima
que los documentos solicitados en los numerales 3.1., 6.4., 7.1. y 7.2. de la
petición que le presentó Sintrasecfin no pueden serle entregados porque tienen
reserva legal y desconocer el cúmulo de normas que les otorgan tal
connotación implica poner en evidencia la información relativa a sus secretos
industriales y comerciales.
57. Teniendo en cuenta que Colpensiones es una empresa industrial y
comercial del Estado con un objeto social definido en el artículo 155 de la Ley
1161 de 2017, en la medida en que administra el régimen pensional de prima
media con prestación definida y el sistema de beneficios económicos periódicos
dispuestos en el Acto Legislativo 01 de 2005, y la información que fue ordenada
entregar por parte de la autoridad judicial accionada tiene relación directa con el
objeto social de esta entidad, es evidente que el sub examine reviste relevancia
constitucional. Lo anterior dado que prima facie en el presente asunto se debe
determinar el alcance y contenido de varias garantías constitucional como el
derecho de interponer peticiones respetuosas ante las autoridades y las
excepciones a dicha garantía en caso de información reservada.
58. En efecto, la parte actora cuestiona la razonabilidad de la providencia
proferida el 11 de febrero de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B que ordenó la entrega por parte
de Colpensiones a Sintrasecfin de los documentos que a su juicio tiene reserva
legal y con ello incurrió en un defecto sustantivo. Esta determinación, a su
juicio, le ocasionó a la entidad la vulneración de garantías iusfundamentales
como el debido proceso y el acceso a la administración de justicia.
59. Así las cosas, para la Sala resulta claro que no se trata de un debate de
orden exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no
admite que el titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de
indefensión. En efecto, la parte tutelante consideró vulnerados sus derechos
fundamentales mencionados, por cuanto, en su sentir, el operador jurídico
tutelado incurrió en defecto sustantivo por indebida interpretación y
desconocimiento de distintas normas sobre los documentos sometidos a
reserva legal.
60. En virtud de lo expuesto, el asunto es de relevancia constitucional cuando
prima facie resulta necesario verificar si subsiste violación o amenaza a los
derechos fundamentales, después de haber agotado el procedimiento legal
administrativo o judicial establecido por la ley para su protección.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones -
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02944-00
61. Adicionalmente, la relevancia constitucional implica que el asunto de la
acción de tutela tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para
su aplicación, para su eficacia y para la determinación del contenido y alcance
de los derechos fundamentales y libertades públicas.
2.6.5. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
62. Se observa que la parte actora cumplió con este requisito, en tanto que
identificó los hechos y explicó detalladamente las razones por las que considera
que se presenta el yerro citado.
2.6.6. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
63. Sobre este requisito, la Sala considera que no es aplicable al presente caso
porque a la providencia censurada no se les reprocha ningún error procesal.
2.7. Exposición del defecto especial de procedencia de la acción de tutela
en el caso concreto
2.7.1. Defecto sustantivo
64. En cuanto al defecto sustantivo, la Corte Constitucional, en sentencia de
unificación SU-516 de 201914, reiteró sobre este, lo siguiente:
La Corte ha señalado que el defecto sustantivo parte del “reconocimiento
de que la competencia asignada a las autoridades judiciales para
interpretar y aplicar las normas jurídicas, fundada en el principio de
autonomía e independencia judicial, no es en ningún caso absoluta”15. En
consecuencia, este defecto se materializa cuando la decisión que toma el
juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le
reconocen16. La jurisprudencia de este Tribunal, en diferentes
decisiones17, ha precisado los supuestos que pueden configurar este
defecto, a saber:
(i) Cuando existe carencia absoluta de fundamento jurídico. En este caso
la decisión se sustenta en una norma inexistente18, derogada19, o que ha
sido declarada inconstitucional20.
14 Corte Constitucional. Sentencia SU-516 de 2019.
15 Corte Constitucional, Sentencia SU-210 de 2017.
16 Corte Constitucional, Sentencias T-008 de 1998, C-984 de 1999 y T-156 de 2009.
17 Corte Constitucional, Sentencias SU-515 de 2013, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017, SU-632
de 2017 y SU-116 de 2018.
18 Corte Constitucional, Sentencia T-800 de 2006.
19 Corte Constitucional, Sentencia T-205 de 2004.
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones -
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02944-00
(ii) La decisión judicial tiene como fundamento una norma que no es
aplicable por no ser pertinente21.
(iii) A pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional,
su aplicación no resulta adecuada a la situación fáctica objeto de estudio
como, por ejemplo, cuando se le reconocen efectos distintos a los
señalados por el legislador22.
(iv) Cuando se aplica una norma cuya interpretación desconoce una
sentencia con efectos erga omnes. En esta hipótesis se aplica una norma
cuyo sentido contraría la ratio decidendi de una sentencia que irradia sus
efectos a todo el ordenamiento jurídico23.
(v) La disposición aplicada se muestra injustificadamente regresiva 24 o
claramente contraria a la Constitución25.
(vi) Cuando un poder concedido al juez se utiliza para un fin no previsto en
la disposición26.
(vii) La decisión se funda en una interpretación no sistemática del derecho,
omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso27.
(viii) El servidor judicial da una insuficiente sustentación o justificación de
una actuación que afecta derechos fundamentales28.
(ix) Se desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable
de argumentación29.
(x) Cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad30. Se trata de la aplicación de normas abiertamente
20 Corte Constitucional, Sentencias T-158 de 1993, T-804 de 1999, SU-159 2002 y T-800 de
2006.
21 Corte Constitucional, T-189 de 2005.
22 Corte Constitucional, Sentencia SU-159 de 2002.
23 Corte Constitucional, Sentencias T-814 de 1999, T-842 de 2001, T-462 de 2003 y T-790 de
2010.
24 Corte Constitucional, Sentencia T-018 de 2008.
25 Corte Constitucional, Sentencia T-086 de 2007.
26 Corte Constitucional, Sentencia T-231 de 1994.
27 Corte Constitucional, Sentencias T-807 de 2004, T-790 de 2010 y T-510 de 2011.
28 Corte Constitucional, Sentencias T-114 de 2002, T-1285 de 2005 y T-086 de 2007.
29 Corte Constitucional, Sentencias SU-640 de 1998, T-462 de 2003, T-1285 de 2005 y T-292
de 2006.
30 En la Sentencia T-808 de 2007, se expuso que “en cualquiera de estos casos debe estarse
frente a un desconocimiento claro y ostensible de la normatividad aplicable al caso concreto, de
manera que la desconexión entre la voluntad del ordenamiento y la del funcionario judicial sea
notoria y no tenga respaldo en el margen de autonomía e independencia que la Constitución le
reconoce a los jueces (Art. 230 C.P.). Debe recordarse, además, que el amparo constitucional
en estos casos no puede tener por objeto lograr interpretaciones más favorables para quien
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones -
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02944-00
inconstitucionales31, o cuando al ser aplicadas al caso concreto se
vulneran derechos fundamentales, razón por lo que debe ser igualmente
inaplicada32.
(xi) Cuando la providencia incurre en incongruencia entre los fundamentos
jurídicos y la decisión. Esta situación se configura cuando la resolución del
juez no corresponde con las motivaciones expuestas en la providencia 33.
Adicionalmente, esta Corte ha señalado34 que una autoridad judicial puede
incurrir en un defecto sustantivo por interpretación irrazonable35 en, al
menos, dos hipótesis: (i) cuando le otorga a la disposición jurídica un
sentido y alcance que esta no tiene (contraevidente –interpretación contra
legem–), o de manera injustificada para los intereses legítimos de una de
las partes36; y (ii) cuando le confiere a la disposición infraconstitucional
una interpretación que en principio resulta formalmente posible a partir de
las varias opciones que ofrece, pero que en realidad contraviene
postulados de rango constitucional o conduce a resultados
desproporcionados, sacando la decisión del marco de la juridicidad y de la
hermenéutica jurídica aceptable37»38.
2.8. Caso concreto
65. A juicio de Colpensiones la providencia que censura por esta vía incurrió en
un defecto sustantivo por desconocimiento e indebida interpretación de los
artículos 61 del Código de Comercio, 18 de la Ley 1712 de 2014 en sus literales
a y c, y 24 y 25 del CPACA, dado que las actas que se suscriben por la junta
directiva, las del comité de contratación y la información sobre los valores que la
cartera de la entidad tiene pendientes por cobrar, es información sujeta a
reserva legal y no puede entregarla a Sintrasecfin.
66. Para abordar el cargo propuesto se transcribirán las normas aducidas como
desconocidas y luego se analizarán respecto a cada uno de los documentos
que la autoridad judicial accionada le ordenó a Colpensiones entregar a
Sintrasecfin, mediante el proveído del 11 de febrero de 2022.
tutela, sino exclusivamente, proteger los derechos fundamentales de quien queda sujeto a una
providencia que se ha apartado de lo dispuesto por el ordenamiento jurídico”».
31 Corte Constitucional, Sentencias T-572 de 1994 y SU-159 de 2002.
32 Corte Constitucional, Sentencias T-572 de 1994, SU-172 de 2000 y SU-174 de 2007».
33 Corte Constitucional, Sentencia T-100 de 1998.
34 Corte Constitucional, Sentencia T-1095 de 2012.
35 Corte Constitucional, Sentencias T-1101 de 2005 y T-051 de 2009.
36 Corte Constitucional, Sentencias T-765 de 1998, T-001 de 1999 y T-462 de 2003.
37 Corte Constitucional, Sentencias T-079 de 1993 y T-066 de 2009.
38 Cursiva del texto original.
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones -
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02944-00
• Artículo 61 del Código de Comercio:
EXCEPCIONES AL DERECHO DE RESERVA Los libros y papeles
del comerciante no podrán examinarse por personas distintas de sus
propietarios o personas autorizadas para ello, sino para los fines
indicados en la Constitución Nacional y mediante orden de autoridad
competente.
Lo dispuesto en este artículo no restringirá el derecho de inspección
que confiere la ley a los asociados sobre libros y papeles de las
compañías comerciales, ni el que corresponda a quienes cumplan
funciones de vigilancia o auditoría en las mismas.
• Artículo 18 de la Ley 1712 de 2014:
ARTÍCULO 18. Información exceptuada por daño de derechos a
personas naturales o jurídicas. Es toda aquella información pública
clasificada, cuyo acceso podrá ser rechazado o denegado de manera
motivada y por escrito, siempre que el acceso pudiere causar un
daño a los siguientes derechos:
a) El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones
propias que impone la condición de servidor público, en concordancia
con lo estipulado por el artículo 24 de la Ley 1437 de 2011.
(…)
c) Los secretos comerciales, industriales y profesionales.
• Artículo 24 del CPACA:
INFORMACIONES Y DOCUMENTOS RESERVADOS. <Artículo
modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto
es el siguiente:> Solo tendrán carácter reservado las informaciones y
documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución
Política o la ley, y en especial:
1. Los relacionados con la defensa o seguridad nacionales.
2. Las instrucciones en materia diplomática o sobre negociaciones
reservadas.
3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las
personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los
expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en
los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la
historia clínica.
4. Los relativos a las condiciones financieras de las operaciones de
crédito público y tesorería que realice la nación, así como a los
estudios técnicos de valoración de los activos de la nación. Estos
documentos e informaciones estarán sometidos a reserva por un
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones -
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02944-00
término de seis (6) meses contados a partir de la realización de la
respectiva operación.
5. Los datos referentes a la información financiera y comercial, en los
términos de la Ley Estatutaria 1266 de 2008.
6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así como los
planes estratégicos de las empresas públicas de servicios públicos.
7. Los amparados por el secreto profesional.
8. Los datos genéticos humanos.
PARÁGRAFO.<Parágrafo CONDICIONALMENTE exequible> Para
efecto de la solicitud de información de carácter reservado,
enunciada en los numerales 3, 5, 6 y 7 solo podrá ser solicitada por
el titular de la información, por sus apoderados o por personas
autorizadas con facultad expresa para acceder a esa información.
• Artículo 25 del CPACA:
RECHAZO DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN POR MOTIVO
DE RESERVA. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1755
de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Toda decisión que rechace
la petición de informaciones o documentos será motivada, indicará
en forma precisa las disposiciones legales que impiden la entrega de
información o documentos pertinentes y deberá notificarse al
peticionario. Contra la decisión que rechace la petición de
informaciones o documentos por motivos de reserva legal, no
procede recurso alguno, salvo lo previsto en el artículo siguiente.
La restricción por reserva legal no se extenderá a otras piezas del
respectivo expediente o actuación que no estén cubiertas por ella.
67. Sobre la información solicitada por Sintrasecfin en el numeral 3.1. y 6.4. de
su petición, esto es, “copia de las actas de junta directiva de COLPENSIONES”
y las actas del comité de contratación, la autoridad judicial accionada determinó
que si bien Colpensiones es una empresa industrial y comercial del Estado que
se rige por el derecho privado, los funcionarios que allí laboran son servidores
públicos y en los documentos solicitados se discuten aspectos como los
lineamientos y políticas de la entidad, estrategias comerciales y posibles
contrataciones.
68. Ahora bien, el tribunal advirtió que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 19 de la Ley 1712 de 201439 los documentos que contienen puntos de
39 ARTÍCULO 19. Información exceptuada por daño a los intereses públicos. Es toda
aquella información pública reservada, cuyo acceso podrá ser rechazado o denegado de
manera motivada y por escrito en las siguientes circunstancias, siempre que dicho acceso
estuviere expresamente prohibido por una norma legal o constitucional:
a) La defensa y seguridad nacional;
(Ver Art. 2.1.1.4.2.1. Decreto 1081 de 2015)
b) La seguridad pública;
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones -
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02944-00
vista y opiniones que hagan parte del proceso deliberativo de la entidad están
sujetos a reserva, pero ello no implica que las actas de la junta directiva como
documento lo estén. Al respecto, citó la sentencia T-457 de 1999 de la Corte
Constitucional en la que se indicó que:
…hay que recordar qué clase de documentos son los pedidos por el
demandante: los relacionados con la nómina de los trabajadores y el acta
de una reunión de junta directiva.
No se necesitan largas disquisiciones para concluir que esta clase de
documentos, tratándose de una entidad cuyo objeto está enmarcado en
los fines del Estado, no hace parte de aquellos sobre los que se pueda
imponer la reserva de exhibición, que protege los documentos y libros de
los comerciantes.
69. Por lo anterior, concluyó que “en relación con las actas de la junta directiva
de la entidad y las actas del comité de contratación, no se encuentran
sometidas a reserva del orden legal, sin embargo, al tratarse de órganos
sociales que adoptan decisiones, existe la posibilidad que los mencionados
documentos contengan puntos de vista y opiniones de sus integrantes, los
cuales deben ser excluidos de la entrega de información, de conformidad con la
reserva del paragrafo (sic) del artículo 19 de la Ley 1712 de 2014; asimismo, en
caso de contener información relativa a estrategias comerciales amparadas por
el secreto comercial e industrial, deberá ser excluida de la entrega”.
70. Para la Sala, la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca no desconoció las normas invocadas relativas a la información
sometida a reserva legal y comparte lo resuelto sobre el tema por esta
autoridad, teniendo en cuenta que, de conformidad con los artículos 18 de la
Ley 1712 de 2014 y 24 del CPACA, gozan de esta connotación los documentos
relacionados con los secretos industriales, comerciales y profesionales; y
precisamente esa fue la información que protegió el accionado.
(Ver Art. 2.1.1.4.2.1. Decreto 1081 de 2015)
c) Las relaciones internacionales;
(Ver Art. 2.1.1.4.2.1. Decreto 1081 de 2015)
d) La prevención, investigación y persecución de los delitos y las faltas disciplinarias, mientras
que no se haga efectiva la medida de aseguramiento o se formule pliego de cargos, según el
caso;
(Ver Sentencia C-951 de 2014)
e) El debido proceso y la igualdad de las partes en los procesos judiciales;
f) La administración efectiva de la justicia;
g) Los derechos de la infancia y la adolescencia;
h) La estabilidad macroeconómica y financiera del país;
(Ver Art. 2.1.1.4.2.2. Decreto 1081 de 2015)
i) La salud pública.
PARÁGRAFO . Se exceptúan también los documentos que contengan las opiniones o puntos
de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos.
19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones -
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02944-00
71. Al respecto, en la sentencia T-1322 de 2000, la Corte Constitucional precisó
que en los casos en los que la información sea reservada, la autoridad que
invoca la reserva puede restringir el acceso de la parte de la información
sometida a tal condición, especialmente si el solicitante es un veedor
ciudadano, como se cita a continuación:
En principio, puede afirmarse que las empresas de economía mixta están
obligadas a suministrar toda la información requerida por los veedores
ciudadanos, salvo que logren demostrar que existe reserva legal o que se
trata de una información que debe mantenerse en reserva por afectar,
exclusivamente, intereses particulares. Sin embargo, dado que se trata de
una excepción al derecho fundamental de petición, es necesario que la
entidad a quien se solicita la información, exponga de manera clara y
contundente, las razones de la reserva y que se limite a restringir el
acceso del ciudadano interesado - o del veedor - exclusivamente a la parte
de la información cuya reserva se encuentra autorizada40.
72. Vale precisar que en este caso, al igual que en el analizado por la Corte
Constitucional en el aparte citado, el solicitante era un veedor ciudadano como
lo es el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Financiero – Sintrasecfin
-, el cual manifestó en su recurso de insistencia que requería la información que
le negó Colpensiones “para asegurar el respeto y protección de la moral
pública, y sin lugar a duda, el control del gasto público generado…” por la
entidad.
73. De esa forma, la Sala considera acertada la decisión del Tribunal en el
sentido que ordenó a Colpensiones la entrega de las copias de las actas de la
junta directiva y del comité de contratación en las fechas solicitadas por
Sintrasecfin “…exceptuando la entrega de la información que contenga puntos
de vista y opiniones de los miembros de los órganos empresariales en comento,
así como las estrategias comerciales y planes de inversión que puedan verse
incluidos en las mencionadas actas…”.
74. Nótese que lo que hizo precisamente con su decisión fue proteger aquella
información que en virtud de la ley está sometida a reserva por tratar los temas
industriales y comerciales del desarrollo del giro ordinario de los negocios de la
entidad, pero permitiendo a Sintrasecfin el acceso a la información pública.
75. Se aclara además que dentro de Colpensiones hay empleados públicos, de
tal manera que, en virtud del principio de publicidad de la contratación pública,
no podría ser reservada la contratación que realice esta entidad, máxime si las
normas invocadas no indican nada sobre este asunto.
76. Ahora bien, en lo que atañe a la información solicitada por Sintrasecfin en
los numerales 7.1. y 7.2. de la petición dirigida a Colpensiones, específicamente
40 Énfasis de la Sala.
20
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones -
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02944-00
sobre la cartera pendiente por cobrar prescrita y la no prescrita; el Tribunal
precisó que ni el artículo 24 del CPACA ni el 1 de la Ley 1755 de 2015
establecen reserva expresa sobre la información relacionada con las cuentas
por cobrar de una entidad que maneja recursos públicos.
77. Asimismo, explicó que si bien Colpensiones invocaba la reserva legal de
esos documentos por versar sobre los secretos industriales y comerciales de la
entidad, lo cierto es que la cartera pendiente por cobrar no es de tal calidad, ni
encontró que dentro de las normas referidas se relacionara este tipo de
información como de la sometida a reserva legal.
78. Puso de presente que el Sindicato aludió en el recurso de insistencia que
requería esta información “con el fin de conocer el impacto que han tenido las
estrategias en la recuperación del dinero público, determinar cuánto dinero se
ha dejado de cobrar en los distintos mecanismos de financiación de las
prestaciones económicas que en definitiva impactan en las Historias laborales
de los ciudadanos que confiados en la imagen de COLPENSIONES como una
entidad pública robusta realizan los traslados de sus recursos en aras de
obtener en su vejez la protección de una prestación económica…”.
79. La autoridad accionada resaltó además que en virtud del artículo 15 de la
Ley de Hábeas Data, la información comercial podría ser solicitada “como
elemento de análisis para hacer estudios de mercadeo o investigaciones
comerciales o estadísticas” o “para el adelantamiento de cualquier trámite ante
una autoridad pública”; y precisamente lo que pretende Sintrasecfin con el
acceso a esta información es ejercer un control y veeduría sobre el manejo de
los recursos públicos y ello encaja dentro de la elaboración de estadísticas o
sirve de base para el posible adelantamiento de investigaciones ante las
autoridades competentes.
80. Arguyó finalmente, que en virtud de los artículos 34 y 41 de la Ley 222 de
1995 los estados financieros son públicos. No obstante, el libro de contabilidad
donde se discriminan detalladamente los datos de los deudores sí son de
carácter reservado de conformidad con el artículo 61 del Código de Comercio,
y, por ello, Colpensiones debe reportarle a Sintrasecfin la cartera pendiente por
cobrar prescrita y no prescrita, “pero en la forma en que fue consignada y
reportada en sus estados financieros”.
81. De conformidad con lo expuesto, el Tribunal accionado no desconoció las
normas que consagran la reserva legal de los documentos, especialmente la
dispuesta en los artículos 61 del Código de Comercio, 18 de la Ley 1712 de
2014 y 24 y 25 del CPACA. Lo anterior, teniendo en cuenta que de las actas de
la junta directiva y del comité de contratación protegió lo relativo a los secretos
industriales y comerciales de la entidad y dispuso que se excluyera de la
entrega de estos documentos la información de esta raigambre; y de la cartera
dispuso la revelación de los estados financieros, los cuales son públicos, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 222 de 1995.
21
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones -
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02944-00
82. Vale aclarar que, aunque en el sustento de la vulneración Colpensiones
mencionó dos sentencias de tutela de la Corte Constitucional, no alegó un
desconocimiento del precedente allí plasmado sino que las trajo como soporte
de que la información que le negó a Sintrasecfin es de la sometida a reserva
legal. No obstante, para esta Sala el análisis efectuado por el Tribunal se ciñó a
la interpretación razonable de las normas relativas a la reserva legal de
documentos.
83. De conformidad con lo expuesto, para esta Sala de Decisión el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B no incurrió en
el defecto sustantivo alegado por Colpensiones al dictar la providencia del 11 de
febrero de 2022 dentro del recurso de insistencia con radicado N.° 25000-23-
41-000-2021-01122-00, dado que como se demostró, lo que hizo fue
precisamente proteger la información sometida a reserva por el legislador en las
distintas normas sin desconocer a Sintrasecfin como veedor el derecho de
acceso a los documentos públicos.
2.9. Conclusión
84. Teniendo en cuenta que no se configuró el defecto sustantivo alegado y a
que la interpretación de las normas invocadas estuvo razonable y acorde a
derecho, no se le vulneraron a Colpensiones los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, por lo que
corresponde negar el amparo deprecado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: Negar la solicitud de desvinculación del Sindicato Único Nacional
de Trabajadores del Sector Financiero y Administradoras de Pensiones –
Sintrasecfin -
SEGUNDO: Negar la protección de los derechos fundamentales invocados por
Colpensiones mediante el ejercicio de esta acción constitucional, de
conformidad con lo expuesto.
TERCERO: Notificar a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
22
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones -
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2022-02944-00
CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente
de su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
23
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.